Justo al límite de completar los tiempos que establece la ley, el Gobierno de Javier Milei mandó al Congreso de la Nación el decreto de necesidad y urgencia 941/25 que reforma la Secretaría de Inteligencia y habilita cambios en la Ley de Inteligencia, con el fin de que el mismo sea tratado en la Comisión Bicameral de Permanente de Trámite Legislativo, la cual tiene competencia para pronunciarse sobre los DNU.

Así lo establece la ley, que señala que el Poder Ejecutivo, dentro de los 10 días de dictado un decreto de delegación legislativa, lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, la cual debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento.

Suscripto el último día del año anterior, los diez días hábiles se cumplían este jueves, razón por la cual, al filo de los tiempos -tal cual es su costumbre- el Gobierno dio curso a la bicameral que, dicho sea de paso, todavía no ha sido constituida.

Si esto no sucedía, la Bicameral estaba en condiciones de abocarse de oficio al tratamiento del tema. Como sea, ahora cuenta con un plazo de 10 días hábiles para dictaminar, contados a partir de este viernes. Esto es, hasta el jueves 29 de enero tiene tiempo la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para emitir el dictamen correspondiente. Si ese plazo vence sin que la comisión haya elevado el correspondiente despacho, las cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto, de conformidad con lo establecido en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la Constitución Nacional.

Por lo pronto, la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo debe ser primero constituida, dado que sus integrantes duran en sus funciones hasta la siguiente renovación de la Cámara a la que pertenecen. La comisión está integrada por 8 diputados y otros tantos senadores, designados por los presidentes de sus respectivas cámaras, a propuesta de los bloques parlamentarios y espetando la proporción de las representaciones políticas.

Su último presidente fue el diputado Oscar Zago (MID); ahora corresponde que la comisión esté presidida por un senador. Los diputados que conformaban la anterior bicameral eran, además del citado Zago, Lisandro Almirón (LLA), Ramiro Gutiérrez (UP), Vanesa Siley (UP) y Nicolás Massot (Encuentro Federal), y los exdiputados Carolina Gaillard (UP), Hernán Lombardi (Pro) y Francisco Monti (Liga del Interior). Y los senadores eran Anabel Fernández Sagasti (UP), Mariano Recalde (UP), Luis Juez (Pro), Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal) y Juan Carlos Pagotto (LLA), y los ex senadores María Teresa González (UP), Víctor Zimmermann (UCR) y Juan Carlos Romero (Cambio Federal).

Está claro que la resolución del tema tendrá lugar en el mes de febrero, cuando la oposición buscará impulsar el tratamiento del DNU en ambos recintos. Será el primer gran desafío que tendrá el oficialismo con su nueva conformación, más el antecedente no menor de que fue precisamente un decreto de necesidad y urgencia sobre el tema Inteligencia (en ese caso fondos reservados por cien mil millones de pesos) el primer DNU rechazado a un gobierno.

Las chances de rechazo

El tratamiento del DNU puede comenzar por cualquiera de los dos recintos. Obviamente Unión por la Patria hace punta en ambas cámaras, sumando a sus 93 diputados, a los que habrá que sumar a los 4 de la izquierda. Y también, sin duda, a los 22 del interbloque Unidos.

Para el rechazo necesitarán contar con una decena más de diputados: seguramente Marcela Pagano (Coherencia), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) y Jorge “Gato” Fernández (Primero San Luis), pero no hay muchas certezas de que pueda llegar a alcanzar los 7 restantes.

Si bien los diputados del Pro votaron contra el anterior DNU sobre inteligencia, ahora no es probable que suceda. A través de un comunicado conocido el día de la publicación del DNU en el Boletín Oficial, el bloque que conduce Cristian Ritondo advirtió que “los cambios introducidos podrían resultar positivos”, aunque aclararon que era “imprescindible” conocer “los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos, tanto para las tareas de contrainteligencia como para las facultades vinculadas a la aprensión de personas, subrayando que esta última es de carácter restrictivo y excepcional, dado que el agente de inteligencia no puede revelar su identidad ni darse a conocer durante el ejercicio de su función”.

En el Senado en cambio el peronismo asegura 28 votos en contra, y podría garantizarse un número impreciso de radicales. El resto está en veremos.

Qué dice el DNU

Uno de los cambios más sensibles del DNU 941/25 aparece en el nuevo artículo 2° bis incorporado a la ley. Allí se establece que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad”. La norma no distingue entre tipos de tareas ni niveles de intervención y declara como regla general el carácter secreto de toda actividad de inteligencia, con el objetivo explícito de reducir riesgos estratégicos.

El DNU también define por primera vez qué se entiende por “investigación de inteligencia”, describiéndola como el conjunto de tareas y procedimientos destinados a identificar “acciones y actores involucrados en actividades de interés para la Inteligencia Nacional”.

Otro eje central de la reforma es la redefinición de la contrainteligencia. El nuevo artículo 2° quater amplía de manera significativa su alcance: incluye la prevención de espionaje, sabotaje, infiltración, fuga de información, injerencia, interferencia e influencia externa sobre el proceso decisorio de las autoridades constitucionales, los intereses estratégicos nacionales y la población en general.

Además, el decreto introduce las denominadas “Medidas de Seguridad de Contrainteligencia”, que deberán ser adoptadas en todo el Sector Público Nacional y cuya responsabilidad recae directamente en los titulares de cada organismo estatal. Se trata de un punto clave: la contrainteligencia deja de ser una tarea exclusiva del sistema de inteligencia para transformarse en una obligación transversal de la administración pública.

El senador nacional Jorge "Coqui" Capitanich presentó un proyecto, junto a sus pares del bloque Justicialista, para que se derogue el DNU 941/25, por el cual el Gobierno introdujo una profunda reforma de la SIDE. El decreto, firmado el último día del 2025, ya despertó numerosos rechazos, así como también presentaciones judiciales en su contra.

El exgobernador chaqueño señaló que se trata de un "DNU del espionaje", mediante el cual "el Poder Ejecutivo avanzó en una reforma integral de la Ley de Inteligencia Nacional N°25.520".

Capitanich afirmó que el DNU "es inconstitucional, discrecional y peligroso ya que consolida la lógica del enemigo" y "habilita el espionaje por razones políticas, sindicales o periodísticas -prácticas expresamente prohibidas por la Ley 27.126 que el propio DNU 614 de 2024 derogó-".

Asimismo, observó que "impide el control democrático entre poderes y convierte a organismos como el ReNaPer y la ARCA en brazos ejecutores de la vigilancia estatal, vulnerando las libertades individuales de los ciudadanos".

"No existe para tal medida la necesidad y urgencia exigidas en la Constitución Nacional, pudiendo haber incluido el tratamiento de una reforma de la Ley de Inteligencia en las sesiones extraordinarias del mismo modo que se hizo con el Presupuesto, la Ley de Inocencia Fiscal y la reforma laboral", reclamó.

Y advirtió que "este no es solo un DNU" sino "la consolidación, vía decreto, de un sistema de control y vigilancia que cercena libertades, concentra poder de manera extrema y nos retrotrae a épocas que creíamos superadas. Es un golpe a la división de poderes y un salto al abismo institucional". "El Congreso debe reafirmar su autoridad y derogar este instrumento inconstitucional", pidió.

En sus fundamentos, la iniciativa se basa en ejes de la impugnación al DNU presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al que cita textualmente al indicar la creación de una "policía secreta", incluyendo la posibilidad de detener personas sin orden judicial.

Por otro lado, menciona que este decreto pone un manto de legalidad a un “espionaje antidemocrático e inconstitucional”, al remarcar la expansión de las facultades de contrainteligencia.

En la misma línea, cuestiona que el decreto concentre en la SIDE la elaboración, administración y control de todo el presupuesto de inteligencia, configurando un esquema “opaco y discrecional que hace peligrar el control democrático”.

Tras la presentación ante la justicia en contra del DNU 941/25, el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro resaltó que "el presidente se está recostando de manera excesiva en lo que son estas herramientas, que en la Constitución no son la regla, sino la excepción", en alusión a los decretos de necesidad y urgencia.

El legislador explicó que junto a sus pares Mónica Frade y Esteban Paulón presentaron "una acción de amparo para que el decreto que modifica en más de 30 artículos la Ley de Inteligencia sea declarado inconstitucional y, a su vez, se declare su nulidad absoluta e insanable".

Asimismo, ante el fuero contencioso administrativo se solicitó "una cautelar para la suspensión del DNU, de todos sus efectos, su vigencia y todos los actos administrativos que se dicten en virtud de su cumplimiento".

"No hubo necesidad ni urgencia", afirmó el porteño respecto del decreto firmado el último día del 2025. Y agregó que "este DNU no cumple los requisitos que están establecidos en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional".

Además, Ferraro aseguró que "se mete en materia prohibida" como la penal, ya que "al otorgarle a los agentes de inteligencia la posibilidad de aprehensión, de arrestar; es una modificación solapada del artículo 184 del Código Procesal Penal".

También cuestionó que "las acciones de contrainteligencia" están "poco fundamentadas y definidas". "Con la incorporación de los titulares de distintos organismos de la administración pública nacional... El día de mañana un ministro, un secretario, puede ir en búsqueda de la fuente de un periodista que está investigando la corrupción puntual del gobierno que sea", advirtió y añadió: "¿Quién define qué atenta contra tal cosa si no está claramente definido en el DNU?".

En declaraciones a radio Rivadavia, el cívico dijo que "el Congreso está en condiciones de poder debatir una ley de estas características" y recordó que "es el segundo DNU que sacan modificando el sistema de inteligencia".

El diputado nacional Carlos Gutiérrez (Provincias Unidas) enfatizó que una reforma al sistema de inteligencia nacional "debe ser discutida en el Congreso y no entre gallos y medianoche", al referirse al DNU 941/25, por el cual el Poder Ejecutivo modificó la Ley de Inteligencia.

El cordobés recordó que su bloque fue el primero en salir a rechazar la medida, firmada por el presidente Javier Milei el último día de 2025, el 31 de diciembre, y que se oficializó en el Boletín Oficial el pasado 2 de enero.

"Está claro que debe pasar por el Congreso. En todo caso debió ser incorporado en el temario de extraordinarias", dijo el legislador este lunes en declaraciones radiales.

Además, cuestionó que "en el mes de diciembre se le otorgaron 26 mil millones de pesos extra" a la SIDE, "mientras no tenemos (plata) para las universidades, para el Garrahan".

"La Bicameral de Inteligencia no está integrada", resaltó y aseguró: "Vamos a intentar que, si el Gobierno quiere discutir esto con urgencia, convoque nuevamente a extraordinarias", agregó.

Gutiérrez también se quejó: "Hace meses y meses que no vemos en el Gobierno la intención de discutir algún tema productivo".

El bloque Justicialista del Senado, presidido por José Mayans, repudió el DNU 941/25 por modificar el sistema de inteligencia "sin pasar por el Congreso", y resaltó que "vulnera la Constitución Nacional". Además, alertó que esta reforma "busca establecer un sistema ilegal, ilegítimo e inconstitucional de espionaje interno, de control y de persecución de opositores y de la sociedad toda".

Mediante un comunicado, los senadores opositores señalaron que el decreto "introduce una reforma integral del sistema de inteligencia nacional, al modificar de manera sustantiva la Ley 25.520, lo que resulta de todo punto de vista una clara violación a las normas vigentes y de la Constitución Nacional".

"El Poder Ejecutivo no puede reformar la Ley de Inteligencia por DNU, dado que, además de no existir ni necesidad ni urgencia que lo justifique, nuestra Constitución Nacional en su artículo 99, inciso 3, expresa con claridad las restricciones que tiene el presidente en el proceso de construcción de las leyes", apuntaron.

Los legisladores peronistas resaltaron que "el Presidente de la Nación tenía la posibilidad de modificar la Ley de Inteligencia Nacional mediante la elaboración de un proyecto que podía incluir en el temario de las sesiones extraordinarias, tal como sucedió con el Presupuesto 2026 y la llamada Ley de Inocencia Fiscal. Sin embargo, prefirió eludir la búsqueda de consensos necesarios firmando un DNU que vulnera nuestra Constitución Nacional". "Esto demuestra una vez más el desprecio del presidente Milei por las instituciones de la República y es un claro intento por avanzar sobre las libertades democráticas", cuestionaron.

