Valdés: “Los fondos reservados de la AFI son sobres para comprar voluntades”

El diputado nacional del Frente de Todos participó de un debate sobre el rol de la SIDE desde la vuelta de la democracia, sus reformas y la relación entre los denominados “servicios” con el poder político y judicial.

Miembro de la Comisión Bicameral de control de los organismos de Inteligencia, el diputado oficialista Eduardo Valdés volvió a referirse al tema de los fondos reservados con los que cuenta la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y particularmente a la decisión de este gobierno de blanquearlos, como así también de la importancia de esta medida para terminar con el espionaje ilegal.

Presente en el programa “Desiguales”, de la TV Pública, el legislador nacional se refirió a “los fondos reservados son sobres judiciales, sobres periodísticos para comprar voluntades. Eso es lo que desde el 10 de diciembre hasta la fecha, con Cristina Caamaño como interventora, no existe más en la Argentina”.

Asimismo señaló que “Cristina Fernández de Kirchner, en el año 2014, suprimió los fondos reservados. El 91% del presupuesto de la AFI eran fondos reservados; Alberto Fernández y Cristina Kirchner suprimieron los fondos reservados y hoy el presupuesto de la agencia federal de inteligencia es el 9% de lo que tenía Macri“.

Valdés se refirió al accionar de los servicios de inteligencia y las irregularidades en la relación con la Justicia, donde se refirió en particular a un nombre que pidió tener en cuenta: el director de Asuntos Jurídicos, Sebastián Destéfano. Según Valdés, “ellos tienen más poder cuando menos conocidos son”. “Era el tipo que saca su primera resolución de que ningún agente de la AFI puede hablar con un juez, se reservó para sí mismo el dialogar con la justicia. Un espía solo puede ir a espiar si tiene orden judicial, y él inventaba la orden judicial”.

En relación al origen del organismo de inteligencia y las expectativas sobre su funcionamiento, Valdés señaló que “la SIDE fue creada por Perón cuando los norteamericanos inventaron la CIA, que es para hacer inteligencia internacional. Cuando vinieron los golpes militares empezaron a poner todo el sistema de inteligencia para inteligencia interior. La SIDE no nació para hacer inteligencia interior, nació para hacer inteligencia exterior. Es el único organismo de inteligencia que se relaciona con los organismos de inteligencia del resto de los países”.

Finalmente, el legislador reflexionó sobre el trabajo que lleva adelante la Comisión Bicameral de Inteligencia en el caso del espionaje ilegal realizado a través de cámaras ocultas en la sede del Banco Provincia y el necesario compromiso de la política para terminar con el espionaje ilegal. “Trato de buscar esperanza: cuando aparece el video, el Congreso que estaba en receso y ante el pedido de la presidencia de las cámaras de conformar la comisión bicameral de inteligencia, inmediatamente los bloques nombraron los miembros y en la primera semana de enero se votó por unanimidad investigar estos videos”, reconoció.

“Creo que la reacción de la política tiene que ser contundente: quienes fueron espiados tienen que reaccionar para que no suceda nunca más el espionaje ilegal. Vidal, Larreta, Santilli y los miembros de la Corte, Rozenkrantz y Rosatti fueron espiados varias veces por Dalessio y el grupo Super Mario Bros. Ni siquiera se presentaron en el juzgado, han decidido naturalizar el espionaje ilegal”.

Argentina carece de inteligencia

Por Carlos López, especialista en seguridad e inteligencia. El autor advierte como sistemáticamente “se ha ido destruyendo el aparato de inteligencia”.

Si hablamos de la información como el recurso más valioso de una empresa, y la necesidad que esos datos sean correctos, certeros y oportunos para la toma de decisiones en materia económica es algo que nadie cuestionaría. Ahora, en materia de inteligencia, varios debates entran en circulación. 

Así como en los negocios, los Estados necesitan información para ejecutar adecuadamente políticas económicas, sociales y, sobre todo, internacionales. Ignorar la relevancia de contar con una agencia de inteligencia implica desconocer el funcionamiento del mundo. Hablar de su rol en Argentina es mala palabra producto de una mala interpretación y ejecución de este servicio. Pero el problema está en las personas y no en la institución.  

Nuestro país aún tiene gran potencial para desarrollar la inteligencia, cuenta con personas de gran aptitud y brillantes académicos en la temática. Sin embargo, muchos de estos profesionales se encuentran por fuera de la Escuela Nacional de Inteligencia, un organismo que depende de la AFI donde tiempo atrás se dictaban cursos de alcance internacional. Muchos de los servicios de la región se han beneficiado de sus aptitudes formando a su personal para capacitarse y realizar posgrados en un espacio de verdadera excelencia. Con el tiempo, el prestigio se ha ido diluyendo y deteriorando, producto de una práctica vinculada a los canales de reclutamiento de agentes.  

La incorporación de personal se ha desarrollado de manera informal. Incluso desde la época militar se buscaba personas vinculadas a figuras con algún rol o función dentro de la agencia de inteligencia, por recomendación interna. Un reclutamiento que prioriza la afinidad, en vez de la capacidad, experiencia y formación académica. Esta costumbre permitió que, a medida que se fueron sucediendo los gobiernos, se acumularan personas con contactos y vínculos pero que no obedecían al perfil idóneo para ejecutar las tareas de inteligencia. 

Desde los radicales, pasando por el menemismo y el peronismo, la agencia se nutrió de contactos afines a cada nueva administración. En un mismo lugar, comenzaron a convivir acomodados de cada gobierno subsiguiente en una dinámica que perdura a la fecha. Hoy, tenemos una interventora, ex fiscal, que no tiene nada que ver con la actividad, ni tiene perfil o experiencia para manejar una actividad tan delicada, no sólo por la capacidad de sostener y generar acciones, sino que además se trata de datos sensibles y confidenciales.  

Por otro lado, no debemos olvidar que un mal trabajo de inteligencia promueve malas decisiones. Aquí volvemos al punto de partida, malos datos en una empresa inducen malas decisiones y pueden llevarla a la quiebra, en el caso de un país los resultados pueden ser aún peores, arrastra a millones de habitantes que dependen de las decisiones políticas.   

A la inteligencia se le llama servicios, justamente porque ése es su rol a la orden de quienes toman decisiones. Su estructura no sólo es necesaria, sino imprescindible. Nuestro país está en franca decadencia producto justamente de una falta total de información adecuada, que permita tejer las alianzas con quien corresponda, tomar posturas correctas y las distancias debidas con determinados temas, conflictos e intereses de otros países. Pero Argentina no tiene inteligencia, se ha desactivado el aparato que trabajaba generando la información estratégica. 

El caso Villegas revela el decadente estado de situación, en una escena que lejos está de una operación de inteligencia, que va de la mano con una estrategia política que promueve acciones de desinformación.  

La corrupción interna nuestra ha corrompido una institución que tiene por fin protegernos silenciosamente. Sistemáticamente se ha ido destruyendo el aparato de inteligencia, dejando a nuestro país ciego, sorgo y mudo ante la comunidad internacional para tomar decisiones y entender qué es lo que está pasando en la región. Criminalizar o descalificar la actividad es totalmente perjudicial toda la ciudadanía. 

Con un dictamen propio, Juntos por el Cambio cuestionó la tarea de la Bicameral de Inteligencia

El interbloque denunció exceso de facultades, invalidez de las declaraciones que se tomaron, violación del secreto y temor de parcialidad.

Los legisladores de Juntos por el Cambio que integran la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia firmaron su propio dictamen sobre la cuestión del espionaje ilegal durante la gestión anterior.

