La Mesa por los derechos de los Inquilinos se reunió con el senador provincial oficialista Francisco Durañona y Vedia, quien es autor del proyecto de ley que modifica el régimen de comisión inmobiliaria para locaciones urbanas y rurales en la provincia de Buenos Aires.

La Mesa -integrada por organizaciones inquilinas, universidades, ongs y defensorías de inquilinas-, respaldó la iniciativa legislativa para que la parte locadora se haga cargo de la comisión por el servicio inmobiliario que contrata, eximiendo entonces a quien alquila de uno de los gastos más abusivos a la firma del contrato de locación.

En el encuentro, la Mesa analizó el endeudamiento inquilino por las exigencias arbitrarias de la intermediación y los antecedentes legislativos que, en distintas jurisdicciones del país, regularon positivamente en favor del acceso a la vivienda. Asimismo, se compartió con el senador el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño que rechazó los planteos de los colegios inmobiliarios.

Durañona, presidente de la Comisión de Legislación General del Senado provincial, ratificó su compromiso con la problemática de la población que alquila, así como la necesidad de unir fuerzas por un acceso justo a la vivienda por alquiler.

Integran la Mesa por los derechos de los inquilinos la Escuela IDAES de la Universidad Nacional de San Martín; la Universidad Nacional de Avellaneda; la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Federación de Inquilinos Nacional; el Colectivo Ni Una Menos; la Coordinadora de Abogados de Interés Público (CAIP); el Programa de Atención de Inquilinos/as de la Defensoría del Pueblo CABA.

La iniciativa del senador Andrés De Leo, de Juntos por el Cambio, prevé que este centro asesore gratuitamente a los inquilinos, en lo que respecta a la relación con el locador, al tiempo que crea una instancia de conciliación optativa para la resolución de controversias, entre otras cuestiones.

Funcionaría en la órbita del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, y buscaría así evitar la instancia judicial, que es hoy en día el único medio existente.

Esta semana se presentó en la Legislatura un proyecto de Ley, autoría del senador provincial de Juntos por el Cambio, Andrés De Leo, que establece la creación de un Centro de Asistencia al Inquilino, que tendrá como objetivo asesorar y orientar a los inquilinos de locaciones residenciales en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, a los fines de garantizar la efectiva tutela y cumplimiento de sus derechos.

Según el texto del proyecto, entre las funciones de este centro, estarán la de asesorar gratuitamente a los inquilinos en lo que respecta a la relación con el locador, ya sea propietario, inmobiliaria y/o administración de consorcio; atender y canalizar las consultas que presenten los inquilinos en término de la relación locador-locatario; receptar los reclamos; promover la participación de organizaciones y/o asociaciones que nucleen inquilinos; crear una instancia de conciliación optativa para la resolución de controversias entre locador y locatario; y velar por la participación del Estado provincial en la protección de los derechos del inquilino.

Por otra parte, la misma iniciativa prevé la creación de un registro voluntario de inquilinos, con el objeto de implementar un nexo entre inquilinos y propietarios en cuanto a la recepción de ofertas de locación, y asesoramiento y orientación.

El senador De Leo señaló al respecto: “consideramos necesario contar con una oficina estatal que asesore gratuitamente a los locatarios a lo largo de su relación contractual, para poder mediar en los diversos conflictos que se susciten y así tender a una mayor equidad social”.

“Actualmente se encuentran en vigencia varias medidas que se han instrumentado por vía de Decreto y por Leyes sancionadas, que ya están en funcionamiento, pero muchas de estas no son ampliamente conocidas por quienes alquilan una propiedad, quedando derechos sin respetarse, y posibilidades de paliar muchas situaciones de extrema sensibilidad, para quienes no pueden hoy responder a un alquiler”, agregó el legislador.

En el mismo sentido, el senador bahiense señalo que “si bien no disponemos de datos actualizados al año 2020, considerando la falta de políticas crediticias de fácil acceso y la concentración poblacional en las grandes ciudades, puede deducirse que el porcentaje de inquilinos crece año tras año.

“Ante esto -continuó De Leo-, el contexto de pandemia y la declaración por parte del Poder Ejecutivo de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, desde el 20 de marzo, prorrogado hasta el día de la fecha, con el impacto en la economía que significó y que va a significar, uno de los efectos es la posibilidad de que gran parte del universo de inquilinos no pueda cumplir con sus obligaciones”.

“De esta manera, es común que los inquilinos se vean obligados a aceptar y soportar destrato, abusos y perjuicios, ocasionados básicamente por la situación de desigualdad en la que se encuentran”.

“Por eso es deber del Estado brindar alternativas para que las relaciones contractuales, entre propietarios e inquilinos, sean parejas y equitativas, considerando a su vez que la decisión de alquilar no es una elección sino una necesidad”, finalizó el senador de la Coalición Cívica.