Ahora sí ambas leyes aprobadas el último viernes de diciembre en la última sesión del Congreso de la Nación de 2025, tienen plena vigencia.
En el marco de una serie de decretos publicados este primer día hábil de 2026, el Gobierno de Javier Milei se puso al día con una serie de normas, entre ellas, las dos leyes aprobadas en el período extraordinario concluido el 30 de diciembre pasado: el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.
Si bien había promulgado ambas normas el lunes pasado, tal cual informó parlamentario.com, faltaba aún su publicación en el Boletín Oficial para que ambas normas tuvieran plena vigencia.
El Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional lleva el número de ley 27.798, y su publicación fue a través del decreto 932/2025. El texto consta de 21 folios, en tanto que la Ley de Inocencia Fiscal tiene como número el 27.799, es el decreto 933/25 y cuenta con 11 páginas.
El Presupuesto Nacional 2026 prevé un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual de 10,1%, y estima un tipo de cambio a $1.423 para diciembre del año que viene.
aviso_337027Con un superávit pronosticado del 1,5%, el plan proyecta 148,2 billones de pesos en recursos y 148 billones de pesos en gasto total. También señala que el superávit primario está estimado en 2,7 billones de pesos.
El 85% de los recursos del Presupuesto se destinan a gastos sociales, entre ellos 65,7 billones de pesos a jubilaciones y 4,8 billones a las Universidades Nacionales.
Otro de los números habla de un aumento del 10,6% en exportaciones; 11,1% en importaciones; 4,9% en consumo privado; y 4,5 % en consumo público.
En cuanto a la reforma el Régimen Penal Tributario, introduce una reforma integral del sistema tributario y del Régimen Penal Tributario. Propone un cambio estructural en la relación entre el Estado y los contribuyentes, basado en la presunción de inocencia.
Se redefinen los criterios para la configuración de los delitos fiscales, priorizando la intervención penal en los casos de “evasión relevante”, con el objetivo de “descomprimir el sistema judicial y concentrar los recursos del Estado en conductas verdaderamente lesivas”.
La iniciativa introduce mecanismos que permiten la extinción de la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación fiscal, y establece límites precisos al inicio y a la continuidad de los procesos penales cuando las facultades del fisco para determinar la deuda se encuentran prescriptas.
Asimismo, incorpora una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas en tiempo y forma, salvo que se detecten inconsistencias relevantes, reforzando la previsibilidad y reduciendo la discrecionalidad en los procesos de fiscalización.
También se crea un Régimen Simplificado de Declaración Jurada, orientado a facilitar el cumplimiento tributario, incentivar la formalización y garantizar que la información patrimonial no sea utilizada como mecanismo de persecución futura.
En cuanto a los umbrales a partir de los cuales se considera delito la evasión, aumenta de$1,5 a $100 millones (simple) y de $15 a $1.000 millones (agravada). En tanto, para la evasión de seguridad social sube de $200 mil a $7 millones; y para el uso de facturas apócrifas el piso para ser perseguido aumenta de $1,5 millones a $100 millones.
Sobre el Régimen Simplificado de Ganancias, se establece un tope patrimonial de hasta $10.000 millones para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.
Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.
Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de 5 a 3 años. ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.
aviso_337029El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo este martes que ambas normas son "un punto de inflexión de cara al futuro de prosperidad".
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó este martes la sanción de las leyes de Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal, ya promulgadas por el Poder Ejecutivo.
El funcionario arrancó su última conferencia del año en Casa Rosada con la referencia a las normas que se aprobaron el pasado viernes en el Senado.
"Estas leyes son probablemente las más importantes de la historia argentina reciente, y constituirán un punto de inflexión de cara al futuro de prosperidad de nuestra querida Nación", sostuvo.
Sobre el Presupuesto, ponderó que es el "primero" en "ser aprobado con déficit cero y sin estar en default". "Que el mismo haya sido acompañado por el Congreso implica un cambio de paradigma", continuó.
"Estos dos años por culpa de una oposición que no quiso respetar el principio de equilibrio fiscal y no aprobó los presupuestos bajo esta lógica, nuestra administración se vio obligada a gobernar dos años sin un presupuesto propio, prorrogando el presupuesto obsoleto heredado del gobierno de la dupla Fernández-Fernández", cargó.
Según Adorni, este plan de gastos y recursos "no es un cheque en blanco para el poder de turno, es más bien un contrato con toda la sociedad". "Es un presupuesto confeccionado en base a la credibilidad, no en base a la manipulación política", expresó.
"Si el Estado recauda más de lo previsto, baja presupuestos; si recauda menos de lo indicado, va a ajustar el gasto público", aseveró y resaltó que "Argentina por primera vez en su historia va a tener un presupuesto que respete la regla fiscal", donde "la política se haga responsable de sus acciones y decisiones".
El jefe de Gabinete agregó que "el Gobierno no hace populismo, no rifa el futuro de los argentinos a cambio de ganar una elección". "Durante años la política gobernó con presupuestos deficitarios, bajo esloganes endebles como la justicia social y la igualdad", observó.
Y opinó que "no hay justicia social cuando el gasto se financia con emisión monetaria y una consecuente inflación que castiga especialmente a los más vulnerables". "Por primera vez hay un Gobierno que entiende que no hay estabilidad sin orden fiscal", completó.
En cuanto a la Ley de Inocencia Fiscal, Adorni señaló que "revierte un paradigma instalado instalado por más de 100 años; en lugar de ser potenciales sospechosos, todos los ciudadanos son inocentes hasta que la justicia demuestre lo contrario".
Cuestionó que en el pasado había "un régimen persecutorio donde quien ahorraba para resguardarse de los vaivenes económicos era visto como un criminal de guerra". "Los años de cepo cambiario, alta inflación, volatilidad y un sistema tributario asfixiante empujaron a millones de argentinos a la informalidad y evasión impositiva", dijo. Y, en esa línea, afirmó que "fue culpa del Estado depredador el nivel récord de la informalidad".
Esta ley "le devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie. Con el nuevo esquema, lo tuyo es tuyo; tus dólares, tu decisión".
La norma tendrá como medida principal "blindar a los argentinos ante futuras administraciones que pretendan volver al régimen persecutorio anterior", indicó el ministro coordinador y sumó que "con el régimen simplificado de impuesto a las Ganancias cada ciudadano podrá normalizar su situación patrimonial solo por la facturación efectuada, independientemente de su situación patrimonial".
Además, introduce una "simplificación de sistema tributario" con la modificación de los umbrales por evasión. "17 provincias ya firmaron convenios de intercambio con ARCA para adherirse a la lógica de este nuevo régimen", destacó, aunque mencionó puntualmente que Buenos Aires no estaba entre ellas.
Además de anunciar la disolución de la ANDIS, y ser consultado por la Ley de Emergencia en Discapacidad, al jefe de Gabinete se lo interrogó por las partidas presupuestarias para las universidades. "Es discusión obsoleta que no vamos a dar. La amenaza del cierre y privatización de universidades, y no sé cuántas pavadas que han dicho, siempre nos parecieron cuestiones delirantes", manifestó.
En ese sentido, subrayó que "ninguna dejó de funcionar" y "las universidades no están en riesgo, no van a estar en riesgo nunca y siempre vamos a defender a las universidades porque es lo que corresponde y nuestra filosofía".
Las normas aprobadas en el Senado el viernes pasado tuvieron rápido trámite en el seno del Poder Ejecutivo y ya están en vigencia.
Lejos de la lentitud que acompañó las leyes promovidas a lo largo del año por la oposición, las normas aprobadas el viernes pasado en la Cámara de Senadores fueron promulgadas este lunes por el Poder Ejecutivo Nacional.
En efecto, el Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional lleva el número de ley 27.798 y consta de 125 folios, en tanto que la Ley de Inocencia Fiscal tiene como número el 27.799 y 19 páginas.
El Presupuesto Nacional 2026 prevé un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual de 10,1%, y estima un tipo de cambio a $1.423 para diciembre del año que viene.
Con un superávit pronosticado del 1,5%, el plan proyecta 148,2 billones de pesos en recursos y 148 billones de pesos en gasto total. También señala que el superávit primario está estimado en 2,7 billones de pesos.
El 85% de los recursos del Presupuesto se destinan a gastos sociales, entre ellos 65,7 billones de pesos a jubilaciones y 4,8 billones a las Universidades Nacionales.
Otro de los números hablan de un aumento del 10,6% en exportaciones; 11,1% en importaciones; 4,9% en consumo privado; y 4,5 % en consumo público.
En cuanto a la reforma el Régimen Penal Tributario, introduce una reforma integral del sistema tributario y del Régimen Penal Tributario. Propone un cambio estructural en la relación entre el Estado y los contribuyentes, basado en la presunción de inocencia.
Se redefinen los criterios para la configuración de los delitos fiscales, priorizando la intervención penal en los casos de “evasión relevante”, con el objetivo de “descomprimir el sistema judicial y concentrar los recursos del Estado en conductas verdaderamente lesivas”.
La iniciativa introduce mecanismos que permiten la extinción de la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación fiscal, y establece límites precisos al inicio y a la continuidad de los procesos penales cuando las facultades del fisco para determinar la deuda se encuentran prescriptas.
Asimismo, incorpora una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas en tiempo y forma, salvo que se detecten inconsistencias relevantes, reforzando la previsibilidad y reduciendo la discrecionalidad en los procesos de fiscalización.
También se crea un Régimen Simplificado de Declaración Jurada, orientado a facilitar el cumplimiento tributario, incentivar la formalización y garantizar que la información patrimonial no sea utilizada como mecanismo de persecución futura.
En cuanto a los umbrales a partir de los cuales se considera delito la evasión, aumenta de$1,5 a $100 millones (simple) y de $15 a $1.000 millones (agravada). En tanto, para la evasión de seguridad social sube de $200 mil a $7 millones; y para el uso de facturas apócrifas el piso para ser perseguido aumenta de $1,5 millones a $100 millones.
Sobre el Régimen Simplificado de Ganancias, se establece un tope patrimonial de hasta $10.000 millones para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.
Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.
Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de 5 a 3 años. ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.
El diputado de Unión por la Patria objetó que esa norma va "en contra" de lo recomendado por el GAFI. "Nos llevan a una Argentina cada vez peor", expresó.
El diputado nacional Jorge Taiana (Unión por la Patria) cuestionó este lunes la Ley de Inocencia Fiscal, que se sancionó el pasado viernes en el Senado por 43 votos a favor y 26 en contra.
La norma surgió de un proyecto que había sido enviado por el Poder Ejecutivo en junio pasado, con el objetivo de incentivar el uso de los "dólares del colchón".
Entre sus principales puntos, eleva los montos por evasión tributaria (pasa de $1,5 millones a $100 millones, para simple; y de $15 a $1.000 millones para agravada); mejora plazos de prescripción y crea un régimen simplificado de declaración jurada y de Ganancias.
"La hipócritamente llamada 'ley de inocencia fiscal' nos transforma en un paraíso del lavado de dinero sucio y del blanqueo para narcotraficantes", advirtió el excanciller sobre la flamante reforma al Régimen Penal Tributario.
El legislador subrayó que "va en contra de todo lo firmado por la Argentina en fueros de control y en particular en el GAFI, organismo que ya había advertido al gobierno de (Javier) Milei por la opacidad de sus manejos financieros". "Nos llevan a una Argentina cada vez peor", consideró.
El Presidente de la Nación y otras figuras de La Libertad Avanza destacaron la aprobación de las dos leyes clave alcanzada este viernes en el Senado.
Previsiblemente los dirigentes de La Libertad Avanza celebraron en las redes sociales el final “a toda orquesta” que tuvieron en la Cámara alta, donde consiguieron aprobar finalmente el primer presupuesto de la era Milei, como así también la Ley de Inocencia Fiscal.
El presidente Javier Milei publicó un extenso posteo en el que destacó “la aprobación de hoy con 46 votos afirmativos, 25 negativos y 1 abstención en general de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026 es un hecho histórico”.
“No hay registro de la aprobación de un presupuesto con equilibrio fiscal de un espacio no peronista con estos números. Lo único comparable fue el presupuesto 2017, pero lamentablemente tenía déficit fiscal”, apuntó el mandatario, que agradeció “enormemente” a Patricia Bullrich, Diego Santilli y todos y cada uno de los 46 senadores nacionales que dieron un ejemplo de patriotismo y responsabilidad”.
Asimismo, celebró la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, que “viene a reparar la estafa que el Estado le hizo a los argentinos durante 40 años, devolviéndoles la libertad de utilizar sus ahorros, y blindándolos para que ningún político del futuro se los pueda quitar”. Caracterizó esa norma como “revolucionaria”, al señalar que “estamos blindando los ahorros de los argentinos para siempre. Ningún gobierno que venga después de nosotros va a poder robarles los ahorros a los argentinos de bien”.
“Estamos modificando los umbrales por los cuales el Estado podía perseguir a los argentinos ante una eventual evasión de impuestos. Hasta hoy en Argentina podían investigarte como evasor simple por diferencias de 1 millón y medio de pesos. El umbral de evasión simple se eleva a 100 millones de pesos, y el de evasión agravada a 1000 millones de pesos”, agregó el presidente, que destacó también la modificación d el plazo de prescripción para la determinación tributaria de ARCA, disminuyéndolo de 5 años a 3 años. Además, quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo simplemente pagando lo que debe, dando a los ciudadanos todas las instancias necesarias para normalizar su situación fiscal sin tener un problema penal, puntualizó, destacando que “se blinda para siempre a los ciudadanos argentinos que adhieran al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, mediante el cual pueden normalizar su situación patrimonial pagando Ganancias solo por su facturación e independientemente de su variación patrimonial (Es decir que, al adherir, ARCA calcula el monto a pagar de impuesto a las ganancias solo por lo facturado durante ese ejercicio fiscal, sin importar cuánto haya aumentado el patrimonio y/o el consumo personal durante ese período)”.
