Las organizaciones que integran Infancia en Deuda (IED) elaboraron un informe sobre el primer año de trabajo de la Defensoría Nacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, conducida por la abogada Marisa Graham, y sumaron recomendaciones para cada una de las funciones de esa institución.

Entre las recomendaciones “urgentes”, alertaron por “la gravísima vulneración de derechos y acceso a la salud en la provincia de Salta -que en especial afecta a niñas, niños y adolescentes de las comunidades indígenas de los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, donde se continúan registrando fallecimientos de niñas y niños a causa de desnutrición o enfermedades relacionadas- demanda que la Defensoría se valga de los artículos 55 y 64 de la Ley 26.061”.

También, IED insta a la Defensoría a acompañar el reclamo de diversas organizaciones al Estado Nacional y a las provincias para que se garantice la continuidad educativa, el acceso a dispositivos y conectividad adecuada a cada niña, niño y adolescente del país.

Con respecto a la situación de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal, IED “considera fundamental que la Defensoría inicie las acciones judiciales y administrativas pertinentes, y tome un rol activo en el proceso de derogación del Decreto 22.278 y solicite la adecuación a los estándares internacionales de derechos humanos”.

Por otra parte, las organizaciones pidieron intensificar el trabajo articulado con el Ministerio de Educación nacional y de las provincias para garantizar el acceso a la Educación Sexual Integral en todos los niveles de educación obligatoria.

“El primer año de trabajo de la Defensoría estuvo signado por la crisis social y sanitaria causada por la pandemia de Covid-19, que profundizó la vulnerabilidad socioeconómica y las desigualdades que sufren las infancias y adolescencias. Actualmente, según el Indec, casi el 60% de las niñas y los niños del país viven en situación de pobreza y residen en hogares cuyos ingresos no son suficientes para cubrir la Canasta Básica Total. Y el 15,7% vive en hogares con ingresos que no superan el valor de la Canasta Básica de Alimentos”, señalaron.

En un comunicado, las organizaciones que se nuclean en IED se manifestaron “convencidas de la importancia de tener una institución independiente que asegure protección, garantía y acceso a la Justicia para las infancias y adolescencias, y con una valoración positiva de los esfuerzos realizados”.

Entre otros puntos, se pidió a la Defensoría valerse de las atribuciones de control más intensas previstas en la Ley 26.061: iniciar acciones judiciales de carácter colectivo e individual ante situaciones de vulneración de derechos de NNyA; y priorizar las medidas administrativas y judiciales necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos en las 189 denuncias que están activas, así como en las que vayan a iniciarse. 

Para lograr el efectivo cumplimiento de las recomendaciones que la Defensoría emite a instituciones estatales a fin de subsanar vulneraciones de derechos o señalar problemáticas que afectan a las infancias y adolescencias, IED solicitó: contar con mecanismo de control y de seguimiento de esas sugerencias que permitan conocer e informar públicamente sobre lo dispuesto; en el caso en que esas recomendaciones no sean tomadas en cuenta, sería deseable adoptar otro tipo de medidas ante organismos y autoridades que incumplan sus responsabilidades; e incluir estándares generales de protección de derechos que puedan ser aplicables para todos los sistemas de protección locales de cada provincia del país. 

Sobre las funciones de control, supervisión y sanción ante los incumplimientos de las normas de protección, en el informe se recomienda compartir las conclusiones del trabajo de diagnóstico y sistema de monitoreo, con énfasis en la importancia de su publicidad, transparencia y accesibilidad a la información recabada; y realizar una sistematización de las acciones de monitoreo sobre los diversos organismos de protección integral provinciales, identificando los principales desafíos que tiene por delante cada sistema local.

En cuanto a las funciones de asesoramiento, recepción de reclamos y denuncias de NNyA, se solicitó elaborar un protocolo para la gestión de casos, denuncias y reclamos; reforzar los canales de comunicación a nivel federal para llegar a los NNyA de todo el país que se encuentren en situación de vulneración de derechos; adoptar criterios de actuación para implementar respuestas institucionales, medidas de exigibilidad, seguimiento de casos y alertas tempranas, entre otras.

“Si bien la Defensoría informó que se recibieron 360 consultas/denuncias, se desconoce cuáles fueron las medidas adoptadas y qué articulaciones se implementaron”, se agregó en este sentido.

Finalmente, respecto de las funciones relacionadas con el monitoreo y producción de información, IED reclamó publicar un informe que dé cuenta de la situación de las infancias y adolescentes, incluyendo datos por provincia, valiéndose de las fuentes de información oficiales disponibles; y contar con información de base que oriente las acciones destinadas al monitoreo de políticas públicas y, en especial, para la determinación de acciones de carácter prioritario justificadas en la información relevada. 

Organizaciones de la sociedad civil nucleadas en el colectivo Infancia en Deuda enviaron una nota a la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, presidida por Beatriz Mirkin (Frente de Todos), para advertir sobre la “gravísima situación” en la que se encuentra el organismo tras la renuncia del defensor adjunto Fabián Repetto.

La misiva fue firmada por ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), Aldeas Infantiles SOS Argentina, Che Pibe, CIPPEC, Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), FEIM (Fundación para el Estuido e Investigación de la Mujer), Haciendo Camino, Fundación Kaleidos y Fundación Sur Argentina.

Además de la nota a la bicameral, las organizaciones enviaron otra dirigida a la propia Defensoría, encabezada por Marisa Graham desde febrero de este año, luego de más de 14 años de vacancia en el cargo.

