Alertan sobre la suspensión de la difusión de un informe sobre plaguicidas en nuestro país

La diputada Graciela Camaño hizo un planteo sobre la intervención del INTA para suspender la difusión de los resultados argentinos de un estudio internacional.

Recientemente tomó estado público la suspensión de la reunión en la que se iban a presentar los datos argentinos del proyecto “SPRINT Transición Sostenible de Protección Vegetal: un enfoque de salud global”, comunicada por las autoridades del INTA. En ese marco, la investigadora especialista del proyecto, Virginia Aparicio, debía presentar los resultados argentinos de su estudio el día 21 de junio de manera virtual; sin embargo, esa reunión virtual no se realizó.

Según pudo saberse, el motivo de la no presentación de datos fue una comunicación del INTA, que instruyó a la investigadora a suspender la difusión de los resultados con fundamentos escuetos y generales.

Iniciado en 2008, el proyecto internacional SPRINT está destinado a evaluar la presencia de plaguicidas en Europa y Argentina, y está respaldado por la FAO, organismo de Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación.

Argentina y otros once países llevan adelante la investigación en un esfuerzo de coordinación internacional que incluye protocolos acordados para todos los países participantes, muestreos y divulgación de datos preliminares y finales entre otros aspectos. El único dato preliminar que se conoce del estudio realizado en el año 2021 indicaba que, en las muestras biológicas de sangre, orina y materia fecal de 73 participantes argentinos, se constató la presencia de hasta 18 plaguicidas.

La diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) pidió que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) informe de manera detallada y pormenorizada qué acciones ha llevado adelante el organismo a los fines de la difusión de los resultados nacionales. También reclamó que, en caso de haberle indicado a la ingeniera agrónoma Virginia Aparicio a suspender la comunicación pública de los resultados, las razones de tal decisión.

Pide Camaño saber si los resultados obtenidos por Aparicio daban cuenta de una alta presencia de plaguicidas no solo en los cultivos, sino también en el agua, aire y cuerpos humanos, lo cual para la diputada “comporta un potencial peligro para la salud”.

También indaga en su proyecto de resolución, habida cuenta de que los datos preliminares de 2021 de dicho estudio surgen la presencia de plaguicidas en el ambiente y en muestras biológicas humanas, apunte qué medidas implementó o postula recomendar a nivel país.

“Cada año se intoxican cerca de 3 millones de personas por la exposición a agrotóxicos y biocidas y/o alguno de sus derivados, varios de estos prohibidos en gran parte del mundo y Europa”, sostiene la diputada Camaño en su proyecto, donde recuerda que “en las últimas dos décadas, se ha intensificado el uso de productos biocidas sintéticos que incrementan el riesgo para la salud de las poblaciones aledañas, y el deterioro del ambiente y de los procesos ecológicos fundamentales para el sostenimiento de la vida”.

Un informe de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) señaló que “el consumo de plaguicidas aumentó un 858 % en los últimos 22 años, mientras que la superficie cultivada lo hizo en un 50 % y el rendimiento de los cultivos solo aumentó un 30%”. Ante ello, Camaño considera que “la suspensión instruida por el (INTA) nos conmina exigir de las autoridades competentes toda la información acerca de sus motivos y fundamentos para restringir la publicación de los resultados argentinos del proyecto SPRINT”.

Zapata fustigó el proyecto oficialista que busca quitarle tierras al INTA en Salta

El diputado opositor sostuvo que la iniciativa del FdT es una “avasallamiento” y que solo tiene “una mirada electoralista para tratar de revertir los resultados de las PASO”. Así, les advirtió que “atacar al campo, no va a tener éxito”.

El diputado nacional Carlos Zapata (Ahora Patria – Salta) fustigó el proyecto oficialista que busca quitarle tierras al INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) en su provincia con el objetivo de destinarlas al “Plan Mi Lote”.

El proyecto tiene como autores a los diputados Lucas Godoy y Pamela Calletti y fue aprobado en la Comisión de Legislación General, que preside Godoy, el pasado martes. El mismo transfiere 41,2 hectáreas de la estación experimental de INTA Cerrillos al gobierno de esa provincia.

A través de las redes, Zapata expresó: “Por orden de su jefe político, los diputados nacionales Lucas Godoy y Pamela Calletti, lograron en la Comisión de Legislación General de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina, aprobar el avasallamiento sobre tierras del INTA”.

