Advierten que la ley ómnibus debería eliminar todas las retenciones bancarias

La ley ómnibus limita parcialmente las retenciones bancarias de impuestos. Para IDESA, esto será cuestionado por las provincias que se sostienen con las retenciones de Ingresos Brutos, por lo que recomienda como una mejor opción es disponer la eliminación total de retenciones y ofrecerles a las provincias que la AFIP recaude Ingresos Brutos junto con el IVA.

Una de las principales distorsiones que cobija el sistema tributario argentino son los regímenes de pago anticipado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que actúan mediante retenciones sobre pagos hechos con transferencias bancarias, tarjetas de débito y crédito y billeteras virtuales. Estos regímenes promueven el uso de dinero en efectivo ya que aumentan los costos del uso de dinero digital. Además de incentivar un mecanismo de pagos muy ineficiente, lo más dañino es que generan evasión impositiva, advierte el Instituto de Desarrollo Social Argentino (IDESA).

La ley ómnibus aborda este importante tema en el artículo 213. La intención sería eximir de las retenciones bancarias a los contribuyentes más pequeños. El planteo es parcial ya que beneficiaría a un universo relativamente bajo de contribuyentes. Es decir que dejaría gran parte del perverso esquema de retenciones bancarias activo. La segunda debilidad importante es que son altas las probabilidades de que las provincias, que usan intensamente las retenciones bancarias para recaudar Ingresos Brutos, cuestionen el artículo.

Para entender la posición de las provincias respecto a las retenciones del Impuesto a los Ingresos Brutos sirve analizar la importancia que dichas retenciones tienen para las finanzas públicas provinciales. En este sentido, según datos oficiales, para el conjunto de las provincias se observa que:

Del total de los impuestos provinciales, el 78% se recauda con Ingresos Brutos.

De total de Ingresos Brutos, el 57% se obtiene por regímenes de retención.

Dentro del 57% de regímenes de retención, 36 puntos porcentuales son retención mandadas a hacer a los bancos, a tarjetas de créditos y a billeteras virtuales.

Estos datos muestran que los regímenes de retenciones bancarias son muy importantes para las provincias. De manera sintética, aproximadamente 1 de cada 3 pesos de Ingresos Brutos se recauda a través de retenciones sobre movimientos bancarios, tarjetas y billeteras virtuales.

Sostiene IDESA que se trata de una evidencia contundente de que es previsible un fuerte rechazo provincial a la limitación de su uso y que, si se aprueba el artículo tal como está planteado, es muy probable que rápidamente aparezcan planteos judiciales.

“El Congreso tiene la oportunidad de hacer un aporte muy positivo para el desenvolvimiento de la economía mejorando el diseño de la norma -plantea el instituto-. El objetivo debería ser que el sistema de pagos no sea distorsionado por mecanismos que lo usan para adelantar el cobro de impuestos. Para esto, se debería establecer expresamente que bancos, tarjetas de crédito y billeteras virtuales no pueden ser obligados a aplicar retenciones de impuestos. El impacto inmediato será un gran alivio administrativo y financiero para los contribuyentes y una reducción de la evasión impositiva porque espontáneamente se tenderá a usar menos los pagos en efectivo”.

Para que el planteo sea atractivo para las provincias, junto con la prohibición de las retenciones bancarias, es necesario que la AFIP celebre con las provincias convenios de colaboración para integrar la recaudación del IVA con el Impuesto a los Ingresos Brutos. Este cobro integrado es operativamente factible y permitirá mejorar ostensiblemente los niveles de cumplimiento. Promoviendo el uso de dinero digital, la AFIP y las provincias pasan a disponer de mejor información de los pagos lo que posibilita ampliar la base imponible tanto del IVA como de Ingresos Brutos. Para las provincias es la oportunidad de aumentar la recaudación dejando de aplicar simultáneamente retenciones bancarias.

El proyecto de ley ómnibus aborda una ambiciosa agenda de transformaciones. Una de ellas es ponerle límite a las retenciones bancarias. Así las cosas, IDESA plantea en un informe que “si el Congreso aplica algunos ajustes sobre su redacción, eliminando todas las retenciones y promoviendo la integración de Ingresos Brutos con IVA, se podrá avanzar de manera más ambiciosa en la promoción del uso del dinero digital sin entrar en conflicto con las provincias. El resultado será un sistema tributario más empático con los ciudadanos y con menores niveles de evasión”.

