Siendo el gobierno en minoría legislativa más extrema de la historia, no debería llamar demasiado la atención que la administración libertaria viva en carne propia otra experiencia inédita. Sin embargo el Gobierno se expuso a llevar al recinto los dos pliegos y sufrió una histórica derrota.
Con el revés sufrido este jueves en el Senado, al ser rechazados los dos candidatos propuestos por Javier Milei para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Gobierno libertario alcanzó un nuevo hito en el Congreso. El de ser el primero al que le rechazan en la Cámara alta un candidato propuesto para tan alto cargo en la Justicia.
Así como sucedió con el DNU 656/24 de los fondos reservados destinados a la SIDE, que en septiembre del año pasado fue rechazado, marcando la primera vez en la historia desde que los decretos de necesidad y urgencia fueron incorporados a la Constitución que el Congreso le rechazó esa herramienta a un presidente, ahora sucede lo mismo con los pliegos de dos nombres propuestos por el presidente para integrar el Tribunal Superior.
No es que todos los postulantes propuestos por los presidentes para cargos que necesitan mayorías especiales en el Senado hayan sido aprobados allí. Al contrario, varias veces no han logrado pasar el filtro de la Cámara alta. El tema es que en general los gobiernos evitan perder en el recinto y retiran los pliegos con antelación. Lo inédito es que un Gobierno vaya a todo o nada hasta el final, exponiéndose como acaba de suceder a perder votaciones en el recinto.
Hemos dicho que hay numerosos ejemplos de propuestas para la Corte Suprema o la Procuración General que, ante la resistencia de los padres de la patria, el Gobierno de turno decide retirar los pliegos antes de que el recinto los rechace.
Limitándonos al pasado reciente, tenemos el caso de Daniel Reposo, propuesto por Cristina Kirchner para el cargo de procurador general de la Nación en reemplazo de Esteban Righi, renunciante en 2012 luego de que el entonces vicepresidente de la Nación Amado Boudou denunciara públicamente que el Estudio Righi y Asociados, del cual el funcionario era socio, le habría ofrecido el servicio de “aceitar jueces federales” de los tribunales de Comodoro Py. El hecho se dio en los primeros tiempos de las denuncias contra Boudou por las que terminó siendo condenado por la Justicia.
Reposo fue el elegido para reemplazarlo, pero terminó envuelto en un papelón, al presentar datos falsos en su currículum. Ante la certeza de que los senadores le habían bajado el pulgar luego de su exposición en la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, Cristina decidió retirar el pliego y propuso en cambio a Alejandra Gils Carbó, que sí consiguió con holgura los dos tercios necesarios.
Más tarde Gils Carbó se revelaría demasiado alineada con el Gobierno kirchnerista, por lo que cuando asumió Mauricio Macri en 2015 comenzó a reclamar su renuncia. Recién tomó esa determinación la procuradora general de la Nación luego de que Cambiemos ganara las elecciones intermedia. Macri propuso para reemplazarla a Inés Weinberg de Roca. El tratamiento de su pliego se dilató y ya bien entrado 2018 y desatados los problemas de la economía que vivió esa administración, la oposición peronista en el Senado se mostró reacia a tratar el pliego. A sabiendas de que no contaba con la anuencia de esa Cámara y no conseguiría los votos para nombrarlo, ese Gobierno no apuró el tratamiento de ese pliego y, al perder las elecciones Macri, el mismo fue retirado.
Alberto Fernández propuso como procurador general al juez federal Daniel Rafecas, pero el kirchnerismo frenó el tratamiento de ese pliego durante los cuatro años de gestión de esa administración, y su designación se extinguió sin ser considerada nunca en la Comisión de Acuerdos.
Ahora vayamos a cargos en la Corte Suprema. Cuando Eugenio Zaffaroni renunció a su cargo en el máximo tribunal por haber cumplido la edad límite aceptada por la Constitución, Cristina Kirchner propuso nombrar en su reemplazo a Roberto Manuel Carlés. La entonces presidenta elevó su postulación el 28 de enero de 2015. Ultimo año de gestión de una presidenta que no tenía posibilidad de reelección, era difícil que le aprobaran un candidato para la Corte y, de hecho, 28 integrantes del Senado pertenecientes a la oposición de entonces firmaron un compromiso para no otorgar la aprobación de ese ni ningún otro candidato que postulara Cristina.
Igual, Carlés participó el 31 de marzo de 2015 de una audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, que emitió dictamen favorable. Como el pliego quedó inmovilizado, poco antes de las elecciones presidenciales de octubre el Gobierno retiró la postulación, y envió al Senado otros dos postulantes: Eugenio Carlos Sarrabayrouse, para cubrir la vacante de Zaffaroni, y Domingo Juan Sesín, por la vacante que a fin de año dejaría Carlos Fayt al jubilarse. Fueron candidaturas testimoniales: el Senado aprobó el ingreso de esos pliegos tres días antes de que Macri ganara el balotaje, y fueron retirados cuando el Gobierno de Cambiemos asumió. Los reemplazó por los pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, designados originalmente en comisión, pero luego aprobados por el Senado por 60 y 58 votos a favor, más de los dos tercios necesarios.
En definitiva, los gobiernos no se arriesgan a perder en el recinto, por aquella regla no escrita pero respetada por todos de que nunca es bueno un traspié en las cámaras. Pero como en tantos otros casos, el Gobierno de Javier Milei vuelve así a dar la nota.