“Sin más que una mirada electoralista para tratar de revertir la vergonzosa elección que hicieron el 13 de agosto”, cuestionó y agregó: “El ‘Plan Mi Lote’ anunciado al principio de la gestión del Gobernador ¿en cuánto redujo el déficit habitacional de Salta?”.

En esa línea, advirtió que “atacar al campo, no va a tener el éxito que esperan. Quitar tierras que sirven para investigación, que posteriormente se traduce a mejoras para el sector, más desarrollo y más productividad, es un atentado directo a los sectores que cimentan la prosperidad de la región”.

Piden informes por la desafectación de un predio del INTA en Hurlingham

Diputados radicales buscan conocer el por qué de la medida de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Los diputados nacionales de la UCR Soledad Carrizo y Ricardo Buryaile presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo en relación a la desafectación de un predio del INTA en la localidad de Hurlingham.

Los legisladores buscan conocer el detrás de la Resolución 95/2023 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y que se precise “el uso, utilización o explotación que el inmueble ha tenido” desde que se encuentra a cargo del INTA.

También que se informe “justificadamente por qué a criterio” de la Agencia “el inmueble identificado se encuentra alcanzado por algunos de los criterios que le facultan a desafectar”.

Los radicales solicitan, a su vez, que se conozca si “esta desafectación del inmueble obstaculiza, afecta o modifica la finalidad, actividades o programas en ejecución o por desarrollarse sobre este espacio territorial”.

Y, finalmente, si se han realizado estudios de suelo, factibilidad, accesibilidad, conectividad, servicios y seguridad, e impacto ambiental, justificando y avalando la viabilidad del proyecto de “Desarrollo Urbanístico”.

“El INTA es un organismo de vanguardia en Argentina, líder del escenario tecnológico agropecuario, alimentario y agroindustrial”, sostuvieron en los argumentos los legisladores de Juntos por el Cambio.

En ese sentido, señalaron que “por la importancia que este organismo representa para el sector agropecuario y para el desarrollo tecnológico de la actividad en nuestro país, resulta especialmente llamativo la existencia de un espacio territorial perteneciente a su jurisdicción que manifieste falta de afectación específica, uso indebido, subutilización o estado de innecesariedad, teniendo en consideración las competencias, misiones y funciones de la repartición de origen, y que como consecuencia de ello pueda ser desafectado provocando la disminución de un espacio que hoy es propio y apto para el desarrollo de sus funciones institucionales, a favor del Fondo Fiduciario Público denominado PRO.CRE.AR”.

“Aun conscientes de la grave y creciente problemática habitacional en nuestro país, incrementada por deficientes políticas públicas de esta gestión, resulta necesario analizar adecuadamente la afectación que esta reducción de espacio territorial del INTA pueda generar para el cumplimiento de sus fines, y más aún, por qué las autoridades de este organismo no han presentado objeciones a esta reducción de espacio de trabajo”, agregaron.

Opositor rechaza la modificación del Consejo Directivo del INTA

El senador bahiense de Juntos, Andrés De Leo, manifestó su preocupación y rechazo a la presentación realizada en el Congreso de la Nación.

“El proyecto de modificación de la integración del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), tiene como principal objetivo eliminar la presencia de los productores rurales y profesionales del agro, del principal órgano decisorio de la entidad”, expresó el senador provincial Andrés De Leo.

A través de una declaración presentada esta semana en la legislatura bonaerense, el senador bahiense de Juntos, manifestó su preocupación y rechazo a la presentación realizada en la Cámara de Diputados de la Nación del Proyecto de Ley 3448-D-2021, que busca modificar la integración del Consejo Directivo del INTA.

Al mismo tiempo, De Leo remarcó la necesidad de que el organismo obtenga la completa autarquía financiera que “únicamente se logra con el efectivo cumplimiento del Decreto/Ley 21680 de creación del Instituto, y la afectación directa de los recursos tal como lo establece la Ley, condición sine qua non para el estricto cumplimiento de sus atribuciones y competencias”.

