El proyecto solicita información sobre las comunicaciones efectuadas con el gobierno boliviano, las capacidades de control del espacio aéreo fronterizo y el porcentaje de cobertura con radarización, entre otras cuestiones.
El pasado 18 de julio se conoció la noticia de que una avioneta había colisionado en la provincia de Chaco. Se supo que la aeronave provenía de Bolivia y llevaba en su interior 324 kg de cocaína distribuidos en 10 panes rectangulares. Al respecto, el senador nacional Pablo Blanco (UCR – Tierra del Fuego) presentó un proyecto solicitando al Gobierno Nacional que brinde información sobre cuestiones relacionadas con la caída de la avioneta de matrícula boliviana CP 3123.
En la iniciativa, Blanco pide información sobre acuerdos internacionales, supervisión de los mismos y acciones para el intercambio de información de inteligencia criminal con los países fronterizos en el norte del país y comunicaciones concretas efectuadas con el gobierno de Bolivia.
También, sobre el despliegue de medios del Estado Nacional, planes en vigor y en ejecución, y capacidades reales para el control del espacio aéreo en la frontera norte del país. Porcentaje de frontera cubierta con radarización para la detección de aeronaves pequeñas en vuelo a baja cota.
“Acuerdos interagenciales para la vigilancia, la coordinación y el control del espacio aéreo en relación con el crimen organizado entre organismos del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Seguridad”, sumó y siguió: “Estadísticas de indicadores clave de los últimos 10 años vinculados a la detección de aeronaves volando en baja cota”.
Entre los fundamentos, el radical planteó que este incidente “pone de relieve la carencia absoluta de control del espacio aéreo en la frontera norte del país. Esta situación caótica de tráfico aéreo descontrolado permite el desarrollo de una zona de violación flagrante de la soberanía nacional en sus fronteras y la construcción de un espacio de zona liberada al crimen organizado”.
PC-Solicitando-informacion-sobre-radarizacion-y-condiciones-de-seguridad-en-la-frontera-norte-a-raiz-de-caida-avioneta-narco-en-chacoSerá en la Cámara de Diputados, adonde concurrirá por primera vez a poco de cumplir un mes al frente de la Jefatura de Gabinete.
Diputado nacional durante mucho tiempo, el flamante jefe de Gabinete Agustín Rossi parece dispuesto a cumplir el mandato constitucional de brindar los informes de gestión ante el Congreso de manera mensual. Y arranca con el pie derecho, pues antes de que termine este mes de marzo se presentará en la Cámara de Diputados.
Según trascendió este miércoles, Rossi concurrirá a la Cámara baja el miércoles 29 de marzo y por tal motivo ya se informó a los legisladores para que comiencen a enviar las preguntas por escrito.
Se diferencia así de su antecesor, Juan Manzur, quien durante el más de un año que ocupó el cargo solo concurrió al Congreso en dos oportunidades, una vez a cada Cámara.
A dos años de su desaparición, la diputada cordobesa Karina Banfi solicita saber “por las acciones realizadas por parte del Estado para colaborar con el esclarecimiento de los hechos de su muerte y por el tipo de asesoramiento, contención e información brindada a sus familiares”.
En el marco del segundo aniversario de la desaparición de Facundo Astudillo Castro diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de informe para que la Secretaría de Derechos Humanos detalle el seguimiento que realiza de la investigación.
Con la radical Karina Banfi a la cabeza, preguntaron específicamente por las acciones realizadas por parte del Estado para colaborar con el esclarecimiento de los hechos de su muerte y por el tipo de asesoramiento, contención e información brindada a sus familiares. Además, solicitaron que se detallen los compromisos asumidos con la familia desde la desaparición del joven.
“No queremos que se pierda en la memoria un asesinato que hasta hoy no sabemos por qué sucedió. No hay excusas ni se admiten dilaciones en esta materia. Los derechos humanos deben ser protegidos y mucho más durante una pandemia, donde existió un contexto de fuertes restricciones a las libertades individuales”, declaró Banfi.
