Al culminar el plenario de comisiones restaba la firma de un senador para alcanzar el dictamen. Especialistas en derecho tributario se manifestaron a favor de la iniciativa.
El proyecto de Inocencia Fiscal II pasó a la firma tras un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado. Al culminar la reunión este miércoles, todavía restaba una firma (la del radical Flavio Fama) para que se formalice el dictamen.
Luego de que se cayera la sesión que se pensaba para este jueves, La Libertad Avanza ahora apunta a sesionar la próxima semana con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central –que también consiguió despacho-, Inocencia Fiscal II, la nueva Ley de Biocombustibles (lo que empantanó la citación para este 10 de septiembre), acuerdos judiciales entre Nación y Ciudad y pliegos que se encontraban trabados.
En el comienzo del plenario, dos especialistas en derecho tributario se manifestaron a favor de la iniciativa, que tuvo media sanción de la Cámara de Diputados el pasado 26 de agosto por 139 votos positivos, 110 negativos y 2 abstenciones.
Con el objetivo de que los contribuyentes ingresen al circuito oficial los “dólares del colchón”, se eliminan los topes de ingresos y patrimonio que rigen para acceder al régimen y se flexibiliza el concepto de “discrepancia significativa”, sobre lo declarado por el contribuyente y lo detectado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
A pedido de los aliados en la Cámara baja, al proyecto original enviado por el Gobierno se incorporaron límites para funcionarios, a raíz del antecedente Manuel Adorni, exjefe de Gabinete investigado por enriquecimiento ilícito que se adhirió al régimen simplificado de Ganancias establecido por la original ley.
El primer invitado en exponer fue Martín Caranta, contador especializado en derecho tributario, quien destacó que los cambios que propone la ley “representan una mejora concreta” y recomendó “aprobar este proyecto”. “Esta ley no es una ley tributaria más, es realmente un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y el contribuyente”, afirmó y cuestionó que en años anteriores hubo “desconfianza estructural y prejuicios” por parte del fisco, lo que “no contribuyó a la recaudación”.
“El régimen de declaración jurada simplificada de Ganancias se basa en la libertad y la confianza”, diferenció y habló también de que promueve “el incentivo a una buena conducta del contribuyente para no caer en lo que le haga perder los beneficios”.
A su turno, Juan Martín Jovanovich, abogado especializado en derecho tributario, apuntó: “Creo que ampliar a todas las personas humanas la posibilidad de usar la declaración simplificada y eliminar las cargas de cumplimiento tributario es una medida que mejora la constitucionalidad de la norma”.
“La norma reestablece el principio de que quien alega un hecho debe probarlo, simplemente hace eso. Elimina la inversión de la carga de la prueba que tienen las presunciones", agregó.
Al tomar la palabra, el oficialista Bartolomé Abdala defendió que “esta ley tiene muchas bondades que vienen a dar certeza y a generar un ánimo distinto sobre el contribuyente”. En tal sentido, recordó que hubo “muchas presunciones por parte de la exAFIP y esto ha generado muchas irregularidades, confrontaciones” y “discusiones injustas para el ciudadano de bien”.
El presidente provisional del Senado pidió a la oposición el voto porque “tener una ley por unanimidad nos va a dar previsibilidad y confianza” y “un marco de seguridad jurídica que se necesitaba”. También dijo que más adelante hay que “trabajar firmemente en una reforma tributaria”.
Luego, el peronista Adán Bahl observó como “extraño” que esta ley incluya una modificación al Régimen de Trabajadores Rurales, tema al que también se había referido Jorge “Coqui” Capitanich. Por otra parte, señaló: “Esta modificación tiene un impacto en dos impuestos que son coparticipables; evidentemente las provincias van a tener que soportar parte de este costo”.
Sin embargo, al responder las preguntas, Jovanovich explicó que “esto no modifica la base imponible. La ley de tributo sigue igual. Es procedimental, tiene que ver con la forma de declarar”, mientras que Caranta sostuvo que “esta ley no necesariamente toca la recaudación”.
Por su parte, el puntano Fernando Salino anticipó que en el recinto propondrá que la prohibición de acogerse al régimen no solo sea para funcionarios, sino que también se extienda a cónyuges, convivientes, ascendientes y descendientes en primer y segundo grado.
Qué prevé el proyecto
Se propone la eliminación de los topes de $1.000 millones y $10.000 millones respecto a los ingresos y el patrimonio, respectivamente, para poder ingresar al régimen.
Se redefine el concepto de “discrepancia significativa” que habilita a la ARCA a impugnar la declaración jurada simplificada y, como consecuencia de ello, la presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas del impuesto a las Ganancias y del IVA, correspondientes a los períodos no prescriptos.
Dicha discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15% respecto de lo declarado por el contribuyente; cuando la diferencia supere la suma fijada en el artículo 1° del Régimen Penal; o cuando la impugnación obedezca a la utilización de facturas u otros documentos apócrifos o al cómputo improcedente de ingresos directos.
Asimismo, se incorpora un umbral mínimo equivalente al 5% del monto previsto en el artículo 1° de dicho régimen penal, por debajo del cual no se configurará discrepancia significativa aun cuando se supere el porcentaje indicado.
Se determina que “no se considerará la diferencia que se produzca entre la declaración jurada simplificada original y la rectificativa, en la medida que esta última sea presentada por el contribuyente en un plazo no mayor a los 15 días hábiles de notificada la liquidación administrativa o la resolución de determinación de oficio" y "los saldos de impuesto que surjan de esa declaración jurada rectificativa, con más sus intereses, sean debidamente cancelados y/o regularizados”.
Se establecen límites para los funcionarios: si bien podrán hacer uso del sistema simplificado únicamente como un canal operativo para la presentación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias y la cancelación del saldo correspondiente, bajo ninguna circunstancia gozarán de la presunción de exactitud, de la liberación de fiscalizaciones ni de ningún beneficio o inmunidad tributaria del régimen. Tampoco aplicará para ellos la discrepancia significativa.
La exclusión abarca a todas las personas que ejerzan o hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública, en los tres poderes del Estado, dentro de los últimos 5 años anteriores a la fecha de adhesión y hacia adelante.
Por otra parte, con el fin de atenuar la presión punitiva sobre el sector productivo e incentivar la regularización voluntaria, se establece un marco de reducción automática de sanciones y armonización con el Régimen Penal Tributario, entre las que se contempla una reducción del 25% en multas formales aplicables a las MicroPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.
El Senado abrirá la jornada de este miércoles con el debate de la Carta Orgánica del Central y su titular como invitado, y lo cerrará discutiendo la media sanción de la modalidad simplificada de declaración jurada del impuesto a las ganancias y en materia de prescripción tributaria.
Arranca el debate en el Senado de dos de los proyectos que más le interesan en particular al presidente Javier Milei: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal.
El cronograma arranca a las 10.30 de este miércoles con un plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversión, que preside el presidente del bloque Pro Martín Göerling, y de Presupuesto y Hacienda (Agustín Monteverde), al que han sido invitados el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.
Y a las 17.30 será el turno de Inocencia Fiscal II, que será debatido en el marco de una reunión de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Legislación General y de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Presiden esas comisiones Agustín Monteverde, Nadia Márquez y Jorge Capitanich, respectivamente.
A esta reunión han sido convocados el contador Martín Caranta, especializado en Derecho Tributario, igual que el otro invitado, Juan Martín Jovanovich.
Ambas reuniones se llevarán a cabo en el Salón Illia.
Los dos proyectos recibieron media sanción en Diputados el pasado miércoles 27 de agosto. La reforma a la Carta Orgánica del BCRA resultó con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones. E Inocencia Fiscal II con 139 afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones.
Respecto a Inocencia Fiscal II, se establecieron límites para funcionarios y por pedido de los bloques aliados, a raíz del antecedente Manuel Adorni. Entre los principales cambios, con el fin de incentivar a los ahorristas, se eliminan los topes de ingresos y patrimonio que rigen para acceder al régimen y se flexibiliza el concepto de "discrepancia significativa", sobre lo declarado por el contribuyente y lo detectado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Con relación a los cambios a la Carta Orgánica del Banco Central, la iniciativa del Gobierno define como misión central del BCRA "la preservación del valor de la moneda nacional". En ese sentido, elimina los objetivos múltiples definidos en la reforma de 2012 durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, bajo la presidencia de Cristina Kirchner.
A su vez, se establece la prohibición de que la entidad financie al Tesoro y se endurecen las condiciones para remover al presidente del BCRA y los integrantes directorio (exigiendo causales específicas), que, además de ser decretada por el Ejecutivo, deberá tener la aprobación de dos tercios de los presentes de ambas cámaras del Congreso.
También prevé la eliminación de las reservas de libre disponibilidad; fija cambios en la distribución de utilidades y un mecanismo para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo de la entidad.
Santiago Bausilli irá al Senado a presentar los principales lineamientos de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Ambos plenarios se llevarán a cabo en el Salón Arturo Illia en dos días diferentes.
Después de haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados, las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y Presupuesto y Hacienda del Senado convocaron al plenario para debatir el proyecto de ley de Inocencia Fiscal II. La misma fue citada para este martes 8 de septiembre a las 17.00 en el Salón Arturo Illia.
Al día siguiente, pero a las 10.30, las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda se reunirán para comenzar el tratamiento del proyecto de ley de reforma a la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). Este encuentro contará con la exposición de Santiago Bausilli, actual director de la entidad bancaria, y de Vladimir Verning, vicepresidente.
Ambas propuestas fueron enviadas por el Poder Ejecutivo de la Nación y alcanzaron la media sanción en la Cámara de Diputados el pasado miércoles 27 de agosto. La reforma a la Carta Orgánica del BCRA resultó con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones. E Inocencia Fiscal II con 139 afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones.
Respecto a Inocencia Fiscal II, se establecieron límites para funcionarios y por pedido de los bloques aliados, a raíz del antecedente Manuel Adorni. Entre los principales cambios, con el fin de incentivar a los ahorristas, se eliminan los topes de ingresos y patrimonio que rigen para acceder al régimen y se flexibiliza el concepto de "discrepancia significativa", sobre lo declarado por el contribuyente y lo detectado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Con relación a los cambios a la Carta Orgánica del Banco Central, la iniciativa del Gobierno define como misión central del BCRA "la preservación del valor de la moneda nacional". En ese sentido, elimina los objetivos múltiples definidos en la reforma de 2012 durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, bajo la presidencia de Cristina Kirchner.
A su vez, se establece la prohibición de que la entidad financie al Tesoro y se endurecen las condiciones para remover al presidente del BCRA y los integrantes directorio (exigiendo causales específicas), que, además de ser decretada por el Ejecutivo, deberá tener la aprobación de dos tercios de los presentes de ambas cámaras del Congreso.
También prevé la eliminación de las reservas de libre disponibilidad; fija cambios en la distribución de utilidades y un mecanismo para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo de la entidad.
En un extenso discurso ante financistas en Misiones, el Presidente reivindicó las leyes aprobadas durante su gestión, defendió las reformas impulsadas en el Congreso y proyectó un escenario de fortalecimiento parlamentario para La Libertad Avanza. También cargó contra la oposición, afirmó que el oficialismo volverá a imponerse en las próximas elecciones y prometió profundizar su programa de gobierno.
A poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, Javier Milei aprovechó su exposición ante la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Puerto Iguazú, para enviar un mensaje con fuerte contenido político, electoral y legislativo. Más allá de las referencias económicas, el Presidente centró parte importante de su discurso en reivindicar la agenda de reformas aprobada por el Congreso, cuestionar a la oposición y anticipar que una mejor performance electoral le permitirá acelerar los cambios que impulsa su administración.
