La secretaria parlamentaria del FdT confirmó la sesión de Diputados el próximo martes para tratar Ley de Alquileres y apuntó contra JxC: “Ha demostrado que no le interesan los inquilinos”.
Luego de haber sido protagonista de un fuerte cruce verbal al cierre del plenario de comisiones tras el dictamen de la Ley de Alquileres, la diputada nacional y secretaria parlamentaria del Frente de Todos, Paula Penacca, explicó la discusión que tuvo con la radical Karina Banfi. Por otro lado, confirmó que la Cámara baja sesionará el próximo martes para tratar alquileres, pero primero el oficialismo tiene que “dar vuelta votos” y apuntó contra JxC.
En diálogo por la AM 750, la camporista contó el duro cruce que tuvo con la vicepresidenta de la UCR al cierre del tratamiento sobre las modificaciones a la Ley de Alquileres: “Yo contesté a una provocación de la diputada Banfi. La verdad es que hay un nivel de impunidad a veces de los que representan a nuestra oposición que pocas veces reparan en los temas importantes para la sociedad y muchas veces se prestan a reproducir y a generar sentido común en relación a acusaciones falsas. Estábamos discutiendo un tema central, pero uno no tiene que dejar pasar ese tipo de cosas si te dicen que sos una chorra, evidentemente vas a contestar esa provocación”.
“Veníamos discutiendo el tema de alquileres que es un tema que va a ocupar estos días hasta el martes que tenemos la sesión en la que vamos a tratar el proyecto que vino del Senado”, confirmó.
En este sentido, apuntó: “Hay algo de todo el tiempo estar corriendo la atención de los temas importantes. Me parece que en este tema de alquileres el bloque de JxC ha demostrado que no le interesan los inquilinos, que le dan la espalda a 10 millones de inquilinos en el país porque vienen insistiendo en sancionar una ley que justamente lo que hace es dejar de proteger los derechos de acceso a la vivienda digna que en Argentina es un derecho Constitucional”.
“Traen estos temas que, obviamente pueden ser de interés para la opinión pública, no tengo problema alguno en hablar de eso porque creo que estuvo mal lo que pasó con Insaurralde, creo que estuvo bien que en menos de cinco horas hubo una respuesta de nuestra fuerza política y que hoy no sea más ni funcionario del gobierno de la provincia ni candidato, pero creo que ellos también tienen cosas de las que hacerse cargo y es importante que se pueda medir con la misma vara”, manifestó y comparó: “Así como nosotros tuvimos esta reacción y entendimos que la acción de Martín no representaba los valores que hay que cumplir para tener una función pública, ellos deberían hacer lo mismo con ‘Pepín’ Rodríguez Simón que sigue prófugo hace más de mil días”.
Al respecto, denunció que “ahí aparece la intención de poner estos temas por delante y de no hacerse cargo de que están asumiendo decisiones en relación a la legislación vinculada con los alquileres que va a empeorara las condiciones en las que están muchos inquilinos”.
Al ser consultada si el oficialismo cuenta con los números para aprobar su dictamen, afirmó: “Tenemos que dar vuelta votos”, y recordó que en la sesión del 23 de agosto en Diputados la oposición logró media sanción a “un proyecto que va para atrás a las condiciones para inquilinos porque retrocede a 2 años el tiempo de la duración del contrato, deja librado al azahar el índice por el cual se van a estipular los aumentos. Esto es un engaño porque en la relación contractual porque las personas que necesitan vivir en algún lado no tienen mucho margen para negociar. Modificaron el plazo de actualizaciones llevándolo a 4 meses cuando era de 1 año. Todo esto empeora las condiciones de vida de los inquilinos”.
“Nosotros estamos trabajando con una mejora que hizo el Senado para dar vuelta algunos votos y lograr aprobar lo que nos envió”, manifestó.
Por último, se refirió a las expresiones de los candidatos libertarios sobre el terrorismo de Estado: “Es preocupante las expresiones de Javier Milei y Victoria Villarruel sobre el negacionismo porque ya hacen apología de la dictadura directamente. Me parece que hay que sentar postura para decir que nunca más al terrorismo de Estado”, y adelantó que “la semana que viene vamos a empezar a darle tratamiento a muchos proyectos vinculados a estos tipos de comentarios negacionistas para tener legislación y evitar este tipo de comentarios negacionistas y tiene que ser un repudio de la sociedad para cuidar la democracia”.
Durante un nuevo plenario de comisiones, los representantes de quienes alquilan dijeron que la reforma de la ley no tiene “ningún beneficio” para ellos. Especialistas enfatizaron en el rol del Estado y la regulación.
Avanzó este jueves el debate en el Senado sobre la reforma de la Ley de Alquileres con la participación de representantes de inquilinos, quienes reclamaron no retroceder en derechos y cuestionaron el proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados.
Durante un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, los expositores criticaron la vuelta a dos años en los contratos, que se “iguale” a las partes de la relación y advirtieron que una modificación a la norma actual no garantiza que se amplíe la oferta de una manera accesible. También denunciaron abusos por parte del sector inmobiliario, ante la falta de control de la ley vigente.
En el Senado, el interbloque de Juntos por el Cambio se muestra a favor de la media sanción que salió de Diputados, mientras que el oficialismo anticipó que presentará modificaciones y, con el objetivo de obtener el dictamen de mayoría, negocia esos cambios con sus excompañeros integrantes hoy del bloque Unidad Federal y con los monobloquistas Alberto Weretilneck, Magdalena Solari Quintana y Clara Vega.
Al cierre del encuentro, y tras escuchar a los diferentes expositores, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Víctor Zimmermann (UCR) propuso: "Tenemos que darle la mayor previsibilidad y celeridad al tratamiento de la media sanción, fundamentalmente porque todos coincidimos en que la presente ley perjudica a propietarios como inquilinos. Por eso, nosotros pedimos que hoy firmemos dictamen".
En contraposición, la secretaria de la comisión la senadora Juliana Di Tullio (FdT) sostuvo: “La media sanción que viene en revisión perjudica claramente a los inquilinos y lo que pidieron es que se vuelva a la situación anterior. Nosotros tenemos propuestas para mejorar el dictamen y le pido que hagamos un cuarto intermedio hasta el miércoles para poder acercar posiciones tanto en nuestro interbloque como otros bloques para llegar a un número significativo en el recinto”.
“Vamos a hacer un cuarto intermedio para trabajar hasta el miércoles y poder arribar a un dictamen o dos o los que se presenten para poder, lo más rápido posible, darle un corte al tema”, cerró Daniel Bensusán (FdT) titular de la Comisión de Legislación General.
Las exposiciones
En su disertación, Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, recordó que desde el 2016 vienen discutiendo la ley, pero “sabíamos que la pelea no era esa, la pelea era cuando la ley estuviese vigente porque sabemos muy bien el rol del mercado inmobiliario en el país porque el Estado ha delegado en el mercado inmobiliario la responsabilidad del acceso a la vivienda”.