En la iniciativa fundamentan: “Al 30 de abril del 2020 se habían registrado diez asesinatos en manos de la policía en todo el país. A diciembre de 2020 la cifra ascendía a veinticuatro casos de los cuales hoy se desconoce el proceso judicial. Particularmente el esclarecimiento de la causa de Astudillo Castro sufrió una parcialidad e una ineficacia tal que en diciembre del año pasado finalmente se consiguió que la Cámara de Casación aparte a la jueza María Gabriela Marrón por “temor de parcialidad”. Hoy su madre Cristina Castro y su abogado, Luciano Peretto, esperan que se evalúe la enorme cantidad de pruebas desestimadas por la magistrada”.
“El Estado es responsable y las autoridades deben emplear todos los resortes disponibles para esclarecer el caso de Facundo Astudillo Castro así́ como el de tantos otros ciudadanos que han sufrido la violencia institucional en carne propia”, solicitó Banfi quien fue la encargada de encabezar este tema en la Cámara de Diputados y la única parlamentaria que le exigió a Santiago Cafiero -en su primera y única visita a la Cámara baja- claridad en los mensajes e instrucciones a las fuerzas de seguridad para que en el marco de la pandemia protejan a todos los argentinos.
El proyecto de ley contó con el acompañamiento de los diputados nacionales María Eugenia Vidal, Rubén Manzi, Sabrina Ajmechet, Ana Clara Romero, Dina Rezinovsky, Lidia Ascárate, Lisandro Nieri, María Luján Rey, Mariana Stilman, Gerardo Cipolini, Carlos Zapata, Camila Crescimbeni, María Sotolano, Laura Carolina Castets, Ingrid Jetter, Gabriela Lena y Pablo Torello.
A instancias de la diputada Laura Rodríguez Machado a través de un proyecto de resolución que presentó piden que el Ejecutivo brinde información sobre una serie de cuestiones vinculadas a la distribución por la Televisión Digital Abierta de la Russia Today.
A través de un proyecto de resolución presentado por la diputada nacional, Laura Rodríguez Machado (Pro -Córdoba) se solicita al Gobierno Nacional que informe, a través de la secretaría de Medios de Comunicación Pública, acerca una serie de cuestiones vinculadas a la distribución, por la Televisión Digital Abierta, de la señal del Gobierno Ruso en español Russia Today (RT), un acuerdo que fue firmado entre Cristina Fernández de Kirchner y Vladimir Putin.
En la iniciativa piden:
“El gobierno ruso a través de su oficina de propaganda, utiliza el instrumento denominado Russia Today para emitir información desde su absoluta perspectiva y totalmente parcial sobre la invasión de ese país sobre Ucrania”, fundamenta y agrega: “El canal Russia Today, no es un canal ruso, ya que no es parte de la veintena de canales obligatorios que los medios públicos rusos deben emitir. Es más, esa señal no se ve en Rusia siquiera. Es un medio de propaganda de las acciones de su gobierno. Los intereses estratégicos de la Federación Rusa en difundir al mundo propaganda política sobre su invasión a Ucrania se materializa en nuestro país en esta señal Russia Today”.
Cabe recordar que la diputada ya había presentado en el mes de febrero otro proyecto para que el Gobierno saque del aire a la señal Russia Today, en medio la invasión de la Federación Rusa a Ucrania.
La iniciativa es acompañada por Gerardo Cipolini, Gabriela Lena, Alejandro Finochiaro, Graciela Ocaña, Mercedes Joury, José Núñez, Virginia Cornejo, María Luján Rey, Alberto Asseff, Íngrid Jetter, Ana Clara Romero, Aníbal Tortoriello, Waldo Wolff y Héctor Baldassi.
PEDIDO-DE-INFORME-RT-convertidoLa iniciativa del legislador Alberto Asseff busca que el Ministerio de Educación brinde informes sobre las políticas que se implementaron y se llevarán a cabo ante los altos índices de deserción escolar durante la pandemia.
A pocas semanas del ciclo escolar, el diputado nacional Alberto Asseff (Pro – Buenos Aires) presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, informe sobre las políticas implementadas, las sugeridas a las provincias y las que llevaran a cabo, respecto a la deserción escolar durante los años de pandemia, la eliminación de obligaciones, reducción de méritos educativos, y demás condiciones de los ciclos lectivos.
Además, la iniciativa plantea que se responda sobre: ¿Qué se planeará con las provincias para reducir la deserción y alentar la presencia en clases?; ¿Por qué se alienta a las autoridades educativas de las provincias a reducir las obligaciones escolares, quitar méritos y unificar los años escolares 2020 y 2021? Y ¿Qué presupuesto se destinará para la implementación de políticas educativas para atraer a los millones de chicos que han abandonado la escuela durante la pandemia?”.