El diputado Cristian Ritondo (Pro) participó de la subcomisión que realizó la investigación, junto con su par Rodolfo Tailhade y el senador Martín Doñate. Sin embargo, a la hora de las conclusiones, el interbloque opositor no acompañó el dictamen del Frente de Todos.

Además de Ritondo, integran la bicameral los diputados Sebastián García De Luca y José Cano, y los senadores Oscar Castillo, Juan Carlos Marino y Pamela Verasay.

Los legisladores no cuestionaron el contenido de la investigación, sino la tarea realizada por la bicameral, y en ese sentido denunciaron exceso de facultades, invalidez de las declaraciones que se tomaron, violación del secreto y temor de parcialidad.

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En el dictamen, al que accedió parlamentario.com, advirtieron que el Frente de Todos desencadenó una “persecución política” contra el gobierno anterior “a partir del direccionamiento interesado de esta investigación”.

“Han desnaturalizado los fines con que la bicameral fue creada, transformándola en una usina de producción de prueba con efectos judiciales en sumarios en trámite ante el Poder Judicial de la Nación”, sostuvieron.

Al sintetizar los argumentos, consideraron que la comisión “se ha servido de declaraciones inválidas, ha torcido su razón de ser -que no es otra que la fiscalización-, ha violado el secreto impuesto por ley y ha desconocido elementales derechos y garantías constitucionales de toda persona sujeta a una investigación”.

Los representantes de Juntos por el Cambio enfatizaron que la bicameral “no puede conducir investigaciones judiciales para pesquisar la posible comisión de delitos, a punto tal que, si de sus averiguaciones surgiese la posible comisión de delitos, tiene la obligación de hacer la denuncia penal”.

En ese marco, opinaron, “el proceder de la bicameral excedió las funciones para la cual ha sido creada por ley, dejando de actuar como un ente de fiscalización para convertirse en una unidad de investigación y producción de prueba al servicio de un Juzgado y una Fiscalía”, a cargo de Alejo Ramos Padilla y Guillermo Marijuan, respectivamente.

Según los firmantes, la comisión solo puede decidir “la apertura del sumario de investigación; la remisión de las actuaciones a la autoridad judicial competente; o la desestimación de la denuncia”, pero no tiene facultades para investigar delitos.

Respecto de las declaraciones que tomó la bicameral, apuntaron que “no está claro en muchos casos si se trata de ‘testigos’ o de ‘personas imputadas’”, y “al comenzar las diligencias no se les advierte a los declarantes sobre qué habrán de declarar ni los alcances de la investigación”.

Se conducían interrogatorios interminables que iban abordando los más variados temas pero que, de una forma u otra, terminaban centrándose en la gestión de la AFI durante el período 2015-2019 y sobre quienes habían sido sus conductores”, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, afirmaron en Juntos por el Cambio.

También argumentaron que se violó el secreto: “Es por todos conocida la manera absurda en que registros sensibles de novedades cotidianas de la AFI, de carácter secreto, se introdujeron abiertamente en una de las causas judiciales de Lomas de Zamora, sea por impericia de la interventora de la AFI que las envió o de la fiscal actuante que las subió al sistema, y se hicieron públicas”.

Por último, sobre el temor de parcialidad, advirtieron que el diputado Tailhade además de integrar la comisión es querellante en una de las causas por espionaje ilegal, que tramita en el Juzgado Federal Nro. 8.

El Frente de Todos denunció un “plan sistemático de inteligencia ilegal para la extorsión y la persecución política”

Legisladores oficialistas expusieron en conferencia de prensa los resultados del trabajo de la Bicameral de Inteligencia. Piden crear una comisión especial con más facultades para investigar a jueces y fiscales que, según sostienen, participaron de este accionar.

Diputados y senadores del Frente de Todos denunciaron este martes, en conferencia de prensa, un “plan sistemático de inteligencia ilegal montado durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, “cuyo objetivo era la extorsión y la persecución política”.

Desde el Salón de Pasos Perdidos, legisladores encabezados por el presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia, Leopoldo Moreau, expusieron los resultados de la investigación llevada a cabo durante varios meses.

Además de Moreau, participaron de la conferencia los senadores Oscar Parrilli y Martín Doñate, y los diputados Eduardo Valdés y Blanca Osuna.

Moreau explicó en detalle las conclusiones del dictamen firmado por ocho legisladores del Frente de Todos, fruto de un trabajo que tuvieron a cargo el senador Doñate y los diputados Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) y Cristian Ritondo (Pro).

Ritondo encabezó, en nombre de Juntos por el Cambio, la firma de un dictamen alternativo, que no cuestiona el contenido de la investigación sino el supuesto exceso de facultades de la bicameral, que se reúne en forma reservada.

“El Estado mafioso”

Moreau puntualizó que el dictamen de la bicameral, que consta de alrededor de 400 páginas, se basó en primer lugar en las investigaciones que la propia comisión encaró, donde “se produjeron las primeras confesiones -no solo declaraciones- de agentes de inteligencia que asumieron la responsabilidad y reconocieron la realización de tareas de inteligencia ilegal”.

Otra fuente del dictamen fueron las dos investigaciones que se llevaron adelante en el Juzgado de Dolores, a cargo en aquel entonces del juez Alejo Ramos Padilla; y las dos causas que se están sustanciando en el Juzgado de Lomas de Zamora.

Foto: Bloque senadores Frente de Todos

El titular de la bicameral advirtió que entre 2015 y 2019 “no solamente se llevaron a la práctica tareas de espionaje ilegal, sino que estamos en presencia de un plan sistemático de inteligencia ilegal cuyo objetivo era la extorsión y la persecución política”.

Moreau explicó que el informe se tituló “El Estado mafioso” porque “en ese período se montó un Estado paralelo, clandestino y secreto”. “Se estructuró de modo sistemático un modo de acción que se desarrolló a través de células paralelas dentro del propio Estado”, dijo, y agregó que “la cabeza del sistema de espionaje estaba en la propia AFI (Agencia Federal de Inteligencia)”.

Sin embargo, según apuntó, no solo sucedió en el ámbito de la AFI sino también “en la AFIP, que llevaba adelante tareas de inteligencia fiscal; en la UIF, que llevaba adelante tareas de inteligencia financiera; en Migraciones, que hacía tareas de control de entradas y salidas del país; y en el Servicio Penitenciario Federal, que en coordinación con la AFI llevaba adelante las tareas de espionaje sobre los ‘presos K’ y sus abogados defensores”.

Moreau informó que todos esos grupos “reportaban a la cabeza de la AFI, que era la que determinaba los blancos de estas tareas, y a su vez la AFI, a través de Gustavo Arribas, operaba como polea de transmisión para llevar al vértice de esta organización ilegal, que era la ‘mesa judicial’, el conjunto de información”.

Foto: Bloque senadores Frente de Todos

En ese sentido, aseguró que la “mesa judicial” era “presidida” por Macri; que “se reunía con periodicidad”; y que allí “se decidía el destino que iban a correr las personas u organizaciones que eran espiadas”.

Sobre ese aspecto, precisó que fueron 308 las víctimas -entre ellas varias figuras públicas, como la vicepresidenta Cristina Kirchner-, pero aclaró que no difundirán el listado completo porque “las volveríamos a victimizar y las volveríamos a poner como blanco del espionaje”.

“Lo tenemos absolutamente probado desde el punto de vista documental y a través de quienes admitieron haber realizado tareas de espionaje ilegal”, afirmó el legislador., que además habló de 170 organizaciones político-partidarias, gremiales, sociales, comunitarias y religiosas que también fueron objeto de estas tareas, y que sí están mencionadas en el documento.

