“Topo” Rodríguez y Natalia de la Sota felicitaron a Juan Schiaretti y también al ganador de las elecciones generales de este domingo.
A través de las redes sociales, dos diputados del interbloque Federal ponderaron la elección del candidato de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti.
El diputado Alejandro “Topo” Rodríguez felicitó al gobernador cordobés “por la excelente elección en defensa del federalismo, la producción y el trabajo”. Pero también expresó “un reconocimiento al candidato ganador de esta primera vuelta electoral, Sergio Massa”.
Asimismo Rodríguez destacó la convocatoria del candidato de UP a “un gobierno de unión nacional y su apelación a la paz”.
Por su parte, la diputada Natalia de la Sota felicitó también al gobernador Schiaretti “por la excelente elección en defensa del interior productivo. Saludo también a Sergio Massa, primero en estas elecciones generales. Valoro su propuesta de gobierno de unidad nacional para terminar con esta Argentina agrietada”, destacó.
Dos cordobeses rechazan el proyecto impulsado por Sergio Massa, pero al menos tres de los ocho miembros de esa bancada lo harán a favor. La postura de los socialistas.
En la antesala del dictamen y el posterior tratamiento en el recinto del proyecto que busca modificar el impuesto a las Ganancias presentado por el ministro/candidato Sergio Massa, el interbloque Federal -clave para toda sesión de la Cámara baja- muestra a priori posturas contrapuestas. Según pudo saber parlamentario.com, al menos tres de sus ocho miembros están dispuestos a dar quórum y votar a favor. Lo cual es clave para los planes del oficialismo, que convocó este viernes a sesionar el martes que viene.
Las luces de alarma para el Frente de Todos las encendió el titular del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, quien afirmó en declaraciones a los medios que su espacio votará en contra porque “se está llevando por delante la autonomía de las provincias”, ya que Ganancias es un impuesto coparticipable.
La decisión del bloque va en línea con lo que ha manifestado el gobernador de Córdoba y candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, en sus redes: “Nosotros estamos de acuerdo con bajar la carga impositiva a trabajadores y al sector productivo, pero es poco serio e irresponsable hacer anuncios electoralistas con la plata ajena: el 61% de lo recaudado del Impuesto a las Ganancias es de las provincias”, expresó.
Sin embargo esta postura no involucra ni siquiera a todos los cordobeses. En rigor, solo votarán en contra el mencionado Gutiérrez y su comprovinciano Ignacio García Aresca, quien a su vez es integrante de la Comisión de Presupuesto.
La tercera componente de ese espacio, Natalia de la Sota, dará quórum y votará a favor. Lo adelantó este viernes a un medio de su provincia, donde precisó que su postura “es clara”. Para ella, “el salario de un trabajador en relación de dependencia no es ganancia”.
En el mismo sentido se pronunció el presidente del bloque Identidad Bonaerense y del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, “ninguna duda en votar a favor de quitarle impuestos al salario de los trabajadores”. Su compañera de bancada Graciela Camaño también acompañará esa postura: dará quórum y votará a favor de la eliminación del impuesto a la cuarta categoría.
En cambio el tercer integrante de Identidad Bonaerense, Florencio Randazzo, piensa votar en contra del proyecto.
A su vez, el bloque socialista compuesto por Mónica Fein y Enrique Estévez emitió un comunicado que abrió muchas dudas. Es que calificaron el proyecto como “un oportunismo político con fines electorales”, y plantearon que “más que seguir anunciando parches, el Gobierno debe sentarse a discutir seriamente sobre el impuesto”. Sin embargo esta postura que pareciera opuesta al proyecto no anticipa un voto en contra. Si bien no aclararon qué harán, allegados a ese espacio aclararon que no votarán en contra. No confirmaron sin embargo si lo harán a favor -lo que infiere una posible abstención-, ni tampoco si darán quórum. Eso sí: propusieron una serie de ítems a sumar al debate tales como que los jueces paguen ganancias, beneficios para las provincias y trabajadores autónomos, entre otros, lo que deja abierta las puertas a una eventual postura favorable. Si se accede a alguno de sus requerimientos.
El diputado schiarettista Carlos Gutiérrez afirmó que su bloque votará en contra de la iniciativa del Gobierno. Sin embargo, otros legisladores todavía están “analizando” qué harán.
En la antesala del dictamen y su posterior tratamiento en el recinto del proyecto que busca modificar el impuesto a las Ganancias, presentado por el ministro/candidato Sergio Massa, el interbloque Federal define cuál será su postura, que podría no ser uniforme. No sería la primera vez en que este espacio, conformado por ocho legisladores, vote dividido. El caso más reciente fue la reforma por la Ley de Alquileres.
Por un lado, el titular del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, afirmó en declaraciones a los medios que su espacio votará en contra porque “se está llevando por delante la autonomía de las provincias”, ya que Ganancias es un impuesto coparticipable.
La decisión del bloque va en línea con lo que ha manifestado el gobernador de Córdoba y candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, en sus redes: “Nosotros estamos de acuerdo con bajar la carga impositiva a trabajadores y al sector productivo, pero es poco serio e irresponsable hacer anuncios electoralistas con la plata ajena: el 61% de lo recaudado del Impuesto a las Ganancias es de las provincias”.
Sin embargo, dentro del bloque de Identidad Bonaerense no hay una definición clara y fuentes cercanas confirmaron a parlamentario.com que aún están “analizando el proyecto”. Cabe remarcar que dentro de esta bancada está, además de Alejandro “Topo” Rodríguez y Graciela Camaño, el diputado Florencio Randazzo, postulado como vicepresidente en el binomio con Schiaretti, por lo cual podría ir en la misma sintonía que los cordobeses.
Por el lado del bloque Socialista, compuesto por Mónica Fein y Enrique Estévez, emitió un comunicado este viernes en el que calificó la medida como “un oportunismo político con fines electorales” y plantearon que “más que seguir anunciando parches, el Gobierno debe sentarse a discutir seriamente sobre el impuesto”. En ese sentido, propusieron una serie de ítems a sumar al debate tales como que los jueces paguen ganancias, beneficios para las provincias, trabajadores autónomos, entre otros. Pese a eso, Gutiérrez aseguró que verán “el comportamiento del resto del interbloque”.
La iniciativa, enviada por el ministro de Economía y candidato a presidente por UP, Sergio Massa, contó con una sola reunión informativa que se llevó a cabo este jueves con la presencia de funcionarios y gremialistas que respaldaron el proyecto. La misma será tratada el próximo lunes 18, en donde el oficialismo irá por el dictamen para poder tratarlo en el recinto en la sesión del siguiente día. El cordobés Ignacio García Aresca forma parte de la comisión.
Tras las PASO, los jefes de bloques mantuvieron conversaciones y buscan reunir los 129 que habilitarían el quórum. Sin embargo, todavía no saben si tendrán los votos para aprobar el dictamen de minoría. Pero sí quieren dejar expuesto una vez más al oficialismo.
Mientras de a poco baja la espuma de las elecciones PASO, marcadas por la sorpresa del primer lugar que alcanzó Javier Milei, este miércoles los jefes de Juntos por el Cambio y de algunos bloques provinciales mantuvieron conversaciones sobre la convocatoria a sesionar el próximo miércoles 23 en la Cámara de Diputados por la Ley de Alquileres.
En el encuentro, realizado por Zoom, se definió que sostendrán la convocatoria realizada el pasado 5 de julio y volverán a contactarse para evaluar si consiguen o no el número para dar por abierta la reunión, es decir, si pueden alcanzar el quórum con 129 presentes.
Con los mayores esfuerzos, logrando que todos sus integrantes estén sentados en el recinto, Juntos por el Cambio suma 117, el interbloque Federal 8 y el interbloque Provincias Unidas, 4. Total: 129.
Pero por fuera también están los dos legisladores del bloque SER y el neuquino Rolando Figueroa, además de los tres liberales Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo. Milei fue uno de los presidentes de bloque que firmó el pedido de citación.
Se estima que al igual que el Frente de Todos, el Frente de Izquierda no dé quórum.
Fuentes legislativas de la oposición consultadas por parlamentario.com reconocieron que “todavía falta” asegurar que tendrán el número para el quórum, pero “la idea es no sólo tener 129 sino que esos 129 rechacen el dictamen de mayoría que es del kirchnerismo. Este es el gran primer objetivo”.
No obstante, por ahora, la oposición tampoco tiene garantizado poder aprobar su dictamen de minoría, ya que persisten las dudas de algunos respecto del artículo 6 de ese texto, donde quedó fijado que “se podrán realizar ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre 3 y doce 12 meses”.
Ese fue uno de los puntos que, hace ya más de un año atrás, hizo caer con fuerza la posibilidad de avanzar en el recinto porque, tras la discusión en comisiones, hubo diputados de bloques federales que no quedaron conformes con esa redacción. Para un grupo de legisladores ese plazo de tres meses es muy poco, pero los que pujan fuerte para que se mantenga ese tiempo como piso son los representantes del Pro.
En caso de que los bloques no lleguen a un acuerdo para poder aprobar el dictamen de minoría, y si es que primero logran rechazar el del Frente de Todos, buscarán que -otra vez- se pongan en consideración los proyectos que directamente proponen derogar la Ley 27.551. Una idea que fue sumando adeptos.
Eso fue lo que sucedió el 5 de julio, antes de que se decidiera presentar un pedido de sesión. En esa oportunidad fue solicitado por el macrista Hernán Lombardi y resultó rechazado, porque, al tratarse de una iniciativa sin dictamen, requiere de los dos tercios.
En la solicitud de sesión se aclaró que sería con el objeto de tratar “los proyectos y dictámenes con estado parlamentario referidos a la Ley de Alquileres”.
Desde Juntos por el Cambio revelaron a parlamentario.com que la idea de dejar expuesto una vez más al Frente de Todos, votando en contra de la derogación, es lo que “más seduce” a algunos referentes, entre ellos a Patricia Bullrich, quien se consagró en la interna del Pro. No es extraño, pues el “ala dura” de los amarillos está por la derogación hace tiempo.
Los dos dictámenes
El dictamen del Frente de Todos (mayoría) revindica la ley actual, al mantener el plazo de tres años en los contratos, como así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina IPC y RIPTE. Asimismo, otorga más facilidades para los inquilinos en la presentación de garantías.
En el capítulo de incentivos fiscales, propone una reforma en el régimen de monotributo para beneficiar a monotributistas que tengan más de tres unidades de explotación; incorpora al régimen de la Ley de Incentivo a la Construcción los inmuebles que durante 12 años estén destinados al alquiler y “siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados”; y exime del impuesto a los Bienes Personales a aquellas propiedades cuyo valor resulte igual o inferior a 30 millones de pesos, el mínimo no imponible para esa categoría.
Por su parte, el dictamen de minoría vuelve a dos años el plazo mínimo legal de los contratos. En cuanto al precio del alquiler, deberá “fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre 3 y 12 meses”.
Asimismo, agrega que para los ajustes, las partes “deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS)” elaborados por el INDEC, “o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.
En relación a los beneficios fiscales, similares a los del oficialismo, la iniciativa contempla una reforma del régimen de monotributo para que quienes tengan tres unidades de explotación, “en el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados” se considere como “una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma”.
También exime de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y contempla una modificación al impuesto a los débitos y créditos bancarios -más conocido como impuesto al cheque- para que estén exentas aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados”.
El espacio liderado por “Topo” Rodríguez “condenó” el asalto a las instituciones e instaron a la comunidad a “abandonar los discursos del odio que fomentan conductas antidemocráticas”.
El interbloque Federal, presidido por Alejandro “Topo” Rodríguez, presentaron un proyecto de resolución ante la Cámara de Diputados para expresar su “enérgico repudio” al intento de Golpe de Estado perpetrado en la República Federativa de Brasil, a través de la “toma y vandalización” de los edificios de la Corte Suprema, el Congreso y el Palacio Presidencial y remarcan que fue perpetrado por “sectores de derecha antidemocrática radicalizada”.
Según reza el texto que el diputado Enrique Estévez encabeza, también expresan el apoyo político a las instituciones de Brasil y al presidente de dicho país, Luis Inácio Lula da Silva y a todo el pueblo brasilero en sus “esfuerzos por controlar la situación, restablecer la paz social y el respeto al Estado de Derecho”.
Por último, convocan a “todo el arco político de la región a preservar la paz del pueblo brasilero, exigiendo el cese inmediato de los hechos violentos y el respeto a sus instituciones, instando a abandonar a todos los sectores políticos los discursos de odio vigentes en la región”.
Con la presencia de varios diputados nacionales, la diputada Camaño inaugurará una sede de su partido “Tercera Posición” en el conurbano bonaerense.
La diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) encabezará una reunión del Interbloque Federal el próximo lunes en la inauguración de un local partidario en San Martín para empezar a definir las candidaturas con miras a las elecciones presidenciales del 2023.
El acto de “Tercera Posición” será a las 19 y contará con la presencia del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, del exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, los diputados nacionales, Florencio Randazzo, Alejandro “Topo” Rodríguez, Natalia de la Sota, Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca, Mónica Fein y Enrique Estevez. También el candidato a intendente de San martín, Germán Pavone, además de dirigentes del socialismo santafesino y del peronismo disidente.
Graciela Camaño y Juan Manuel Urtubey presentaron el año pasado el partido “Tercera Posición” en Salta y convocaron a sumarse a los “desencantados” con el gobierno y la oposición. “Necesitamos más fortaleza y actores involucrados con la política. Gente comprometida que lleva adelante un proyecto de país. La sociedad tiene que advertir que no se puede seguir votando emergentes políticos de las encuestas”, señaló Camaño.
El partido Tercera Posición, liderado por Camaño, comenzó a organizar su trabajo político en la provincia de Buenos Aires en el año 2020 con dirigentes de la Primera Sección Electoral quienes se convocaron para pensar políticas vinculadas a la Seguridad, el Trabajo, la Educación y la Salud.
Los diputados Carlos Gutiérrez y Alejandro “Topo” Rodríguez recibieron al mandatario en Buenos Aires, y ratificaron la necesidad de “alejara la grieta” del trabajo en el Congreso.
El Gobernador de Córdoba Juan Schiaretti y Roberto Lavagna mantuvieron este jueves por la mañana una reunión en Buenos Aires, durante la que acordaron la necesidad de ratificar la “mesura y racionalidad” en el alejamiento de la grieta del Congreso.
En el encuentro participaron los diputados Carlos Gutiérrez (pte. del bloque Córdoba Federal) y Alejandro “Topo” Rodríguez (pte. Interbloque Federal), sus principales espadas en la Cámara baja.
Hablaron de temas generales de la situación del país y, especialmente los relacionados con las responsabilidades y acciones que lleva adelante el Interbloque Federal, con énfasis en ratificar la mesura, la racionalidad y el alejamiento de la grieta desde el trabajo en el Congreso.
Legisladores de JxC y el interbloque Federal se reunieron con intendentes, quienes reclaman que la partida para el año que viene sea de 113 mil millones de pesos. Acompañan algunos diputados del FdT el pedido para tratar el tema en Presupuesto.