“¿Qué porcentaje de deserción escolar posee cada provincia desde que comenzó la pandemia?, ¿Qué se ordenará desde la Nación para implementar los avances tecnológicos en todo el país? y si ¿Está previsto la implementación de exámenes para evaluar el nivel educativo previo al comienzo del ciclo 2022?”, agrega el proyecto.
El texto fundamenta que “el tema educativo es fundamental para el desarrollo del país”, pero destaca que “en estos dos últimos años, dado la pandemia y las erróneas políticas implementadas, requiere más atención y análisis”.
“Ante los numerosos casos que se conocen sobre deserción escolar, material educativo con tintes de adoctrinamiento, la eliminación de obligaciones para con los alumnos, la reducción de requisitos para aprobar y/o obtener méritos, llevan a pensar en un sistema educativo destruido, débil que requiere necesariamente una reforma relevante”, señala en la iniciativa.
También, describe a la educación y el conocimiento como “bienes públicos” que “constituyen derechos personales y sociales” que debe garantizar el Estado. “La educación es una formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento”, concluye.
Acompañan con su firma los diputados Gerardo Milman, Matías Tacetta, Ingrid Jetter, Virginia Cornejo, Gustavo Hein, Ana Clara Romero, Laura Rodríguez Machado, Pablo Torello, Maru Sotolano, Alfredo Schiavoni, Marilu Quiroz, Sabrina Ajmechet, Mercedes Joury, Héctor Stefani, Marìa Luján Rey y Gerardo Cipollini.
PEDIDO-DE-INFORMES.-POLITICAS-EDUCATIVAS-REDUCCION-DE-OBLIGACIONESDurante la reunión se aprobó el informe anual 2021 y se dio tratamiento a distintos informes y notas que despertaron los cruces entre los legisladores oficialistas y opositores.
La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, presidida por Martín Doñate (FdT – Río Negro) mantuvo una “última” reunión de forma virtual que tuvo picos de tensión por momentos, puntualmente con el expediente ante el pedido de respuestas al procurador general interino, Eduardo Casal, sobre las medidas disciplinarias a los fiscales Stornelli, Marijuan y Rívolo por las reuniones que mantuvieron con la exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. También aprobaron el informe anual 2021.
Ni bien iniciada la reunión, el aire se tornó caliente luego de leer la primera respuesta de Casal con fecha 2 de junio “sobre medidas disciplinarias a los fiscales Carlos Stornelli, Guillermo Marijuan, Carlos Rívolo por reuniones mantenidas con la exministra de Seguridad Patricia Bullrich en 2017 y 2018, dadas a conocer a través de una investigación periodística”, en la cual contestó que “este despacho no tenía conocimiento sobre la realización de esas reuniones y no se tienen registros de las mismas por lo que se dio inicio a un seguimiento”.
En ese momento interrumpió la diputada Vanesa Siley (FdT – Buenos Aires), quien pidió que “al haber transcurrido 5 meses de la respuesta se podría ver si hay alguna actualización o movimiento en esas actuaciones disciplinarias, si alguno de los fiscales hizo uso de informar en ese marco y que se debería tener una copia de esas actuaciones para dar continuidad a los trámites esta respondido, pero falta el acompañamiento de las actuaciones y deberíamos pedir actualizaciones de los expedientes”.
A sus dichos se sumó Rodolfo Tailhade (FdT – Buenos Aires) quien enfatizó: “Me parece que hay que pedirle al procurador que nos envíe todas las actuaciones, haga o no uso de la posibilidad de hacer un descargo; tenemos que contar con toda la información”. Y acotó: “No debemos olvidar que el doctor Casal reprochó a un grupo de fiscales que se habían reunido con (el ministro de Justicia, Martín) Soria y alegó que la representación institucional la tenía él y, si bien no inició una actuación administrativa, se asemejó mucho”, ante lo que cuestionó: “Acá hay un tratamiento distinto y no tiene la misma actitud. Me parece tiene que salir el pedido a Casal para que remita la totalidad de las actuaciones del tema”.
