El Gobierno nacional oficializó este martes una nueva modificación en la estructura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), mediante el Decreto 571/2025 publicado en el Boletín Oficial. La medida suprime la Dirección Nacional del organismo y transfiere sus funciones directamente a la Presidencia, en el marco del proceso de reestructuración impulsado por la administración de Javier Milei.

La decisión se produce a menos de una semana del rechazo en la Cámara de Diputados al Decreto 462/2025, que proponía transformar al INTA de organismo descentralizado a desconcentrado. Pese a ese revés legislativo, el Ejecutivo avanzó con una nueva resolución que refuerza el poder del presidente del instituto, Nicolás Bronzovich, quien elaboró un informe técnico recomendando la eliminación de la Dirección Nacional.

Según el texto oficial, las funciones del presidente del INTA “resultan superpuestas” con las que tenía la Dirección Nacional, y se argumenta que “las razones operativas que justificaban su existencia han desaparecido”. En consecuencia, todas las disposiciones que mencionaban a la Dirección Nacional deberán entenderse referidas al titular del organismo.

Además, se aclaró que mientras se completa la reestructuración, se mantendrán vigentes las áreas operativas y cargos dependientes de la Dirección Nacional, sin modificaciones en sus funciones ni dotaciones.

La medida vuelve a poner en foco el debate sobre la autonomía y funcionamiento de los organismos técnicos del Estado, en un contexto de reformas estructurales promovidas por el Gobierno.

La Comisión de Ciencia y Tecnología se reunió este miércoles en el Salón Arturo Illia del Senado para recibir a investigadores, científicos y trabajadores del INTI, INTA y CONICET, quienes expusieron su preocupación por los decretos de necesidad y urgencia 462/25 y 477/25, que modifican la autonomía y establecen la reestructuración del INTI y el INTA, y la selección de proyectos del CONICET.

Presidida por la senadora Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana), comenzó la reunión aludiendo que “en esta materia estamos todos del mismo lado porque sabemos que no hay desarrollo posible en un país sin científicos y sin tecnólogos. Somos conscientes del gran capital que tiene nuestra nación en esta materia”. También se refirió a la expedición del CONICET que en los últimos días ha realizado en Mar del Plata: “Quiero agradecer a los científicos por esta expedición que nos pone en las primera planas de todos los canales de streaming a nivel nacional e internacional y que podamos descubrir a través de sus hijos y su investigación, nuestro caudal submarino”.

El comienzo de la exposición estuvo a cargo de Carlos Robles, INTA - director de becarios y tesistas, quien reivindicó al organismo al afirmar que “es el INTA quien asegura la soberanía alimentaria en nuestro país, porque además de generar conocimiento, genera tecnologías que permiten que en nuestro país se produzca más y de mejor calidad”.

Por su parte, Lidia Szczupak, CONICET, dijo que “todos los grupos de investigación están siendo pauperizados. El decreto propone un cambio drástico convirtiendo al CONICET en un simple enlace entre la comunidad científica y el sector productivo. Desestima por completo el rol de la Agencia que ha venido cumpliendo en términos de investigación científica”.

Finalmente, Fernando Yapur, investigador del INTI, afirmó que “esta actividad no es abstracta. Tiene un impacto económico correcto en la vida cotidiana, en sectores estratégicos como las balanzas cerealeras, donde se mejoró el margen de error de 7 kg a 1 kg y generó un ahorro estimado en más de 100 millones de dólares; en los surtidores de combustibles para que se entreguen exacto, reduciendo el error de 60 ml a 40 ml cada 20 lt, lo que representa un ahorro anual de 13 millones de dólares; y en la eficiencia energética, que tras el cambio de las lámparas incandescentes a bajo consumo, se analizó la diferencia y esta certificación implicó un ahorro de 200 millones de dólares”.

La comisión también contó con las exposiciones de Virginia Uchitel - INTI / ATE; Omar Príncipe - Organización agraria “Bases Federadas”; Héctor Espina - INTA; Alfonsina Tripaldi - CONICET / UBA; Facundo Miguel Monti - INTI; Gabriela Volpi Lagreca - APINTA / INTA; Tomás Vera - INTA; Jorge Muñiz - INTA; Martín Galarza - INTA; Guillermo Baudino - INTI; Christian Marcos Quantin - INTI; Sebastián Rivera - delegado ATE.

La senadora nacional Nora del Valle Giménez (Unión por la Patria – Salta) visitó este lunes las instalaciones de la Estación Experimental Cerrillos del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), organismo próximo a disolver en caso de que el DNU 462/25 no sea recahzado por el Congreso. La salteña lo consideró cómo “uno de los organismos más emblemáticos que Milei eligió para aplicar la motosierra con crueldad y violencia”.

El director regional para Salta y Jujuy, Marcelo Echenique, recibió a la senadora quien fue acompañada por el diputado nacional Emiliano Estrada. También estuvieron presentes Álvaro Penza, director de la Estación Experimental Cerrillos; Laura Califano, coordinadora de Investigación; Lucía Tóffoli, jefa del Grupo de Investigación Agrícola; y David Vargas, de la Asociación del Personal del INTA (APINTA).

Minutos después del arribo de los legisladores nacionales, se sumaron Fabiana Brizzio, directora de la Estación Experimental Abrapampa (Jujuy); Matías García Rodríguez, de la Estación Experimental Yuto (Jujuy); y Virginia Navamuel, secretaria general de APINTA Salta.

La recorrida de Giménez contempló una visita a los laboratorios, plantas modelo y plantaciones experimentales. Junto a las autoridades del organismo coincidieron en “la necesidad de sostener todas las estructuras del INTA, por el rol estratégico que cumple en asistir, acompañar y potenciar la producción agrícola, ganadera y agroindustrial en todos los rincones del país”.

Tanto Nora Giménez como el camporista Estrada anticiparon su voto a favor del rechazo del DNU 462/2025. Tras el receso invernal, la oposición tiene decidido pedir una sesión especial para avanzar con el tratamiento del rechazo a varios decretos, puntualmente aquellos que disolvieron organismos nacionales.

“Como vengo afirmando respecto a otras áreas del Estado, Milei no tiene un Plan de Gobierno porque lo que está llevando adelante es un plan de negocios, que en el caso del INTA apunta a entregarle decenas de miles de hectáreas de campos en algunas de las zonas más valiosas del país a sus empresarios amigos”, señaló Nora del Valle Giménez ante los directivos presentes.

La Regional Salta – Jujuy cuenta actualmente con alrededor de 280 profesionales distribuidos a lo largo y ancho de ambas provincias. Ese número se fijó luego de las 30 bajas registradas el año pasado por un programa de retiros voluntarios impulsado por el Gobierno Nacional, que desembocaron en la reasignación tareas para evitar la pérdida de investigaciones y desarrollo previos.