La bancada integrada por una veintena de senadores observó que "el jefe del Estado se vuelve a arrogar para sí facultades que son propias del Poder Legislativo, en una reiterada actitud propia de un régimen autoritario". Además, explicaron que "el DNU 941/25 firmado por Milei representa una aberración jurídica, por varios motivos. Por un lado, el accionar de inteligencia pasa a ser formalmente 'encubierto', se refuerza el secreto y se limita la publicidad y la transparencia de las actividades".

Asimismo, "habilita a los agentes de la SIDE -todos encubiertos- a aprehender personas sin intervención judicial alguna, lo que confronta con la letra expresa del artículo 18 (que consagra el debido proceso y las garantías penales) y el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional (referido a los tratados internacionales de derechos humanos), situación que retrotrae a las argentinas y los argentinos a las épocas más oscuras de la pasada dictadura cívico-militar", advirtieron.

En esta línea, subrayaron que "a partir del dictado de este DNU, los organismos de inteligencia podrán realizar tareas de espionaje ilegal, persecuciones políticas e ideológicas dentro del territorio nacional. Este decreto afecta de manera directa garantías constitucionales como la privacidad, la libertad personal, la libertad política y el control parlamentario; y barre de un plumazo el consenso democrático logrado en la Argentina a partir del 10 de diciembre de 1983".

"Todo esto fue hecho a espaldas del pueblo y de sus representantes, como ya es habitual en el actual gobierno, al finalizar el año: el 31 de diciembre del 2025. Y con ello busca establecer un sistema ilegal, ilegítimo e inconstitucional de espionaje interno, de control y de persecución de opositores y de la sociedad toda", concluyeron.

Teniendo en cuenta la debilidad extrema de La Libertad Avanza en ambas cámaras del Congreso durante sus dos primeros años de gestión, nadie podía sorprenderse de que éste fuera el primer gobierno de la historia al que le rechazaran un decreto de necesidad y urgencia. Sucedió en 2024; primero en Diputados, donde la oposición logró una mayoría contundente de 156 votos contra el DNU 656/24, entre los que había incluso miembros del Pro y la UCR. Fue el 21 de agosto; el 13 de septiembre de 2024, el Senado completó el ciclo, con 49 votos contra el decreto, solo 11 a favor y 2 abstenciones. Rechazado por ambas cámaras, el decreto quedó formalmente derogado.

Ese DNU firmado por Javier Milei asignaba 100.000 millones de pesos adicionales a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El revés no causó mayores complicaciones al gobierno; tan solo el antecedente: la mayor parte de ese dinero ya había sido utilizado. Pero quince meses después, con un oficialismo empoderado en las elecciones de medio término y con bancadas mucho más nutridas en ambas cámaras, otro DNU sobre la SIDE se lleva toda la atención.

El decreto se firmó el 31 de diciembre, trascendió al día siguiente y se publicó en el Boletín Oficial el primer día hábil de 2026. Previsiblemente, encendió los motores de una oposición que quedó totalmente desarticulada en las elecciones de octubre, y que no pudo hacer demasiado en extraordinarias. Este decreto sobre un tema particularmente sensible podría ser la chispa de una reacción más efectiva. Esa es al menos la ilusión de buena parte de una oposición que no se esperaba entrar en acción ni bien se apagaron los festejos del Año Nuevo.

Después de un cierre del año en el que el oficialismo pudo festejar la aprobación de sus primeras leyes después de un período ordinario en el que no había podido sancionar ni un solo proyecto propio, la oposición esperaba reagrupar fuerzas en febrero para enfrentar la reforma laboral. Pero el popurrí de decretos publicados en el primer Boletín Oficial del año adelantó los tiempos pues contenía una reforma polémica de la Ley de Inteligencia.

Sorprendida por la audacia del gobierno de Javier Milei de instrumentar semejante modificación por esa vía, la oposición reaccionó con dureza, alertando que el decreto avanza sobre derechos y garantías constitucionales, habilitando a los espías a tener “poder de policía”; estableciendo el secreto total como regla, y dándole a la SIDE la posibilidad de influir en la opinión pública bajo la excusa de la contrainteligencia. “Todos podemos ser vigilados, perfilados y observados; ahora, gran parte de la información personal pasa a ser insumo de inteligencia”, alertó el diputado Maximiliano Ferraro.

Sin duda uno de los puntos más sensibles de la norma es el que les da la posibilidad a los agentes de la SIDE a detener personas sin orden judicial previa, lo que la oposición interpreta como una “violación directa a los derechos humanos y a las garantías constitucionales”.

El ámbito de la inteligencia es dominado por Santiago Caputo, el asesor estrella del gobierno de Milei, que en los últimos tiempos no ha hecho otra cosa que retroceder casilleros a instancias de la otra componente del otrora “triángulo de hierro”, Karina Milei. Si bien el poderoso monotributista extiende su poder con esta reforma, cede partes estratégicas de control. El decreto crea un nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad que estará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete; y en manos de Manuel Adorni vale decir que estará bajo el dominio de la secretaria general de la Presidencia.

Más allá de la nueva interna que el tema abre en la cima del poder, lo que viene será una puja reglamentaria en el Congreso, para complicación de las principales espadas libertarias que esperaban para este verano solo estar abocadas a los temas de extraordinarias. Eso ya no sucederá: la oposición buscará forzar el tratamiento de este DNU con el objeto de voltearlo y con ello retomar la iniciativa en el Parlamento. Sería una muy mala noticia para el gobierno que eso sucediera, como así también un baño de realidad en un ámbito en el cual La Libertad Avanza ha crecido sustancialmente, pero sigue siendo minoría.

Con toda lógica, el oficialismo buscará ralentizar el tratamiento del decreto en la Bicameral de DNU, que por cierto todavía no está conformada. El viernes la oposición más dura pidió a los presidentes de ambas cámaras no solo formar esa comisión, sino también la de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Lo cierto es que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo (la que trata los DNU) es la única habilitada para funcionar todo el año, pero ni Martín Menem, ni Victoria Villarruel llamarán a conformarla.

La mala noticia para el oficialismo es que el artículo 20 de la Ley 26.122 establece que si la Bicameral Permanente no eleva un dictamen dentro del plazo establecido (10 días), las cámaras deben abocarse al tratamiento expreso inmediato del DNU. Esto es: si la bicameral no está conformada, o está conformada pero no dictamina dentro del plazo, entonces el recinto queda habilitado para tratarlo directamente. Esta es la respuesta a la pregunta de si la oposición puede forzar el tratamiento en el recinto de un DNU durante el período extraordinario. Puede, aun si el Poder Ejecutivo no lo incluyó en el temario de extraordinarias.

Pues es verdad que el Congreso solo puede tratar temas incluidos en el decreto de convocatoria presidencial, salvo en casos donde una ley exija tratamiento “inmediato”, “expreso” o “automático”. El régimen de DNU justamente establece ese mecanismo automático. Cualquier constitucionalista dirá que un DNU puede ser tratado por las cámaras aunque no esté en el temario porque la Ley 26.122 le da “tratamiento obligatorio”.

De tal manera, la estrategia que comenzaba a elaborar la oposición ya este fin de semana era la de dejar vencer los plazos de la Bicameral, pues cuando eso suceda podrá exigir que el presidente de la Cámara convoque al recinto, o habilitar un pedido de sesión especial para tratar el DNU.

Más allá de esas alternativas legislativas, la vía judicial estará a la orden del día. Por un lado, para denunciar por ejemplo que el Congreso está paralizado por falta de conformación de la Bicameral. Pero también, como advertían varias voces desde el viernes, directamente con varias potestades que brinda el DNU 941/25 y que podrían ser tildadas de inconstitucionales.

Nada sucederá en el mes de enero, pues la oposición es consciente de que sería muy difícil conseguir quórum en el primer mes del año. Todo sucederá en febrero, para desvelo de un oficialismo que confiaba darle entonces toda la atención a las reformas que propuso para extraordinarias. Aunque también confía en que el calor del verano y fundamentalmente el tiempo enfríen esa discusión.

La economía será en este contexto un elemento clave para enmarcar el contexto en el que tendrán lugar estas discusiones. Para entonces estarán en plena vigencia el nuevo esquema de bandas cambiarias que se puso en vigencia este mes de enero, en reemplazo del ajuste fijo del 1% mensual vigente hasta diciembre. La medida busca evitar el atraso cambiario, dar mayor previsibilidad al mercado y fortalecer la acumulación de reservas. Se verá, pues el gobierno se resiste a seguir las recomendaciones de quienes define como “econochantas” e insisten en la necesidad de privilegiar la acumulación de reservas. Sostienen aquellos que ese consecuente impacto en los precios, debido a una suba del dólar, no sería significativo, ni se extendería en el tiempo. Afectaría, sí, la palabra presidencial de llegar al mes de agosto con un índice de inflación que comience con cero, y Milei se vanaglorió en su mensaje de fin de año de haber cumplido todas sus promesas.

Como sea, el gobierno confía en que ante cualquier emergencia seguirá contando con el amigo americano, ese al que respaldó enfáticamente este fin de semana ante la noticia impactante de la captura y confinamiento del dictador Nicolás Maduro. Javier Milei está cada vez más convencido del camino que eligió cuando decidió embanderarse completamente con Donald Trump.

“Si este DNU que modifica la Ley de Inteligencia Nacional lo hubiera firmado el kirchnerismo, estaríamos ante un escándalo institucional de proporciones históricas. Pero como lo firma Milei, los bastantes y advenedizos republicanos intermitentes y de ocasión, ¿mirarán para otro lado? ¿Elegirán callar?”. La referencia fue publicada por el diputado nacional Maximiliano Ferraro, de Provincias Unidas, que ya el día anterior se había manifestado duramente respecto del decreto de necesidad y urgencia 941/25 que ya había trascendido el 1° de enero. Y allí ya se había referido a sus excompañeros de ruta de Juntos por el Cambio con este irónico comentario: “Feliz Año Nuevo a los republicanos intermitentes y de ocasión que con la excusa de ‘no era el momento’ bloquearon la reforma de la ley que regula los DNU y decretos delegados. Gracias a esa ley heredada del kirchnerismo, Milei sigue haciendo lo que quiere. Esta vez, va por el control total de la inteligencia nacional a costa de derechos, libertades y garantías”.

Este viernes, Maximiliano Ferraro se preguntó: “¿Por qué no discutir un tema tan relevante en el seno del Congreso, con debate plural, contralor efectivo y el pleno funcionamiento de los pesos y contrapesos institucionales?”.

En otro posteo había ido más lejos, al hablar de “Gestapo para todos y todas”. En ese sentido se hizo eco de una advertencia del exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez, que señaló que “el alcance del decreto es muchísimo más amplio y peligroso. No se limita a los organismos de inteligencia: involucra a todo el Sector Público Nacional”.

“Ministros del Poder Ejecutivo, rectores de universidades nacionales, el presidente del CONICET, el director ejecutivo del PAMI, las autoridades de la ANSES, del Hospital Posadas, del Hospital Ramón Carrillo, del Banco Nación y de empresas públicas quedan alcanzados por la obligación de aplicar ‘medidas de seguridad de contrainteligencia’ dentro de los organismos que conducen, acatando decisiones definidas por el Presidente de la Nación”, señaló, destacando que el artículo 3° del DNU es explícito: los “titulares de órganos y organismos” del Sector Público Nacional serán responsables de implementar esas medidas en el interior de sus instituciones. Y el propio decreto define la contrainteligencia como un conjunto de acciones destinadas a “evitar el conocimiento de la propia situación” por parte de actores estatales y no estatales.

“El problema es de fondo -aseguró-. El Sector Público Nacional, según la Ley 24.156 de administración financiera, incluye a la administración central, los organismos descentralizados, las universidades, la seguridad social y las empresas del Estado. Es decir, casi todo el Estado queda sometido a una lógica perversa y peligrosa de contrainteligencia”, y afirmó que “se habilitan así prácticas opacas, discrecionales y verticales en ámbitos que deben regirse por la autonomía, la publicidad de los actos de gobierno, la libertad académica y el control parlamentario”.

Su compañera de bloque Mónica Frade se alineó con las observaciones de Ferraro y Rodríguez advirtiéndoles a Javier Milei y Patricia Bullrich que “nuestra libertad no es condicional al gobierno que se les ha prestado. No jueguen. No provoquen. Nadie gana en ese juego. Solo seres secos y miserables pueden, mientras las familias argentinas brindan, asestar una reforma contra la Constitución Nacional”.

Mientras aumenta el rechazo opositor al DNU 941/25, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) emitió un comunicado en el que destaca las modificaciones a la Ley de Inteligencia (25.520) realizadas por el Poder Ejecutivo, y oficializadas en el primer día hábil del año.