“Quien decide quién puede alquilar y quién no es la inmobiliaria. No hay una ventana del Estado a dónde ir a reclamar”, cuestionó Muñoz y criticó: “Me sigue sorprendiendo que el ministro de Hábitat no haya venido, ¿no tiene nada para decir? lo único que se dice es que la vivienda es un sueño, nosotros soñamos y hay otros que lo hacen realidad bastante seguido que tienen 10 o 20 viviendas y a nosotros nos dicen que sigamos soñando”.
También enfatizó contra el encuentro de ayer en donde “vinieron todos empresarios, ningún propietario. Vienen los empresarios a hablar de qué tiene que hacer el Estado con las políticas de vivienda. Eso me parece una derrota que escuchemos a los empresarios darnos clase de cómo resolver el problema de la vivienda en Argentina”. “Ayer dijeron que había millones de rentistas, pero el Estado no sabe cuántos hay”, apuntó y brindó datos oficiales de la situación de la vivienda en el país.
Así detalló que “en 1991 había 8 millones de viviendas, había 3.6 personas por vivienda. 2001 11 millones de viviendas y 3,1 persona por vivienda. En 2010 casi 14 millones de viviendas y 2.9 de personas por vivienda. En 2022 18 millones de viviendas y 2.6 personas por vivienda. En la Ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada 1.9 personas, la situación es obscena”. También precisó que el nivel de viviendas del mercado privado de 1991-2001 creció un 37%, mientras que la población creció un 18%; del 2001-2010 creció casi un 20% la cantidad de viviendas, del 2010-2022 creció casi un 30% la cantidad de viviendas. “La cantidad de viviendas creció un 108%”, afirmó.
“No faltan viviendas en el país. Cuando se votó la ley empezó la campaña en contra en todos los medios. Si hubiese habido una campaña tan feroz contra la vivienda dolarizada la situación sería otra en un país donde no hay dólares”, cuestionó y agregó: “Nos deberíamos preguntar qué Estado queremos, no que ley si nadie se cree que el problema del alquiler sean los plazos. El problema lo tienen las inmobiliarias que quieren cobrar cada 24 meses. Tampoco nos creemos que el problema sea la actualización de los precios y el precio inicial que tampoco está regulado y te cobran lo que se les antoja”.
Muñoz apuntó: “La Ley de Alquileres plantea la obligación de registrar los contratos en AFIP y según el jefe de Gabinete en 3 años de vigencia de la norma se registraron 140 mil nada más y los que no registran ayer vinieron a pedir no pagar impuestos y a que los incentiven, algo que le dan todos los años, todos los gobiernos”.
“Hay que crear todas las herramientas posibles para que el Estado se encargue de garantizar que se cumplan las leyes. Las inmobiliarias se creen estar por encima y si la ley no les gusta no la cumplen. Sinceremos el debate y den señales claras. Mantengamos la ley actual y logremos que se cumpla, que el Estado esté por encima del mercado inmobiliario, garanticemos que 10 millones de inquilinos tengamos al Estado velando para que se cumpla esta ley", afirmó.
Y cerró: “Tienen que dar una señal clara y rápida sobre esto porque quien está gobernando y decidiendo es el mercado inmobiliario. La media sanción afecta todos los derechos de los inquilinos, los contratos, los pagos adelantados, sacaron la obligatoriedad de que los propietarios registren los contratos, es una barbaridad, actualización cuatrimestral es un escándalo, pusieron tres índices y ni en la ley actual se sabe cuál se toma y no hay campañas de difusión porque nadie sabe qué son los precios mayoristas, todo es para confundir y tratar de que no se entienda. La media sanción es una redacción del mercado, intentan ocultar las intenciones reales”.
El siguiente en exponer fue Juan Arrizabalaga, representante de Inquilinos Tandil y concejal de Unión por la Patria en esa ciudad, quien consideró que la reforma de la ley es “un nuevo ataque del lobby inmobiliario, que evidentemente permea a una parte de la clase política argentina”. “Es una reforma pro-mercado, pro-rentistas, que apunta a los tres puntos fundamentales más protectorios de la ley”, señaló.
En ese sentido, explicó que “achicar el plazo de los contratos de tres a dos años va a generar más inestabilidad habitacional”, además de aumentar los costos inmobiliarios; en lo que respecta a “pasar de un ajuste anual a cuatrimestral, o cualquier otro ajuste menor, va a multiplicar los precios”; y, finalmente, sobre los índices para que las partes acuerden, dijo que “compara dos partes que son incomparables”.
Tras enumerar situaciones de abusos por parte de inmobiliarias (contratos por un año, comisiones indebidas, etc.), Arrizabalaga alertó que “lo que está en juego es que el año que viene millones de inquilinos no tengan a dónde ir a vivir, no tengan para pagar un alquiler”. Finalmente, en un mensaje a los legisladores del peronismo, les pidió: “Es momento de defender a los que hay que defender, a los 10 millones de inquilinos que tiene la Patria”.
A su turno, Luna Miguens del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) recomendó “mirar la película un poco más amplia” ya que “vivimos en una Argentina, pero también en un mundo, donde la producción de viviendas tiene cada vez menos que ver con las necesidades de vivienda” sino “que tiene cada vez más que ver con la rentabilidad”. “Hay un proceso creciente de inquilinización y un proceso de concentración de vivienda”, observó y ejemplificó que “vemos crisis de alquileres en Barcelona, Lisboa, New York”.
“En el marco de esa crisis, el Estado tiene el deber, la responsabilidad y la obligación de defender el derecho a la vivienda”, enfatizó y expresó que se necesita “un Estado que pueda poner límites al uso económico de la vivienda”. “La media sanción va en contra de eso, porque lo que hace es restringir el rol del Estado”, indicó sobre el proyecto aprobado en Diputados y cuestionó: “No entiendo quién puede pensar que volver al contrato de dos años no perjudica a los inquilinos. No se puede volver atrás con ese avance”.
Miguens precisó luego datos de una encuesta telefónica realizada por el CELS junto al CONICET y la Universidad Nacional de San Martín, entre otras instituciones, en la cual “el 63% de los inquilinos respondió que tiene deudas y más del 60% respondió que tomó deudas para poder pagar el alquiler”. Sobre el aumento de la incidencia del valor del alquiler sobre los ingresos, en 2021 “el 24% de los hogares destinaban más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler”, mientras que “en 2022 esa proporción aumentó el 32%”. “En todas estas encuestas los hogares sostenidos por mujeres están un poco peor”, subrayó y agregó que “el 35% respondió que alquila una habitación” y no una vivienda entera.
Otro de los expositores de la jornada fue Maximiliano Vittar, de Inquilinos Córdoba, quien arrancó: “Estamos con la esperanza y expectativa de que muchos legisladores realmente nos escuchen. En la Cámara de Diputados estuvimos (el año pasado) tres semanas discutiendo, y las propuestas y planteos, por lo menos en el proyecto con media sanción, no fueron tomados”.