Por otra parte, confirmó el pedido para crear una nueva comisión bicameral que investigue el rol de los magistrados en este accionar. “Nos hemos encontrado con que como parte de esta estructura mafiosa han participado también fiscales, jueces, camaristas y probablemente miembros de la Corte”, alertó.

Moreau aclaró que la bicameral que preside no pudo “avanzar en ese terreno” porque “excede las facultades de la comisión”, y por eso propuso crear una nueva “que tenga facultades más amplias que en el marco de la Constitución se puedan materializar”.

Foto: Bloque senadores Frente de Todos

Finalmente, adelantó que enviarán el dictamen no solo a la Justicia, sino también a organismos internacionales como Naciones Unidas, la OEA y Amnistía Internacional. “La víctima ha sido el Estado de Derecho, porque se arrasó con el principio de inocencia y con los derechos y garantías de los ciudadanos”, sintetizó.

Por su parte, Parrilli -uno de los dirigentes espiados- denunció que este mecanismo se montó “para llevar adelante un plan económico de empobrecimiento de la gente, de despidos, de aumento de las tarifas del 3.000%, de endeudamiento brutal, de destrucción de la salud, la educación, la ciencia y la tecnología. Toda la tierra arrasada que dejó el gobierno de Mauricio Macri”.

También señaló que el espionaje ilegal se utilizó para solapar un “fenomenal hecho de corrupción y de negocios de Macri y muchos de sus ministros”, que tuvo que ver con los Panamá Papers, el Correo Argentino y el negociado de los parques eólicos. “La víctima de todo esto fue el pueblo argentino”, lamentó el exdirector de la AFI.

Darán a conocer un informe sobre el espionaje ilegal durante la gestión anterior

El documento fue elaborado por tres legisladores de la Bicameral de Inteligencia. Se presentará este martes a las 18 en el Salón Pasos Perdidos.

El Frente de Todos dará a conocer este martes un informe elaborado por integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia, sobre el supuesto espionaje ilegal durante la gestión del expresidente Mauricio Macri.

El documento fue elaborado por el senador Martín Doñate (Frente de Todos) y los diputados Rodolfo Tailhae (Frente de Todos) y Cristian Ritondo (Pro), integrantes de la bicameral presidida por el oficialista Leopoldo Moreau.

La comisión se reunió por la mañana en forma reservada para dar tratamiento a las conclusiones del informe, que se dará a conocer a las 18 con una conferencia de prensa en el Salón Pasos Perdidos.

A fines de marzo, Moreau reveló que hubo “más de 300 víctimas” de espionaje ilegal “sistemático” montado desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), entonces encabezada por Gustavo Arribas, en coordinación con otros organismos.

Según denuncia el oficialismo, el espionaje era un instrumento al servicio de la “mesa judicial” que funcionaba en Casa Rosada y que abonaba el “lawfare”.

El 30 de diciembre último, la bicameral entregó a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, un primer informe sobre el armado y el funcionamiento irregular de la Oficina de Escuchas.

Esa oficina, hoy denominada Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO), fue trasladada a principios de la gestión macrista desde la órbita de la Procuración General a la Corte Suprema de Justicia.

Senadores oficialistas vincularon el ataque a Moreau con su rol en la Bicameral de Inteligencia

En un comunicado, el bloque presidido por José Mayans advirtió que la comisión se encuentra investigando “el espionaje ilegal sistemático y la persecución política” durante el gobierno anterior.

leopoldo moreau

Senadores del bloque del Frente de Todos repudiaron “de manera enérgica” el ataque y las amenazas que sufrió este martes el diputado Leopoldo Moreau en la vereda de la confitería Casablanca, frente al Congreso, y vincularon los hechos a su rol como presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.

En un comunicado, los senadores se solidarizaron con Moreau y recordaron que, como titular de la bicameral, encabeza una investigación sobre “el espionaje ilegal sistemático y la persecución política desarrollada por la pasada administración macrista contra opositores, dirigentes sociales, empresarios y hasta con los familiares de la tripulación del ARA San Juan”.

“Nuestro bloque reclama el total esclarecimiento del ataque y la aplicación de la ley a todos y cada uno de los participantes de ese accionar antidemocrático, violento y que parece contrario al funcionamiento pleno de las instituciones de la República”, advirtieron.

Los senadores conducidos por José Mayans señalaron que la Bicameral de Inteligencia “en estos momentos está dedicada a investigar, entre otros asuntos, las actividades desarrolladas por las bases de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desplegadas en territorio de la provincia de Buenos Aires entre 2016 y 2017 y el espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan”.

“A nadie escapa que la investigación que viene desarrollando la comisión que preside puede generar malestar en los responsables de los hechos analizados, pero la democracia debe garantizar en el marco de la ley el pleno funcionamiento de sus instituciones”, finalizaron los legisladores.

La Bicameral de Inteligencia entregó a Cristina un informe sobre la Oficina de Escuchas durante la gestión de Macri

En un acto en el Salón Delia Parodi, Leopoldo Moreau expuso en detalle el resultado del trabajo que realizaron integrantes de la comisión a lo largo del año. Denunciaron que “se estructuró una oficina que se dedicó a la militancia persecutoria”. La oposición presentó observaciones.

Legisladores de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia, encabezados por el diputado Leopoldo Moreau, entregaron este miércoles a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al titular de la Cámara baja, Sergio Massa, un duro informe sobre el armado y el funcionamiento de la Oficina de Escuchas durante la gestión de Mauricio Macri.

Fue en un acto realizado en el Salón Delia Parodi del Congreso, donde participaron también los diputados Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés y los senadores Oscar Parrilli y Martín Doñate, todos del oficialismo.

Moreau expuso en detalle los resultados del trabajo realizado a lo largo del año por parte de una subcomisión que integraron Tailhade, Doñate y el diputado radical José Cano, que acompañó la parte técnica del dictamen final pero presentó observaciones.

Los legisladores recabaron documentos y testimonios con ayuda de un equipo técnico, y requirieron información a todos los juzgados federales y cámaras federales del país para contar con todos los expedientes donde hubiera tenido intervención la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ya sea en forma directa o a través de pre-causas.

Ante la mirada reprobatoria de Cristina por el contenido del informe, Moreau denunció que se produjeron “irregularidades muy severas que afectan no solo la intimidad de las personas, sino también derechos y garantías básicos que tienen que ver con la defensa en juicio y el debido proceso”.

También advirtió que “se han sustituido facultades del Congreso”, sentando el “precedente” de que “una acordada de la Corte puede justificar cualquier delito”, como el de falsedad ideológica.

“Es evidente que se estructuró una Oficina que se dedicó a la militancia persecutoria, y en un país donde hemos atravesado circunstancias como la del terrorismo de Estado, preocupa que se haya pretendido erigir un terrorismo judicial”, lamentó Moreau.

Asimismo, adelantó que en el mes de marzo tendrán listo otro informe sobre el “plan sistemático de inteligencia ilegal y persecución política” durante el gobierno macrista.

El informe

El documento, explicó Moreau, arranca con la “génesis” del caso, el DNU firmado por Macri el 24 de diciembre de 2015 -días después de asumir- disponiendo el traspaso de la Oficina de Escuchas desde la órbita de la Procuración General a la Corte Suprema de Justicia.

El diputado recordó que cuando esa Oficina funcionaba en la Procuración, “no hubo una sola filtración de escuchas”, pero a pesar de eso el gobierno impulsó el traspaso, y el 29 de diciembre, cinco días después de la firma del DNU, “la Corte dictó una acordada receptando esa Oficina”.

“Esto revela que había cierto apuro, ya que apenas había ingresado al Congreso el DNU, que no presentaba ni necesidad ni urgencia”, planteó Moreau.