Milei sostuvo que uno de los principales objetivos de su gobierno es consolidar reformas institucionales que limiten la discrecionalidad de futuras administraciones. En ese marco destacó la aprobación de la reforma del Banco Central para reforzar su independencia, el proyecto denominado “grillete fiscal” para impedir déficits en la administración pública y la iniciativa “Inocencia Fiscal II”, orientada, según explicó, a reducir controles estatales sobre los contribuyentes.
También reivindicó los avances parlamentarios en materia comercial, señalando la aprobación de acuerdos de libre comercio con Singapur y con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), así como el envío al Congreso de proyectos vinculados a la protección de la propiedad intelectual y a la apertura económica.
El Presidente aseguró que el oficialismo logró aprobar transformaciones que consideró históricas aun sin contar con mayorías propias. Entre ellas mencionó la Ley de Modernización Laboral, el presupuesto con equilibrio fiscal y modificaciones en la legislación ambiental.
En ese contexto, vinculó directamente el futuro de esas reformas con los resultados electorales. “Si nosotros replicamos un resultado parecido al del año pasado, vamos a tener mayoría en Diputados y vamos a estar a dos senadores de tener quórum en el Senado”, afirmó ante el auditorio. Y agregó una frase que sintetizó el tono político de su intervención: “Si con este Congreso hicimos todas esas reformas, abróchense los cinturones porque ahí sí van a ver lo que es acelerar a fondo”.
“Durante el debate de la reforma del Banco Central en la Cámara de Diputados vimos dirigentes opositores llorando porque no podrían ejecutar la política monetaria que a ellos les gusta, que no es otra cosa que la de mantener la maquinita prendida los 365 días del año, tal como vimos en el 2023”.
La mirada electoral atravesó buena parte de sus definiciones. Milei sostuvo que las próximas elecciones servirán para consolidar el rumbo de su gestión y vaticinó una nueva victoria del oficialismo. Al referirse a la oposición, señaló que “el año que viene les vamos a ganar, porque dudo que los argentinos sean tan tontos de querer volver al pasado”.
En varios pasajes vinculó las dificultades económicas y financieras registradas durante su gestión con acciones impulsadas desde la oposición. Mencionó los supuestos intentos de juicio político promovidos en su contra y denunció que sectores opositores buscaron desestabilizar al Gobierno mediante proyectos legislativos destinados, según su visión, a romper el equilibrio fiscal.
El mandatario también reivindicó los resultados obtenidos en las elecciones legislativas previas, al señalar que el rumbo oficial “fue validado por los argentinos en las urnas”. A su juicio, ese respaldo electoral constituye una señal para los mercados y para quienes analizan inversiones de largo plazo en el país.
Las críticas opositoras ocuparon otro tramo central de su exposición. Cuestionó particularmente a dirigentes que se opusieron a la reforma del Banco Central y sostuvo que durante el debate parlamentario algunos legisladores se resistieron a perder herramientas de emisión monetaria. Asimismo, atacó a referentes económicos vinculados al kirchnerismo y volvió a asociar al peronismo con las políticas que, según afirmó, llevaron a la Argentina a la inflación y el déficit fiscal.
De cara al tramo final de su mandato, Milei insistió en que el objetivo es dejar institucionalizados cambios que resulten difíciles de revertir por futuros gobiernos. “Es la primera vez que alguien desde el Estado le quita poder al Estado”, afirmó, al defender las reformas impulsadas durante estos casi tres años de gestión.
Así, más que una exposición económica ante ejecutivos de finanzas, el discurso en Misiones terminó siendo una pieza política orientada a mostrar al oficialismo como una fuerza en expansión parlamentaria, convencida de que las próximas elecciones serán decisivas para profundizar su programa de reformas y consolidar un nuevo equilibrio de poder en el Congreso.
La Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal II y el tratado de Patentes, en una jornada favorable para el oficialismo. Sin embargo, la oposición consiguió exhibir mayoría en votaciones sensibles y se prepara para una sesión clave.
Con una larga sesión en la Cámara baja (15 horas y media) en la que consiguió aprobar dos de los proyectos que más interesan a Javier Milei, el gobierno se sacó un poco la mufa que arrastraba desde el debate de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Que salió aprobada, pero que perdió en el camino buena parte de su esencia, y -lo que es peor- tiene destino incierto en Diputados, donde ni siquiera ha sido puesta en agenda para comenzar su tratamiento en comisiones.
En Diputados, despachó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, de la que tanto venía hablando el Presidente, que celebró enseguida su aprobación, admitiendo que a la ley le falta aún una escala: “Ahora, a pelearla en el Senado”, posteó un inusualmente medido Javier Milei.
Pero sorprendió la amplitud obtenida en la votación general: 144 votos afirmativos. No se puede quejar tampoco con Inocencia Fiscal II, que más allá de las chicanas que deslizó la oposición durante todo el debate -llegó a llamarla ‘la ley Bettina’, en referencia a la esposa de Manuel Adorni-, consiguió también una aprobación holgada, con 139 votos.
Ni qué decir del tratado por Patentes, aprobado con 147 votos a favor.
En rigor, fue una muy buena cosecha de parte del oficialismo, teniendo en cuenta que los temas que se debatieron a continuación fueron todos aprobados por unanimidad, con guarismos que fueron desde 203 a los 231 votos a favor. Correspondiendo ese último resultado al que obtuvo la rebaja del IVA a la mandioca, una concesión del oficialismo a los misioneros, que ahora responden al actual gobernador y ya no como en el último cuarto de siglo a Carlos Rovira.
Precisamente desde ese proyecto hasta el final de la sesión de Diputados fueron tratados temas promovidos por la oposición dialoguista, producto de un acuerdo surgido de la recomendación de los aliados más cercanos, cuestión de atender los deseos de quienes en cada sesión y desde hace dos años y medio le ponen el cuerpo a defender proyectos del Ejecutivo.
No solo le sirvió al gobierno para asegurar el respaldo a los temas propios, sino incluso para evitar que la sesión se cayera. Es que pasada la medianoche, cuando concluía el debate del acuerdo por Patentes y el diputado kirchnerista Horacio Pietragalla denunció que se había cruzado con una persona, invitada por un diputado libertario, que supuestamente exhibía alegremente una imagen del dictador Videla, reivindicándolo. Como suele suceder en esos casos, la discusión se salió de madre, pese a las promesas oficiales de identificar al sujeto, pero cuando oficialistas advirtieron “intenciones de pudrirla” para hacer caer la sesión, el propio diputado denunciante bajó los decibeles y concedió que el sujeto en cuestión ya no estaba.
Además de haberse postergado la votación sobre Patentes, más de una docena de proyectos de la oposición hubieran quedado pendientes, entre ellos la Ley Joaquín, que establece medidas obligatorias de seguridad, sujeción y mantenimiento para arcos deportivos, aros, postes y juegos recreativos en espacios públicos y privados. Los padres de Joaquín Logatto -el niño de 12 años muerto en enero pasado al caérsele encima un arco de fútbol en un campamento en Neuquén y quien inspiró esta ley-, que estaban desde temprano siguiendo la sesión desde uno de los palcos, se hubiesen ido con las manos vacías. Y si bien se trataba de un proyecto apoyado por todos los sectores, su autora es una senadora camporista. Por algo el proyecto había sido incluido cuando el temario ya estaba cerrado, y en último lugar.
Los padres de Joaquín Logatto en uno de los palcos del recinto de Diputados.
Pero no todas fueron buenas noticias para el oficialismo, claro está. En la primera parte de la sesión, la oposición consiguió -aunque sin haber logrado el objetivo final- una victoria contundente. Fue en el marco de las mociones de apartamiento, en la que se intenta -siempre a sabiendas de lo imposible de conseguirlo- incluir el tratamiento de proyectos sobre tablas. Pasó así con los proyectos sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad -que necesitaban las ¾ partes de los presentes para ser abordados-, que sorpresivamente consiguieron 133 votos a favor. Esto es, mucho más de los 129 necesarios para abrir una sesión, razón por la cual al día siguiente la oposición pidió una sesión especial para el 9 de septiembre a fin de tratar ambos temas. Está claro que, pese a tales resultados en esas dos votaciones consecutivas que tuvieron lugar el miércoles, nada garantiza que esos votos se vayan a mantener dentro de dos semanas. El miércoles pasado votar afirmativamente era “gratis”, pues se sabía que no podía llegar la oposición al número necesario para afectar al gobierno; ahora es distinto y el gobierno ya está trabajando para desactivar la sesión.
Dos veces consecutivas marcó este resultado el tablero, favorables a la oposición.
Por lo pronto, ya convocó a una reunión de la Comisión de Finanzas para el miércoles próximo a las 13.30, con invitados para abordar la temática de la emergencia en materia de sobreendeudamiento en el sistema de crédito. La tardía inclusión del tema en el debate dará pie a algunos que votaron afirmativamente o se abstuvieron, a cambiar su postura el día 9, en una sesión que la oposición que la convocó no piensa bajar. Tampoco es que ese día se vaya a encaminar todo: en la sesión se intentará primero el tratamiento sobre tablas, que no conseguirá por necesitar 2/3 que la oposición no tiene, y luego se irá por el emplazamiento a las comisiones para tratar el tema y dictaminar a plazo fijo. Luego será el turno definitivo del recinto.
La oposición celebra, eso sí, haber cambiado el clima imperante desde el resultado electoral de octubre del año pasado. Después de un año legislativo en el que la oposición había conseguido dominar la agenda, el miércoles pudo finalmente conseguir una agenda común e imponérsela al oficialismo.
El gobierno, a través de sus voceros oficiales y mediáticos, retrucó exhibiendo la foto de la conferencia de prensa desarrollada mientras transcurría la sesión, con kirchneristas y miembros de la izquierda en primera fila. El aparato oficial salió a alertar con el supuesto advenimiento de una coalición electoral que uniera a peronistas de todo tipo con la izquierda, lilitos y otras expresiones de centro. La verdad sea dicha, no había allí una coalición que excediera los límites legislativos, tal cual sucedió a lo largo de todo 2025. Año en el que, dicho sea de paso, La Libertad Avanza ganó de manera contundente las legislativas.
Al día siguiente sesionó el Senado. Sin tratar la ley de Hojarasca, demostrando que hay muy poca empatía en esa Cámara con los proyectos de Federico Sturzenegger. Sí se votó otra tanda de pliegos judiciales, en la que descollaban los nombres de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para integrar la estratégica Cámara Federal porteña, un tribunal clave porque trata las causas de corrupción, varias que incomodan al gobierno por incluir a funcionarios y a los propios hermanos Milei.
Bertuzzi fue rechazado por el bloque de José Mayans, pero consiguió 44 votos a favor. Un montón. Yadarola salió por unanimidad, junto a otros 65 nombramientos de jueces, fiscales y defensores que completan hasta ahora una lista de unas 170 designaciones, más de la mitad de las vacantes que había en el Poder Judicial al asumir Milei.
El peronismo, que salvo excepciones no rechaza esos pliegos, reconoce la eficacia de esta gestión en la materia, al contrastarlo con la experiencia propia: durante la gestión de Alberto Fernández no aprobaron designaciones judiciales, a pesar de tener mayoría en el Senado. Algo que reconocen públicamente como inexplicable.