Por el contrario, el diputado del Pro Jorge Enríquez (Ciudad de Buenos Aires) acotó que “los expedientes disciplinarios son reservados y la comisión no tiene facultades para interiorizase en eso. La reunión de las fiscalas no se puede hacer por esa vía sino de poder a poder”, y agregó: “Estamos traspasando el rol que tenemos”.
En tanto, la diputada Siley retomó la palabra y leyó: “Se dio inicio a las actuaciones en cuyo marco se incorporó las copias y se puso en conocimiento”, y criticó que “esto sucedió hace 5 meses y no se conoce el curso y solicitó una actualización y bien puede el procurador enviar copias que se pueden mantener reservadas o informar el estado de situación actualizada. Las dos cosas son legales y legítimas”.
Recogió el guante Enríquez, para responderle: “Me parece que se puede pedir información del grado de avance, pero no ir sobre el contenido”.
Por consiguiente, Tailhade cuestionó al referente del Pro porque “se contradijo y dijo algo distinto”, y enfatizó: “Tenemos altas facultades porque controlamos el Ministerio Público, así de sencillo tenemos acceso a esa información. ¿Quién va a tener acceso? ¿Ellos? ¿El Pro? Veo que el diputado Enríquez sabe mucho del trámite interno que tuvo el expediente. No tenemos que dejar que nos tomen el pelo, en todas las notas nos toman el pelo. Debería darse en un marco mínimo de respeto”.
Por su parte, la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR – Tucumán) ironizó: “Parece que una y otra vez hay que recordarles que somos una comisión de seguimiento”, y aclaró: “Nosotros somos los responsables de leerles las notas, no podemos caerle al procurador por eso. Preguntar cómo va el trámite nadie se opone, pero querer meterse en que manden todo de una cuestión privada y disciplinaria no estamos de acuerdo”.
En el medio, Enríquez explicó a Tailhade: “Se rechazó lo de las fiscales, adhiriendo a Silvia Elías de Pérez de que existe una denuncia por mal funcionamiento cualquiera sea su entidad de un miembro debe remitirse a los antecedentes a la Comisión de Juicio Político sin involucrar al procurador general”.
Brevemente Mara Brawer (FdT – CABA) aclaró que “lo que está en juego es si los pedidos de informes o llamados de atención va de acuerdo de quién se trata”.
Por su parte, el radical porteño Emiliano Yacobitti explicó: “La diferencia en cuanto al tratamiento tenía que ver en que el doctor Casal respondió a una nota sobre qué opinaba de una reunión. En el momento que tenían reuniones los fiscales anteriores nadie le pidió explicaciones. Respondió una nota que Bullrich le mando”, y solicitó “seguir con el tratamiento de la reunión”.
“El único hostigamiento que hubo fue a las fiscalas, no al procurador. Hagamos uso de las facultades de esta Bicameral, queda claro que hubo una clara persecución a la actitud a las fiscalas mujeres que tuvieron una reunión con el ministro de justicia, y no tuvo la misma conducta respecto a la otra reunión que no se había enterado”, cuestionó la senadora María de los Ángeles Sacnun (FdT – Santa Fe).
Otra de las notas que despertó el enojo de Tailhade fue sobre el uso de licencias del fiscal Marcelo Martín Retes que estuvo en Estados Unidos de viaje por más de un mes, y del fiscal Raúl Pleé, que mantuvo reuniones con el expresidente Mauricio Macri, ante lo cual Casal respondió que “el despacho no tenía conocimiento, no solicitó licencia y que conforme a la reglamentación si el viaje es menor a 30 días le corresponde al fiscal general que ejerce la Superintendencia, y que no existe relación alguna con el hecho de inseguridad”.
En ese contexto, Tailhade reprochó: “Hay falta de colaboración porque si el doctor Casal contesta que él no estaba al tanto de la licencia y dice que la da el fiscal general, me parece que lo que debería haber hecho es informar”.
El proyecto fue presentado por el senador Blanco para que el Poder Ejecutivo brinde información sobre los resultados obtenidos desde la aplicación de dicho plan en el contexto de pandemia.
El senador nacional Pablo Daniel Blanco (UCR – Tierra del Fuego) presentó un proyecto este jueves para solicitarle al Gobierno Nacional, a través de los organismos que correspondan, informes sobre la ejecución del Plan de Acción de Salud Mental y Apoyo Psicosocial frente a la emergencia sanitaria por Covid-19.