Actualmente el Consejo Directivo del Instituto se integra tal como lo determina el artículo 6° de su Ley de creación: a) un presidente y un vicepresidente en representación de la Secretaria de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación a propuesta del titular de la misma; uno de ellos deberá poseer título de ingeniero agrónomo y el otro de médico veterinario; b) tres vocales en representación de los productores agrarios (uno por las cooperativas y dos por las asociaciones de productores) designados a propuesta de la Secretaria de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación en ternas que elevaran las entidades agropecuarias citadas, de acuerdo con la reglamentación; c) un vocal por las facultades de agronomía y veterinaria o instituciones similares de estudios universitarios equivalentes de las distintas universidades nacionales designado directamente por aquellas.

De acuerdo a la iniciativa que busca su modificación, el mismo deberá conformarse por ocho miembros: un presidente, un vicepresidente y seis vocales: un representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; uno del SENASA; uno del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación; uno del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); y dos vocales en representación de las provincias.

“Bajo el pretexto de aggiornar la estructura formal del INTA, apelando al año de sanción del Decreto/ Ley de creación, se procede a alterar la composición del Consejo Directivo, órgano responsable de la toma de decisiones estratégicas y de definir las líneas de trabajo, y con esto eliminar la representación que tienen los productores agropecuarios a través de sus entidades representativas”, indicó De Leo.

En el mismo sentido agregó que “esto genera preocupación en el sector, y rechazo de quienes nuclean a los actuales miembros, con un claro sesgo ideológico y rompiendo los equilibrios de participación de los sectores intervinientes en el proceso productivo, de la innovación tecnológica, que ha sido líder en el mundo”.

“La norma vigente determina la autarquía que asegura la independencia del organismo, que en los hechos no tiene plena vigencia, impidiendo que el mismo reciba en tiempo y forma los fondos del presupuesto nacional que se afectan para su funcionamiento, limitando de esta manera, la investigación científica, el fomento y difusión de experiencias e investigaciones, la extensión agraria mediante la educación y el estudio de las problemáticas relacionadas a los recursos naturales”, finalizó diciendo el legislador y presidente de la Coalición Cívica de la provincia de Buenos Aires.

El Pro se suma al rechazo del proyecto que propone cambios en el INTA

Con una mirada negativa por parte de la UCR, se sumó el Pro quienes manifestaron “no estamos de acuerdos con estos cambios propuestos”, y afirmaron “la voracidad por el poder y el excesivo estatismo de este Gobierno es contraria a todo lo que funcione bien”.

La diputada nacional Alicia Fregonese (Pro – Entre Ríos) criticó el proyecto presentado por las legisladoras Mabel Caparrós y Alcira Figueroa (Frente de Todos), porque “pretende modificar el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y dejar afuera del consejo al sector productivo”, y señaló que eso “muestra la falta de diálogo de este Gobierno”.

La legisladora entrerriana afirmó que “hace 50 años que el INTA es un organismo independiente y exitoso, pero la voracidad por el poder y el excesivo estatismo de este Gobierno es contraria a todo lo que funcione bien”.

“El organismo tiene su razón de ser en el trabajo conjunto entre el Estado y la producción, entre lo público y lo privado, con el objetivo de mejorar los procesos productivos y el desarrollo de todo el país”, remarcó Fregonese y advirtió que “este proyecto pretende que todo el manejo del INTA quede en manos del Estado y hoy el que decide los temas más importantes del INTA es justamente el concejo que tiene 10 miembros, 3 representan al ejecutivo y el resto a la producción y a las Universidades”.

Además, manifestó que “las decisiones que hoy se toman deben construir consensos con la sana interacción público – privado  y esto ha permitido que el INTA haya sido un organismo independiente”, y ratificó su rechazo “no estamos de acuerdo con estos cambios propuestos”, e indicó que “el INTA debe seguir sus investigaciones en sintonía con las demandas de la producción en el marco del desarrollo sostenible”.

Por último, la diputada nacional consideró que “pretender sacar a los representantes de la producción del INTA es una muestra más de la falta de diálogo de este Gobierno”, y señaló que “si logran introducir estos cambios las decisiones del INTA van a estar siempre sujetas a los vaivenes de la política del Gobierno de turno”.

Desde la UCR criticaron el proyecto que propone cambios en el INTA

Diputados nacionales del bloque radical manifestaron su disconformidad por el proyecto presentado por el oficialismo para modificar la integración del INTA, debido a que lo consideran “otro avance contra el campo”.