Mientras tanto el Presidente tuvo una semana en la que bajó línea ante sus legisladores -el martes en la Rosada- y estudiantes secundarios -el jueves en el colegio ORT-. Su único discurso público fue este último, y sobresalió el destrato a opositores, el calificativo de “satánico” dedicado al marxismo y el pedido de abuchear al periodismo en general. Más de lo mismo, superado por las características de su auditorio.
Sorprendió la defensa pública de exmiembros de Juntos por el Cambio, autocalificados republicanos que hoy justifican todo lo que deploraban del kirchnerismo.
En esa primera fila están los del Pro, que tuvieron la segunda reunión con LLA de una mesa creada recientemente y que prometieron mantener viva cada dos semanas. Se ignora eralmente lo que allí conversan, pero mientras tanto Karina Milei y su lugarteniente Pilar Ramírez continuaban sus recorridas de campaña por la Ciudad, al tiempo que el bullrichista libertario Juan Pablo Arenaza proclamaba el viernes: “Queremos gobernar CABA y estamos preparándonos para eso”.
Dos días antes, el bloque Pro era el único aliado que apoyaba a La Libertad Avanza en las mociones en las que la oposición se alzaba con sendas victorias por 133 votos.
El resultado fue de 139 votos afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones. Provincias Unidas votó dividido. Hubo 5 ausentes.
Afirmativos
La Libertad Avanza (94)
Sabrina Ajmechet, Carlos Alberto Almena, Lisandro Almirón, Bárbara Andreussi, Pablo Ansaloni, Damián Arabia, Belén Avico, Atilio Basualdo, Mónica Becerra, Beltrán Benedit, Bertie Benegas Lynch, Rocío Bonacci, Alejandro Bongiovanni, Gabriel Bornoroni, Adrián Brizuela, Eliana Bruno, Mariano Campero, Alejandro Carrancio, Giselle Castelnuovo, Abel Chiconi, Facundo Correa Llano, Romina Diez, Nicolás Emma, Alejandro Fargosi, Alida Ferreyra, Sergio Figliuolo, María Gabriela Flores, Maira Frías, María Virginia Gallardo, Álvaro García, Carlos García, Silvana Giudici, Rosario Goitia, Alfredo Gonzales, María Luisa González Estevarena, Maura Gruber, Jairo Guzmán, Diego Hartfield, Patricia Holzman, Gerardo Huesen, Gladys Humenuk, María Cecilia Ibáñez, Andrés Ariel Laumann, Lilia Lemoine, Andrés Leone, Mercedes Llano, Enrique Lluch, Johanna Sabrina Longo, Lorena Macyszyn, Álvaro Martínez, Martín Matzkin, Nicolás Mayoraz, Julieta Metral Asensio, Soledad Molinuevo, Soledad Mondaca, Guillermo Montenegro, Juan Pablo Montenegro, Francisco Morchio, Julio Moreno Ovalle, Gabriela Luciana Muñoz, Miriam Niveyro, Joaquín Ojeda, Sebastián Pareja, Marcos Patiño Brizuela, Santiago Pauli, Agustín Pellegrini, Federico Agustín Pelli, José Peluc, Luis Petri, María Lorena Petrovich, Luis Albino Picat, María Celeste Ponce, Manuel Quintar, Valentina Ravera, Verónica Razzini, Karen Reichardt, Gastón Riesco, Gonzalo Roca, Miguel Rodríguez, Laura Rodríguez Machado, Juliana Santillán Juárez Brahim, Santiago Santurio, Laura Soldano, Yamile Tomassoni, Rubén Darío Torres, Aníbal Tortoriello, José Federico Tournier, César Treffinger, Hernán Urien, Patricia Vásquez, Andrea Fernanda Vera, Lorena Villaverde, Gino Visconti y Carlos Raúl Zapata.
Pro (12):
Martín Ardohain, Emmanuel Bianchetti, Fernando De Andreis, María Florencia De Sensi, Daiana Fernández Molero, Alejandro Finocchiaro, Alicia Fregonese, Antonela Giampieri, Álvaro González, Cristian Ritondo, Javier Sánchez Wrba y Martín Yeza.
UCR (6):
Guillermo César Agüero, Gerardo Cipolini, Diógenes Ignacio González, Lisandro Nieri, Darío Schneider y Pamela Verasay.
Argentina Federal (9):
Claudio Álvarez, Alberto Arrúa, Bernardo Biella, Gerardo Gustavo González, Oscar Herrera Ahuad, Pablo Outes, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik y Yolanda Vega.
Provincias Unidas (5):
Sergio Capozzi, José Núñez, Jorge Rizzotti, Gisela Scaglia y María Inés Zigarán.
Independencia (3):
Elia Marina Fernández, Gladys Medina y Javier Noguera.
Producción y Trabajo (2):
Carlos Gustavo Jaime Quiroga y Nancy Viviana Picón Martínez.
Elijo Catamarca (3):
Fernanda Ávila, Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega.
MID (2):
Eduardo Falcone y Oscar Zago.
La Neuquinidad (1):
Karina Maureira.
Adelante Buenos Aires (1):
Karina Banfi
Por Santa Cruz (1):
José Luis Garrido.
Negativos (110)
Unión por la Patria (91):
Hilda Aguirre, Ernesto "Pipi" Ali, Cristian Andino, Javier Andrade, Jorge Neri Araujo Hernández, Martín Aveiro, Marcelo Barbur, Luis Basterra, Gustavo Bordet, Alejandrina Borgatta, Santiago Cafiero, Celia Campitelli, Julieta Marisol Campo, Lucía Cámpora, Florencia Carignano, Sergio Casas, Carlos Castagneto, Jorge Chica, Carlos Cisneros, Ricardo Daives, María Graciela De la Rosa, Fernanda Díaz, Sergio Dolce, Gabriela Estévez, Emir Félix, Abelardo Ferrán, Andrea Freites, Sebastián Galmarini, María Teresa García, Diego Giuliano, José Glinski, Juan Grabois, Ramiro Gutiérrez, Raúl Hadad, Itai Hagman, Ana María Ianni, Máximo Kirchner, Aldo Leiva, Jimena López, Cecilia López Pasquali, Juan Pablo Luque, Marcelo Mango, Mario Manrique, Marianela Marclay, Varinia Lis Marín, Juan Marino, Germán Martínez, Guillermo Michel, Fernanda Miño, Juan Carlos Molina, Matías Molle, Roxana Monzón, Cecilia Moreau, Hugo Moyano, Jorge Mukdise, Estela Neder, Kelly Olmos, Blanca Osuna, Sergio Palazzo, Claudia Palladino, María Graciela Parola, Gabriela Pedrali, Paula Penacca, Horacio Pietragalla Corti, Lorena Pokoik, Luciana Potenza, Agustina Propato, Ariel Rauschenberger, Santiago Roberto, Agustín Rossi, Marina Salzmann, Nancy Sand, Sabrina Selva, Adriana Serquis, Vanesa Siley, Guillermo Snopek, Julia Strada, Jorge Taiana, Rodolfo Tailhade, Caren Tepp, Paulo Agustín Tita, Pablo Todero, Victoria Tolosa Paz, Nicolás Trotta, Eduardo Valdés, María Elena Velázquez, Luana Volnovich, Hugo Yasky, Pablo Yedlin, Natalia Zaracho y Christian Zulli.
Provincias Unidas (10):
Jorge Antonio Ávila, Carolina Basualdo, Juan Fernando Brugge, Mariela Coletta, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Pablo Juliano, Martín Lousteau, Esteban Paulón y Juan Schiaretti.
Frente de Izquierda (4):
Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Juan Carlos Giordano y Romina Del Plá.
Encuentro Federal (1):
Nicolás Massot.
Coalición Cívica (1):
Maximiliano Ferraro.
Defendamos Córdoba (1):
Natalia De la Sota.
Primero San Luis (1):
Jorge Fernández.
Coherencia (1):
Marcela Pagano.
Abstenciones (2)
Provincias Unidas:
Lourdes Arrieta y Alejandra Torres.
Ausentes (5):
Pablo Farías (Provincias Unidas)
Mónica Frade (Coalición Cívica)
José Gómez (UP)
Moira Lanesan Sancho (UP)
Miguel Angel Pichetto (Encuentro Federal)
Se trata de una nueva etapa del régimen, con el objetivo de que ingresen al sistema financiero dólares que están fuera del circuito oficial. El proyecto recibió 139 votos positivos, 110 negativos y 2 abstenciones.
La Cámara baja aprobó y giró al Senado el proyecto de ley de "Inocencia Fiscal II", cuyo objetivo es sumar contribuyentes a este régimen, dado que desde el Gobierno estiman que hay unos 170 mil millones de dólares fuera del sistema financiero. Luego de dos horas de debate, la iniciativa recibió 139 votos positivos, 110 negativos y 2 abstenciones.
A pedido de los aliados, en el dictamen del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se establecieron límites para funcionarios, a raíz del antecedente Manuel Adorni.
Entre los principales cambios, con el fin de incentivar a los ahorristas, se eliminan los topes de ingresos y patrimonio que rigen para acceder al régimen y se flexibiliza el concepto de "discrepancia significativa", sobre lo declarado por el contribuyente y lo detectado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Tras la votación en general, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado no aceptó propuestas de modificación y solicitó la votación de forma nominal por título, que resultó con 143 votos afirmativos, 108 negativos.
De esta manera, el Título 1 (comprende Capítulo 1 -con art. 1 y 2-, y Capítulo 2 -art.3 al 13-), el Título 2 (art. 14 al 16), Título 3 (art 17 al 18) y Título 4 (art 19) cosecharon 139 votos afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones.
Los dictámenes
Como miembro informante, la diputada Laura Rodríguez Machado (LLA) respaldó el dictamen de mayoría del Poder Ejecutivo que modifica la Ley de Inocencia Fiscal y que “corrige la del procedimiento tributario”.
“Esta ley requería algunas modificaciones o aclaraciones, ya que su funcionamiento generó la necesidad de algunas precisiones dentro de su contenido”, afirmó la cordobesa y explicó que la ley “lo que hace es una cuestión muy sencilla, pero revolucionaria que es confiar más en el contribuyente que trabaja y paga sus impuestos, y no tomarlo como un sospechoso por el solo hecho de haberse protegido durante las épocas de hiperinflación, donde no se podía ahorrar, con una escudo protector que fue el ahorro en la informalidad”.
“Tuvimos tanta inflación que somos unos de los pocos países que gana en pesos, pero ahorra en dólares y eso genera una sospecha permanente de que miles de ciudadanos que trataban de proteger sus ahorros, eran delincuentes”, apuntó la libertaria y comparó: “En esas circunstancias actuó el ex AFIP generando inspecciones sobre pequeños ahorristas, dejando pasar a los grandes yates, viviendas, mansiones como si nada. Ahora ARCA tiene una instrucción precisa de saber a quién tiene que investigar a aquellos donde hay discrepancia de determinados montos de que genere sospechas con ingresos que no corresponden”.
La cordobesa indicó que la ley está para “los pequeños contribuyentes, generó sospechas”, y comentó que los bloques, que habían acompañado el despacho, pidieron analizar la posibilidad de que los funcionarios públicos queden afuera de la Inocencia Fiscal y aclaró: “Es una presunción de inocencia, no se les perdona el delito, no es que no se los investiga. Cualquier persona que se adhiera y se le haga una denuncia por una cuestión ilícita puede ser investigado. No obstante, los funcionarios tienen que presentar su declaración jurada ante la Oficina de Anticorrupción”.