El oficialismo porteño propuso reducir los Ingresos Brutos de los alquileres

Se trata de una iniciativa de Gustavo Mola (UCR) y Lucía Romano (VJ), mediante la cual se buscará favorecer el acceso al alquiler y garantizar una mayor rentabilidad para los propietarios de las viviendas.

En medio del fuerte reclamo por la derogación de la Ley de Alquileres que rige en todo el país, los legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Gustavo Mola (UCR-Ev) y Lucía Romano (VJ), presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley para modificar el Código Fiscal vigente con el objetivo de aliviar la carga tributaria de los inquilinos y propietarios de viviendas en alquiler.

El proyecto busca elevar el importe a partir del cual las rentas por alquileres de viviendas abonan el impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad, de 75.250 a 220.000 pesos mensuales.

Además, la iniciativa propone elevar la cantidad máxima de unidades de vivienda por propietario para poder acceder al beneficio, de dos a tres unidades. De esta forma, aquellos propietarios que tengan propiedades en alquiler que no superen el nuevo monto y las tres unidades, quedarían exentos de pagar dicho impuesto.

En ese sentido, los legisladores argumentan que esta medida “busca favorecer el acceso a la vivienda con valores que se adecuen a los deprimidos salarios de los inquilinos y a la vez generar un incentivo a los propietarios para que eleven su margen de rentabilidad y decidan incorporar sus inmuebles a la oferta en alquiler”.

“El código fiscal vigente se encuentra desfasado y distante de la realidad comercial y del mercado, debido a la espiral inflacionaria que sacude fuertemente al país y que ha elevado rápidamente el valor de los alquileres, que hoy superan por mucho el importe actual establecido para el impuesto. Modificar esta ley es necesario para adecuarla a la realidad y respetar los principios constitucionales aplicables a la materia tributaria de Capacidad Contributiva y Razonabilidad”, agregaron.

Al mismo tiempo que concluyeron precisando que “dada la coyuntura económica es necesario tomar medidas para aliviar a las personas que ya tienen una fuerte carga tributaria, y darles un respiro para que puedan sortear las dificultades que venimos atravesando”.

“En caso de aprobarse la iniciativa, junto con el paquete de medidas anunciadas por el Ejecutivo de la Ciudad para ordenar el mercado inmobiliario, los vecinos de la ciudad se verían altamente beneficiados”, sentenciaron.

Buscan reducir un 50% la alícuota de Ingresos Brutos al personal de Salud

La reducción según el proyecto presentado por una senadora opositora sería “mientras dure la emergencia sanitaria”.

La senadora provincial de Juntos por el Cambio, Ana Laura Geloso, presentó un proyecto de Ley en la Cámara Alta bonaerense para reducir en un 50% la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos al personal de salud público y privado.

En esa línea, la legisladora explicó que “la iniciativa busca compensar durante este período al personal sanitario, que desempeñan un papel fundamental en la lucha mundial contra el Coronavirus”, y agregó: “Ellos son los que están en la primera línea, con un enorme volumen de trabajo y conviviendo con el temor de contraer la enfermedad”.

El proyecto prevé que la reducción de la alícuota se mantenga durante la Emergencia Sanitaria por la pandemia del COVID-19 y abarca tanto al personal del sistema público como privado del territorio bonaerense.

“En esta segunda ola, los trabajadores de la Salud enfrentan una gran carga de trabajo adicional, con horas extras y falta de períodos de descanso. Es por eso que desde Juntos por el Cambio buscamos compensar a este sector con este proyecto y así permitirles sobrellevar este tiempo de esfuerzo”, concluyó Geloso.

El oficialismo porteño busca avanzar con alivios fiscales para la salud y el comercio

Los diputados de Vamos Juntos y UCR-Ev presentaron en la Legislatura porteña para eximir del pago de Ingresos Brutos a centros médicos que cuenten con servicio de internación para pacientes con Covid 19 y para locales gastronómicos.