El primero en hablar sobre el proyecto fue el diputado nacional Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos) quien salió al cruce de la iniciativa que propone “modificar la conformación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y expulsar de su conducción a los representantes de los sectores productivos”. Luego se sumó el rechazo de diputado nacional Martín Berhongaray (UCR – La Pampa) porque se pretende “un desarrollo tecnológico sin intervención del sector privado”, a quienes se sumaron las voces de otros miembros de la UCR.

Benedetti cuestionó el proyecto impulsado por dos diputadas del Frente de Todos para que se modifique la integración del Consejo Directivo y se elimine a representantes de la producción, debido a que la propuesta “daña el sentido federal y plural con el que está conformado el organismo”.

El legislador entrerriano aseguró que “de prosperar este proyecto, se estaría volviendo a poner de manifiesto el desprecio enorme que este Gobierno tiene por la integración de las actividades pública y privada, por los productores y por los profesionales de la agronomía y de las ciencias veterinarias”.

Según Benedetti, el proyecto “atenta contra heterogeneidad de actores que integran el organismo y rompe el espíritu con el que fue concebido”. También consideró que “es parte de la ofensiva que sectores del kirchnerismo vienen sosteniendo sistemáticamente contra quienes producen y generan empleo”, y ratificó que “esta polémica iniciativa va en detrimento del control social que ejercen las instituciones representadas en el INTA y daña el sentido federal y plural con el que está conformado el organismo”.

“Decían que querían incorporar a nuevas expresiones del agro, cuestión con la que estoy de acuerdo, pero con este proyecto lo único que están haciendo es cercenar la participación de los sectores productivos y académicos, convirtiendo al histórico organismo en un espacio ocupado solo por funcionarios leales al poder de turno”, concluyó el diputado radical.

Por su parte, el diputado nacional Martín Berhongaray también se refirió a dicha iniciativa de la cual manifestó su rechazo porque “es inaceptable pretender un desarrollo tecnológico sin intervención del sector privado y de las áreas académicas vinculadas con la ciencia y con la innovación del sector agroindustrial”.

“Lo que pretende este proyecto sólo se puede sostener desde una visión del mundo que entiende que todo lo tiene que decidir el sector público, y que el sector privado no tiene nada que decir en el desarrollo de la investigación y de la actividad productiva”, señaló el legislador pampeano.

Además, advirtió que “el proyecto no pretende integrar nuevos actores sociales en la conducción del INTA, sino simplemente dejar el desarrollo tecnológico en manos políticos-partidarias y reducir a un papel asesor a los científicos y a los productores, lo que significa dejarlos sin ningún protagonismo en las decisiones”.

“Si hay nuevos protagonistas en la actividad agrícola, bienvenidos sean y hay que integrarlos, pero de ninguna manera sacarles la representatividad a los actores hasta ahora conocidos”, señaló Berhongaray y aseguró que “comparto la paridad de género en la integración”, pero cuestionó que esa paridad “se puede lograr sin eliminar la representatividad de los actuales sectores productivos y académicos”.

Por último, el dirigente radical remarcó que “en la jerga futbolera se dice que equipo que funciona no se toca. Y el trabajo que se hace desde el INTA no solo que funciona, sino que es un ejemplo a nivel mundial”, motivo por el cual mandó a razonar a los autores de dicho proyecto porque “antes de modificar ese engranaje que es de excelencia, deberían repensar la integración y la dinámica de cantidad de reparticiones estatales que no se sabe que es lo que hacen y para que están”.

En pocas horas, se sumaron al rechazo más dirigentes del Bloque UCR a través de sus redes sociales, uno de ellos fue el diputado nacional Ricardo Buryaile (Formosa) quien sostuvo “excluir a los sectores productivos del consejo directivo del INTA es destruir el espíritu con el que fue creado: un gobierno igualitario entre sector público y privado. Es arruinar su propósito de generar conocimiento para la producción. Un paso atrás en el agro del SXXI”.

En esta misma línea, continuó la diputada nacional Gabriela Lena (Entre Ríos) que destacó “el oficialismo impulsa en Diputados un proyecto de ley para modificar la composición del Consejo Directivo del INTA. Deja afuera la representación de las entidades productivas FAA, CRA, CONINAGRO,SRA y aumenta la participación del Gobierno, tanto nacional como provincial”, y agregó que “el INTA es un organismo fundamental de investigación y asesoramiento para los productores. Nació con un concepto de autonomía y autarquía de los gobiernos, pero ahora se lo quiere transformar en un organismo sujeto al poder político”.