En ambos casos, solicitaron que “se tomen todas las medidas para fortalecer la institucionalidad del organismo, garantizar una mayor transparencia y asegurar su correcto funcionamiento en el control y exigencia de las políticas públicas que cumplan con los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

El reclamo se originó debido a la reciente renuncia de Repetto, quien denunció que en la breve gestión de Graham la Defensoría adquirió “fuertes sesgos hacia un uso partidario y discrecional”.

“La gravedad de las razones que fundamentan la renuncia del defensor adjunto darían cuenta de que el recorrido de los primeros meses de la institución habría sido contrario al proceso que le dio origen y que podría haber obstaculizado la capacidad de control de la Defensoría”, advirtió el colectivo Infancia en Deuda.

Y agregó que “ello implicaría el peor de los escenarios posibles, es decir, una Defensoría formalmente en funciones, pero virtualmente incapaz de cumplir su mandato legal en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

Por eso, las organizaciones exigieron que la Defensoría cumpla con los estándares de autonomía e independencia; que se realicen concursos públicos transparentes para la designación de funcionarios; que se transparenten todas las acciones llevadas adelante; y que la bicameral intensifique su rol de control.

“A tan solo ocho meses de su puesta en funcionamiento, la Defensoría enfrenta una crisis institucional que exige la priorización en el cumplimiento de las obligaciones referidas con urgencia”, concluyeron en la nota enviada a la comisión.

La carta a la bicameral

La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, que preside Roxana Reyes (UCR), realizó este jueves la primera de una serie de reuniones informativas para reflexionar sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en el contexto de la pandemia.

Del encuentro virtual participaron representantes de UNICEF Argentina y de Infancia en Deuda, un colectivo de organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentran CIPPEC, ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), Doncel, Aldeas Infantiles y ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género).

En representación de UNICEF, Luisa Brumana expuso los resultados de una encuesta telefónica realizada primero en mayo, y luego en julio, sobre 2.537 hogares de todo el país.

Según este sondeo, en julio el 45% de los hogares vio reducidos sus ingresos laborales. “Más allá de la apertura de actividades, del relajamiento de la cuarentena en parte del país y del programa ATP, hay 2,6 millones de hogares que vieron sus ingresos laborales reducidos”, advirtió Brumana.

Asimismo, señaló que el 15% de los hogares tuvo que recurrir a algún préstamo o fiado por parte de algún comercio para comprar alimentos, y en el 10% de los hogares relevados se detectó que un integrante debió acudir a un comedor comunitario.

Entre los hogares con al menos un niño de hasta seis años, se manifestaron algunos cambios desde el inicio de la cuarentena: casi la mitad notó alteraciones con las comidas, con el sueño y, en menor grado, problemas de comunicación.

Por otro lado, “en el 95% de los hogares los niños tuvieron continuidad pedagógica durante el aislamiento”, aunque “el 13% tuvo baja o nula intensidad en las actividades escolares”, y se registró una alta incidencia de los recursos del programa Seguimos Educando en los niños más vulnerables y sin conectividad.

En este contexto, el 65% de los adultos manifestó “temor” a que sus hijos se contagien de coronavirus cuando regresen a la escuela, y “cerca de un 10% de estudiantes quizá no regresen”, esto es, “un millón de chicos”, advirtió Brumana.

La encuesta de UNICEF también arrojó que “siete de cada diez adultos está de acuerdo” con combinar educación presencial y remota.

En el caso de los adolescentes, en abril un 15,7% dijo sentirse “angustiado frente a la incertidumbre que presenta este contexto”, mientras que en julio esa cifra ascendió al 26,8%. Consultados sobre “qué es lo que más les cuesta de la cuarentena”, un 73% respondió “no ver a sus amigos”.

También se evaluó la sobrecarga de tareas de cuidado: según la encuesta, solo el 39% de los hogares declaró poder conciliar las demandas del mercado laboral y del hogar.

Por su parte, en nombre del colectivo Infancia en Deuda, Carmen Ryan se refirió a “las vulneraciones de derechos que se profundizaron en el contexto de la pandemia” y pidió “asegurar que en el Presupuesto se cumpa la Ley 26.061 de Protección Integral”, que indica el presupuesto dirigido a niños, niñas y adolescentes no puede verse reducido.

En nombre de CIPPEC, José Fiorito propuso “eliminar restricciones en la AUH”, puntualmente para los hijos de inmigrantes con menos de tres años de residencia y las familias con más de cinco hijos. También sugirió “dar una discusión sincera sobre una fórmula de actualización de las asignaciones familiares”.

Asimismo, y en consonancia con la ONG Doncel, Fiorito pidió que se controle en el Presupuesto 2021 el sostenimiento del programa de egreso de jóvenes de los dispositivos de cuidado, tales como orfanatos.

Desde ACIJ, Francisco Rodríguez sostuvo que “la conectividad es un requisito esencial en este contexto para acceder a la educación”, y advirtió que “cerca de un 60% de los estudiantes de escuelas estatales” no accede a un dispositivo virtual o no cuenta con conectividad.

Por su parte, Laura Musa (Fundación Sur Argentina) puso énfasis en “los chicos que están institucionalizados” y que “han visto agravada su situación” ya que “en los hogares hay personal contagiado o con muchas licencias y esto hace que la atención a los chicos sea muy dificultosa”.