Sobre la iniciativa, sostuvo que no encuentra “un beneficio para el inquilino”. “Al plantear igualdad de partes entramos en un desconocimiento total de lo que sucede” en la realidad, remarcó y se preguntó que “si el problema es la inflación, ¿por qué hoy discutimos la Ley de Alquileres? ¿O por qué la salida es esta media sanción? No se están discutiendo otras leyes de lo que sucede con otros bienes y servicios”.
Avanzado el encuentro, Florencia Labiano, socióloga y becaria doctoral del CONICET, aseveró que “en los últimos 20 años en Argentina, y en los grandes centros urbanos, estamos atravesando un proceso de inquilinización, de modo similar a lo que sucede en otras ciudades del mundo. Cada vez más hogares se vuelcan al mercado de alquileres privado para recurrir a una vivienda”. Al hacer hincapié en lo privado, explicó que en otros países hay combinación de sector privado y público, o incluso cooperativas o sindicatos que tienen viviendas propias puestas al alquiler.
“Que la política de viviendas sea un mercado es una decisión política”, resaltó y criticó que “en materia de alquileres, el Estado delega en privados una responsabilidad pública, a la vez que genera directa o indirectamente las condiciones para que la vivienda se concentre cada vez más”. “La vulnerabilidad aumenta en los grupos etarios más jóvenes, pero también en los más viejos. Hay jubilados entre los inquilinos y eso también es preocupante”, continuó.
Labiano advirtió que “hoy por hoy la vivienda está afectando al mercado laboral” en lo que respecta a “la cantidad de horas que trabajamos, el patrimonio al que accedemos, el tipo de crédito y el tipo de alquiler”. “El alquiler afecta cada vez más a más personas en situaciones más desiguales, no legislar, no reglamentar o no generar las capacidades estatales para poner en práctica las leyes, no significa no regular, significa entregar el control del mercado a sus agentes más poderosos, es decir los más concentrados”, enfatizó.
Al hacer referencia a la encuesta de la que habló Miguens, la socióloga indicó que “el 76% de los hogares de inquilinos que se habían mudado en los últimos cinco años habían tenido problemas para acceder porque no cumplían con requisitos que proponía el mercado, esos mismos hogares tienen contratos que no están adecuados a la Ley de Alquileres. Es decir que el mercado define quién accede y quién no accede”.
“Hay que distinguir entre los propietarios, pero para eso hace falta conocerlos, y esos datos los tiene el Estado”, aseguró y dijo que “no faltan viviendas, falta la voluntad de ponerlas en oferta, y es algo que no creo que vaya a modificarse con esta ley”. “Lo que pido es que no retrocedan en los derechos conquistados para los hogares inquilinos para congraciarse con la supuesta oferta de un supuesto mercado que desconocemos por completo”, sumó y, en ese sentido, recordó que “solo el 10% de los contratos están registrados en AFIP”.
Por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia expuso Pablo Vitale planteó que no se está tomando a la población inquilina en barrios populares y en expansión que “viene creciendo en el país y de los cuales no se tienen datos”, y señaló que “es un mercado que se viene precarizando hace años”.
“La ley da respuestas a una sola parte del problema de acceso a la vivienda que es complejo. El contexto de aplicación de la ley también fue particular porque a lo único que le atribuimos la situación del mercado es a una sola ley. ‘Una ley nos modifica la realidad’, eso ya lo sabemos, pero en este ámbito lo que podemos hacer es sentar las bases y los marcos a partir del cual dar una discusión en términos fácticos y si a eso nos resignamos estamos condenados a que la situación solo dependa de relaciones de fuerza en la que se favorezca a la parte más poderosa”, señaló a modo de llamado de atención.
También indicó que “desde que se sancionó esta ley se está planteando que va a ser modificada, qué expectativa de mercado puede reaccionar de otra manera que no sea retrayéndose si se plantea que es inminente la mejora de la ley para generar rentabilidad. Esto no existe, no se generan mecanismos de control para el mercado extorsivo porque depende de la parte propietaria las condiciones bajo las cuales se alquila”.
“No se ha generado situaciones para que ocurra algo diferente a lo que pasa actualmente con la ley y es atribuible a los recursos estatales destinados para que se cumpla y excede el ámbito legislativo. La ley debe garantizar derechos porque el 50% de los alquileres se hace sin contratos”, remató Vitale y pidió que se legisle en base a datos y “hacer un diagnóstico adecuado respecto de cuáles son las mejores vías de solución posibles. La propuesta de reforma de la ley va en detrimento de los derechos adquiridos en la modificación y de la situación preexistente y deja a la situación inquilina en una situación peor”.
Un contrato de cinco años para los comercios
Leo Bilanski, presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), habló en representación de los comercios de barrio y manifestó que “el valor inmobiliario y aporte que nosotros reproducimos muchas veces se nos vuelve en contra al momento de renovar el alquiler”. Sobre la actualización del precio, opinó que “es necesario que haya un índice oficial conocido” porque “hoy parece que el índice es el diario, y una economía normal, armónica, desarrollada, no puede bailar al ritmo de las operaciones mediáticas”.
“El precio del alquiler es determinante para nuestro flujo de gastos y para los costos fijos con los cuales determinamos precios y rentabilidades”, explicó y advirtió que “hoy infinita cantidad de contratos están dolarizados a tipos de cambio caprichosos”.
Respecto al plazo de los contratos, Bilanski apuntó que hoy es de tres años para los comercios, “cuando recién el recupero de la inversión no tardamos menos de dos años en realizarla, por eso no lo vemos largo (al contrato), lo vemos corto. Habría que pensar algún tipo de extensión hasta cinco años”.
Sobre ese punto, la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri resaltó que tanto la ley anterior, como la vigente, establece que “cualquiera sea el destino, si no está especificado, no inhabilita a que sea mayor”. En ese sentido, aseguró que la norma “no impediría que firmen un contrato por cinco años”. Pero el presidente de ENAC le respondió que eso debe quedar explícitamente escrito, porque “hay muchos que no cumplen la ley”.
A continuación, la vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, se quejó que en el proyecto aprobado en la Cámara baja “se hizo un recorte, no sabemos si consciente o inconsciente, yo tiendo a pensar mal siempre. La ley anterior, no la vigente, establecía dos años para vivienda y tres para comercio. Pero en la media sanción se le metió también un hachazo a los comerciantes”.
“Nos quieren hacer creer que estamos legislando para un tipo de contrato en donde todos son buenos, amables, donde las partes son iguales y pueden tomarse un café en un lugar hermoso y pactar las condiciones de un contrato de locación”, ironizó la mendocina.
Y se mostró de acuerdo en “no solamente volver a los tres años (de contrato), sino de extenderlo a cinco años. Que sea de tres años con la posibilidad de extenderlo por dos más” para el caso de los comercios.
También expusieron en la reunión Carla Sánchez, de Juntas por el Derecho a la Ciudad; Diego Fernández, presidente de la Asociación Platense de Inquilinos e Inquilinas; Sebastián Artola, de Inquilinos Agrupados Rosario; Federico Prior, de Inquilinos Neuquén; Matías Solano, de Inquilinos Santa Cruz; Lucía Cavallero, de Ni Una Menos.