“Debilitar el campo, ADN kirchnerista. Una nueva estrategia para debilitar el campo. Otra vez la vocación de extender el poder K. Vamos a defender su histórica integración y la legitimidad de quienes hoy integran el Instituto, representando profesionales, técnicos y productores”, señaló la diputada nacional Soledad Carrizo (Córdoba).

La diputada nacional Ximena García (Santa Fe) expresó que “el Gobierno busca modificar el INTA para restringir la participación de los productores agropecuarios”, motivo por el cual ratificó el rechazo “no avalaremos otra avanzada contra el sector productivo, hay que terminar con el relato que antagoniza al campo, pilar esencial para el crecimiento y desarrollo”.

La Federación Agraria se opone a viviendas sociales en terrenos del INTA en Catamarca

La entidad agropecuaria envió un mensaje a los diputados: no sancionar la ley que expropia tierras del INTA para urbanizar esa zona en la provincia de Catamarca. La iniciativa que impulsa el senador Dalmacio Mera tiene media sanción de la Cámara alta.

La Federación Agraria Argentina solicitó a los diputados nacionales que no aprueben el proyecto que llegó desde el Senado por el que se pretenden expropiar tierras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Catamarca.

Al respecto, señalaron: “Avanzar sobre bienes del INTA no sólo implicaría el despojo de las tierras en cuestión, sino también atentaría contra el aporte en investigación, desarrollo y apoyo que el Instituto hace a los pequeños y medianos productores de todo el país. Por eso les solicitamos a los diputados que no permitan que esta iniciativa prospere”.

Cabe recordar que Federación Agraria fue una de las primeras entidades en alzar la voz luego de que el Senado diera sanción al proyecto del senador Dalmacio Mera, para expropiar tierras en Sumalao, provincia de Catamarca. Posteriormente, diversas organizaciones, entidades y hasta el Consejo Regional del INTA se sumaron para rechazar la iniciativa.

“En los fundamentos del proyecto dicen querer urbanizar esos espacios. Desde la entidad estamos sumamente preocupados, porque si bien no desconocemos la importancia que puede tener el acceso a la tierra y/o la vivienda”, remarcaron desde la entidad.

Sin embargo, advirtieron que la problemática habitacional “no puede atentar contra el INTA ni sobre los productores que nos valemos de los conocimientos y desarrollos que llevan adelante”.

Por eso, “pedimos a los diputados que no sancionen este proyecto” porque “alarma pensar que para buscar una solución habitacional en el país se usen tierras del INTA”.

“¿Esa es la imagen que vamos a darle al mundo? ¿Para resolver un tema de vivienda desmantelamos al organismo que debiera ser el faro que nos oriente en materia de investigación y desarrollo?”, concluyeron desde Federación Agraria.

Todos contra Mera “en defensa” del INTA en Catamarca

Un diputado nacional de Juntos por el Cambio salió al cruce del proyecto de ley del senador catamarqueño que ya tiene media sanción de la Cámara alta. Las entidades agrarias también lo rechazan.

El legislador catamarqueño Rubén Horacio Manzi (Juntos por el Cambio) cuestionó la iniciativa de ley que impulsa el senador coterráneo Dalmacio Mera (Frente de Todos) que propone la quita de tierras del INTA en esa provincia para que se construya viviendas sociales, lo que generó la reacción de las entidades agrarias.

En su cuenta de Twitter, Manzi afirmó: “No avalamos la destrucción del Estado en nombre del populismo. Defendamos el INTA”, remarcó.

Al igual que el diputado de Juntos por el Cambio, la Federación Agraria, el Colegio de Ingeniería Agronómica de Catamarca y la Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica rechazaron la propuesta de Mera, que ya tiene media sanción de la Cámara alta.

Senador nacional Dalmacio Mera (FdT-Catamarca)

La media sanción de Mera

La iniciativa del senador nacional del Frente de Todos por Catamarca pretende la transferencia a título gratuito a la mencionada provincia del inmueble que detenta el Estado nacional ubicado en la Ruta Provincial 33 KM 4, en el departamento de Valle Viejo, con el objetivo de “impulsar un reordenamiento y rediseño urbano, construcción de escuela, complejo deportivo, obras de parquización y espacios verdes”.