Agregó que “tan grosero era el apuro que la Corte, en la propia acordada, recibió la Oficina pero dictó una resolución diciendo que recién se podía hacer cargo a mediados de febrero”.

Como “segunda irregularidad”, el oficialista marcó la forma en que se dio la elección de autoridades de la nueva Oficina, que pasó a denominarse a Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO).

“El decreto establecía que debía hacerse un sorteo entre los jueces penales con cargo de camaristas, pero curiosamente, días antes del sorteo, el diario La Nación, en una nota del periodista Hugo Alconada Mon, anunció quien iba a ser el titular de la Oficina, el camarista Martín Irurzun”, repasó Moreau, y añadió que el diario Perfil también difundió esa información.

Esto se dio así cuando, según el informe, “el sorteo superaba los 100 camaristas en todo el país”, y por si fuera poco, el acta del sorteo “al día de hoy no apareció, no existe”.

Moreau precisó que “a raíz de esta irregularidad se presentó una denuncia penal por falsedad ideológica” contra el entonces titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en función de que el Máximo Tribunal “había dictado una acordada avalando la designación”.

La denuncia “estuvo inerte en el Juzgado durante un tiempo hasta que en 2018 hubo una apelación, que recayó en una Cámara que ordenó el archivo de las actuaciones contra Lorenzetti”, integrada por los doctores Mariano Llorens y ni más ni menos que Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

El argumento para archivar las actuaciones fue que “a pesar de que no existe el acta del sorteo, de que no hay testigos, el hecho de que se haya dictado una acordada significaba darle fe al acto por sí mismo, no hacía falta ninguna otra prueba”, lo que sentó “un precedente muy complicado”.

Foto: Comunicación Senado

Moreau también se refirió en detalle a las “amplísimas facultades” que la Corte le otorgó a la DAJUDECO, en un acto de “gravedad institucional inusitada” porque “la adjudicación de esas responsabilidades, en la práctica, significa la creación de una ‘policía judicial’ por la cantidad de misiones y una mirada panóptica sobre todos los procesos penales en el ámbito de la Justicia”.

Además, se quejó, “esto se hizo con una acordada cuando en realidad es el Congreso el que, desde sus facultades, organiza la Justicia penal” a través de leyes que fijan las estructuras.

Entre otras “irregularidades” de la DAJUDECO, el diputado indicó que “decidía qué causas se admitían y qué causas no se admitían en el cuerpo de peritos”.

En cuanto a la filtración de escuchas, puso como ejemplo al propio Parrilli, que “fue escuchado 209 días casi en continuidad”, primero en una pre-causa llevada adelante por la jueza María Romilda Servini y posteriormente en una causa a cargo de Ariel Lijo.

Además, Moreau dijo que en el decreto original de la Oficina se establecía que su titular duraría un año en el cargo y debía realizarse un nuevo sorteo, del cual Tailhade pidió participar.

Sin embargo, “Macri dictó un nuevo decreto y prorrogó por tres años más el mandato de Irurzun, que así quedó cuatro años al frente de este organismo: un año con un sorteo que no apareció y tres años con una prórroga antes del sorteo. Está claro que era el elegido para esta función”.

Por su parte, Parrilli ironizó que si el oficialismo presentara un proyecto de ley con reformas de este tipo, “lo menos que criticarían es que estamos creando la GESTAPO judicial”, e insistió en que las maniobras no solo fueron ejecutadas por la Corte sino también por el Poder Ejecutivo.

“En nuestra gestión (en la AFI) no hicimos ni una sola pre-causa”, destacó el senador, y añadió que cuando se reformó la Ley de Inteligencia en el gobierno de Cristina Kirchner estuvieron “a punto de eliminarlas”, pero no lo hicieron porque “los iban a acusar de que no querían perseguir al terrorismo”.

Finalmente, Parrilli informó que el gobierno macrista “hizo 55 pre-causas, de las cuales se analizaron 20 (en el informe de la Bicameral), y por ejemplo, apareció una causa de una modelo que había sido novia de (Alberto) Nisman porque supuestamente estaba relacionada con actividades del ISIS”.

Diputados de la oposición piden citar a Cristina Caamaño

Por la filtración de datos de agentes de inteligencia, Graciela Ocaña solicitó convocar a la Bicameral del Ministerio Público a la titular de la AFI y a los fiscales intervinientes.

La diputada nacional de Confianza Pública, Graciela Ocaña, pidió que se cite a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, y a los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide para evaluar su participación en la filtración de datos relacionados al espionaje ilegal.

A través de una nota dirigida al presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público, Martín Doñate, la legisladora nacional, que integra esa comisión, señaló que “la evidente impericia que habría mostrado la interventora al enviar, aparentemente, la documentación secreta sin los recaudos de protección necesaria, y la decisión de los fiscales de correr traslado digital de tales instrumentos, que deberían haber quedado como prueba reservada por su carácter sensible y secreto, son conductas que han puesto en peligro la vida de los agentes y las de sus familias, como así también la seguridad interior de nuestro país”.

En ese sentido, Ocaña afirmó que “al tomar conocimiento las partes intervinientes en el proceso de su existencia, pareciera que todos los responsables de mantener ese elemental resguardo han incumplido sus obligaciones funcionales, y por ello es tan importante y vital que esta Comisión tome cartas en el asunto e impulse las citaciones”.

“Revelar la identidad de los agentes que se encuentran protegidos por la Ley de Inteligencia constituye nada menos que un delito contra la seguridad de la Nación (y de las personas cuya identificación se facilitó), por lo cual es urgente y perentorio la concurrencia de los fiscales y la interventora de la AFI para que brinden las explicaciones del caso”, subrayó la diputada en el escrito.

Ocaña consideró que “es vergonzosa la filtración de 3.850 resoluciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) conteniendo decenas de datos sensibles que se encontraban en el Libro de Protocolo de Resoluciones conteniendo nombres personales, números de documentos, designaciones, viajes, jubilaciones de espías y ex agentes de inteligencia, registro de entradas y salidas entre tantos otros”.

Asimismo, sostuvo que “es escandalosa la filtración de datos personales del expresidente Mauricio Macri, tales como sus claves, direcciones, teléfonos, bienes personales, tarjetas de crédito, mails, entre otros datos, en violación de su derecho de privacidad e intimidad extralimitándose ampliamente el objeto procesal de la causa al publicar esos datos personales”.

La Bicameral de Inteligencia inició un sumario por espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan

La comisión presidida por Leopoldo Moreau se reunió este lunes en forma reservada por la denuncia presentada por la interventora de la AFI. Recibirán a abogados querellantes.

La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside el diputado Leopoldo Moreau, inició un sumario de investigación por el presunto espionaje ilegal hacia familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan durante la gestión anterior.

La bicameral se reunió este lunes en forma reservada, con algunos de sus integrantes en forma presencial y otros vía teleconferencia, y acordaron designar una subcomisión encargada de instruir el sumario de investigación.

“La semana que inicia pondremos en marcha la investigación”, anunció Moreau desde el Salón de Pasos Perdidos, e informó que recibirán el testimonio de los abogados que representan a la querella.

En diálogo con el canal C5N, el diputado afirmó que días atrás fueron notificados de la denuncia que presentó la interventora de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), Cristina Caamaño, en Mar del Plata, “que es de donde salió toda la actividad de inteligencia ilegal”.

Además, el viernes pasado, Moreau se reunió con una de las abogadas que representan a los familiares, y que también sumó elementos para la investigación.

“Vamos a avanzar rápidamente porque este es un hecho moralmente perverso. Es uno de los temas de espionaje ilegal que más compromete al expresidente (Mauricio) Macri, porque esos informes estaban dirigidos directamente a él”, advirtió el legislador del Frente de Todos.