Ante los diputados defendieron los tres años de contrato, que “sí dan previsibilidad”, valoraron un impuesto a la vivienda ociosa y sugirieron alternativas para los aumentos.
Más allá de admitir ciertas deficiencias a corregir, los representantes de los inquilinos se manifestaron mayoritariamente este martes a favor de la Ley de Alquileres y reclamaron a los diputados que analizan modificaciones a la norma tomarse su tiempo antes de resolver el tema y no actuar de manera acelerada. Y sobre todo, no derogar la ley.
Roberto Díaz, de la Unión Inquilinos Rionegrina, advirtió que en su provincia “hay personas que están viviendo en carpas, en autos, en colectivos” y “personas que se tuvieron que ir” de sus ciudades. “La mitad de los contratos no están cumpliendo con la ley. La mitad de los inquilinos se queja de que los contratos que se están firmando son con aumentos semestrales”, reveló y denunció que hay “aumentos entre el 100% y 120%”.
Esas inequidades están “expulsando” a “familias que no son de clase baja, sino son policías, docentes, trabajadores formales”, apuntó, por lo que expresó que “la situación es muy preocupante” y “el inquilino se ve muchas veces forzado a firmar cosas que están fuera de la ley sin respaldo por parte del Estado”.
Durante su exposición, César Lera, de la Asociación de Inquilinos de Jujuy, enfatizó que “el inquilino es la parte débil del contrato y debe ser asemejado al consumidor en igualdad de herramientas y con el Estado presente”. Al poner números sobre la mesa, el expositor apuntó que “en Jujuy hay 36,2% de pobres y 6,3% de indigencia”, al tiempo que “el mayor empleador es el Estado provincial”.
Un alquiler de un ambiente “comienza en 20 mil pesos, dependiendo de la zona”, especificó. Pero al calcular los gastos extra que se necesitan, Lera manifestó que, por ejemplo, un docente que recién inicia y gana 49 mil pesos debería tener para ingresar a un alquiler 79 mil pesos. Además, comparó que el aumento del alquiler para quien cumple un año es del 54,8%, mientras que el aumento para un empleado público es del 20%, en forma escalonada.
Para el representante de los inquilinos, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que habla de acceso a la vivienda digna, debe ser “interpretado operativamente como la protección del Estado a los inquilinos para que accedamos dignamente a un techo con nuestras familias”.
Por los Inquilinos de Entre Ríos expuso Jonathan Villanueva, quien remarcó que “el mercado es voraz y va en desmedro nuestro”, y denunció: “He escuchado varias mentiras y ocultamiento de información, como por ejemplo que los 3 años no dan previsibilidad; para opinar de eso estamos nosotros”, y contradijo: “Los 3 años sí dan previsibilidad, el que dice eso es porque no alquila. La actualización anual es muy importante y vamos a defender los 3 años de previsibilidad, el índice debe ser anual y por debajo de la inflación”.
“Esta ley se tiene que mejor, pero no volver atrás. Es importante generar políticas para beneficiar el acceso a las viviendas de alquiler, que sea más fácil. Creemos que un impuesto a la vivienda vacía va a igualar la oferta y demanda. Fijar un precio inicial, como manifestó (José Luis) Gioja en su proyecto, es importante por eso vamos a apoyar iniciativas que beneficien a ambas partes”, concluyó Villanueva.
Ana Fernández Borsot, habló como fundadora de la Plataforma por la vivienda digna El Chalten y coordinadora del observatorio del derecho a la ciudad Patagonia- Santa Cruz, pero también como representante de los inquilinos. Y lo hizo de manera enfática, ponderando a quienes habían hablado en nombre de los inquilinos, pero criticando al resto, de los que dijo de manera severa: “No sé en qué realidad paralela viven”.
“Me sorprende que digan que antes de la vigencia de esta ley todo funcionaba de maravillas”, cuestionó, advirtiendo por quienes ven “vulnerados sus derechos y ven crecer el problema del acceso a la vivienda”. Muy dura, reclamó a los legisladores que “no traten esta cuestión con la superficialidad y las prisas que han trascendido de manera mediática, ni mucho menos en 30 días. No se trata ni de suspender, ni de derogar”.
Pidió por el contrario tratar el tema “con la seriedad y el tiempo que requiere el debate legislativo”, y aclaró que “no hay fórmulas mágicas, no traten de solucionar la cuestión con propuestas maniqueas, o por lo menos no lo hagan en nuestro nombre”.
Borsot sostuvo que “hoy la población inquilina y trabajadora del país está en situación paupérrima”, y llegó al punto de definir su situación como “una forma moderna de esclavitud, más que de libre contratación entre las partes”. E insistió en reclamar a los legisladores que “evalúen correctamente la magnitud y el componente sistémico del problema”.
“No es cierto que la ley perjudicó; no hay ningún dato cierto que pueda demostrar la relación causa y efecto”, sostuvo, asegurando que “hoy quien alquila en general no lo hace por elección o por opción, sino que no tiene ninguna alternativa”.
Franca D’Amico, presidenta de Cooperativa Inquilinxs Córdoba (CoopinCo) y parte del Frente de Inquilinxs Nacional, cuestionó la reacción del sector de propietarios e inmobiliarias que de entrada, tras la aprobación de la ley -dijo- fue la de “pretender instalar, y lo lograron, que era perjudicial para ambas partes, que fue un error”. Y destacó el contrasentido referido a que por un lado se afirmó que “aumentaron terriblemente los alquileres y al mismo tiempo manifestaron que se retiraron los alquileres por la baja rentabilidad”.
“Les pido que se pongan de acuerdo: o baja la rentabilidad, o han aumentado los precios en detrimento de inquilinos e inquilinas”.
D’Amico cuestionó también que se considerara que en un contexto de inestabilidad e inflación no se podía sujetar el mercado a un índice determinado. Por el contrario, dijo que “antes se aplicaban índices acumulativos y nadie sabía cómo se estimaba cómo iba a ser la inflación de acá a dos años, para poder aplicar índices de actualización semestrales. Ahora, en cambio, “se fija un índice anual sujeto a variaciones del INDEC que son ciertas y no sujetas a un índice subjetivo”.
“Planteamos que esta ley es fruto de la lucha de la comunidad inquilina -agregó-. Derogarla va a tener como efecto dejar desprotegidos a inquilinos. Ninguna ley es perfecta, por lo tanto lo más adecuado es modificarla, teniendo en cuenta la posición de los inquilinos, que de ninguna manera puede ser igualitaria, por la sencilla razón de que no reúne las mismas características”. Así las cosas, D’Amico consideró que “sí o sí el inquilino necesita el control del Estado. No basta con escribir el derecho y dejarlo plasmado en un texto”.