La senadora nacional Silvina García Larraburu (UP) presentó un proyecto de ley para derogar el Decreto N° 462/2025, que reestructura y disuelve organismos claves del Estado como el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), el INASE, el INAFCI, el INV, la ARICCAME y el INPI.

“El INTA es un organismo técnico, federal y participativo. Su debilitamiento representa un retroceso institucional y un ataque directo a la ciencia pública al servicio del desarrollo nacional”, afirmó.

García Larraburu remarcó que esta medida “desconoce décadas de construcción colectiva y anula la voz de las regiones, los productores, las universidades y los territorios que hacen del INTA y del INTI referencias ineludibles en todo el país”.

Además, advirtió que la transformación dispuesta por el Poder Ejecutivo vulnera la legislación vigente, afecta programas estratégicos, debilita la articulación federal y abre paso a una conducción vertical y politizada en el caso del INTA, instaurando una intervención de hecho y sin debate parlamentario.

En el mismo sentido, se denunció que el INTI fue degradado a una mera “unidad organizativa dependiente”, despojándolo de su carácter de ente autárquico, lo que implica “una pérdida de autonomía, federalismo y continuidad institucional, y habilita el desguace o vaciamiento progresivo de organismos que cumplen funciones estratégicas en el desarrollo nacional”.

“El peronismo defiende el trabajo, la industria nacional, el conocimiento como bien público, y una Argentina federal. Este decreto atenta contra todo eso. Por eso exigimos su inmediata derogación”, sostuvo la senadora.

“Desde el Senado vamos a defender el rol del INTA y de todos los organismos que el decreto desmantela o disuelve, como el INTI y el INASE, que cumplen funciones esenciales para el país. Su destino no puede decidirse por decreto”, concluyó.

Diputados nacionales del Frente de Izquierda, Vilma Ripoll, Mercedes de Mendieta, Juan Carlos Giordano, Christian Castillo y Alejandro Vilca, presentaron un proyecto para anular el decreto que dispone la transformación de siete institutos.

“Anúlese el Decreto 462/25 que dispone la transformación  del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) en unidades organizativas o desconcentradas dependientes del Ministerio de Economía o la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Comisión Nacional de Semillas”, dispone el artículo 1.

Además, establece: “Déjese sin efecto y declárase la nulidad absoluta de todo acto administrativo o jurídico dictado en virtud del Decreto 462/2025, así como de los actos posteriores que se deriven del mismo”.

Entre los fundamentos, plantearon que estas medidas “comprometen la autonomía, la capacidad operativa y el alcance federal de organismos esenciales para el desarrollo productivo, científico-tecnológico y económico de Argentina”, y destacaron que “el INTI y el INTA son pilares para la innovación industrial y agropecuaria, mientras que ARICCAME, INASE, INAFCI, INV e INPI cumplen funciones clave en la regulación, fiscalización y promoción de sectores estratégicos. La centralización y disolución de estos organismos amenazan con desarticular redes territoriales, generar despidos masivos, limitar la investigación y debilitar la competitividad nacional, sin un proceso de consulta con los sectores afectados”.

En medio de la creciente polémica por la reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), diputados de la Coalición Cívica presentaron un proyecto de resolución para declarar la invalidez del Decreto 462/2025, firmado por el Poder Ejecutivo Nacional. La iniciativa, impulsada por Victoria Borrego, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Paula Oliveto Lago, sostiene que el decreto “viola la Constitución Nacional y la Ley 25.641”, que garantiza la autarquía del organismo.

“El Poder Ejecutivo ha incurrido en un claro exceso de las bases de la delegación legislativa”, afirmaron los legisladores, quienes advirtieron que la transformación del INTA en un ente desconcentrado dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, constituye en los hechos “una intervención encubierta”.

El decreto, publicado el 8 de julio en el Boletín Oficial, disolvió el Consejo Directivo del INTA —órgano plural que regía su funcionamiento— y estableció que la conducción quedará a cargo de un presidente con rango de secretario, designado directamente por el Ejecutivo.

“El Congreso previó la imposibilidad de intervención de organismos como el INTA con la finalidad precisamente de evitar su disolución o centralización”, señala el texto del proyecto. Y agrega: “La designación de un único funcionario a cargo del Instituto es equiparable a una intervención, violando las bases de la delegación dispuesta por este Congreso así como sus prohibiciones”.

Los diputados también remarcaron que el decreto derogó el artículo 1° de la Ley 25.641, eliminando la autarquía del organismo, lo que consideran un acto inconstitucional. “No existe necesidad ni urgencia para la transformación dispuesta sobre el INTA, debiendo haberse sometido tal decisión a este Congreso de la Nación”, sostuvieron.

Finalmente, los firmantes del proyecto instaron a sus colegas a acompañar la iniciativa para rechazar el decreto y preservar la institucionalidad del INTA, al que calificaron como “un organismo referente en investigación y desarrollo agroindustrial a nivel nacional e internacional”.

La senadora Silvina García Larraburu presentó un proyecto de declaración en el que expresa su enérgico repudio al Decreto N° 462/2025, por considerar que “atenta contra la naturaleza autárquica, participativa y federal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)”.

“El decreto impone una reforma centralista y verticalista que pone en riesgo el funcionamiento de los consejos regionales, los institutos de investigación y las agencias de extensión, además de comprometer seriamente la estabilidad del personal técnico y científico del organismo”, advirtió la legisladora.

En los fundamentos del proyecto, Larraburu destaca que el INTA fue concebido en 1956 como un organismo técnico descentralizado, orientado al desarrollo de las economías regionales mediante la investigación aplicada, la transferencia tecnológica y la extensión rural. “Eliminar su representatividad territorial implica una regresión institucional inaceptable, y pone en jaque décadas de trabajo articulado con provincias, universidades y productores”, señaló.

La senadora recordó además el comunicado de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), que alertó sobre los peligros de esta recentralización y reivindicó el rol del INTA como pieza clave en la construcción del agro argentino, uno de los más competitivos del mundo.

“El INTA no sólo genera conocimiento técnico, también forma profesionales, impulsa la innovación y sostiene el tejido productivo del país. Su autonomía y participación territorial no son un lujo: son una necesidad estratégica”, concluyó la senadora García Larraburu.

El Gobierno nacional oficializó este martes la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos de distintas áreas, en el marco del proceso para reducir la estructura estatal y el gasto público. La decisión, publicada en el Boletín Oficial N° 35.702, afecta a dependencias vinculadas a salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad vial, entre otras.

Al respecto, desde el bloque de Unión por la Patria mostraron preocupación por las medidas y proponen un rechazo por mayoría simple en el Congreso de la Nación. Así lo explicó la diputada Carolina Gaillard en un extenso posteo en sus redes: “Los decretos delegados de Milei que disuelven de manera encubierta organismos como en Instituto Nacional del Teatro, la CONABIP, el INTA, el INTI, el INASE, y la destrucción de la Marina Mercante con el DNU 340 entre otros, pueden ser tratados si hay quórum y rechazados con mayoría simple en el recinto de ambas cámaras y pierden validez, o sea quedan sin efectos”.