Milei concluyó invitando “a todos los argentinos que durante años huyeron de la inflación, del cepo o de todas las barbaridades que hizo la dirigencia política, a que adhieran al nuevo régimen simplificado de ganancias y puedan disponer de sus ahorros de manera segura PARA SIEMPRE”.
“En este 2025 quebramos la inercia de la decadencia argentina. En el 2026 inicia la reconstrucción de la Nación Argentina”, cerró, para rematar con su tradicional “VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.
El resto de la dirigencia también celebró
Una de las figuras centrales del viernes fue sin duda Patricia Bullrich, que publicó un video con imágenes y una foto con sus compañeros de bancada y la definición: “¡Equipazo los 20!”
Gran jornada la de hoy.
Les dejo cine. pic.twitter.com/y9Xmxx9RPp
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 27, 2025
Asimismo destacó: “Argentina tiene Presupuesto 2026. Lo aprobamos en su totalidad con equilibrio fiscal, orden y crecimiento”, para agregar en otro posteo: “Felices por el logro de un Presupuesto histórico. Y muy contentos con los senadores que votaron a favor de Argentina y con el equipo que trabajó para lograr el objetivo”.
También celebró Bullrich la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal: “Una de las leyes más importantes de los últimos 30 años. Un Estado que confía en la gente que hace las cosas bien. Basta de persecución a los argentinos de bien. El control va donde tiene que ir: a los que evaden. La libertad se vuelve norma”.
El jefe de Gabinete Manuel Adorni resaltó: “Felicitaciones a todos y cada uno de los que trabajaron codo a codo para lograr que Argentina tenga un presupuesto equilibrado para el 2026. Fueron muchas semanas de incansable trabajo en equipo. Gracias a todos”.
“Por primera vez, la Argentina aprobó un Presupuesto con equilibrio fiscal y aumentos de partidas por encima de la inflación en áreas prioritarias”, expresó por su parte el ministro del Interior, Diego Santilli, que habló de “un paso fundamental para seguir avanzando en las transformaciones que lidera el presidente Javier Milei”. Asimismo subrayó “la responsabilidad y el coraje de los diputados, senadores y gobernadores que entendieron que el país cambió. Ya no va más el despilfarro ni la mentira del ‘Estado presente’ que solo generó pobreza e informalidad”.
Y lamentó que “todavía hay una minoría kirchnerista que extraña el gasto público para enriquecerse a costa de los laburantes. ¡Argentina va a ser grande nuevamente!”.
“El Presupuesto 2026 conllevó un gran trabajo por parte del presidente Javier Milei, del ministro Luis Caputo, y de los diputados y senadores, tanto de La Libertad Avanza como de los bloques que nos acompañaron”, apuntó el correntino Lisandro Almirón, en tanto que su par Alejandro Fargosi dijo: “Nada es casualidad. El triunfo de la libertad y la seriedad tiene nombres: Javier Milei, Karina Milei, Patricia Bullrich, Martín Menem y Diego Santilli”.
“Excelente laburo de equipo”, resaltó el ministro Caputo en respuesta a elogios de Santilli y Bullrich, mientras que el secretario de Prensa Javier Lanari destacó la aprobación de Inocencia Fiscal, señalando no recordar “una ley más importante en términos de cantidad de gente beneficiada. Sin medir aún el impacto a nivel país por movimiento económico. Una verdadera reparación histórica a los argentinos de bien”.
“Presupuesto e Inocencia Fiscal. La ley más importante de los últimos 100 años. Vamos a hacer a la Argentina grande otra vez y no hay nada que puedan hacer para alterar el curso de los acontecimientos. Feliz año nuevo para todos, La Libertad Avanza”, posteó el legislador bonaerense Agustín Romo.
La iniciativa del Gobierno, que incentiva el uso de “los dólares del colchón” obtuvo 43 votos a favor y 26 en contra.
Los senadores del oficialismo festejaron al final de la sesión no solo la aprobación de Inocencia Fiscal, sino el buen final del año para La Libertad Avanza con su nueva conformación. (Foto: Comunicación Senado)
Votaron en contra votaron los miembros del interbloque que conduce José Mayans, donde faltaron el catamarqueño Guillermo Andrada, el sanjuanino Sergio Uñac. Tampoco estuvo presente a la hora de votar la cordobesa Alejandra Vigo.
Abrió el debate como miembro informante y en carácter de presidente de la Comisión de Justicia, el senador libertario Juan Carlos Pagotto, quien señaló que esta modificación al Régimen Penal Tributario o mal llamado Inocencia Fiscal “no pretende ser una ley ad eternum, por el contrario, se tratará cuando se debata el Código Penal, pero no podemos seguir teniendo como condición objetiva de punibilidad un mínimo de un millón y medio de pesos”.
“Es una cuestión que la inflación nos provocó un desbarajuste que nos lleva a un sistema anacrónico de asimetrías que destruye la economía y deja desactualizados los umbrales poniendo como clientes del sistema Penal Tributario a casi todos los contribuyentes, por eso esta ley viene a poner un costo también a algunas facultades omnímodas que tenía AFIP y ARCA cuando habla de la declaración jurada y lo que el órgano recaudador presume que está mal”, manifestó.
El riojano destacó que “se dejan reglas claras” porque “se trata de traer un régimen simplificado de declaraciones porque hay que facilitarle la vida al contribuyente como todos los países del mundo porque el exceso de requisitos conspira en contra del desarrollo de las actividades”.
“También trae normas concretas sobre el procedimiento porque si no se rige por resoluciones generales que son leyes muy impropias que están en el último escalón del sistema normativo. Por eso esta ley es necesaria y, a partir de la sanción de esta ley, no se va a suponer la culpabilidad del contribuyente sino la inocencia”, explicó Pagotto y resaltó que esta ley “es una medida que beneficia a todos los contribuyentes sin distinción de bandera política”.
El libertario sostuvo que “de manera urgente necesita una revisión la Ley 11.683 de Aplicación y Percepción de Impuestos de contenido inquisitivo y es contraria en muchas normas a lo que marca la Constitución. Nos debemos una reforma del sistema impositivo en su totalidad porque estamos aplicando casos y llevando al sistema penal como panacea universal lo que debiera resolverse con otro tipo de medidas”.
“Esta ley de inocencia fiscal me aterra que en el país discutamos el principio de inocencia y muestra cuán bajo hemos caído en cuanto a la imposición autoritaria de normas”, criticó y aclaró que no es patrimonio de un solo Gobierno, pero planteó que “debemos reformar esto”. Pagotto se refirió a la actualización de los montos que plantea el proyecto para evitar que los desfasajes monetarios “haga que las normas se desactualicen”.
Al cierre, Pagotto aclaró que “no es una ley que vaya a solucionar de la noche a la mañana los problemas de recaudación ni de relación del ciudadano con el fisco, pero si viene a poner claridad en cuanto a cómo debe actuarse. Esta ley viene a regular y actualizar las pautas penales tributaria que tiene la Ley 11.683 y algunas aledañas y que, sin embargo, nunca habían sido tratadas”.
A continuación, el senador Martín Soria contradijo a Pagotto al asegurar que “esta inocencia fiscal en realidad hace alusión a que faltan dos días para el Día de los Inocentes. De inocencia fiscal tiene poco y nada. Desde el bloque Justicialista, en el estado actual este proyecto no puede ser aprobado ni sancionado”.
Consideró “peligrosos” algunos artículos del proyecto que consideró un “mamarracho”, a tal punto que “el propio ministro de Economía de Milei, Toto Caputo, la semana pasada salió a aclarar en sus redes sociales que había inconsistencias en el texto aprobado en Diputados y que por eso se iba a tratar de enderezar con la reglamentación correspondiente”.
“Lo que salió de Diputados es un mamarracho, porque el proyecto del Ejecutivo da vergüenza ajena”, agregó Soria, que se preguntó “¿para qué estamos nosotros entonces? Somos nosotros la Cámara revisora, la que tenemos la responsabilidad de corregir lo que viene de Diputados si hay algo mal, no es el Poder Ejecutivo”.
A su turno, el radical Maximiliano Abad sostuvo que “la estabilidad no es sólo macroeconómica, también es institucional”, y afirmó que un sistema tributario basado en la desconfianza “debilita la legitimidad del Estado y desalienta la inversión”. Por el contrario, plateó que “un sistema tributario previsible y razonable es un sistema que reduce litigios, mejora los cumplimientos y fortalece la legitimidad del Estado”.
En ese sentido, valoró el cambio de paradigma que impulsa el Poder Ejecutivo al pasar “de la sospecha permanente a la inocencia fiscal”, y remarcó que “los contribuyentes que cumplen no pueden vivir bajo amenaza constante, mientras que el Estado debe concentrar sus recursos en perseguir a los evasores reales”.
Abad celebró la simplificación de las declaraciones juradas, pero advirtió que la actualización de las multas del Régimen Penal Tributario “no contempla la realidad de los pequeños contribuyentes”, lo que puede generar “sanciones desproporcionadas para emprendedores y comercios de barrio”.
Brevemente, el presidente del bloque peronista de Convicción Federal, Fernando Salino, propuso cambios en la redacción del proyecto de ley de Inocencia Fiscal y, en línea con la moción del senador entrerriano Adán Bahl -que había propuesto una moción de orden para que el dictamen volviera a comisiones, pero que no prosperó-, expresó: “¿Cuál es el sentido de apurarse? Estamos absolutamente a tiempo de arreglar esta ley. No se puede reglamentar en contra de la ley, se reglamenta explicándola”. Finalmente, el miembro informante del oficialismo no dio lugar a la incorporación.
“Si no cuidamos a las pymes que generan empleo y desarrollo, estamos yendo en la dirección equivocada”, afirmó. Finalmente, destacó su predisposición a seguir trabajando en una reforma integral del sistema tributario “que brinde previsibilidad, simplifique trámites y alivie la carga impositiva sobre el sector productivo”.
Cerró el debate la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, sostuvo que “no estamos hablando de reformas menores, de justicia, de libertad y de poner al ciudadano por encima del Estado”.
Durante décadas, continuó, “fuimos perseguidos por nuestros propios gobiernos y todos estábamos en riesgo. Por defecto, éramos considerados culpables. Los pequeños y grandes contribuyentes vivieron con miedo; los tribunales se llenaron de gente honesta, mientras los verdaderos corruptos no sufrían las consecuencias. Con esta ley eso se termina”.
Bullrich aseguró que “perseguimos a los que no hacen las cosas de manera correcta”, y que “esta ley termina con el abuso del ‘pague y después reclame’. Esto va a proteger y por supuesto que hay una lógica que no tiene nada que ver con una ley recaudatoria. Acá lo que se permite es que las personas puedan utilizar su dinero sin tener una espada de Damocles sobre su cabeza”.
“Queremos un fisco que acompañe y que no sea castigador”, señaló sobre el final, para garantizar también que “esta ley sigue persiguiendo a los grandes evasores y quienes corrompen el sistema”. Finalizó expresando que “con esto vamos a lograr decir basta a la persecución a los contribuyentes, que los tribunales no estén rebasados de gente honesta y con esto la libertad se vuelve normas, y para nosotros es bien importante”.
Minutos antes de la votación, Adán Bahl propuso el regreso a comisiones del texto en cuestión, pero Bullrich le contestó que “queremos que se trate hoy”. La Libertad Avanza se impuso ampliamente en el tablero.
Después de que el Senado sancionara la Ley de Presupuesto 2026, llegó el turno del tratamiento del proyecto de Inocencia Fiscal, el cual tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Rondando las diez horas de sesión extraordinaria, el senador entrerriano Adán Bahl propuso una moción de orden para que el dictamen vuelva a comisiones, pero no prosperó: fueron 27 votos a favor contra 43 negativos.
En su intervención, el integrante del bloque Justicialista explicó sobre este proyecto de ley que “creemos que las multas no pueden ser aplicadas de manera clara”. Añadió, además, que los delitos tipificados en la nueva legislación “son situaciones sumamente complejas que requieren mucha investigación”. “Queremos evitar que los errores terminen siendo pagados por todos los argentinos”, sumó.
Por otro lado, cuestionó el tiempo con que la norma fue tratada en ambas cámaras y consideró que “una buena ley no es la que sale exprés, si no la que es sostenible en el tiempo”. En el final de su alocución, el senador de Entre Ríos detalló que su propuesta de regreso a comisiones “no es a los efectos dilatorios ni por obstaculizar, es aportar, en un espacio donde nos dejen hacer las observaciones respectivas, para que esta ley sea sostenible en el tiempo”.
Reiteró, después, que “somos la cámara revisora y tenemos que asumir esta responsabilidad para que la ley sea sostenible en el tiempo y que funcione en la práctica”. En el momento que intervino en el recinto, el resto del Cuerpo se encontraba fuera del hemiciclo por lo que debió esperar unos minutos a que regresen todos y así poner a consideración del pleno la moción de orden.
De regreso a la sesión extraordinaria, Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista, sintetizó que la propuesta de la ley de Inocencia Fiscal “es fácil de plantear” a través del ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero. También sostuvo que esta nueva legislación “viene de la Ley 11.683 de toda la vida”.
Antes de culminar y pasar a votar la trunca moción de orden, Bullrich cargó: “Nosotros hemos construido una norma para que haya un primer aviso, un segundo aviso, un tercer aviso de 30 días y un principio de oportunidad”. “Esto no es recaudatorio, es liberar a la gente de un techo bajísimo y queremos que se discuta hoy”.
La sesión extraordinaria arrancó a las 12.18, con mucha expectativa respecto del destino que vaya a tener la ley de leyes. El objetivo oficialista es que la ley salga este mismo viernes y evitar cambios que obliguen una vuelta a Diputados.