En el texto, titulado "Reforma de segunda generación del Sistema de Inteligencia Nacional", el organismo dirigido por Cristian Auguadra señala que "los desafíos globales contemporáneos y el nuevo rol central que ocupa la República Argentina en el escenario mundial, a partir del liderazgo del Presidente Javier G. Milei, requieren que la Nación cuente con un Sistema de Inteligencia Nacional moderno, profesional y eficiente, alineado con los más altos estándares democráticos y republicanos".

"En ese marco, y considerando que la función esencial de todo sistema de inteligencia es la producción de información estratégica para asistir la toma de decisiones de las autoridades democráticamente electas, a través del DNU 941/25 el Poder Ejecutivo Nacional da un nuevo paso en la profundización de las reformas del Sistema de Inteligencia Nacional, que durante décadas fue utilizado de manera discrecional, opaca y ajena a su verdadera finalidad", continúa.

Según la SIDE, "el objetivo central de esta reforma es acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del Sistema de Inteligencia Nacional, adecuándolo a las amenazas y desafíos del siglo XXI".

"En ese sentido, se avanza en la eliminación de funciones que históricamente le fueron asignadas sin sustento institucional, como la seguridad interna del país que depende del Ministerio de Seguridad Nacional, y la protección de la infraestructura crítica y los sistemas de información del Estado, que ahora serán competencia de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología", indica.

El comunicado agrega que "la reforma impulsa un proceso de racionalización y achicamiento de la estructura, concentrando las capacidades del Sistema de Inteligencia en su función esencial. En particular, se redefine el rol de la Agencia de Seguridad Nacional, que queda circunscripta exclusivamente a tareas de contrainteligencia, eliminando superposiciones, estructuras innecesarias y misiones difusas que solo contribuyeron al desorden y la falta de control".

"La contrainteligencia es definida de manera clara y taxativa como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o injerencia de agentes externo, poniendo fin a prácticas del pasado en las que los recursos del Estado fueron utilizados para la persecución política interna, el espionaje doméstico o el control indebido de dirigentes, periodistas y ciudadanos", expresa.

También, apunta que "en la misma línea de ordenamiento institucional, se dispone la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), cuya existencia generaba una superposición innecesaria de funciones con los organismos de inteligencia del Estado Mayor Conjunto, consolidando así un esquema más eficiente, integrado y coherente en materia de inteligencia de defensa".

"Finalmente, la reforma establece un nuevo esquema de intercambio de información con el resto de los organismos del Estado, basado en la trazabilidad, la automatización y el registro obligatorio de cada requerimiento y cada flujo de información. Este sistema elimina la discrecionalidad y la arbitrariedad, garantiza la transparencia interna y fortalece los controles legales, técnicos y presupuestarios sobre el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional", reza el comunicado.

En el cierre, desde el organismo consideran que "esta transformación profunda del Sistema de Inteligencia Nacional forma parte del proceso histórico que impulsa el Presidente Javier G. Milei para dejar atrás décadas de desorden, opacidad y uso político del Estado. Se trata de una decisión estructural que reafirma el compromiso inquebrantable con la libertad, la legalidad y la soberanía nacional, y que consolida un nuevo orden institucional en la Argentina: un Estado limitado, profesional y al servicio de los ciudadanos, de la República y de la libertad".

Por decreto de necesidad y urgencia publicado en el primer día hábil de 2026, el Gobierno de Javier Milei avanzó con una reforma de fondo del sistema de inteligencia argentino. La noticia había trascendido el día de Año Nuevo, levantando gran revuelo. Lo cierto es que a través del DNU 941/2025, que lleva como fecha el último día de 2025, pero apareció en el Boletín Oficial este viernes, el Poder Ejecutivo modificó de manera sustancial la Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520, redefinió competencias, creó nuevos organismos, disolvió otros y concentró la conducción política, operativa y presupuestaria en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que pasa a ser el órgano rector indiscutido del sistema.

El decreto, firmado “en acuerdo general de ministros”, se apoya en un extenso considerando que justifica la urgencia en la necesidad de “minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”, evitar superposiciones de funciones, mejorar la coordinación entre organismos y responder a amenazas complejas, tanto internas como externas, en un escenario marcado por el terrorismo internacional, el crimen organizado y los conflictos multidimensionales.

Inteligencia “encubierta” por definición

Uno de los cambios más sensibles aparece en el nuevo artículo 2° bis incorporado a la ley. Allí se establece que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad”. La norma no distingue entre tipos de tareas ni niveles de intervención y declara como regla general el carácter secreto de toda actividad de inteligencia, con el objetivo explícito de reducir riesgos estratégicos.

El DNU también define por primera vez qué se entiende por “investigación de inteligencia”, describiéndola como el conjunto de tareas y procedimientos destinados a identificar “acciones y actores involucrados en actividades de interés para la Inteligencia Nacional”.

Otro eje central de la reforma es la redefinición de la contrainteligencia. El nuevo artículo 2° quater amplía de manera significativa su alcance: incluye la prevención de espionaje, sabotaje, infiltración, fuga de información, injerencia, interferencia e influencia externa sobre el proceso decisorio de las autoridades constitucionales, los intereses estratégicos nacionales y la población en general.

Además, el decreto introduce las denominadas “Medidas de Seguridad de Contrainteligencia”, que deberán ser adoptadas en todo el Sector Público Nacional y cuya responsabilidad recae directamente en los titulares de cada organismo estatal. Se trata de un punto clave: la contrainteligencia deja de ser una tarea exclusiva del sistema de inteligencia para transformarse en una obligación transversal de la administración pública.

Nuevos nombres, nuevas funciones

El DNU modifica profundamente la arquitectura institucional del sistema. La Agencia de Seguridad Nacional (ASN) pasa a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), con un mandato explícito: producir inteligencia nacional dentro del territorio argentino y analizar, con enfoque preventivo, amenazas a la seguridad nacional.

La Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), en tanto, cambia su denominación a Agencia Federal de Ciberinteligencia, concentrándose exclusivamente en la producción de inteligencia en el ciberespacio y el espacio radioeléctrico. Las funciones estrictamente vinculadas a la protección de infraestructuras críticas y la ciberseguridad pasan a un nuevo organismo.

También se sustituye la División de Asuntos Internos (DAI) por la Inspectoría General de Inteligencia (IGI), que asume tareas de auditoría, control del desempeño, evaluación de la eficacia y supervisión del uso de recursos en todo el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).

En uno de los movimientos más relevantes en el área de Defensa, el decreto dispone la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, dependiente del Ministerio de Defensa. Según el texto, su existencia generaba una “superposición de funciones” con la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (DGIEMCO), además de una estructura “sobredimensionada”.

Desde ahora, la DGIEMCO será el único organismo encargado de producir Inteligencia Estratégica Militar, asesorando tanto al ministro de Defensa como al jefe del Estado Mayor Conjunto.

SIDE, con control total

El decreto refuerza de manera explícita el rol de la Secretaría de Inteligencia de Estado. No solo la consagra como “órgano superior” del Sistema de Inteligencia Nacional, sino que le otorga facultades amplísimas: conducción del esfuerzo de inteligencia y contrainteligencia, planificación del ciclo de producción, coordinación con organismos extranjeros, requerimiento de información a todo el Sector Público Nacional y cooperación con provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

En materia presupuestaria, la SIDE pasa a aprobar y controlar los presupuestos de casi todos los organismos del sistema, incluidos los gastos de inteligencia y los gastos reservados. También deberá elaborar el Informe Anual de Actividades de Inteligencia para la Comisión Bicameral del Congreso.

Una de las novedades más ambiciosas del DNU es la creación de dos ámbitos formales de coordinación: la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN) y la Comunidad Informativa Nacional (CIFN).

La CITN estará integrada por todos los organismos de inteligencia, áreas de inteligencia de fuerzas armadas y de seguridad, la UIF y otros organismos que el Poder Ejecutivo decida incorporar. Su objetivo será integrar y coordinar la producción de Inteligencia Nacional bajo la dirección de la SIDE.

La CIFN, en cambio, reunirá a ministerios y organismos civiles con capacidad de generar información relevante —como Cancillería, Migraciones, Renaper, Aduana, organismos nucleares y espaciales— para alimentar al sistema de inteligencia. El decreto aclara que la información suministrada no podrá utilizarse para producir inteligencia sobre personas por motivos ideológicos, políticos o por actividades lícitas.

Poder operativo y aprehensiones

Otro artículo que llama poderosamente la atención es el nuevo 10 nonies, que habilita a los órganos del sistema de inteligencia a proporcionar su propia seguridad y a “repeler y/o hacer cesar las agresiones” que pongan en riesgo sus instalaciones, personal u operaciones. Incluso se faculta al personal de inteligencia a proceder a la aprehensión de personas en casos de flagrancia, con obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas policiales o de seguridad competentes.

En paralelo, el decreto crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un organismo descentralizado que funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y será la autoridad nacional en la materia. El CNC asumirá la protección del ciberespacio de interés nacional, la coordinación del CERT.AR, la definición de infraestructuras críticas, la respuesta a incidentes informáticos y la elaboración de políticas públicas de ciberseguridad.

El nuevo organismo tendrá autoridades propias, presupuesto específico y una asignación salarial especial para su personal técnico, lo que marca la decisión del Gobierno de separar de manera tajante la ciberseguridad defensiva de la ciberinteligencia.

Como todo decreto de necesidad y urgencia, el DNU 941/2025 deberá ser analizado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso y luego tratado por ambas cámaras. El Gobierno justificó el uso de esta herramienta en la urgencia de actuar frente a amenazas estratégicas y en la imposibilidad de esperar “la cadencia habitual del trámite legislativo”.

La reforma, por su alcance y profundidad, promete abrir un fuerte debate político e institucional en el Parlamento, especialmente en torno a la centralización del poder en la SIDE, el carácter encubierto generalizado de la inteligencia y las nuevas facultades operativas otorgadas al sistema.

El interbloque Unidos en la Cámara de Diputados manifestó este viernes su rechazo al decreto de necesidad y urgencia 941/25, por el cual el Poder Ejecutivo dispuso una reforma integral de la Ley de Inteligencia Nacional, tema que ya ha despertado profundas críticas y advertencias desde la oposición.

"No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso. Menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU", sostuvieron los legisladores de los bloques Provincias Unidas, Encuentro Federal y Coalición Cívica.

En ese sentido, reclamaron que "es indispensable que se constituyan y designen de inmediato la Bicameral de Trámite Legislativo y la Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia para restablecer el sistema de controles que exige la Constitución".

Sobre el DNU, señalaron que "introduce modificaciones de enorme impacto", entre ellas que "declara que todas las actividades de inteligencia pasan a tener 'carácter encubierto', ampliando la opacidad en un ámbito que la ley original diseñó para estar bajo límites estrictos y control parlamentario".

"Extiende, además, la lógica de la contrainteligencia a todo el Sector Público Nacional, una medida que abre la puerta a prácticas de vigilancia sobre áreas y trabajadores que nada tienen que ver con tareas sensibles. Y habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia, una facultad propia de las fuerzas de seguridad que contradice el consenso democrático construido desde el retorno de la democracia: los servicios de inteligencia no pueden transformarse en una policía secreta", alertaron.

Desde el interbloque presidido por Gisela Scaglia expresaron que "el DNU avanza sobre ese consenso sin debate público, sin especialistas, sin organizaciones de la sociedad civil y sin escuchar la voz de las provincias".

"Exigimos que el Congreso trate y rechace de inmediato el decreto en los términos de la Ley 26.122, y exigimos que cualquier reforma al sistema de inteligencia se discuta como corresponde: en el Parlamento, a la vista de la sociedad", pidieron.

Y finalizaron: "La seguridad nacional es un objetivo legítimo, pero no puede construirse debilitando la Constitución, el Congreso y las garantías que protegen a cada ciudadano. No vamos a convalidar, por acción ni por omisión, un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado".

Si cuando se retomen las sesiones ordinarias del Congreso no se actúa con celeridad y eficacia, el Estado Nacional estará convertido en una superestructura de contrainteligencia, capaz de aplicar medidas de investigación y coerción contra empleados públicos, sindicatos, estudiantes, docentes, empleados bancarios, médicos, enfermeras, pacientes o, simplemente, titulares de tarjetas de crédito.