“No dudamos un minuto de eliminar a los funcionarios públicos de los beneficios de la Ley de Inocencia Fiscal. No nos tiembla el pulso cuando se trata de generar transparencia y menos impunidad”, respaldó y apuntó contra el bloque de UP: “No sé de qué se van a disfrazar cuando voten en contra”. Así, remarcó: “La Ley de Inocencia Fiscal se hizo para los pequeños contribuyentes que fueron tanto tiempo perseguidos y, también, estigmatizados cuando decían que ahorraban en dólares”.
Rodríguez Machado concluyó: “Los funcionarios ya, a partir de la sanción, no van a tener más la posibilidad de adherir a los beneficios de la Ley de Inocencia Fiscal y vamos a agregar que se mantiene para los funcionarios la decisión de que todos sus vínculos parentescos y cercanas siguen siendo personas políticamente expuestas de manera tal, que tienen que informar cuándo tienen una transacción comercial, abren una cuenta bancaria y exteriorizan la moneda”.
“Nosotros no queremos impunidad ni buscamos amnistía ni protegernos en una ley, los diputados nacionales vamos a votar para salir de la Ley de Inocencia Fiscal y fíjense quiénes no votan. Una cosa es el relato y otra cosa son los hechos”, disparó contra la bancada kirchnerista. Además, comentó que incorporaron una disminución de la presión fiscal en las multas que “se van a reducir un 25% las multas formales y se estableció un régimen de excepción para aquellas multas vencidas que vuelvan a la formalidad en un 50%. Ese alivio para las PyMES fue bien recibido porque también aplica a personas”.
La diputada aclaró que no van a tener los beneficios del nuevo régimen los grandes contribuyentes, las personas jurídicas, los que no tengan residencia fiscal en el país. “Es una ley para la gente, para los argentinos cuyo único escudo protector para las políticas inflacionarias del kirchnerismo fue el ahorro informal”.
A continuación, por el dictamen de minoría del bloque de UP habló el pampeano Ariel Rauschenberger quien aseguró que el proyecto oficialista no “se trata de una simplificación tributaria porque es mucho más que eso”, y planteó que “si fuese una simplificación administrativa no estaríamos hablando de presunciones legales, de períodos de pruebas, prevención de lavado de activos”.
“Esto es un proyecto que plantea casi un blanqueo de dinero para operaciones inmobiliarias y una presión hacia la UIF para que modifique la normativa de lavado de activos, porque es lo que está complicando que el sistema funcione”, cuestionó.
El pampeano también señaló que “las modificaciones que le introdujeron se amplía el universo de quienes van a estar beneficiados porque dice que es para beneficiar a los pequeños y medianos contribuyentes para simplificarles la vida, pero el límite de mil millones de pesos de ingreso y de 10 mil millones de pesos de patrimonio se eliminan por lo tanto deja de ser beneficioso para los pequeños y medianos, e ingresan los que tienen mayor capacidad contributiva”.
También criticó la “reducción deliberada de la capacidad fiscalizadora del ARCA para controlar fondos no justificados. Defender esa capacidad no significa vender la arbitrariedad del Estado, sino defender tener un sistema impositivo que sea equitativo y tenga herramientas de fiscalización”, y alertó que “este dictamen modifica la discrepancia significativa que es la diferencia entre lo que la persona declara y lo que ARCA determina, pero se le restringen las facultades al ARCA y se elevan las barreras para que una inconsistencia sea considerada relevante. Esto tiene consecuencias porque aplica la prescripción porque pasan 3 años en vez de 5 años”.
Rauschenberger también alertó que “hay restricción para levantar pruebas y se deroga el inciso G del artículo 18 de la Ley 11.683 que permite el cruzamiento entre los depósitos bancarios que tenga la persona con los que declaró como ingreso por su facturación”. En esa línea, planteó: “Otro capítulo que nos preocupa es la prevención del lavado de activos porque el proyecto considera cumplido el requisito de canalización cuando el sistema financiero formal intervenga en el origen o destino de la operación, esto no acredita la procedencia económica originaria de los fondos. El régimen tiene características que exceden a una simplificación tributaria y bancarización”.
Por último, alertó que el dictamen de mayoría “se le aproxima a un blanqueo” porque “facilita la incorporación de fondos no declarados al circuito formal, limita la revisión. La reducción del 25% a las PyMES lo hace de forma homogénea sigue tratando de la misma manera a situaciones diferentes. Propusimos la cuestión de la capacidad contributiva, escalas diferenciadas por tamaño y haya reducciones según la categoría de la empresa. La propuesta es imparcial e insuficiente”.
“Nosotros no rechazamos la simplificación tributaria. No rechazamos la incorporación de recursos al circuito formal. No rechazamos la garantía del contribuyente frente a la arbitrariedad del Estado. Si rechazamos que esos objetivos sean utilizados para justificar menos control, menos trazabilidad y mayores beneficios para quienes poseen mayor capacidad económica. No puede haber seguridad jurídica solamente para quienes adhieran a la inocencia fiscal, tiene que haber seguridad jurídica para quien cumple, para quien paga, para quien produce y para una sociedad que también necesita tener una recaudación tributaria justa y equitativa. Así, se premia la evasión y el esfuerzo termina recayendo sobre los pagadores de siempre. Por eso rechazamos este proyecto”, remató.
Por el bloque Provincias Unidas, la diputada Mariela Coletta argumentó el dictamen de rechazo y calificó la iniciativa del Ejecutivo como “inoportuna, desubicada, injustificada y perjudicial para las instituciones”. En esa línea, señaló que los beneficiados son “los sectores que planifican la evasión, que defienden la fuga de capitales y no creen en la redistribución de riquezas”.
“Este proyecto es de ‘obscenidad fiscal’ porque el otro no alcanzó a contentar a los amigos que tienen los dólares en el colchón. Mientras tanto el Gobierno se niega a transparentar cuántos fueron los funcionarios que ingresaron al Régimen estos meses”, cuestionó y resaltó: “Este proyecto no aplica para los que ya ingresaron. Es inevitable hablar del caso de Manuel Adorni”.
Coletta chicaneó: “Vi el esfuerzo de los diputados oficialistas por endulzar este proyecto y su verdadero propósito. Para los grandes evasores que no pueden justificar su patrimonio se redactan leyes de Inocencia Fiscal a la carta. Es un concepto vacío. El Congreso debería debatir una reforma tributaria de base y real. Propongo el rechazo a este proyecto”.
Previsiblemente, desde la izquierda el diputado Nicolás del Caño defenestró la propuesta, que a su juicio “premia a los grandes evasores y busca garantizarles impunidad”. Recordó que hace un año el proyecto de Inocencia Fiscal original “se presentó con bombos y platillos”. Y recordó que entonces fue presentado nada menos que por José Luis Espert y el presidente Javier Milei.
“El narcodiputado Espert es el promotor de esta ley de inocencia fiscal, y se benefició justo él, con (Manuel) Adorni, y otros funcionarios… ¡Viva la joda!”.
No obstante, advirtió que ahora los funcionarios encontraron que había algunos problemas, si bien pasaron apenas ocho meses y por eso decidieron: “Vamos a quitar los topes, mil millones de ingresos y 10 mil millones en patrimonio… Quitamos cualquier límite, pero bueno, claramente esto está mostrando que antes podían decir ‘bueno, vamos al pequeño contribuyente’… Ahora dicen con claridad que apuntan a los grandes evasores, a esa gente vamos a beneficiar”.
A su turno, el diputado Pablo Juliano (Provincias Unidas) chicaneó y tituló el proyecto como “la Ley Bettina” en referencia a la esposa del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, que “nos tomó el pelo a todos”, y apuntó: “Es una ley sastre a medida. Se criminaliza al que esté empeñado, pero al que más tiene le perdonamos la vida”.
“Elimina los límites económicos y topes para acceder. Ahora no, que vengan con cualquier plata… ¿A quiénes estamos apuntando cuando corremos los límites de millones de pesos? ¿A qué argentino le están hablando? ¿Qué Argentina quieren edificar? No voy a acompañar ese proyecto cuando se presumen que la mayoría de las personas son culpables por no llegar a fin de mes”, concluyó.
Su par la diputada Gisela Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas, explicó durante el tratamiento del proyecto de Inocencia Fiscal: “No podemos admitir que un funcionario público se excuse en la inocencia fiscal para explicar cómo consiguió los bienes que tiene. Eso, indudablemente, estaba mal y prefiero esta ley a la que teníamos. La gente está viendo cómo nos comportamos y, sobre todo, qué leyes legislamos. Nos falta ahora incorporar también a los familiares, que deben seguir sujetos a las obligaciones que corresponden a las personas políticamente expuestas”.
Un funcionario público no puede ampararse en la inocencia fiscal para explicar cómo consiguió los bienes que tiene. Eso estaba mal y había que corregirlo.
Acompañé esta modificación porque avanza en esa dirección. Quienes tenemos una responsabilidad pública tenemos que estar… pic.twitter.com/BWDKpUtuCA
— Gisela Scaglia (@GiScaglia) August 27, 2026
En su intervención, el diputado Juan Grabois (UP) apuntó: “Son todas las leyes iguales para los de arriba, mientras el 99% restante los estafan. Inocencia Fiscal le ponen… ¡qué cara rotas! Es la característica del Gobierno, convierte en culpable a los inocentes. Convierte por ley en inocentes a los evasores”, y resumió: “Este es un Estado benefactor para los ricos, se burlan de los trabajadores y de los pobres”.
En favor de la iniciativa habló el salteño libertario Carlos Zapata quien manifestó que se trata de “modificar y mejorar” la Ley ya aprobada y acusó a la oposición de “destrucción del país, son una clase especial de therians, son zánganos que se auto perciben obreros”. Así, explicó que se busca simplificar la vida del contribuyente y “bajar la complejidad y facilitar al contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Se amplían los sujetos comprendidos, se limitan beneficios a políticos y se establecen beneficios a PyMES”.
A su turno, Martín Lousteau (Provincias Unidas) cuestionó duramente la ley de Inocencia Fiscal II, de la que dijo irónicamente: “Parece la segunda parte de una película: Inocencia Fiscal I, Inocencia Fiscal II; ya sabemos lo que se dice de las segundas partes… En este caso, la primera era un desastre también, así que no veo porqué la segunda va a mejorar”, señaló, y concluyó: “Hay algunos que cambiaron de opinión entre la segunda y la primera; hay otros que seguimos pensando que la saga entera es un desastre”, y confirmó el rechazo de parte de su bancada.
En otro pasaje criticó duramente al ex jefe de Gabinete y al exdiputado José Luis Espert: “Adorni fue uno de los primeros que adhirió a esta ley, Adorni y la mujer. La verdad que podríamos llamarla ‘ley contra la persecución de los evasores seriales, narcos y corruptos’, o si quieren un nombre más corto, ‘ley de facilitación e impunidad de la evasión’. O si quieren otro más corto: ‘ley Adorni-Espert’”.
No les alcanzó con la hipocresía de la Inocencia Fiscal I. Ahora van por una segunda versión todavía más escandalosa.
Esta norma debilita los controles del Estado, facilita el lavado de activos y abre la puerta al blanqueo de fondos de origen ilícito.
Una medida que contradice… pic.twitter.com/U7oTlmLmLc
— Jorge Taiana (@JorgeTaiana) August 27, 2026
Al cierre del debate, el santafecino Nicolás Mayoraz (LLA) manifestó: “Nada de lo que se dijo como crítica de esta ley es cierto. Leer el dictamen que vamos a tratar permite despejar dudas. Ninguna de las críticas que exponen tiene sustento, mucho menos en una ley que reforma otra y que, lejos de haber sido una modificación para lograr el éxito, el éxito se logró con la primera norma porque el 65% se adhirió. Es falso que fue un fracaso. Es falso que no hay más controles".