El oficialismo parecía que tenía todo encaminado para emitir dictamen este jueves del presupuesto 2023 luego de aceptar incorporar modificaciones al texto para lograr consenso y que no termine en un fracaso como ocurrió en el 2021. Sin embargo, en la tarde de este miércoles diputados de la oposición condicionan firmar el despacho si no se aumentan los subsidios al interior para este año.
Así lo anunciaron legisladores de Juntos por el Cambio y del interbloque federal tras una reunión que mantuvieron en el Anexo de la Cámara de Diputados para apoyar con los intendentes Pablo Javkin (Rosario), Emilio Jatón (Ciudad de Santa Fe) y Martín Llaryora (Ciudad de Córdoba), en la que expresaron su apoyo al reclamo de los intendentes quienes exigen al Gobierno nacional más fondos para el transporte público de pasajeros del interior, ya que “hoy el 85% se destina al AMBA”.
Pese a que el titular de la cartera de Economía, Sergio Massa, acordó con los gobernadores del Norte Grande incrementar la partida de 66 mil millones a 85 mil millones para el año que viene, los intendentes piden urgentemente 13.000 millones hasta fin de año, porque “se terminó la partida presupuestada para 2022”. También solicitan que la partida en el Presupuesto 2023 ascienda a 113.000 millones de pesos, debido a que Massa destinó sólo 60.300 millones.
En ese marco, JxC y el interbloque Federal pidieron por nota al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Carlos Heller, que este jueves cuando la Comisión se reúna tras el cuarto intermedio para retomar el proyecto de la Ley de leyes, traten en primer orden el proyecto de Emergencia que ya tiene dictamen de la Comisión de Transporte.
El reclamo también cuenta con la anuencia de diputados del Frente de Todos, entre ellos José Luis Gioja, Eduardo Toniolli, Jorge Antonio Romero que, en su momento cabe recordar, acompañaron con su firma el dictamen de la Comisión de Transportes que se emitió el pasado 22 de junio en el que pedían incrementar los fondos para el transporte del interior, pero quedó frenada en Presupuesto.
De no cumplirse con lo solicitado, los legisladores opositores supeditaron esto al aval que puedan dar (o no) al dictamen del Presupuesto 2023 y su aprobación en el recinto, ya que el tema sobre las partidas presupuestarias al transporte del interior fue uno de los principales pedidos en las reuniones de la Comisión de Presupuesto.
“Es lo que habíamos planteado más temprano en la reunión de la Comisión de Transporte, en la que reclamamos por el dictamen que oportunamente se aprobó -y no fue tratado- para subir hasta 59.500 millones de pesos para este año los subsidios para el interior del país”, dijo Gutiérrez.
En tanto, agregó: “Por eso, para acompañar el reclamo de los intendentes y con el fin de atacar la emergencia, acordamos pedirle a Heller, el inmediato tratamiento de esta cuestión en la Comisión de Presupuesto. Nos parece lo más efectivo, y menos complejo que llamar a una sesión especial para corregir la cifra de los subsidios para el interior”.
Por la principal bancada opositora estuvieron presentes el radical Jorge Rizzotti, presidente de la Comisión de Transportes; Mario Negri, el jefe del bloque UCR en la Cámara baja; Miguel Bazze (UCR), Carolina Castets (CC-ARI) y Germana Figueroa Casas (Pro), mientras que por el interbloque Federal acompañaron el titular del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, los diputados Enrique Estévez (Partido Socialista), Florencio Randazzo (Identidad Bonaerense) e Ignacio García Aresca (Córdoba Federal).
Los diputados Alejandro “Topo” Rodríguez y Carlos Gutiérrez le enviaron una carta al ministro de Agricultura en la cual señalaron que “avanzar en un camino contrario, aplicando nuevas retenciones, sin el respaldo de una ley, sólo contribuirá a profundizar la desconfianza y conflictos”.
El presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense), y su par el diputado y presidente del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, le enviaron una carta al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, pidiendo que se considere al Congreso para cualquier decisión que se vaya a tomar en cuanto a semillas.
Esta semana, desde la cartera agrícola se comentó a la industria semillera una propuesta para que se avance en un canon para el uso propio gratuito que hacen los productores que se guardan parte de la cosecha, como en soja o trigo, para utilizar en la siguiente campaña como semilla.
“Hace dos días, desde la propia sede del Ministerio que usted conduce y previo a un encuentro con autoridades de esa cartera, el representante de una importante empresa trasnacional de semillas adelantó públicamente que era inminente ‘el anuncio más importante y disruptivo de los últimos 20 años para el futuro del agro en la Argentina’; pero oficialmente no se han formalizado detalles al respecto”, expresaron en el texto.
Además, remarcaron la importancia que “el Congreso, los productores argentinos y la opinión pública en general cuenten con la misma información que el gobierno nacional pone a disposición de representantes de empresas en temas de interés común”, porque “no es sano alimentar trascendidos extraoficiales de intermediarios interesados con información privilegiada”.
“También es importante conocer si existieron otros actores previamente convocados del sector público y del sector privado, y si han participado del diálogo los obtentores de material genético de economías regionales, como las legumbres y el maní, por ejemplo”, agregaron en otro tramo de la carta.
En otra parte, insistieron: “Permítanos sugerirle, además, que cualquier decisión sustantiva vinculada con el uso de semillas y el reconocimiento de propiedad intelectual, se adopte en el marco de un diálogo amplio, abierto a la participación de todos los sectores y con fuerte consenso, sin omitir la aprobación de una ley por parte del Congreso de la Nación”.
Para los diputados, “está claro que Argentina necesita una legislación actualizada a las necesidades del campo de hoy, que reconozca logros tecnológicos y asegure, con transparencia, los mecanismos y derechos de todos los actores involucrados”.
“Avanzar en un camino contrario, aplicando nuevas retenciones o cánones, sin el respaldo de una ley, sólo contribuirá a profundizar la desconfianza y podría convertirse en una fuente de indeseados conflictos”, señalaron.
En diálogo con LA NACION, Gutiérrez apuntó sobre lo que trascendió: “Se habla concretamente de que esa disrupción no sería otra cosa que un aumento de algún punto en las retenciones a los efectos que desde allí se pueda solventar globalmente este tema de los derechos intelectuales. Nosotros lo que estamos pidiéndole al ministro que esclarezca esta situación. No es bueno que trasciendan este tipo de operaciones de parte de una multinacional sin que exista una manifestación clara al respecto del Ministerio de Agricultura”.
En ese marco, pidió que sean contemplados “los numerosos actores que intervienen en el complejo semillero, desarrollos en manos de las universidades nacionales, del INTA, ligado a los productores”.
También remarcó: “Le estamos diciendo al ministro que esto debe pasar definitivamente por el Congreso y se deben lograr los mayores acuerdos de consensos posibles si es que queremos tener, de una vez por todas, un marco de previsibilidad sustentado en una ley que realmente sea lo más equilibrada y lo más justa posible respecto de todos los actores”.
Por su parte, Topo Rodríguez sostuvo que “cualquier decisión que se tome en materia de semillas debe ser formalmente incluida en una nueva ley que se debata y apruebe en el Congreso de la Nación. Eso es lo que le estamos pidiendo al ministro Domínguez”.
Además, cuestionaron la ausencia del ministro de Transporte, Alexis Guerrera, a la Comisión homónima para hablar de los subsidios: “Deja en claro la falta de interés constante del Gobierno nacional”, y remarcaron la importancia que se constituya un fondo adicional de emergencia.
Legisladores nacionales de Córdoba, Santa Fe y provincia de Buenos Aires que forman parte del interbloque Federal realizaron un encuentro este martes por la mañana en la Cámara de Diputados de la Nación para dejar en claro su postura ante “la grave problemática que vive el transporte automotor de pasajeros”.
“La anunciada ausencia del ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, a la Comisión de Transporte de Diputados ya deja en claro la falta de interés constante del Gobierno nacional al considerar el servicio de transporte automotor de pasajeros del interior del país como un tema secundario”, cuestionaron.
En ese sentido, sumaron: “La falta de una eficaz política de transporte a nivel nacional que considere la situación de las provincias, junto a la manifiesta incapacidad para solucionar el aumento sostenido del nivel general de precios de la economía ponen al borde del colapso al sistema en el interior del país, poniendo en riesgo la continuidad del servicio”.
Ante esto, remarcaron que “es indispensable que se constituya un fondo adicional de emergencia para el transporte de colectivos en las provincias por un total de, al menos, 70 mil millones de pesos”, y agregaron: “Debe garantizar que la tarjeta SUBE se utilice en todo el país permitiendo el acceso a los beneficios para todos los usuarios”.
“Además de la dramática coyuntura, es indispensable tratar el problema de fondo a partir de proyectos de ley presentados desde diferentes bancadas. Mientras no se discuta en serio, se seguirá demostrando que en un mismo país hay dos sistemas de transporte muy diferentes, dejando a los usuarios del interior en inferioridad de condiciones, como si hubiera argentinos de primera y de segunda”, cuestionaron desde el interbloque.
En tanto exigieron que el Gobierno nacional “tome cartas en el asunto” porque “no es un problema menor y expresa una ausencia total de federalismo de su parte”. “El sistema está al borde del colapso”, advirtieron.
De la reunión participaron los diputados Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca (Córdoba Federal) Mónica Fein y Enrique Estévez (Socialismo Santa Fe) Alejandro `Topo` Rodríguez, Graciela Camaño y Florencio Randazzo (Identidad Bonaerense).
El dictamen de mayoría corresponde al FdT, que reivindicó la norma actual, mientras que JxC busca reducir la extensión de los contratos y cambiar la forma de actualización. El restante despacho pertenece al interbloque Federal. Se definirá en el recinto, pero aún no hay fecha.
Cumplido el plazo de 30 días hábiles que habían puesto oficialismo y oposición para dictaminar reformas a la Ley de Alquileres, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, presidida por la oficialista Cecilia Moreau, realizó su última reunión este miércoles -que se extendió por más de tres horas-, respecto al debate en torno a la actual norma, pero al no arribar a un acuerdo entre oficialismo y oposición, irán al recinto -aún sin fecha programada- con tres dictámenes diferentes.
Luego de las tres reuniones informativas realizadas de manera mixta -en las que participaron 132 expositores-, en las que se escucharon las posturas de inquilinos, corredores inmobiliarios, ONGs y especialistas en la materia, entre otros, la intención entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio era arribar a un dictamen consensuado, pero no sucedió debido a que difirieron en dos puntos: los plazos de los contratos y la fórmula de actualización.
Por un lado, el oficialismo apunta a respetar el “espíritu de la ley” original para “proteger a los inquilinos”. De esta manera, propone mantener el plazo de 3 años en los contratos, el índice para la actualización de los alquileres (fórmula que combina IPC y RIPTE) y facilidades para las garantías de los inquilinos, tres puntos centrales que fueron defendidos por los representantes de inquilinos.
En la vereda de enfrente, el dictamen de Juntos por el Cambio establece que los plazos de los contratos y la fórmula de actualización son los dos puntos que son cuestionados. Por el contrario, la oposición propone volver al plazo de 2 años en los contratos, actualizaciones anuales y semestrales -según acuerden las partes-, sin índice fijo de actualización, sino que se usará el índice “que le resulte conveniente a las partes” propone que sean cada 6 meses “pudiendo utilizar índices oficiales elaborados o publicados por organismos nacionales, provinciales o municipales, o los que las partes acuerden”.
El dictamen del interbloque Federal plantea volver al plazo de 2 años en los contratos; eliminar que el locador debe aceptar cualquiera de las garantías presentadas por el locatario; que las actualizaciones se negociarán “libremente” entre las partes. Los aumentos deberán ser escalonados. Los incrementos tendrán un tope para que no superen la inflación; la posibilidad del inquilino de realizar pagos anticipados y la ampliación de los contratos temporarios.
Los dictámenes de FdT y el del interbloque Federal presentan un capítulo sobre incentivos fiscales, no así en el de JxC.
Desde el Anexo “A” a las 15.30 se inició la reunión que, antes de abocarse al tema, el bloque de Juntos por el Cambio designó a Victoria Morales Gorleri (Pro) en el cargo de secretaría que habían dejado vacante.
Sin ser miembro de la Comisión, pero al ser autor de uno de los proyectos, el diputado del Pro Álvaro González destacó el trabajo que se llevó a cabo porque “hemos llegado a dos dictámenes que condensan la opinión de la mayoría de los diputados”.
Al referirse al proyecto, señaló que “tiene cinco artículos, dos son consideraciones que hizo entendiendo en función del requerimiento que le hicieron actores del mercado inmobiliario. Tanto el plazo como los índices son temas centrales que, la mayoría de los que expusieron, han hecho mención a eso sin querer desmerecer otra cuestión”. En tanto, bregó por “llegar a una solución de un problema que atraviesa a muchísimos argentinos. Hay casi 2 millones que están con esta problemática y hay mucha expectativa y están esperando cómo sale la ley”.
En uso de la palabra, el rionegrino Agustín Domingo remarcó que “todos estamos de acuerdo en que estamos debatiendo la problemática habitacional que ataña al país. Nosotros desde el bloque presentamos un proyecto y queremos dejar de manifiesto que el rol del Estado es muy importante, pero no es la forma de abordarlo modificando la ley”.
En ese sentido, siguió apuntando contra el Ejecutivo que debe “atacar la problemática macroeconómica para garantizar el acceso a créditos hipotecarios y solucionar el problema de fondo. Esta es nuestra postura”.
Respecto a la Ley de Alquileres señaló que generó “inconvenientes en todos aquellos que prevén soluciones habitaciones, contribuyen a las ofertas de alquileres. Terminó estigmatizando la actividad en vez de incentivarla, le puso más trabas, más requisitos impositivos”. Por ese motivo, adelantó que unificarían el proyecto en el dictamen de la diputada Graciela Camaño que “incluyen medidas que tienden a corregir lo que creemos que son verdaderas trabas y desincentivo. También una serie de medidas para incentivar fiscalmente la actividad, pero de ninguna manera una mayor intervención del Estado”.
A su vez, detalló que proponen “volver al plazo de dos años”, sobre el artículo de garantías precisó que es “muy voluntarista, pero en la práctica no tiene efecto”. Y continuó: “Que el ajuste en el precio las partes negocien libremente incrementos escalonados, pero con un tope que no superen el índice de evolución de precios. Darle la posibilidad de hacer pagos anticipados por parte del inquilino. Ampliar el objeto de los contratos temporarios para darle mayor atractivo al alquiler”. Además, precisó modificaciones en la redacción: “La definición de los arreglos urgentes”, y propusieron que se defina “urgente como aquello que por su gravedad impidan u obstaculicen el goce sobre el inmueble”.
Por último, aclaró que sobre el índice de incentivos fiscales irá en dos dictámenes porque “en nuestro proyecto propinamos para los monotributistas porque se plantea una inequidad, y fomentar la formalización en los contratos e incorporamos la desgravación en bienes personales para inmuebles por debajo de los 30 millones”.