Todos los ministros del Gobierno nacional, los rectores de todas las universidades nacionales, el presidente del CONICET, el director Ejecutivo del PAMI, el Administrador Nacional del ANES (que administra el Hospital Nacional Posadas y el Hospital Nacional Ramón Carrillo), o el presidente del Banco Nación, estarán plenamente dedicados a adoptar "Medidas de Seguridad de Contrainteligencia" al interior de los organismos que conducen, acatando las decisiones del presidente Javier Milei contenidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520.

En efecto, el artículo tercero del DNU en cuestión establece que los "titulares de órganos y organismos" del "Sector Público Nacional" serán responsables de aplicar "Medidas de Seguridad de Contrainteligencia", dentro de las organizaciones públicas que conducen.

La clasificación de los organismos que conforman el denominado "Sector Público Nacional" queda establecida por el artículo octavo de la Ley de Administración Financiera N° 24.156 e incluye la administración central, los organismos descentralizados, las instituciones de la seguridad social, y empresas y sociedades del Estado, entre otros.

Textualmente, el Decreto señala que "la Contrainteligencia comprende, además, el desarrollo de medidas pasivas, tendientes a evitar el conocimiento de la propia situación por parte de los actores estratégicos estatales y no estatales, denominadas como Medidas de Seguridad de Contrainteligencia".

Y agrega: "tales medidas deberán ser adoptadas en todo el ámbito del Sector Público Nacional bajo la responsabilidad de los titulares de los órganos y organismos que lo conforman".

Si el Congreso de la Nación, a partir del 1 de marzo de 2026, no rechaza ese DNU de Milei y sus ministros, el régimen tecnocrático dominante habrá consolidado su más nefasta faz.

 

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

Con el correr de los días aumenta la presión opositora contra el DNU 656/24, mediante el cual el Gobierno otorgó 100 mil millones de pesos a la nueva SIDE. Tras el pronunciamiento del bloque radical, un conteo provisorio vislumbra una mayoría en la Cámara de Diputados capaz de votar el rechazo de la medida. Para que el decreto quede derogado, el escenario debería repetirse en el Senado, según lo establece la Ley 26.122. Esa norma también prevé los plazos de tratamiento en el Congreso, una vez enviado el DNU, hecho que ocurrió este jueves.

A la posición en contra de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, ambos sectores más duros contra el oficialismo, que también presentaron proyectos para dejar sin efecto el DNU 614 (por el que se disolvió la AFI y se creó la nueva Secretaría de Inteligencia de Estado), se sumaron distintos actores de la oposición dialoguista.

De los primeros proyectos presentados que proponen rechazar el DNU 656 se encuentra el de Margarita Stolbizer, que fue acompañada por seis de sus pares de Hacemos Coalición Federal: Emilio Monzó, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Mónica Fein, Alejandra Torres y Natalia de la Sota.

Con el objetivo de declarar al DNU "nulo de nulidad absoluta e insanable", la Coalición Cívica hizo lo propio. Los firmantes fueron todos los miembros del bloque: Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Paula Oliveto, Mónica Frade, Marcela Campagnoli y Victoria Borrego.

Luego de una reunión de bloque el pasado lunes, los 33 diputados de la UCR cerraron filas en torno al tema y exigieron el tratamiento "urgente" del DNU y la conformación de la Bicameral de Inteligencia. A través de un comunicado, los radicales cuestionaron la decisión del Gobierno de dotar a la nueva SIDE en "100.000 millones de pesos más de asignación presupuestaria, multiplicando por 8 el presupuesto anterior de 15.000 millones, al mismo tiempo que aseguran que 'no hay plata', por ejemplo, para la recomposición salarial de los jubilados".

Si se sumaran los 99 integrantes de Unión por la Patria -la primera minoría en la Cámara baja-, más los 7 diputados de Hacemos Coalición Federal firmantes del proyecto encabezado por Stolbizer, los 6 de la Coalición Cívica, los 5 del Frente de Izquierda y los 33 (actualmente) de la Unión Cívica Radical, los votos superarían a la mayoría de 129 que se necesitaría para votar el rechazo del DNU.

Por su parte, el escenario para La Libertad Avanza en el Senado ya se sabe más adverso, pues allí Unión por la Patria debería buscar cuatro votos más para alcanzar una mayoría. La Cámara alta ya cuenta con el antecedente del rechazo al DNU 70/23 de desregulación de la economía, en marzo pasado. No obstante, el mismo sigue vigente, porque nunca fue rechazado en Diputados. Hasta ahora, nunca un DNU fue anulado por el Congreso.

La Bicameral de Trámite Legislativo se reúne el próximo jueves 8

Ante las medidas unilaterales del Ejecutivo relacionadas a inteligencia, los diputados Francisco Monti (UCR) y Nicolás Massot (HCF), junto al senador Carlos "Camau" Espínola (UF), le enviaron una carta al presidente de la Bicameral de Trámite Legislativo, el senador Juan Carlos Pagotto (LLA), para que convoque de manera urgente a la comisión. En la misiva le recordaron que en febrero se acordó que iba a haber reuniones todos los jueves, sin embargo la bicameral no funciona desde el pasado 25 de abril. "Se está incumpliendo lo acordado", señalaron.

En febrero, cuando por la presión en torno al DNU 70/23 el oficialismo puso en marcha la comisión que revisa los decretos del Gobierno, la Libertad Avanza y sus aliados enfatizaron que era necesario primero avanzar con todos los decretos que estuvieran pendientes de tratamiento.

Eso es algo que recordaron Monti, Massot y Espínola: "Adicionalmente al compromiso de reunir la comisión semanalmente se asumió la necesidad de llevar a cabo un plan de trabajo que persiga el avance del tratamiento de decretos pendientes de acuerdo a un criterio cronológico". Sin embargo, consideraron que ahora "dicho plan se ha tornado una idea abstracta por el constante incumplimiento por parte de la presidencia de realizar las correspondientes convocatorias, lo que deriva en la necesidad de rediseñar la dinámica de selección de instrumentos legales a tratar".

Durante dos reuniones que realizó en abril, la comisión dictaminó sobre un conjunto de decretos de gobiernos anteriores. Misma situación que se prevé para la convocatoria del próximo jueves 8 de agosto a las 14, donde el temario está compuesto por tres decretos de la gestión de Mauricio Macri, 31 de la de Alberto Fernández y sólo 5 de Javier Milei, que son los firmados ni bien asumió, es decir, en diciembre de 2023. En total, el libertario ya lleva más de 30 en ocho meses.

A partir del envío del DNU al Congreso, ocurrido este jueves, la bicameral tiene un plazo de 10 días hábiles para dictaminar sobre su validez o invalidez. Vencido ese plazo (sería el miércoles 14), y en caso que no haya dictamen, las cámaras podrán abocarse al "expreso e inmediato tratamiento del decreto", según el artículo 20 de la Ley 26.122. 

Miembro de la Comisión Bicameral de control de los organismos de Inteligencia, el diputado oficialista Eduardo Valdés volvió a referirse al tema de los fondos reservados con los que cuenta la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y particularmente a la decisión de este gobierno de blanquearlos, como así también de la importancia de esta medida para terminar con el espionaje ilegal.

Presente en el programa “Desiguales”, de la TV Pública, el legislador nacional se refirió a “los fondos reservados son sobres judiciales, sobres periodísticos para comprar voluntades. Eso es lo que desde el 10 de diciembre hasta la fecha, con Cristina Caamaño como interventora, no existe más en la Argentina”.

Asimismo señaló que "Cristina Fernández de Kirchner, en el año 2014, suprimió los fondos reservados. El 91% del presupuesto de la AFI eran fondos reservados; Alberto Fernández y Cristina Kirchner suprimieron los fondos reservados y hoy el presupuesto de la agencia federal de inteligencia es el 9% de lo que tenía Macri".

Valdés se refirió al accionar de los servicios de inteligencia y las irregularidades en la relación con la Justicia, donde se refirió en particular a un nombre que pidió tener en cuenta: el director de Asuntos Jurídicos, Sebastián Destéfano. Según Valdés, “ellos tienen más poder cuando menos conocidos son”. “Era el tipo que saca su primera resolución de que ningún agente de la AFI puede hablar con un juez, se reservó para sí mismo el dialogar con la justicia. Un espía solo puede ir a espiar si tiene orden judicial, y él inventaba la orden judicial".

En relación al origen del organismo de inteligencia y las expectativas sobre su funcionamiento, Valdés señaló que "la SIDE fue creada por Perón cuando los norteamericanos inventaron la CIA, que es para hacer inteligencia internacional. Cuando vinieron los golpes militares empezaron a poner todo el sistema de inteligencia para inteligencia interior. La SIDE no nació para hacer inteligencia interior, nació para hacer inteligencia exterior. Es el único organismo de inteligencia que se relaciona con los organismos de inteligencia del resto de los países”.

Finalmente, el legislador reflexionó sobre el trabajo que lleva adelante la Comisión Bicameral de Inteligencia en el caso del espionaje ilegal realizado a través de cámaras ocultas en la sede del Banco Provincia y el necesario compromiso de la política para terminar con el espionaje ilegal. "Trato de buscar esperanza: cuando aparece el video, el Congreso que estaba en receso y ante el pedido de la presidencia de las cámaras de conformar la comisión bicameral de inteligencia, inmediatamente los bloques nombraron los miembros y en la primera semana de enero se votó por unanimidad investigar estos videos", reconoció.

"Creo que la reacción de la política tiene que ser contundente: quienes fueron espiados tienen que reaccionar para que no suceda nunca más el espionaje ilegal. Vidal, Larreta, Santilli y los miembros de la Corte, Rozenkrantz y Rosatti fueron espiados varias veces por Dalessio y el grupo Super Mario Bros. Ni siquiera se presentaron en el juzgado, han decidido naturalizar el espionaje ilegal".

Si hablamos de la información como el recurso más valioso de una empresa, y la necesidad que esos datos sean correctos, certeros y oportunos para la toma de decisiones en materia económica es algo que nadie cuestionaría. Ahora, en materia de inteligencia, varios debates entran en circulación. 

Así como en los negocios, los Estados necesitan información para ejecutar adecuadamente políticas económicas, sociales y, sobre todo, internacionales. Ignorar la relevancia de contar con una agencia de inteligencia implica desconocer el funcionamiento del mundo. Hablar de su rol en Argentina es mala palabra producto de una mala interpretación y ejecución de este servicio. Pero el problema está en las personas y no en la institución.  

Nuestro país aún tiene gran potencial para desarrollar la inteligencia, cuenta con personas de gran aptitud y brillantes académicos en la temática. Sin embargo, muchos de estos profesionales se encuentran por fuera de la Escuela Nacional de Inteligencia, un organismo que depende de la AFI donde tiempo atrás se dictaban cursos de alcance internacional. Muchos de los servicios de la región se han beneficiado de sus aptitudes formando a su personal para capacitarse y realizar posgrados en un espacio de verdadera excelencia. Con el tiempo, el prestigio se ha ido diluyendo y deteriorando, producto de una práctica vinculada a los canales de reclutamiento de agentes.  

La incorporación de personal se ha desarrollado de manera informal. Incluso desde la época militar se buscaba personas vinculadas a figuras con algún rol o función dentro de la agencia de inteligencia, por recomendación interna. Un reclutamiento que prioriza la afinidad, en vez de la capacidad, experiencia y formación académica. Esta costumbre permitió que, a medida que se fueron sucediendo los gobiernos, se acumularan personas con contactos y vínculos pero que no obedecían al perfil idóneo para ejecutar las tareas de inteligencia. 

Desde los radicales, pasando por el menemismo y el peronismo, la agencia se nutrió de contactos afines a cada nueva administración. En un mismo lugar, comenzaron a convivir acomodados de cada gobierno subsiguiente en una dinámica que perdura a la fecha. Hoy, tenemos una interventora, ex fiscal, que no tiene nada que ver con la actividad, ni tiene perfil o experiencia para manejar una actividad tan delicada, no sólo por la capacidad de sostener y generar acciones, sino que además se trata de datos sensibles y confidenciales.  

Por otro lado, no debemos olvidar que un mal trabajo de inteligencia promueve malas decisiones. Aquí volvemos al punto de partida, malos datos en una empresa inducen malas decisiones y pueden llevarla a la quiebra, en el caso de un país los resultados pueden ser aún peores, arrastra a millones de habitantes que dependen de las decisiones políticas.   

A la inteligencia se le llama servicios, justamente porque ése es su rol a la orden de quienes toman decisiones. Su estructura no sólo es necesaria, sino imprescindible. Nuestro país está en franca decadencia producto justamente de una falta total de información adecuada, que permita tejer las alianzas con quien corresponda, tomar posturas correctas y las distancias debidas con determinados temas, conflictos e intereses de otros países. Pero Argentina no tiene inteligencia, se ha desactivado el aparato que trabajaba generando la información estratégica. 