Para la presidenta de CoopinCo, “el precio de la locación no puede estar sujeto al criterio subjetivo del mercado inmobiliario. Sí o sí tiene que estar regulado por el Estado”. Consideró que puede revisarse el sistema de actualización, pero sugirió que siga siendo anual y “sujeto a las variaciones salariales, para evitar que se traduzca en un desfasaje de los alquileres”.
Asimismo reclamó incorporar la regulación del precio inicial, una cuestión en la que aseguró que se producen abusos.
También se manifestó a favor del impuesto a la vivienda ociosa, “para tener más viviendas en alquiler, y que el Estado adquirir inmuebles y los destine al alquiler”.
“Derogar esta ley se va a traducir en dejar solos y solas a los inquilinos e inquilinas”, concluyó.
En nombre de los inquilinos de Villa La Angostura, Valeria Toledo denunció que la situación que viven es “dramática” porque no existen contratos o los que se consiguen son “irregulares o totalmente abusivos sujetos a la necesidad de los propietarios”. A su vez, apuntó que “no existe ningún tipo de control y nadie vela por los inquilinos por esos casos”, y agregó que “algunos alquileres son en dólares. El alquiler ha arrasado con las viviendas permanentes en la localidad”.
“Los inquilinos recibimos muchos maltratos por parte de los propietarios, no hay contratos por escrito todo es de palabra, si se realizan son con cláusulas ilegales, con aumentos del índice con plazos menores a los obligatorios, algunos propietarios ingresan a la vivienda cuando no estamos, el precio del alquiler no se condice con el estado de la vivienda. Es imposible alquiler con hijos o mascotas, es la condición que ponen los propietarios. Alquilamos en marzo hasta noviembre porque después alquilan para el turismo”, explayó Toledo y cerró: “Defendemos los tres años y el aumento anual”.
Mariana Saldaña de Unión Inquilinos de Luján precisó que hay “una asimetría entre quien alquila y el mercado. No queremos que se vuelvan a los contratos cortos, esto es querer volver a un retroceso. Vamos a luchar por el plazo de tres años y actualizaciones cada un año. Exigimos que implementen políticas de defensa de acceso al alquiler”.
“Estamos discutiendo la ley por una presión marcada del sector inmobiliario. No se habla de ley de alquileres ni de ley desde la dictadura. Los inquilinos han visto vulnerados todos sus derechos durante años”, cuestionó Fabiana Happel de Inquilinos La Pampa y apuntó al mercado inmobiliario que quieren “continuar con el aumento de alquileres desmedidamente porque aún habiendo una ley que tildan de ‘fracaso’ no se ha cumplido la ley, no hay control por parte del Estado, por eso fracasó la ley. No podemos volver a los contratos de dos años porque es imposible sostener en el tiempo, vamos a hacer lo imposible para que la ley siga, no se puede derogar”.
Diputados de Juntos por el Cambio recibieron a propietarios, inquilinos e inmobiliarias para escuchar sus propuestas para la modificación de la ley vigente.
Luego de que oficialismo y oposición llegaran a un entendimiento para modificar la Ley de Alquileres vigente -levantándose así la sesión especial pedida por JxC para el martes que viene-, y se estableciera la conformación de la Comisión de Legislación General para avanzar con el tratamiento del tema, el interbloque de diputados de Juntos por el Cambio comenzó a trabajar por las suyas ya este mismo jueves.
Así, sus miembros recibieron por la mañana a representantes de las asociaciones de inquilinos, cámaras inmobiliarias y propietarios. En lo que fue definida como “una provechosa audiencia”, los legisladores receptaron peticiones para cambiar la Ley de Alquileres que está vigente desde 2020 y que trajo graves problemas para todas las partes.
Todos los actores que estuvieron en la audiencia en la sala 2 del Anexo de Diputados coincidieron en pedir que se deroguen los artículos que dispusieron que los contratos de locación sean de tres años y que establecieron un mecanismo de actualización de los alquileres cada doce meses.
Pero también destacaron que hay aspectos de la actual ley que deben continuar.
El presidente del bloque de Pro, Cristian Ritondo, sostuvo: “Juntos por el Cambio busca darle previsibilidad al mercado inmobiliario, para que inquilinos y propietarios tengan un marco legal acorde a la situación crítica que estamos atravesando. Comprendemos y sabemos las dificultades que hoy tienen los inquilinos para acceder a una vivienda de alquiler”, explicó.
Y agregó Ritondo: “El objetivo primordial es integrar la Comisión de Legislación General y escuchar a todos los sectores comprometidos, para que acerquen sus iniciativas tendientes a mejorar la actual legislación en la materia”.
El presidente del bloque UCR, Mario Negri, explicó: "Hemos escuchado a todos los sectores involucrados y afectados por la actual Ley de Alquileres. Todas las partes coincidieron en que la ley actual tiene dos grandes problemas: el plazo de tres años de los contratos y la periodicidad de un año en actualización de los montos porque con la inflación, lejos de dar previsibilidad, estas cláusulas generaron más incertidumbre".
"Nosotros no queremos la suspensión ni la derogación total de la actual ley. Pero pedimos una sesión planteando la derogación para meter presión al oficialismo. Esta estrategia fue fructífera porque ayer destrabamos con el presidente de la Cámara baja el funcionamiento de la Comisión de Legislación General y el martes se empieza a debatir este tema. Si en 30 días no hay dictámenes, desde JxC vamos a volver a pedir una sesión especial".
A su vez, Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica dejó claro que “la reunión con los sectores del mercado de alquileres era fundamental. En un Congreso paralizado y que tiende a simplificar los temas, hoy tenemos una visión más clara para avanzar rápido en la parte que nos toca como Congreso. Tenemos que saber que con la inflación galopante y la incertidumbre que mete el oficialismo, lo que salga del Congreso sólo será un paliativo".
Por la Federación Inmobiliaria Argentina, Emilio Caravaca Pazos, expresó que “lo más importante tiene que ver con los plazos de la ley actual. Aunque creemos que la modificación de la ley no va a normalizar el mercado per se. Hay falta de oferta y una demanda creciente".
"Los artículos a derogar son el artículo del plazo de 3 años, que generó la elevación de los precios. Además, el artículo con la periodicidad de los ajustes también debe cambiarse. La actualización de doce meses implica que sea muy difícil planificar porque la inflación es alta", puntualizó, aclarando que “hay aciertos en la ley Lipovetsky como establecer las expensas de cada parte o el domicilio electrónico".
Finalmente, preciso que “hemos visto que en el interior había una mayor flexibilidad para sostener las relaciones contractuales. Mayor libertad de contratación genera mejores resultados".
También estuvo presente en la audiencia Federico López Castromil, de Unidos por la Profesión, una agrupación de corredores inmobiliarios, quien señaló que “nosotros trabajamos con el diputado Alberto Assef en tres proyectos únicos e integrales. Surgen del consenso de las partes. Se quitan los artículos malos y a la vez se mejora el articulado del Código Civil que trae problemas. Los propietarios no son los malos de la película y los inquilinos no son delincuentes".