En su intervención, Pablo Tonelli (Pro) remarcó que el tema de los alquileres es un “tema difícil y delicado en todo el mundo, porque es difícil encontrar un adecuado y término medio que contemple de forma adecuada y razonable los derechos de inquilinos y de los locadores o propietarios”, y explicó: “En la medida en que se exagere proteger los derechos de unos o de otros, en la medida en que se pierda ese equilibrio, el resultado es malo porque empiezan a escasear las viviendas o se encarecen o la oferta termina siendo alta y el rendimiento desaparece”.
A continuación, opinó que en el 2019 “no me pareció que el proyecto, que concluyó con la sanción, fuese equilibrado por eso no lo acompañé y la práctica demostró que hubo exceso, particularmente en prohibiciones”, en lo que respaldó lo dicho anteriormente por Domingo respecto a los plazos de la locación y al procedimiento de actualización de alquileres, por lo que coincidió en que los “tres años y con actualizaciones anuales y un solo índice prestablecido resultaron una decisión no acertada porque hizo que se retrajera la oferta de vivienda en alquileres”.
“Proponemos volver a esa materia en lo que era el plazo mínimo de dos años y la posibilidad de que las actualizaciones sean anuales y semestrales, no con un índice fijo sino con cualquier índice que a las partes les resulten adecuados respectos sus realidades”, explicó Tonelli y sostuvo que el problema más grande que afecta el alquiler es el referido al “rendimiento económico que tiene la inversión. El rendimiento se redujo muchísimo, a tal punto que muchos decidieron no poner sus viviendas en alquiler”. “El plazo de dos años fue el original y ha sido el plazo que tradicionalmente ha sido el plazo mínimo de locaciones urbanas y también dar mas libertad a las partes para que acuerden entre ellas el modo de actualización del alquiler”, remarcó Tonelli.
En tanto reconoció que personalmente “hubiera derogado el artículo 16 de denunciar ante la AFIP los contratos de alquiler, me parece una cláusula fascista. ¿Qué tiene que hacer la AFIP en los desalojos?”, y consideró que “con estas modificaciones el mercado debe mejorar, pero con esto no alcanza”.
En su intervención, la legisladora de la Coalición Cívica Mariana Stilman remarcó que “la ley nació con buenas intenciones”, pero “puso ciertos límites y parámetros cuya receta fue malísima”. En ese sentido, reconoció que “se había dado una única respuesta para un montón de situaciones disímiles, para diferentes pueblos, se aniquiló la autonomía de la voluntad con una fórmula que no funcionó. Era necesario obtener una respuesta”.
Sobre el proyecto de JxC, señaló que “habiéndose planteado todos los sectores que la principal discusión estaba en el plazo que generaba incertidumbre, era necesario volver a un esquema en que el plazo atento a las circunstancias del país les diera más seguridad a ambas partes”. En tanto, advirtió que esto es una “corrección de un error legislativo”, pero “no va a resolver todos los problemas, y planteó la necesidad de realizar incentivos en la oferta.
Su par Marcela Campagnoli hizo alusión a un proyecto de alquileres que presentó que “viene a cerrar un vacío legal que quedó cuando entró en vigencia e Código Civil en 2015 y se derogó la Ley 21342 en su artículo 47 comprendía los convenios de desocupación que respetan la voluntad de las partes y acuerdan plazos diferentes de lo que se pactó originalmente, una fecha para finalizar el contrato de alquiler. Este vacío legal muchos jueces no lo tienen en cuenta, es importante volver a los convenios de desocupación porque da certidumbre al propietario. Es un proyecto que pude beneficiar a las partes y al mercado inmobiliario”.
Al comienzo de su exposición, la oficialista Gisela Marzziota lamentó la ausencia de autoridades del Estado para escuchar sus posturas. Acto seguido, cuestionó la Ley de Alquileres que se sancionó en el 2020 por “el mal que ha hecho al mercado inmobiliario y cómo a partir de la ley se quitaron propiedades”.
En esa línea, subrayó que “acceder a una vivienda es un derecho humano que tenemos garantizado por la Constitución Nacional, provinciales y Pactos a nivel Internacional, por lo que tenemos que hablar del rol del Estado para este cumplimiento y no dejarlo librado a la famosa mano invisible desde 1976 con la Dictadura Militar que desregulo el mercado inmobiliario”.
Sin embargo, reivindicó: “Esa ley, que ustedes dicen que le hizo tanto mal al mercado inmobiliario y que por eso faltan propiedades, por empezar es falso porque la ley es muy buena, pero esta ley no se cumple”, y pidió disculpas a los inquilinos por ser parte del oficialismo que debe hacer cumplir la ley que “no se esta cumpliendo”.
A su vez, destacó que “tiene artículos que son extraordinariamente muy buenos para los inquilinos y quienes tienen necesidades de acceder a la vivienda, pero que tampoco fueron reglamentados”, y reiteró sus disculpas porque “es el Estado nacional que debe hacerse cargo de reglamentar la ley”.
La ley es muy buena, pero esta ley no se cumple”, reconoció Marzziota.
“Esa ley es muy buena, y no se cumple. Lo que no se cumple es todo lo que ustedes quieren ahora que sea parte de lo que sería la nueva ley porque los contratos son absolutamente ilegales, de dos años con suerte, con precios dolarizados. Ese es el escenario”, apuntó Marzziota y sumó: “Propiedades hay, el tema es el abuso que hace el mercado inmobiliario y el propietario respecto a una necesidad”.
Sobre su proyecto, destacó que es “recuperar una política que se llevó a cabo adelante desde 1943 cuando se creó la Cámara Nacional de Alquileres que existió hasta 1976. Fue la dictadura que desregularizó y dolarizó el mercado. Hay que recuperar y volver a ese punto que se perdió. Recrear esa Cámara donde todas las partes están representadas, debería controlar los contratos con una duración de tres años porque es un tiempo lógico. Establecería este equilibrio, congelar los alquileres hasta que se ponga en función la Cámara y sea ella quien establezca los precios, salir de la dolarización de los alquileres por lo que proponemos multas a quienes incumplen la ley; pagar el deposito hasta en seis cuotas”.
A su turno, Alberto Asseff (Pro) apuntó contra el discurso de quien lo precedió porque “es pura ideología. Lamentablemente con esa ideología logamos que nuestro rico país se haya venido abajo que cada vez es más arcaico y la queremos traer de nuevo como si fuese modernidad”.
“Acá hay que entender que la complejidad de la cuestión radica en dos factores: el primero es la crisis habitacional y de viviendas urbanas que tiene una larga data un déficit de viviendas de 3 millones. El segundo tema es la tradicional proverbial y lastimosa situación de la macroeconomía con una inflación que vuelve a ser peligrosamente alta y tiene una idea del dibujo del serrucho, pero tiene tendencia a desequilibrar el sistema económico argentino y el mercado inmobiliario que no pude ser ajeno y que nadie puede refutar”, explayó.
Y siguió: “Tenemos un problema de déficit de oferta en materia de viviendas urbanas. Eso ocurrió por la gran incertidumbre de propietarios, baja de ingresos de quienes trabajan, congelamiento es lo más nefasto que se puede decir porque va a generar más crisis en el mercado. Hay que amparar a las dos partes, si hay autonomía de voluntad ellos se van a entender”.
En su exposición, el sanjuanino y autor de dos proyectos José Luis Gioja contradijo a su par propinante porque “cualquier proyecto que tiene que ver con la vivienda tiene que mejorar el acceso y las condiciones de los inquilinos. Es mentira eso de la regla del mercado, el que esta arriba se va a imponer al de abajo. Por eso el Estado tiene que estar presente para proteger al que menos tiene”.
“Solucionar los problemas de las viviendas es una de las mejoras banderas de justicia social. Hay que solucionar problemas de vivienda, es grave el problema”, resaltó el diputado del FdT y aclaró que “se están construyendo viviendas en el país. El año pasado hemos crecido más del 10% en el PBI”, y criticó: “Esta ley se sancionó cuando el oficialismo era Juntos por el Cambio en el 2019 en esta Cámara y quien la defendió fue Lipovesky porque defendía a los inquilinos que son a quienes tenemos que defender. Hay que defender a los que menos tienen, hay que darles derechos. Esta Ley fue injustamente castigada que, por distintos motivos, la criticaron”. A continuación, reivindicó: “Esta ley sirve, pero no se ha aplicado, reglamentémosla y va a andar bien”.
En el mismo sentido se pronunció su par Federico Fagioli quien destacó que la actual ley es “la mejor que existe en Latinoamérica y solo regula dos cosas los años de los contratos y las actualizaciones de los alquileres”. En tanto, apuntó a la oposición por “defender al mercado” al decir que “la ley es mala”, y señaló que lo que hay que modificar es “aumentar la cantidad de artículos que defienda al inquilino porque están en desigualdad con el mercado”.
La secretaria de la Comisión, Karina Banfi, recordó que “la Ley 27.551 de 2019 tuvo un objetivo bien intencionado, pero sin embargo al momento de su implementación no alcanzó su objetivo, principalmente porque quedó fuera de la realidad. Con la ley que sancionamos en 2019 vinimos a reparar algunos sistemas de abuso, y por eso en el marco de las distintas audiencias informativas que tuvimos pudimos llegar a un punto en común, que es que no hay que derogar la ley, porque tiene cosas positivas. Entonces coincidimos en que lo mejor era trabajar sobre los artículos que producen una sensibilidad particular y sobre los cuales hay una demanda social que nos pide que lo resolvamos. Y eso venimos a resolver”.
“Algunos hablan de poner topes y límites al mercado. Ese mercado que algunos dicen combatir puede ser un propietario jubilado que ahorró toda su vida, que es de clase media, que se compró un departamento y lo pone en alquiler. Debemos aprender entonces qué tipo de mercado queremos y dejar de confundir el mercado de la construcción para la vivienda con el mercado de alquileres, que en Argentina tiene un diseño que poco se parece a la realidad que algunos pretenden enfrentar”, agregó.
En este sentido, señaló que “el mercado de alquileres en Argentina es absolutamente fragmentado, cuentapropista, que nada tiene que ver con los grandes mercados oligopólicos como sucede en otros países. Entonces lo que debemos buscar es incentivar el mercado de alquileres, porque no existe. Lo que existe es mucha gente que tiene una propiedad y que la pone en alquiler, y que tiene los mismos derechos que puede tener cualquier otro sector que es parte de una contratación”.
Banfi se refirió también al rol del Estado en el mercado de los alquileres: “Nadie puede oponerse a la garantía constitucional del derecho a la vivienda, pero eso lo debe hacer el Estado con una política macroeconómica que efectivamente baje la inflación, que hoy es exorbitante, porque el salario no vale nada, no existe el crédito hipotecario, todos los programas que están desarrollados para la vivienda excluyen a los de clase media”.
Por el lado de los libertarios, tomó la palabra Carolina Píparo (Avanza Libertad) quien sostuvo que la postura era derogar la ley porque “el Estado se metió donde nadie lo llamó”. “Apoyaremos en el recinto los artículos que son los más problemáticos para los inquilinos, que es el plazo y e ajuste porque hizo que haya menos oferta, en provincia en peor la oferta”.
“Siento enorme vergüenza”, lanzó y apuntó contra la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal: “Pensé que en nuestra primera sesión abuso a estar derogando la ley, había sido promesa de campaña de muchos, me encuentro en un debate donde hay un bloque que ha presentado el proyecto, reconoce el error y que ha fallado, otro bloque que defiende la ley del otro y hablando de que se ‘instaló que es una mala ley’ si solo fue eso no estaríamos debatiendo el tema”.
Y continuó: “Es una mala ley, lo muestra el inquilino”, y los invitó a sus pares a que “salgan a escuchar a la gente”, y adelantó el acompañamiento en dos puntos del dictamen de JxC que permita replantear los plazos. Sin embargo, avizoró que “sería una vergüenza no llegar al recinto con un acuerdo que solucione el problema de millones de argentinos. El Estado se metió donde nadie lo llamó. Vayamos a sesionar para resolver el problema”.
Por Santa Fe, habló el diputado oficialista Eduardo Toniolli que señaló: “Hay una crisis habitacional y en el mercado de alquileres”, por lo que “se impuso la idea de que es culpa de la Ley”. Por consiguiente, resaltó que la ley entró en vigencia en plena pandemia, en un proceso inflacionario, pero en algunos de sus aspectos “porque no están siendo aplicados” y es una ley que “no llegó a cumplir el período de un contrato en una Argentina donde la renta de inmuebles es en dólares”.
Al igual que Píparo, el santafesino también recordó que “hicieron campaña con la derogación de la ley”, que “tiene aspectos positivos, algunos negativos y algunos que no se cumplen”. También, remarcó la necesidad de incentivos fiscales.
La diputada por el interbloque Federal destrozó el proyecto del Ejecutivo y denunció que “hay aspectos económicos” detrás de la iniciativa. “El Estado resulta tan inepto a la hora de resolver la problemática del narcotráfico”, criticó.
En un tramo del tratamiento del proyecto que crea el marco regulatorio del cannabis medicinal y cáñamo en la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados, la diputada nacional e integrante del interbloque federal Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) destrozó la iniciativa del Ejecutivo y adelantó su voto negativo.
“Esta nueva ley intenta abrir el camino y la producción al nivel industrial, no es una normativa con propósitos de salud, sino que está inspirada con otros fines”, comenzó su intervención y recordó: “Según nos informó el ministro de producción son ‘aspectos económicos’ los que inspiraron la sanción de la ley en función de la comercialización interna y exportación se perdieron demás aspectos involucrados”.
Con un tono más elevado, Camaño señaló: “En primer lugar no se trata de cualquier commodity se habla de materias primas, no es el cannabis medicinal cualquier materia prima. Al momento de informar el ministro de producción señalaba que se iban producir 10 mil nuevos empleos y que el mercado interno alcanzaría 500 millones de dólares, hay 75 mil inscriptos”, y apuntó: “Se supone que con el cannabis medicinal vamos a hacer medicamentos y cremas, vamos a encremar a la Argentina con esto. Hay 50 millones de exportación”.
“Esos datos me llevan a cuestionar las ventajas comerciales que se crean en esa super estructura burocrática de los ministros y funcionarios que no funcionan, sin que sean ponderados los riesgos y peligros de la iniciativa en términos de expansión”, advirtió la diputada bonaerense.
En tanto, criticó que es “un proceso que se genera de un flagelo dentro de la Argentina, el avance de la droga y organizaciones vinculadas con el narcotráfico se han expandido y el Estado argentino, que resulta tan inepto a la hora de resolver esta problemática con enfermos y con el narcotráfico, asumió contratos internacionales sobre la lucha contra el narcotráfico”.
“Es sobre abundante los motivos que me llevan a rechazar esto porque sabemos que estamos frente al peligro más importante que tenemos como sociedad que nos lleva a ver a madres que nos piden que hagamos algo para que los chics puedan ser relvados a un tratamiento”, expresó la legisladora.
En ese sentido, lanzó: “Las madres de los enfermos no nos piden crear la industria de la droga, sino que cambiemos la Ley de salud mental para que las jóvenes puedan ser tratados porque el Estado no lo hace. El Estado nacional no tiene política contra la salud mental ni contra las adiciones ni el narcotráfico”, y cerró: “El commodity bajo el ropaje del cáñamo, es como el gato por liebre, y esto es terrible liebre. Lo que sigue es la legalización de la marihuana y yo estoy en contra de la legalización de las drogas”.