El caso Villegas revela el decadente estado de situación, en una escena que lejos está de una operación de inteligencia, que va de la mano con una estrategia política que promueve acciones de desinformación.  

La corrupción interna nuestra ha corrompido una institución que tiene por fin protegernos silenciosamente. Sistemáticamente se ha ido destruyendo el aparato de inteligencia, dejando a nuestro país ciego, sorgo y mudo ante la comunidad internacional para tomar decisiones y entender qué es lo que está pasando en la región. Criminalizar o descalificar la actividad es totalmente perjudicial toda la ciudadanía. 

Los legisladores de Juntos por el Cambio que integran la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia firmaron su propio dictamen sobre la cuestión del espionaje ilegal durante la gestión anterior.

El diputado Cristian Ritondo (Pro) participó de la subcomisión que realizó la investigación, junto con su par Rodolfo Tailhade y el senador Martín Doñate. Sin embargo, a la hora de las conclusiones, el interbloque opositor no acompañó el dictamen del Frente de Todos.

Además de Ritondo, integran la bicameral los diputados Sebastián García De Luca y José Cano, y los senadores Oscar Castillo, Juan Carlos Marino y Pamela Verasay.

Los legisladores no cuestionaron el contenido de la investigación, sino la tarea realizada por la bicameral, y en ese sentido denunciaron exceso de facultades, invalidez de las declaraciones que se tomaron, violación del secreto y temor de parcialidad.

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En el dictamen, al que accedió parlamentario.com, advirtieron que el Frente de Todos desencadenó una “persecución política” contra el gobierno anterior “a partir del direccionamiento interesado de esta investigación”.

“Han desnaturalizado los fines con que la bicameral fue creada, transformándola en una usina de producción de prueba con efectos judiciales en sumarios en trámite ante el Poder Judicial de la Nación”, sostuvieron.

Al sintetizar los argumentos, consideraron que la comisión “se ha servido de declaraciones inválidas, ha torcido su razón de ser -que no es otra que la fiscalización-, ha violado el secreto impuesto por ley y ha desconocido elementales derechos y garantías constitucionales de toda persona sujeta a una investigación”.

Los representantes de Juntos por el Cambio enfatizaron que la bicameral “no puede conducir investigaciones judiciales para pesquisar la posible comisión de delitos, a punto tal que, si de sus averiguaciones surgiese la posible comisión de delitos, tiene la obligación de hacer la denuncia penal”.

En ese marco, opinaron, “el proceder de la bicameral excedió las funciones para la cual ha sido creada por ley, dejando de actuar como un ente de fiscalización para convertirse en una unidad de investigación y producción de prueba al servicio de un Juzgado y una Fiscalía”, a cargo de Alejo Ramos Padilla y Guillermo Marijuan, respectivamente.

Según los firmantes, la comisión solo puede decidir “la apertura del sumario de investigación; la remisión de las actuaciones a la autoridad judicial competente; o la desestimación de la denuncia”, pero no tiene facultades para investigar delitos.

Respecto de las declaraciones que tomó la bicameral, apuntaron que “no está claro en muchos casos si se trata de ‘testigos’ o de ‘personas imputadas’”, y “al comenzar las diligencias no se les advierte a los declarantes sobre qué habrán de declarar ni los alcances de la investigación”.

“Se conducían interrogatorios interminables que iban abordando los más variados temas pero que, de una forma u otra, terminaban centrándose en la gestión de la AFI durante el período 2015-2019 y sobre quienes habían sido sus conductores”, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, afirmaron en Juntos por el Cambio.

También argumentaron que se violó el secreto: “Es por todos conocida la manera absurda en que registros sensibles de novedades cotidianas de la AFI, de carácter secreto, se introdujeron abiertamente en una de las causas judiciales de Lomas de Zamora, sea por impericia de la interventora de la AFI que las envió o de la fiscal actuante que las subió al sistema, y se hicieron públicas”.

Por último, sobre el temor de parcialidad, advirtieron que el diputado Tailhade además de integrar la comisión es querellante en una de las causas por espionaje ilegal, que tramita en el Juzgado Federal Nro. 8.

Diputados y senadores del Frente de Todos denunciaron este martes, en conferencia de prensa, un “plan sistemático de inteligencia ilegal” montado durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, “cuyo objetivo era la extorsión y la persecución política”.

Desde el Salón de Pasos Perdidos, legisladores encabezados por el presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia, Leopoldo Moreau, expusieron los resultados de la investigación llevada a cabo durante varios meses.

Además de Moreau, participaron de la conferencia los senadores Oscar Parrilli y Martín Doñate, y los diputados Eduardo Valdés y Blanca Osuna.

Moreau explicó en detalle las conclusiones del dictamen firmado por ocho legisladores del Frente de Todos, fruto de un trabajo que tuvieron a cargo el senador Doñate y los diputados Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) y Cristian Ritondo (Pro).

Ritondo encabezó, en nombre de Juntos por el Cambio, la firma de un dictamen alternativo, que no cuestiona el contenido de la investigación sino el supuesto exceso de facultades de la bicameral, que se reúne en forma reservada.

“El Estado mafioso”

Moreau puntualizó que el dictamen de la bicameral, que consta de alrededor de 400 páginas, se basó en primer lugar en las investigaciones que la propia comisión encaró, donde “se produjeron las primeras confesiones -no solo declaraciones- de agentes de inteligencia que asumieron la responsabilidad y reconocieron la realización de tareas de inteligencia ilegal”.

Otra fuente del dictamen fueron las dos investigaciones que se llevaron adelante en el Juzgado de Dolores, a cargo en aquel entonces del juez Alejo Ramos Padilla; y las dos causas que se están sustanciando en el Juzgado de Lomas de Zamora.

El titular de la bicameral advirtió que entre 2015 y 2019 “no solamente se llevaron a la práctica tareas de espionaje ilegal, sino que estamos en presencia de un plan sistemático de inteligencia ilegal cuyo objetivo era la extorsión y la persecución política”.

Moreau explicó que el informe se tituló “El Estado mafioso” porque “en ese período se montó un Estado paralelo, clandestino y secreto”. “Se estructuró de modo sistemático un modo de acción que se desarrolló a través de células paralelas dentro del propio Estado”, dijo, y agregó que “la cabeza del sistema de espionaje estaba en la propia AFI (Agencia Federal de Inteligencia)”.

Sin embargo, según apuntó, no solo sucedió en el ámbito de la AFI sino también “en la AFIP, que llevaba adelante tareas de inteligencia fiscal; en la UIF, que llevaba adelante tareas de inteligencia financiera; en Migraciones, que hacía tareas de control de entradas y salidas del país; y en el Servicio Penitenciario Federal, que en coordinación con la AFI llevaba adelante las tareas de espionaje sobre los ‘presos K’ y sus abogados defensores”.

Moreau informó que todos esos grupos “reportaban a la cabeza de la AFI, que era la que determinaba los blancos de estas tareas, y a su vez la AFI, a través de Gustavo Arribas, operaba como polea de transmisión para llevar al vértice de esta organización ilegal, que era la ‘mesa judicial’, el conjunto de información”.

En ese sentido, aseguró que la “mesa judicial” era “presidida” por Macri; que “se reunía con periodicidad”; y que allí “se decidía el destino que iban a correr las personas u organizaciones que eran espiadas”.

Sobre ese aspecto, precisó que fueron 308 las víctimas -entre ellas varias figuras públicas, como la vicepresidenta Cristina Kirchner-, pero aclaró que no difundirán el listado completo porque “las volveríamos a victimizar y las volveríamos a poner como blanco del espionaje”.

“Lo tenemos absolutamente probado desde el punto de vista documental y a través de quienes admitieron haber realizado tareas de espionaje ilegal”, afirmó el legislador., que además habló de 170 organizaciones político-partidarias, gremiales, sociales, comunitarias y religiosas que también fueron objeto de estas tareas, y que sí están mencionadas en el documento.

Por otra parte, confirmó el pedido para crear una nueva comisión bicameral que investigue el rol de los magistrados en este accionar. “Nos hemos encontrado con que como parte de esta estructura mafiosa han participado también fiscales, jueces, camaristas y probablemente miembros de la Corte”, alertó.

Moreau aclaró que la bicameral que preside no pudo “avanzar en ese terreno” porque “excede las facultades de la comisión”, y por eso propuso crear una nueva “que tenga facultades más amplias que en el marco de la Constitución se puedan materializar”.

Finalmente, adelantó que enviarán el dictamen no solo a la Justicia, sino también a organismos internacionales como Naciones Unidas, la OEA y Amnistía Internacional. “La víctima ha sido el Estado de Derecho, porque se arrasó con el principio de inocencia y con los derechos y garantías de los ciudadanos”, sintetizó.

Por su parte, Parrilli -uno de los dirigentes espiados- denunció que este mecanismo se montó “para llevar adelante un plan económico de empobrecimiento de la gente, de despidos, de aumento de las tarifas del 3.000%, de endeudamiento brutal, de destrucción de la salud, la educación, la ciencia y la tecnología. Toda la tierra arrasada que dejó el gobierno de Mauricio Macri”.

También señaló que el espionaje ilegal se utilizó para solapar un “fenomenal hecho de corrupción y de negocios de Macri y muchos de sus ministros”, que tuvo que ver con los Panamá Papers, el Correo Argentino y el negociado de los parques eólicos. “La víctima de todo esto fue el pueblo argentino”, lamentó el exdirector de la AFI.

El Frente de Todos dará a conocer este martes un informe elaborado por integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia, sobre el supuesto espionaje ilegal durante la gestión del expresidente Mauricio Macri.

El documento fue elaborado por el senador Martín Doñate (Frente de Todos) y los diputados Rodolfo Tailhae (Frente de Todos) y Cristian Ritondo (Pro), integrantes de la bicameral presidida por el oficialista Leopoldo Moreau.

La comisión se reunió por la mañana en forma reservada para dar tratamiento a las conclusiones del informe, que se dará a conocer a las 18 con una conferencia de prensa en el Salón Pasos Perdidos.

A fines de marzo, Moreau reveló que hubo “más de 300 víctimas” de espionaje ilegal “sistemático” montado desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), entonces encabezada por Gustavo Arribas, en coordinación con otros organismos.

Según denuncia el oficialismo, el espionaje era un instrumento al servicio de la “mesa judicial” que funcionaba en Casa Rosada y que abonaba el “lawfare”.

El 30 de diciembre último, la bicameral entregó a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, un primer informe sobre el armado y el funcionamiento irregular de la Oficina de Escuchas.

Esa oficina, hoy denominada Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO), fue trasladada a principios de la gestión macrista desde la órbita de la Procuración General a la Corte Suprema de Justicia.

Senadores del bloque del Frente de Todos repudiaron “de manera enérgica” el ataque y las amenazas que sufrió este martes el diputado Leopoldo Moreau en la vereda de la confitería Casablanca, frente al Congreso, y vincularon los hechos a su rol como presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.

En un comunicado, los senadores se solidarizaron con Moreau y recordaron que, como titular de la bicameral, encabeza una investigación sobre “el espionaje ilegal sistemático y la persecución política desarrollada por la pasada administración macrista contra opositores, dirigentes sociales, empresarios y hasta con los familiares de la tripulación del ARA San Juan”.

“Nuestro bloque reclama el total esclarecimiento del ataque y la aplicación de la ley a todos y cada uno de los participantes de ese accionar antidemocrático, violento y que parece contrario al funcionamiento pleno de las instituciones de la República”, advirtieron.

#COMUNICADO ▶️ El Bloque de Senadoras y Senadores del @FrenteDeTodos repudia el ataque y las amenazas sufridas por el Diputado Nacional @MoreauLeopoldo 👇 pic.twitter.com/mtJHpj3BzF

— Senadores de UxP (@Senadores_UxP) January 14, 2021

Los senadores conducidos por José Mayans señalaron que la Bicameral de Inteligencia “en estos momentos está dedicada a investigar, entre otros asuntos, las actividades desarrolladas por las bases de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desplegadas en territorio de la provincia de Buenos Aires entre 2016 y 2017 y el espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan”.

“A nadie escapa que la investigación que viene desarrollando la comisión que preside puede generar malestar en los responsables de los hechos analizados, pero la democracia debe garantizar en el marco de la ley el pleno funcionamiento de sus instituciones”, finalizaron los legisladores.