Con relación al proyecto presentado por el diputado oficialista José Luis Gioja la semana pasada, lo consideró “inadmisible”. “Es un disparate”, resumió, afirmando que “el impuesto a la vivienda deshabilitada fracasó antes y lo hará ahora".
A su turno, José Griselli dijo por la Asociación Defensa del Inquilino que aclaró que no estaba en su ánimo que se legisle “en detrimento de los propietarios”.
“Cuando se sancionó la actual legislación lo que se vio fue el aumento nocivo e inmediato de las locaciones. Por no tener libertad de negociación, por ligar los juicios de desalojo a la registración del contrato ante la AFIP. Nadie ofrece inmuebles en locación", agregó.
Participó de la audiencia por la Asociación de Defensa del Consumidor e Inquilino Exequiel Vergara, quien sostuvo que “hay que dar confianza y previsibilidad. Siempre dijimos que la indexación era una pésima idea. Con la inflación más alta del mundo era obvio que los alquileres iban a subir. Hoy hay falta de inmuebles para alquilar y lo que hay es carísimo. La respuesta es que haya un precio claro y transparente desde el principio”.
"En 2015 con el Código Civil y Comercial se puso dos años y en 2020 se llevó a tres años. Eso quita toda certidumbre", agregó Vergara, quien precisó: “Hay que derogar los dos artículos rápidamente. El artículo relativo a la indexación y el relativo al plazo y volver a los dos años".
Por último, Norberto Acervo señaló desde el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios que “estamos de acuerdo con la derogación de los dos artículos y además creemos que la actualización debe ser semestral".
Ante las quejas de las partes involucradas, se anticipó que el Parlamento tomaría medidas, pero la discusión todavía no arrancó en ese ámbito. Qué opinan los actores principales de este tema clave que amerita una reapertura del debate.
Entre los temas enviados por el Poder Ejecutivo para su tratamiento en extraordinarias no figuró uno que se esperaba estuviera: la Ley de Alquileres. Bandera de campaña de la oposición, que siendo oficialismo hizo mucho para su aprobación, el tema terminó siendo recogido también por el oficialismo, que anticipó que adoptarían medidas urgentes con el tema, habida cuenta de las protestas del sector.
Alquileres, como dijimos, no apareció en el decreto presidencial que incluyó 18 temas para extraordinarias, pero ya no puede haber quejas, pues este año y por primera vez desde que se tenga memoria un Gobierno no alcanza a tratar ni siquiera uno de los proyectos enviados al Congreso en febrero.
Muchas son las alternativas que se manejan en torno a la Ley 27.551 aprobada a mediados de 2020, en plena pandemia, y que pareciera haber generado más complicaciones que las soluciones que se proponía aportar. Pero cuando hoy se escuchan tantas voces críticas hacia esa norma conviene retrotraerse a la aprobación de la misma para recordar el consenso que tuvo cuando fue aprobada. “Esta ley no vino en un plato volador, fue producto del consenso general”, remarca Daniel Lipovetzky al salir al cruce de las fuertes críticas que no solo desacreditan la norma, sino que le ponen su apellido a la misma a la hora de defenestrarla.
Hay que remontarse a la sesión de la Cámara de Diputados del 20 de noviembre de 2019. El Gobierno de Cambiemos estaba de salida, pero así y todo el oficialismo propició esa última sesión en la que dio el primer paso para sancionar la nueva Ley de Alquileres. A continuación, le daría media sanción también a la Ley de Góndolas. Como se ve, dos iniciativas que prometían mucho más que lo que terminaron aportando.
La media sanción para la Ley de Alquileres fue con 191 votos afirmativos, ninguno negativo y 24 abstenciones. Se trataba de un proyecto consensuado entre los distintos bloques, que además fue acordado con representantes de todos los actores involucrados.
Durante el debate, diputados de todas las bancadas coincidieron en destacar el principal objetivo que tenía la norma: brindarle mayor estabilidad a los inquilinos -unos 9 millones en todo el país- y equilibrar la relación con los propietarios. La mayoría de las -pocas- objeciones llegaron desde la bancada de Cambiemos, que aportó el mayor caudal de abstenciones. Fueron 18 del Pro (Eduardo Amadeo, Sergio Buil, Eduardo Cáceres, Alicia Fregonese, Alejandro García, Facundo Garretón, Martín Grande, Fernando Iglesias, Lucas Incicco, Luciano Laspina, Julio Sahad, Gisela Scaglia, David Schlereth, Cornelia Schmidt-Liermann, Héctor Stefani, Paula Urroz, Sergio Wisky y Waldo Wolff); dos radicales (Horacio Goicochea y Martín Hernández); otras tantas de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli y Lucila Lehmann; José Moretti (Frente Renovador) y Alejandro Snopek (Consenso Federal).
El proyecto que salió de la Cámara baja establecía los siguientes detalles:
“Esta ley viene a equilibrar las relaciones entre ambas partes y a corregir abusos que se producen”, señaló esa vez Daniel Lipovetzky durante su discurso como miembro informante de parte del oficialismo, al destacar la importancia de tener una nueva norma que venga a atender un tema que no está regulado. “Es una ley que genera posiciones muy contrapuestas entre los sectores involucrados”, admitió, recordando la presencia en las comisiones de representantes de todos los sectores para debatir un tema que “no está regulado”.
La norma tuvo, como hemos dicho, un consenso generalizado no solo de los legisladores, sino también de todos los sectores involucrados. Aunque algunos anticiparon también sus objeciones. Es el caso del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, que consideró importante que el Congreso hubiera sancionado una nueva ley de alquileres, pero cuestionó la extensión de los contratos de dos a tres años debido a la inestabilidad de la economía.
Un proyecto similar había sido aprobado en el Senado por unanimidad en 2016, pero perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados debido a que no se trató en el recinto. Por eso en 2019 volvió a iniciarse la discusión, esta vez en la Cámara baja, por lo que el Senado tuvo la última palabra.
Eso sucedió ya en tiempos del Gobierno de Alberto Fernández, el 11 de junio de 2020, cuando la Cámara alta sancionó el proyecto por unanimidad. Fueron solo 41 votos, pues la oposición se había retirado del recinto en rechazo al tratamiento de temas no vinculados a la pandemiade Covid-19.
De tal manera, el proyecto fue convertido en ley con los votos del Frente de Todos, más los de sus aliados Alberto Weretilneck y Magdalena Solari Quintana.
Tras una sesión virtual con clima caliente por la actitud de la oposición, el bloque oficialista criticó “la actitud irresponsable e insensible de Juntos por el Cambio” por no acompañar el debate y la aprobación de la Ley de Alquileres, iniciativa que había apoyado en las comisiones.
En noviembre de 2021, el presidente de la Cámara de Diputados expresó sus críticas en el acto del Día de la Construcción, el año pasado. “En el Gobierno anterior, el Congreso sancionó, no con mala fe, sino buscando una solución a un problema, una ley que fracasó. La Ley de Alquileres, que pretendía asegurar a inquilinos y propietarios, terminó disminuyendo la oferta”, expresó esa vez Sergio Massa, al hablar de impulsar una nueva norma para reemplazar la vigente, aunque como hemos dicho, aún no se ha puesto en marcha otro proyecto.