Debido a la profunda crisis económica que atraviesa la Ciudad a raíz de la pandemia del Covid 19, los legisladores de Vamos Juntos (VJ) y la Unión Cívica Radical-Evolución (UCR-Ev) presentaron en la Legislatura porteña dos proyectos de ley que buscan eximir del pago de los Ingresos Brutos a centros médicos que presten servicios de internación para pacientes con coronavirus y para locales gastronómicos.

La iniciativa en relación a los centros médicos fue impulsada por la oficialista Ana María Bou Pérez (VJ) y prevé eximir “del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, correspondientes a los anticipos de los meses comprendidos entre mayo y junio del año 2021, ambos inclusive, a los contribuyentes o responsables que desarrollen la actividad de ‘Servicios de internación excepto instituciones relacionadas con la salud mental’ contemplada en el Código N° 861010 del Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES)”.

En los fundamentos de la medida, la diputada explicó que “la norma proyectada contempla que la exención aludida, alcanza exclusivamente a contribuyentes y/o responsables que cuenten con establecimientos donde se brinde el servicio de internación a pacientes afectados con coronavirus y por los ingresos provenientes de la actividad precedentemente mencionada, por lo que, si el contribuyente o responsable desarrollara más de una actividad declarada, la exención sólo aplicará respecto de aquella correspondiente a los servicios de internación excepto instituciones relacionadas con la salud mental”.

“Atento al inminente incremento de casos de Covid 19 resulta imprescindible colaborar con el mencionado sector y brindar alivio fiscal a los contribuyentes que desarrollan dichas actividades para que puedan seguir combatiendo y paliando los efectos adversos de la actual emergencia sanitaria, evitar un deterioro en la calidad de sus prestaciones y la saturación del sistema de atención médica y sanitaria por pacientes afectados por el coronavirus”, añadió.

Mientras que el radical Marcelo Guouman (UCR-Ev) presentó otro proyecto que también busca eximir del pago de los Ingresos Brutos de mayo y julio a los restaurantes, cantinas, locales de comida rápida, foodtrucks, bares, heladerías y expendios de comida. Buscando así llevar un alivio fiscal a estos comercios que, a raíz de las últimas medidas adoptadas para contener el avance de la pandemia, volvieron a ver afectada su actividad.

Las iniciativas también lleva la firma de Roy Cortina (PS), Diego García Vilas, Claudio Romero, Facundo Del Gaiso, Agustín Forchieri, Matías López (VJ) y Patricia Vischi (UCR-Ev).

Piden prorrogar 180 días el pago de Ingresos Brutos en la Provincia

Se trata de un proyecto del diputado provincial Alex Campbell con el que busca que empresas y comercios tengan un respiro tras un año tan complicado por la pandemia.

El diputado provincial Alex Campbell de Juntos por el Cambio presentó un proyecto que busca eximir el pago de Ingresos Brutos para sectores de turismo, gastronomía y eventos culturales, afectados por la pandemia por un plazo de 180 días. Con esta iniciativa se busca dar un respiro a empresas y comercios que se vieron afectados en sus ingresos durante todo el año.

“Entendemos que el sector turístico fue uno de los más perjudicados durante la pandemia. Y ahora, con la temporada iniciada, le pedimos al gobierno de Kicillof que prorrogue el impuesto a los ingresos brutos. No pedimos que no se pague, sino que se pueda postergar”, explicó el diputado durante una recorrida por Chascomús.

“Que haya temporada es una gran noticia, no solo para los que viven del turismo sino también para todos los argentinos que desean visitar la provincia de Buenos Aires. Pero es importante aclarar que los protocolos sanitarios tendrán un impacto en la capacidad de las instalaciones, haciendo que baje la rentabilidad considerablemente. Por eso la exención temporal les permitirá recuperarse de manera más rápida y poder hacer frente a obligaciones contraídas durante el tiempo que no pudieron trabajar”, agrego Campbell.

Desde Juntos por el Cambio buscan que la iniciativa pueda ser tratada en las próximas sesiones para que el beneficio comience a funcionar apenas comenzada la temporada de Verano 2020-2022.