Fue luego que el oficialismo citara al pleno a las 11 para tratar tres proyectos, con el objetivo de abortar la convocatoria por la boleta única de papel.
Diputados de Juntos por el Cambio, el interbloque Federal, el interbloque Provincias Unidas y Avanza Libertad se reunieron este miércoles luego que el oficialismo pidiera una sesión para este jueves una hora antes de la convocada por el tema de boleta única de papel.
En una nota dirigida al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, los legisladores de la oposición solicitaron que se unifiquen los temarios y que, en una sola sesión, a las 12, se trate en primer término la cuestión de boleta única.
En ese caso, para tratar alguno de los ocho proyectos de ley que se incluyeron sobre el tema, habría que votarlos y habilitarlos por los dos tercios de los votos, lo cual es imposible sin el apoyo del oficialismo.
Pero lo que sí podría forzar la oposición -que alcanzaría 130 votos- es votar un emplazamiento de la comisión, como sucedió en diciembre pasado con Bienes Personales, de modo de impulsar el tratamiento de la iniciativa.
El resto de los temas incluye a los proyectos sobre nueva ley de VIH, cannabis medicinal y cáñamo industrial, y la prórroga del blanqueo previsto en la Ley de Régimen de Incentivo a la Construcción, que ya recibieron dictamen de comisión y fueron convocados a debatir por el Frente de Todos a las 11.
La nota, que se difundió tras la reunión que realizaron en el Anexo de la Cámara baja, lleva las firmas de Mario Negri, jefe del bloque UCR; Juan Manuel López, presidente de la CC-ARI; Margarita Stolbizer, jefa de Encuentro Federal; Emilio Monzó y Carla Carrizo, por Juntos por el Cambio. Sí estuvo en la reunión pero no firmó la nota el jefe del Frente Pro, Cristian Ritondo.
También suscribieron los cordobeses Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca, el bonaerense Florencio Randazzo, y la santafesina Mónica Fein, por el interbloque Federal; el rionegrino Luis Di Giacomo, presidente del interbloque Provincias Unidas; y José Luis Espert, titular de Avanza Libertad.
“Con calidad institucional y apuntando a combatir la inflación, generar empleo y apuntalar la producción con criterio federal”, apuntaron los legisladores tras el encuentro con el gobernador cordobés.
Diputados nacionales del Interbloque Federal y la senadora nacional por Córdoba, Alejandra Vigo (Córdoba Federal), se reunieron con el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti. Tras el encuentro, los legisladores manifestaron su coincidencia en que la salida de la profunda crisis del país debe darse “por fuera de la grieta”, con “calidad institucional y apuntando a combatir la inflación, generar empleo y apuntalar la producción con criterio federal”.
En ese sentido, el titular del Interbloque, el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez, señaló: “Hemos dialogado sobre temas que hacen a nuestra agenda legislativa, ya que el Interbloque Federal junto a la senadora Vigo, expresa una fuerza parlamentaria que está por fuera de la grieta. Hemos venido trabajando en temas que apuntan a fortalecer el federalismo productivo, garantizar la calidad institucional, la creación de trabajo en el sector privado de la Argentina, y en defender los derechos de las personas, el derecho al equilibrio ambiental. Argentina necesita fortalecer este tipo de enfoques en la política en el Congreso de la Nación”.
Agregó: “No somos indiferentes a lo que pasa en otras materias en la coyuntura política, pero tenemos especial compromiso con el futuro del país. Necesitamos un debate de más calidad, federalismo productivo con equilibrio fiscal y justicia social. En ese sentido coincidimos esta mañana con el gobernador Schiaretti”.
Entre los temas que enfatizó Rodríguez figura la necesidad de que “el resto de las fuerzas políticas apoyen la boleta única de papel en este año no electoral. Tengo la sensación de que Cambiemos no está convencido de trabajar en esto. Hago un llamado a todas las partes que forman Juntos por el Cambio a que trabajemos seria y rápidamente en apoyarlo, y si hay algún sector de la política que no quiera apoyarlo que lo haga público”.
Por su parte, el diputado bonaerense Florencio Randazzo, coincidió en que “la grieta aleja a los argentinos de buscar soluciones a temas como la inflación, en un mundo que ha resuelto el problema, ya que los países de la región tienen inflación nula similar a la que Argentina tiene por mes.”
“Coincidimos con el gobernador Schiaretti en que hay que ponerse fuera de la grieta. Nos parece que las posiciones de intransigencia de un lado y del otro están condenando a una Argentina con cada vez menos posibilidad de construir futuro. Creemos que tenemos una enorme responsabilidad de construir un espacio diferente, con sentido común, con racionalidad, con respeto y dialogo con el resto de los actores de la política”. Y agregó: “Argentina se merece tener dirigentes de otra valía, de otra honorabilidad y otra visión sobre lo que hay que hacer. No es un tiempo de hablar de elecciones, sí es el tiempo de hablar sobre cómo derrotamos la inflación, de cómo entendemos la política productiva, de bajar las retenciones paulatinamente a cuenta de ganancias para que se coparticipen en una Argentina que en términos teóricos es federal pero que en la práctica termina siendo unitaria”.
“Aspiramos a que este espacio crezca y que pueda tener como agenda estas cuestiones tan importantes para las personas comunes, cómo generamos expectativas para aquel que produce sienta que hay un gobierno que lo acompaña y fundamentalmente tiene que ver con la gestión. Córdoba tiene una gran síntesis de todo esto. No hay mejor forma de honrar la política que gestionar, resolver los problemas que tiene la gente todos los días y, sin embargo, el gobierno nacional actual carece de gestión”.
En este marco, y ante la consulta de la prensa, el cordobés Carlos Gutiérrez se mostró confiado en que se apruebe el proyecto de baja gradual de retenciones. “El Congreso, por decisión del voto de la gente, quedó con un empate de debilidades. Esto significa que todos aquellos diputados que en el discurso han manifestado y manifiestan su clara adhesión a esta medida, la apoyen. Nosotros estamos dispuestos a discutir el proyecto del bloque, incluso, a sumarnos a un proyecto superador; pero si hay legisladores que de cara al 2023 relativizan la importancia de esto, estamos ante otro escenario de incoherencia. Y este tema hace al desarrollo productivo”.
Por su parte, tras el encuentro, la diputada Natalia de la Sota enfatizó que “está muy presente nuestro gran sentido de federalismo y la necesidad de seguir trabajando en los temas federales. Vamos a recorrer las provincias -tanto Córdoba, Santa Fe como Buenos Aires- lo importante es trabajar juntos en cuestiones legislativas que son de urgencia y que tiene que ver con el trabajo, con la producción, con el crecimiento económico”.
En la misma línea que sus pares, la socialista santafesina Mónica Fein, dijo que “si hay un gobierno que se ha olvidados del federalismo es el gobierno actual. Lo decimos en términos productivos: como el biocombustible, en materia de transporte, de reparto de recursos. Como Interbloque tenemos una agenda para exigir federalismo -en primer lugar- y profundizarlo. Como Interbloque generamos acuerdos con mucho respeto y diálogo para poner en agenda temas como -por ejemplo- la boleta única, entre otros. Somos un ejemplo de lo que el país necesita: la diversidad, pero generando acuerdos fundamentales para salir adelante. Creo que Córdoba lo está haciendo. Le agradezco al gobernador Schiaretti que nos dejó con muchas expectativas para el futuro. Hoy Argentina necesita expectativa para el futuro”.
Por su parte, consultada sobre la propuesta de ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que comenzaría a discutirse en el Senado la semana próxima, Vigo indicó que la única manera en que se avance en proyectos de esta envergadura que tienen que ver con la institucionalidad de Argentina, “es sin dudas a través del consenso. Y lo que yo veo es que no hay ninguna intención de consensuar nada. No se desprende que se busque una solución que se ocupe de los temas centrales como la institucionalidad de la que se desprenden lo otros temas. El Interbloque Federal en Diputados y en mi caso, en el Senado, trabajamos en propuestas comunes para colaborar en recuperar la institucionalidad. Pero esos proyectos tienen que surgir del consenso, por fuera del negocio de la grieta, como señaló Randazzo”.
En el encuentro con el Gobernador Schiaretti estuvieron: los diputados de Córdoba Federal (que responden al schiarettismo) Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca; la socialista santafesina Mónica Fein; los peronistas bonaerenses Alejandro Gutiérrez y Florencio Randazzo; y la senadora por Córdoba, Alejandra Vigo (Córdoba Federal).
También estará presente en la reunión la senadora Alejandra Vigo. El encuentro será a las 11 en el despacho del gobernador de Córdoba. Luego, los legisladores conversarán con la prensa.
Los diputados nacionales del interbloque Federal y la senadora nacional por Córdoba, Alejandra Vigo (Córdoba Federal), se reunirán este viernes a las 11 con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, en su despacho del Centro Cívico. Tras el encuentro con el mandatario los legisladores atenderán a la prensa.
La agenda de trabajo del interbloque continuará luego en la sala de convención de un hotel de la ciudad donde abordarán una nutrida agenda con temas de actualidad nacional y aspectos inherentes al espacio político.
Cabe recordar que el interbloque Federal está conformado por los diputados de Córdoba Federal (responden al schiarettismo), socialistas santafesinos y peronistas de Identidad Bonaerense no alineados con el kirchnerismo.
Los dirigentes del campo mantendrán distintas reuniones con Juntos por el Cambio, el interbloque Federal y el bloque de José Luis Espert.
Dirigentes de la Mesa de Enlace se reunirán este miércoles en el Congreso con diferentes bloques de la oposición, a raíz del reclamo por la suba de retenciones en la harina y el aceite de soja, que el Gobierno nacional dispuso por decreto el sábado pasado.
En lo que se anticipa será un tema polémico dentro del Parlamento, donde hasta ahora nunca un DNU fue anulado -esto es, rechazado por ambas cámaras-, la medida del Ejecutivo deberá ser primero analizada en la Bicameral de Trámite Legislativo.
Tras la oficialización del aumento de dos puntos -del 31% al 33%- en los derechos de exportación de distintos productos, gran parte de la oposición advirtió que el decreto es inconstitucional por tratarse de una cuestión tributaria, además de no poseer esas facultades el Poder Ejecutivo tras el rechazo que hubo al Presupuesto 2022.
Desde la semana pasada la Mesa de Enlace viene organizando reclamos junto a productores de distintos puntos del país, y con la intención de convocar a una gran marcha en Buenos Aires.
Este miércoles será el turno de que sean recibidos por legisladores de la oposición, con quienes buscarán coordinar una acción común frente al aumento de las retenciones.
Los representantes de la Sociedad Rural, la Federación Agraria, Coninagro y Confederaciones Rurales se reunirán a partir de las 10 con el bloque Avanza Libertad, que integran José Luis Espert y Carolina Píparo.
En tanto, a las 12 será el turno del encuentro con el interbloque Juntos por el Cambio y, a las 15, con el interbloque Federal que conduce el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez.
El legislador cordobés celebró el acuerdo logrado, aunque advirtió que sin entendimientos de fondo “el pueblo argentino seguirá sumido en la pobreza y la miseria”.
En su intervención en el debate sobre el acuerdo con el FMI, el presidente del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, valoró el proyecto arribado, aunque advirtió que “sin un acuerdo verdadero el pueblo argentino seguirá sumido en la pobreza”.
“Creo que todos debemos valorar este acuerdo logrado. Ha requerido el esfuerzo de tratar de superar realidades de los distintos componentes de los bloques”, abrió su alocución el legislador cordobés.
Y continuó: “Este logro demuestra que cuando se hacen esfuerzos y se pone la racionalidad que hay que poner, y aparece aquello que varios diputados aquí han exigido, que es la responsabilidad se supera la lógica de la grieta. Que es lo que venimos diciendo una y otra vez. Y si no tendemos a superarla definitivamente, con la cantidad y gravedad de temas que este Congreso va a tener que asumir en los próximos tiempos, las internas de las internas no van a contribuir en nada a resolver el problema de los argentinos”.
Por esto el legislador señaló que “a pesar de habernos alejado del fantasma del default, de ninguna manera podemos pensar que hemos resuelto el problema de los argentinos”.
Además, Gutiérrez apuntó al complejo escenario global en el que nos encontramos: “En pocas semanas el domino del tablero internacional ha cambiado a una velocidad alucinante. No hay tiempo para discusiones tontas, estamos llegando tarde a todos lados. Seguimos pagando muy caro la desidia y nuestros errores políticos como nación. Los de ahora, y los de antes”.
Finalmente, el legislador cerró con una advertencia: “El acuerdo nos evita el abismo, pero si no entendemos la gravedad y la cantidad de problemas que se nos viene encima, si esto no encuentra un acuerdo en serio, Argentina no la va a pasar bien. Y gane quien gane en 2023 va a seguir sumiendo al pueblo argentino en la pobreza y en la miseria”.
A favor de la autorización al Poder Ejecutivo para que lleve adelante la refinanciación, la bancada presidida por Alejandro “Topo” Rodríguez presentó una propuesta propia.
El interbloque Federal, compuesto por ocho diputados, anunció este miércoles su negativa a votar el programa económico dentro del proyecto de acuerdo con el FMI, en una postura similar a la que plantea Juntos por el Cambio, aunque con una propuesta propia.
Durante una conferencia de prensa realizada en el Anexo de la Cámara baja, el presidente de la bancada, el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez, alertó que “si el Gobierno avanza con su dictamen va a ir a perder la votación”.
“El proyecto que envió el Gobierno nacional no sirve”, enfatizó el legislador, que cuestionó la celeridad en el tratamiento de la iniciativa, que ingresó “hace cuatro días”.
Rodríguez señaló que en su interbloque trabajaron con “responsabilidad y serenidad” para “analizarlo de manera profunda” y llegaron a “un criterio político unificado”.
Para el diputado, el proyecto enviado por el PEN “no contribuye de ninguna manera a lograr un acuerdo extendido” sino que “está pensado desde la necesidad de un relato del Gobierno”. “Se necesita una propuesta nueva que no es la que envió Martín Guzmán”, ratificó.
Por su parte, la diputada Graciela Camaño lamentó que “acá hay una competencia de relatos mientras los argentinos sufren los vaivenes de una economía inflacionada”. “Sería catastrófico que Argentina por un capricho de la dirigencia política no resuelva este problema”, expresó. Y se manifestó también a favor de “darle al Ejecutivo la facultad” para refinanciar, pero “no más” de ninguna competencia que “tenga que ver con el Congreso”.
También presente en la conferencia, el diputado Florencio Randazzo aseguró que “nosotros no vamos a avalar ningún aumento de impuestos”, además de que “no corresponde que incorporen un plan de gobierno” en el proyecto.
A su turno, el jefe de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, remarcó que desde su bancada “no queremos el default”, e incluso están dispuestos a dar quórum, pero buscan solamente avalar la autorización de la refinanciación.
En contra del plan económico de Guzmán, el cordobés cuestionó que “no discute la política energética” o “nada dice sobre la inequidad en el reparto de los subsidios” a nivel federal.