Para Mera, el lugar en cuestión “se trata de una zona de viviendas familiares y no resulta adecuado el funcionamiento de una agencia experimental rural”.

Sin embargo, Manzi no acuerda y publicó en su cuenta de Twitter el hastag “defendamoselcampo”.

El rechazo de un grupo importante de entidades vinculadas a la actividad agropecuaria se debe a dichas tierras se encuentran bajo responsabilidad del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y forman parte de la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca del INTA, en la que se llevan adelante tareas de investigación, experimentación y extensión en apoyo a la innovación y al desarrollo regional, a través de sus laboratorios de suelos, de aceites y grasas, ensayos experimentales de cultivos de interés regional, plantaciones de olivos, higueras y nogales que constituyen colecciones históricas, producto de décadas de investigación, entre otras actividades de alto impacto para la región y el país.

Acuerdo Bagó – INTA: innovación y colaboración como respuesta ante la pandemia

El convenio realizado entre Bagó y el INTA representa un esfuerzo público-privado nacional que busca aportar conocimiento argentino sobre el desarrollo de vacunas con potenciales beneficios y ventajas para combatir la pandemia de Covid-19.

El impacto positivo que han tenido las vacunas en la Historia de la humanidad es innegable: con altos perfiles de efectividad y seguridad, han permitido salvar millones de vidas, erradicar enfermedades como la viruela y avanzar en la eliminación y control de otras. Las vacunas son una de las intervenciones más costo-eficientes, que redujeron la mortalidad y la morbilidad de determinadas enfermedades. Los programas de vacunación no sólo consiguen la inmunidad del individuo, sino de la población generando el “efecto rebaño”. 

En este difícil contexto de pandemia que atravesamos desde hace más de un año, la vacuna para enfrentar el Covid se convirtió en una prioridad mundial. Es por eso que es un orgullo compartir que por medio de una inversión conjunta Laboratorios Bagó y el INTA financiarán estudios para avanzar en investigaciones vinculadas al desarrollo de una vacuna contra el Covid 19. El acuerdo representa un esfuerzo en la articulación público-privado nacional y tiene como objetivo obtener datos en la generación de la respuesta inmune en ratones y la evaluación de futuros desarrollos contra el SARS-CoV-2. 

Con la utilización de la plataforma de nanovacunas direccionada a las células dendríticas –células específicas del sistema inmunológico– que el INTA Bariloche viene trabajando desde hace años con universidades de Estados Unidos e Italia, se podrán obtener datos y conclusiones que ayudarán a comprender la respuesta inmune en animales de laboratorio que puedan extrapolarse luego al ser humano, en vistas a una posible nanovacuna. 

Edgado Vázquez, Gerente General de Laboratorios Bagó, reforzó la importancia de la articulación público-privado en temas sanitarios: “Estamos convencidos de que es muy positivo para nuestro país este tipo de trabajos conjuntos entre entidades argentinas que trabajan con profesionales y recursos 100 % nacionales. El apoyo de Laboratorios Bagó refleja nuestra vocación como empresa argentina de colaborar con otras instituciones nacionales, y un fuerte compromiso con la innovación frente a esta emergencia mundial”. 

En este convenio, que tiene como propósito aportar al cuidado de la salud de la comunidad con estándares científicos del más alto nivel y contribuir a los estudios que se están desarrollando a escala mundial para combatir la pandemia, Laboratorios Bagó aporta la innovación y trayectoria en el cuidado de la salud, y el INTA contribuye con su experiencia en investigaciones en nanotecnología y biotecnología agropecuaria. 

Autoridades del SENASA y el INTA brindaron un informe ante la Comisión de Agricultura y Ganadería

Carlos Paz y Susana Mirassou, respectivos presidentes de esos organismos, expusieron por videoconferencia en la comisión que preside “Pitín” Aragón.

Los titulares del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Animal), Carlos Paz, y del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), Susana Mirassou, expusieron por videoconferencia este jueves ante la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, donde se refirieron a las medidas adoptadas por la pandemia del Covid-19.