La ley original, sancionada a fines de 2025, que estableció un régimen simplificado de Ganancias -al que se adhirió el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito-, no obtuvo los resultados esperados por la administración libertaria, que ahora propone la eliminación de los topes de $1.000 millones y $10.000 millones respecto a los ingresos y el patrimonio, respectivamente, para poder ingresar al régimen.
Sobre esto, el PEN argumentó que "se dispone una apertura del universo de contribuyentes que pueden adherir al régimen, permitiendo que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esta modalidad simplificada, democratizando así el acceso a herramientas que facilitan el cumplimiento de las obligaciones tributarias".
Además, mediante la iniciativa, se redefine el concepto de "discrepancia significativa" que habilita a la ARCA a impugnar la declaración jurada simplificada y, como consecuencia de ello, la presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas del impuesto a las Ganancias y del IVA, correspondientes a los períodos no prescriptos.
Dicha discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15% respecto de lo declarado por el contribuyente; cuando la diferencia supere la suma fijada en el artículo 1° del Régimen Penal; o cuando la impugnación obedezca a la utilización de facturas u otros documentos apócrifos o al cómputo improcedente de ingresos directos.
Asimismo, se incorpora un umbral mínimo equivalente al 5% del monto previsto en el artículo 1° de dicho régimen penal, por debajo del cual no se configurará discrepancia significativa aun cuando se supere el porcentaje indicado.
Se determina que "no se considerará la diferencia que se produzca entre la declaración jurada simplificada original y la rectificativa, en la medida que esta última sea presentada por el contribuyente en un plazo no mayor a los 15 días hábiles de notificada la liquidación administrativa o la resolución de determinación de oficio" y "los saldos de impuesto que surjan de esa declaración jurada rectificativa, con más sus intereses, sean debidamente cancelados y/o regularizados".
Durante el debate en comisiones, y a pedido de los dialoguistas, se establecieron límites para los funcionarios: si bien podrán hacer uso del sistema simplificado únicamente como un canal operativo para la presentación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias y la cancelación del saldo correspondiente, bajo ninguna circunstancia gozarán de la presunción de exactitud, de la liberación de fiscalizaciones ni de ningún beneficio o inmunidad tributaria del régimen. Tampoco aplicará para ellos la discrepancia significativa.
La exclusión abarca a todas las personas que ejerzan o hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública, en los tres poderes del Estado, dentro de los últimos 5 años anteriores a la fecha de adhesión y hacia adelante.
Por otra parte, con el fin de atenuar la presión punitiva sobre el sector productivo e incentivar la regularización voluntaria, se establece un marco de reducción automática de sanciones y armonización con el Régimen Penal Tributario, entre las que se contempla una reducción del 25% en multas formales aplicables a las MicroPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.
En la que representa su primera sesión luego del receso invernal, la Cámara baja se propone votar este miércoles proyectos prioritarios para el Poder Ejecutivo, que incluyen además un tratado con Singapur y, sobre todo, el acuerdo sobre Patentes. El temario incluye una batería de iniciativas impulsadas por aliados dialoguistas para asegurar apoyos.
La Cámara de Diputados realiza desde las 12.17 su primera sesión después del receso invernal, con un temario que conjuga iniciativas muy requeridas por el Poder Ejecutivo y más de una decena de iniciativas con las que el Gobierno busca satisfacer a la oposición dialoguista.
El primero de los temas incluidos en el temario es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa que define como misión central del organismo “la preservación del valor de la moneda nacional”. En ese sentido, elimina los objetivos múltiples definidos en la reforma de 2012 durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, bajo la presidencia de Cristina Kirchner.
A su vez, se establece la prohibición de que la entidad financie al Tesoro y se endurecen las condiciones para remover al presidente del BCRA y los integrantes directorio (exigiendo causales específicas), que, además de ser decretada por el Ejecutivo, deberá tener la aprobación de dos tercios de los presentes de ambas cámaras del Congreso.
El otro proyecto de peso en esta sesión es el conocido como de Inocencia Fiscal II. Entre los principales cambios, con el fin de incentivar a los ahorristas, se eliminan los topes de ingresos y patrimonio que rigen para acceder al régimen y se flexibiliza el concepto de "discrepancia significativa", sobre lo declarado por el contribuyente y lo detectado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La ley original, sancionada a fines de 2025, que estableció un régimen simplificado de Ganancias -al que se adhirió el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito-, no obtuvo los resultados esperados por la administración libertaria, que ahora propone la eliminación de los topes de $1.000 millones y $10.000 millones respecto a los ingresos y el patrimonio, respectivamente, para poder ingresar al régimen.
Sobre esto, el PEN argumentó que "se dispone una apertura del universo de contribuyentes que pueden adherir al régimen, permitiendo que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esta modalidad simplificada, democratizando así el acceso a herramientas que facilitan el cumplimiento de las obligaciones tributarias".
El temario incluye también el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la República de Singapur, y un tema que lleva décadas de tratamiento en el Congreso: el Tratado de Cooperación de Patentes con Estados Unidos. Dicho esto sin exagerar, ya que el tema tiene media sanción del Senado, una media sanción que data de 1998…
En efecto, el tema fue aprobado en esa Cámara en tiempos de Carlos Menem, el 16 de septiembre de 1998, pero nunca consiguió convertirse en ley. Tampoco sucederá eso este miércoles, dado que el dictamen de mayoría incluye una reserva en el artículo 2°, con lo que el texto volverá al Senado para su aprobación definitiva.
Un gesto para los dialoguistas
Concluido el tratamiento de esos cuatro temas, que demandará la mayor parte del tiempo de esta larga sesión, se dará paso al tratamiento de más de una docena de proyectos impulsados por diputados que forman parte de la oposición dialoguista. Comenzando por la reducción impositiva a la alícuota de la fécula de mandioca, un proyecto incorporado para lograr la adhesión de los cuatro diputados misioneros que estrenarán este mismo miércoles una nueva bancada en el recinto.
Sucede que luego de semanas de conversaciones entre Martín Menem y la oposición dialoguista, La Libertad Avanza accedió a llevar temas de interés de legisladores del espacio que le ha facilitado estos dos años y medio al oficialismo la aprobación de leyes.
El temario incluye una serie de declaraciones de capitales nacionales de varias ciudades y provincias. Incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la que a instancias de una diputada del Pro se busca declarar Capital Nacional del Teatro. La lista de declaraciones incluye a Chivilcoy como Capital Nacional del Coleccionismo; la provincia de San Juan como “cuna de Domingo Faustino Sarmiento” y Capital Nacional de la Educación; a Santa Cruz como Capital Nacional de la Natación de Aguas Frías, ya Tucumán como Capital Nacional del Ecoturismo, entre otras.
En el caso de San Miguel de Tucumán, se convertiría en ley en esta sesión el proyecto de las senadoras Sandra Mendoza y Beatriz Ávila para declararla “capital simbólica de la República Argentina el día 9 de julio de cada año”.
Además de esas declaraciones que promueven el turismo en las ciudades beneficiadas, también hay proyectos de legisladores afines para organizar cámaras judiciales: un proyecto de la tucumana Sandra Mendoza prevé la creación de dos salas en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, y una segunda sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, en este caso un proyecto del senador radical Maximiliano Abad.
Otra iniciativa prevista es la declaración como parte integrante del patrimonio inmaterial de la República Argentina de la celebración y peregrinación del denominado “Camino de Brochero”, impulsado por la senadora cordobesa Alejandra Vigo.
Por último, este martes se incluyó un tema más para el temario: la denominada Ley Joaquín, que establece requisitos de seguridad para instalaciones deportivas y recreativas, con el objetivo de prevenir accidentes causados por arcos, aros, postes y otros equipamientos. La iniciativa lleva el nombre de Joaquín Gatto, un niño de 12 años fallecido tras la caída de un arco de fútbol mal fijado.
En este caso, quien impulsa la norma es una diputada de Unión por la Patria, la bonaerense Luciana Potenza.
La Cámara baja retomará este miércoles la actividad en el recinto tras el receso invernal con una sesión que promete extenderse por varias horas. El oficialismo buscará aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II, mientras la oposición intentará avanzar con el debate sobre el endeudamiento de las familias y el Gobierno suma una batería de iniciativas impulsadas por aliados dialoguistas para asegurar apoyos.
La Cámara de Diputados abrirá este miércoles las puertas del recinto para realizar su primera sesión después del receso invernal, con un temario que conjuga iniciativas muy requeridas por el Poder Ejecutivo y más de una decena de iniciativas con las que el Gobierno busca satisfacer a la oposición dialoguista.
A partir de las 12, se iniciará una sesión en la que la oposición intentará colar un tema sobre el que viene trabajando intensamente los últimos días, que es la cuestión del endeudamiento de las familias. Un tema sobre el cual ya hay presentados más de 40 proyectos en las dos cámaras, pero que el oficialismo se resiste a llevar siquiera a las comisiones.
Precisamente por eso la oposición intentó ya en dos oportunidades forzar un apartamiento de reglamento para abordar ese debate en el recinto, instancia para la cual necesitaba una mayoría especial que nunca consiguió, ni conseguirá. Por eso este miércoles intentará forzar el debate de otra manera: con un emplazamiento a las comisiones a tratar el tema, por lo que la oposición más dura ha estado trabajando intensamente en la búsqueda de los votos necesarios para lograrlo.
Atento a eso es que ha despertado especial atención la conferencia de prensa que brindará el ministro de Economía, Luis Caputo, este mismo miércoles por la mañana, en la que se espera anuncie medidas económicas. La novedad se conoció este martes al cabo de la reunión de la mesa política y no se descarta que alguna de las medidas que vaya a anunciar pueda estar vinculada al tema del endeudamiento, a fin de desactivar adhesiones que pueda haber en la Cámara de Diputados.
No se informó la hora exacta de la presentación de Caputo, aunque deberá ser bien temprano si es que se pretende con ella influir sobre la sesión convocada para el mediodía.
En esa sesión, como dijimos, está previsto el tratamiento de temas especialmente caros para el Gobierno: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y el proyecto de ley de Inocencia Fiscal II.
El oficialismo confía en contar con los votos para ambos temas. Se verá al cabo de una sesión que se presume maratónica, al punto tal de estimar algunos unas 20 horas. Es que el temario tiene también el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la República de Singapur, y un tema que lleva décadas de tratamiento en el Congreso: el Tratado de Cooperación de Patentes con Estados Unidos. Dicho esto sin exagerar, ya que el tema tiene media sanción del Senado, una media sanción que data de 1998…
En efecto, el tema fue aprobado en esa Cámara en tiempos de Carlos Menem, el 16 de septiembre de 1998, pero nunca consiguió convertirse en ley. Tampoco sucederá eso este miércoles, dado que el dictamen de mayoría incluye una reserva en el artículo 2°, con lo que el texto volverá al Senado para su aprobación definitiva.
Un gesto para los dialoguistas
Concluido el tratamiento de esos cuatro temas, que demandará la mayor parte del tiempo de esta larga sesión, se dará paso al tratamiento de más de una docena de proyectos impulsados por diputados que forman parte de la oposición dialoguista. Comenzando por la reducción impositiva a la alícuota de la fécula de mandioca, un proyecto incorporado para lograr la adhesión de los cuatro diputados misioneros que estrenarán este mismo miércoles una nueva bancada en el recinto.