De la conferencia participaron los diputados Alejandro “Topo” Rodríguez, Florencio Randazzo, Graciela Camaño (Identidad Bonaerense); Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca (Córdoba Federal); y Enrique Estévez (PS).
El texto que proponen los diputados del interbloque Federal plantea que se apruebe, “en los términos del artículo 2° de la Ley 27.612, dentro del marco y con el alcance estrictos resultante de la competencia que al Congreso Nacional le asigna el artículo 75 inciso 7 de la Constitución Nacional, el Acuerdo de Facilidades Extendidas solicitado por el Gobierno de la Nación Argentina al Fondo Monetario Internacional con fecha 4 de marzo de 2022, a efectos de refinanciar la deuda existente entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional, correspondiente al Acuerdo Stand By suscripto en el año 2018”.
La bancada que cuenta con 8 diputados expondrá este miércoles su postura de cara a al debate sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Con vistas al debate previsto para esta semana en el recinto de la Cámara de Diputados, el interbloque Federal de diputados dará este miércoles una conferencia de prensa para anunciar su posición respecto a la propuesta de acuerdo con el FMI.
Será este miércoles a las 14, en el Piso 8 del Anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación, y participarán los ocho integrantes de ese espacio. Son Graciela Camaño, Florencio Randazzo y Alejandro “Topo” Rodríguez, de Identidad Bonaerense; Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota y Ignacio García Aresca, de Córdoba Federal, y los socialistas Enrique Estévez y Mónica Fein.
Cabe recordar que el mismo 28 de enero en el que el Gobierno anunció su entendimiento con el FMI, los cordobeses adelantaron ya entonces su postura: darán quórum y se abstendrán a la hora de votar. “El bloque Córdoba Federal manifiesta que el acuerdo anunciado con el FMI, y las consecuencias que pueda traer aparejadas para los argentinos, es responsabilidad del Gobierno nacional. Nuestro bloque no obstaculizará el tratamiento de dicho acuerdo en el Congreso”, explicaron entonces desde ese espacio.
El resto de los legisladores no se ha manifestado aún, pero han hecho trascender que, como está, el texto del proyecto no contribuye a un acuerdo amplio.
El jefe del Interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, expresó su enojo en redes sociales con el Gobierno porque los diputados aún esperan el texto, pero los medios de comunicación ya lo difundieron.
En los medios de comunicación ya es noticia que el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ingresó pasado el mediodía de este viernes a Mesa de Entradas de la Cámara baja, pero el diputado nacional y presidente del Interbloque Federal, Alejandro Topo Rodríguez (Identidad Bonaerense), apuntó en sus redes sociales contra el Ejecutivo porque “entregaron el texto al periodismo antes que a los diputados”.
“Felicitaciones al Gobierno!”, ironizó el legislador y cuestionó: “Alberto Fernández y Martín Guzmán le prometieron al periodismo entregarles el texto acuerdo al mediodía y cumplieron. Antes que a Diputados”.
En el mismo tono irónico siguió: “Ya lo tienen los bancos, financistas y consultores”, y advirtió: “A mal puerto van por leña”. Cabe destacar que el interbloque que preside el diputado todavía no adelantó su postura, salvo los integrantes de Córdoba Federal que señalaron que darán quórum y se abstendrán.
Eso expresó el diputado sobre el principio de acuerdo con el FMI. También reiteró que su interbloque esperará ver el texto para resolver luego su postura en el recinto.
El presidente del interbloque Federal en Diputados Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense – Buenos Aires) analizó el principio de entendimiento entre el Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto del cual señaló que “el Gobierno debe clarificar algunas de las decisiones que está pensando”, y señaló que “Argentina necesita una política que le permita crecer para poder pagar y hacer funcionar la inversión productiva y el trabajo”.
En declaraciones en la AM 1270, el diputado manifestó: “Argentina no llegó a un acuerdo con el FMI sino a un entendimiento como denomina el Fondo en torno a políticas claras que puede dar paso a un futuro acuerdo. Lo que está faltando para tomar una decisión es el texto de un posible acuerdo, por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de tener una decisión sobre algo que uno no conoce”.
En tanto, reconoció que el FMI confunde “metas y objetivos con políticas. Por eso no es correcto cuando el Fondo anuncia que hubo un entendimiento en torno a políticas claras. Lo que hubo fue un entendimiento en torno a objetivos y metas. Aquí no hay un acuerdo porque el acuerdo tiene que venir escrito. Tampoco falta la letra chica porque la letra chica aclara algo que ya viene desarrollado en el texto de letra grande”.
El diputado ratificó que “el bloque Córdoba Federal adelantó que va a dar quórum para no entorpecer el tratamiento, pero se va a abstener”, pero aclaró que el resto del interbloque Federal que él encabeza esperará conocer el texto del acuerdo para resolver la postura que adoptará. “El Gobierno debe clarificar, desde ahora, algunas de las decisiones que está pensando tomar porque el acuerdo se va a votar por sí o por no. Entonces me pregunto si no es razonable que a esta altura los diputados y senadores no vayamos teniendo algún indicio de por qué camino va”, señaló.
Por otra parte, indicó que espera que el Gobierno “no quiera meter por la ventana una compensación para los especuladores en pesos a los que ya le entregaron 1500 millones de dólares a cambio de pesos”.
“Hay tres áreas sobre las cuales se deben tomar decisiones y son la fiscal, cambiaria y monetaria. No hay economista que no hable de ajuste y eso es un error que lleva al fracaso. Argentina necesita una política que le permita crecer para poder pagar y hacer funcionar la inversión productiva y el trabajo”, afirmó el jefe de Interbloque Federal.
Para terminar, sostuvo que “vamos a tomar una decisión porque confío en que el Gobierno nos va a traer los textos para analizar. Hoy no tengo una definición porque no tengo el texto. Que nadie crea que nos va a llevar a las patadas para definir de apuro porque esto hay que analizarlo en profundidad”.
Desde el espacio político respaldaron la división de poderes y manifestaron su preocupación por las “declaraciones realizadas por funcionarios del Ejecutivo” e invitaron a la reflexión.
La marcha convocada contra la Corte Suprema de Justicia para este martes 1ro de febrero por dirigentes kirchneristas y respaldada por autoridades del Poder Ejecutivo, despertó fuertes críticas. En ese sentido, se pronunciaron los diputados nacionales que integran el interbloque Federal – compuesto por los bloques Identidad Bonaerense, Córdoba Federal y Partido Socialista – quienes calificaron como “asonada y un escrache público inconducente” la convocatoria”.
“La Corte Suprema de Justicia es creada por la Constitución Nacional como parte y cabeza del Poder Judicial. Es el Poder Legislativo el que debe establecer la cantidad de miembros”, manifestaron. En ese marco, recordaron que “la última reforma (Ley 26.183 de 11/2006, con mayoría kirchnerista) estableció en cinco la cantidad de miembros. Hoy la integran prestigiosos juristas. Se podrá compartir o no sus decisiones, criticarlas, y hasta interponer juicio político a sus miembros si así correspondiese”.
Y denunciaron: “Lo que no puede ni debe hacerse es organizar una ‘asonada’, un escrache público inconducente desde el punto de vista Institucional, con el ánimo de generar estrépito social”, ya que consideraron que “hay una clara diferencia entre esta actitud y la libre expresión o el derecho a la protesta que tienen todos los ciudadanos”.
“En virtud de la división de poderes, vemos con preocupación las declaraciones realizadas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y hacemos un llamado a la reflexión”, expresaron desde el interbloque Federal.
“Está totalmente fuera de la realidad, es un dibujo de punta a punta”, argumentaron desde el interbloque de ocho diputados, presididos por el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez.
Desde el interbloque Federal de la Cámara de Diputados señalaron que el Presupuesto 2022 “está totalmente fuera de la realidad”, y anunciaron que no van a acompañar el proyecto del Gobierno.
“Es un dibujo de punta a punta que no sincera la inflación, la esconde. Insiste en un ajuste general, agravado en sectores como el de los jubilados y la educación, con el agravante de pretender imponer que el Congreso le entregue facultades al Poder Ejecutivo para que siga aumentando impuestos en los próximos años”, manifestaron en un comunicado los legisladores.
Y agregan: “Es un proyecto que, además de no reflejar la realidad, augura ajustes y una economía inflacionada e incrementos impositivos que conspiran contra la necesaria estabilidad”.
“El Gobierno nacional tuvo la oportunidad de escuchar nuestras propuestas y críticas constructivas. Le planteamos especialmente la necesidad de encontrar consensos y salir fortalecido del Congreso. Sin embargo, hacen como que escuchan para seguir enfrascados en sus propias posiciones. No creen en el federalismo productivo, no persiguen la justicia social ni buscan un sistema más equilibrado en la distribución de los recursos federales que les corresponden a las provincias”, concluye el interbloque de ocho diputados, presididos por el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez.
“Nos unen temas comunes, transversales a todos los continentes y los países, en particular la violencia y la desigualdad de género”, expresó la legisladora riojana durante el encuentro en el Congreso.
En el Salón Eva Perón del Congreso de la Nación, la senadora nacional Clara Vega (Interbloque Federal – La Rioja) convocó a cerca de una decena de embajadoras residentes en la Argentina para intercambiar ideas sobre la situación de género, la crisis ambiental y las posibilidades de desarrollo de el país, y particularmente de su provincia, en el complejo escenario internacional.
Para dar inicio, Vega reflexionó: “Compañeras de género, la pandemia nos ha interpelado y nos ha desnudado a todos y cada uno de los Estados. La misma no hizo diferencia entre países desarrollados o subdesarrollados y generó un fuerte impacto en las relaciones entre las diferentes naciones”.
“Nos unen temas comunes, transversales a todos los continentes y los países, en particular la violencia y la desigualdad de género, porque la pandemia pegó muy fuerte en todos los ámbitos, pero más aún a las mujeres”, agregó.
Con respecto a la posición de los diversos países sobre la emergencia climática, la legisladora riojana afirmó que “es necesario que las mujeres participemos para mejorar las relaciones entre los Estados y seamos gestoras de un modelo de desarrollo sustentable, inclusivo y con mayor equidad”.
Para finalizar, las invitó a trabajar mancomunadamente en pos de estos temas que constituyen la agenda presente y futura: “Somos todas mujeres y me parece un buen momento para empezar algo que signifique más que visibilizar estos problemas que hoy nos convocan. Este es nuestro punto de partida”.
Durante el encuentro, que fue parte del cierre de un año muy intenso de trabajo por parte de la legisladora, estuvieron presentes las representantes de Israel, México, Costa Rica, Panamá, Finlandia, Reino Unido, Indonesia, Filipinas y San Marino.
Luego de que cada una de las embajadoras exponga su punto de vista sobre las temáticas planteadas, disfrutaron de un agasajo acompañado por la cantante riojana Milagros Juárez y su guitarrista Braian Castro, y recibieron un obsequio con productos típicos de la provincia y una pieza textil pintada a mano por la artista riojana Maricel Andrada. Se destacó el acompañamiento del ministro de Turismo de La Rioja, Gustavo Luna, y del ministro de Producción, Fernando Rejal.
El gobernador de Córdoba se diferenció del kirchnerismo y de Juntos por el Cambio, al tiempo que abogó por un bloque de diputados federales más numeroso.
El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, abogó por el crecimiento de su tropa de legisladores en el Congreso y aseguró que en la próxima reconfiguración de las cámaras habrá un interbloque que reúna a representantes de fuerzas provinciales más numeroso.
“Por lo que me dicen, hay muchos legisladores nacionales que quieren sumarse al interbloque”, sostuvo durante una entrevista al diario La Voz del Interior, en referencia al Interbloque Federal, donde hoy conviven los cuatro diputados de Córdoba Federal junto a lavagnistas, dos santafesinos y un justicialista.
Sin dar nombres sobre futuros legisladores que podrían congregarse en ese espacio, el mandatario cordobés afirmó que “hay muchos dirigentes del interior que piensan lo mismo que nosotros, y no tengo dudas de que tendremos más legisladores”.
“Ya lo dije: la solución debe venir desde el interior y con más federalismo”, expresó y, de cara a 2023, habló de que hay que “construir algo distinto, para no tener esta visión desde el puerto sobre el país. De lo contrario, nos va a pasar como al kirchnerismo y a Cambiemos, que han fracasado”.
Schiaretti abogó por “un peronismo progresista, democrático, republicano, plural, que respete las libertades, la división de poderes. Esas son las características del peronismo cordobés. Siempre tengo contactos con otros gobernadores; intercambiamos experiencias de gestión o cómo se resuelven algunos problemas”.
“Me parece que la solución debe venir del interior. El kirchnerismo y Cambiemos miran al país desde el puerto de Buenos Aires y eso los hizo fracasar. Los dos frentes se debilitaron y creo que hay espacio para crear algo distinto. Y Córdoba puede tener un rol importante en esa construcción”, insistió.
Por otra parte, dijo que “nunca” vio “en la historia que un vicepresidente tenga más poder que el presidente”, en alusión a Cristina Kirchner, y agregó: “Si no existió eso en ningún lugar del mundo, supongo que la lógica debe estar donde no existió. Esto presenta más dificultades. Yo lo que espero es que la Argentina no desbarranque, lo deseo fervientemente”.
A pesar de las diferencias, el gobernador manifestó que “Córdoba tiene una relación institucional correcta con la Nación” y que con quien “más contacto tengo es con el ministro del Interior (Eduardo) “Wado” De Pedro, que es la persona que designó el presidente para que tenga diálogo con los gobernadores”.
“Nosotros siempre garantizamos la gobernabilidad, y por eso le votamos leyes a (Mauricio) Macri y ahora a Alberto Fernández. Pero cuando hubo que enfrentar a los K, lo hicimos nosotros, cuando otros miraban para el costado, como los de Cambiemos”, concluyó.
De gira por La Pampa, el diputado lavagnista y presidente del interbloque Federal, Alejandro “Top” Rodríguez, envió malas noticias para la bancada que conduce Máximo Kirchner: no van a apoyar nada que “avasalle la Constitución”.
A semanas de las elecciones PASO del 12 de septiembre, el oficialismo no logra sumar voluntades para luego avanzar en los temas pendientes en una Cámara de Diputados en la que no cuenta con los votos suficientes para sancionar leyes que son centrales para el Gobierno de Alberto Fernández.
No vamos a facilitarles que nos sigan arrastrando por el camino del fracaso”
Alejandro “Topo” Rodríguez
En la tarea de lograr consensos que llevan adelante el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, uno de los posibles aliados realizó criticas al Gobierno nacional y aumentó la distancia que ya se había iniciado en varios temas en lo que el interbloque Federal no apoyó al FdT.
Sin vueltas, el presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, aseguró: “Nos opusimos y nos opondremos a que se aprueben iniciativas como la Reforma Judicial y la Reforma del Ministerio Público Fiscal, así como aquellos proyectos o iniciativas que avasallen la Constitución Nacional y cualquiera de las competencias que nuestra Carta Magna le asigna a las provincias”.
En ese sentido, fustigó: “Quienes hoy gobiernan y aquellos que los antecedieron -Cambiemos-, son responsables directos de la falta de crecimiento económico y de justicia social”.
Y remató: “No vamos a facilitarles que nos sigan arrastrando por el camino del fracaso”.