Paz señaló que al asumir en el SENASA se encontró con un organismo “con bajo presupuesto, alrededor de 400 personas despedidas -la mayoría en 2019- y un dibujo regional achicado de 14 a 7 regiones” que obligó a hacer una “reconfiguración conversada con las provincias”, ya que “una de las principales preocupaciones del ministro (Luis Basterra) era la división regional tan grande”.

Ante la comisión presidida por José Ruiz “Pitín” Aragón (Frente de Todos), el funcionario explicó que a raíz de la pandemia se elaboraron protocolos para las distintas cadenas productivas, fundamentalmente para “los bolsones de agricultura familiar, los galpones de empaque, los mercados frutihortícolas y empresas frigoríficas”.

Paz indicó que casi todos esos protocolos fueron homologados por el Ministerio de Salud y que también hubo intervención de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

Según el titular del SENASA, se registraron “varias personas con contagios” de coronavirus y “un fallecido en un frigorífico de Quilmes”.

“Eso nos llevó a una segunda etapa, que fue qué hacer con esas cadenas productivas cuando aparecía un caso positivo, en un esquema donde gran parte de la gente queda fuera del sistema, ya sea por edad o por enfermedades preexistentes”, señaló.

Paz también se explayó, ante una pregunta del diputado Javier Campos (Coalición Cívica) sobre la decisión de Brasil de dejar de vacunar contra la aftosa en algunos estados, entre ellos Río Grande do Sul, en una resolución con implicancias para Argentina por tratarse de un estado fronterizo.

“Esta es una situación que conocemos porque tenemos una relación bilateral fuerte y una parte importantísima de comercio agropecuario. La sorpresa fue que se agregara al estado de Río Grande do Sul, algo que no estaba previsto en la comunicación del organismo brasilero”, relató.

Ante esta situación, el SENASA mantuvo una comunicación telefónica con los responsables brasileros, que aclararon que “fue una decisión política originada en un pedido del propio Estado”.

Nosotros tomamos la decisión de seguir vacunando. Dudamos al principio si nos convenía largar la vacunación en las fechas previstas cuando se introdujo la cuarentena. Pero en acuerdo con el Ministerio tomamos la decisión de no cambiar las fechas de vacunación, y fue una medida acertada en función de que la cuarentena se alargó y si hubiéramos esperado una atenuación, posiblemente hubiéramos tenido una demora muy grande en la vacunación”, detalló Paz, y precisó que gracias a esta decisión, hoy “más del 80% del rodeo vacuno está vacunado”.

Tras el contacto telefónico con Brasil, el SENASA envió una nota oficial solicitando mayor información sobre el tema, pero el pedido aun no fue respondido.

La reunión de comisión siguió con la exposición de Mirassou, que ante una pregunta de Jorge Vara (UCR-Corrientes) sostuvo que “la articulación Nación-provincias-municipios es clave para el INTA” y “es un camino que hay que seguir recorriendo, y más aun ante la situación de pandemia”.

Mirassou habló del trabajo sobre “el aprovechamiento de residuos, descartes y subproductos agropecuarios en busca de tecnologías para la obtención de alimentos y bioproductos para cadenas productivas, en el enfoque de economía circular”.

Además, informó que “se ha constituido un comité de contingencia del INTA para apoyar todas las actividades del programa Argentina contra el Hambre”.

Preocupación por despidos

Al inicio de la reunión informativa tuvo lugar el testimonio de Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, quien reclamó por “la restitución de puestos de trabajo de compañeros despedidos por el gobierno anterior”.

Catalano denunció que el Ministerio de Agricultura y Ganadería “fue uno de los más desguazados de los últimos años” y que además sufrió “un nivel de persecución muy alto” durante la gestión de Cambiemos.

El dirigente gremial responsabilizó a Ricardo Buryaile de ejecutar una “política de desguace a nivel federal para debilitar el trabajo que se venía llevando adelante con los pequeños productores”.

Según Catalano, hubo “más de 1.200 despidos en todo el Ministerio, y esa situación de injusticia hasta el día de hoy no la pudimos resolver”.

El titular de ATE Capital consideró que la cartera “necesita de estos puestos de trabajo para poder reactivarse”. “Sabemos que la crisis es cruda, pero la alimentación de nuestro pueblo también está en una situación crítica”, dijo.

Asimismo, propuso que una parte de la recaudación generada con el futuro impuesto a la riqueza sea destinada a pequeños productores.