Sostuvo que “cada vez que Macri tenía alguna vinculación con el tema ARA San Juan, cuando recibía a los familiares, cuando iba a jugar al golf al club que está sobre la Base Naval de Mar del Plata, o cuando fue a Chapadmalal, la AFI le hacía un informe”.

“El usuario de esos informes era el presidente. Hay fotos de los familiares, seguimiento a los familiares, y de paso hicieron inteligencia ilegal sobre partidos políticos y organizaciones en Mar del Plata. Eso está definitivamente probado”, aseguró.

Por último, señaló que ahora “hay que analizar si tuvo algún grado de participación la Inteligencia Militar del Ministerio de Defensa”, algo que todavía “está bajo análisis”.

“No nos guía el odio o la venganza, solo queremos justicia”, dijo Osuna

La diputada, que integra la Bicameral de Inteligencia, se expresó así tras la ola de detenciones en la causa de espionaje ilegal.

“No nos guía el odio o la venganza, solo queremos justicia”, aseguró la diputada nacional Blanca Osuna (Frente de Todos), integrante de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos de Inteligencia, al referirse a las 22 detenciones en la causa por espionaje ilegal.

La entrerriana aseguró que “los avances en las investigaciones  por el espionaje ilegal del macrismo a referentes políticos, sociales, gremiales, sindicales y religiosos entran en una etapa definitoria”.

“Nuestra participación en la Bicameral de Inteligencia nos posibilita tener una dimensión cabal de todo este entramado perverso e ilegal y promover que salga de la oscuridad y sea juzgado con todas las garantías constitucionales”, explicó Osuna en un comunicado.

La legisladora advirtió que “la gravedad del delito que supone la construcción de un aparato de persecución, espionaje, armado de causas y coacciones en el corazón del Estado nacional no tiene antecedentes en la historia democrática de la Argentina”.

“No nos guía el odio o la venganza, ni el show de detenciones en la madrugada. Solo queremos justicia, como brújula cotidiana que aporte a la realidad”, manifestó.

Además, enfatizó que “el caso más emblemático de la persecución es Cristina Fernández de Kirchner, como síntesis colectiva de proyectos nacionales y populares y como la resistencia opositora más contundente a los cuatro años de ajuste, hambre y endeudamiento del macrismo”.

Por último, Osuna reclamó “un nunca más a la Inteligencia y el oscurantismo como prácticas políticas de persecución y amedrentamiento a opositores, propios y extraños”.

La Bicameral de Inteligencia controlará la actividad de la oficina de escuchas judiciales

Lo dispusieron Cristina Kirchner y Sergio Massa en una resolución conjunta, en cumplimiento de un convenio firmado entre el Congreso y la Corte Suprema durante el gobierno de Macri.

La vicepresidenta Cristina Kirchner y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, firmaron este martes una resolución conjunta para que la Comisión Bicameral de Inteligencia asuma el control y el seguimiento de la oficina de escuchas judiciales, dependiente de la Corte Suprema de Justicia.

En la resolución, que lleva el número 8/20, Cristina y Massa dispusieron que sea la comisión que actualmente preside Leopoldo Moreau (Frente de Todos) la que lleve adelante el control sobre la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación.

La disposición se firmó en el marco de un convenio suscrito el 29 de septiembre de 2016, bajo la gestión de Mauricio Macri, entre el Congreso Nacional y la Corte Suprema.

En ese convenio, se puso en cabeza del Congreso el seguimiento de las actividades de la oficina de escuchas, “a efectos de garantizar estándares de imparcialidad y transparencia institucional y la actualización permanente de los métodos más eficaces para prestar asistencia contra el crimen organizado”.

Dado que se facultó a Congreso para determinar la modalidad de este control, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados asignaron la tarea a la Bicameral de Inteligencia.

A su vez, dispusieron la creación de una subcomisión permanente que deberá informar semestralmente a la presidencia de ambas Cámaras sobre los avances de la bicameral en ese sentido.

Cabe recordar que, con el voto del Frente de Todos, el Senado rechazó el DNU que traspasó las escuchas telefónicas del Ministerio Público a la Corte Suprema, pero el decreto debe ser tratado en la Cámara de Diputados para quedar definitivamente anulado.

Parrilli rechazó que el general Milani haya montado una “inteligencia paralela”

El oficialista salió al cruce de Luis Naidenoff, quien sugirió que en la gestión del jefe del Ejército “más que a inteligencia, se dedicaron a otra cosa”.

El senador y exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli rechazó este miércoles que el general César Milani, exjefe del Ejército, haya montado una “inteligencia paralela”, tal como sugirió semanas atrás el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff.

En la sesión del pasado 4 de junio, Naidenoff aseguró que “cuando Milani fue designado como jefe del Ejército y tuvo a su cargo la inteligencia, más que a inteligencia se dedicaron a otra cosa”.

Pero Parrilli recordó que, cuando él asumió en la AFI, realizó “una inspección sobre todas las dependencias del general Milani a los efectos de determinar si efectivamente existía lo que se denunciaba en los medios”, lo cual, según él, fue descartado.

El senador recordó que tanto Julio Martínez, exministro de Defensa, como Patricia Bullrich, de Seguridad, habían advertido sobre la existencia de un organismo de inteligencia paralela, y sin embargo el propio Martínez admitió luego que “no se encontró nada que comprometa” a Milani y que, si realizó esas prácticas, “lo hizo por afuera de la estructura oficial”.

“No voy a defender a Milani, él solo se tendrá que defender”, aclaró Parrilli, pero denunció que los exfuncionarios de la gestión de Cambiemos “mentían y lo hacían adrede”.

El senador del Frente de Todos agregó que él sí realizó denuncias contra funcionarios de Inteligencia que presuntamente se habían apartado de la ley, lo que derivó en la apertura de ocho causas penales.

“En épocas como las actuales, donde vemos las cloacas de la democracia, donde vemos que el gobierno anterior solo se dedicó a espiar a ciudadanos, a endeudarnos de forma irracional y a generar ganancias exorbitantes para el grupo de amigos de Macri, son cosas que no podemos dejar pasar”, concluyó.

El Ejecutivo envió al Senado el pliego de Caamaño como directora de la AFI

La actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, que denunció espionaje ilegal, es propuesta para encabezar el organismo.

Tras la denuncia por espionaje ilegal durante la gestión anterior, el Poder Ejecutivo envió al Senado el pliego de Cristina Caamaño como directora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), organismo del cual es interventora.

El pedido de acuerdo ingresó con las firmas del presidente Alberto Fernández y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y ahora la Cámara alta deberá darle ingreso formal.

A continuación, el pliego deberá ser debatido por la Comisión de Acuerdos, que preside la oficialista Anabel Fernández Sagasti.

Según el procedimiento, Caamaño será convocada a una audiencia de la comisión en la que deberá responder preguntas de sus integrantes.

El pliego de la actual interventora de la AFI, una vez que obtenga dictamen, será debatido en el recinto, donde se requiere mayoría simple.

Caamaño reemplaza desde diciembre del año pasado y por un decreto del presidente Fernández a los macristas Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, director y vicedirectora, respectivamente, de la AFI desde 2015.

En mayo, Caamaño presentó una denuncia penal por espionaje ilegal hacia dirigentes políticos, periodistas y sindicalistas durante el gobierno de Cambiemos, tras el hallazgo de información recuperada de un disco rígido que había sido borrado.

La denuncia quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y del fiscal Jorge Di Lello en los tribunales federales de Retiro, aunque por el tema del espionaje se sustancian otros dos expedientes en sendos tribunales federales de Lomas de Zamora.