“Aquellos que votaron la Ley Bases y la delegación de facultades pueden resarcirse tratando en sesión especial estos decretos de MILEI que desmantelan el estado y dar quórum y votar rechazo de estos decretos delegados”, criticó.

En esa línea, bregó para que “prime la sensatez y la responsabilidad de todos los bloques políticos” porque “tenemos herramientas para frenar este desquicio debemos usarlas como Congreso. No pueden avasallar las instituciones y quedarnos de brazos cruzados cuando existen herramientas de control de los decretos delegados que establece la Ley 26122”.

Gaillard remarcó que el art. 20 de la ley dice que si no se trata en la Comisión Bicameral dentro de los 10 días puede ser tratado de oficio en el recinto. “Ya estamos en plazo y podemos tratarlos y rechazarlos si los bloques están de acuerdo”, remarcó.

Para los arrepentidos diputados o diputadas que hoy deberían estar leyendo el Boletín Oficial: INTI, INTA, FONDO MANEJO DEL FUEGO, VIALIDAD, etc. no hay que esperar una tragedia en la Argentina para entender porque esta no es una desregulación sino que es una entrega.
Todos los… https://t.co/Gf8MHrwM6k

— Vanesa Siley (@Vsiley) July 8, 2025

También se manifestó la diputada Julia Strada: “Hoy de repente muchos diputados muestran preocupación por la destrucción de organismos estratégicos del Estado. Léase INTI, INTA, VIALIDAD, INSTITUTO DEL CÁNCER, sólo por mencionar los últimos atacados”.

Strada recordó que la ley Bases tuvo 142 votos afirmativos en general, y las facultades delegadas en particular tuvieron 135 votos afirmativos. “Pocos se bajaron de votarle superpoderes a Milei. El gobierno contó con aliados para hacer este desastre. Las actas son públicas”, criticó.

“Miren lo que le votaron a Milei: el Capítulo Reforma del Estado otorgó poder para transformar y desguazar organismos (el art. 3), empresas públicas (el art. 4) y fondos fiduciarios (el art. 5). Además, le dieron poder para la intervención de organismos (el art. 6). Vean abajo los artículos de la Ley”, cuestionó.

La diputada de UP apuntó: “Todavía me acuerdo de algunos aliados del gobierno queriendo hacerse los patriotas, metiendo organismos entre las excepciones de disolución del Art. 3. En castellano, decían "le 'damos la herramienta' al gobierno, pero ojo porque estamos preservando que algunas cosas no se disuelvan" MIENTRAS LE DABAN SUPERPODERES PARA HACER COSAS SIMILARES O PEORES QUE DISOLVER. ¿Saben lo que estaba en esa lista de "salvataje"? INTI e INTA. Hoy los vacían, cambian funciones, desjerarquizan: porque esos aliados les dieron el poder para hacer lo que quisieran. Desde UP lo dijimos: había que rechazar sin matices”.

Milei no podría destruir el INTA, INTI, Vialidad y decenas de organismos clave para el desarrollo sin que legisladores rionegrinos le aprobaran la Ley Bases.

Presentaré un proyecto de Ley para derogar los decretos. Veremos quien esta con Milei y quien con los rionegrinos. pic.twitter.com/oHRjQ3JNEJ

— Martin Soria (@MartinSoria_) July 8, 2025

"La disolución de Vialidad Nacional es el ejemplo claro del uso real de las facultades extraordinarias de la ley bases: centralismo, ajuste sin planificación y desmantelamiento del Estado donde más se lo necesita. No es eficiencia, son las mismas ideas centralistas que buscan destruir el interior productivo", expresó el senador pampeano Daniel Bensusán.

El decretazo ómnibus de Milei incluye 24 decretos para eliminar organismos públicos y reestructurar otros 7. Se disuelve Télam (+350 despidos), se vacía el CONICET (+4.000 científicos en riesgo), y se entregan INTA e INTI al Ministerio de Economía.

Esto no es modernización: es…

— José Glinski (@jglinski) July 8, 2025

La Ley Bases no le sirvió de nada a Río Negro. Vino a destruir el federalismo y a poner a la provincia de rodillas.

Fue un error histórico e irreparable de quienes votaron este bodoque impresentable que hoy Milei usa para gobernar por decreto.

Los lamentos disfrazados de… pic.twitter.com/lNwXUNBSi6

— Martin Doñate (@martindonate) July 8, 2025

Organismos disueltos

Entre los organismos disueltos se encuentran la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad, el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, el fideicomiso FONDEP, las Delegaciones Sanitarias Federales del Ministerio de Salud, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Comisión Nacional de Semillas, entre otros. En algunos casos, como el del Instituto Nacional de Medicina Tropical, se justificó la eliminación por superposición de funciones y falta de resultados concretos.

Transformaciones y fusiones

Otros organismos fueron transformados en unidades organizativas dependientes de ministerios, como el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La CNRT se transformó en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, y la Junta de Seguridad en el Transporte se reconvirtió en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, con competencias limitadas a la investigación aeronáutica.

También se dispuso la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que centralizará la gestión de los hospitales nacionales Posadas, Sommer, Carrillo, el INAREPS y el hospital de salud mental Bonaparte, con el objetivo de optimizar recursos y fortalecer capacidades asistenciales.

El 8 de julio se oficializará la medida: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) será eliminado y "reemplazado" por una pequeña dependencia administrativa dependiente de la Secretaría de Agricultura, con sede en Buenos Aires.

Así, el gobierno libertario de Javier Milei fumigará toda la capacidad de investigación, innovación, extensión, experimentación y transferencia de tecnología que el INTA le agrega al desarrollo argentino.

Detrás de la decisión operan el fanatismo ideológico, ciertas cuotas de ignorancia y la intensa voracidad libertaria por hacer negocios rematando el Estado.

Para Milei y Sturzenegger, importa lo que ellos denominan "tierras subutilizadas", para referirse a las extensiones con que cuenta el Instituto en todo el país.

Terminarán "rematando" entre 45.000 y 50.000 hectáreas que -según justifican- estarían siendo subutilizadas por el INTA.

En 2027, un gobierno peronista volverá a poner plenamente en marcha el INTA, con todas sus facultades.

También se recuperarán todos sus bienes, incluidos sus campos. Como corresponde.

Con la participación de referentes de la producción, la industria y el ámbito técnico, se realizó en la sede del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - Concordia la jornada “Cítricos para industria”, un espacio de intercambio que integró experiencias y aprendizajes del convenio de vinculación entre INTA y Coca-Cola Argentina, recientemente finalizado, así como avances en sustentabilidad e innovación productiva.

El primer panel de la jornada abordó los desafíos y oportunidades en torno a la sustentabilidad de la cadena, en el que se compartieron avances de productores de Entre Rios y Corrientes en los procesos de certificación bajo el estándar Farm Sustainability Assessment (FSA).