Con singular expectativa por el destino que vaya a tener la votación en particular del Presupuesto Nacional 2026, se inició este viernes a las 12.18 la sesión extraordinaria en la que está previsto también el debate del proyecto de Inocencia Fiscal. En la reunión de Labor Parlamentaria no hubo acuerdo respecto de la manera de votar -si era capítulo por capítulo, como se hizo en Diputados, a instancias del oficialismo; o por artículo, como deseaba el peronismo-, por lo que eso lo resolvió el pleno antes de arrancar el debate de la ley de leyes. Mismo escenario que lo que sucedió en Diputados ocho días atrás, el oficialismo logró imponerse en esa votación por 39 votos a favor y 33 en contra, lo que generó la reacción adversa del interbloque conducido por José Mayans, que reclamó por considerar que para imponer esa moción necesitaban los dos tercios del Cuerpo.
El Presupuesto diseñado por el Poder Ejecutivo proyecta un crecimiento del PBI del 5% para 2026, una inflación anual de 10,1%, y estima un tipo de cambio a $1.423 para diciembre del año que viene.
Con el antecedente de lo sucedido el 17 de diciembre en Diputados, donde la oposición logró hacer caer el Capítulo XI del texto original, cuyo artículo 75 proponía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, votadas este año por el Congreso, vetadas posteriormente por Milei e insistidas por ambas cámaras por dos tercios de los votos, la gran duda de este viernes pasa por otro artículo ríspido: el 30°. Ese artículo deroga en sus incisos el artículo 9° de la Ley 26.206 de Educación Nacional; como así también los artículos 5°, 6° y 7° de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; el artículo 52° de la Ley 26.058, de Educación Técnico Profesional; y el inciso 1 del artículo 4° de la Ley 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa.
La oposición dialoguista tiene reparos respecto de esa norma, como así también con el artículo 12°, que autoriza a la Secretaría de Educación a congelar el envío de fondos a una universidad si considera “insuficiente” la información remitida por esa casa de estudios sobre la asignación y el uso que tendrá ese dinero. En principio, el texto asigna como crédito para el funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales la suma de 4 billones 785 mil millones de pesos. Pero establece que esas casas de altos estudios “deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieran por todo concepto.
El proyecto estima para el sector público nacional, ejercicio fiscal 2026, un resultado financiero superavitario de $2.734.029.655.055. Además, fija en la suma de $148.069.293.526.549 el total de los gastos corrientes y de capital del presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2026.
El proyecto estima en la suma de $148.295.762.681.598 el cálculo de recursos corrientes y de capital de la Administración Nacional, y fija en la suma de $20.721.561.948.071 los importes correspondientes a los gastos figurativos para transacciones corrientes y de capital de la Administración Nacional, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas de la Administración Nacional en la misma suma.
El resultado financiero superavitario queda estimado en la suma de $226.469.155.049. Asimismo, fija en la suma de $391.506.555.376 el importe correspondiente a gastos figurativos para aplicaciones financieras de la Administración Nacional, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas para aplicaciones financieras de la Administración Nacional en la misma suma.
Como miembro informante, abrió el debate el jujeño Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza) quien resaltó que “intentamos sancionar un Presupuesto que tenga una regla fiscal simple y lógico que no se había cumplido en los últimos 13 años y que tenga un déficit cero” con el objetivo de “generar confianza interna y externa”.
Al respecto del Presupuesto 2026, señaló que “las premisas son claras” porque “se ha formulado con una norma vigente y un escenario de estabilidad”. “Nuestro objetivo principal es sostener por tercer año consecutivo el superávit financiero y precisó el Presupuesto tiene por ley “una alta rigidez porque el 92% del gasto total ya está comprometido en partidas de difícil modificación”.
En esa línea, Atauche precisó que “un 82% de este Presupuesto no se mueve" y destacó que el Presupuesto 2026 es un “punto de quiebre” para la historia porque “en décadas teníamos un Presupuesto sin déficit”.
Desde el lado de la oposición, el senador chaqueño Jorge Capitanich eligió hablar por 40 minutos en lo que tocó diferentes cuestiones vinculadas al contenido del proyecto de ley de Presupuesto 2026. Consideró que el tratamiento de este texto es una “violación sistemática del reglamento”, y sintetizó: Nos oponemos porque este Presupuesto viola sistemáticamente la Constitución Nacional y necesitamos un debate sin restricciones”.
Integrante del bloque Justicialista, consideró que el presidente Javier Milei ha hecho un “abuso” de la emisión de decretos de facultades delegadas avalados por la Ley de Bases, y con respecto al tratamiento de esta “ley de leyes”. En el final de su extensa intervención en el recinto de la Cámara alta, Capitanich pidió votar en contra del artículo 30 del dictamen en revisión que establece recortes en la educación técnica. “Le quitamos recursos específicos a las escuelas técnicas, pero le sacamos impuestos a las aeronaves y a las embarcaciones”, cuestionó.
También sobre el artículo 30 se refirió el radical Maximiliano Abad, quien arrancó: "En nuestro país la discrecionalidad se convirtió en rutina y la rendición de cuentas en una rareza; yo celebro que estemos a punto de sancionar el Presupuesto, porque eso fortalece la institucionalidad de nuestro país y el funcionamiento republicano".
Sin embargo, a continuación dijo que quería "advertir con gran preocupación que, bajo el mantra del equilibrio fiscal, el Gobierno niega que la innovación y el conocimiento no tienen nada que ver con el desarrollo". "El artículo 30 yo lo llamo 'el artículo escoba', porque barre los pisos de educación, pero también las proyecciones en inversión de ciencia". Y puso como ejemplo la inversión en ciencia de países que admira la gestión mileísta: "Estados Unidos invierte el 3,45% del PBI en ciencia e Israel está por encima del 5%".
"No podemos condenar a la Argentina a la mediocridad", afirmó y consideró que "lo que se viene en Argentina es decisión política: si van a seguir metiendo la mano en las universidades, si van a seguir metiendo la mano a las personas con discapacidad, en los hogares de las zonas frías o si definitivamente se van a animar a desarmar muchos de los privilegios que existen".
A su turno, la tucumana Beatriz Ávila, del monobloque Independencia, resaltó que "han pasado dos años, la mitad de esta gestión, sin una hoja de ruta clara, por eso creo que hoy venimos a subsanar esto". "El Presupuesto no es un trámite administrativo, es un acto profundamente político y una definición sobre el Estado que queremos", señaló.
En ese sentido, la legisladora dijo que este Presupuesto "no es el ideal, pero sí da previsibilidad y es una herramienta para salir de un círculo vicioso de improvisación, crisis y desigualdad". "Tiene un superávit financiero que es útil como herramienta, pero la macroeconomía tiene que acompañar al desarrollo productivo del país. El equilibrio fiscal no puede convertirse en un dogma, no puede inmovilizar a la producción", advirtió.
También, Ávila reclamó por las obras: "Mi provincia se ha hecho cargo de obras que la Nación ha abandonado. Necesitamos imperiosamente que la Nación tenga inversión en infraestructura". "Aprobar este Presupuesto obviamente no es un cheque en blanco", manifestó, al afirmar que eso es mejor que no tenerlo por tercer año consecutivo.
A su turno, el senador Wado de Pedro centralizó una parte de su intervención en el área educación destacando el artículo 30° “da vergüenza ajena”. “La misma que tuvo el secretario de Hacienda cuando vino a decirnos a la Comisión de Educación que estaban interesados en el tema, porque habían aumentado el presupuesto del sector”, señaló, asegurando que “vino a tomarnos el pelo: todos sabemos que desde que asumió, la educación perdió 45 puntos reales”.
Sostuvo en tal sentido que el funcionario “tiene que defender con coraje sus ideas, no mentirle a la gente”. Y detalló lo que elimina el artículo en cuestión, que en sus incisos elimina la meta del 6% del PBI destinado a la educación. “El secretario de Hacienda mintió, porque cuando el senador Capitanich le preguntó por qué eliminaban el artículo 9, dijo que era porque nunca se había llegado a esa meta”. Por el contrario, De Pedro mostró un gráfico que mostraba que en 2015 se había llegado al 6,1%.
Luego citó el inciso que “deroga una ley que pone como norte que Argentina puede llegar al 1% de inversión en Ciencia y Tecnología en 2032”. Por el contrario, sostuvo que “debemos invertir mucho más en conocimiento”, y advirtió que hoy estamos en “el piso más bajo de los últimos 20 años en inversión en Ciencia y Tecnología”. En cuanto al inciso siguiente, consideró que se mete con “una ley totalmente noble que tiene mucho que ver con esa Argentina pujante del interior”, y se preguntó “cómo vamos a desfinanciar a las escuelas técnicas; desfinanciar las herramientas que necesitan más de 1.900.000 argentinos que quieren estudiar”.
“Hay un discurso gorila que permanentemente dice que los jóvenes no quieren estudiar, no les gusta trabajar… Pónganse de acuerdo: muchas veces en los medios escuchamos de los jóvenes que no quieren estudiar, los vagos, y estamos desfinanciando a la escuela técnica. Es una vergüenza”, cerró.
“Que nos hablen de obras que no se hicieron, y que lo haga la senadora por Santa Cruz, una provincia donde se pagaron rutas que nunca se hicieron y todavía se están buscando…”, señaló en un pasaje de su discurso el libertario Agustín Monteverde. El economista debutó en el recinto diciendo que “este proyecto de presupuesto rompe con esa lógica: no hay ingresos ocultos por subestimaciones, no tiene atajos contables; aquí hay proyecciones responsables y consistentes, alineadas con el objetivo de reordenar las cuentas públicas porque lo que se busca es devolverle credibilidad a la economía y dignidad a la política”.
“No es insensibilidad ajustar el gasto a los recursos disponibles; en cambio sí es flagrante crueldad financiarlo con inflación, castigando a los que menos tienen”, señaló.
La senadora salteña Alejandra Royón advirtió que “acompaño en general este presupuesto”, adelantó, advirtiendo que “acompañar no es callar, no es no mirar y señalar lo que creemos que está mal”. Y en ese sentido aclaró que “acompaño por una cuestión de federalismo, pero también acompañar es proponer y corregir”.
“En vez de hablar de derogar, y derogar, y derogar, Dios quiera que podamos tener una propuesta mucho más constructiva sobre las leyes que no se pueden cumplir y empecemos a discutir y ver cómo es la mejor manera para que estas leyes que defienden derechos como las universidades, los discapacitados, la escuela técnica, la ciencia y la tecnología, tengan una mejor implementación –dijo-. En vez de derogar, nos pongamos a gestionar, a hacer mejores propuestas”.
En representación del Frente Pro, el misionero Martín Göerling planteó que el debate del Presupuesto se trata de “en qué se va a gastar el esfuerzo de todos los argentinos. Porque el dinero que se recauda y que se va a gastar que está en esta ley sale de los impuestos de los argentinos, el Estado no genera riqueza, sino que administra la riqueza que generan los argentinos que trabajan”.
El senador del Pro celebró el debate del Presupuesto con equilibrio fiscal “es algo muy positivo para que los argentinos sepan en qué se está gastando eficientemente”. Así, remarcó que “desde el Pro tuvimos la responsabilidad de dar gobernabilidad y dándoles las herramientas para que puedan gobernar, pero apoyar este Presupuesto no significa darle un cheque en blanco para que hagan lo que quieran, también le exige responsabilidad al Gobierno y cumplir los acuerdos que hay, por sobre todo con las provincias”.
A continuación, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, celebró el tratamiento del Presupuesto, valorando todo lo bueno que veía en el presupuesto, pero también dijo que gobernar sin presupuesto, como ha hecho esta gestión durante dos años, “es una falta de respeto hacia las instituciones; una expresión de autoritarismo que no se puede permitir”.
Reconoció que jamás se logró cumplir el objetivo de alcanzar el 6% del PBI para la educación y se llegó a niveles de calidad educativa de los peores. ¿Cuál es la conclusión?, se preguntó. “No es darle recursos y plata a la gente para que salga adelante, sino darle más educación”, remarcó. En ese sentido, el correntino reclamó “un esfuerzo enorme para contribuir a la eficiencia, y no se trata de recursos”.
Agregó el jefe radical que “es muy difícil un crecimiento sin educación; es muy difícil que haya inversión pública sin argentinos que puedan ser empleables, y la empleabilidad viene de la mano de la educación”. Cerró adelantando que su bloque votaría a favor en general, mientras que “en particular algunas diferencias podemos tener”.
NOTICIA EN DESARROLLO
Luego de haber comprobado que sigue siendo minoría en ambas cámaras y que el “envión” del 26 de octubre también tiene techo, La Libertad Avanza buscará el viernes que viene aprobar el Presupuesto e Inocencia Fiscal.
Ezequiel Atauche, Juliana di Tullio y Patricia Bullrich durante el debate de la reforma laboral. (Foto: Comunicación Senado)
Llegan las fiestas, semana corta en un Congreso muy activo hasta el final. Aunque no tanto como se esperaba, por lo que anticipaban quienes redoblaron la apuesta hablando de actividad plena en ambas cámaras, entre el 10 de diciembre y el 30. Al final, será como originalmente había anticipado parlamentario.com: el Presupuesto Nacional 2026 sería ley, lo mismo que el proyecto de Inocencia Fiscal. El resto del temario de extraordinarias quedaría para febrero.
Pasaron cosas, claro está. Porque sobre la marcha se supo de las intenciones oficiales de redoblar la apuesta y terminar el mes al menos con la media sanción de la modernización laboral, también. Fue lo que motivó un andar apresurado de la Cámara alta, que dejó jirones en la relación entre el oficialismo y la principal oposición en el Senado, por el armado apresurado de las comisiones que salteó algunas instancias reglamentarias.