Sucede que luego de semanas de conversaciones entre Martín Menem y la oposición dialoguista, La Libertad Avanza accedió a llevar temas de interés de legisladores del espacio que le ha facilitado estos dos años y medio al oficialismo la aprobación de leyes.
El temario incluye una serie de declaraciones de capitales nacionales de varias ciudades y provincias. Incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la que a instancias de una diputada del Pro se busca declarar Capital Nacional del Teatro. La lista de declaraciones incluye a Chivilcoy como Capital Nacional del Coleccionismo; la provincia de San Juan como “cuna de Domingo Faustino Sarmiento” y Capital Nacional de la Educación; a Santa Cruz como Capital Nacional de la Natación de Aguas Frías, ya Tucumán como Capital Nacional del Ecoturismo, entre otras.
En el caso de San Miguel de Tucumán, se convertiría en ley en esta sesión el proyecto de las senadoras Sandra Mendoza y Beatriz Ávila para declararla “capital simbólica de la República Argentina el día 9 de julio de cada año”.
Además de esas declaraciones que promueven el turismo en las ciudades beneficiadas, también hay proyectos de legisladores afines para organizar cámaras judiciales: un proyecto de la tucumana Sandra Mendoza prevé la creación de dos salas en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, y una segunda sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, en este caso un proyecto del senador radical Maximiliano Abad.
Otra iniciativa prevista es la declaración como parte integrante del patrimonio inmaterial de la República Argentina de la celebración y peregrinación del denominado “Camino de Brochero”, impulsado por la senadora cordobesa Alejandra Vigo, esposa del exgobernador Juan Schiaretti.
Por último, este martes se incluyó un tema más para el temario: la denominada Ley Joaquín, que establece requisitos de seguridad para instalaciones deportivas y recreativas, con el objetivo de prevenir accidentes causados por arcos, aros, postes y otros equipamientos. La iniciativa lleva el nombre de Joaquín Gatto, un niño de 12 años fallecido tras la caída de un arco de fútbol mal fijado.
En este caso, quien impulsa la norma es una diputada de Unión por la Patria, la bonaerense Luciana Potenza.
El temario cuenta con 16 expedientes y el pedido tiene la firma de cinco representantes de gobernadores. Cuánto va a durar la sesión.
Foto: HCDN
Tal como adelantó parlamentario.com, el oficialismo en la Cámara de Diputados pidió abrir el recinto este miércoles 26 de agosto a las 12.00 para darle tratamiento a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BRCA) y al proyecto de ley de Inocencia Fiscal II. Además de los bloques aliados, cinco provincias acompañaron la solicitud de seisón especial con su rúbrica.
El temario está compuesto por 16 ítems que se completan con el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la República de Singapur; el Tratado de Cooperación de Patentes con Estados Unidos; y la reducción impositiva a la alícuota de la fécula de mandioca. Este último punto fue incorporado para lograr la adhesión de los cuatro diputados misioneros que estrenarán una nueva bancada en el recinto.
Luego de semanas de conversaciones entre Martín Menem y la oposición dialoguista, La Libertad Avanza accedió a llevar temas de interés de legisladores provinciales. El temario enviado para abrir el recinto el miércoles tendrá también los dictámenes para declarar Capital Nacional del Teatro a la Ciudad de Buenos Aires; y la localidad bonaerense de Chivilcoy, Capital Nacional del Coleccionismo.
El resto de los proyectos son la declaración a San Juan como Capital Nacional de la Educación; a Santa Cruz como Capital Nacional de la Natación de Aguas Frías; a Tucumán como Capital Nacional del Ecoturismo; y la creación de una Cámara de Apelaciones en Mar del Plata.
Con esta propuesta amplia de temario, el pedido de sesión especial cuenta con las firmas de Gabriel Bornoroni de La Libertad Avanza; Javier Sánchez Wrba y Alejandro Finocchiaro del Pro; Pamela Verasay del radicalismo; Gisela Scaglia de Provincias Unidas; los misiones Alberto Arrúa y Oscar Herrera Ahuad; la tucumana Gladys Medina; la sanjuanina Nancy Picón Martínez; el santacruceño José Garrido; la neuquina Karina Maureira; y Karina Banfi.
El pedido cuenta con los avales suficientes para que la sesión especial logre el quórum sin dificultad. Ante este escenario, fuentes del oficialismo revelaron a este medio que esperan una cita en el hemiciclo que supere las 16 horas.
El oficialismo buscará llevar al recinto en la última semana de agosto la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de “Inocencia Fiscal II”, ambos con dictamen reciente. El temario también incluiría la rebaja del IVA a la fécula de mandioca, el acuerdo comercial Mercosur-Singapur y otras iniciativas que ya quedaron habilitadas para su tratamiento.
Tras semanas intensas de trabajo en las comisiones, el oficialismo en Diputados se propone en la última semana de agosto abrir las puertas del recinto nuevamente para tratar dos de los proyectos que más interesan al Gobierno nacional. Hablamos de la reforma orgánica del Banco Central y el proyecto conocido como “Inocencia Fiscal II”, que precisamente obtuvieron dictamen el miércoles pasado.
La fecha concreta prevista es el miércoles 26 de agosto, luego de que se especulara originalmente con sesionar el próximo miércoles 19.
El proyecto referido al BCRA establece la prohibición de que la entidad financie al Tesoro; endurece las condiciones para remover al presidente del Central y los integrantes directorio (exigiendo causales específicas), que, además de ser decretada por el Ejecutivo, deberá tener la aprobación de dos tercios de los presentes de ambas cámaras del Congreso; prevé la eliminación de las reservas de libre disponibilidad. Asimismo fija cambios en la distribución de utilidades y un mecanismo para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo de la entidad, entre otros elementos.
Con una modificación anunciada el día de la firma del dictamen, según la cual si bien los funcionarios podrán hacer uso del sistema simplificado únicamente como un canal operativo para la presentación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias y la cancelación del saldo correspondiente, bajo ninguna circunstancia gozarán de la presunción de exactitud, de la liberación de fiscalizaciones ni de ningún beneficio o inmunidad tributaria del régimen, el proyecto de Inocencia Fiscal II será también parte de esa sesión especial.
El temario incluirá el proyecto del diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, que propone la reducción del IVA a la fécula de mandioca, del 21 al 10,5%, cuyo dictamen salió también el miércoles pasado, igual que los otros dos proyectos citados.
El cuarto tema que sería incluido para esta sesión está el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la República de Singapur, celebrado en Río de Janeiro el 7 de diciembre de 2023, que de ser aprobado será ley, pues ya cuenta con media sanción del Senado.
Entre los proyectos que podrían formar parte de la sesión, por contar con el dictamen correspondiente, figura una serie de proyectos destinados a declarar capitales nacionales a ciudades y provincias argentinas, con el propósito de poner en valor actividades productivas, culturales, educativas y turísticas de distintos puntos del país. Estos son la ciudad correntina de Caá Catí, como Capital Nacional de la Producción Bubalina; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como Capital Nacional del Teatro; San Juan como “cuna de Domingo Faustino Sarmiento y Capital Nacional de la Educación”; San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de la República Argentina cada 9 de julio (si se aprueba, será ley); Tucumán como Capital Nacional del Ecoturismo; Santa Cruz como Capital Nacional de la Natación de Aguas Frías; el municipio salteño de San José de los Cerrillos como Capital Nacional del Cerdo Negro; y de la ciudad bonaerense de Chivilcoy como Capital Nacional del Coleccionismo.
Otro proyecto que está listo para llegar al recinto es el proyecto de ley Joaquín, sobre medidas de seguridad en actividades deportivas, inspirado en el caso de Joaquín Stéfano Gatto, un niño de 12 años muerto luego de que un arco de fútbol cayera sobre él.
La diputada nacional Mónica Frade advirtió sobre el inminente vencimiento de la media sanción del proyecto contra la ludopatía, rechazó la iniciativa de "Inocencia Fiscal II" impulsada por el Gobierno y analizó la experiencia de Juntos por el Cambio, al que definió como una experiencia que, pese a sus falencias, representaba una alternativa superadora a la actual polarización política.
La diputada nacional Mónica Frade (Coalición Cívica) repasó los principales temas de la agenda política y parlamentaria. Cuestionó el inminente vencimiento de la media sanción del proyecto para prevenir la ludopatía, especialmente entre adolescentes, y denunció la falta de interés oficial para avanzar con políticas de prevención.
Además, criticó el proyecto conocido como “Inocencia Fiscal II”, impulsado por el Poder Ejecutivo para acompañar el régimen destinado a incentivar la circulación de los llamados “dólares bajo el colchón”. Frade sostuvo que las modificaciones incorporadas son apenas un “maquillaje” y ratificó el rechazo de su bloque a la iniciativa.
La legisladora también analizó la evolución de Juntos por el Cambio, expresó su sorpresa por el rumbo tomado por algunos de sus antiguos socios políticos y planteó la necesidad de reconstruir una alternativa de centro y humanista frente a los populismos de derecha e izquierda.
En esta entrevista con Parlamentario TV, Frade aborda el presente del Congreso, las tensiones políticas actuales y los desafíos que enfrenta la oposición.
La diputada del Partido Obrero anticipó su postura de cara a la sesión del 26 de agosto. Cargó, además, que este texto tiene por objetivo “blanquear dinero de la corrupción y el narcotráfico con la sola inscripción a un sistema simplificado”.
Después de los plenarios que firmaron los proyectos del Poder Ejecutivo, la diputada nacional Romina Del Plá se pronunció en contra de la propuesta de modificación a la Ley de Inocencia Fiscal. “Está redactada para beneficiar a los evasores y a los ‘fugadores seriales’”, aseveró.
En su intervención, la legisladora del Partido Obrero denunció que “mientras los trabajadores y jubilados sufren salarios por el piso y tarifazos impagables, el gobierno redacta leyes a la medida de los evasores y fugadores seriales”. En tal sentido, cargó que la incorporación del artículo 40 bis tiene como fin “armar una coartada para blanquear dinero de la corrupción y el narcotráfico con la sola inscripción a un sistema simplificado”.
Sin tapujos, apuntó contra varias de las iniciativas que el gobierno de Javier Milei ha venido tratando en los últimos años: “Como vinieron con el Súper RIGI luego del fracaso del RIGI, vienen con este proyecto porque fracasó Inocencia Fiscal 1, que igual fue de gran utilidad para funcionarios como (Manuel) Adorni”.
“Ahora para conseguir los votos de los aliados, excluirían a los funcionarios. Una pantalla de humo para que pase el resto de la ley, que contiene perdón de multas por evasión, multas más baratas por defraudación laboral de las patronales agrarias, y hasta mecanismos por los cuales la única forma de probar la evasión es que el evasor confiese sin que nadie lo obligue”, aseveró Romina Del Plá.
El gobierno de Milei ya no puede maquillar la crisis. El endeudamiento del país es extremo y ni poniendo nuestros recursos como garantía alcanza para pagar una deuda fraudulenta. Mientras siguen saqueando al pueblo, también buscan profundizar los beneficios a sus amigos con una…
— Romina Del Plá (@RominaDelPla) August 13, 2026
Y disparó contra el Poder Ejecutivo: “En medio de una crisis que no pueden maquillar, y mientras siguen saqueando al pueblo para pagar una deuda fraudulenta, también buscan beneficiar a sus amigos con estos proyectos”. Luego, sostuvo que “la fuga y la evasión podrán terminar con la nacionalización de la banca y el comercio exterior bajo control de los trabajadores”.