Esta última semana el Gobierno se ha pronunciado en torno al tema. Lo hizo en el marco de la primera reunión de la mesa de trabajo creada para abordar la situación, convocada por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. De la misma tomaron parte representantes de inquilinos, inmobiliarias, desarrolladores urbanos, propietarios, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios relacionados con la temática.
Al cabo del encuentro, el secretario de Comercio anunció la intención de “generar una mesa de trabajo que cree las mejores condiciones para inquilinos y propietarios, en el marco de los consensos que surjan”.
Agregó que “estamos ante un problema, ya que hay falta de oferta de viviendas y hay incertidumbre para las y los inquilinos sobre el precio de los alquileres. Quisiéramos saber por qué hoy el mercado está en una situación donde es difícil alquilar”.
Un día después, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, se refirió también a la cuestión: “Está claro que la Ley de Alquileres, así como está, no cumplió con la función esperada ni por los inquilinos ni por los propietarios y hay que mejorarla”, señaló, agregando que las viviendas ociosas destinadas “como ahorro o especulación inmobiliaria” son de los factores que influyen en los precios de los alquileres, y anticipó que el Gobierno espera “tener medidas pronto” frente a la problemática. ¿Tal vez un impuesto para las viviendas ociosas?
Ante las críticas hacia la ley que tanto defendió desde la Cámara baja, como presidente de la Comisión de Legislación General, el hoy diputado provincial Daniel Lipovetzky reconoce que “hay cosas que no funcionaron y que no estaban previstas en el proyecto original que yo presenté, y que fueron incorporadas en el debate en las comisiones; y otras que tienen que ver con circunstancias que se dieron en el país en los últimos años”.
En diálogo con parlamentario.com, Lipovetzky citó dos temas puntuales que deberían ser modificados: el Registro AFIP y la actualización de los contratos. En el primero de los casos, sostiene que habría que establecer incentivos fiscales para motivar la oferta, y en el otro, cambiar el método de actualización de los contratos.
“Las leyes hay que analizarlas en todo su articulado; hay cosas que están bien y otras que no funcionaron”, reconoce Lipovetzky, que atribuye a la inflación y a la falta de un plan económico los problemas de la ley.
Una de las principales demandas de los dueños es volver a los contratos de dos años. La ley aumentó de 2 a 3 años el plazo mínimo de alquiler y estableció mayores restricciones para que los propietarios rescindan el contrato.
Son los propietarios los que protestan por ese tema, no así los inquilinos. Para la Federación de Inquilinos, los tres años fueron un avance para dar previsibilidad a los inquilinos.
El índice de actualización es una de las principales demandas. Para la diputada nacional oficialista Marcela Passo, ese índice “genera incertidumbre no saber cuál será la inflación, habrá que revisar si se puede establecer el aumento solo por el índice de salarios”.
Lo de las garantías sigue siendo un problema: el inquilino debe otorgar hasta dos posibles garantías, una de las cuales debe aceptar el propietario. A los inquilinos les sigue constando conseguirlas y pretenden analizar este punto a fin de que no sea un obstáculo para alquilar, al tiempo que genere tranquilidad en los dueños.
Está dicho que lo del registro ante la AFIP no ha funcionado. El ministro de Hábitat Jorge Ferraresi aseguró que apenas 230.000 de los 2 millones y medio que tienen en radar, están inscriptos.
“Para el propietario genera mayores puertos administrativos a la hora de informar. Debemos cruzar información que el sistema ya tiene y no pedirle a los propietarios que se registren”, asegura Marcela Passo.
Una ley con baja ponderación
Según una encuesta de ZonaProp, la Ley de Alquileres debería ser modificada. Estas fueron las principales conclusiones del sondeo:
Como hemos dicho, durante la campaña hubo voces de la oposición que hablaron directamente de derogar la ley. Una de ellas fue la diputada nacional María Eugenia Vidal, aunque ella no ha presentado aún ninguna iniciativa en ese sentido. Sí lo hicieron sus compañeros de bancada Federico Angelini (Santa Fe) y Héctor Stefani, y la radical Karina Banfi, autores de proyectos que piden lisa y llanamente derogar la Ley 27.551.
Las diputadas Virginia Cornejo (Pro-Salta) y Mónica Frade (CC-Bs.As.) presentaron un proyecto de declaración para expresar su disconformidad con la aplicación de la Ley de Alquileres, en tanto que otros diputados también de Juntos por el Cambio han presentado iniciativas ya no para derogar la ley, sino modificar algunos de sus artículos.
Es el caso de Gisela Scaglia (Pro-Santa Fe), María Lucila Lehmann (CC-Santa Fe) y Alvaro González (Pro-CABA). Esta última iniciativa es la que cuenta con la anuencia del sector inmobiliario, que salió al cruce en su momento cuando se habló de “suspender” la ley, ya que eso implicaría congelar todo el sistema. Lo que puede hacerse, en todo caso, es derogarla, o elaborar otra norma corregida, sostienen.
Daniel Lipovetzky se resiste a considerar que la ley ha fracasado. “Hay un montón de cuestiones en la ley que son buenas”, aclara ante parlamentario.com, aunque celebra que el Congreso debata el tema para hacer correcciones, pero aclara que las mismas deberían incluir un debate amplio, escuchando a todas las partes y buscar un consenso. “Lo mismo que hicimos nosotros”, remarca.
El jefe del bloque Pro presentó una iniciativa que vuelve a dos años el plazo para los contratos de alquiler con destino habitacional y elimina el índice de actualización de los precios.
El jefe del bloque Pro en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, presentó un proyecto de ley para modificar lo que considera las "principales falencias" de la Ley de Alquileres, sancionada el año pasado y cuestionada ahora desde la oposición y el oficialismo.
En su cuenta de Twitter, el bonaerense reveló que la iniciativa fue elaborada junto a su par Álvaro González, y también Marta Liotto, vicepresidenta 1ra. del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba), y Hernán Iradi, CEO de Auge Propiedades.
"La ley de alquileres debe ser modificada urgente. Algunos de sus artículos terminaron afectando los propios derechos que buscaron defender. Con @_alvarogonzalez y con el apoyo de @martaliotto11 y @Hernan_Iradi presentamos un proyecto para resolver sus principales falencias", escribió el legislador.
El proyecto modifica la redacción del artículo 1198 del Código Civil y Comercial, de modo de establecer que "el contrato de locación de inmueble, con destino habitacional, si carece de plazo expreso y determinado mayor, se considera celebrado por el plazo mínimo legal de dos años. Dicho plazo mínimo será de tres años para los restantes destinos". En la actual norma se contemplan tres años de contrato cualquiera sea el destino de la propiedad.
Por otra parte, propone una modificación del artículo 14 de la ley votada el año pasado (27.551) que elimina la fórmula para calcular el ajuste de los alquileres.