La directora de Sustentabilidad de Coca-Cola para Argentina y Uruguay, Silvina Bianco, abrió el panel presentando las prioridades socioambientales de la empresa, destacando la relevancia de las alianzas entre organizaciones públicas y privadas para acelerar el impacto y escala de las iniciativas de sustentabilidad.

Luego, presentó la iniciativa “Aliados por el Campo”, conformada por CICLA Desarrollo Sustentable, Litoral Citrus y Kilimo, que busca potenciar y fortalecer a productores de naranja a través de un proceso de mejora en los estándares productivos, ambientales y sociales a través de capacitación y certificación de los agricultores de naranjas, asegurando que sus prácticas agrícolas estén alineadas con los estándares internacionales de sostenibilidad. La acompañaron Jairo Trad, CEO y cofundador de Kilimo y Carlos Gentile socio de CICLA Desarrollo Sustentable.

Durante la disertación, Trad presentó la experiencia de la start-up cordobesa en la gestión eficiente del riego, basado en información satelital, machine learning e inteligencia artificial.  A través de un monitoreo en tiempo real de cultivos de cítricos, recomienda a los productores cuánto y cuándo regar demostrando cómo la tecnología puede contribuir a una producción más eficiente y sostenible.

Por su parte, Gentile profundizó en los estándares de certificación FSA (Farm Sustainability Assessment), su aplicación en la cadena citrícola y describió el acompañamiento que se brindó a los productores, para la realización de las capacitaciones y transformaciones necesarias para lograr la certificación.

Durante la jornada se reconocieron a los productores que obtuvieron la certificación FSA y a aquellos que adoptaron las recomendaciones de Kilimo para el uso eficiente de agua.

"Este organismo, que lleva más de 68 años promoviendo el desarrollo rural a través de la investigación, innovación y transferencia de conocimiento, enfrenta medidas que podrían comprometer su continuidad y su valiosa labor en el ámbito agropecuario, agroalimentario y agroindustrial del país”, señaló la senadora Nerina Neuman.

“El INTA es un emblema de federalismo y arraigo en nuestro territorio. Su rol ha sido clave para fortalecer las economías regionales y brindar herramientas a los pequeños y medianos productores. No podemos permitir que decisiones apresuradas pongan en riesgo esta institución tan relevante para el campo argentino y, en particular, para nuestra Provincia”, destacó la legisladora.

El INTA, un organismo estatal descentralizado y autárquico bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura de la Nación, opera con un modelo de financiamiento mixto.

Es decir que el financiamiento del organismo incluye recursos generados por sus chacras experimentales y fondos obtenidos mediante proyectos concursados tanto en el país como en el extranjero.

Su estructura federal, con presencia en todas las provincias mediante estaciones experimentales y agencias, lo posiciona como un sostén fundamental para promover la producción sostenible y el arraigo rural en diversas escalas productivas.

Sin embargo, Neuman Losada advirtió que “en los últimos meses se han tomado decisiones que podrían derivar en un vaciamiento del organismo. Entre ellas, mencionó despidos, jubilaciones anticipadas, venta o concesión de más de 25.000 hectáreas de campos experimentales, y una reorientación de sus objetivos hacia explotaciones de mayor escala”.

“Estas acciones afectan principalmente a los pequeños y medianos productores, quienes dependen del trabajo de extensión que realiza el INTA para mejorar su competitividad y sostenibilidad”, concluyó la senadora sureña.

“Esta situación recuerda los momentos de incertidumbre que vivió el INTA durante los años noventa; no podemos repetir esos errores”, dijo y prosiguió “es imperativo que defendamos un organismo que demostró a lo largo de los años seriedad, utilidad y compromiso con el desarrollo rural y el futuro del campo argentino”.

El proyecto presentado por Neumann Losada busca dar visibilidad a esta problemática y generar consensos dentro de la Legislatura provincial para instar a las autoridades nacionales a reconsiderar las medidas adoptadas.

“Defender al INTA no es solo una cuestión sectorial, sino también un compromiso con el federalismo, el arraigo y la sustentabilidad productiva que nuestro país necesita para seguir avanzando”, concluyó Neuman Losada.

La senadora Silvina García Larraburu está totalmente en contra del “plan de acción de desmantelamiento que el Poder Ejecutivo Nacional está llevando adelante en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)”, el cual a su juicio incluye la reducción de su personal y de su presupuesto; como así también la venta de su patrimonio y el redireccionamiento de sus actividades hacia grandes empresas agropecuarias, en desmedro de los pequeños productores.

“El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un organismo público descentralizado con autarquía operativa y financiera, que se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación. El aporte del organismo permite al país alcanzar mayor potencialidad y generar nuevas oportunidades para acceder a los mercados regionales e internacionales con productos y servicios de alto valor agregado”, detalló.

Además, agregó: “Podemos resumir su implicancia en el entramado productivo nacional, señalando que el INTA atiende a todos los sectores desde las pequeñas economías populares y regionales hasta grandes estancieros de la Argentina. A su vez, es el único organismo que tiene un servicio de extensión distribuido en todos los pueblos del país, para atender las demandas de los pobladores y proponer soluciones adaptadas a cada zona. También tiene fuertes lazos con las empresas e industrias relacionadas a la producción agropecuaria y agroalimentaria, con quienes tiene convenios e interactúan permanentemente”.

“Es importante remarcar que gran parte del presupuesto de INTA para funcionamiento lo autogenera el propio organismo a través de los campos experimentales y a través de ganar proyectos en el país y en el extranjero, con el consecuente ingreso de dólares que ello implica”, dijo.

“El gobierno nacional comenzó un plan de acción comercial que contempla la venta y concesión de más de 27 mil hectáreas repartidas en más de una veintena de estaciones experimentales del Inta. Abarca la venta en subasta pública de medianos y grandes campos como así también el arrendamiento y posterior venta de otra serie de lotes, que van de pequeños a grandes ubicados en distintos puntos del país”, remarcó.

“Este organismo es muy importante para los productores, tanto en el avance tecnológico como en la extensión ya que no sólo es un referente en investigación, desarrollo y extensión, sino que también es un aliado indispensable para los pequeños y medianos productores. Con estas acciones se está saqueando el INTA, se está subastando el patrimonio de la Nación, el desarrollo de la producción y el futuro de nuestro país”, finalizó.

La diputada bonaerense que integra el bloque de la UCR+CF Silvina Vaccarezza presentó un proyecto de Declaración expresando su "preocupación y rechazo ante la posibilidad de recortes y despidos de personal que atraviesan ciertas áreas del gobierno nacional, especialmente el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)".

El INTA es un instituto de investigación de vanguardia en el desarrollo agro-tecnológico mundial, que está junto al productor y sus necesidades asistiendo a los sectores sociales que merecen atención. De este modo, proyecta sus acciones para alcanzar competitividad, sostenibilidad social y económica con sentido nacional, priorizando la sustentabilidad ambiental de los territorios.