Fue lo que generó una mañana de miércoles en el Senado, con los senadores del ahora denominado interbloque Popular protestando a viva voz por dos cuestiones no menores: la convocatoria a armar las comisiones salteó un artículo del reglamento que establece que debe ser el pleno el que delegue esa facultad en el presidente del Cuerpo; y la conformación de las comisiones se hizo alterando el sistema D’Hont, en detrimento del peronismo. Razón por la cual los senadores alineados tras la jefatura de José Mayans prometieron ir a la Justicia, con la intención manifiesta de trabar la implementación de la reforma laboral. Ya se verá qué tan lejos llegan los senadores peronistas, por un lado, y llegado el momento cómo reacciona la Justicia, no siempre a gusto al tener que inmiscuirse en cuestiones de otro poder.
Lo cierto es que no fueron los métodos del Senado los que complicaron el organigrama dispuesto en esa Cámara para el desarrollo de los dos temas que se habían impuesto aprobar: la ley laboral y la reforma de la Ley de Glaciares. Porque en definitiva, el debate de ambos temas en las comisiones del Senado se hizo de manera civilizada y -si bien acelerado- ordenadamente. Los peronistas decidieron autoexcluirse de las comisiones, cuestión de desautorizar su funcionamiento, y por eso no emitieron dictamen alguno, pero participaron activamente de las reuniones.
El problema surgió en el lugar en el que todo estaba más encarrilado, Diputados, donde el oficialismo se “sobregiró” y se pasó dos pueblos… Fue cuando el texto definitivo del Presupuesto modificó la redacción del dictamen de mayoría alcanzado en noviembre pasado para incluir en un mismo capítulo una serie de cuestiones en las que se destacaba como un letrero lumínico el artículo 75 que derogaba dos leyes a las que no citaba por su nombre, sino por el número. Como si con eso fueran a pasar desapercibidas.
Hablamos de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, dos cuestiones que se llevaron la atención principal durante buena parte de este 2025 y que pasaron no una, sino dos veces por cada una de las cámaras: fueron aprobadas e insistidas por la Baja y la Alta, rechazando con más de los dos tercios sendos vetos presidenciales. La inclusión de ese texto en la ley de leyes dicen que fue sugerida por Luis “Toto” Caputo, obsesionado por mantener el déficit cero, pero pareció obedecer a intenciones aleccionadoras de parte de un Gobierno que hoy se siente mayoría en ambas cámaras.
Pero no lo es, pequeño detalle. Ni en Diputados, ni en el Senado. En la primera de esas cámaras debe reunir en cada sesión un 13% de los miembros para arrancar cada sesión; en la otra, el 22%. Lo mismo para la aprobación de cada proyecto.
La propia oposición se lo hizo notar al oficialismo el miércoles pasado en el inicio de la sesión. No hablamos de la primera votación, en la que el oficialismo consiguió aprobar que en el tratamiento en particular se votara por capítulos, sino a la hora de conseguir el quórum. En las últimas sesiones -todas pedidas por la oposición- se venía viendo que el quórum se reunía antes de los 15 minutos de espera. Esta vez, cuando se iba a tratar un tema que todos querían, aunque no votaran el dictamen de mayoría -hablamos del Presupuesto, que propios y extraños quieren-, se esperó hasta el final. Hicieron transpirar a La Libertad Avanza demorando sentarse en sus bancas hasta las 14.27: faltaban 3 minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario que Martín Menem respeta a rajatabla. ¿Hubiera levantado la sesión si a las 14.31 no había quórum? Se supone que sí, y hubiera sido un papelón. Lo cierto es que el bloque Pro llegó sobre el final, pero el quórum lo terminaron dando los diputados de Provincias Unidas, a pesar de que sienten que el presidente de la Cámara los destrató a la hora del armado de las comisiones.
Pero el momento crítico se viviría once horas más tarde, durante el debate en particular de la ley de leyes, al votarse el Capítulo XI. Previamente, a instancias de Nicolás del Caño, la oposición hizo un nuevo y estéril intento por abrir el capítulo y votar por artículos. El oficialismo se hubiera ahorrado el problema que sobrevino luego del rechazo del mismo.
El correlato de lo sucedido en esa instancia se dio horas después en el Senado. La sensación de invulnerabilidad que traía La Libertad Avanza desde el 26 de octubre se rompió apenas se perdió la votación del Capítulo XI. Fue una lección que este oficialismo reforzado en ambas cámaras deberá asimilar, pues no es muy diferente lo que le sucedió en el primer bienio del mandato libertario: del éxito de la aprobación de la Ley de Bases, alcanzado con las minorías cuantitativamente más extremas de la historia, se pasó a la sucesión de derrotas acumuladas en el período ordinario 2025. Por demérito propio. Y en términos legislativos -en política en general- cuando ven débil al adversario, ya no le dejan pasar ninguna.
Muy experimentada en las lides legislativas, Patricia Bullrich tomó rápida conciencia de lo que podía suceder y dejó de lado el trámite exprés para anunciar que pasaban para febrero el tratamiento de los temas pendientes de extraordinarias. En rigor, fue mucho más que sentido común: los senadores que deberían aportar los votos para aprobar la reforma laboral le aclararon que no la votarían, razón por la cual se postergó el debate para febrero. Aunque ambos temas fueron dictaminados, lo que no es un detalle menor. También se admite que podrá haber cambios en el dictamen del proyecto de modernización laboral, lo cual permite distender los ánimos.
Asimismo los senadores dialoguistas le aclararon al oficialismo que votarían el presupuesto proveniente de Diputados, sin los cambios que desde la Casa Rosada habían anticipado para compensar las pérdidas que anticipan el capítulo perdido. De hecho, el oficialismo no tenía asegurada la aprobación del Presupuesto si volvía a Diputados. Y por más diatribas que lance el presidente, necesitan que el Presupuesto salga y demostrar que el Parlamento ya no es un territorio hostil para el oficialismo.
Así se llegará el viernes 26 al Senado, donde tendrá lugar la última sesión del año en este Congreso que fue tan adverso para La Libertad Avanza a lo largo del año. Será la hora en que La Libertad Avanza vuelva a ganar una votación en la Cámara alta y tener aprobadas sus primera leyes, desde febrero de 2025.
Se trató en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde legisladores de la UCR y el Pro pidieron alguna revisión respecto de las declaraciones juradas.
Foto: Comunicación Senado
A menos de 48 horas de su aprobación en la Cámara de Diputados, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado dio dictamen favorable este viernes al proyecto de ley sobre Inocencia Fiscal.
En un breve trámite, el oficialista Juan Carlos Pagotto fue ratificado presidente. Al tomar la palabra, recordó que se habían convocado varias reuniones anteriores -que no tuvieron quórum- para tratar la modificación al Régimen Penal Tributario.
"El tema es de vital importancia para la vida de los argentinos; para que dejemos de depender de resoluciones generales y empecemos a depender de la ley", enfatizó y señaló que en el régimen "había quedado tan desactualizado el margen de la condición objetiva de punibilidad, que con un millón y medio de pesos cualquiera era cliente del sistema penal tributario".
La Libertad Avanza consiguió el dictamen gracias al apoyo de sus aliados. Sin embargo, desde Unión por la Patria solo se hizo presente el porteño Mariano Recalde para rechazar la composición de las comisiones. "Sí, tienen quórum sobre una integración que nosotros cuestionamos, que se produjo violando el reglamento por la forma y la proporción", se quejó.
El camporista agregó que esperaba que esto "se rectifique, que se convoque a una sesión donde esto se corrija", porque "a la presidenta no le han sido delegadas las facultades por el Cuerpo".
En relación al proyecto, que modifica los umbrales a partir de los cuales se castigará la evasión, el radical Maximiliano Abad dijo: "Celebro el cambio de paradigma en torno a la ley de Inocencia Fiscal, en donde se deja atrás el concepto de que todos los contribuyentes son evasores. Este cambio hace que los contribuyentes sean inocentes hasta tanto y cuanto el fisco, con la documentación y las pruebas, demuestre lo contrario".
Sobre el texto, observó que en cuanto a las multas referidas a la obligación de presentación de declaraciones juradas, no sabía "cuál es el sistema que se utiliza para este cambio" y "tampoco se discrimina entre pequeños, medianos y grandes contribuyentes". "En la reglamentación eso tendría que discriminarse", sugirió.
En la misma línea, la senadora del Pro Andrea Cristina consideró que "hay que revisar el monto, porque no es lo mismo el impacto económico en un comerciante, una microempresa y una multinacional". "Estamos dispuestos a analizar este planteo", respondió la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich.
Por su parte, el presidente de la bancada radical, Eduardo Vischi, opinó que "se comete un error de no poner un monto variable, que sea ajustable a la inflación, porque podemos correr el riesgo que en un tiempo esta ley vuelva a tener el mismo inconveniente".
No obstante, el correntino expresó que "es muy importante avanzar en esta norma" por "el cambio del concepto con respecto a los contribuyentes y alguna simplificación que permite cambiar cierto paradigma sobre cómo se entienden las formas de declaraciones juradas y cómo se va a manejar el organismo de control respecto al ciudadano". Y se manifestó a favor de que "se dictamine y aprobarla antes de fin de año".
Juan Carlos Pagotto
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en junio pasado, también conocido como de incentivo al uso de los "dólares del colchón", introduce mecanismos que permiten la extinción de la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación fiscal, y establece límites precisos al inicio y a la continuidad de los procesos penales cuando las facultades del fisco para determinar la deuda se encuentran prescriptas.
Asimismo, incorpora una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas en tiempo y forma, salvo que se detecten inconsistencias relevantes, reforzando la previsibilidad y reduciendo la discrecionalidad en los procesos de fiscalización.
También se crea un Régimen Simplificado de Declaración Jurada, orientado a facilitar el cumplimiento tributario, incentivar la formalización y garantizar que la información patrimonial no sea utilizada como mecanismo de persecución futura.
En cuanto a los umbrales a partir de los cuales se considera delito la evasión, aumenta de$1,5 a $100 millones (simple) y de $15 a $1.000 millones (agravada). En tanto, para la evasión de seguridad social sube de $200 mil a $7 millones; y para el uso de facturas apócrifas el piso para ser perseguido aumenta de $1,5 millones a $100 millones.
Sobre el Régimen Simplificado de Ganancias, se establece un tope patrimonial de hasta $10.000 millones para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.
Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.
Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de 5 a 3 años. ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.
La iniciativa del Gobierno, que incentiva el uso de los “dólares del colchón” obtuvo 130 votos a favor, 107 en contra y 2 abstenciones. La izquierda denunció que se trata de “una ley para beneficiar la evasión y el narcotráfico”. Pasa al Senado.
Tras la aprobación del Presupuesto 2026, la Cámara de Diputados, en su primera sesión con la nueva composición, aprobó y giró al Senado el proyecto de ley de “Inocencia Fiscal” que busca incentivar el uso de dólares no declarados, más conocido como “dólares del colchón”.
La iniciativa obtuvo 130 votos positivos de La Libertad Avanza y sus aliados, mientras que hubo 107 votos negativos y 2 abstenciones.
El proyecto introduce una reforma integral del sistema tributario y del Régimen Penal Tributario. Propone un cambio estructural en la relación entre el Estado y los contribuyentes, basado en la presunción de inocencia.
Se redefinen los criterios para la configuración de los delitos fiscales, priorizando la intervención penal en los casos de “evasión relevante”, con el objetivo de “descomprimir el sistema judicial y concentrar los recursos del Estado en conductas verdaderamente lesivas”.
La iniciativa introduce mecanismos que permiten la extinción de la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación fiscal, y establece límites precisos al inicio y a la continuidad de los procesos penales cuando las facultades del fisco para determinar la deuda se encuentran prescriptas.
Asimismo, incorpora una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas en tiempo y forma, salvo que se detecten inconsistencias relevantes, reforzando la previsibilidad y reduciendo la discrecionalidad en los procesos de fiscalización.
También se crea un Régimen Simplificado de Declaración Jurada, orientado a facilitar el cumplimiento tributario, incentivar la formalización y garantizar que la información patrimonial no sea utilizada como mecanismo de persecución futura.
En cuanto a los umbrales a partir de los cuales se considera delito la evasión, aumenta de$1,5 a $100 millones (simple) y de $15 a $1.000 millones (agravada). En tanto, para la evasión de seguridad social sube de $200 mil a $7 millones; y para el uso de facturas apócrifas el piso para ser perseguido aumenta de $1,5 millones a $100 millones.
Sobre el Régimen Simplificado de Ganancias, se establece un tope patrimonial de hasta $10.000 millones para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.
Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.
Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de 5 a 3 años. ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.
No hubo debate
La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, fue la miembro informante del tema. Sin embargo poco pudo hacer en ese rol, ya que cuando le tocó intervenir ya llevaban más de diez horas de debate y el clima estaba alterado. Había un gran bullicio y buena parte de los diputados estaban de pie, como si estuvieran emprendiendo la retirada.
“Este proyecto establece un cambio de paradigma; implica una concepción distinta de lo que son los ciudadanos en la Argentina. Hace un tiempo atrás, durante el período kirchnerista, se consideraba que los contribuyentes eran sospechosos por defecto”, señaló Rodríguez Machado, más atenta a si el resto de la Cámara se quedaba que a dar su discurso.
Finalmente pidió que se restableciera la calma e invocó a sus pares diciéndoles que había habido mucho consenso con ese proyecto. “De hecho, lo trabajamos con muchos de los diputados que están de pie”, señaló, recordando que algunos meses atrás habían sacado un despacho unánime, que por primera vez en durante este período no había tenido votos en contra. “Y ahora los veo dudando”, reprochó, pidiéndoles ponerse a trabajar nuevamente en el tema.
Su par Silvana Giudici cortó por lo sano pidiendo cerrar el debate y pasar a la votación, alcanzándose el resultado positivo señalado.