El jefe de Gabinete calificó como “exitosa” la intervención de la AFI

Además, ratificó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para “normalizar” la Agencia Federal de Inteligencia.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, calificó como “exitosa” la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y ratificó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para “normalizar” ese organismo.

Lo dijo ante una pregunta del senador Oscar Parrilli (Frente de Todos), acerca de “cuáles son los lineamientos que tiene pensado el Gobierno para poner a los servicios de Inteligencia en dirección de resguardar al Estado y que tengan pautas democráticas”.

Cafiero indicó que “hace falta una reforma de la normativa vigente” y por eso se propondrán cambios a la ley actual.

“Hasta acá la intervención ha sido exitosa porque ha podido transparentar recursos, blanquear estructuras, y la AFI se ha puesto a funcionar dentro de un marco democrático y normativo”, destacó.

Sobre el espionaje ilegal denunciado por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, Cafiero le respondió a Parrilli: “El presidente (Alberto Fernández) lo llama ‘sótanos de la democracia’, usted lo llama ‘cloaca de la democracia’, y yo no tengo más que coincidir con ambos”.

Tenemos que ser el gobierno que diga ‘nunca más’ a este tipo de prácticas donde se inventan causas mediáticas y se persigue a opositores propios y ajenos”, afirmó el jefe de Gabinete.

Weretilneck se presentó como querellante en la causa por espionaje ilegal

El senador pidió que también se investigue el delito de peculado. “Acá hubo una decisión política, no fue una decisión personal a espaldas del presidente”, sostuvo.

El senador nacional de Juntos Somos Río Negro Alberto Weretilneck se presentó como querellante en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal que realizó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno del presidente Mauricio Macri contra dirigentes políticos, empresarios, y periodistas.

Con el patrocinio de los abogados Mariano Cúneo Libarona y Damián Torres, Weretilneck amplió la denuncia para que se investigue el presunto delito de peculado, ya que se habría utilizado un servicio del Estado Nacional para fines personales. La presentación se concretó este martes en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 8 de Buenos Aires.

“Tomamos conocimiento de lo ocurrido a partir de los medios de comunicación y luego por la denuncia formal. Ahora esperamos la aceptación de la Justicia como querellantes. Nosotros solicitamos que se investiguen dos presuntos delitos: la intercepción de correspondencia privada, invasión a la privacidad, e incorporamos el peculado, porque utilizaron los bienes públicos en beneficio de particulares o sin marco jurídico legal. Por eso ampliamos la denuncia”, explicó el exgobernador rionegrino.

Consultado por el canal C5N sobre el motivo del espionaje, Weretilneck afirmó: “No sé exactamente qué estaban buscando. Cuando abran el disco rígido y se conozca la fecha y la temática, podremos saber qué estaban buscando. Sinceramente sólo tengo sospechas, pero supongo que si tomaron la decisión de leer mis correos electrónicos, también habrán estado siguiendo mis movimientos y mi teléfono. Hay que esperar que avance la investigación”.

Acá hubo una decisión política, no fue una decisión personal a espaldas del presidente. Uno puede tener decisiones autónomas como funcionario, pero una decisión de estas características, no se toma en soledad. Son temas muy profundos, pero acá se montó todo un sistema ilegal, es una forma de llevar adelante el poder. Lo más grave de todo esto no es la utilización de los bienes públicos, sino el por qué. Hay que ver si espiaron para sacar ventajas electorales, comerciales o el día de mañana perjudicar a una persona”, concluyó.

Parrilli acusó a Macri y a jueces de montar “el mecanismo más perverso de Inteligencia ilegal”

Según el senador, desde la oficina de escuchas “se montó una Inteligencia monumental y paralela a la AFI de Arribas”.

oscar parrilli senador

El senador y extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli acusó al expresidente Mauricio Macri y a la “mesa judicial” que, según el kirchnerismo, se formó durante su gestión, de “llevar adelante el mecanismo más perverso de Inteligencia ilegal en Argentina”.

Así se pronunció Parrilli al defender el rechazo a los DNU 256/15 y 102/17, sobre el traspaso de las escuchas telefónicas de la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia.

El legislador recordó que “paradójicamente” el decreto original señalaba que las escuchas pasaban a la órbita de la Corte “para controlar que no se afecte la intimidad de las personas más allá del objetivo buscado, que es el de la investigación”.

Tal como informó su par Anabel Fernández Sagasti, Parrilli advirtió que en los diarios Clarín y La Nación se difundió que el juez Martín Irurzun sería el futuro titular de la oficina de escuchas, “dos días antes” de la realización del supuesto sorteo.

A raíz de eso, Parrilli denunció penalmente a Ricardo Lorenzetti y también presentó una nota para conocer “dónde están las fojas, dónde está el sorteo realizado”. “Si (Irurzun) fue designado a dedo, Lorenzetti ha incurrido en el delito de adulteramiento de documento público”, aseveró.

En tanto, alertó que “desde esa oficina se montó una Inteligencia monumental y paralela a la AFI de (Gustavo) Arribas, y desde allí comenzaron a hacer todas las pinchaduras telefónicas, algunas legales y otras ilegales”.

El propio Parrilli dijo haber sido víctima de este modus operandi y denunció que “le inventaron dos causas” vinculadas a un supuesto robo de documentación de la AFI y al encubrimiento de un narcotraficante.

“Hubo un equipo que comandaba el presidente Macri junto con personal de Inteligencia, Arribas, (Silvia) Majdalani, la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich), la famosa ‘mesa  judicial’, jueces y fiscales, que llevaron adelante el mecanismo más perverso de Inteligencia ilegal en Argentina”, finalizó.

“Hay una hoja de ruta de la revancha”, denunció Naidenoff

“Mientras hablan del pasado, hay enormes problemas en lo cotidiano”, advirtió el senador al cuestionar la decisión de tratar dos DNU de la gestión anterior y de investigar la fuga de capitales durante el macrismo.

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff,  denunció en la sesión de este jueves que en el Congreso el oficialismo aplica una “hoja de ruta de la revancha” al tratar dos DNU firmados en la gestión anterior y promover una investigación sobre la fuga de capitales durante el macrismo.

Naidenoff recordó que “el Frente de Todos acompañó la idea de tratar solo proyectos vinculados a la pandemia y la emergencia”, pero “así como la pandemia nos unía, el oficialismo avanzó con una hoja de ruta que nada tiene que ver con los intereses de la sociedad”.

Según el formoseño, “primero montaron un show” en la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa “para decir ‘acá están los amigos de Cambiemos que se quedaron con todos los dólares’”.

Sin embargo, habló de un informe del portal El Cohete a la Luna, del periodista Horacio Verbitsky, que muestra que “los grandes amigos se enriquecieron en los doce años de gobierno anterior”, en particular la familia Eskenazi.

Naidenoff también se refirió a la citación a Mario Cimadevilla, extitular de la Unidad Especial AMIA, a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, “tratando de erigir a este Senado como un tribunal fiscalizador”.

Al expresarse sobre los DNU 256/15 y 102/17, vinculados a las escuchas telefónicas, sostuvo que éstas “no pueden estar en manos del Ministerio Público Fiscal” como era originalmente, ya que “los fiscales acusan y solicitan medidas de prueba, y son los jueces los que ordenan las medidas probatorias”.

“En Argentina se ha implementado el sistema acusatorio, donde el fiscal puede pedir pruebas, como un allanamiento, una escucha o una extracción de sangre compulsiva. No puede el Ministerio Público Fiscal tener bajo su poder semejante herramienta judicial. La Corte es el mejor órgano encargado”, consideró.

Asimismo, el senador cuestionó el decreto de la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el 52/19, al señalar que el oficialismo “tiene el número en la Comisión de Acuerdos” para designar en ese ámbito al nuevo titular del organismo.