Además del INTA, las amenazas de despidos se extienden también al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Instituto Nacional Yerba Mate (INYM), Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), todos organismos clave para el desarrollo de la producción de nuestro país.

"Lamento que quienes están a cargo de tomar las máximas decisiones en estas áreas no hayan podido (o querido) conocer de primera mano el aporte del INTA a los productores, así como tampoco el de los restantes organismos vinculados al sector", expresó al respecto Vaccarezza.

Recientemente tomó estado público la suspensión de la reunión en la que se iban a presentar los datos argentinos del proyecto “SPRINT Transición Sostenible de Protección Vegetal: un enfoque de salud global”, comunicada por las autoridades del INTA. En ese marco, la investigadora especialista del proyecto, Virginia Aparicio, debía presentar los resultados argentinos de su estudio el día 21 de junio de manera virtual; sin embargo, esa reunión virtual no se realizó.

Según pudo saberse, el motivo de la no presentación de datos fue una comunicación del INTA, que instruyó a la investigadora a suspender la difusión de los resultados con fundamentos escuetos y generales.

Iniciado en 2008, el proyecto internacional SPRINT está destinado a evaluar la presencia de plaguicidas en Europa y Argentina, y está respaldado por la FAO, organismo de Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación.

Argentina y otros once países llevan adelante la investigación en un esfuerzo de coordinación internacional que incluye protocolos acordados para todos los países participantes, muestreos y divulgación de datos preliminares y finales entre otros aspectos. El único dato preliminar que se conoce del estudio realizado en el año 2021 indicaba que, en las muestras biológicas de sangre, orina y materia fecal de 73 participantes argentinos, se constató la presencia de hasta 18 plaguicidas.

La diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) pidió que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) informe de manera detallada y pormenorizada qué acciones ha llevado adelante el organismo a los fines de la difusión de los resultados nacionales. También reclamó que, en caso de haberle indicado a la ingeniera agrónoma Virginia Aparicio a suspender la comunicación pública de los resultados, las razones de tal decisión.

Pide Camaño saber si los resultados obtenidos por Aparicio daban cuenta de una alta presencia de plaguicidas no solo en los cultivos, sino también en el agua, aire y cuerpos humanos, lo cual para la diputada “comporta un potencial peligro para la salud”.

También indaga en su proyecto de resolución, habida cuenta de que los datos preliminares de 2021 de dicho estudio surgen la presencia de plaguicidas en el ambiente y en muestras biológicas humanas, apunte qué medidas implementó o postula recomendar a nivel país.

“Cada año se intoxican cerca de 3 millones de personas por la exposición a agrotóxicos y biocidas y/o alguno de sus derivados, varios de estos prohibidos en gran parte del mundo y Europa”, sostiene la diputada Camaño en su proyecto, donde recuerda que “en las últimas dos décadas, se ha intensificado el uso de productos biocidas sintéticos que incrementan el riesgo para la salud de las poblaciones aledañas, y el deterioro del ambiente y de los procesos ecológicos fundamentales para el sostenimiento de la vida”.

Un informe de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) señaló que “el consumo de plaguicidas aumentó un 858 % en los últimos 22 años, mientras que la superficie cultivada lo hizo en un 50 % y el rendimiento de los cultivos solo aumentó un 30%”. Ante ello, Camaño considera que “la suspensión instruida por el (INTA) nos conmina exigir de las autoridades competentes toda la información acerca de sus motivos y fundamentos para restringir la publicación de los resultados argentinos del proyecto SPRINT”.

El diputado nacional Carlos Zapata (Ahora Patria – Salta) fustigó el proyecto oficialista que busca quitarle tierras al INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) en su provincia con el objetivo de destinarlas al “Plan Mi Lote”.

El proyecto tiene como autores a los diputados Lucas Godoy y Pamela Calletti y fue aprobado en la Comisión de Legislación General, que preside Godoy, el pasado martes. El mismo transfiere 41,2 hectáreas de la estación experimental de INTA Cerrillos al gobierno de esa provincia.

A través de las redes, Zapata expresó: “Por orden de su jefe político, los diputados nacionales Lucas Godoy y Pamela Calletti, lograron en la Comisión de Legislación General de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina, aprobar el avasallamiento sobre tierras del INTA”.

“Sin más que una mirada electoralista para tratar de revertir la vergonzosa elección que hicieron el 13 de agosto”, cuestionó y agregó: “El ‘Plan Mi Lote’ anunciado al principio de la gestión del Gobernador ¿en cuánto redujo el déficit habitacional de Salta?”.

En esa línea, advirtió que “atacar al campo, no va a tener el éxito que esperan. Quitar tierras que sirven para investigación, que posteriormente se traduce a mejoras para el sector, más desarrollo y más productividad, es un atentado directo a los sectores que cimentan la prosperidad de la región”.

Los diputados nacionales de la UCR Soledad Carrizo y Ricardo Buryaile presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo en relación a la desafectación de un predio del INTA en la localidad de Hurlingham.

Los legisladores buscan conocer el detrás de la Resolución 95/2023 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y que se precise "el uso, utilización o explotación que el inmueble ha tenido" desde que se encuentra a cargo del INTA.

También que se informe "justificadamente por qué a criterio" de la Agencia "el inmueble identificado se encuentra alcanzado por algunos de los criterios que le facultan a desafectar".

Los radicales solicitan, a su vez, que se conozca si "esta desafectación del inmueble obstaculiza, afecta o modifica la finalidad, actividades o programas en ejecución o por desarrollarse sobre este espacio territorial".

Y, finalmente, si se han realizado estudios de suelo, factibilidad, accesibilidad, conectividad, servicios y seguridad, e impacto ambiental, justificando y avalando la viabilidad del proyecto de “Desarrollo Urbanístico".

"El INTA es un organismo de vanguardia en Argentina, líder del escenario tecnológico agropecuario, alimentario y agroindustrial", sostuvieron en los argumentos los legisladores de Juntos por el Cambio.

En ese sentido, señalaron que "por la importancia que este organismo representa para el sector agropecuario y para el desarrollo tecnológico de la actividad en nuestro país, resulta especialmente llamativo la existencia de un espacio territorial perteneciente a su jurisdicción que manifieste falta de afectación específica, uso indebido, subutilización o estado de innecesariedad, teniendo en consideración las competencias, misiones y funciones de la repartición de origen, y que como consecuencia de ello pueda ser desafectado provocando la disminución de un espacio que hoy es propio y apto para el desarrollo de sus funciones institucionales, a favor del Fondo Fiduciario Público denominado PRO.CRE.AR".

"Aun conscientes de la grave y creciente problemática habitacional en nuestro país, incrementada por deficientes políticas públicas de esta gestión, resulta necesario analizar adecuadamente la afectación que esta reducción de espacio territorial del INTA pueda generar para el cumplimiento de sus fines, y más aún, por qué las autoridades de este organismo no han presentado objeciones a esta reducción de espacio de trabajo", agregaron.