Puntualmente, el cuerpo del texto pide que “brinden información sobre los resultados obtenidos desde la aplicación de dicho plan hasta la actualidad”, y consulta sobre: “¿Cuál es el fondo presupuestario destinado a la promoción de la salud mental comunitaria y, en particular, a este plan?, ¿Qué acciones concretas se registran en materia de prevención en Salud Mental?”, entre otros puntos.
“En el año 2020, el Ministerio de Salud de la Nación desarrolló el Plan de Acción de Salud Mental y Apoyo Psicosocial teniendo en cuenta la importancia de reconocer e incluir a la salud mental para dar respuestas institucionales ante este contexto pandémico, como así también poder garantizar la continuidad de tratamientos, recomendaciones y protocolos a la población, fortalecer una red multisectorial, capacitar en Salud Mental y Apoyo Psicosocial a los equipos de intervención, y cuidar de los efectos en el psiquismo de los trabajadores de la salud”, expresó el senador fueguino.
En ese sentido, consideró que “es muy importante saber cómo se ha monitoreado la ejecución de este Plan y los avances que ha tenido, como así también resulta vital conocer las problemáticas más acuciantes en materia de la salud mental porque será lo que nos permitirá desarrollar estrategias y abordajes eficaces de aquellas personas con padecimiento mental”.
“La crisis sanitaria y económica ha exacerbado la vulnerabilidad de una gran parte de la población y para esto se requiere poner en práctica estrategias de promoción y prevención en el campo de la salud mental para aquellas personas que puedan necesitar más apoyo y atención”, agregó Blanco.
Además, precisó que “vivimos aún en pandemia, esto es una situación que sigue siendo una gran amenaza tanto para la salud física como para la salud mental ya que ha alterado el bienestar de la comunidad en todo nuestro país, generando fundamentalmente crisis sanitaria y económica”, y añadió: “El otro impacto del Covid-19 son las consecuencias en la salud mental. Es decir, a las secuelas psicológicas, psiquiátricas y neurológicas tanto del virus en sí mismo como de todo el contexto pandémico que ha producido un impacto sin precedentes en la población”.
“Numerosos estudios e investigaciones de todo el mundo se han ocupado en comenzar a describir estos efectos en la salud mental. Así, por ejemplo, UNICEF afirma que por lo menos 1 de cada 7 niños y jóvenes ha vivido confinado en el hogar durante gran parte del año, lo que supone un riesgo para su salud mental y su bienestar”, ejemplificó el legislador que integra la coalición de JxC y finalizó: “Otros estudios indican un aumento en la depresión, ansiedad, angustia y riesgos de suicidio en muchas personas por causa del coronavirus”.
El funcionario elaboró casi 1.900 respuestas. Este año fue solo una vez a la Cámara baja.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, presentó el informe de gestión del Poder Ejecutivo Nacional ante la Cámara de Diputados. Se trata de un total de 1.899 respuestas escritas.
El último 14 de octubre, Cafiero se puso formalmente a disposición de la Cámara baja para la realización de la sesión informativa establecida en el artículo 101 de la Constitución Nacional, pero finalmente no concurrió. Se atribuyó la razón de su ausencia al intenso ritmo de la agenda legislativa, que hizo que no pudiera presentarse antes del final del período de sesiones ordinarias, por lo que el informe de jefe de Gabinete de ministros se envió en tiempo y forma a Diputados.
Este año caracterizado por las sesiones virtuales, el jefe de Gabinete asistió dos veces al Senado y solo una a la Cámara baja.
En esta oportunidad, la mayor cantidad de preguntas fueron realizadas por los integrantes del bloque Pro (892), seguido por la UCR (601) y la Coalición Cívica (168). Sumado al monobloque de Producción y Trabajo con 16 requisitorias, el interbloque Juntos por el Cambio alcanzó un total de 1.677 preguntas (un 88,3% del total del informe). En términos individuales, la legisladora del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Romina Del Plá, fue la que presentó una mayor cantidad de preguntas (83).
Según el relevamiento realizado por la Secretaría de Relaciones Parlamentarias, de las 39 áreas de gobierno consultadas, sobresalen el Ministerio de Salud con 229, Educación con 177, Economía con 169 y Justicia y Derechos Humanos con 137.