Un Topo por La Pampa
En una visita a La Pampa, Alejandro Rodríguez apoyó a los candidatos a senadores nacionales y diputados nacionales del Partido Socialista -Luis Solana y Marina Vanini, respectivamente-.
Duranta la gira, el diputado bonaerense se refirió al cierre de exportaciones de carne -vence este martes 31- al aseverar que “este Gobierno sigue porfiando en el error. Tiene la oportunidad de corregir, mañana mismo, el desastre que hizo con el cierre de exportaciones de carne, para dejar de perjudicar a todos. Pero no lo hará, porque no entiende de producción”, remató.
“Están perdiendo los productores, que reciben menos por la hacienda que venden; pierden los consumidores pagando la carne un 15 por ciento más cara; pierde el trabajador del sector, con reducción de horas extras y adicionales”, apuntó.
El Federal
El interbloque Federal está integrado por 10 diputados nacionales, que conforman los bloques Consenso Federal (3) y Córdoba Federal (4) y tres monobloques: Frente Progresista Cívico y Social; Justicialista; y Socialista.
La presidencia del intebloque conformado por distintos sectores del justicialismo que no integran el Frente de Todos en Diputados sufrió modificaciones tras el cierre de las candidaturas de las PASO. El diputado bonaerense Eduardo “Bali” Bucca renunció a la presidencia luego de su pase al FdT que se coronó con un encuentro con el presidente Alberto Fernández. El diputado de Consenso Federal Alejandro “Topo” Rodríguez será el nuevo titular de ese espacio.
El interbloque Federal es clave para el Frente de Todos en la Cámara de Diputados porque por sí solo no logra tener mayoría asegurada ni lograr el quórum, por lo que los 10 diputados de extracción justicialista son fundamentales para el oficialismo que conduce el diputado Máximo Kirchner.
Las posturas más firmes contra el Gobierno nacional de los diputados cordobeses y de los lavagnistas en varios temas como el Ministerio Público Fiscal y el marco regulatorio de la ley de Emergencia Covid-19 han provocado que este interbloque no sea considerado aliado sino que siempre se debe negociar con este sector.
En el cierre de listas de precandidaturas para las elecciones primarias previstas para el 12 de septiembre, uno de los que pasaron por la Rosada fue el propio entonces presidente de este interbloque, Eduardo “Bali” Bucca, quien debía renovar su banca.
A pesar de eso, Bucca no competirá en los comicios para obtener otro periodo en la Cámara baja y además renunció a la presidencia del interbloque y pasó a integrar las filas del Frente de Todos, según confirmaron fuentes parlamentarias.
Con su dimisión, el nuevo presidente del interbloque será el diputado bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal).
El Interbloque Federal está compuesto por los bloques Córdoba Federal (4), Consenso Federal (3), Socialista (1), Justicialista (1), y Progresista Cívico y Social (1).
Rodríguez también continuará ejerciendo la presidencia del bloque Consenso Federal, que integra junto a los bonaerenses Graciela Camaño y Jorge Sarghini.
En tanto, el bloque Córdoba Federal está integrado por los diputados Carlos Gutiérrez, Paulo Cassinerio, Claudia Márquez y Alejandro Vigo mientras que hay dos monobloques de los santafesinos Enrique Estevez (Socialistas) y Luis Contigiani (Progresista, Cívico y Social). Y el ahora monobloque Justicialista, del salteño Andrés Zottos.
Una docena de legisladores del interbloque opositor no dieron quórum, entre ellos seis de la Patagonia. Los nombres.
A la sesión convocada por la oposición para tratar la prórroga de la Ley de Biocombustibles faltaron una docena de diputados de Juntos por el Cambio. La convocatoria fracasó con 108 legisladores, entre presenciales y conectados de forma remota, es decir 21 diputados menos de lo que se requerían para el quórum.
Dentro de los doce ausentes, seis fueron de provincias patagónicas: Francisco Sánchez (Pro-Neuquén), Ignacio Torres (Pro-Chubut), Federico Frigerio (Pro-Tierra del Fuego), Lorena Matzen (UCR-Río Negro), Gustavo Menna (UCR-Chubut) y Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz).
Además faltaron, o no se pudieron conectar y no avisaron a sus pares, Ezequiel Fernández Langan (Pro-Buenos Aires), Sebastián García de Luca (Pro-Buenos Aires), Gustavo Hein (Pro-Entre Ríos), Luis Juez (Pro-Córdoba) y Martín Maquieyra (Pro-La Pampa).
A su vez, el radical puntano José Luis Riccardo “perdió el avión”, según confiaron fuentes del interbloque; mientras que no pudieron dar quórum los macristas santafesinos Gisela Scaglia, José Núñez y Federico Angelini, “que estaban retenidos por falta de resultado del PCR” y luego finalmente ingresaron al recinto.
Tampoco aportaron quórum, por problemas en su conectividad, el formoseño Ricardo Buryaile, el chaqueño Gerardo Cipolini y el catamarqueño Eduardo Brizuela del Moral, que posteriormente solucionaron.
Pero además de los ausentes de Juntos por el Cambio, desde el otro espacio que convocó a la sesión estuvo ausente nada más y nada menos que el presidente del Interbloque Federal, el bonaerense Eduardo “Bali” Bucca, y su compañero de bloque Justicialista Andrés Zottos, quien a las 12 en punto avisó que se retiraba del recinto.
Los interbloques Juntos por el Cambio y Federal reunieron 108 legisladores, 21 menos de los 129 necesarios para habilitar la sesión.
Por Melisa Jofré
Fracasó este jueves la sesión especial solicitada por Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal en la Cámara de Diputados para debatir la prórroga de la Ley de Régimen de Promoción de Biocombustibles.
En la reunión, convocada para las 11.30, figuraron 108 diputados, de manera presencial y remota. Un número ampliamente menor a los 126 que, con asistencia perfecta, hubieran reunido ambos espacios.
De todas maneras, si la sesión hubiera tenido quórum, la oposición no contaba con los dos tercios necesarios para aprobar el proyecto que no tiene dictamen de comisión.
La bancada que conduce el radical Mario Negri y el sector liderado por Eduardo “Bali” Bucca solo contaron con el respaldo de la tucumana Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social).
En tanto, no tuvieron acompañamiento del Frente de Todos; del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, comandado por el mendocino José Luis Ramón; ni del bloque Acción Federal, que integran el riojano Felipe Álvarez y el santacruceño Antonio Carambia.
Tampoco se sumaron la neuquina Alma Sapag y los diputados del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano.
A las 12, cuando se cumplieron 30 minutos más de la hora citada, a pedido de Negri, Massa otorgó diez minutos de prórroga. A continuación, tomó la palabra el salteño Andrés Zottos, del bloque Justicialista, quien reclamó la ausencia de diputados y decidió retirarse del recinto antes de esperar el comienzo de la reunión convocada por su propio interbloque.
El legislador dijo que este era un tema “importante” y para él “una política de Estado”. “Hay legisladores que le gusta más el protagonismo a través de los medios, sin interesarles la producción y los productores. Les interesa más lo político que solucionar este problema”, lamentó.
Zottos se quejó entonces que “de Cambiemos están faltando alrededor de 23, 24 (diputados)…de nosotros también un par”. “Habiendo cumplido más de media hora en que estoy sentado acá, voy a proceder a retirarme”, cerró.
La semana pasada, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal resolvieron unificar sus pedidos de sesión para tratar el tema, luego que Negri acordara con Carlos Gutiérrez, jefe del bloque Córdoba Federal -que responde al gobernador Juan Schiaretti-, aunar fuerzas en el recinto.
La decisión se dio en la previa de una reunión de la Comisión de Energía y Combustibles, convocada por el oficialismo el pasado lunes, donde comenzó a debatirse la cuestión con la presencia del secretario de Energía, Darío Martínez.
La alerta de la oposición se encendió a partir de la intención de Máximo Kirchner, jefe del bloque Frente de Todos, de debatir un nuevo proyecto sobre el cual no se conocen mayores detalles, salvo que apunta a que los beneficios del régimen favorezcan prioritariamente a las PyMEs.
Si bien desde todos los bloques coinciden en discutir una nueva norma, especialmente los diputados que representan a las provincias beneficiadas por esta industria -entre ellas Tucumán, Córdoba, Santa Fe y Jujuy- reclaman que se trate en lo inmediato la extensión de la Ley 26.093, que vence en mayo próximo.
La prórroga del régimen recibió media sanción por unanimidad en el Senado en octubre pasado, pero pese al acuerdo en la Cámara de Diputados para aprobarla en el verano, el Gobierno no incluyó el proyecto en el temario de sesiones extraordinarias.
Expresiones en minoría
En el arranque de las expresiones en minoría, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, recordó que la Ley 26.093 había sido aprobada en 2006 en tiempos de Néstor Kirchner, y que la Argentina fue entonces uno de los primeros países que se ocupó de esa industria que “aceleradamente fue creciendo”. Destacó, en ese sentido, que en nuestro país existen 54 plantas instaladas en diez provincias y que representan un motor para el desarrollo y el empleo, aportando valor agregado.
Tras 15 años de vigencia de la norma y próximo su vencimiento -el 15 de mayo-, el cordobés señaló que el Senado aprobó en octubre pasado la prórroga “por unanimidad, como pocas veces ha ocurrido”. Y en esa oportunidad, resaltó también, muchos senadores advirtieron en sus discursos de la necesidad de actualizar la ley.
Se preguntó Negri entonces “qué pasó durante estos cinco meses” para que todavía no se haya avanzado en ese tema. Habló así de un “silencio que aturde” y lamentó que nadie se hubiera puesto a trabajar para buscar un acuerdo.
En su discurso, el radical alertó que eso puede volver a ocurrir con otros temas, como la Ley Ovina, próxima a vencer en abril, y remarcó que la Argentina debe “dar certezas”. “¿Por qué tenemos que terminar en una sesión en minoría, reclamando a viva voz que esto tenga una respuesta inmediata?”, se preguntó.
“Sabíamos que era difícil alcanzar el quórum; no tenemos el número de por sí. Pero hay un enorme interrogante sobre cuál es la razón de la tardanza en poner una solución a esta inestabilidad para el sector”, concluyó.
Después fue el turno de Carlos Gutiérrez, jefe del bloque Córdoba Federal, quien subrayó que “no venimos a sumar a los biocombustibles a la pelea de la grieta”. “Hemos cumplido cabalmente desde el Interbloque Federal con el compromiso de venir a defender la Ley de Biocombustibles”, dijo.
El diputado explicó que “menos corte significa que cada 100 litros de combustible que tiene hoy en el marco de la Ley 26.093 la obligación de ser cortados por dos litros de bioetanol, cualquiera sea su origen, o por 10 litros de biodiesel, el recorte hasta de un 50 o más por ciento del que se habla es lisa y llanamente un atentado contra las provincias productoras y contra mi Córdoba”.
El presidente de la bancada que responde al gobernador Juan Schiaretti apuntó que “más de 6.000 puestos de trabajo están hoy en ascuas producto de esta seguidilla de indefiniciones y de improvisaciones”.
“No tenemos nada contra las provincias petroleras. Le reconocemos el derecho constitucional de sus regalías”, aclaró, pero enfatizó que “Córdoba este año vuelve a poner en las arcas nacionales 3 mil millones de dólares en conceptos de retenciones agropecuarias”.
Por eso, Gutiérrez rechazó que “se nos venga a decir desde el lobby petrolero” que “la industria petrolera subsidia los biocombustibles, ¿no será exactamente al revés?”. Y agregó también que al no dar impulso a este sector “se están vulnerando los principios más elementales del ambientalismo”.
El cordobés afirmó que no existe una negativa a sacar una nueva ley, pero sí “nos negamos a este atropello” y que “se pretenda lograr los consensos en 30 o 40 días”. “El éxito está garantizado porque es exitoso el sistema productivo que abarca los biocombustibles como una de las alternativas más fuertes que tiene Argentina para apostar al desarrollo”, finalizó.
A su turno, el macrista Omar De Marchi resaltó que “el 95% de nuestro interbloque está presente”, pero hay “100% ausencia del Frente de Todos”. El mendocino expresó que la Ley 26.093 fue “muy buena” y recordó que el 13 de febrero el presidente Alberto Fernández, de visita en Tucumán, “garantizó a los industriales del sector la prórroga” de la norma.
Sin embargo, “de repente nos encontramos que empiezan a aparecer dudas” y “proyectos fantasmas”, señaló el diputado, que cuestionó el borrador de la iniciativa impulsada por Máximo Kirchner porque “deja en el aire la certidumbre y la seguridad jurídica”.
El vicepresidente primero de la Cámara baja mencionó particularmente dos artículos de ese texto, referidos a las plantas que podrían seguir con su producción y a la manera en que se definirán a las PyMEs. Sobre ello, consideró que se apunta a “la tendencia al monopolio”, además de “discrecionalidad y oscuridad”.
“Creo en el fondo que lo que esta improvisación esconde es la falta de rumbo claro en materia de biocombustibles en Argentina, la falta clara de plan energético”, aseguró, al tiempo que opinó que se debe a que “no hay plan económico, porque no hay plan de país”. “El Frente de Todos es cada vez más el gobierno de pocos”, lanzó.
Por su parte, el jefe del bloque Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, criticó duramente al oficialismo al recordar que, una vez aprobada la prórroga en el Senado, “la nueva autoridad de la Comisión Energía y Combustibles predijo lo que iba a suceder. Dijo que ‘esa ley que aprobaron por unanimidad del Senado’ era ‘una mala ley’”.
“La justificación de por qué era una mala ley es que supuestamente perjudicaba a la industria petrolera. Y la industria y las empresas petroleras estaban subsidiando al resto del país”, continuó el bonaerense.
Para el legislador, “no hay un rumbo en esta materia”. “La amenaza a nosotros es que van a votar en contra de la ley que sus propios senadores y Néstor Kirchner pusieron en funcionamiento en la Argentina”, prosiguió y anticipó que “antes del 12 de mayo vamos a tener prórroga sí o sí”.
“Creo finalmente que en un mundo que empieza a presenciar la recuperación” y “con la posibilidad de que nuestro biocombustible ingrese al mercado norteamericano, es una muy mala señal que Argentina no respete y que retroceda en material ambiental”, cerró.
Al igual que De Marchi, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López hizo hincapié en la ausencia del oficialismo: “120 diputados (ausentes) son del Frente de Todos, sépanlo. Porque es extraño que no quieran dar este debate. Y la política energética de este Gobierno, si soy generoso creo que es errática… si subo un poco el tono, creo que es escandalosa”.
“Y si alguien de acá quiere hablar de lobby’s, podemos hablar de lobby: ¿saben dónde está el lobby más escandaloso de este Gobierno? En la Secretaría de Energía de la Nación, en el Ente Regulador de los Servicios Públicos, intervenido. Y mientras los empresarios que apostaron a desplegar la actividad de los biocombustibles en la Argentina navegan a ciegas entre la discrecionalidad, la improvisación y la incertidumbre, hay algunos que en esa Secretaría de Energía tienen tráfico de influencias, tienen información privilegiada y pueden comprar una distribuidora de electricidad a precio vil como Edenor. Se llaman Maurici Filiberti, José Luis Manzano o Daniel Vila”, disparó.