Naidenoff afirmó que “el tema del espionaje es una deuda institucional que atraviesa a todos los gobiernos, de los ’90 a la fecha”, y agregó que esta actividad se aplicó en forma “grotesca, burda, infame” y que “afectó a todos”, ya que fueron víctimas dirigentes políticos, sindicales, periodistas, empresarios, personalidades de la cultura y hasta el propio papa Francisco.

“Todo esto sirvió para apretar, para extorsionar, para degradar. Este es un agujero negro”, dijo,y si bien indicó que “las denuncias de espionaje se resuelven en la Justicia”, advirtió que “en materia de servicios de Inteligencia, la Justicia argentina no es parte de la solución, sino parte del problema”.

A raíz de todo esto, el titular del interbloque Juntos por el Cambio alertó: “Hay una hoja de ruta de la revancha, pero se olvidan que mientras hablan del pasado, hay enormes problemas en lo cotidiano”.

Y amplió: “La sociedad hoy está mirando otra cosa: los contagios, la pérdida de empleo, las pymes que miran si el Estado va a cubrir o no el otro 75% de los haberes porque están paradas, porque bajaron las persianas por una situación ajena”.

Por último, comparó: “El oficialismo en el Senado se asemeja a la orquesta del Titanic. Mientras el transatlántico se está hundiendo y algunos pasajeros están peleando por sus vidas, la orquesta sigue tocando en la cubierta como si nada pasara”.

La Bicameral de Inteligencia pedirá a la AFI que amplíe la denuncia sobre espionaje ilegal

La comisión que preside Leopoldo Moreau recibió la denuncia hecha por la interventora del organismo. Además, se constituyó una sub-comisión que analizará otra denuncia hecha por un exfuncionario del Ministerio de Defensa.

Con la mayoría de sus miembros en forma presencial, la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control y Organismos y Actividades de Inteligencia se reunió este miércoles y recibió la denuncia formulada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, sobre supuesto espionaje ilegal a dirigentes, legisladores, sindicalistas y periodistas durante la gestión de Mauricio Macri.

La comisión presidida por el diputado Leopoldo Moreau (Frente de Todos) acordó requerir a la AFI que amplíe información sobre la denuncia, conocida a seis meses de intervención del organismo, donde se acusa a la conducción de Gustavo Arribas de interceptar unos 80 correos electrónicos sin orden judicial.

De los catorce integrantes, once participaron de la reunión en el Salón Delia Parodi, entre ellos Moreau, los diputados Rodolfo Tailhade, Blanca Osuna (Frente de Todos) y José Cano (UCR), y los senadores Oscar Parilli y Gerardo Montenegro (Frente de Todos). Solo tres se conectaron por videoconferencia, con los recaudos de seguridad necesarios por tratarse de una reunión reservada.

En conferencia de prensa en el Salón de Pasos Perdidos, Moreau aclaró que “todavía no se abrió una investigación específica” de la bicameral sobre la denuncia de Caamaño, sino que se solicitó a la AFI “una ampliación de información” para dilucidar “el procedimiento por el cual se llegaron a constatar estas pinchaduras sobre correos electrónicos” y “cómo transitó la cadena de responsabilidades”.

“Hicimos hincapié en el hecho de que además de las figuras públicas, hay algunos nombres y apellidos que no tienen la misma notoriedad, pero son militantes o dirigentes de fuerzas políticas, que es lo que más nos preocupa, porque quiere decir que no solamente se avanza sobre personas, sino también sobre organizaciones políticas, algo que está muy expresamente prohibido por la Ley de Inteligencia”, explicó el titular de la bicameral.

Consultado sobre el papel de Mauricio Macri, sostuvo que “esa es una cuestión que debe dirimirse en sede judicial” y aclaró que el expresidente “tiene un requerimiento para ser indagado” en la causa llevada adelante por el fiscal Jorge Di Lello e instruida por el juez Marcelo Martínez De Giorgi.

Ritondo desligó a Macri de la denuncia hecha por la interventora de la AFI

El jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, salió en defensa de Macri. “Confío en la investigación judicial, pero descarto que por alguna orden política haya habido un trabajo de estas características”, dijo a la prensa, y consideró que “tiene que haber pruebas mucho más concretas” para comprobar los hechos, por lo cual “se han requerido peritos”.

“Este es un cuento de nunca acabar, es algo recurrente en los servicios de Inteligencia. En cualquier gobierno donde se viole la Ley de Inteligencia contra cualquier persona, eso es violar el sistema democrático. La AFI debe garantizar la ley, tiene extremadamente prohibido hacer inteligencia sobre partidos políticos”, remarcó Ritondo.

La oficialista Osuna, otra de las integrantes de la bicameral -que viajó desde Entre Ríos para asistir a la reunión- condenó “el accionar ilegal de la AFI, que fue convalidado en el gobierno de Macri y que se caracterizó por el descontrol, el espionaje político y las extorsiones, sumados a escuchas a favor de los negocios privados de personajes del círculo afín al gobierno”.

“La ilegalidad de la actuación del organismo mientras estuvo en manos de Arribas y Macri es de un nivel de gravedad institucional que nos moviliza a actuar con urgencia, ya que este funcionamiento afecta la democracia”, aseveró, y concluyó: “Seguiremos con expectativa el proceso que se abre con la denuncia efectuada por Caamaño”.

La denuncia de Vila

Por otra parte, dentro de la bicameral se constituyó una sub-comisión que analizará otra acusación, formulada por el exsubsecretario de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa, José Luis Vila, quien “denunció que fue objeto de intimidaciones y amenazas, al colocarle una bomba en la puerta del edificio donde habitaba”, reveló Moreau.

La semana pasada, Vila brindó detalles del supuesto atentado a los diputados Moreau, Ritondo, Eduardo Valdés (Frente de Todos) y Sebastián García De Luca (Pro). “Jueces que están interviniendo nos enviaron oficios que nos dieron indicios y certezas de que hay agentes de Inteligencia que llevaron adelante acciones violatorias de la ley”, advirtió el presidente de la comisión.

Además, aclaró que Vila “no es un arrepentido; es una víctima de una campaña de intimidación y persecución”. “Aparentemente, un grupo de narcotraficantes habría actuado en consonancia con un agente de la AFI, que a su vez dice haber recibido órdenes superiores, en esta actividad de intimidación y amenazas”, indicó Moreau.

Según trascendió, desde la sub-comisión se citará para los próximos días al periodista Carlos Pagni, quien fue mencionado por Vila en su declaración.

Escándalo por un DNU de Macri: la oposición se retiró a los gritos de una reunión virtual

Se trata del decreto que traspasó las escuchas telefónicas a la Corte Suprema. Juntos por el Cambio advirtió que ya se había dictaminado, pero el oficialismo prosiguió con el tratamiento.

Por Carolina Ramos

Tras dos semanas donde predominó la armonía, oficialismo y oposición se volvieron a sacar chispas este martes en reuniones virtuales. Tras los fuertes cruces en la Bicameral de la Deuda Externa, Juntos por el Cambio se retiró de otra comisión, la de Trámite Legislativo, en medio de gritos y acusaciones cruzadas. El motivo: el DNU  de Mauricio Macri que traspasó las escuchas telefónicas a la Corte Suprema.

El presidente de la bicameral, Marcos Cleri, había convocado a tratar siete decretos, entre ellos el 256/15, que transfirió el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones de la órbita de la Procuración General -entonces encabezada por Alejandra Gils Carbó- al máximo tribunal.

El debate tenía un condimento extra: la denuncia por parte de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, acerca del espionaje ilegal cometido durante la gestión de Cambiemos contra dirigentes y legisladores -algunos, del propio oficialismo de aquel entonces-, además de sindicalistas y periodistas.

