La izquierda pide información sobre las empresas que habrían hecho triangulación de importaciones

Los diputados presentaron una solicitud de acceso a la información pública ante las declaraciones de la semana pasada por parte del ministro de Economía, Sergio Massa.

Los diputados del FIT-PTS Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Alejandro Vilca presentaron ante el Ministerio de Economía y la Dirección General de Aduanas una solicitud de Acceso a la Información Pública solicitando que se identifiquen a las 722 empresas que, según el ministro Sergio Massa, habrían efectuado 13.000 operaciones de triangulación y sobrefacturación de importaciones en detrimento del erario público. Asimismo, solicitaron los montos de cada una de esas operaciones dolosas y que se informe desde cuándo algún organismo estatal está al tanto de estas irregularidades.

Al respecto, Bregman cuestionó que en la conferencia de la semana pasada “Massa les dio a las empresas 60 días para que puedan darle algún viso de legalidad a estas maniobras de sobrefacturación que hicieron para conseguir dólares a 130 pesos, cuando a cualquier persona se la llevan presa si toma unas galletitas de una góndola y no las paga. El pueblo tiene que conocer cuáles son las empresas que realizan estas maniobras para llevarse dólares baratos, mientras que al pueblo trabajador se le exigen más y más ajustes”.

Y agregó: “Además nos preguntamos por qué salta recién ahora, ¿no había ningún organismo del Estado que conociera estas maniobras delictivas de las empresas? Presentamos una solicitud de acceso a la información pública que el Gobierno está obligado a responder. Si no lo hacen estarán encubriendo a las empresas”.

Por su parte, Del Caño denunció que “las grandes empresas hacen maniobran de todo tipo, saquean el Banco Central, aumentan los precios todos los días, eluden y evaden, pero el Gobierno se preocupa por auditar a los más pobres que cobran un plan social de tan sólo 22 mil pesos”.

“Nosotros venimos denunciando las maniobras obscenas de sobrefacturación de los importadores y de subfacturación de los exportadores para quedarse con dólares baratos. Nuestro planteo es el monopolio estatal del comercio exterior bajo el control de los trabajadores, no solamente para evitar este tipo de maniobras fraudulentas a las que nos tienen acostumbrados, sino para cuidar las divisas y ponerlas al servicio de las necesidades populares, evitando también las maniobras especulativas de los sojeros para imponer una devaluación”, planteó.

El diputado sumó que “Massa tiene que responder a la brevedad, para que el pueblo conozca quiénes son las empresas que se enriquecen mientras que se preparan nuevas medidas de ajuste sobre sus espaldas”.

Banfi impugnó a la candidata para conducir la Agencia de Acceso a la Información Pública

La diputada radical participó de la audiencia pública en la que expuso Beatriz de Anchorena. “Carece de idoneidad e imparcialidad”, enfatizó la opositora.

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En el Centro Cultural Kirchner se llevó a cabo la audiencia pública para designar como nueva directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública a Beatriz de Anchorena. La candidata -que actualmente se desempeña como subsecretaria de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Gestión y Empleo Público- fue propuesta por la Jefatura de Gabinete. Durante el evento expuso sobre la pertinencia de su designación, su plan de trabajo, sus antecedentes y respondió las observaciones realizadas a su candidatura.

Entre las observaciones presentadas se destacó la de la diputada nacional Karina Banfi (UCR), quien fue impulsora de la Ley de Acceso a la Información Pública en 2016. “Lamentablemente nos encontramos de nuevo con una candidata que carece de las credenciales de idoneidad e imparcialidad necesarias que la ley impone para dirigir este organismo de control”, apuntó la radical.

La legisladora planteó que “la señora Anchorena cuenta con algunas consideraciones académicas y profesionales pero no tiene ningún antecedente sobre acceso a la información pública y mucho menos sobre protección de datos personales. Ni a nivel laboral, ni académico. Hoy es parte de la Jefatura de Gabinete, forma parte del Instituto Patria y su trayectoria refiere a temas de administración pública”.

“La idoneidad de los candidatos no se puede presuponer sino que debe demostrarse mediante el análisis de sus antecedentes de manera objetiva. Además, ¿qué capacidad política va a tener para impulsar la modificación a Ley de Datos Personales? Quien no quiso tratarla en el Senado fue la presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que también forma parte del Instituto Patria”, cuestionó.

Banfi no solo expuso en carácter de diputada, sino que es una experta en la materia; entre sus credenciales se destaca el rol que cumplió como cofundadora y exsecretaria ejecutiva de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, una red regional conformada por 24 organizaciones no gubernamentales de 19 países de Latinoamérica dedicada a la promoción de leyes de Acceso a la Información Pública y la defensa de la libertad de expresión en las Américas. A su vez, fue consultora para la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y coordinó programas regionales de transparencia y gobernabilidad para la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Denuncian que niegan información sobre los gastos de Fabiola Yáñez y el entrenador de Dylan

La diputada de JxC presentó un pedido de acceso a la información pública para que se informe sobre los gastos públicos de la primera dama Fabiola Yáñez, que no fue respondido en tiempo y forma.

El pasado 5 de agosto la diputada nacional Karina Banfi (JxC) realizó un pedido de acceso a información pública en el que solicitó a la Secretaría General de Presidencia información sobre diversas cuestiones vinculadas con la primera dama Fabiola Yáñez y el entrenador de Dylan, el perro del presidente.

Vencidos los plazos estipulados por la Ley 27.275 y ante la falta de respuesta, Banfi presentó un reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, encargada  de tutelar los derechos de dicha ley.

“La Agencia se encuentra acéfala desde enero, y -Santiago- Cafiero quiso poner a una persona no idónea en el cargo. ¿Qué podemos esperar con -Juan- Manzur? El funcionamiento y la aplicabilidad de la 27.275 están en riesgo. El acceso a la información pública es un derecho humano que hoy es vulnerado”, declaró Banfi, impulsora de la ley aprobada en 2016.

En el pedido que realizó ante la Secretaría General de Presidencia solicitaba, entre otras, una copia de agenda de actividades y reuniones de la primera dama desde el 20 de marzo al 31 de agosto del 2020. Además, pedía la nómina de empleados de la Secretaría General de la Presidencia asignados a las actividades y desempeño de Fabiola Yáñez. Requería, también, precisiones para determinar si las 19 visitas del peluquero Federico Abraham a la Quinta de Olivos fueron en calidad personal o profesional. Y, si fue profesional, qué trabajo realizó y si fue pagado con fondos públicos.

En el mismo pedido de Acceso a la Información pública solicitó saber cuántas veces ingresó a la Quinta de Olivos entre el 20 de marzo y el 31 de agosto de 2020 el entrenador canino Ariel Alonso Zapata, el motivo de estos ingresos y si sus honorarios fueron pagados con fondos públicos.

Ante la falta de respuesta y vencidos los quince días hábiles que establece la Ley para responder, Banfi mandó una nota el 2 de septiembre a la Agencia de Acceso a la Información Pública detallando que no se le había precisado la información requerida ni pedido la prórroga correspondiente.

“Está vencido el plazo que tienen para responder. La Ley establece que deben entregar la información en 15 días hábiles o solicitar una prórroga por otros 15 días. Ninguna de las dos cosas sucedió. El silencio se entiende como denegatoria injustificada. Queda claro que intentan ocultar información que tiene que ver directamente con el uso de fondos públicos y con la violación de las propias normas de aislamiento que dictó en presidente”, concluyó Banfi.