A la hora de la votación en particular, el diputado de UP Guillermo Michel pidió una serie de cambios que en líneas generales respetaban el espíritu de la norma, pero pedía modificar la magnitud de las multas y clausuras, fundamentalmente teniendo en cuenta el tamaño de la empresa y las personas humanas residentes en el país si no calificaban como grandes contribuyentes.
No se aceptaron las modificaciones, pero cuando avanzó la votación en particular desde la izquierda se escucharon fuertes críticas. Incluido el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois. Miriam Bregman dijo que estaban votando “la ley de José Luis Espert” y sostuvo que se trataba de un proyecto “para esconder narcos”.
Cuando Bertie Benegas Lynch intervino para aceptar una modificación, el recinto había vuelto a desbordarse, y el diputado libertario tuvo que insistir varias veces en que se trataba de una sugerencia del diputado Michel la que iban a aceptar, en el artículo 43°, referida a los montos a ajustarse a partir del 1 de enero de 2027.
Romina del Plá sostuvo también que se trataba de “una ley para beneficiar la evasión y el narcotráfico (…) Una ley al servicio de los narcos”, en tanto que Grabois intervino a los gritos para afirmar que “esta ley fue presentada por un narcotraficante que le bajamos de las listas, y que se fue, como se va a tener que ir Villaverde, porque está confirmadísimo: es una señora detenida por tener merca! ¡La misma la merca que consumen en este lugar!”, lanzó Grabois, que sugirió que “todos se tendrían que hacerse un narcotest! ¡Toditos, toditos!”.
Afirmó que “¡esta es una ley de legalización del narcotráfico! ¡Es una ley de impunidad para el lavado de activos provenientes del narcotráfico!”, y cerró: “La verdad es que, que estén festejando esta ley, una ley con la que van a blanquear la plata de los que le venden droga a sus hijos y a sus nietos, ¡les tendría que dar vergüenza! ¡Incluso siendo la mierda que son, esto les tendría que dar vergüenza!”.
“¡Sáquense todos una selfie con esa señora porque va a terminar presa muy rápido! ¡Chau, Villaverde! ¡Te voy a ir a visitar al penal!”, concluyó.
El oficialismo logró imponer el plan de Labor Parlamentaria y la votación en particular se hará capítulo por capítulo. Se prevé que el proyecto de Presupuesto se vote después de las 22.
Foto: HCDN
Con el debut "a todo trapo" de los nuevos legisladores, tras ganar La Libertad Avanza significativo terreno dentro del recinto, se realiza este miércoles desde las 14.27 la primera sesión extraordinaria de esta mitad de diciembre, en la que el oficialismo buscará darle media sanción al Presupuesto 2026. Según supo parlamentario.com, la votación será después de las 22.
En el comienzo de la sesión, el jefe de bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, propuso el plan de votar capítulo por capítulo en particular. Con el apoyo de los legisladores de Salta, Misiones, Tucumán, San Juan, Catamarca y Neuquén, más el Pro, la UCR y el MID, La Libertad Avanza impuso su propuesta con 130 votos a favor, 112 en contra y 1 abstención -Karina Banfi-.
Una vez culminado el debate por la "ley de leyes", seguirá "Inocencia Fiscal", enviado en junio pasado, y el de "Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria", que ingresó junto al Presupuesto el pasado 15 de septiembre, pero nunca se habían discutido. El tercer tema corre chances de no ser tratado y que la sesión quede sin quórum para ese momento.
El dictamen del oficialismo
El Presupuesto diseñado por el Poder Ejecutivo proyecta un crecimiento del PBI del 5% para 2026, una inflación anual de 10,1%, y estima un tipo de cambio a $1.423 para diciembre del año que viene.
Uno de los cambios a la redacción original que más polémica causó este martes fue la incorporación de un artículo (el 75), que propone la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitaria, votadas este año por el Congreso, vetadas posteriormente por Milei e insistidas por ambas cámaras por dos tercios de los votos. Este artículo forma parte del capítulo más cuestionado, el XI de los XII que contiene el dictamen.
En el artículo siguiente, el oficialismo sumó que "los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán determinados en forma trimestral por el Ministerio de Salud y la ANDIS, en forma conjunta, a propuesta del directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad".
"Para los casos en que dicha determinación no se efectúe dentro del período estipulado, los valores de los aranceles serán establecidos por el Ministerio de Salud tomando como referencia el Índice de precios al Consumidor (IPC)", añade el texto, que busca apaciguar la propuesta de derogación de una ley sobre la que el Poder Ejecutivo acaba de sufrir un fallo judicial adverso.
En cuanto al presupuesto universitario fija una partida en $4,785 billones.
Por el contrario, los dictámenes alternativos de la oposición, tanto de Unión por la Patria como del interbloque Unidos, proponen incorporar estas dos leyes y la de Emergencia Pediátrica como parte del Presupuesto.
En tanto, el artículo 70 establece la derogación del carácter móvil de las asignaciones familiares, entre ellas la Asignación Universal por Hijo, de manera que los montos no queden atados a la movilidad previsional sino que serán a discreción del Ejecutivo.
En cuanto a la Ley de Zonas Frías se elimina la ampliación de localidad y provincias votada en 2021, retrotrayendo el beneficio de los subsidios en las tarifas de gas únicamente para la Patagonia, Malargüe y la Puna.
Otro artículo que genera polémica en el dictamen de LLA es el 30: prevé la derogación de artículos de distintas leyes relacionadas a financiamiento en educación, ciencia y defensa.
En el dictamen, de 83 artículos, se prorroga hasta 2045 la eximición de tributos a la energía renovable y se incorpora un artículo que exime del pago de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono a las importaciones de gasoil y diesel oil, así como a su comercialización en el mercado interno durante 2026.
En una de las modificaciones sumadas a último momento (pero no plasmada todavía en el texto del dictamen), con el objetivo de garantizar el apoyo Pro, el oficialismo prometió agregar la facultad al jefe de Gabinete para “efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables” para que Nación cumpla con el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la coparticipación adeudada por la quita de fondos al distrito durante la gestión de Alberto Fernández.
En la presentación del despacho de mayoría, Alberto "Bertie" Benegas Lynch -en su rol de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda- señaló que la gestión de Javier Milei todavía no tuvo ley de Presupuesto aprobada y valoró que “el Gobierno nacional en tres oportunidades está sugiriendo bajar el gasto" mientras desde el Parlamento “le pedimos que rompa el equilibrio fiscal, la deuda y más impuestos”.
Luego, agregó que "es un principio moral no gastar más de lo que se tiene” y destacó que el Gobierno “independientemente de que no tenía presupuesto lo manejó junto al equilibrio fiscal”.
Para el dictamen de minoría, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz de Unión por la Patria expresó: “Nos negamos a convalidar la salida que propone Javier Milei de más ajuste, más recesión, pérdida de empleo, pérdida de salario, baja del consumo y la destrucción del entramado PyME-industrial”. También, reclamó por la intención del oficialismo de derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.
Dialoguista del Gobierno nacional a través del gobernador salteño Gustavo Sáenz, la diputada Yolanda Vega manifestó que “el Presupuesto se apoya en principios de superávit fiscal, financiero y desinflación". La legisladora de Innovación Federal consideró que "es una herramienta necesaria que nos brindará como país mayor seguridad institucional y jurídica para el crecimiento económico”.
La salteña Yolanda Vega avaló votar por capítulos en la particular
Desde el Frente de Izquierda, la diputada Myriam Bregman fustigó al oficialista Lisandro Almirón, quien protagonizó un hecho insólito en su intervención: “Es terrible que la tomada de pelo sea tal que ni siquiera sepan de qué hablan”. Además, criticó a los opositores de bloques provinciales que “discursean” pero dan quórum. “¿Cómo puede ser que cuando llega la hora de votar se escondan como ratas en una cañería?”, se quejó respecto a la moción que prevaleció para votar el Presupuesto en capítulos.
La porteña consideró que este es “un presupuesto del FMI” y “lo que se discute en este presupuesto es lo poquito que queda después que se cobre el FMI, después que se cobre (Scott) Bessent”. Sobre la ley, advirtió que “el ajuste para las mujeres en el conjunto de los programas es de un 89%. Es ajuste con batalla cultural, porque atacan específicamente la educación sexual integral”. Mientras que “en educación y cultura la caída es de un 47,7%. Es una brutalidad”, enfatizó.
Por el bloque radical, el mendocino Lisandro Nieri lanzó una sugestiva crítica: “Es increíble destacar la normalidad”. “Venimos de una Argentina con crecimiento del gasto y constante presión sobre el sector privado”, cargó, y comparó esta iniciativa con lo que ocurre en su provincia para “dar calidad en los servicios públicos como educación, seguridad y justicia”.
En otro tramo, el diputado cornejista añadió: “Creo que hay un pendiente, que es recuperar el crédito y la remonetización de la economía; por eso nuestro bloque va a acompañar el proyecto de Inocencia Fiscal, que simplifica y corrige los montos”.
En el espacio de oradores individuales, el libertario Lisandro Almirón destacó una lista con obras destinadas a la provincia de Corrientes. Lo que no se dio cuenta es que estaba leyendo el dictamen de minoría de Unión por la Patria. “Muchas veces se dice que este Gobierno no escucha, pero las principales obras de mi provincia están incluidas en el Presupuesto”, había señalado el legislador oficialista antes de que Germán Martínez le aclarara qué era lo que estaba leyendo.
Integrante del interbloque Unidos, Miguel Pichetto cuestionó el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto al cambio en el sistema de bandas. “Se habla de un dólar de 1.700 a 1.900 pesos”, señaló en relación a la meta del Gobierno nacional de fijarlo en $1.423 a diciembre de 2026.
“Ha habido cambios que son importantes que tienen que ver con una política devastadora con la industria, el trabajo y la destrucción de empleo”, aseveró el legislador de Encuentro Federal. Luego, insistió con el ingreso de productos de China y apuntó contra el Poder Ejecutivo: “La política del Gobierno es más pro-China que pro-americana”. “Tratemos de mejorar la vida de nuestros trabajadores que están a niveles de pobreza”, pidió.
Definidamente opositor, el diputado nacional Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica consideró al dictamen del Presupuesto 2026 de ser “ilusorio y ficticio”. En el recinto, también sostuvo que “arranca el año con el doble de la inflación de la prevista y subestima la suba de precios que todavía están sufriendo los argentinos”.
Sin tapujos, reiteró que se trata de “un claro cachivache jurídico”, y explicó: “Quedó confirmado al incorporar por la ventana un artículo que es totalmente ilegal porque viola la ley de administración financiera, pero también confirmaron que este presupuesto no es meramente un ejercicio de austeridad fiscal, sino que el oficialismo tiene la clara decisión política de desprenderse y abandonar los oficios de enseñar, de curar y cuidar que sostienen el lazo social en la Argentina”.
Por el bloque de Provincias Unidas se expresó Pablo Juliano quien denunció el reparto de ATN a Jalil y Jaldo para aprobar el Presupuesto: “En este segundo tiempo del gobierno se puso a jugar a la casta más rancia".
Así, denunció: “Hablo de los ATN. El último mes repartieron 66 mil millones de pesos. Se la dieron a los que mandaron al arco como Osvaldo Jaldo (Tucumán) que recibió 20 mil millones de pesos para aprobar el Presupuesto. Pero le pegan en la mano a los que tienen las cuentas ordenadas, a esas provincias productivas las extorsionan. Lo ponen a jugar a Jalil que aportó votos en las elecciones a Unión por la Patria. Le están dando 10.500 millones por mes".
"Se puede ser sensible, aprobar recursos para las leyes que votamos como la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento para las Universidades y cuidar el equilibrio fiscal, como estipula nuestro dictamen. En la sensibilidad no engendramos populismo sino un mensaje de futuro. Me parece que no hay futuro para un gobierno que amedrenta y aprieta. Esa receta ya se probó", cerró.
Por su parte, el diputado Jorge Taiana (UP) consideró que el Presupuesto 2026 “es de ajuste y deja fuera a la mayoría de la población, a la mayoría del empresariado argentino y solo beneficia a unas pocas grandes empresas y honra (o deshonra) los compromisos internacionales y la deuda que ha asumido”.
Para Taiana el proyecto busca “desactivar, desmantelar, hacer todavía más frágil y débil el desarrollo educativo, científico y tecnológico argentino” porque “ataca primero a disminuir inversiones de educación general, después disminuir la educación técnica, quitar los objetivos, achicar el sistema científico tecnológico, paralizar los distintos organismos, el INTI, el INTA, la CONEA, el INVAP, la CONAE, busca que todo el sistema de conocimiento en la Argentina se paralice porque no piensan que sea necesario, piensan que una Argentina basada en la explotación primaria y básicamente de inversión extranjera, no necesita ni industria, ni desarrollo científico tecnológico”.
El diputado de UP señaló que las cifras del presupuesto son “inverosímiles” y que “el 10% de inflación es falso”. Así, advirtió que “ese presupuesto es incumplible y solo se va a cumplir a través del endeudamiento. Este presupuesto lo que supone es más endeudamiento en un gobierno que ha endeudado todo lo que ha podido. Endeudó con el Fondo Monetario, endeudó con el Tesoro de Estados Unidos, tomó créditos en donde pudo en los organismos multilaterales y no puede volver a los mercados porque todavía el riesgo país es muy alto”.
“En el artículo 75 llaman a derogarse las leyes 27.793 y 27.795. Ni siquiera dicen de qué se trata. A ver si pasaban desapercibidas porque son las leyes que ustedes mismos, junto con nosotros, votaron. Votaron hace muy poco y que ante el veto presidencial votaron la mayoría y eso es una ilegalidad. No se puede en un presupuesto anual derogar dos leyes permanentes”, criticó.
Por la izquierda, el diputado Nicolás del Caño denunció que en diciembre varias provincias han recibido los ATN y criticó a los gobernadores por “ser los más oficialistas de todos” como Tucumán, Misiones, Catamarca, Chaco. “Consiguen aprobar el Presupuesto por estos aportes discrecionales”, apuntó.