Y completó: “¿Qué pasa entonces? ¿Hay dos estándares en la Argentina, algunos hacen lo que quieren y compran con información privilegiada, y a otros los tenemos desde octubre del año pasado, cuando se votó la ley por unanimidad en el Senado, sin saber qué hacer?”.
A su intervención le siguió el santafesino Luis Contigiani, quien arrancó: “La posición del diputado preopinante me obliga a remarcar con mucha fortaleza y convicción personal porque estoy acá desde el punto de vista político. La democracia necesita de una oposición con altura y sincera”. “No se puede hablar de lobby cuando tenían a (Juan José) Aranguren en la Secretaría de Energía y dolarizaban las tarifas”, le enrostró.
El legislador del Interbloque Federal aseveró que no quería “llevar este tema tan estratégico para el país a la grieta”, porque “lo que está en juego es algo extraordinario, es una oportunidad que no podemos perder en la Argentina; lo que está en juego son las PyMEs y un sistema asociativo no integrado”.
“No creo en el divorcio entre la industria petrolera y la de biocombustibles”, subrayó y reflexionó que “necesitamos que Argentina de manera equilibrada vaya a un esquema de integración para ser una potencia en producción de energías”.
Desde Tucumán, la diputada Beatriz Ávila denunció que “las petroleras incumplieron; mezclaron solamente el 7% de biodiesel en lugar de 10% y menos del 11% del bioetanol en lugar del 12%”. La legisladora insistió en la “incertidumbre” que “pone en vilo no solamente a la provincia de Tucumán, sino también a todo el noroeste y a todas las provincias que están involucradas”.
“En el caso de Tucumán, la producción de azúcar y alcohol es la principal actividad” y “cuando se carga combustible en un auto, el 88% es nafta y el 12% es biocombustible, de los cuales el 4% es de Tucumán”, precisó.
Otro de los oradores fue el santafesino Enrique Estévez, quien valoró que “esta es una ley que trajo muchos beneficios absolutamente palpables” a las economías regionales, además del valor agregado y el cuidado del ambiente.
El socialista explicó que los biocombustibles “vienen a frustrar algunos negocios” y por eso “borramos con el codo lo que fue casi una política de Estado en nuestro país”. “En Santa Fe la industria de los biocombustibles es muy importante y nuestra provincia trabajó para potenciar esa industria”, ponderó.
Los dos interbloques de la oposición unificaron el pedido de sesión para este jueves, a las 11.30, a fin de presionar por la aprobación de la prórroga de la Ley 26.093 que vence en mayo.
En la previa de la visita del secretario de Energía, Darío Martínez, la bancada de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal en la Cámara de Diputados unificaron sus pedidos de sesión especial para tratar el próximo jueves, a partir de las 11.30, la prórroga de la Ley del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, como único tema.
El reclamo para aprobar la iniciativa, que viene con media sanción del Senado -donde se votó por unanimidad-, fue creciendo con el correr de los días, y sobre todo ante la postergación del oficialismo para llevarla al recinto, incluyendo la decisión del Gobierno de no contemplarla en el temario de sesiones extraordinarias.
El tema atraviesa a todos los bloques, puesto que divide las aguas entre representantes, por ejemplo, de Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Jujuy respecto a aquellas provincias petroleras.
Por eso, dentro del propio Frente de Todos hay voces que insisten también con sancionar rápidamente la extensión de la ley hasta el 31 de diciembre de 2024. Precisamente, desde el bloque oficialista, la jujeña Carolina Moisés propuso que se prorrogue no por cuatro, sino por diez años la norma que protege a las más de 50 plantas de bioetanol y biodiesel que hay en el país.
La bancada que conduce Mario Negri y agrupa a los diputados del Pro, la UCR y la Coalición Cívica, tiene 115 miembros; mientras que el interbloque liderado por Eduardo “Bali” Bucca reúne 11 integrantes. Con una asistencia perfecta, los legisladores de la oposición estarían a tres del número necesario para el quórum (129). Aún logrando alcanzar esa cifra, con ayuda de otros bloques, no llegan a reunir los dos tercios para aprobar el proyecto que no tiene dictamen.
Habrá que ver en ese caso también cómo actuarían algunos diputados del propio Frente de Todos, donde hay, como se señaló, varios que apoyan la rápida sanción del proyecto venido de la Cámara alta por el interés que significa para sus provincias.
Tras una reunión que mantuvo con la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en Córdoba, Negri reveló ante medios provinciales: “Estuve trabajando en silencio con el diputado Carlos Gutiérrez de Córdoba Federal y con Alejandro Rodríguez del lavagnismo. Hemos decidido unificar los pedidos de sesiones para tratar la prórroga a la Ley de Biocombustibles. Esperemos tener quórum el jueves a las 11.30 horas. Si no, veremos quiénes son los que dicen defender las provincias y luego no están presentes”.
“Para Córdoba son más de 5.000 puestos de trabajo, inversiones de más de 500 millones de dólares. Por supuesto que todos creemos que sería bueno tener una ley nueva, pero mientras tanto no podemos estar sin la prórroga porque va a vencer el régimen en mayo”, agregó el radical.
Y advirtió que “en la Comisión de Energía simultáneamente hay que discutir una nueva ley. Por lo que hemos leído, el proyecto que ahora impulsa el Frente de Todos es muy contrario a los sectores de la agroindustria que más trabajo generan, eso lo vamos a discutir mucho”.
Es que medio de la discusión, transcendió que este lunes, durante la reunión prevista de la Comisión de Energía y Combustibles, el oficialismo pondrá en la mesa un proyecto impulsado por el propio jefe de bloque, Máximo Kirchner, para que los beneficios del régimen favorezcan prioritariamente a las PyMEs.
La iniciativa establecería que el corte mínimo obligatorio para la comercialización de combustibles sea abastecido por las empresas pequeñas y medianas productoras de bioetanol y biodiesel por un plazo de seis años, con la posibilidad que sea prorrogable por otros tres.
Por su parte, la mendocina radical Jimena Latorre presentó un proyecto para prorrogar la ley -en ese caso hasta 2025-, pero además crear un “Plan Estratégico para el Desarrollo de Biocombustibles” para discutir entre todos los sectores involucrados una política integral.
La bancada presidida por Eduardo “Bali” Bucca solicitó debatir la iniciativa el próximo 25 de marzo. Qué dijo el oficialista Omar Félix, presidente de la Comisión de Energía y Combustibles.
El Interbloque Federal, que preside el bonaerense Eduardo “Bali” Bucca, presentó este lunes al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, una solicitud para sesionar el próximo 25 de marzo y tratar el proyecto de ley que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2024 la vigencia del “Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles” en todo el territorio nacional.
Luego que este domingo el bloque Córdoba Federal anticipara la solicitud, el santafesino Enrique Estévez (PS), que también forma parte del interbloque, informó sobre el pedido de convocatoria a sesión especial para tratar la iniciativa que apunta a beneficiar a “una industria que contribuye al cuidado del ambiente, genera empleo y agrega valor”, señaló.
El proyecto recibió media sanción del Senado en octubre pasado y, pese a que se preveía que se trataría durante el verano, el mismo no fue incluido en el temario de sesiones extraordinarias ni en las ampliaciones posteriores que dictó el Poder Ejecutivo.
El reclamo de la oposición, e incluso de sectores del propio oficialismo, se basa centralmente en que la Ley 26.093 vencerá en mayo próximo y por eso “urge” darle aprobación definitiva.
Tras el pedido, la respuesta del oficialismo llegó mediante el presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, Omar Félix, quien recordó que “en reiteradas ocasiones los representantes del gobierno nacional, particularmente el Presidente de la Nación @alferdez, y el presidente de la Cámara de Diputados @SergioMassa, han manifestado su voluntad de avanzar en el tratamiento legislativo del tema biocombustibles”.
“El régimen vigente desde 2006 se agota en mayo de este año. Así, después de 15 años de aplicación, es razonable detenerse en el análisis de su alcance, y determinar si se hacen necesarias correcciones para una realidad distinta al de su origen”, consideró.
El mendocino agregó que “tanto los representantes de la elaboración de biocombustibles como los de la industria petrolera han tenido y tienen la oportunidad de manifestar sus posiciones y de proponer aportes, que desde su perspectiva deberían o podrían incorporarse a la regulación de este tema”.
“No puede ni debe el gobierno nacional abordar esta problemática desde la perspectiva de un solo sector o una única región. Por el contrario, esta regulación debe resultar integradora de las necesidades y realidades diversas que cruzan nuestro país”, subrayó, mediante un hilo de tuits.
Finalmente, Félix aseguró que “está absolutamente clara la decisión de legislar respecto a este tema, ese es el compromiso político asumido. La prórroga del régimen actualmente vigente, o la elaboración de una nueva norma que lo actualice, será parte central de la agenda política de los días que vienen”.
La bancada que conduce Eduardo “Bali” Bucca recordó que existía un acuerdo para debatir durante enero la iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado pero no se incluyó en el temario de extraordinarias.
Tras la oficialización en el Boletín Oficial de la ampliación del temario para sesiones extraordinarias, y ante la ausencia del proyecto que prorroga el Régimen de Promoción de los Biocombustibles -con media sanción del Senado-, el Interbloque Federal de la Cámara de Diputados reclamó que se cumpla el “compromiso” de debatirla durante el verano.
A la reacción que ya habían manifestado legisladores de ese espacio, la bancada conducida por Eduardo “Bali” Bucca sumó este lunes un comunicado en el que recuerdan que la aprobación de la iniciativa en la Cámara alta se dio con un apoyo que “incluyó a todos los senadores de las denominadas ‘provincias petroleras’, nucleadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, que acompañaron el proyecto con su voto afirmativo”.
“En esa oportunidad, la norma fue ponderada como una verdadera política de Estado, que luego de 15 años de vigencia permitió impulsar la producción regional con valor agregado, el trabajo y el cuidado del ambiente”, señalaron.
Asimismo, explicaron que “debe consignarse que la incorporación de insumos de origen vegetal no altera el costo final de los combustibles y que, de ser necesario, un incremento en la producción de biocombustibles puede sustituir con eficiencia eventuales necesidades de importación de combustibles”.
“A fines de diciembre del año pasado, en la Cámara de Diputados de la Nación llegamos a un acuerdo: tratar la prórroga de esa Ley de Biocombustibles durante el mes de enero de este año. Pero ese acuerdo, que es un compromiso institucional, no se está cumpliendo“, reclamaron los once diputados del Interbloque Federal.
Para los legisladores, “la ausencia de explicaciones y el incumplimiento de los compromisos generan incertidumbre, socavan la confianza, al extremo de poner en riesgo las fuentes de trabajo que se han creado en estos años y las inversiones realizadas”.
“El sector de la producción de biocombustibles es un ejemplo de agregado de valor, algo de lo que mucho se habla pero que poco se aplica. Constituye también un modelo de federalismo productivo y generación de arraigo, por su impacto en las economías regionales. Y contribuye de manera decisiva al cuidado del ambiente”, argumentaron.
Por “todos esos motivos”, los diputados de la oposición exigieron “el inmediato cumplimiento del compromiso para tratar la Ley de Biocombustibles”. “Que se haga, como corresponde, atendiendo a las opiniones de todos pero sin ceder a la presión de nadie“, concluyeron.
El comunicado está firmado por todos los bloques que componen el espacio: Córdoba Federal, Consenso Federal, Justicialista, Socialista y Frente Progresista Cívico y Social.
Aclaró que en el interbloque que integra Consenso Federal puede haber posiciones diferentes, pero lejos de tomarlo como un dato negativo, valoró el disenso.
Mientras el oficialismo hace cuentas para ver si puede convertir en ley la reforma judicial aprobada la semana pasada en el Senado, las especulaciones en el Congreso están a la orden del día. El argumento de las autoridades de la Cámara baja para sobrellevar la situación mientras esperan el mejor momento para avanzar con la norma es que el texto que cuenta con media sanción del Senado no está cerrado y están dispuestos a discutirlo todo. Elemento clave, pues el principal cuestionamiento de la oposición fuera de Juntos por el Cambio es que no están dispuestos a tratar la norma “a libro cerrado”.
En ese marco el interbloque más observado por el oficialismo es el Federal, integrado por legisladores de extracción diversa, aunque en su mayoría peronistas. Allí los tres lavagnistas fueron los primeros en pronunciarse en contra de la reforma judicial, y cuando los cuatro cordobeses se manifestaron en el mismo sentido la reforma judicial pasó a dar números en rojo para el oficialismo.
En rigor, de ese interbloque también terminaron pronunciándose en contra los santafesinos Luis Contigiani y su comprovinciano socialista Enrique Estévez, en ambos casos por entender que el proyecto es inconveniente en este tiempo y porque la justicia necesita “un cambio de fondo” y ellos entienden que el proyecto del Poder Ejecutivo no va en ese sentido.
Versiones circulantes en las últimas horas hablan de un posible cambio de clima en esa bancada y los ojos comenzaron a posarse en el excandidato presidencial Roberto Lavagna, asesor innominado del presidente Alberto Fernández. Por eso es que el propio exministro de Economía salió a sentar posición este viernes a través de una serie de tuits.
Allí señaló que “el interbloque de diputados que integra Consenso Federal podrá tener o no una posición unificada en el vital tema de la reforma judicial, si bien la mayoría ya se ha expedido públicamente en contra”, señaló, con lo cual dio por sentada la posición inicial que en principio no se habría modificado.
Luego expresó cuál es su postura, aunque no vota: “En lo personal, quiero dejar clara mi posición. Gobernar requiere: 1) marcar el rumbo en forma DURADERA, 2) tener sentido de la OPORTUNIDAD y 3) lograr los máximos grados de CONSENSO posibles. Nada de eso cumple el caótico mercado de reparto posiciones judiciales, donde estamos”, dejó claro.
En este marco aclaró que “las posiciones en el interbloque no deben llamar la atención: responden a realidades provinciales distintas (Salta, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires), a diferentes momentos de elección (2017, 2019) y a orígenes políticos diversos (justicialismo, socialismo, acuerdos provinciales)”.
Con relación a las posturas diversas que anidan en el interbloque Federal, Lavagna señaló que “no sólo no es extraño; es POSITIVO que tengan posturas propias. Mal ejemplo sería que el sector que en la campaña presidencial del 2019 defendió los CONSENSOS, trabajó en soledad frente a los grandes de ambos lados de la GRIETA, forzara posiciones únicas”.
“Eso queda, como históricamente lo han hecho, para los conservadurismos o los populismos. El DISENSO es un componente esencial de las democracias modernas”, concluyó.
El interbloque Federal está compuesto por 11 diputados nacionales y los únicos dos que no se han pronunciado todavía son su presidente, el bonaerense Eduardo “Bali” Bucca, y el salteño Andrés Zottos, ambos integrantes del bloque Justicialista.
Tras participar de la votación de la ley de educación a distancia, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal abandonaron el debate. Acusan al oficialismo de romper el acuerdo sobre las sesiones virtuales.