“El proyecto de modificación de la integración del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), tiene como principal objetivo eliminar la presencia de los productores rurales y profesionales del agro, del principal órgano decisorio de la entidad”, expresó el senador provincial Andrés De Leo.

A través de una declaración presentada esta semana en la legislatura bonaerense, el senador bahiense de Juntos, manifestó su preocupación y rechazo a la presentación realizada en la Cámara de Diputados de la Nación del Proyecto de Ley 3448-D-2021, que busca modificar la integración del Consejo Directivo del INTA.

Al mismo tiempo, De Leo remarcó la necesidad de que el organismo obtenga la completa autarquía financiera que “únicamente se logra con el efectivo cumplimiento del Decreto/Ley 21680 de creación del Instituto, y la afectación directa de los recursos tal como lo establece la Ley, condición sine qua non para el estricto cumplimiento de sus atribuciones y competencias”.

Actualmente el Consejo Directivo del Instituto se integra tal como lo determina el artículo 6° de su Ley de creación: a) un presidente y un vicepresidente en representación de la Secretaria de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación a propuesta del titular de la misma; uno de ellos deberá poseer título de ingeniero agrónomo y el otro de médico veterinario; b) tres vocales en representación de los productores agrarios (uno por las cooperativas y dos por las asociaciones de productores) designados a propuesta de la Secretaria de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación en ternas que elevaran las entidades agropecuarias citadas, de acuerdo con la reglamentación; c) un vocal por las facultades de agronomía y veterinaria o instituciones similares de estudios universitarios equivalentes de las distintas universidades nacionales designado directamente por aquellas.

De acuerdo a la iniciativa que busca su modificación, el mismo deberá conformarse por ocho miembros: un presidente, un vicepresidente y seis vocales: un representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; uno del SENASA; uno del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación; uno del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); y dos vocales en representación de las provincias.

“Bajo el pretexto de aggiornar la estructura formal del INTA, apelando al año de sanción del Decreto/ Ley de creación, se procede a alterar la composición del Consejo Directivo, órgano responsable de la toma de decisiones estratégicas y de definir las líneas de trabajo, y con esto eliminar la representación que tienen los productores agropecuarios a través de sus entidades representativas”, indicó De Leo.

En el mismo sentido agregó que “esto genera preocupación en el sector, y rechazo de quienes nuclean a los actuales miembros, con un claro sesgo ideológico y rompiendo los equilibrios de participación de los sectores intervinientes en el proceso productivo, de la innovación tecnológica, que ha sido líder en el mundo”.

“La norma vigente determina la autarquía que asegura la independencia del organismo, que en los hechos no tiene plena vigencia, impidiendo que el mismo reciba en tiempo y forma los fondos del presupuesto nacional que se afectan para su funcionamiento, limitando de esta manera, la investigación científica, el fomento y difusión de experiencias e investigaciones, la extensión agraria mediante la educación y el estudio de las problemáticas relacionadas a los recursos naturales”, finalizó diciendo el legislador y presidente de la Coalición Cívica de la provincia de Buenos Aires.

La diputada nacional Alicia Fregonese (Pro - Entre Ríos) criticó el proyecto presentado por las legisladoras Mabel Caparrós y Alcira Figueroa (Frente de Todos), porque “pretende modificar el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y dejar afuera del consejo al sector productivo”, y señaló que eso “muestra la falta de diálogo de este Gobierno”.

La legisladora entrerriana afirmó que “hace 50 años que el INTA es un organismo independiente y exitoso, pero la voracidad por el poder y el excesivo estatismo de este Gobierno es contraria a todo lo que funcione bien”.

“El organismo tiene su razón de ser en el trabajo conjunto entre el Estado y la producción, entre lo público y lo privado, con el objetivo de mejorar los procesos productivos y el desarrollo de todo el país”, remarcó Fregonese y advirtió que “este proyecto pretende que todo el manejo del INTA quede en manos del Estado y hoy el que decide los temas más importantes del INTA es justamente el concejo que tiene 10 miembros, 3 representan al ejecutivo y el resto a la producción y a las Universidades”.

Además, manifestó que “las decisiones que hoy se toman deben construir consensos con la sana interacción público - privado  y esto ha permitido que el INTA haya sido un organismo independiente”, y ratificó su rechazo “no estamos de acuerdo con estos cambios propuestos”, e indicó que “el INTA debe seguir sus investigaciones en sintonía con las demandas de la producción en el marco del desarrollo sostenible”.

Por último, la diputada nacional consideró que “pretender sacar a los representantes de la producción del INTA es una muestra más de la falta de diálogo de este Gobierno”, y señaló que “si logran introducir estos cambios las decisiones del INTA van a estar siempre sujetas a los vaivenes de la política del Gobierno de turno”.

El primero en hablar sobre el proyecto fue el diputado nacional Atilio Benedetti (UCR - Entre Ríos) quien salió al cruce de la iniciativa que propone “modificar la conformación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y expulsar de su conducción a los representantes de los sectores productivos”. Luego se sumó el rechazo de diputado nacional Martín Berhongaray (UCR - La Pampa) porque se pretende “un desarrollo tecnológico sin intervención del sector privado”, a quienes se sumaron las voces de otros miembros de la UCR.

Benedetti cuestionó el proyecto impulsado por dos diputadas del Frente de Todos para que se modifique la integración del Consejo Directivo y se elimine a representantes de la producción, debido a que la propuesta “daña el sentido federal y plural con el que está conformado el organismo”.

El legislador entrerriano aseguró que “de prosperar este proyecto, se estaría volviendo a poner de manifiesto el desprecio enorme que este Gobierno tiene por la integración de las actividades pública y privada, por los productores y por los profesionales de la agronomía y de las ciencias veterinarias”.

Según Benedetti, el proyecto “atenta contra heterogeneidad de actores que integran el organismo y rompe el espíritu con el que fue concebido”. También consideró que “es parte de la ofensiva que sectores del kirchnerismo vienen sosteniendo sistemáticamente contra quienes producen y generan empleo”, y ratificó que “esta polémica iniciativa va en detrimento del control social que ejercen las instituciones representadas en el INTA y daña el sentido federal y plural con el que está conformado el organismo”.

“Decían que querían incorporar a nuevas expresiones del agro, cuestión con la que estoy de acuerdo, pero con este proyecto lo único que están haciendo es cercenar la participación de los sectores productivos y académicos, convirtiendo al histórico organismo en un espacio ocupado solo por funcionarios leales al poder de turno”, concluyó el diputado radical.

Por su parte, el diputado nacional Martín Berhongaray también se refirió a dicha iniciativa de la cual manifestó su rechazo porque “es inaceptable pretender un desarrollo tecnológico sin intervención del sector privado y de las áreas académicas vinculadas con la ciencia y con la innovación del sector agroindustrial”.