Por último, Romina Del Plá señaló: “Abrir los libros de las empresas, terminar con la fuga de capitales y con el trabajo en negro. Vamos por el fin de un esquema impositivo que recae sobre los trabajadores y por la aplicación de impuestos progresivos a las grandes rentas y fortunas. Es la hora de salir a organizarnos y movilizarnos en las calles con los métodos de la clase obrera para frenar este ajuste”.
La intención del oficialismo en la Cámara de Diputados es ir al recinto el miércoles 26 de agosto con Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) como ejes centrales. También estarán el Acuerdo de Libre Comercio con Singapur y la baja del IVA a la fécula de mandioca.
Tras el caso Adorni y a pedido de los aliados, hubo modificaciones al texto. Especialistas y el titular de la UIF expusieron ante el plenario de comisiones. Se estima que la iniciativa se tratará en el recinto dentro de dos semanas.
El oficialismo se alzó este miércoles en la Cámara de Diputados con el dictamen del proyecto de Inocencia Fiscal II, que tuvo una modificación sustancial para lograr la adhesión de los aliados: la exclusión de los funcionarios públicos de los beneficios de este régimen.
El despacho de mayoría obtuvo 44 firmas y, además de 32 diputados La Libertad Avanza, suscribieron 4 del Pro, 2 de la UCR, 2 de Innovación Federal, 1 del MID, 1 de Independencia, 1 de Producción y Trabajo y 1 de Provincias Unidas -en disidencia-.
A las 12.31, el titular de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, anunció que había dictamen: sobre 75 diputados presentes, había 44 firmantes de las dos comisiones, y anticipó que otros dictámenes se recibirían en la comisión hasta las 15. Puntualmente en la Comisión de Presupuesto hubo 45 presentes y 27 firmas; y en Legislación Penal, 30 prsentes y 17 firmantes.
Entre los cambios se determinó que, si bien los funcionarios podrán hacer uso del sistema simplificado únicamente como un canal operativo para la presentación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias y la cancelación del saldo correspondiente, bajo ninguna circunstancia gozarán de la presunción de exactitud, de la liberación de fiscalizaciones ni de ningún beneficio o inmunidad tributaria del régimen.
Ni bien el texto fue girado a la Cámara baja, la exclusión de funcionarios fue algo reclamando por los bloques dialoguistas, con el presente antecedente del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, quien adhirió al régimen a partir de la ley original.
La exclusión abarca a todas las personas que ejerzan o hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública, en los tres poderes del Estado, dentro de los últimos 5 años anteriores a la fecha de adhesión y hacia adelante.
Por otra parte, con el fin de atenuar la presión punitiva sobre el sector productivo e incentivar la regularización voluntaria, el dictamen establece un marco de reducción automática de sanciones y armonización con el Régimen Penal Tributario, entre las que se contempla una reducción del 25% en multas formales aplicables a las MicroPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.
El segundo plenario que se realizó sobre este proyecto contó con la presencia de Matías Álvarez, titular de la UIF. Tras su exposición, se anunció que se ponía a circular el despacho para la firma.
Más temprano, la reunión había arrancado con la participación virtual del presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, José Ignacio Simonella, quien alabó la iniciativa diciendo que desde un punto de vista tributario “complementa y mejora la ley vigente y da respuesta a muchos puntos que debían aclararse” de la iniciativa original.
En ese sentido citó seis “puntos de mejora” que le encontró a la nueva norma, a saber: brinda mayor certeza jurídica; fija un umbral mínimo para la discrepancia significativa, que es un reaseguro para los pequeños contribuyentes; universaliza la liquidación simplificara para las personas humanas, pero aclara que los grandes contribuyentes son solo a los efectos de la presentación y el pago. Por otra parte, fomenta la formalización de los ahorros atesorados y fuera del sistema.
Además, consideró importante destacar que no se trata de un blanqueo: “Es importante destacar que no se está tratando de un blanqueo; limita la discrecionalidad del fisco -aclaró-. La carga probatoria ahora recae sobre ARCA, para demostrar discrepancia significativa”. “Si bien simplifica la liquidación, no reemplaza una adecuada presentación. Como siempre se debe ralizar una declaración jurada conforma la norma”, sumó.
En definitiva, Simonella concluyó diciendo que “el proyecto aclara puntos que podrían generar diferencias significativas, mantiene el espíritu de la ley original y no debe confundirse con los alcances de un blanqueo, porque no lo es”.
A continuación expuso Oscar Fernández, coordinador técnico de la Comisión de Asuntos Tributarios de la misma entidad, quien hizo un resumen desde el punto de vista técnico. “Es un cambio de paradigma en la liquidación del Impuesto a las Ganancias. Tiende a la simplificación tributaria, por un lado, con la incorporación de derechos, por el otro”, señaló. Aclaró que esos beneficios son de dos esferas: “Beneficios operativos y sustanciales que tienen que ver con cuestiones de derecho. En el impuesto a las Ganancias, hay dos tipos de sujetos, personas humanas y jurídicas. A este régimen simplificado solo pueden adherir las personas humanas; las sucesiones indivisas en la medida que sean residente en el país, no las sociedades”.
Resaltó también que el régimen simplificado no resigna recaudación ni para Nación, ni para provincias. “Porque no se modifica la ley de Impuesto a las Ganancias, sino que el impuesto a pagar por el régimen general debe dar exactamente lo mismo que el impuesto a pagar por el régimen simplificado”, agregó.
Fernández reiteró que “esto no es un blanqueo, es un régimen de bloqueo fiscal, que incorpora una presunción de exactitud respecto de las declaraciones juradas presentadas de impuesto al valor agregado y de impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales no prescriptos”.
“Desde el punto de vista práctico, éste es el cambio más importante que tiene que ver con la liquidación -continuó-. Hoy la declaración jurada de impuesto a las Ganancias es compleja: 197 artículos de la Ley de Ganancias. Eso se mantiene, pero además tengo que declarar el patrimonio de inico, el patrimonio de cierre, el consumo y las justificaciones patrimoniales”.
Luego fue el turno de la Unidad de Información Financiera, cuyo presidente, Matías Álvarez, habló de la competencia que tiene ese organismo sobre el artículo 40 bis de la ley vigente.
Arrancó exponiendo sobre un punto que -aclaró- no tiene que ver con lo tributario, sino lo estructural. “La economía argentina tiene aproximadamente un 48% de actividad informal, que es la que requiere un abordaje especializado y que pretende tratarse a través de esta reforma”.
Señaló el funcionario que “hay un gran volumen de efectivo que las personas tienen en su poder y circulan dentro de un circuito económico que está por fuera de los canales formales y legales, y que no tiene que ver con una cuestión ilícita, sino con el mecanismo por el que durante años, por las dificultades macroeconómicas, las personas han empleado para proteger sus ahorros”.
“Cuando este dinero se mueve está exento de todos los controles, e implica que cuando este sistema se vincula con la economía formal, es donde realmente se complica el funcionamiento del sistema de prevención. Si casi la mitad de la economía del país es informal, los controles que podemos esperar tienden a encontrar serias limitaciones para un funcionamiento efectivo”, expresó el funcionario.
Álvarez agregó que “si uno quiere insertar el dinero proveniente de delitos dentro del sistema financiero, lo mejor es hacerlo dentro de un sistema que habilita el uso de efectivo y mecanismos no regularizados”.
Esto significa también que “el sistema se contamina con una gran cantidad de alertas por operaciones de bajo monto vinculados con los ahorristas, con la tenencia de este dinero en efectivo, que impide ver dónde están los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo”.
El presidente de la UIF dijo que “esta es la realidad que encontramos: un sistema donde no hay controles”, y aclaró que “el riesgo en sí que requiere esta reforma no es la existencia del efectivo el ahorro de las personas que han trabajado, el riesgo es el funcionamiento de esta economía informal”.
Álvarez dijo que la iniciativa busca contribuir a “traer al sistema formal lo que está circulando en el circuito informal sin esos controles, por eso es que traer esos ahorros al sistema no debilita el sistema, sino que contribuye a fortalecerlo”.
En otro pasaje contó que “la evaluación mutua del GAFI detectó que Argentina debe mejorar la comprensión y evaluación de los riesgos provenientes de los servicios financieros informales, así como desarrollar planes de acción y políticas con un informe basado en riesgos, para evitar dichos servicios o formalizar sus operaciones de manera permanente”.
Agregó que “lo que el GAFI exige a la Argentina no es buscar soluciones provisorias, no es buscar soluciones temporales, sino una solución permanente que incorpore definitivamente estos fondos al sistema formal y desarme el funcionamiento al circuito paralelo”.
“Que Argentina avance en este tipo de herramientas no es una decisión aislada ni un capricho, sino el cumplimento del estándar internacional”, agregó.
El funcionario cerró indicando que la reforma que se propone, “de ningún modo limita, afecta el sistema de prevención en materia de lavado de activo, financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
“El mismo artículo 40 bis en su cuarto párrafo lo dice de manera expresa -agregó-. Los supuestos obligados continúan alcanzados por todas las obligaciones de la 25.246. Cuando digo todas las obligaciones, hablo del monitoreo, hablo de la vía de diligencia, hablo del análisis y de reportar acciones que se crean sospechosas. Nada de esto se ve modificado con la reforma”, y cerró: “El régimen, en definitiva, no busca debilitar el sistema de prevención de lavado de activo, sino que busca hacerlo más eficiente”.
Fue en el marco de un plenario de comisiones de la Cámara baja donde, en la primera reunión informativa, expusieron la subsecretaría de Ingresos Públicos, el Director Nacional de Impuestos y el director del Banco Central.
El oficialismo en la Cámara de Diputados dio este miércoles el puntapié inicial al debate del proyecto de ley de Inocencia Fiscal II con la exposición de funcionarios del Ejecutivo que explicaron los lineamientos centrales de la nueva iniciativa que tiene como objetivo incentivar a los contribuyentes a adherir a este régimen, dado que desde el Gobierno estiman que hay unos 170 mil millones de dólares fuera del sistema financiero.
El tratamiento se dio en el marco de una reunión informativa en en plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, presididas Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, respectivamente.
La titular de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, aclaró la ley original incluía en su articulado la modificación de normas que tienen relación con el derecho penal. Además, informó que en el proyecto no se modifica el piso, en virtud del cual, una persona puede ser considerado evasor o que sea una persona que pueda tener un apercibimiento administrativo o sanción o multa.
“Debemos dejar en claro que esta modificación no genera ningún tipo de beneficio, posibilidad de impunidad o modificación de la normativa penal que ya en su momento aprobó este Congreso”, comentó.
La primera expositora fue la subsecretaría de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, indicó que el vencimiento de la declaración jurada de ganancias se postergó para agosto por lo cual “es importante ampliar, lo que está hoy vigente, a otro universo de contribuyentes, teniendo en cuenta que la adhesión al régimen simplificado fue muy importante. Consideramos que está bien ampliarlo para que haya más cantidad de adhesiones”.
Balestrini aclaró que no hay “ninguna modificación” a ninguna norma de tipo penal y remarcó que “dentro del régimen vigente hay una gran parte que es para todos, hayan o no adherido al régimen de declaración jurada simplificado de ganancias. Son dos cosas distintas”.
La funcionara precisó que la principal modificación con el régimen actual es la ampliación del universo de personas que pueden realizar la adhesión. Así, recordó que se trata de un régimen para personas humanas residentes del país y, además, pueden regularizar sus fuentes nacionales como extranjeras.