Legisladores de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia, encabezados por el diputado Leopoldo Moreau, entregaron este miércoles a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al titular de la Cámara baja, Sergio Massa, un duro informe sobre el armado y el funcionamiento de la Oficina de Escuchas durante la gestión de Mauricio Macri.

Fue en un acto realizado en el Salón Delia Parodi del Congreso, donde participaron también los diputados Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés y los senadores Oscar Parrilli y Martín Doñate, todos del oficialismo.

Moreau expuso en detalle los resultados del trabajo realizado a lo largo del año por parte de una subcomisión que integraron Tailhade, Doñate y el diputado radical José Cano, que acompañó la parte técnica del dictamen final pero presentó observaciones.

Los legisladores recabaron documentos y testimonios con ayuda de un equipo técnico, y requirieron información a todos los juzgados federales y cámaras federales del país para contar con todos los expedientes donde hubiera tenido intervención la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ya sea en forma directa o a través de pre-causas.

Ante la mirada reprobatoria de Cristina por el contenido del informe, Moreau denunció que se produjeron “irregularidades muy severas que afectan no solo la intimidad de las personas, sino también derechos y garantías básicos que tienen que ver con la defensa en juicio y el debido proceso”.

También advirtió que “se han sustituido facultades del Congreso”, sentando el “precedente” de que “una acordada de la Corte puede justificar cualquier delito”, como el de falsedad ideológica.

“Es evidente que se estructuró una Oficina que se dedicó a la militancia persecutoria, y en un país donde hemos atravesado circunstancias como la del terrorismo de Estado, preocupa que se haya pretendido erigir un terrorismo judicial”, lamentó Moreau.

Asimismo, adelantó que en el mes de marzo tendrán listo otro informe sobre el “plan sistemático de inteligencia ilegal y persecución política” durante el gobierno macrista.

El informe

El documento, explicó Moreau, arranca con la “génesis” del caso, el DNU firmado por Macri el 24 de diciembre de 2015 -días después de asumir- disponiendo el traspaso de la Oficina de Escuchas desde la órbita de la Procuración General a la Corte Suprema de Justicia.

El diputado recordó que cuando esa Oficina funcionaba en la Procuración, “no hubo una sola filtración de escuchas”, pero a pesar de eso el gobierno impulsó el traspaso, y el 29 de diciembre, cinco días después de la firma del DNU, “la Corte dictó una acordada receptando esa Oficina”.

“Esto revela que había cierto apuro, ya que apenas había ingresado al Congreso el DNU, que no presentaba ni necesidad ni urgencia”, planteó Moreau.

Agregó que “tan grosero era el apuro que la Corte, en la propia acordada, recibió la Oficina pero dictó una resolución diciendo que recién se podía hacer cargo a mediados de febrero”.

Como “segunda irregularidad”, el oficialista marcó la forma en que se dio la elección de autoridades de la nueva Oficina, que pasó a denominarse a Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO).

“El decreto establecía que debía hacerse un sorteo entre los jueces penales con cargo de camaristas, pero curiosamente, días antes del sorteo, el diario La Nación, en una nota del periodista Hugo Alconada Mon, anunció quien iba a ser el titular de la Oficina, el camarista Martín Irurzun”, repasó Moreau, y añadió que el diario Perfil también difundió esa información.

Esto se dio así cuando, según el informe, “el sorteo superaba los 100 camaristas en todo el país”, y por si fuera poco, el acta del sorteo “al día de hoy no apareció, no existe”.

Moreau precisó que “a raíz de esta irregularidad se presentó una denuncia penal por falsedad ideológica” contra el entonces titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en función de que el Máximo Tribunal “había dictado una acordada avalando la designación”.

La denuncia “estuvo inerte en el Juzgado durante un tiempo hasta que en 2018 hubo una apelación, que recayó en una Cámara que ordenó el archivo de las actuaciones contra Lorenzetti”, integrada por los doctores Mariano Llorens y ni más ni menos que Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

El argumento para archivar las actuaciones fue que “a pesar de que no existe el acta del sorteo, de que no hay testigos, el hecho de que se haya dictado una acordada significaba darle fe al acto por sí mismo, no hacía falta ninguna otra prueba”, lo que sentó “un precedente muy complicado”.

Moreau también se refirió en detalle a las “amplísimas facultades” que la Corte le otorgó a la DAJUDECO, en un acto de “gravedad institucional inusitada” porque “la adjudicación de esas responsabilidades, en la práctica, significa la creación de una ‘policía judicial’ por la cantidad de misiones y una mirada panóptica sobre todos los procesos penales en el ámbito de la Justicia”.

Además, se quejó, “esto se hizo con una acordada cuando en realidad es el Congreso el que, desde sus facultades, organiza la Justicia penal” a través de leyes que fijan las estructuras.

Entre otras “irregularidades” de la DAJUDECO, el diputado indicó que “decidía qué causas se admitían y qué causas no se admitían en el cuerpo de peritos”.

En cuanto a la filtración de escuchas, puso como ejemplo al propio Parrilli, que “fue escuchado 209 días casi en continuidad”, primero en una pre-causa llevada adelante por la jueza María Romilda Servini y posteriormente en una causa a cargo de Ariel Lijo.

Además, Moreau dijo que en el decreto original de la Oficina se establecía que su titular duraría un año en el cargo y debía realizarse un nuevo sorteo, del cual Tailhade pidió participar.

Sin embargo, “Macri dictó un nuevo decreto y prorrogó por tres años más el mandato de Irurzun, que así quedó cuatro años al frente de este organismo: un año con un sorteo que no apareció y tres años con una prórroga antes del sorteo. Está claro que era el elegido para esta función”.

Por su parte, Parrilli ironizó que si el oficialismo presentara un proyecto de ley con reformas de este tipo, “lo menos que criticarían es que estamos creando la GESTAPO judicial”, e insistió en que las maniobras no solo fueron ejecutadas por la Corte sino también por el Poder Ejecutivo.

“En nuestra gestión (en la AFI) no hicimos ni una sola pre-causa”, destacó el senador, y añadió que cuando se reformó la Ley de Inteligencia en el gobierno de Cristina Kirchner estuvieron “a punto de eliminarlas”, pero no lo hicieron porque “los iban a acusar de que no querían perseguir al terrorismo”.

Finalmente, Parrilli informó que el gobierno macrista “hizo 55 pre-causas, de las cuales se analizaron 20 (en el informe de la Bicameral), y por ejemplo, apareció una causa de una modelo que había sido novia de (Alberto) Nisman porque supuestamente estaba relacionada con actividades del ISIS”.

La diputada nacional de Confianza Pública, Graciela Ocaña, pidió que se cite a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, y a los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide para evaluar su participación en la filtración de datos relacionados al espionaje ilegal.

A través de una nota dirigida al presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público, Martín Doñate, la legisladora nacional, que integra esa comisión, señaló que “la evidente impericia que habría mostrado la interventora al enviar, aparentemente, la documentación secreta sin los recaudos de protección necesaria, y la decisión de los fiscales de correr traslado digital de tales instrumentos, que deberían haber quedado como prueba reservada por su carácter sensible y secreto, son conductas que han puesto en peligro la vida de los agentes y las de sus familias, como así también la seguridad interior de nuestro país”.

En ese sentido, Ocaña afirmó que “al tomar conocimiento las partes intervinientes en el proceso de su existencia, pareciera que todos los responsables de mantener ese elemental resguardo han incumplido sus obligaciones funcionales, y por ello es tan importante y vital que esta Comisión tome cartas en el asunto e impulse las citaciones”.

“Revelar la identidad de los agentes que se encuentran protegidos por la Ley de Inteligencia constituye nada menos que un delito contra la seguridad de la Nación (y de las personas cuya identificación se facilitó), por lo cual es urgente y perentorio la concurrencia de los fiscales y la interventora de la AFI para que brinden las explicaciones del caso”, subrayó la diputada en el escrito.

Ocaña consideró que “es vergonzosa la filtración de 3.850 resoluciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) conteniendo decenas de datos sensibles que se encontraban en el Libro de Protocolo de Resoluciones conteniendo nombres personales, números de documentos, designaciones, viajes, jubilaciones de espías y ex agentes de inteligencia, registro de entradas y salidas entre tantos otros”.

Asimismo, sostuvo que “es escandalosa la filtración de datos personales del expresidente Mauricio Macri, tales como sus claves, direcciones, teléfonos, bienes personales, tarjetas de crédito, mails, entre otros datos, en violación de su derecho de privacidad e intimidad extralimitándose ampliamente el objeto procesal de la causa al publicar esos datos personales”.

La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside el diputado Leopoldo Moreau, inició un sumario de investigación por el presunto espionaje ilegal hacia familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan durante la gestión anterior.

La bicameral se reunió este lunes en forma reservada, con algunos de sus integrantes en forma presencial y otros vía teleconferencia, y acordaron designar una subcomisión encargada de instruir el sumario de investigación.

“La semana que inicia pondremos en marcha la investigación”, anunció Moreau desde el Salón de Pasos Perdidos, e informó que recibirán el testimonio de los abogados que representan a la querella.

En diálogo con el canal C5N, el diputado afirmó que días atrás fueron notificados de la denuncia que presentó la interventora de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), Cristina Caamaño, en Mar del Plata, “que es de donde salió toda la actividad de inteligencia ilegal”.

Además, el viernes pasado, Moreau se reunió con una de las abogadas que representan a los familiares, y que también sumó elementos para la investigación.

“Vamos a avanzar rápidamente porque este es un hecho moralmente perverso. Es uno de los temas de espionaje ilegal que más compromete al expresidente (Mauricio) Macri, porque esos informes estaban dirigidos directamente a él”, advirtió el legislador del Frente de Todos.

Sostuvo que “cada vez que Macri tenía alguna vinculación con el tema ARA San Juan, cuando recibía a los familiares, cuando iba a jugar al golf al club que está sobre la Base Naval de Mar del Plata, o cuando fue a Chapadmalal, la AFI le hacía un informe”.

“El usuario de esos informes era el presidente. Hay fotos de los familiares, seguimiento a los familiares, y de paso hicieron inteligencia ilegal sobre partidos políticos y organizaciones en Mar del Plata. Eso está definitivamente probado”, aseguró.

Por último, señaló que ahora “hay que analizar si tuvo algún grado de participación la Inteligencia Militar del Ministerio de Defensa”, algo que todavía “está bajo análisis”.

“No nos guía el odio o la venganza, solo queremos justicia”, aseguró la diputada nacional Blanca Osuna (Frente de Todos), integrante de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos de Inteligencia, al referirse a las 22 detenciones en la causa por espionaje ilegal.

La entrerriana aseguró que “los avances en las investigaciones  por el espionaje ilegal del macrismo a referentes políticos, sociales, gremiales, sindicales y religiosos entran en una etapa definitoria”.

“Nuestra participación en la Bicameral de Inteligencia nos posibilita tener una dimensión cabal de todo este entramado perverso e ilegal y promover que salga de la oscuridad y sea juzgado con todas las garantías constitucionales”, explicó Osuna en un comunicado.

La legisladora advirtió que “la gravedad del delito que supone la construcción de un aparato de persecución, espionaje, armado de causas y coacciones en el corazón del Estado nacional no tiene antecedentes en la historia democrática de la Argentina”.

“No nos guía el odio o la venganza, ni el show de detenciones en la madrugada. Solo queremos justicia, como brújula cotidiana que aporte a la realidad”, manifestó.

Además, enfatizó que “el caso más emblemático de la persecución es Cristina Fernández de Kirchner, como síntesis colectiva de proyectos nacionales y populares y como la resistencia opositora más contundente a los cuatro años de ajuste, hambre y endeudamiento del macrismo”.

Por último, Osuna reclamó “un nunca más a la Inteligencia y el oscurantismo como prácticas políticas de persecución y amedrentamiento a opositores, propios y extraños”.

La vicepresidenta Cristina Kirchner y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, firmaron este martes una resolución conjunta para que la Comisión Bicameral de Inteligencia asuma el control y el seguimiento de la oficina de escuchas judiciales, dependiente de la Corte Suprema de Justicia.

En la resolución, que lleva el número 8/20, Cristina y Massa dispusieron que sea la comisión que actualmente preside Leopoldo Moreau (Frente de Todos) la que lleve adelante el control sobre la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación.

La disposición se firmó en el marco de un convenio suscrito el 29 de septiembre de 2016, bajo la gestión de Mauricio Macri, entre el Congreso Nacional y la Corte Suprema.