"En los contratos de locación de inmuebles destinados a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre los cuales pueden realizarse ajustes pactados de común acuerdo entre las partes. En ningún caso se pueden establecer bonificaciones ni otras metodologías que induzcan a error al locatario", expresa el texto, tal cual lo indica hoy la ley.
Pero elimina el párrafo referido a que "los ajustes deben efectuarse utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), que debe ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA)".
Se trata de un pedido del diputado Santiago Roberto (FdT) presentó dos proyectos para solventar la situación de los porteños que alquilan y otro para garantizar la asistencia a personas sin hogar.
En medio de la crisis habitacional que atraviesa la Ciudad, el legislador del Frente de Todos (FdT) Santiago Roberto presentó en la Legislatura porteña dos proyectos de ley para solventar la situación de los porteños que no cuentan con un techo propio. La primera de ellas busca brindar asistencia para inquilinos e inquilinas de viviendas familiares, mientras que el segundo, apunta a brindar atención a familias en situación de calle.
El proyecto de atención para inquilinos de vivienda familiar, se orienta a proteger tanto a los dueños de las propiedades como a las familias que alquilan (que abonen hasta 42 mil pesos mensuales de alquiler, y que este alquiler represente más de 20 por ciento de sus ingresos), ante situaciones de incumplimiento del contrato por falta de pago y/o deudas, que podrían generar el desalojo.
Además propone crear un registro de inquilinos y propietarios. Los inquilinos que se inscriban en el registro, podrán acceder a un subsidio equivalente al 30% del monto mensual del contrato vigente por un período de seis meses consecutivos. El instituto de la Vivienda (IVC) se hará cargo del pago de este subsidio.
Asimismo, en caso de la existencia de deudas por alquileres, se instrumentará, a pedido de los inquilinos, los propietarios o ambos, y con acuerdo expreso de las partes al respecto, un subsidio correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del total de la deuda acumulada a partir de marzo de 2020, que será abonado al propietario, y descontado del saldo de la deuda que mantenga el inquilino. Por el saldo de la deuda, a solicitud de las partes el Banco Ciudad adquirirá al propietario acreedor el 50% restante de la deuda y ofrecerá al acreedor opciones de cancelación al contado o en cuotas.
El proyecto resalta que no se podrá desalojar a familias inquilinas sin haber brindado como alternativa una solución habitacional definitiva para la persona o familia locataria.
En ese marco, Roberto resaltó que “con estas iniciativas buscamos que las y los inquilinos no queden en la calle, y que los propietarios puedan cobrar el alquiler, que muchas veces, es el plus de ingreso sumado a una jubilación o a un ingreso moderado que les permite llegar a fin de mes”.
Por otra parte, el diputado también presentó un proyecto para crear un programa de “Atención para Familias en Situación de Calle”, que propone otorgar una actualización de los montos que perciben las familias (hoy de 8.500 pesos), por 500 Unidades Fijas, lo que refleja un monto de 19.500 pesos. En los casos en que el grupo familiar esté integrado por personas con discapacidad y/o adultos mayores los montos se incrementarán un 50%. Lo mismo ocurrirá cuando la persona solicitante resulte víctima de violencia familiar o de género.
Al respecto, manifestó que “frente a la inoperancia del gobierno de la Ciudad para brindar asistencia a personas que viven en extrema vulnerabilidad social, proponemos un proyecto que busca actualizar los montos de los subsidios a números que se asemejen a la realidad y poder garantizar un techo a quienes viven en la calle”.
Ambas medidas también llevan la firma de los diputados Matías Barroetaveña, Cecilia Segura y Laura Velasco (FdT).
La iniciativa corresponde a diputados de los jefes de bloques de Juntos por el Cambio y atiende la situación de quienes sufren especialmente las consecuencias de la cuarentena.
Diputados nacionales presentaron un proyecto de ley sobre contratos de alquileres comerciales, que busca aliviar la situación económica de los inquilinos de locales comerciales que se encuentran impedidos de desarrollar sus actividades con motivo del aislamiento obligatorio y, también, ayudar a los propietarios de dichos locales.
La iniciativa firmada por Cristian Ritondo, Mario Negri, Maximiliano Ferraro, Luciano Laspina y Luis Pastori establece en su artículo 1° que a partir de la declaración del Aislamiento Obligatorio, por el Decreto Nº 297/2020 y las normas ampliatorias, la situación de estos inquilinos y propietarios de locales comerciales quedan comprendidos dentro del artículo 1203 del Código Civil y Comercial de la Nación. Este artículo establece que si “por caso fortuito o fuerza mayor” el comerciante inquilino se ve impedido de usar su local tiene dos opciones, o bien la rescisión del contrato o la suspensión del pago del alquiler por el tiempo que dure -en este caso- la cuarentena.
En lo que respecta al propietario, el proyecto de ley propone que éste pueda deducir del impuesto a las Ganancias hasta el 100% del valor locativo del inmueble no ingresado en el ejercicio fiscal del corriente año, en la medida que no haya pactado una refinanciación de dicho valor con un 30% adicional en carácter de deducción especial.
El proyecto aclara que el propietario, en caso de pactar una refinanciación, el valor locativo se considerará devengado en el ejercicio y la deducción a computar será de hasta el 30% de ese valor. En ambos casos, la deducción procede hasta el límite de los ingresos gravados correspondientes al inmueble.
Será uno de los temas de la sesión de este jueves, tras el fracaso del tratamiento la semana pasada. Cuáles son los puntos salientes de la iniciativa.
Tras el “plantazo” de la oposición la semana pasada, el Senado volverá a sesionar este jueves de manera virtual para tratar, entre otros temas, la postergada ley de alquileres. El proyecto cuenta con aprobación de la Cámara de Diputados y se encamina a convertirse en ley.
A continuación, un repaso por sus aspectos principales:
Luego de que por falta de quórum cayera el tratamiento del proyecto sobre alquileres, la asociación que agrupa a los locatarios expresó su desencanto.
“Hoy la oposición votó en contra de 9 millones de inquilinos que esperamos hace 5 años alquilar de forma un poco más justa”, protestó este jueves la asociación Inquilinos Agrupados, luego de que fracasara en la sesión del Senado el tratamiento de ese proyecto.
Los inquilinos atribuyeron el traspié a “mezquindades políticas” lo sucedido, y agregaron: “Por mezquindades políticas, por el juego que sólo juegan unos pocos dentro del Congreso, nos han dejado a millones de inquilinos esperando una semana más para saber si vamos a poder tener, al fin y al cabo, un Congreso que realmente represente nuestros intereses”.
“Siempre supimos que nos enfrentábamos a un poder muy importante. No bajaremos los brazos”, aclararon a través de un comunicado en el que llamaron al Gobierno nacional a entender también que “una ley tan sustancial no puede ser tratada con el desprecio que ha sido tratada. Ojalá también el oficialismo entienda la grave situación que atravesamos en materia de vivienda, y actúe en consecuencia.”
“Tendremos ley de alquileres en argentina más temprano que tarde”, concluyó la entidad que agrupa a los inquilinos.