Reducirán Ingresos Brutos para los alquileres en la Ciudad

Se trata de una iniciativa impulsada por la oficialista Lucía Romano (VJ) que será debatida en conjunto con la Ley Tarifaria 2021, la misma propone elevar el valor mensual a partir del cual las rentas por alquileres de hasta dos unidades de vivienda abonan dicho impuesto.

En el marco de la discusión al respecto de la Ley Tarifaria 2021, la diputada de Vamos Juntos (VJ) Lucía Romano precisó que junto a esa normativa se debatirá un proyecto de su autoría que dispone elevar el valor mensual a partir del cual las rentas por alquileres de hasta dos unidades de vivienda abonan el impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad.

La medida se resolvería a través de la modificación del actual artículo 22 de la ley Tarifaria. De esta forma quedarían exentos de pagar dicho impuesto quienes tengan propiedades en alquiler que no superen el nuevo monto, propuesto en 30 mil pesos.

La legisladora e integrante de la comisión de Presupuesto, destacó que “hoy la ley Tarifaria vigente establece que los alquileres mayores a 6.700 pesos pagan el impuesto, lo cual se encuentra absolutamente desfasado y distante de la realidad comercial y del mercado ya que el valor de los mismos supera ampliamente este número, por eso es necesario modificar esta ley para adecuarla a la realidad”.

Al mismo tiempo que indicó que “la espiral inflacionaria de nuestro país ha dejado absolutamente obsoleto el monto a partir del cual los alquileres deben pagar el impuesto. A modo de ejemplo basta mencionar que en el año 2019 los precios de los alquileres subieron en promedio 25% mientras que la inflación anual acumulada fue del 53,8%, es decir que en relación con la inflación el precio de los alquileres aumentó sólo la mitad” y señaló que “para el corriente año la inflación estimada, según el último informe del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), a cargo del BCRA, se estima del 39 % aproximadamente”.

“No debemos dejar de tener en cuenta los principios constitucionales aplicables a la materia tributaria de Capacidad Contributiva y Razonabilidad, como esencia de los tributos y como límite a la potestad tributaria del Estado”, añadió e indicó que “en ningún caso el tributo o conjunto de tributos que recaiga sobre un contribuyente puede exceder la razonable capacidad contributiva de las personas, ya que de lo contrario se está atentando contra la propiedad, confiscándola ilegalmente”.

Sobre esa misma línea manifestó que “en un contexto de crisis económica debemos tomar medidas para aliviar a las personas que ya tienen una fuerte carga tributaria” y destacó que “la rentabilidad de los alquileres ha ido cayendo año tras año: en el tercer trimestre del 2019 tuvo una caída del 30% con respecto a idéntico período de 2018, y un 54% con respecto al mismo trimestre de 2017.Actualmente la renta bruta para un dueño que alquila un departamento usado de dos ambientes (unos 45 metros cuadrados) es de un 2,42% anual, en promedio”.

“Para muchos la caída de la rentabilidad coincide con la merma o el cese de ingresos dado el contexto de crisis económica por eso no adaptar los montos al contexto actual significa no darle alivio a un sector que viene siendo perjudicado”, argumentó y concluyó señalando que “la compra de propiedades para alquiler destinadas a viviendas es un tipo de inversión muy común para la clase media con el objetivo de tener un ingreso adicional a sus sueldos o haberes previsionales con el fin de lograr una mayor estabilidad económica”.

Piden condonar las deudas por IIBB a las sociedades de fomento

Se trata de una propuesta de los legisladores del FdT impulsaron un proyecto de ley que busca atender a la situación económica que atraviesan las asociaciones civiles, a raíz de la pandemia del coronavirus.

A más de siete meses de haber iniciado el aislamiento social obligatorio, el diputado del Frente de Todos (FdT) Santiago Roberto presentó un proyecto de ley a través del cual buscará eximir del pago de deudas por Ingresos Brutos (IIBB) de asociaciones civiles, fundaciones, sociedades de fomento y cualquier otra figura de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL).

La iniciativa plantea condonar las deudas que estas asociaciones hayan contraído hasta el 1 de octubre de este año, cuyo monto sea menor a las cinco mil unidades fijas –es decir, 107 mil pesos-, en el estado en que se encuentren (pendientes, judicializadas o en proceso de serlo).