Además, advirtió que “se quieren derogar las leyes que acá fueron aprobadas como Emergencia en Discapacidad, Universidades, jubilaciones. Es un presupuesto hecho a la medida del pacto con el FMI”.
A su turno, el diputado de Provincias Unidas Martín Lousteau, sostuvo que el Presupuesto “son proyecciones del Gobierno respecto de lo que va a suceder con la economía, a partir de eso cuánto va a recaudar y cómo lo va a gastar”. Al respecto, el economista analizó que “para cumplir la proyección de inflación del 2025 hace falta que en noviembre y diciembre sean deflacionarios, por ende, la proyección no se cumple. El valor del dólar será $1423, hoy el Banco Nación lo vende en $1475 y, además, cambiaron el tipo de bandas con esto vamos a tener desplazamiento cambiario y más dificultades de cumplir con las metas inflacionarias”.
Lousteau planteó que las consultoras que relevan el Banco Central pronostican una inflación “sin el cambio de las bandas el doble que tiene el Presupuesto y lo mismo pasa con el supuesto superávit. No se entiende qué estamos discutiendo”. Respecto del crecimiento, indicó: “La caída del PBI en el 2024 fue 3,6%. En el 2025 este Presupuesto tiene un crecimiento del 5,4%, no se va a llegar a eso con suerte trepará al 4,3%. Para que suceda hace falta que el último trimestre crezca 4,3%, es decir tiene que crecer ocho veces más para alcanzar el presupuesto de este año”.
“Cuando al crecimiento de este año que es del 4 y medio se le resta el arrastre estadístico, el crecimiento real es del 3% y es importante porque el arrastre para el año que viene es cero. El presupuesto plantea que para el año que viene vamos a crecer en promedio 5% eso sería el 7,4%”, detalló el economista.
Así, precisó que la industria contra noviembre del 2023 está 5% abajo, la construcción 20% abajo, el consumo en autoservicios 35% menos, metalúrgica 13% abajo, ventas minoristas 32% abajo, recaudación de IVA, créditos y débitos 7% abajo. “Esto está pasando ahora mientras el Gobierno dice que el año que viene vamos a crecer de punta a punta al 7,4%”, comparó y agregó que “perdimos 19 mil empleadores en menos de dos años; se perdieron 240 mil empleos, 154 mil del privado, 58 mil público y 30 mil empleos de casas particulares, solo la mitad se recuperó por monotributo, hay una pérdida neta de trabajo registrado de 121 mil trabajadores en dos años”.
Lousteau explicó: “Cuando haces caer la demanda porque cae el poder adquisitivo y al mismo tiempo esa demanda menor es abastecida con atraso cambiario y la suba de importaciones hay menos producción”. “Este plan lo único que hace es configurar dos argentinas no solo es por la ventaja comparativa para producir, sino por la decisión del Gobierno de elegir ganadores todo el tiempo como con el RIGI con las rebajas impositivas”, cuestionó.
Por último, manifestó que “de forma ilegal ahora contraria a la Ley de Administración Financiera quieren derogar en el artículo 75 las leyes que este Congreso aprobó por dos tercios”, y planteó: “Hay una pugna entre la libertad y la igualdad, no queremos libertad para algunos ni mediocridad para algunos, se zanja con fraternidad, que esté incluido en la misma comunidad y este presupuesto no tiene eso y por eso no lo vamos a acompañar y estamos en contra del artículo 75”.
Debutó en el recinto como orador Fernando De Andreis, quien agradeció en primer lugar que el Pro le diera la oportunidad de cerrar el debate por esa bancada y anunció que “nuestro bloque va a acompañar esta ley más allá de que no es el presupuesto que nosotros hubiéramos hecho”.
En su discurso, expresó su opinión de que “hay que acelerar al máximo los procesos de privatización de todas las empresas estatales que producen pérdidas; y en ese sentido bastante lento venimos”. Con todo, felicitó al Gobierno por “el equilibrio fiscal”.
En otro pasaje, se refirió al entendimiento con el Gobierno sobre cumplir lo dispuesto por la Justicia respecto de la coparticipación con la Ciudad y celebró que “se haya alcanzado un acuerdo y que se haya incluido un artículo en ese sentido”. Porque si no se cumple con lo que dice la justicia, agregó, “la seguridad jurídica se derrumba y otra vez vamos a ser un país imprevisible”.
NOTICIA EN DESARROLLO
El oficialismo propuso sumar dos artículos, uno de ellos refiere a modificar la unidad de medida a tomar para la sanción, mientras que el bloque de Germán Martínez irá con dictamen propio. Desde Provincias Unidas y UP plantearon que el proyecto de Compromiso Fiscal debe tener giro a otras comisiones.
En una reunión exprés y con propuestas de modificaciones, el oficialismo avanzó este martes por la mañana con el debate del proyecto de Inocencia Fiscal en un encuentro de carácter informativo de la Comisión de Legislación Penal, presidida por la libertaria Laura Rodríguez Machado.
Rodríguez Machado procedió a explicar el contenido del proyecto que consta de 45 artículos que están distribuidos en 3 títulos. Respecto de la comisión, el título que corresponde refiere al primero que “consta de 14 artículos establece una modificación de una ley que, a su vez, indica el umbral que se va a considerar desde el punto de vista penal para que una persona en trasgresión con la ley penal tributaria sea considerado evasor fiscal (que es un delito y tiene todas las características del juzgamiento del delito) o esa falta va a significar una multa tributaria (sanción administrativa)”.
La titular de la comisión señaló que “actualmente los valores en la ley están establecidos en pesos. Por motivos inflacionarios, este número quedó muy bajo. Esto motivó a que infinidad de particulares, empresas o PyMES por un error contable generan un error en sus presentaciones quedan constituidos como posibles autores de un delito penal económico”.
La cordobesa explicó a los nuevos integrantes que el tema fue “largamente tratado por la comisión a lo largo del año donde hubo varios proyectos presentados con la intención de sustituir los montos en pesos por unidades fijas para que no sea necesario todas las veces sancionar una modificación legal a los fines de actualizar la norma”.
“Esta concepción de actualizar los montos a través de una medida de unidad fija ha sido ampliamente aceptada por la comisión. El despacho que se emitió fue firmado por todos los bloques y fue trasladada a una sesión en el recinto en noviembre. El dictamen obtuvo 226 votos afirmativos fue por unanimidad y 6 abstenciones”, recordó Rodríguez Machado.
En ese sentido, consideró que “hay consenso de generar una unidad de medida en virtud de la cual se produzcan actualizaciones automáticas de los umbrales del delito para dividir los delitos de las faltas fiscales”.
Sin embargo, comunicó que hay sugerencias para incorporar dos artículos por parte del bloque mayoritario. El primero de ellos, establece que la unidad de medida a tomar sea UVAS (unidad de valor adquisitivo) que se actualiza todos los años de forma permanente, ya que el establecido en el dictamen era Salario Mínimo Vital y Móvil como medida de actualización.
“Eso lo hicimos en virtud de que teníamos información, que fue modificado, que el Código Penal iba a tener ese sistema, pero la realidad es que el proyecto de reforma va a utilizar el sistema UVAS. Nos motiva generar un consenso, que venimos manteniendo, para elegir una unidad de medida que se actualiza todos los años como las UVAS porque si el Senado aprueba el dictamen que se basa en SMVyM vamos a tener una descoordinación”, explicó la titular de la comisión.
El otro cambio es una aclaración respecto de a partir de qué momento se considera la configuración de delito: “La aclaración que se sugiere que para evaluar la configuración de delitos y otros ilícitos se considerará el importe vigente al momento de su comisión”.
A continuación, el diputado de Provincias Unidas Maximiliano Ferraro insistió en lo que ya habían adelantado también desde Unión por la Patria el día anterior: la necesidad de que tanto el proyecto de Inocencia Fiscal, como el de Compromiso Fiscal, tengan otros giros.
“Coincidimos en relación a poder unificar las unidades de medida para que no queden desfasadas”, apuntó, pero pidió “poner una mirada en el Capítulo II del Código Civil”, dado que el proyecto “se mete claramente en el Código Civil y creo que es un error no convocar a la Comisión de Legislación General”, remarcó, recordando de paso que la misma “estuvo cerrada durante los últimos dos años, salvo los primeros dos meses del inicio del Gobierno de Javier Milei”.
Se refirió también al proyecto de ley de Compromiso Fiscal, pidiéndole a Rodríguez Machado exigir la competencia de Legislación Penal -la norma solo fue girada a Presupuesto y Hacienda-, sino también a Asuntos Constitucionales. Invocó en tal sentido el artículo de ese proyecto que establece la anulación de leyes que no respeten lo que pide esta norma. Habló de una “interpretación alocada del artículo 36 de la Constitución Nacional, y todos sabemos que las nulidades están bien establecidas en la Constitución”.
“La decisión de este Congreso de declarar una ley nula es bastante controversial y el Parlamento lo hizo en dos ocasiones: con la ley de Punto Final y Obediencia Debida y la Ley de Autoamnistía”, enfatizó el legislador de la Coalición Cívica, que pidió “no sentar un precedente que después complique la interpretación de la norma y la de los objetivos que estamos cumpliendo”.
La presidenta de la comisión le aclaró que Legislación Penal no era la comisión cabecera, sino Presupuesto y Hacienda, por lo cual no podía acceder a muchas de las cosas que Ferraro le pedía. Y aclaró que bien temprano se había fijado puntualmente para verificar los giros y el proyecto seguía teniendo dos. Tras hacer notar que los tres miembros de Provincias Unidas que forman parte de Presupuesto y Hacienda, Juan Brügge, José Núñez y Pablo Farías no estaban presentes, les sugirió presentar una nota en la Secretaría Parlamentaria reclamando lo que planteaba, “ya que no tengo facultades para resolver. Es una decisión final que no me compete”.
FOTO: HCDN- Laura Rodríguez Machado, presidenta de la comisión.
Se sumó el presidente del bloque UP, Germán Martínez, quien aclaró que habían formalizado el pedido para que el proyecto de Compromiso Fiscal tuviera giro a Legislación Penal, coincidiendo con los planteos de Ferraro. Al respecto le recordó a la diputada que una parte del tema era resolución de La Libertad Avanza, recordando que el proyecto “trata temas penales”, por lo que le pidió al oficialismo que haga el esfuerzo para extender los giros”.
Intervino entonces la diputada Silvana Giudici (La Libertad Avanza), quien atendiendo los planteos propuso separar los temas y abocarse a Inocencia Fiscal, dejando el tema de Compromiso Fiscal para atender luego, dado que el giro no estaba dado, ante lo cual Rodríguez Machado expresó su compromiso para atender el planteo si el giro se concretaba.
A continuación, el diputado Ramiro Gutiérrez planteó desde Unión por la Patria la necesidad de hacer modificaciones, tras aclarar que estaban de acuerdo con el incremento de los montos que planteaba el proyecto original.
Se refirió al consenso alcanzado en el dictamen anterior en lo que respecta al incremento de los montos para acceder a la punibilidad en lo que son delitos tributarios: “Eso nos parece correcto, pero reservo la opinión en cuanto a la cuantificación si es por monto fijo o categoría, lo vamos a resolver en la reunión de la tarde”.
El diputado de UP se refirió a dos cuestiones, por un lado, al artículo 12 que incorpora “un artículo sin número con posterioridad al 16. Se excluye expresamente el sistema de aplicación de la extinción de la acción penal del artículo 59 inc. C del Código Penal para los delitos del Régimen Penal Tributario recordando que en el 16 se estableció una forma cancelatoria de pago total e incondicional estableciendo los incisos sobre los cuales se va a aplicar esa nueva forma”.
“Entendemos correcto el espíritu que se pueda pagar e integrar con una multa del 50% para quien manifiesta esa voluntad de ponerse a derecho con el fisco, pero excluir del resto de delitos tributarios y de la seguridad social la forma de conciliación y mediación como extinción de la acción penal me parece incorrecto, hay que guardarla para el resto de los delitos no contemplados por la ley”, planteó.
En esa línea, informó: “Nosotros tenemos una fórmula de un artículo que corregiría esta omisión y lo vamos a proponer a la mesa para que se incorpore ‘la extinción de la acción penal regulada en el artículo 59 inc.6 del Código Penal no resultará de aplicación en los delitos mencionados en el artículo 16 de la presente’”.
La restante sugerencia recayó sobre otro artículo sin número contiguo al 16 que “en este caso está previsto en el artículo 13 donde hay una redacción que para nosotros es desafortunada porque dice ‘no proseguirá’ que es una cuestión procesal, complejo, estamos invadiendo facultades de las provincias y se crea un instituto que no existe y le damos la posibilidad al fiscal de no perseguibilidad de acción, es decir, puede archivar, desestimar, pero no existe hoy. La forma que podemos salvar el problema es crear la causal de extinción de la acción penal para estos casos”.
“A la tarde vamos a resolver la variabilidad o no del monto o el esquema, estamos de acuerdo en actualizar los montos. Vamos a integrar una posible de bloque para tener un dictamen propio o acompañar las propuestas”, cerró a modo aclaratorio.
Tras ello, Germán Martínez adelantó que más allá de las sugerencias formuladas, su bloque presentaría un dictamen propio.
La sesión fue pedida para las 14. Será una sola sesión y no dos, como se había especulado, e incluirá el debate de Inocencia Fiscal y el compromiso para asegurar la sostenibilidad de finanzas públicas.
La Cámara de Diputados volverá a abrir las puertas de su recinto para realizar este miércoles la primera sesión extraordinaria, para tratar nada menos que la mitad de los proyectos que pidió el presidente Javier Milei para este verano.