“En absolutamente nada modifica la liquidación del impuesto a las ganancias, no hay ninguna exención adicional, no hay ningún tratamiento distintivo en el mecanismo de liquidación del impuesto a las ganancias. No hay que dejar de declarar ingresos, no hay que declarar más gastos, ninguna corrección en el mecanismo de liquidación del impuesto a las ganancias. Esto es lo que está vigente y este proyecto no tiene ninguna modificación”, especificó.
Además, indicó que todo aquel que adhiera al régimen simplificado de ganancias va a liquidar su impuesto como lo liquida aquel que está en el régimen general, pero se diferencia en que “el mecanismo de presentación de la declaración jurada es distinto porque se parte de información que el organismo administrador, que es ARCA, pone a disposición del contribuyente”.
La subsecretaria sostuvo que “los beneficios del régimen simplificado no se refieren a una distinción en la liquidación del impuesto. El impuesto es exactamente el mismo para el que está dentro o fuera del régimen. No se modifica con el proyecto”. Al hablar de la “distinción” explicó que se trata del “mecanismo, la operativización de cómo hacemos la declaración jurada”.
En esa línea, agregó: “Lo que van a obtener como beneficio es un efecto liberatorio del pago y una presunción de exactitud, es decir, si declara lo que realmente tenía hay un efecto liberatorio cuando realizo el pago que tiene que ser a la fecha de vencimiento”. En tanto, precisó que el texto actual establece parámetros objetivos para la adhesión, por lo que aquellos ciudadanos con ingresos mayores a mil millones o patrimonios superiores a 10 mil millones no pueden adherirse.
“No solo ampliamos a todo el universo, pero los grandes contribuyentes podrán adherir, pero no podrán acceder a ninguno de los beneficios o efectos que genera la adhesión al régimen simplificado. Esto está previsto en la reforma”, indicó y sumó: “Se decide ampliar el universo porque hasta el momento el grado de adhesión que hubo es de 450 mil personas. Nos parece apropiado ampliarlo”.
Balestrini también especificó que, a partir de esta iniciativa, las personas que se adhieran deben ser residentes argentinos todo el periodo; que la discrepancia significativa se aplicará sobre el impuesto determinado, no se limitan facultades del fisco, se aclara que cualquier bien personal que se adquiere o depósito de fondos que se realicen “deberá incluirse en la declaración jurada considerando como fecha de ingreso el momento en que manifieste esa adquisición”.
“Todo tiene que ver con dar certeza jurídica a cuestiones que se plantearon. La principal modificación es ir por un sistema tributario que se acentúe más la simplificación. No es más que eso el proyecto”, cerró.
Por su parte, el Director Nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu, hizo un análisis comparativo entre la ley vigente y el proyecto de ley en debate.
“El primer tema a considerar es que, en cuanto a los lineamientos generales, la ley no sufre ninguna modificación, esto es que sigue comprendiendo al mismo universo de sujetos, que son las personas humanas y las asociaciones indivisas. Es decir, no entran las sociedades dentro de este régimen simplificado, para ello, esas personas humanas continúan o deben continuar cumpliendo la condición de ser residentes fiscales argentinos”, explicó Imirizaldu.
A continuación, Martín Vauthier, director del Banco Central, realizó una exposición basada en el contexto macroeconómico y argumentó que la iniciativa se inscribe en una serie de medidas tendientes al desarrollo y crecimiento sostenido del PBI de Argentina.
“Cuando uno mira las estimaciones de los montos de billetes en moneda extranjera que tienen los argentinos fuera del sistema financiero, estamos hablando de aproximadamente 170 mil millones de dólares, probablemente eso sea un piso. Y para ponerle un orden de magnitud, eso es un número obviamente enorme, hoy los depósitos privados en el sistema financiero en moneda extranjera son un poco más de 40 mil millones de dólares”, especificó Vauthier.
“Con lo cual, para ponerlo en dimensión, estamos hablando de un stock de billetes fuera del sistema de entre cuatro y cinco veces los depósitos privados en moneda extranjera. Esto es un número enorme y obviamente el objetivo de la ley es permitir que los argentinos puedan formalizar estos ahorros sin sufrir ninguna penalidad”, agregó.
Hubo una cumbre en la Presidencia de la Cámara de Diputados, de la que participó Santiago Bausili. También abordaron el proyecto de inocencia fiscal II, que se anticipa “más trabado”.
La reunión se realizó en el Salón de Honor, previo al debate en comisiones
Diputados del oficialismo y la oposición dialoguista protagonizaron este martes una cumbre junto a funcionarios, entre los que estuvo el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, con el objetivo de acercar posiciones en torno al proyecto de ley que busca reformar la Carta Orgánica de dicha entidad.
El bloque de La Libertad Avanza tiene la intención de sesionar el próximo 19 de agosto con esa iniciativa y con la de “inocencia fiscal II”, otro tema que estuvo sobre la mesa y se anticipa “más trabado”.
Los funcionarios explicaron en persona ambos proyectos a los legisladores por más de dos horas y, según supo este parlamentario.com, la discusión técnica más fuerte pasó por el proyecto que busca incentivar a los contribuyentes a que ingresen sus dólares ahorrados al sistema financiero.
Aunque la intención del oficialismo es ir en dos semanas al recinto, una fuente del espacio admitió que eso se evaluará en virtud de las reuniones informativas de comisiones que tengan lugar este miércoles y la semana siguiente, y los interrogantes y planteos que allí surjan por parte de los diputados.
“Bausili fue muy concreto en las respuestas”, destacó una legisladora que participó este martes de la reunión realizada en el Salón de Honor de la Presidencia. Además del presidente del BCRA, estuvieron los directores Martín Vauthier y Marcelo Griffi.
En tanto, por “inocencia fiscal II”, expusieron el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini. “Hubo mucha discusión técnica”, reveló a este medio uno de los diputados aliados que participó.
Uno de los principales reparos de la oposición fue el reclamo para que los funcionarios queden excluidos de poder adherirse al régimen simplificado de Ganancias, tal como sucedió con el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni -investigado por enriquecimiento ilícito-, y otros miembros del Gobierno.
Entre los presentes estuvieron Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Silvana Giudici, Santiago Pauli, Laura Rodríguez Machado (LLA); Daiana Fernández Molero, Javier Sánchez Wrba (Pro); Pamela Verasay, Lisandro Nieri (UCR); José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Karina Banfi (Adelante Bs. As.), Oscar Zago (MID), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Karina Maureira (La Neuquinidad), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo), Sebastián Nóblega (Elijo Catamarca) y Alberto Arrúa (Innovación Federal).
Además de estos dos proyectos enviados recientemente por el Poder Ejecutivo, y a la espera de lo que suceda en el Senado con inviolabilidad de la propiedad privada, el oficialismo tiene en carpeta en Diputados la ratificación del Tratado de Patentes -dictaminado hace meses- y la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, que ya tiene media sanción de la Cámara alta.
Por otra parte, LLA receptó este martes una vez más los pedidos de sus aliados sobre proyectos que quieren poner en tratamiento y eventual aprobación. Los violetas ya confirmaron que los acompañarán, pero cada bloque interesado será el responsable de juntar los votos, les transmitieron.
El Pro insiste con dos iniciativas, una sobre vandalismo rural y otra sobre uso agrícola de tierras adyacentes a las rutas nacionales, impulsadas por Martín Ardohain y Javier Sánchez Wrba, respectivamente. En tanto, Scaglia puja por un proyecto para modificar la Ley de Estupefacientes y darles más competencia a las provincias en la investigación de casos de narcomenudeo.
Funcionarios asistirán a un plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal. La iniciativa apunta a que más personas adhieran al régimen, dado que desde el Gobierno estiman que hay unos 170 mil millones de dólares fuera del sistema financiero.
Bertie Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto (Foto: HCDN)
En el arranque formal de la actividad legislativa tras el receso invernal, el oficialismo en la Cámara de Diputados dará puntapié inicial al debate del proyecto de ley de Inocencia Fiscal II, cuyo objetivo es incentivar a los contribuyentes a adherir a este régimen, dado que desde el Gobierno estiman que hay unos 170 mil millones de dólares fuera del sistema financiero.
La iniciativa enviada días atrás será puesta a consideración este miércoles en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, presididas Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, respectivamente. La reunión fue citada desde las 10.30 en el segundo piso del Anexo "C" y a la misma asistirán funcionarios: el secretario de Finanzas, Federico Furiase; la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; y el director Nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu.
La ley original, que estableció un régimen simplificado de Ganancias, al que se adhirió el exjefe de Gabinete Manuel Adorni (investigado por enriquecimiento ilícito), no obtuvo los resultados esperados por la administración libertaria, que ahora propone la eliminación de los topes respecto a los ingresos y el patrimonio para poder ingresar al régimen.
Precisamente, sobre la eliminación de los topes que se habían fijado en $1.000 millones (ingresos) y $10.000 millones (patrimonio), el Ejecutivo destacó en los argumentos que "se dispone una apertura del universo de contribuyentes que pueden adherir al régimen, permitiendo que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esta modalidad simplificada, democratizando así el acceso a herramientas que facilitan el cumplimiento de las obligaciones tributarias".
Según el Gobierno, la iniciativa busca "perfeccionar y dotar de mayor seguridad jurídica al régimen que establece la modalidad simplificada de declaración jurada del impuesto a las Ganancias, equilibrando las garantías de los contribuyentes con las facultades de fiscalización del Estado".
La iniciativa plantea la redefinición del concepto de "discrepancia significativa" que habilita a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a impugnar la declaración jurada simplificada y, como consecuencia de ello, la presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas del impuesto a las Ganancias y del IVA, correspondientes a los períodos no prescriptos.
Dicha discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15% respecto de lo declarado por el contribuyente; cuando la diferencia supere la suma fijada en el artículo 1° del Régimen Penal; o cuando la impugnación obedezca a la utilización de facturas u otros documentos apócrifos o al cómputo improcedente de ingresos directos.
Asimismo, se incorpora un umbral mínimo equivalente al 5% del monto previsto en el artículo 1° de dicho régimen penal, por debajo del cual no se configurará discrepancia significativa aun cuando se supere el porcentaje indicado, evitando así que ajustes de escasa entidad económica activen mecanismos de impugnación desproporcionados respecto de contribuyentes de buena fe, se explicó en los fundamentos.
Además, se determina que "a los efectos de determinar la existencia de la discrepancia significativa, no se considerará la diferencia entre la declaración original y la rectificativa, en la medida en que esta última sea presentada en un plazo no mayor a los 15 días hábiles de la notificación de la liquidación o determinación de oficio, cuando dichos saldos sean debidamente cancelados".
La modificación de la ley sancionada en diciembre pasado -que surgió a pedido y por sugerencias de contadores y especialistas tributarios al equipo económico liderado por Luis Caputo- también contempla que determinadas sanciones no sean aplicadas a quienes hayan regularizado previamente ajustes en Ganancias o IVA y adhieran al régimen simplificado.
Por otra parte, el proyecto plantea una actualización del esquema de infracciones en el ámbito del trabajo agrario, "garantizando su eficacia disuasoria sin perder de vista la razonabilidad y la proporcionalidad", se argumentó.
De esta manera, se dispone una "modernización de las escalas sancionatorias correspondientes a las infracciones vinculadas al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), estableciéndose un sistema de multas basado en escalas monetarias, clasificadas según la gravedad de la infracción (Leves, Graves y Muy Graves), con la posibilidad de incrementar los topes en caso de reincidencia".
Dichas multas irán entre los 120 mil pesos a 7,5 millones de pesos, mientras que a partir del 1ro. de enero de 2027 las escalas se ajustarán por el índice UVA.