En tanto para quienes registren deudas superiores a las cinco mil unidades fijas, el texto prevé generar un plan para la financiación de las referidas deudas, a sola firma, en 24 cuotas iguales y consecutivas, a tasa 0% y con un período de seis meses de gracia para el pago del primer vencimiento.

De esta manera, en los considerandos de la iniciativa, Roberto recordó que “si bien no hay un organismo que pueda registrar palpablemente la cantidad de ONGs que se encuentran en actividad, por la información recabada en distintas reuniones que mantenemos con muchas de ellas, podemos estimar que hay aproximadamente entre mil y dos mil en actividad, de las cuales un importante porcentaje (alrededor del 80%) se encontraría con problemas en sus estados contables en relación a los Ingresos Brutos”.

Asimismo señaló que “las deudas de las que estamos hablando son iguales o menores cinco mil unidades fijas equivalentes al presente a unos 110 mil pesos; el impacto en el presupuesto sería de unos 90 millones de pesos que, prorrateado en 12 meses daría un importe mensual de unos 7.5 millones de pesos (el impacto total sería de un 0,018% del presupuesto de la Ciudad)”.

“La pandemia, obviamente, contribuyó al empeoramiento general de la situación y provocó que alrededor de 250 mil porteños y porteñas de clase media cayeran en la pobreza. Según la Dirección General de Estadística y Censos (DGEC) de la Ciudad la indigencia alcanza al 15,70% y la pobreza al 33,6% de los porteños y porteñas al segundo semestre de 2020”, aseveró Roberto  concluyó señalando que “en lo que respecta al trabajo, el nivel de desocupación en la Ciudad es el más alto desde el 2002. En el segundo trimestre de 2020 el promedio subió al 14,7% pero en la zona sur llegó al 21% y en las mujeres al 15% (DGEC). Además de esto, en la Ciudad de Buenos Aires se perdieron entre marzo y junio más de 56 mil puestos de trabajo (Centro de Estudios Metropolitanos – CEM)”.

La medida también lleva la firma de la vicepresidenta segunda de la Legislatura porteña, María Rosa Muiños (FdT), y el legislador Matías Barroetaveña (FdT).

Eximen del pago de IIBB a restaurantes y cantinas de la Ciudad

La iniciativa fue sancionada con 54 votos a favor y cuatro en contra que busca que esos comercios no paguen Ingresos Brutos hasta febrero del próximo año.

Debido a la crisis económica que viene golpeando al sector hace algunos años y que se profundizó con la pandemia del Covid 19, la Legislatura porteña aprobó con 54 votos positivos y cuatro negativos –de los bloques FIT, PO, PTS y AyL- una Ley que exime del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos entre septiembre y febrero del 2021 a los responsables que desarrollen las actividades codificadas de acuerdo con el Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES).

La medida recientemente aprobada beneficiará a restaurantes, cantinas, fastfood, locales de venta de comidas y bebidas al paso, de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador, foodtrucks, bares y heladerías.

Cabe señalar que el sector gastronómico es uno de los más afectados por la pandemia, dado a que en estos meses tuvieron una caída de más del 80% en sus ventas, a pesar de que continúan trabajando con el reparto a domicilio y para llevar. Es así que se prevé que esta medida alcance a un total de diez mil comercios gastronómicos que emplean directamente a más de ciento cincuenta mil personas en la Ciudad.

Al respecto de la iniciativa el presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero (VJ), indicó que se extendió a bares y restaurante la eximición del pago de Ingresos Brutos a unos diez mil comercios para aliviar la grave situación fiscal del sector, duramente castigado con la caída de ventas en un 80% y la pérdida de 150 mil puestos laborales en CABA y tiene un costo fiscal de aproximadamente 800 millones de pesos.

“El sector gastronómico es uno de los pilares de la actividad económica de la Ciudad que a la fecha sólo funciona con la modalidad de ‘reparto a domicilio’ y ‘para llevar/take away’. La eximición de los impuestos regirá entre setiembre de 2020 y febrero de 2021, inclusive”, señaló.