El tema principal es el proyecto de Presupuesto 2026, y será entonces la primera vez que el Gobierno libertario habilita el debate de la ley de leyes, luego de haber prorrogado en dos oportunidades el Presupuesto 2023.
Además de la ley de leyes, en la sesión prevista para las 14 se tratarán también el proyecto de reformas al procedimiento tributario y al Régimen Penal Tributario, también conocido como de Inocencia Fiscal; como así también el proyecto que establece un marco jurídico institucional de carácter permanente, destinado a asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad del valor de la moneda.
La sesión fue pedida por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y es la primera vez después de 9 meses que el oficialismo pide una sesión especial, ya que la última fue el 19 de marzo, cuando se debatió el decreto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esa fue la única sesión pedida en todo el período ordinario por La Libertad Avanza.
Ahora se debatirá el proyecto de Presupuesto 2026, que esperan tenga dictamen en la comisión que preside Bertie Benegas Lynch y que comenzará este martes al mediodía.
A continuación de ese debate, que se presume será bastante extenso, avanzarán con el debate del proyecto sobre reformas al procedimiento tributario y al Régimen Penal Tributario, conocido como “inocencia fiscal”, que tendrá dictamen este martes en plenario convocado para las 15. Luego será el turno del proyecto presentado el 15 de septiembre pasado por el que se establece un marco jurídico-institucional de carácter permanente, destinado a asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad del valor de la moneda.
Este último proyecto fue presentado junto al Presupuesto 2026, y obliga a que todo presupuesto nacional sea equilibrado o superavitario, prohibiendo expresamente la sanción de leyes con resultado financiero negativo. Si durante la ejecución se alteran los ingresos o egresos, el jefe de Gabinete deberá aplicar ajustes inmediatos, priorizando recortes en partidas no protegidas por ley, e informar al Congreso en un plazo de cinco días.
El proyecto también impone límites al Poder Legislativo: cualquier ley que implique nuevos gastos solo entrará en vigencia cuando las partidas correspondientes se incorporen al presupuesto del año siguiente, salvo que se establezca un financiamiento específico y suficiente. Además, obliga a que cada iniciativa parlamentaria que afecte recursos o aumente erogaciones venga acompañada de un Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo, elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso o, en el caso del Ejecutivo, por la Secretaría de Hacienda.
En cuanto al proyecto de Inocencia Fiscal, propone cambios sustanciales en materia tributaria y penal fiscal, con el objetivo de garantizar el principio de inocencia fiscal y adecuar la normativa a la realidad económica. La iniciativa modifica el Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimientos Fiscales y el Código Civil y Comercial, además de incorporar un régimen simplificado para la presentación de declaraciones juradas.
Entre las principales reformas se destaca la actualización de los umbrales para la configuración de delitos tributarios, que pasarán de cifras históricas a montos acordes con la inflación acumulada. Por ejemplo, el mínimo para considerar evasión simple se eleva de $1,5 millones a $100 millones, mientras que para evasión agravada el límite será de $1.000 millones. También se incrementan los valores en otros tipos penales y sanciones administrativas.
El proyecto introduce un mecanismo para extinguir la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación antes de la denuncia, pagando la totalidad de la deuda más intereses. Incluso, si la causa ya está iniciada, podrá cerrarse mediante el pago del monto adeudado más un adicional del 50%, dentro de los 30 días posteriores a la imputación.
Otra novedad es la creación de un régimen simplificado de declaración jurada para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y patrimonio inferior a $10.000 millones. Quienes adhieran podrán aceptar la propuesta de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y, tras el pago, obtener efecto liberatorio y presunción de exactitud en sus declaraciones, salvo casos de fraude o documentación apócrifa.
Asimismo, se redefine el plazo de prescripción para las acciones del fisco, que será de cinco años para contribuyentes inscriptos y diez para no inscriptos, con reducción a tres años si se cumplen ciertas condiciones. El proyecto también invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar regímenes simplificados similares.
La Ley de Leyes
El proyecto de Presupuesto 2026 del Gobierno nacional tiene como premisa el superávit fiscal y la disciplina presupuestaria: propone un escenario de equilibrio fiscal y monetario, con una expansión del 5% del PBI y una inflación anual proyectada en 10,1%; y la inflación estimada para el presente año es de 24,5%, para 2027 5,9% y para 2028 3,7%.
Por otro lado, se estima que el tipo de cambio nominal (TCN) llegue a $ 1.423 en diciembre de 2026 (+7,4%) y que el IPC desacelere a un 10,1% interanual en el mismo período. En adelante, se estima que el TCN siga acompañando la reducción de la inflación, que se estima en un 3,7% interanual para diciembre de 2028. Así las cosas, el valor del dólar previsto para fin de año es de $1.325; para diciembre de 2026 $1.423; en tanto que para 2027 se calcula un tipo de cambio de $1.470, y para 2028 $1.488.
El cálculo oficial contempla un gasto total de 148 billones de pesos y recursos por 148,2 billones, lo que arrojaría un superávit de aproximadamente 2 billones. Y el 85% de los recursos se destinarán a áreas sociales, incluyendo salud, educación, jubilaciones, discapacidad y universidades, sectores que estuvieron en el centro de la discusión legislativa durante el año, especialmente tras los vetos presidenciales a leyes impulsadas por la oposición.
Además, el proyecto prevé 8 billones de pesos para la administración gubernamental, 7 billones para defensa y seguridad, 106 billones para políticas sociales y 14 billones para el pago de deuda pública.
La Libertad Avanza va a elevar este martes el pedido de sesión extraordinaria. Habrá una reunión informativa y un plenario para avanzar con las firmas de los despachos.
Foto: HCDN
Luego de haber constituido las comisiones de Legislación Penal, y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el oficialismo convocó a tres reuniones este martes con el objetivo de avanzar con los dictámenes del proyecto de ley de Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal y el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.
Meramente informativa, la Comisión de Legislación Penal, presidida por la cordobesa Laura Rodríguez Machado, se reunirá a las 10 para dar comienzo a un debate exprés del proyecto de ley de Inocencia Fiscal. La intención del oficialismo es volver a reunirse a las 15 en un plenario junto a Presupuesto y Hacienda para dictaminar la iniciativa y llevarla al recinto de la Cámara de Diputados el día siguiente.
La iniciativa ingresó el pasado 5 de junio por Mesa de Entradas de la Cámara baja y establece modificaciones al Régimen Penal Tributario: el primer cambio que introduce es la de elevar el monto considerado “evasión fiscal” de 1.5 a 100 millones de pesos. También propone reformas al Código Civil y Comercial de la Nación y a la Ley 11.683 de Procedimientos Fiscales.
Al mediodía, la sala del 2° piso del Anexo C del Palacio Legislativo estará ocupada por los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que este lunes ratificó a Bertie Benegas Lynch en la presidencia. El temario se compone por el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2026 y por el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.
La Libertad Avanza cuenta con 20 vocales propios dentro de Presupuesto y Hacienda, y también están los porteños del Pro Daiana Fernández Molero y Fernando de Andreis; el mendocino Lisandro Nieri; la sanjuanina Nancy Picón Martínez; el catamarqueño Sebastián Nóblega; la tucumana Elia Fernández; y el misionero Oscar Herrera Aguad, que serán quienes van a firmar el despacho de mayoría.
Por su parte, Unión por la Patria adelantó que volverá a presentar un dictamen de minoría que va a ser firmado por sus 18 vocales; y Provincias Unidas, que debe presentar a sus 3 representantes, también va a emitir un despacho diferente al del oficialismo.
Al caer la tarde, Gabriel Bornoroni, jefe de bloque oficialista, y otros legisladores libertarios y aliados elevaron este martes la petición formal ante Martín Menem para llevar a cabo una sesión extraordinaria este miércoles a las 14 con el objetivo de dar media sanción al Presupuesto 2026, a Inocencia Fiscal y al Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.
Las dos cámaras se pondrán en marcha para avanzar con parte del temario de extraordinarias, con el aditamento de que también se abrirán las puertas del recinto de Diputados.
Inaugurado el período extraordinario el mismo 10 de diciembre, cuando se activó formalmente el recambio legislativo, los días siguientes estuvieron monopolizados por la disección dedicada al proyecto de Modernización Laboral finalmente presentado el jueves 11, pero no se aprovechó el resto de esa primera semana “extraordinaria” para activar las comisiones, como se había supuesto en un principio.
En efecto, a la hora de imaginar el cronograma elegido por el Gobierno, se sospechaba con toda lógica que entre el miércoles y el viernes se aprovecharía para poner en marcha la maquinaria legislativa al menos en Diputados, para dar cuenta en comisión del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, dos de los temas que monopolizarán la atención en la Cámara baja al menos este mes de diciembre. Con los dictámenes en la mano, se podría haber avanzado con la sesión entre el martes y el miércoles, y así arrancar el debate en el Senado ese mismo jueves.
Sin embargo sobre la marcha se supo del interés oficial de activar la Cámara alta ya no solo para la ley de leyes, sino aprovechar este período acotado de diciembre para avanzar con la reforma laboral. Una alternativa auspiciosa, en términos de uso intensivo de los recursos legislativos, pero complicada para cuando se la lleva a la práctica.
Ni se aprovechó la primera semana de extraordinarias para avanzar con el Presupuesto, ni se pudo arrancar con el debate laboral, como se había ilusionado Patricia Bullrich, que en modo “topadora” había amagado con dictaminar el mismísimo jueves 11 con semejante tema.
Así las cosas, toda la atención y actividad plena estará dedicada a esta semana que se inicia con un lunes en el que se comenzará a recuperar el tiempo ¿perdido? Será con sendas reuniones de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal de la Cámara baja, que sucederán este mismo lunes, con reuniones previstas para las 16, en el caso de la comisión que seguirá siendo encabezada por la ahora diputada de LLA Laura Rodríguez Machado; y las 17, cuando se ponga en marcha la de Presupuesto y Hacienda, que seguirá en manos de Bertie Benegas Lynch. En ambos casos serán reuniones constitutivas, en las que se fijarán las fechas para tratar los proyectos de Presupuesto y de Inocencia Fiscal, que se descuenta serán al día siguiente, directamente para pasar a la firma los dictámenes.
Está también el proyecto de ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, una norma que establece que el Presupuesto Nacional deberá ser siempre equilibrado o superavitario, y que cualquier nuevo gasto o ley que implique erogaciones debe contar con financiamiento explícito y sustentable -tema que generará no poca controversia-, pero el texto no ingresó aún al Congreso.
La idea de La Libertad Avanza es que una vez cuenten con los dictámenes correspondientes, el martes 16, se lleve todo al recinto en sendas sesiones a realizarse el miércoles 17 y el jueves 18, o bien en una sola sesión maratónica el miércoles. En cualquier caso, los diputados quedarán ya el mismo jueves relevados por lo que resta del año: habrán cumplido su misión de diciembre y podrán pasar las fiestas tranquilos, a la espera de que el Senado haga lo suyo y ellos puedan irse tranquilos de vacaciones al menos la primera quincena de enero.
Lo que viene en el Senado
La Cámara alta tiene prevista una reunión de jefes de bloques para este martes 16 a las 11 de la mañana. Será en el Salón Gris, de la Presidencia de la Cámara, y allí prevén organizar el trabajo legislativo en el Senado para este período extraordinario. O al menos para lo que resta del mes, en semanas complicadas por los feriados de las fiestas, que caen sucesivamente miércoles y jueves.
Por lo pronto, este martes deberán ponerse de acuerdo con la integración de las comisiones. En principio, para el debate de la Modernización Laboral tendrán que armar Presupuesto y Hacienda y Trabajo y Previsión Social. En el primero de los casos, por el componente impositivo incluido en el texto del citado proyecto, y que ya ha generado reacciones críticas de parte de la oposición, que advierte que ese factor obliga a que el proyecto ingrese por la otra Cámara. Un tema que complica, en el que podría llegar a intervenir la Justicia, y que llegó a hacer pensar a muchos en una separación de ese componente para tratarlo en Diputados y evitar así inseguridad jurídica futura. Pero de momento eso fue dejado de lado.
Para las leyes que vienen de Diputados, se constituirá la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, y de paso también se constituirá la de Minería, Energía y Combustibles, para cuando se aborde la reforma de la Ley de Glaciares.
Lo cierto es que este martes se hablará del debate de la Modernización Laboral, que el interbloque encabezado por José Mayans buscará extender el máximo posible, al reclamar la realización de reuniones informativas que el oficialismo a priori no quería conceder. Tendrá que hacerlo, pero al menos deberá conformarse con reducir el número de invitados: Unión por la Patria quiere un centenar; La Libertad Avanza aceptaría una treintena. Así las cosas, con un número más reducido de expositores se podría liquidar el trámite entre miércoles y jueves, para emitir dictamen el lunes venidero, ya en la previa navideña.
También podría pasar a la firma entre jueves y viernes, por la necesidad de que pasen siete días entre la emisión del dictamen y la llegada al recinto, que en todo caso quedaría reservada para el lunes y/o martes 29 y 30 de diciembre. Fechas en las que también tendrían que tratar el Presupuesto 2026, para convertirlo en ley. Es de imaginar que un doble debate de semejantes temas plantea un objetivo de máxima demasiado ambicioso, que tal vez llegado el momento exigirá moderar expectativas y dejar pendiente parte del debate para el regreso del receso, con una nueva convocatoria a extraordinarias que, inexorablemente, habrá para parte de enero y febrero.
Las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y Legislación Penal quedarán constituidas este lunes. La Libertad Avanza tiene planeado pasar los despachos a la firma el día siguiente e ir al recinto a mitad de semana.
En el tercer día desde que inició el período de sesiones extraordinarias, fueron convocadas las reuniones constitutivas de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. La idea primordial de La Libertad Avanza es obtener los dictámenes y llegar al recinto el próximo miércoles 17 de diciembre, a más tardar el jueves 18.