“Lo que pretende este proyecto sólo se puede sostener desde una visión del mundo que entiende que todo lo tiene que decidir el sector público, y que el sector privado no tiene nada que decir en el desarrollo de la investigación y de la actividad productiva”, señaló el legislador pampeano.

Además, advirtió que “el proyecto no pretende integrar nuevos actores sociales en la conducción del INTA, sino simplemente dejar el desarrollo tecnológico en manos políticos-partidarias y reducir a un papel asesor a los científicos y a los productores, lo que significa dejarlos sin ningún protagonismo en las decisiones”.

“Si hay nuevos protagonistas en la actividad agrícola, bienvenidos sean y hay que integrarlos, pero de ninguna manera sacarles la representatividad a los actores hasta ahora conocidos”, señaló Berhongaray y aseguró que “comparto la paridad de género en la integración”, pero cuestionó que esa paridad “se puede lograr sin eliminar la representatividad de los actuales sectores productivos y académicos”.

Por último, el dirigente radical remarcó que “en la jerga futbolera se dice que equipo que funciona no se toca. Y el trabajo que se hace desde el INTA no solo que funciona, sino que es un ejemplo a nivel mundial”, motivo por el cual mandó a razonar a los autores de dicho proyecto porque “antes de modificar ese engranaje que es de excelencia, deberían repensar la integración y la dinámica de cantidad de reparticiones estatales que no se sabe que es lo que hacen y para que están”.

En pocas horas, se sumaron al rechazo más dirigentes del Bloque UCR a través de sus redes sociales, uno de ellos fue el diputado nacional Ricardo Buryaile (Formosa) quien sostuvo “excluir a los sectores productivos del consejo directivo del INTA es destruir el espíritu con el que fue creado: un gobierno igualitario entre sector público y privado. Es arruinar su propósito de generar conocimiento para la producción. Un paso atrás en el agro del SXXI”.

En esta misma línea, continuó la diputada nacional Gabriela Lena (Entre Ríos) que destacó "el oficialismo impulsa en Diputados un proyecto de ley para modificar la composición del Consejo Directivo del INTA. Deja afuera la representación de las entidades productivas FAA, CRA, CONINAGRO,SRA y aumenta la participación del Gobierno, tanto nacional como provincial”, y agregó que "el INTA es un organismo fundamental de investigación y asesoramiento para los productores. Nació con un concepto de autonomía y autarquía de los gobiernos, pero ahora se lo quiere transformar en un organismo sujeto al poder político”.

“Debilitar el campo, ADN kirchnerista. Una nueva estrategia para debilitar el campo. Otra vez la vocación de extender el poder K. Vamos a defender su histórica integración y la legitimidad de quienes hoy integran el Instituto, representando profesionales, técnicos y productores”, señaló la diputada nacional Soledad Carrizo (Córdoba).

La diputada nacional Ximena García (Santa Fe) expresó que "el Gobierno busca modificar el INTA para restringir la participación de los productores agropecuarios", motivo por el cual ratificó el rechazo "no avalaremos otra avanzada contra el sector productivo, hay que terminar con el relato que antagoniza al campo, pilar esencial para el crecimiento y desarrollo”.

La Federación Agraria Argentina solicitó a los diputados nacionales que no aprueben el proyecto que llegó desde el Senado por el que se pretenden expropiar tierras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Catamarca.

Al respecto, señalaron: "Avanzar sobre bienes del INTA no sólo implicaría el despojo de las tierras en cuestión, sino también atentaría contra el aporte en investigación, desarrollo y apoyo que el Instituto hace a los pequeños y medianos productores de todo el país. Por eso les solicitamos a los diputados que no permitan que esta iniciativa prospere".

Cabe recordar que Federación Agraria fue una de las primeras entidades en alzar la voz luego de que el Senado diera sanción al proyecto del senador Dalmacio Mera, para expropiar tierras en Sumalao, provincia de Catamarca. Posteriormente, diversas organizaciones, entidades y hasta el Consejo Regional del INTA se sumaron para rechazar la iniciativa.

"En los fundamentos del proyecto dicen querer urbanizar esos espacios. Desde la entidad estamos sumamente preocupados, porque si bien no desconocemos la importancia que puede tener el acceso a la tierra y/o la vivienda", remarcaron desde la entidad.

Sin embargo, advirtieron que la problemática habitacional "no puede atentar contra el INTA ni sobre los productores que nos valemos de los conocimientos y desarrollos que llevan adelante".

Por eso, "pedimos a los diputados que no sancionen este proyecto" porque “alarma pensar que para buscar una solución habitacional en el país se usen tierras del INTA".

"¿Esa es la imagen que vamos a darle al mundo? ¿Para resolver un tema de vivienda desmantelamos al organismo que debiera ser el faro que nos oriente en materia de investigación y desarrollo?", concluyeron desde Federación Agraria.

El legislador catamarqueño Rubén Horacio Manzi (Juntos por el Cambio) cuestionó la iniciativa de ley que impulsa el senador coterráneo Dalmacio Mera (Frente de Todos) que propone la quita de tierras del INTA en esa provincia para que se construya viviendas sociales, lo que generó la reacción de las entidades agrarias.

En su cuenta de Twitter, Manzi afirmó: “No avalamos la destrucción del Estado en nombre del populismo. Defendamos el INTA”, remarcó.

Al igual que el diputado de Juntos por el Cambio, la Federación Agraria, el Colegio de Ingeniería Agronómica de Catamarca y la Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica rechazaron la propuesta de Mera, que ya tiene media sanción de la Cámara alta.

La media sanción de Mera

La iniciativa del senador nacional del Frente de Todos por Catamarca pretende la transferencia a título gratuito a la mencionada provincia del inmueble que detenta el Estado nacional ubicado en la Ruta Provincial 33 KM 4, en el departamento de Valle Viejo, con el objetivo de “impulsar un reordenamiento y rediseño urbano, construcción de escuela, complejo deportivo, obras de parquización y espacios verdes”.

Para Mera, el lugar en cuestión “se trata de una zona de viviendas familiares y no resulta adecuado el funcionamiento de una agencia experimental rural”.

Sin embargo, Manzi no acuerda y publicó en su cuenta de Twitter el hastag “defendamoselcampo”.

El rechazo de un grupo importante de entidades vinculadas a la actividad agropecuaria se debe a dichas tierras se encuentran bajo responsabilidad del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y forman parte de la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca del INTA, en la que se llevan adelante tareas de investigación, experimentación y extensión en apoyo a la innovación y al desarrollo regional, a través de sus laboratorios de suelos, de aceites y grasas, ensayos experimentales de cultivos de interés regional, plantaciones de olivos, higueras y nogales que constituyen colecciones históricas, producto de décadas de investigación, entre otras actividades de alto impacto para la región y el país.