En ese convenio, se puso en cabeza del Congreso el seguimiento de las actividades de la oficina de escuchas, “a efectos de garantizar estándares de imparcialidad y transparencia institucional y la actualización permanente de los métodos más eficaces para prestar asistencia contra el crimen organizado”.

Dado que se facultó a Congreso para determinar la modalidad de este control, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados asignaron la tarea a la Bicameral de Inteligencia.

A su vez, dispusieron la creación de una subcomisión permanente que deberá informar semestralmente a la presidencia de ambas Cámaras sobre los avances de la bicameral en ese sentido.

Cabe recordar que, con el voto del Frente de Todos, el Senado rechazó el DNU que traspasó las escuchas telefónicas del Ministerio Público a la Corte Suprema, pero el decreto debe ser tratado en la Cámara de Diputados para quedar definitivamente anulado.

El senador y exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli rechazó este miércoles que el general César Milani, exjefe del Ejército, haya montado una “inteligencia paralela”, tal como sugirió semanas atrás el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff.

En la sesión del pasado 4 de junio, Naidenoff aseguró que “cuando Milani fue designado como jefe del Ejército y tuvo a su cargo la inteligencia, más que a inteligencia se dedicaron a otra cosa”.

Pero Parrilli recordó que, cuando él asumió en la AFI, realizó “una inspección sobre todas las dependencias del general Milani a los efectos de determinar si efectivamente existía lo que se denunciaba en los medios”, lo cual, según él, fue descartado.

El senador recordó que tanto Julio Martínez, exministro de Defensa, como Patricia Bullrich, de Seguridad, habían advertido sobre la existencia de un organismo de inteligencia paralela, y sin embargo el propio Martínez admitió luego que “no se encontró nada que comprometa” a Milani y que, si realizó esas prácticas, “lo hizo por afuera de la estructura oficial”.

“No voy a defender a Milani, él solo se tendrá que defender”, aclaró Parrilli, pero denunció que los exfuncionarios de la gestión de Cambiemos “mentían y lo hacían adrede”.

El senador del Frente de Todos agregó que él sí realizó denuncias contra funcionarios de Inteligencia que presuntamente se habían apartado de la ley, lo que derivó en la apertura de ocho causas penales.

“En épocas como las actuales, donde vemos las cloacas de la democracia, donde vemos que el gobierno anterior solo se dedicó a espiar a ciudadanos, a endeudarnos de forma irracional y a generar ganancias exorbitantes para el grupo de amigos de Macri, son cosas que no podemos dejar pasar”, concluyó.

Tras la denuncia por espionaje ilegal durante la gestión anterior, el Poder Ejecutivo envió al Senado el pliego de Cristina Caamaño como directora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), organismo del cual es interventora.

El pedido de acuerdo ingresó con las firmas del presidente Alberto Fernández y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y ahora la Cámara alta deberá darle ingreso formal.

A continuación, el pliego deberá ser debatido por la Comisión de Acuerdos, que preside la oficialista Anabel Fernández Sagasti.

Según el procedimiento, Caamaño será convocada a una audiencia de la comisión en la que deberá responder preguntas de sus integrantes.

El pliego de la actual interventora de la AFI, una vez que obtenga dictamen, será debatido en el recinto, donde se requiere mayoría simple.

Caamaño reemplaza desde diciembre del año pasado y por un decreto del presidente Fernández a los macristas Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, director y vicedirectora, respectivamente, de la AFI desde 2015.

En mayo, Caamaño presentó una denuncia penal por espionaje ilegal hacia dirigentes políticos, periodistas y sindicalistas durante el gobierno de Cambiemos, tras el hallazgo de información recuperada de un disco rígido que había sido borrado.

La denuncia quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y del fiscal Jorge Di Lello en los tribunales federales de Retiro, aunque por el tema del espionaje se sustancian otros dos expedientes en sendos tribunales federales de Lomas de Zamora.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, calificó como “exitosa” la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y ratificó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para “normalizar” ese organismo.

Lo dijo ante una pregunta del senador Oscar Parrilli (Frente de Todos), acerca de “cuáles son los lineamientos que tiene pensado el Gobierno para poner a los servicios de Inteligencia en dirección de resguardar al Estado y que tengan pautas democráticas”.

Cafiero indicó que “hace falta una reforma de la normativa vigente” y por eso se propondrán cambios a la ley actual.

“Hasta acá la intervención ha sido exitosa porque ha podido transparentar recursos, blanquear estructuras, y la AFI se ha puesto a funcionar dentro de un marco democrático y normativo”, destacó.

Sobre el espionaje ilegal denunciado por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, Cafiero le respondió a Parrilli: “El presidente (Alberto Fernández) lo llama ‘sótanos de la democracia’, usted lo llama ‘cloaca de la democracia’, y yo no tengo más que coincidir con ambos”.

“Tenemos que ser el gobierno que diga ‘nunca más’ a este tipo de prácticas donde se inventan causas mediáticas y se persigue a opositores propios y ajenos”, afirmó el jefe de Gabinete.

El senador nacional de Juntos Somos Río Negro Alberto Weretilneck se presentó como querellante en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal que realizó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno del presidente Mauricio Macri contra dirigentes políticos, empresarios, y periodistas.

Con el patrocinio de los abogados Mariano Cúneo Libarona y Damián Torres, Weretilneck amplió la denuncia para que se investigue el presunto delito de peculado, ya que se habría utilizado un servicio del Estado Nacional para fines personales. La presentación se concretó este martes en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 8 de Buenos Aires.

“Tomamos conocimiento de lo ocurrido a partir de los medios de comunicación y luego por la denuncia formal. Ahora esperamos la aceptación de la Justicia como querellantes. Nosotros solicitamos que se investiguen dos presuntos delitos: la intercepción de correspondencia privada, invasión a la privacidad, e incorporamos el peculado, porque utilizaron los bienes públicos en beneficio de particulares o sin marco jurídico legal. Por eso ampliamos la denuncia”, explicó el exgobernador rionegrino.

Consultado por el canal C5N sobre el motivo del espionaje, Weretilneck afirmó: “No sé exactamente qué estaban buscando. Cuando abran el disco rígido y se conozca la fecha y la temática, podremos saber qué estaban buscando. Sinceramente sólo tengo sospechas, pero supongo que si tomaron la decisión de leer mis correos electrónicos, también habrán estado siguiendo mis movimientos y mi teléfono. Hay que esperar que avance la investigación”.

“Acá hubo una decisión política, no fue una decisión personal a espaldas del presidente. Uno puede tener decisiones autónomas como funcionario, pero una decisión de estas características, no se toma en soledad. Son temas muy profundos, pero acá se montó todo un sistema ilegal, es una forma de llevar adelante el poder. Lo más grave de todo esto no es la utilización de los bienes públicos, sino el por qué. Hay que ver si espiaron para sacar ventajas electorales, comerciales o el día de mañana perjudicar a una persona”, concluyó.

El senador y extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli acusó al expresidente Mauricio Macri y a la “mesa judicial” que, según el kirchnerismo, se formó durante su gestión, de “llevar adelante el mecanismo más perverso de Inteligencia ilegal en Argentina”.

Así se pronunció Parrilli al defender el rechazo a los DNU 256/15 y 102/17, sobre el traspaso de las escuchas telefónicas de la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia.

El legislador recordó que “paradójicamente” el decreto original señalaba que las escuchas pasaban a la órbita de la Corte “para controlar que no se afecte la intimidad de las personas más allá del objetivo buscado, que es el de la investigación”.

Tal como informó su par Anabel Fernández Sagasti, Parrilli advirtió que en los diarios Clarín y La Nación se difundió que el juez Martín Irurzun sería el futuro titular de la oficina de escuchas, “dos días antes” de la realización del supuesto sorteo.

A raíz de eso, Parrilli denunció penalmente a Ricardo Lorenzetti y también presentó una nota para conocer “dónde están las fojas, dónde está el sorteo realizado”. “Si (Irurzun) fue designado a dedo, Lorenzetti ha incurrido en el delito de adulteramiento de documento público”, aseveró.

En tanto, alertó que “desde esa oficina se montó una Inteligencia monumental y paralela a la AFI de (Gustavo) Arribas, y desde allí comenzaron a hacer todas las pinchaduras telefónicas, algunas legales y otras ilegales”.

El propio Parrilli dijo haber sido víctima de este modus operandi y denunció que “le inventaron dos causas” vinculadas a un supuesto robo de documentación de la AFI y al encubrimiento de un narcotraficante.

“Hubo un equipo que comandaba el presidente Macri junto con personal de Inteligencia, Arribas, (Silvia) Majdalani, la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich), la famosa ‘mesa  judicial’, jueces y fiscales, que llevaron adelante el mecanismo más perverso de Inteligencia ilegal en Argentina”, finalizó.

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff,  denunció en la sesión de este jueves que en el Congreso el oficialismo aplica una “hoja de ruta de la revancha” al tratar dos DNU firmados en la gestión anterior y promover una investigación sobre la fuga de capitales durante el macrismo.

Naidenoff recordó que “el Frente de Todos acompañó la idea de tratar solo proyectos vinculados a la pandemia y la emergencia”, pero “así como la pandemia nos unía, el oficialismo avanzó con una hoja de ruta que nada tiene que ver con los intereses de la sociedad”.

Según el formoseño, “primero montaron un show” en la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa “para decir ‘acá están los amigos de Cambiemos que se quedaron con todos los dólares’”.

Sin embargo, habló de un informe del portal El Cohete a la Luna, del periodista Horacio Verbitsky, que muestra que “los grandes amigos se enriquecieron en los doce años de gobierno anterior”, en particular la familia Eskenazi.

No habilitamos el tratamiento ni otorgamos los ⅔ de los votos porque estamos dispuestos a discutir todos los temas que tengan que ver con la emergencia, con la pandemia y sus efectos colaterales conforme a lo acordado por los bloques y la resolución de la presidencia del cuerpo.

— Luis Naidenoff (@luisnaidenoff) June 4, 2020

Naidenoff también se refirió a la citación a Mario Cimadevilla, extitular de la Unidad Especial AMIA, a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, “tratando de erigir a este Senado como un tribunal fiscalizador”.

Al expresarse sobre los DNU 256/15 y 102/17, vinculados a las escuchas telefónicas, sostuvo que éstas “no pueden estar en manos del Ministerio Público Fiscal” como era originalmente, ya que “los fiscales acusan y solicitan medidas de prueba, y son los jueces los que ordenan las medidas probatorias”.

“En Argentina se ha implementado el sistema acusatorio, donde el fiscal puede pedir pruebas, como un allanamiento, una escucha o una extracción de sangre compulsiva. No puede el Ministerio Público Fiscal tener bajo su poder semejante herramienta judicial. La Corte es el mejor órgano encargado”, consideró.

Asimismo, el senador cuestionó el decreto de la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el 52/19, al señalar que el oficialismo “tiene el número en la Comisión de Acuerdos” para designar en ese ámbito al nuevo titular del organismo.

Naidenoff afirmó que “el tema del espionaje es una deuda institucional que atraviesa a todos los gobiernos, de los ’90 a la fecha”, y agregó que esta actividad se aplicó en forma “grotesca, burda, infame” y que “afectó a todos”, ya que fueron víctimas dirigentes políticos, sindicales, periodistas, empresarios, personalidades de la cultura y hasta el propio papa Francisco.

“Todo esto sirvió para apretar, para extorsionar, para degradar. Este es un agujero negro”, dijo,y si bien indicó que “las denuncias de espionaje se resuelven en la Justicia”, advirtió que “en materia de servicios de Inteligencia, la Justicia argentina no es parte de la solución, sino parte del problema”.

A raíz de todo esto, el titular del interbloque Juntos por el Cambio alertó: “Hay una hoja de ruta de la revancha, pero se olvidan que mientras hablan del pasado, hay enormes problemas en lo cotidiano”.

Y amplió: “La sociedad hoy está mirando otra cosa: los contagios, la pérdida de empleo, las pymes que miran si el Estado va a cubrir o no el otro 75% de los haberes porque están paradas, porque bajaron las persianas por una situación ajena”.

Por último, comparó: “El oficialismo en el Senado se asemeja a la orquesta del Titanic. Mientras el transatlántico se está hundiendo y algunos pasajeros están peleando por sus vidas, la orquesta sigue tocando en la cubierta como si nada pasara”.

Con la mayoría de sus miembros en forma presencial, la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control y Organismos y Actividades de Inteligencia se reunió este miércoles y recibió la denuncia formulada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, sobre supuesto espionaje ilegal a dirigentes, legisladores, sindicalistas y periodistas durante la gestión de Mauricio Macri.