Con el fin de avanzar con el proyecto de ley de Presupuesto 2026, la comisión homónima será constituida este lunes 15 de diciembre a las 17. Bertie Benegas Lynch será ratificado como presidente y se prevé que el martes sea el encuentro donde pasarán a la firma el dictamen de la “ley de leyes” para el ejercicio fiscal del siguiente año.
Una hora antes, la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado -formalmente dentro del bloque oficialista- será designada nuevamente presidenta de la Comisión de Legislación Penal el lunes a las 16. El martes, también, se volverán a reunir en plenario junto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para pasar a la firma el proyecto de ley de inocencia fiscal.
En el plan inicial de extraordinarias estaba la idea de tratar también el proyecto de ley de “compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria”, el cual ingresó el pasado 15 de septiembre junto al Presupuesto 2026. Por lo tanto, la Comisión de Legislación Penal se abocará al “principio de inocencia fiscal”, texto que propone elevar a 100 millones de pesos el monto considerado como evasión dentro del Régimen Penal Tributario (actualmente está fijado en 1.5 millones).
La diputada bullrichista Laura Rodríguez Machado seguirá a cargo de Legislación Penal.
Si bien la oposición, previo emplazamiento, motivó al oficialismo a que dictamine el proyecto de ley de Presupuesto 2026 el pasado 4 de noviembre, el despacho perdió estado parlamentario por no haberse llevado al recinto dentro de los plazos del período ordinario. De todos modos, La Libertad Avanza solo deberá repetir el pase a la firma y la iniciativa estará lista para ser llevada a una sesión extraordinaria.
Así las cosas, el oficialismo logró imponer el dictamen de mayoría con el aval del Pro, el radicalismo. Liga del Interior -varios firmantes hoy están dentro de La Libertad Avanza- Innovación Federal (Misiones y Salta) y Producción y Trabajo (San Juan). En aquella ocasión hubo cuatro despachos: el oficialista, el de Encuentro Federal y los de rechazo del Frente de Izquierda y Unión por la Patria.
La propuesta del Gobierno nacional tiene como premisa el superávit fiscal y la disciplina presupuestaria: propone un escenario de equilibrio fiscal y monetario, con una expansión del 5% del PBI y una inflación anual proyectada en 10,1%; y la inflación estimada para el presente año es de 24,5%, para 2027 5,9% y para 2028 3,7%.
Por otro lado, se estima que el tipo de cambio nominal (TCN) llegue a $ 1.423 en diciembre de 2026 (+7,4%) y que el IPC desacelere a un 10,1% interanual en el mismo período. En adelante, se estima que el TCN siga acompañando la reducción de la inflación, que se estima en un 3,7% interanual para diciembre de 2028. Así las cosas, el valor del dólar previsto para fin de año es de $1.325; para diciembre de 2026 $1.423; en tanto que para 2027 se calcula un tipo de cambio de $1.470, y para 2028 $1.488.
El cálculo oficial contempla un gasto total de 148 billones de pesos y recursos por 148,2 billones, lo que arrojaría un superávit de aproximadamente 2 billones. Y el 85% de los recursos se destinarán a áreas sociales, incluyendo salud, educación, jubilaciones, discapacidad y universidades, sectores que estuvieron en el centro de la discusión legislativa durante el año, especialmente tras los vetos presidenciales a leyes impulsadas por la oposición.
Además, el proyecto prevé 8 billones de pesos para la administración gubernamental, 7 billones para defensa y seguridad, 106 billones para políticas sociales y 14 billones para el pago de deuda pública.
Cabe recordar que el presidente de la Nación, Javier Milei, prorrogó el Presupuesto 2023 durante sus dos primeros años a cargo del Poder Ejecutivo. La última vez que la Cámara de Diputados debatió la Ley de Presupuesto en el recinto fue el 26 de octubre del 2022. Es decir, hace más de 1100 días.
El diputado de Unión por la Patria aseguró que el proyecto del Gobierno trae "precarización e inestabilidad laboral" y cuestionó que se quieran reformar derechos "de un día para el otro".
El diputado nacional Carlos Castagneto (Unión por la Patria) consideró este viernes que en el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno "no hay ningún tipo de beneficio para el trabajador".
"La actividad industrial cayó 7% y cada día hay más desempleo", observó, para cuestionar luego que la iniciativa "no diferencia grandes empresas con pequeñas y medianas".
En declaraciones a radio Splendid, el legislador señaló que "todos los derechos conseguidos durante tantos años los quita de un plumazo en una ley, como fue con la Ley Bases; y se basa mucho en el DNU 70 de diciembre de 2023, donde ya había quita de derechos de los trabajadores".
Tras cuestionar los cambios que propone el proyecto en cuanto a horas extra, vacaciones, indemnizaciones, Castagneto también remarcó: "Nuestro país se ha caracterizado por los convenios colectivos de trabajo y siempre se aplica el más benévolo. Ahora, si yo arreglo con vos que sos mi empleador un convenio colectivo que me da menos beneficios, se aplica ese convenio".
"Pasamos a una precarización e inestabilidad laboral, que no solo se genera para el trabajador activo, sino también para los pasivos, porque se desfinancia totalmente lo que es la seguridad social, las jubilaciones, las obras sociales", agregó. Además, opinó sobre otro de los capítulos: "Lo que hacen con los trabajadores de las plataformas es legalizarlos en la ilegalidad".
El opositor criticó que "quieren reformar derechos laborales de más de 50 y 70 años de un día para el otro", cuando para eso "hay que llamar a los empleadores, a las cámaras industriales, a las PyMEs, a los sindicatos". "Por supuesto que hay cosas que mejorar, pero no entre gallos y medianoche, como quieren", sumó.
Por otra parte, en relación al proyecto de ley de "inocencia fiscal", el diputado de UP resaltó que "lleva la evasión a 100 mil millones de pesos y si tenes voluntad de pagar salís de la ley penal tributaria". "Hay un ARCA sin presunción de riesgo y ARCA no hace nada ante el incremento patrimonial injustificado. Un camino inverso al mundo; Argentina va a ser un paraíso fiscal", opinó el extitular de la exAFIP.
La iniciativa, ya presentada oportunamente, eleva los montos para configurar delitos tributarios, introduce mecanismos para extinguir la acción penal mediante pago voluntario y crea un régimen simplificado de declaración jurada para contribuyentes de menores ingresos. También redefine plazos de prescripción y busca reducir la litigiosidad.
Este proyecto busca incluir en la economía local los “dólares del colchón”.
El Poder Ejecutivo quiere que el Congreso apruebe en estas extraordinarias un proyecto de ley que propone cambios sustanciales en materia tributaria y penal fiscal, con el objetivo de garantizar el principio de inocencia fiscal y adecuar la normativa a la realidad económica. La iniciativa modifica el Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimientos Fiscales y el Código Civil y Comercial, además de incorporar un régimen simplificado para la presentación de declaraciones juradas.
Este proyecto será debatido de manera conjunta con el Presupuesto 2026, y para eso pasará por las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, que deberán constituirse para tal fin, pero que seguirán siendo presididas por Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, respectivamente.
Entre las principales reformas se destaca la actualización de los umbrales para la configuración de delitos tributarios, que pasarán de cifras históricas a montos acordes con la inflación acumulada. Por ejemplo, el mínimo para considerar evasión simple se eleva de $1,5 millones a $100 millones, mientras que para evasión agravada el límite será de $1.000 millones. También se incrementan los valores en otros tipos penales y sanciones administrativas.
El proyecto introduce un mecanismo para extinguir la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación antes de la denuncia, pagando la totalidad de la deuda más intereses. Incluso, si la causa ya está iniciada, podrá cerrarse mediante el pago del monto adeudado más un adicional del 50%, dentro de los 30 días posteriores a la imputación.
Otra novedad es la creación de un régimen simplificado de declaración jurada para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y patrimonio inferior a $10.000 millones. Quienes adhieran podrán aceptar la propuesta de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y, tras el pago, obtener efecto liberatorio y presunción de exactitud en sus declaraciones, salvo casos de fraude o documentación apócrifa.
Asimismo, se redefine el plazo de prescripción para las acciones del fisco, que será de cinco años para contribuyentes inscriptos y diez para no inscriptos, con reducción a tres años si se cumplen ciertas condiciones. El proyecto también invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar regímenes simplificados similares.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca reducir la conflictividad judicial, dar mayor previsibilidad a los contribuyentes y modernizar un sistema que, según argumenta, quedó desactualizado frente a la dinámica económica.
Tras el impacto electoral del 26 de octubre, la dinámica parlamentaria dio un giro: la oposición perdió protagonismo y el oficialismo comenzó a delinear el trabajo legislativo que se viene. Mientras Diputados se encamina a cerrar el año sin nuevas sesiones, en el Senado aún se especula con una última movida. LLA ya prepara las extraordinarias de diciembre y febrero, con foco en el Presupuesto y las reformas estructurales.
El resultado de las elecciones del 26 de octubre tuvo un efecto contundente sobre el Congreso en particular. El ímpetu con el que venía la oposición, que se adueñó de los tiempos y la agenda legislativa a lo largo de todo el período ordinario, se frenó súbitamente y todo el manejo de la agenda pasó a manos del oficialismo, que a partir de entonces se dedicó directamente a organizar lo que viene a partir de la nueva composición del Congreso y a reforzar sus filas en ambas cámaras.
A una semana de que venzan los tiempos para dictaminar, continúan las reuniones de comisiones, aunque con un espíritu “testimonial”. Nadie imagina en la Cámara baja una sesión final, con temas pendientes y consensuados, para lo que resta del mes de noviembre. Consultado por parlamentario.com, un legislador opositor de los que suelen mover la agenda legislativa confesó que no vislumbra chances de que pueda prosperar una sesión para lo que resta de noviembre. “No veo a los gobernadores dando número para que sea posible”, se sinceró el legislador, que admitió -eso sí- que el kirchnerismo sigue hablando de una posible sesión, pero lo atribuyó a “sus líos internos”.
“A nosotros todavía no nos hablaron”, aclaró.
No es el panorama que se vive en el Senado, donde sí se especula con una sesión que podría tener lugar la próxima semana, para tratar la modificación de la ley que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia, que tuvo dictamen la semana pasada y volvió con modificaciones de Diputados. Pero fundamentalmente la idea allí es aprovechar hasta el final los números que la oposición más dura tiene en esa Cámara, habida cuenta de que a partir de diciembre lo que será Fuerza Patria disminuirá drásticamente en su número y ya todo se le hará muy cuesta arriba.
El oficialismo, en tanto, se ocupa de diagramar la agenda de extraordinarias. Falta aún para que salga el decreto convocándolas para diciembre, pero una fuente de La Libertad Avanza confirmó a parlamentario.com que en diciembre se limitarán a tratar el proyecto de Presupuesto 2026 y el de responsabilidad tributaria.
La convocatoria a extraordinarias será, como ya se ha adelantado, desde el 10 u 11 de diciembre hasta el 30 de diciembre, en tanto que el resto de las reformas previstas para extraordinarias quedarán para el mes de febrero, confió la fuente consultada.
En el caso de la ley de leyes, se conformará rápidamente la Comisión de Presupuesto y Hacienda que seguirá presidiendo Bertie Benegas Lynch, a fin de darle nuevamente dictamen al proyecto, habida cuenta de que la modificación de la composición de las cámaras hace caer todos los dictámenes. Se hará entonces una nueva reunión, ya sin invitados, solo para dictaminar nuevamente. Recordemos que cuando el pasado 4 de noviembre se dictaminó sobre el Presupuesto 2026, hubo cuatro dictámenes. Habrá que ver ahora cuántos se firman, pero se descuenta que el del oficialismo seguirá siendo el de mayoría.
En cuanto al proyecto de ley de inocencia fiscal, el mismo ingresó el 5 de junio pasado, luego de ser presentado por el titular de ARCA, Juan Pazo, el diputado José Luis Espert. La iniciativa modifica el monto considerado como delito del Régimen Penal Tributario de $1.500.000 a $100.000.000. También, propone actualizar los montos previstos para las multas y reformula el régimen de prescripción, al establecer la posibilidad de reducir el plazo de prescripción tributaria a tres años en aquellos casos en que la declaración jurada haya sido presentada en término y no se verifiquen diferencias significativas.
Cuando el pasado 15 de octubre, en el marco de las reuniones de comisión para debatir el Presupuesto emplazadas en el recinto, asistió el mencionado Juan Pazo en calidad de invitado para informar sobre la ley de leyes, dedicó casi toda la primera parte a hablar de ese proyecto, lo que motivó la reacción del titular del bloque UP, Germán Martínez, que se quejó porque estuviera hablando de otro tema: “Tiene que venir a responder sobre el Presupuesto, porque el expediente de inocencia fiscal no está en consideración ahora”, lanzó.
El trabajo en el verano
Quedará para una nueva convocatoria a extraordinarias la primera tanda de reformas previstas por el Gobierno. Si bien se especulaba con que le darían a los legisladores quince días de enero para descansar y prepararse para una agenda agitada para este verano, desde La Libertad Avanza anticiparon a parlamentario.com que la nueva convocatoria a extraordinarias sería directamente para el mes de febrero, tiempo en el cual se espera aborden las reformas laboral y tributaria. La previsional, quedará -como ya lo ha dicho el presidente Javier Milei- para una tercera etapa, durante su eventual segundo mandato a partir de 2027. “Antes se necesita la reforma laboral”, enfatizó el mandatario.
Sí entraría en esa segunda tanda de reformas una del Código Penal, que iría más allá de la baja de edad de imputabilidad, el único tema que le pidió Milei al Congreso el 1° de marzo pasado y cuyo dictamen se emitió, y que como el de Presupuesto, se caerá el 30 de noviembre. La reforma penal prevista por el Gobierno es mucho más amplia y muy probablemente vaya más allá de los límites de extraordinarias.