En tanto el diputado del PO Gabriel Solano recordó que presentó “un proyecto para que se les pague un salario a los trabajadores de comedores populares, pero en esta Legislatura se trata un proyecto que beneficia a cadenas como Mc Donalds” y se preguntó “entonces, ¿qué es lo que ocupa a esta Legislatura? Para los trabajadores esenciales que atienden en los comedores comunitarios no hay nada; hoy ganó Mc Donalds”.

Sobre esa misma línea, Alejandrina Barry (FIT) afirmó que este “es un sector que está sufriendo una grave crisis pero que no es nueva, ellos llegaron mal a la pandemia. El año pasado se cerraron 600 comercios y se perdieron 15 mil puestos de trabajo” y advirtió que “esta crisis que se da es parte de una crisis general, el INDEC manifestó que se cerarron 19 mil comercios. Esta ley no es para los pequeños comercios, esto es para las grandes cadenas, es para seguir beneficiando a los poderosos”.

Mientras que Matías Barroetaveña (FdT) explicó que acompañan “este proyecto porque nosotros también presentamos una propuesta en este sentido, estamos esperanzados con esta decisión porque venimos reclamando este tipo de decisiones desde marzo” e insistió en que “el oficialismo tiene dificultades para ayudar a la demanda, no piensa en cómo ayudar al trabajador para que tenga más dinero en el bolsillo”.

Por su lado el autor del texto Marcelo Guouman (UCR-Ev) indicó que “la situación del sector gastronómico es dramática, esta medida va a afectar positivamente a diez mil PyMEs y a todos los trabajadores vinculados a estos emprendimientos” y aseveró que “esta medida que construimos junto al Gobierno de la Ciudad se suma a la serie de beneficios que viene desarrollando el Ejecutivo.  Este es el mejor esfuerzo posible pero establecemos la necesidad de seguir dando debate por el resto de la economía”.

Piden eximir del pago de IIBB a restaurantes y cantinas de la Ciudad

Legisladores de la UCR-Ev y Vamos Juntos presentaron un proyecto de ley que busca que esos comercios no paguen Ingresos Brutos hasta febrero del próximo año.

Debido a la crisis económica que atraviesa el país a raíz de la pandemia del Covid 19, los diputados de UCR-Evolución y Vamos Juntos impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley a través del cual buscarán eximir del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos entre septiembre y febrero del 2021 a los responsables que desarrollen las actividades codificadas de acuerdo con el Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES).

De esta manera, la medida alcanzaría a restaurantes, cantinas, fastfood, locales de venta de comidas y bebidas al paso, de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador, bares y heladerías.

En los fundamentos del texto, los oficialistas manifestaron que “el sector gastronómico es uno de los pilares de la actividad económica de la Ciudad. Debido a la caída de más del 80% de sus ventas en virtud del contexto de la pandemia antes mencionada, este sector requiere de la implementación de acciones tendientes a su reactivación, que a la fecha sólo funciona con la modalidad de reparto a domicilio y para llevar”.

“Se proyecta que las medidas contempladas alcanzarán a un total de diez mil comercios gastronómicos que emplean directamente a más de ciento cincuenta mil personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, concluyeron los legisadores.

La iniciativa tiene como autor al presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Marcelo Guouman (UCR-Ev), pero también lleva la firma del vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Agustín Forchieri (VJ), y de los diputados Diego García Vilas, Hernán Reyes, Claudio Romero (VJ) y María Inés Gorbea (UCR-Ev).

Confirman que el proyecto para subir IIBB incluirá rubros agrarios y de internet

En la Cámara de Diputados confirmaron que el proyecto para subir la alícuota de IIBB que el oficialismo presentará incluye rubros ligados a la actividad agropecuaria y servicio de internet.

Desde la Cámara de Diputados bonaerense confirmaron que el proyecto para subir la alícuota de Ingresos Brutos que el oficialismo presentará en los próximos días incluye rubros ligados a la actividad agropecuaria y a la presentación del servicio de internet, además de a la actividad de los bancos privados.