El impacto positivo que han tenido las vacunas en la Historia de la humanidad es innegable: con altos perfiles de efectividad y seguridad, han permitido salvar millones de vidas, erradicar enfermedades como la viruela y avanzar en la eliminación y control de otras. Las vacunas son una de las intervenciones más costo-eficientes, que redujeron la mortalidad y la morbilidad de determinadas enfermedades. Los programas de vacunación no sólo consiguen la inmunidad del individuo, sino de la población generando el “efecto rebaño”. 

En este difícil contexto de pandemia que atravesamos desde hace más de un año, la vacuna para enfrentar el Covid se convirtió en una prioridad mundial. Es por eso que es un orgullo compartir que por medio de una inversión conjunta Laboratorios Bagó y el INTA financiarán estudios para avanzar en investigaciones vinculadas al desarrollo de una vacuna contra el Covid 19. El acuerdo representa un esfuerzo en la articulación público-privado nacional y tiene como objetivo obtener datos en la generación de la respuesta inmune en ratones y la evaluación de futuros desarrollos contra el SARS-CoV-2. 

Con la utilización de la plataforma de nanovacunas direccionada a las células dendríticas –células específicas del sistema inmunológico– que el INTA Bariloche viene trabajando desde hace años con universidades de Estados Unidos e Italia, se podrán obtener datos y conclusiones que ayudarán a comprender la respuesta inmune en animales de laboratorio que puedan extrapolarse luego al ser humano, en vistas a una posible nanovacuna. 

Edgado Vázquez, Gerente General de Laboratorios Bagó, reforzó la importancia de la articulación público-privado en temas sanitarios: “Estamos convencidos de que es muy positivo para nuestro país este tipo de trabajos conjuntos entre entidades argentinas que trabajan con profesionales y recursos 100 % nacionales. El apoyo de Laboratorios Bagó refleja nuestra vocación como empresa argentina de colaborar con otras instituciones nacionales, y un fuerte compromiso con la innovación frente a esta emergencia mundial”. 

En este convenio, que tiene como propósito aportar al cuidado de la salud de la comunidad con estándares científicos del más alto nivel y contribuir a los estudios que se están desarrollando a escala mundial para combatir la pandemia, Laboratorios Bagó aporta la innovación y trayectoria en el cuidado de la salud, y el INTA contribuye con su experiencia en investigaciones en nanotecnología y biotecnología agropecuaria. 

Los titulares del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Animal), Carlos Paz, y del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), Susana Mirassou, expusieron por videoconferencia este jueves ante la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, donde se refirieron a las medidas adoptadas por la pandemia del Covid-19.

Paz señaló que al asumir en el SENASA se encontró con un organismo “con bajo presupuesto, alrededor de 400 personas despedidas -la mayoría en 2019- y un dibujo regional achicado de 14 a 7 regiones” que obligó a hacer una “reconfiguración conversada con las provincias”, ya que “una de las principales preocupaciones del ministro (Luis Basterra) era la división regional tan grande”.

Ante la comisión presidida por José Ruiz “Pitín” Aragón (Frente de Todos), el funcionario explicó que a raíz de la pandemia se elaboraron protocolos para las distintas cadenas productivas, fundamentalmente para “los bolsones de agricultura familiar, los galpones de empaque, los mercados frutihortícolas y empresas frigoríficas”.

Paz indicó que casi todos esos protocolos fueron homologados por el Ministerio de Salud y que también hubo intervención de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

Según el titular del SENASA, se registraron “varias personas con contagios” de coronavirus y “un fallecido en un frigorífico de Quilmes”.

“Eso nos llevó a una segunda etapa, que fue qué hacer con esas cadenas productivas cuando aparecía un caso positivo, en un esquema donde gran parte de la gente queda fuera del sistema, ya sea por edad o por enfermedades preexistentes”, señaló.

Paz también se explayó, ante una pregunta del diputado Javier Campos (Coalición Cívica) sobre la decisión de Brasil de dejar de vacunar contra la aftosa en algunos estados, entre ellos Río Grande do Sul, en una resolución con implicancias para Argentina por tratarse de un estado fronterizo.

“Esta es una situación que conocemos porque tenemos una relación bilateral fuerte y una parte importantísima de comercio agropecuario. La sorpresa fue que se agregara al estado de Río Grande do Sul, algo que no estaba previsto en la comunicación del organismo brasilero”, relató.

Ante esta situación, el SENASA mantuvo una comunicación telefónica con los responsables brasileros, que aclararon que “fue una decisión política originada en un pedido del propio Estado”.

“Nosotros tomamos la decisión de seguir vacunando. Dudamos al principio si nos convenía largar la vacunación en las fechas previstas cuando se introdujo la cuarentena. Pero en acuerdo con el Ministerio tomamos la decisión de no cambiar las fechas de vacunación, y fue una medida acertada en función de que la cuarentena se alargó y si hubiéramos esperado una atenuación, posiblemente hubiéramos tenido una demora muy grande en la vacunación”, detalló Paz, y precisó que gracias a esta decisión, hoy “más del 80% del rodeo vacuno está vacunado”.

Tras el contacto telefónico con Brasil, el SENASA envió una nota oficial solicitando mayor información sobre el tema, pero el pedido aun no fue respondido.

La reunión de comisión siguió con la exposición de Mirassou, que ante una pregunta de Jorge Vara (UCR-Corrientes) sostuvo que “la articulación Nación-provincias-municipios es clave para el INTA” y “es un camino que hay que seguir recorriendo, y más aun ante la situación de pandemia”.

Mirassou habló del trabajo sobre “el aprovechamiento de residuos, descartes y subproductos agropecuarios en busca de tecnologías para la obtención de alimentos y bioproductos para cadenas productivas, en el enfoque de economía circular”.

Además, informó que “se ha constituido un comité de contingencia del INTA para apoyar todas las actividades del programa Argentina contra el Hambre”.

Preocupación por despidos

Al inicio de la reunión informativa tuvo lugar el testimonio de Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, quien reclamó por “la restitución de puestos de trabajo de compañeros despedidos por el gobierno anterior”.

Catalano denunció que el Ministerio de Agricultura y Ganadería “fue uno de los más desguazados de los últimos años” y que además sufrió “un nivel de persecución muy alto” durante la gestión de Cambiemos.

El dirigente gremial responsabilizó a Ricardo Buryaile de ejecutar una “política de desguace a nivel federal para debilitar el trabajo que se venía llevando adelante con los pequeños productores”.

Según Catalano, hubo “más de 1.200 despidos en todo el Ministerio, y esa situación de injusticia hasta el día de hoy no la pudimos resolver”.

El titular de ATE Capital consideró que la cartera “necesita de estos puestos de trabajo para poder reactivarse”. “Sabemos que la crisis es cruda, pero la alimentación de nuestro pueblo también está en una situación crítica”, dijo.

Asimismo, propuso que una parte de la recaudación generada con el futuro impuesto a la riqueza sea destinada a pequeños productores.