En relación a la cantidad de preguntas realizadas por la Cámara de Diputados durante todo el período legislativo 2020, se alcanzó un total de 3.550 preguntas respondidas, un 32% más que en 2016, primer año de gestión del Gobierno anterior, en el que se respondieron 2.684, según reseñó la Jefatura de Gobierno actual.
En el texto de más de 2 mil páginas, el jefe de Gabinete detalló las acciones llevadas adelante por el Poder Ejecutivo para enfrentar la pandemia de Covid-19 tanto desde el punto de vista de las políticas sanitarias así como de los programas económicos para la protección del tejido social y el sostenimiento de la producción y el empleo. A su vez, se adelantaron parte de las medidas destinadas a la reconstrucción argentina para el año 2021.
A continuación, se detallan algunos datos del informe:
ATENCIÓN GENERAL DEL COVID-19
El Estado Nacional estima en más de $1,5 billones la inversión pública directa para la atención de la pandemia COVID19, por mayores gastos de distintos programas presupuestarios como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa ATP-Salario Complementario, el Bono AUH de la ANSES, las políticas alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social y la construcción de Hospitales Modulares, entre otras partidas.
PROGRAMA ATP
Cantidad de empresas beneficiarias del Programa de Asistencia de Emergencia a la Producción y el Trabajo por ronda.
ATP 1 234,043
ATP 2 230,197
ATP 3 200,506
ATP 4 129,093
ATP 5 128,605
ATP 6 128,569
INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA
Los casi 9 millones de beneficiarios de este programa recibieron tres pagos de $10.000 durante el 2020. En total, al 23 de octubre de este año fueron destinados para su pago $ 258 mil millones de pesos.
ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO y POR EMBARAZO (AUH y AUE)
Al mes de septiembre, los aumentos porcentuales de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo para la protección social superaron los niveles de inflación acumulados durante 2020. Mientras que el incremento de precios del IPC acumulado en ese período fue del 22,3%, estas asignaciones se incrementaron un 28,9%.
BONO PERSONAL DE SALUD
Se oficializó la extensión del bono de 5 mil pesos para el personal de salud por tres meses. Con la inclusión de más trabajadores y trabajadoras, el pago alcanza a casi 700.000 personas.
TARJETA ALIMENTAR
Durante el mes de septiembre, se entregaron más de 1,5 millones de tarjetas alimentarias, con un importe total de más de 7 mil millones de pesos.
APP CUIDAR
La aplicación fue descargada por 12,1 millones de personas y al momento de la realización del informe se cuenta con unos 7,5 millones de usuarios activos. Se realizaron más de 6,6 millones de autodiagnósticos arrojando síntomas compatibles con COVID-19 unos 37 mil.
TELETRABAJO
En cuanto a las tareas de los trabajadores estatales durante el aislamiento, el informe detalla que, según los datos relevados por la Secretaría de Gestión y Empleo Público durante abril-mayo, el 63% del personal civil se encuentra haciendo trabajo remoto, el 14% realiza tareas presenciales, el 17% se encuentra de licencia por cuidado de niños menores, un 5% no puede realizar tareas remotas y el 1% se encuentra de licencia por otros motivos.
INFRAESTRUCTURA
El Ministerio de Obras Públicas informó que la Ley de Presupuesto para el ejercicio del año 2021 prevé un incremento nominal en la inversión de “Agua Potable y Alcantarillado”, que multiplica por cuatro el presupuesto inicial para el ejercicio 2020, y consolida un aumento objetivo.
CONECTIVIDAD
En el marco del Plan Nacional de Conectividad “Conectar”, que abarca el período 2020-2023, se apunta a lograr la universalización del acceso a la conectividad en todo el país. Para ello, el Estado Nacional invertirá $39.900 millones en el despliegue de infraestructura de conectividad satelital y terrestre. Para la reactivación del Sistema Satelital Argentino se invertirán 19.950 millones de pesos, mientras que para la actualización y ampliación de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) la inversión será de 13.200 millones de pesos.
EXPORTACIONES
Con el objetivo de desarrollar e implementar una política de promoción de exportaciones se creó el Consejo Público Privado en el ámbito de la Cancillería. Brinda asesoramiento y realiza propuestas para la formulación de una política nacional exportadora. Participan más de 240 cámaras representativas de unos 69 complejos exportadores tanto nacionales como regionales, y entidades vinculadas al comercio exterior.