Se trata de un proyecto que crea un “Provincial Solidario Covid-19” para mejorar el financiamiento del Estado bonaerense, afectado por la caída de la recaudación asociada a la merma de la actividad económica que se produjo por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

La principal fuente de recursos de ese fondo sería un incremento de la alícuota de IIBB a la actividad de los bancos privados que en términos generales casi la duplicaría: iría del 8% actual al 12%. En principio, esa suba sería “extraordinaria, por lo que estaría vigente solo hasta fin de este año.

Pero el diputado del FdT Federico Otermín confirmó a la agencia Télam que esa no será la única manera de financiar el Fondo: también se prevé una suba en la alícuota a los proveedores de internet y a un rubro clave en el costo de la producción agropecuaria, la “fabricación de insecticidas, plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario”.

En el primer caso, se piensa llevar la alícuota de 4% a 6% en el caso de las compañías que hayan declarado ingresos por más de $ 500 millones en 2019.

Respecto del rubro agropecuario, no se precisaron porcentajes, aunque voceros parlamentarios del FdT dijeron que la carga recaudatoria más importante no recaerá sobre este sector, sino sobre los bancos.

El proyecto comprende además la exención transitoria del pago de Ingresos Brutos a pequeños contribuyentes, monotribustista de las categorías A y B, que hayan facturado menos de $ 500.000 en 2019, medida que alcanzaría a 670.000 personas y representaría un costo fiscal de $ 400 millones mensuales.

En el trámite parlametario de la iniciativa será particularmente relevante la posición de bloque opositor de Juntos para el Cambio en el Senado: sin su apoyo, al oficialismo no le alcanza el número para avanzar.

Fuentes de ese espacio dijeron que aún no tienen precisiones sobre el articulado –el proyecto del oficialismo todavía no fue ingreso formalmente a la legislatura- por lo que declinaron fijar una postura.

A fines de abril, el senador oficialista Francisco “Paco” Durañona anunció un proyecto para subir un 30% IIBB para los contribuyentes con mayor capacidad de aportar.

Además, incluyó una suba del impuesto Inmobiliario para los inmuebles con mayor valuación fiscal en las plantas urbana y rural, y bajas para las categorías menores. La iniciativa, sin embargo, o registró ningún avance hasta ahora.

Diputados del FdT quieren aumentar los impuestos a los bancos

Al ver como se desploma toda la recaudación en todos los rubros, los diputados del FdT bonaerense trabajan en un proyecto para mejorar la recaudación tocando algunas alícuotas de Ingresos Brutos.

El impuesto “estrella” de todas las administraciones y el señalado como el más regresivo de todos es analizado por los diputados oficialista en contexto de pandemia.

Más el 70 % de la recaudación propia que tiene la provincia de Buenos Aires lo logra a través del impuesto a los Ingresos Brutos, pero la pandemia pegó en el corazón del impuesto distorsivo más generoso que tiene el distrito, la actividad económica.

Al ver como se desploma toda la recaudación en todos los rubros, los diputados del FdT bonaerense trabajan en un proyecto para mejorar la recaudación tocando algunas alícuotas Ingresos Brutos.

Por caso, según trascendió de manera informal, la idea es elevar la alícuota que pagan entidades financieras y productos vinculados a la producción primara para crear el ‘Fondo Solidario Covid-19′ destinado a costear costos adicionales generados por la pandemia.

No se trata de un proyecto aislado. La iniciativa está siendo sopesada en el bloque oficialista del Frente de Todos que conduce el diputado Facundo Tignanelli, y cuenta con el visto bueno del titular del cuerpo colegiado, Federico Otermín.

Aunque por estas horas se trabaja en un borrador, los legisladores filtraron que el proyecto apunta a cambiar los porcentajes de las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos, principalmente aquella que recae sobre que pagan los bancos para conformar un fondo solidario.

El aumento podría llegar al 50 % del actual 8 %, con un piso de pretensiones de llevarlo al 12 %, pero claro que esto se topará con el tradicional dilema. El fundamento habitual es que las entidades financieras tienen siempre buenas ganancias, por eso deben pagar. Desde el otro rincón, sostiene que en la práctica la carga impositiva encarece los préstamos y lo terminan pagando la gente, además del consiguiente perjuicio económico que implica encarecer los créditos.

Por lo pronto se habla de exceptuar del aumento a los servicios correspondientes a “los intereses de ajustes de capital de los préstamos hipotecarios otorgados a personas físicas, con destino a la compra, construcción, ampliación o refacción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente”, según se detalló.