La comisión presidida por el diputado Leopoldo Moreau (Frente de Todos) acordó requerir a la AFI que amplíe información sobre la denuncia, conocida a seis meses de intervención del organismo, donde se acusa a la conducción de Gustavo Arribas de interceptar unos 80 correos electrónicos sin orden judicial.

De los catorce integrantes, once participaron de la reunión en el Salón Delia Parodi, entre ellos Moreau, los diputados Rodolfo Tailhade, Blanca Osuna (Frente de Todos) y José Cano (UCR), y los senadores Oscar Parilli y Gerardo Montenegro (Frente de Todos). Solo tres se conectaron por videoconferencia, con los recaudos de seguridad necesarios por tratarse de una reunión reservada.

En conferencia de prensa en el Salón de Pasos Perdidos, Moreau aclaró que “todavía no se abrió una investigación específica” de la bicameral sobre la denuncia de Caamaño, sino que se solicitó a la AFI “una ampliación de información” para dilucidar “el procedimiento por el cual se llegaron a constatar estas pinchaduras sobre correos electrónicos” y “cómo transitó la cadena de responsabilidades”.

“Hicimos hincapié en el hecho de que además de las figuras públicas, hay algunos nombres y apellidos que no tienen la misma notoriedad, pero son militantes o dirigentes de fuerzas políticas, que es lo que más nos preocupa, porque quiere decir que no solamente se avanza sobre personas, sino también sobre organizaciones políticas, algo que está muy expresamente prohibido por la Ley de Inteligencia”, explicó el titular de la bicameral.

Consultado sobre el papel de Mauricio Macri, sostuvo que “esa es una cuestión que debe dirimirse en sede judicial” y aclaró que el expresidente “tiene un requerimiento para ser indagado” en la causa llevada adelante por el fiscal Jorge Di Lello e instruida por el juez Marcelo Martínez De Giorgi.

El jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, salió en defensa de Macri. “Confío en la investigación judicial, pero descarto que por alguna orden política haya habido un trabajo de estas características”, dijo a la prensa, y consideró que “tiene que haber pruebas mucho más concretas” para comprobar los hechos, por lo cual “se han requerido peritos”.

“Este es un cuento de nunca acabar, es algo recurrente en los servicios de Inteligencia. En cualquier gobierno donde se viole la Ley de Inteligencia contra cualquier persona, eso es violar el sistema democrático. La AFI debe garantizar la ley, tiene extremadamente prohibido hacer inteligencia sobre partidos políticos”, remarcó Ritondo.

La oficialista Osuna, otra de las integrantes de la bicameral -que viajó desde Entre Ríos para asistir a la reunión- condenó “el accionar ilegal de la AFI, que fue convalidado en el gobierno de Macri y que se caracterizó por el descontrol, el espionaje político y las extorsiones, sumados a escuchas a favor de los negocios privados de personajes del círculo afín al gobierno”.

“La ilegalidad de la actuación del organismo mientras estuvo en manos de Arribas y Macri es de un nivel de gravedad institucional que nos moviliza a actuar con urgencia, ya que este funcionamiento afecta la democracia”, aseveró, y concluyó: “Seguiremos con expectativa el proceso que se abre con la denuncia efectuada por Caamaño”.

La denuncia de Vila

Por otra parte, dentro de la bicameral se constituyó una sub-comisión que analizará otra acusación, formulada por el exsubsecretario de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa, José Luis Vila, quien “denunció que fue objeto de intimidaciones y amenazas, al colocarle una bomba en la puerta del edificio donde habitaba”, reveló Moreau.

La semana pasada, Vila brindó detalles del supuesto atentado a los diputados Moreau, Ritondo, Eduardo Valdés (Frente de Todos) y Sebastián García De Luca (Pro). “Jueces que están interviniendo nos enviaron oficios que nos dieron indicios y certezas de que hay agentes de Inteligencia que llevaron adelante acciones violatorias de la ley”, advirtió el presidente de la comisión.

Además, aclaró que Vila “no es un arrepentido; es una víctima de una campaña de intimidación y persecución”. “Aparentemente, un grupo de narcotraficantes habría actuado en consonancia con un agente de la AFI, que a su vez dice haber recibido órdenes superiores, en esta actividad de intimidación y amenazas”, indicó Moreau.

Según trascendió, desde la sub-comisión se citará para los próximos días al periodista Carlos Pagni, quien fue mencionado por Vila en su declaración.

Por Carolina Ramos

Tras dos semanas donde predominó la armonía, oficialismo y oposición se volvieron a sacar chispas este martes en reuniones virtuales. Tras los fuertes cruces en la Bicameral de la Deuda Externa, Juntos por el Cambio se retiró de otra comisión, la de Trámite Legislativo, en medio de gritos y acusaciones cruzadas. El motivo: el DNU  de Mauricio Macri que traspasó las escuchas telefónicas a la Corte Suprema.

El presidente de la bicameral, Marcos Cleri, había convocado a tratar siete decretos, entre ellos el 256/15, que transfirió el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones de la órbita de la Procuración General -entonces encabezada por Alejandra Gils Carbó- al máximo tribunal.

El debate tenía un condimento extra: la denuncia por parte de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, acerca del espionaje ilegal cometido durante la gestión de Cambiemos contra dirigentes y legisladores -algunos, del propio oficialismo de aquel entonces-, además de sindicalistas y periodistas.

De entrada, el diputado Pablo Tonelli pidió retirar del temario ese decreto, junto con otro dictado por Macri, el 102/17, que puso a cargo del Poder Judicial la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, en cabeza de los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra.

Tonelli recordó que “ambos decretos ya fueron dictaminados por esta bicameral”, el primero el 16 de febrero de 2016 y el segundo, el 21 de marzo de 2017.

“¿Cuál sería el justificativo para volver a tratar esos decretos? Si el motivo fuera alegar la caducidad de los dictámenes, la caducidad no existe. Tanto el reglamento de Diputados como el del Senado, cuando hablan de la caducidad de los dictámenes, se refieren a las comisiones permanentes, pero no de las comisiones especiales o bicamerales”, explicó el legislador del Pro, y consideró que insistir en el debate de esos decretos sentaría “un pésimo precedente para del funcionamiento de la comisión”.

Desde el Salón Delia Parodi de la Cámara baja, Cleri respondió que “hay una situación de fondo: la oportunidad para senadores y diputados de fijar nuevamente una posición sobre los DNU”. Recordó que en aquel entonces el peronismo/kirchnerismo rechazó el decreto de las escuchas telefónicas porque tratándose de un tema penal, “es materia vedada” por la Constitución Nacional.

Pero además, señaló: “Hay hechos que se van sumando, como la denuncia penal de Inteligencia sobre 80 personalidades y ciudadanos. Uno de ellos es mi persona”. En efecto, Cleri fue una de las víctimas junto a otros legisladores como Mario Negri, Nicolás Massot, Gabriela Cerruti y Rodolfo Tailhade, entre otros.

La discusión empezó a levantar temperatura. “Con este criterio, para que algunos legisladores que se incorporan puedan dictaminar, vamos a terminar haciendo un revisionismo. Esto no funciona así”, advirtió el senador Luis Naidenoff, que opinó, junto al diputado Omar De Marchi, que esos decretos ya superaron la instancia de la bicameral y deben pasar a los recintos.

Intervino entonces la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien consideró “oportuno” el tratamiento del DNU porque “más allá de nuestras pertenencias partidarias, tenemos un bien muy superior que cuidar, que es la institucionalidad. Los reglamentos son excusas para no tratar el fondo de la cuestión, que es devolver normalidad a las instituciones”.

“La Justicia, la Procuración General de la Nación y la propia AFI deben ser las que se encarguen de cuidar a los ciudadanos y no filtrar sus teléfonos, sus mails y conversaciones personales con el único fin de divulgar esas conversaciones”, aseveró la vicejefa del bloque oficialista, mientras los legisladores de la oposición amagaban con desconectarse de la reunión.

“¡Quizá esto sea para dárselo nuevamente a Daniel Rafecas!”, sugirió un enojado De Marchi, levantando el tono para pedirle la palabra a Cleri. “¿Por qué me silencia? ¡Si no me quiere dar la palabra, nos retiramos y se acabó!”, lanzó el mendocino. Fernández Sagasti se interpuso: “¡¿Es una barricada esto?! Uno no puede imponerse en el uso de la palabra violando todas las reglas de buenas costumbres”.

Uno a uno, los representantes de Juntos por el Cambio se retiraron de la videoconferencia y dejaron al oficialismo debatiendo los decretos en soledad. “La oposición, en vez de irse, debería haber votado su propio dictamen”, comentó el senador Pablo González, cuando ya no lo oían.

“Una deuda con la institucionalidad”

Ante la tropa propia, Fernández Sagasti se encargó de criticar el DNU de la polémica y sostuvo que con su rechazo se busca “saldar una deuda con la institucionalidad de nuestro país”.

La mendocina recordó que cuando se dio el debate, en febrero de 2016, ya sostenían que “el objetivo del macrismo, con un DNU adornado de legalidad pero totalmente ilegal y contrario a la Constitución y al proceso penal, era pasarle a la Corte las escuchas, y ésta, mediante una acordada, designar a jueces que eran orientados por la mesa judicial del macrismo”.

Según Fernández Sagasti, después del dictado del DNU, “la Corte actuó en línea con el presidente Macri y dictó una acordada para que el juez Irurzun se hiciera cargo de las escuchas”. “Supuestamente esa designación se hizo a través de un sorteo, pero dos días antes del sorteo los diarios Clarín y La Nación sabían que el sorteado iba a ser Irurzun”, denunció.

La senadora mencionó entonces las “filtraciones de conversaciones de quienes pensaban distinto al gobierno de Macri” y alertó que “un dispositivo que tiene que ser orientado a prevenir delitos complejos fue direccionado para perseguir sistemáticamente a la oposición de ese momento e instalar el lawfare en Argentina”.

En ese contexto, señaló que no solo “el sistema de escuchas es materia penal vedada por la Constitución”, sino que también se violó la garantía del debido proceso, porque las escuchan “estaban en manos de quienes debían garantizar la privacidad de los argentinos”. “La misma Corte era la que intervenía esos teléfonos”, insistió, y finalizó: “Vamos a poner en su lugar aquello que nunca debió haber salido de la legalidad”.

Los decretos avalados y rechazados

En soledad, el Frente de Todos firmó dictamen de validez sobre cinco decretos del temario, y los dos restantes, firmados durante el macrismo, fueron declarados inválidos. Cleri anunció que todos se tratarán en la próxima sesión del Senado.

A continuación, el listado completo:

DNU 487/2020 (avalado). Prorroga la prohibición de efectuar despidos.

Decreto delegado 488/2020 (avalado). Petróleo crudo en el mercado local. Establece precio para facturación de entregas.

DNU 256/2015 (rechazado). Transfiere el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) dependiente de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración General de la Nación a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

DNU 102/2017 (rechazado). Modifica el decreto 256/15, estableciendo que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación estará a cargo de dos Jueces penales con rango de Juez de Cámara.

DNU 52/2019 (avalado). Dispone la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por el plazo de 180 días prorrogables.

Decretos 391/2020 y 404/2020 (avalados). Reestructuración de títulos públicos emitidos bajo ley extranjera.

“El DNU 214/2020 sobre modificaciones a la Ley de Inteligencia se presenta como la prohibición de que los organismos de inteligencia realicen tareas represivas, posean facultades compulsivas y cumplan funciones policiales y de investigación criminal. Esas actividades ya estaban prohibidas en la ley 25.520, en el mismo art. 4 inc. a) que modifica el DNU, salvo orden judicial librada en una causa concreta y con sujeción a las reglas procesales”, explicó el diputado nacional Gustavo Menna (UCR – Chubut).

Para Menna, “la novedad es que de aquí en más los jueces no podrán contar con estos organismos como auxiliares. Las investigaciones judiciales serán menos eficaces. El DNU no trata las actividades ilegales, hechas sin orden judicial en una causa concreta. Pero llamativamente, el DNU deja vigente el art. 15 bis de la ley, que permite que las autoridades judiciales tengan relación con la AFI, lo cual contradice la prohibición”.

“Una cuestión tan trascendente de una ley central para el sistema democrático junto a la ley de Defensa y a la de Seguridad Interior, debió ser tratada mediante un proyecto de ley y no a través de un DNU”, concluyó el legislador.