La oposición se desconectó de la reunión virtual (Foto: Comunicación Senado)

De entrada, el diputado Pablo Tonelli pidió retirar del temario ese decreto, junto con otro dictado por Macri, el 102/17, que puso a cargo del Poder Judicial la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, en cabeza de los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra.

Tonelli recordó que “ambos decretos ya fueron dictaminados por esta bicameral”, el primero el 16 de febrero de 2016 y el segundo, el 21 de marzo de 2017.

“¿Cuál sería el justificativo para volver a tratar esos decretos? Si el motivo fuera alegar la caducidad de los dictámenes, la caducidad no existe. Tanto el reglamento de Diputados como el del Senado, cuando hablan de la caducidad de los dictámenes, se refieren a las comisiones permanentes, pero no de las comisiones especiales o bicamerales”, explicó el legislador del Pro, y consideró que insistir en el debate de esos decretos sentaría “un pésimo precedente para del funcionamiento de la comisión”.

Desde el Salón Delia Parodi de la Cámara baja, Cleri respondió que “hay una situación de fondo: la oportunidad para senadores y diputados de fijar nuevamente una posición sobre los DNU”. Recordó que en aquel entonces el peronismo/kirchnerismo rechazó el decreto de las escuchas telefónicas porque tratándose de un tema penal, “es materia vedada” por la Constitución Nacional.

Pero además, señaló: “Hay hechos que se van sumando, como la denuncia penal de Inteligencia sobre 80 personalidades y ciudadanos. Uno de ellos es mi persona”. En efecto, Cleri fue una de las víctimas junto a otros legisladores como Mario Negri, Nicolás Massot, Gabriela Cerruti y Rodolfo Tailhade, entre otros.

Cleri fue uno de los espiados por la AFI, según la denuncia (Foto: Comunicación Senado)

La discusión empezó a levantar temperatura. “Con este criterio, para que algunos legisladores que se incorporan puedan dictaminar, vamos a terminar haciendo un revisionismo. Esto no funciona así”, advirtió el senador Luis Naidenoff, que opinó, junto al diputado Omar De Marchi, que esos decretos ya superaron la instancia de la bicameral y deben pasar a los recintos.

Intervino entonces la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien consideró “oportuno” el tratamiento del DNU porque “más allá de nuestras pertenencias partidarias, tenemos un bien muy superior que cuidar, que es la institucionalidad. Los reglamentos son excusas para no tratar el fondo de la cuestión, que es devolver normalidad a las instituciones”.

“La Justicia, la Procuración General de la Nación y la propia AFI deben ser las que se encarguen de cuidar a los ciudadanos y no filtrar sus teléfonos, sus mails y conversaciones personales con el único fin de divulgar esas conversaciones”, aseveró la vicejefa del bloque oficialista, mientras los legisladores de la oposición amagaban con desconectarse de la reunión.

“¡Quizá esto sea para dárselo nuevamente a Daniel Rafecas!”, sugirió un enojado De Marchi, levantando el tono para pedirle la palabra a Cleri. “¿Por qué me silencia? ¡Si no me quiere dar la palabra, nos retiramos y se acabó!”, lanzó el mendocino. Fernández Sagasti se interpuso: “¡¿Es una barricada esto?! Uno no puede imponerse en el uso de la palabra violando todas las reglas de buenas costumbres”.

Uno a uno, los representantes de Juntos por el Cambio se retiraron de la videoconferencia y dejaron al oficialismo debatiendo los decretos en soledad. “La oposición, en vez de irse, debería haber votado su propio dictamen”, comentó el senador Pablo González, cuando ya no lo oían.

“Una deuda con la institucionalidad”

Ante la tropa propia, Fernández Sagasti se encargó de criticar el DNU de la polémica y sostuvo que con su rechazo se busca “saldar una deuda con la institucionalidad de nuestro país”.

La mendocina recordó que cuando se dio el debate, en febrero de 2016, ya sostenían que “el objetivo del macrismo, con un DNU adornado de legalidad pero totalmente ilegal y contrario a la Constitución y al proceso penal, era pasarle a la Corte las escuchas, y ésta, mediante una acordada, designar a jueces que eran orientados por la mesa judicial del macrismo”.

Según Fernández Sagasti, después del dictado del DNU, “la Corte actuó en línea con el presidente Macri y dictó una acordada para que el juez Irurzun se hiciera cargo de las escuchas”. “Supuestamente esa designación se hizo a través de un sorteo, pero dos días antes del sorteo los diarios Clarín y La Nación sabían que el sorteado iba a ser Irurzun”, denunció.

La senadora mencionó entonces las “filtraciones de conversaciones de quienes pensaban distinto al gobierno de Macri” y alertó que “un dispositivo que tiene que ser orientado a prevenir delitos complejos fue direccionado para perseguir sistemáticamente a la oposición de ese momento e instalar el lawfare en Argentina”.

En ese contexto, señaló que no solo “el sistema de escuchas es materia penal vedada por la Constitución”, sino que también se violó la garantía del debido proceso, porque las escuchan “estaban en manos de quienes debían garantizar la privacidad de los argentinos”. “La misma Corte era la que intervenía esos teléfonos”, insistió, y finalizó: “Vamos a poner en su lugar aquello que nunca debió haber salido de la legalidad”.

Los decretos avalados y rechazados

En soledad, el Frente de Todos firmó dictamen de validez sobre cinco decretos del temario, y los dos restantes, firmados durante el macrismo, fueron declarados inválidos. Cleri anunció que todos se tratarán en la próxima sesión del Senado.

A continuación, el listado completo:

DNU 487/2020 (avalado). Prorroga la prohibición de efectuar despidos.

Decreto delegado 488/2020 (avalado). Petróleo crudo en el mercado local. Establece precio para facturación de entregas.

DNU 256/2015 (rechazado). Transfiere el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) dependiente de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración General de la Nación a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

DNU 102/2017 (rechazado). Modifica el decreto 256/15, estableciendo que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación estará a cargo de dos Jueces penales con rango de Juez de Cámara.

DNU 52/2019 (avalado). Dispone la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por el plazo de 180 días prorrogables.

Decretos 391/2020 y 404/2020 (avalados). Reestructuración de títulos públicos emitidos bajo ley extranjera.

Diputado radical advierte sobre contradicciones en un DNU

Es el conocido este jueves con modificaciones a la Ley de Inteligencia. Gustavo Menna advirtió también que debió haberse tratado a través de un proyecto de ley.

“El DNU 214/2020 sobre modificaciones a la Ley de Inteligencia se presenta como la prohibición de que los organismos de inteligencia realicen tareas represivas, posean facultades compulsivas y cumplan funciones policiales y de investigación criminal. Esas actividades ya estaban prohibidas en la ley 25.520, en el mismo art. 4 inc. a) que modifica el DNU, salvo orden judicial librada en una causa concreta y con sujeción a las reglas procesales”, explicó el diputado nacional Gustavo Menna (UCR – Chubut).

Para Menna, “la novedad es que de aquí en más los jueces no podrán contar con estos organismos como auxiliares. Las investigaciones judiciales serán menos eficaces. El DNU no trata las actividades ilegales, hechas sin orden judicial en una causa concreta. Pero llamativamente, el DNU deja vigente el art. 15 bis de la ley, que permite que las autoridades judiciales tengan relación con la AFI, lo cual contradice la prohibición”.

“Una cuestión tan trascendente de una ley central para el sistema democrático junto a la ley de Defensa y a la de Seguridad Interior, debió ser tratada mediante un proyecto de ley y no a través de un DNU”, concluyó el legislador.