Se presume que la iniciativa cuenta con el respaldo del gobernador Axel Kicillof. Pues el jefe de la bancada Tignanelli tiene permanente contacto con el mandatario y buena parte de su equipo.

Además, consignan en el palacio legislativo que ambas espadas parlamentarias de la Alianza de gobierno, Otermín y Tignanelli, estuvieron reunido con el gobernador el pasado viernes.

La diputada del FdT, con cierto perfil técnico en cuestiones económicas, Valeria Arata es la encargada de coordinar los alcances de la iniciativa entre las distintas miradas interna que tiene la bancada.

Luego comenzará el trajinar legislativo donde será necesario el respaldo de sectores de Juntos por el Cambio para poder culminar con éxito la acción parlamentaria, pero eso será otra historia. No hay proyecto presentado y la opinión no quiere hablar en abstracto.

En un contexto de caída de la recaudación en la provincia del orden del 23% entre marzo y junio y con la expectativa de finalizar el año con un déficit primario del 7%, a lo que hay que sumar las caídas de los fondos coparticipados por nación, los fondos adicionales semejan agua fresca.

En los fondos coparticipados por la nación se observa una evolución negativa real de las transferencias para cada una de las provincias del -11,5% en marzo, -18,7% en abril y -26,6% en mayo.

Las entidades bancarias, al igual que otros rubros como aquellos que fabrican “insecticidas, plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario” y “Servicios de proveedores de acceso a internet”, podrían hacer un aporte mayor según los legisladores y así crear el Fondo Solidario Covid-19 bonaerense.

La Legislatura porteña analizó la suspensión en la rebaja de Ingresos Brutos

El titular de la AGIP porteña Andrés Ballotta explicó ante la Comisión de Presupuesto el proyecto de ley que busca modificar la Ley tarifaria y el Código Fiscal vigentes, a fin de suspender el Pacto Fiscal.

Luego de que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, enviara el proyecto a la Legislatura porteña, la Comisión de Presupuesto –presidida por Claudio Romero (VJ)- se reunió este viernes con funcionarios del Ejecutivo, quienes brindaron precisiones sobre dicha iniciativa que busca adecuar la Ley tarifaria y el Código Fiscal vigentes a la suspensión dispuesta en el marco del Pacto Fiscal acordado por Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el encuentro expuso el titular de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), Andrés Gustavo Ballotta, y aportó precisiones el responsable de la Dirección General de Rentas (DGR), Demian Eliel Tujsnaider. Además por la subsecretaría de Finanzas estuvo Nereida María Laura Delgado.

En ese contexto informaron que la propuesta persigue reflejar la reciente decisión adoptada en el contexto del Consenso Fiscal en la Ley Tarifaria y Código Fiscal del año en curso, lo que implicará la suspensión de la baja prevista para Ingresos Brutos y Sellos y habilitar lo aplicado en el año 2019.

FOTO: Carolina Rocha

“No habrá suba en medicina prepaga y se generará mayores ingresos brutos que estimamos en 14.700 millones de pesos, de los cuales 5.400 millones serán por servicios financieros y 4.000 millones por industria”, afirmó Ballotta.  Respecto a Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) aseguró que “la actualización seguirá siendo en función de la inflación con cinco meses de antigüedad”.

El proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo la semana pasada lleva la firma del ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Mura, y del jefe de Gabinete de Ministros, Felipe Miguel, propone cambios a la Ley Tarifaria y Código Fiscal aprobados el 5 de diciembre del año pasado.  

Estuvieron presentes en la reunión informativa los diputados Victoria Roldán Méndez, Diego García Vilas, Cristina García, Gastón Blanchetiere, Paola Michielotto, Guillermo Suárez, Esteban Garrido, Matías López, Lucía Romano, Natalia Fidel, Martín Ocampo (VJ), Marcelo Guouman (UCR), Javier Andrade, María Rosa Muiños, Claudio Ferreño, Leandro Santoro (FdT), Eugenia Casielles (CF), Alejandrina Barry (PTS-FIT) y Sergio Abrevaya (GEN).