Por Carolina Ramos y Melisa Jofré
La tensión entre el oficialismo y la oposición en el Senado escaló este jueves cuando, tras reiteradas amenazas, Juntos por el Cambio y el Interbloque Parlamentario Federal se retiraron por segunda vez consecutiva de la sesión virtual, acusando al Frente de Todos de violar la regulación de los debates virtuales.
Las bancadas presididas por el formoseño Luis Naidenoff y el salteño Juan Carlos Romero volvieron a actuar en tándem y abandonaron la sesión virtual cuando terminó de aprobarse el proyecto de ley de educación a distancia. El único que, según advirtieron, está vinculado a la pandemia del Covid-19.
La oposición le enrostró al bloque de José Mayans y a la propia vicepresidenta Cristina Kirchner que el decreto 8/20, que reguló el funcionamiento retomo, estableció que las sesiones telemáticas serían acotadas a temas referidos a la pandemia y sus derivados.
Sin embargo, el oficialismo incluyó la semana pasada dos DNU de la gestión anterior -uno de los cuales transfería a la Corte Suprema las escuchas judiciales- y este jueves incorporó a la agenda la iniciativa sobre alquileres y otra de Oscar Parrilli para suspender la inscripción de las Sociedades de Acción Simplificada (SAS).
Fue la gota que rebalsó el vaso para la oposición, que dejó asentada su postura desde el inicio, con una cuestión de privilegio presentada por Laura Rodríguez Machado (Pro) contra Cristina y Mayans.
Los senadores fueron más allá y, a lo largo del debate sobre educación a distancia, aprovecharon la oportunidad para reforzar las críticas, en un clima de crispación que tuvo que ser controlado por la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala, ante la ausencia de Cristina durante buena parte del debate.
“Nos vamos a abstener de participar de la votación (de alquileres) porque se trata de un proyecto que está fuera de lo que habíamos acordado para tratar en las sesiones remotas”, anticipó Humberto Schiavoni, jefe del bloque Pro.
En el mismo sentido, su par Pablo Blanco aclaró: “No es que uno esté en contra de estos proyectos, pero debemos respetar el marco por el cual ibamos a funcionar. Si en la casa de las leyes fijamos reglas de común acuerdo aprobadas por unanimidad, es una muy mala señal que le damos a la sociedad al no respetar los acuerdos”.
Además, advirtió que “hay más de 100 proyectos relacionados al Covid-19” presentados por Juntos por el Cambio “que ni siquiera fueron tratados en comisión”.
Tanto Blanco como Schiavoni señalaron además que los inquilinos “están protegidos” por el DNU firmado por el Poder Ejecutivo a fines de marzo que prohibió los desalojos por falta de pago y congeló el precio de los alquileres debido a la situación de emergencia sanitaria.
También muy molesta, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) consideró “muy triste” que “el oficialismo haya decidido terminar” con los acuerdos, “un modo de trabajo indispensable en la democracia actual”.
También se quejó de que “a los proyectos que vienen de Diputados no se los deja revisar ni cambiar una coma”. “¿Qué quieren ahora, qué seamos nosotros la escribanía de Sergio Massa? ¡Me resisto, señora presidenta!”, exclamó, al referirse al tema de alquileres y las dudas sobre la redacción aprobada en la Cámara baja.
La tucumana le pidió al Frente de Todos “que recapacite” porque “se equivocan” al “tomar esta manera antidemocrática, porque cuando no respeto lo que acuerdo, las formas de actuar y tratar a la oposición, hiero de muerte a la democracia. ¡Y eso es lo que están haciendo! Creer que tienen los votos y que por eso tienen derecho a hacer lo que quieren”.
La riojana Clara Vega, del Interbloque Federal, también lamentó la decisión de “no respetar los acuerdos en tiempos de pandemia”, al tratar en esta sesión “dos temas que no tienen que ver con el Covid-19”, sino que “tienen que ver con un oportunismo y un sesgo ideológico”.
Reafirmó esta postura el jefe de Parlamentario Federal, Juan Carlos Romero, quien se quejó de que ambos temas “nada tienen que ver con la pandemia”. Y cargó contra “un sector del oficialismo” que gobernó hasta diciembre de 2015 por expresar “día a día un revanchismo contra el campo, la prensa, los periodistas no adeptos, las empresas, los jueces. En fin, todos los que piensen distinto a ustedes están siendo castigados”.
“Creemos que deben respetarse los acuerdos”, enfatizó y recordó que en julio vencerá el plazo establecido para las sesiones remotas, con lo cual se podrá “discutir” sobre nuevas reglas. Pero advirtió que eso se hace con “consensos” porque “ante la imposición es más difícil, se agranda la grieta”.
Finalmente, el salteño lanzó que “ganar las elecciones no es un boleto para el ‘todo vale'” y “ser mayoría no es ser dueños. Ser mayoría les da una mayor responsabilidad. No es un cheque en blanco para hacer lo que se les ocurra”.
Fue durante un plenario de comisiones del Senado, donde Martín Lousteau, Esteban Bullrich, Juan Carlos Romero y Lucila Crexell estallaron tras la intervención de José Mayans, el jefe del bloque Frente de Todos.
Habían pasado casi dos horas en las que se debatió sobre el convenio de la OIT contra la violencia y el acoso en el ámbito laboral, un tema por el cual todos los bloques se expresaron a favor, pero la reunión plenaria de las comisiones de Relaciones Exteriores y Trabajo y Previsión Social del Senado terminó con una fuerte discusión entre oficialistas y opositores.
Todo comenzó después de la intervención del jefe del Frente de Todos, José Mayans, quien fue el último orador durante el debate y envió un mensaje a la oposición de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, que la semana pasada bloquearon el tratamiento de dos proyectos durante la sesión virtual.
“Nosotros como bloque creemos que este es un tema de tratamiento urgente”, sostuvo en referencia al proyecto, que no se enmarca dentro de la agenda vinculada a la pandemia por coronavirus. “Lo importante acá para el tratamiento es el despacho de las comisiones”, continuó.
El formoseño señaló que “no sabemos el tiempo en que va a durar esta emergencia” y enfatizó: “Insisto en que nosotros no tenemos que autolimitarnos, porque al principio la preocupación de muchos era que el Parlamento no funcionaba, y ahora parece ser que el problema son los temas que tenemos que tratar. Y eso está decidido por la mayoría, porque esto funciona con mayorías y minorías”.
“Lo vamos a tratar ni bien tenga la antigüedad correspondiente”, reiteró y le pidió entonces a Jorge Taiana, el presidente de la Comisión de RR.EE., que pase a leer “el listado para la votación nominal”. Cuando Taiana se disponía a nombrar uno por uno a los senadores para que expresen su voto, el radical Martín Lousteau abrió su micrófono para “decir algo sobre las palabras del senador Mayans”.
“Senador, yo le ofrecí la palabra y usted me dijo que se había bajado en aras de la brevedad, lo cual yo le agradecí”, le recordó el oficialista. “Sí, pero el senador Mayans acaba de introducir algo que no es lo que los senadores de su bloque anteriormente dijeron”, la siguió el opositor.
Entonces, Taiana defendió que había habido un largo debate donde se escucharon a “todas las voces”. “¡No podemos hacer esto! No podemos hacer que haya un cierre de Mayans en cada una de las reuniones, que diga lo que quiera y no se le pueda contestar”, saltó el macrista Esteban Bullrich, a lo que desató una discusión donde todas las voces se superponían.
Cuando pudo decir algo, la neuquina Lucila Crexell remarcó que “hay algo que es preocupante y es que se utilice la metodología de las sesiones en las comisiones. Justamente las comisiones son para poder debatir los temas y no para hacer discursos de posiciones que después sí se deben hacer en el recinto”.
“No entiendo esta vocación por querer crear un conflicto, cuando el conflicto no existe”, afirmó Taiana mientras continuaba la pelea virtual entre unos y otros. Levantó el tono entonces otra vez Lousteau y cuestionó: “¡Esta es una demostración más de que la virtualidad no puede reemplazar lo presencial por completo! Entonces como todo funciona con la virtualidad con buena voluntad, cuando se rompe esa buena voluntad, es muy difícil”.
Quiso poner paños fríos el radical Julio Cobos que, calmo, expresó: “Estamos perdiendo tiempo en algo que a lo mejor ya hubiera quedado saldado. Permita, José (Mayans), permita que hable Martín (Lousteau)…”. Pero fue interrumpido nuevamente por todos los comentarios que se escuchaban.
“No vamos a tener despacho de comisión entonces, que me parece que es lo que están buscando ustedes”, echó leña al fuego Mayans, a lo que respondió, entre otros, la macrista Gladys González: “¡Pero qué empeño José de no dejar hablar a Martín, que exprese lo que quiera expresar y listo, se acaba el asunto”.
Crexell volvió sobre el asunto de la metodología del cierre de Mayans en cada reunión de comisión, a lo que el presidente del bloque oficialista le contestó: “Ahora la senadora Crexell interrumpe porque no quiere la votación del proyecto”. “¡No, no me chicanee senador Mayans! No me venga a correr por ahí”, le devolvió la legisladora.
Finalmente, Taiana logró el silencio de todos y pasó a nombrar uno por uno los integrantes de su comisión para votar a favor o en contra del dictamen. “Estamos en contra de como se está trabajando en esta comisión. Cuando lo manden lo firmaremos”, argumentó Lousteau.
En tanto, Bullrich dijo: “Presidente no vamos a votar, no por oposición, sino porque nos levantamos de la reunión”.
“Como la razón más fuerte que expresa el presidente del bloque oficialista es la imposición de la mayoría, no vamos a aceptar esa imposición. Yo ya he expresado mi vocación favorable a que este proyecto tenga dictamen pero sea tratado cuando corresponda”, justificó Romero.
El salteño agregó que “el temor que tenemos con el oficialismo es que con el cuento de la pandemia van a modificar el número de la Corte, van con la reforma judicial y son capaces hasta de derogar…”, cuestionaba al ser interrumpido. “¡Me retiro de la reunión!”, exclamó y se desconectó. Picante, la oficialista Nancy González, tiró: “Gracias senador Romero que se retira, gracias”.
Aunque fue una de las senadoras de JxC que sí votó afirmativamente, la macrista Gladys González pidió: “Déjense de embromar. José, en serio, trabajemos… todos pueden hablar, todos pueden expresarse, en las comisiones siempre hubo eso, más en un proyecto que es bueno”. “Me cansa, me desilusiona, me harta, realmente me harta”, aseguró, sobre la situación.
Así lo hizo el interbloque Federal, que aclaró que “nada impide poder debatir democráticamente un proyecto de tamaña relevancia”.
“La delegación de facultades al jefe de Gabinete de Ministros que establece el Decreto de Necesidad y Urgencia 457/2020 es una cuestión inherente al Congreso y, por lo tanto, el Poder Ejecutivo debió seguir para este tema el trámite ordinario previsto en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”, afirmaron este martes los diputados integrantes de los bloques Consenso Federal, Socialista y Justicialista, a través de un comunicado.
Los diputados agregaron que consideran necesario “continuar y fortalecer las políticas de apoyo a las familias y a las empresas que el gobierno, aunque no siempre con eficacia, está ejecutando. No obstante, aun teniendo en cuenta el actual estado de excepción, resulta imprescindible otorgar la máxima fortaleza institucional y política a estas trascendentes decisiones”.
Asimismo, señalaron que “en los últimos días se ha llegado a un consenso mayoritario respecto a la posibilidad de que el Congreso sesione de manera telemática, por lo tanto nada impide poder debatir democráticamente un proyecto de tamaña relevancia, orientado a mitigar el impacto negativo de la pandemia en el funcionamiento de la economía y la sociedad”.
Sobre el final del comunicado, recordaron que “no dudamos en acompañar la política sanitaria del gobierno”, aclarando que tampoco dudan “en defender en toda circunstancia el pleno funcionamiento de las instituciones”.
Los diputados destacaron la manera “constructiva” como se está desarrollando el proceso y rescataron el respaldo de todos los sectores han brindado también al Gobierno en este tema.
Los diputados nacionales del interbloque Federal expresaron su apoyo a la posición argentina para reestructurar la deuda pública en el actual contexto de emergencia nacional e internacional.
“Lo hacemos con la misma convicción que votamos la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, que en el artículo 57 autorizó al Gobierno nacional a emitir letras por un monto de 4.571 millones de dólares, los que permitieron cancelar servicios de la deuda en moneda extranjera, y deben ser incorporados en toda oferta como parte de los pagos realizados de buena fe”, señalaron a través de un comunicado.
Los diputados del interbloque que preside Eduardo “Bali” Bucca entienden que así debería ser reconocido por los acreedores, como también la manera “constructiva” con que Argentina está llevando adelante este proceso, en tanto el propio ministro de Economía, recuerdan, ha expresado su disposición a “considerar cualquier combinación de reducción de intereses, reducción de capital y extensión de plazos”.
Los diputados de la oposición recuerdan el apoyo que ya han brindado al Gobierno en esta negociación gobernadores de todos los signos políticos, centenares de prestigiosos economistas nacionales y extranjeros, de diversas escuelas y corrientes de pensamiento, como así también la dirigencia sindical, empresarial y de organizaciones sociales.
El comunicado del interbloque Federal concluye reafirmando su defensa de los intereses nacionales, convencidos de que “un acuerdo sostenible no solo es conveniente para ambas partes, sino que también estaría dando una señal positiva a la comunidad financiera internacional, beneficiando además al sector privado, a la producción y al trabajo”, para dar un “contundente apoyo a la posición argentina en el proceso de reestructruación de la deuda pública, que lamentablemente no se usó para resolver el problema de los argentinos”.
Luego de la fallida experiencia vivida este viernes en las entidades bancarias, con miles de jubilados rompiendo la cuarentena para tratar de cobrar sus haberes, el bloque que conduce José Luis Ramón pidió medidas al presidente.
A través de una carta dirigida al presidente de la Nación, Alberto Fernández, los diputados integrantes del bloque Unidad y Equidad Federal solicitaron “inmediatas acciones para responsabilidad a las entidades bancarias correspondientes”, por la situación vivida este viernes en las puertas de los bancos.
En ese sentido pidieron al primer mandatario la aplicación de sanciones a las entidades, como así también que se tome en cuenta lo sucedido a la hora del dictado de otras medidas. “Es hora de que los bancos hagan un aporte serio a la economía y la salud general en esta pandemia, y no podemos permitir que esta negligencia tan grave pase sin consecuencias serias”, señalaron los diputados Beatriz Ávila, Luis Di Giacomo, Pablo Miguel Ansaloni, Antonio Carambia, Ricardo Wellbach, Flavia Morales, Diego Sartori y José Luis Ramón.
Estos legisladores pidieron ordenar la normalización de la atención indispensable en las entidades bancarias y financieras de todo el país, cumpliendo los protocolos de salud establecidos, garantizando los servicios ofrecidos; como así también agilizar la atención a usuarios telefónicamente por correo electrónico y redes sociales.
Piden aplicar sanciones a los proveedores bancarios por haber puesto en riesgo la salud de todos los consumidores que concurrieron este viernes a los bancos, y por último el “apartamiento y/o renuncia inmediata de los funcionarios encargados de haber tomado las medidas necesarias para prevenir este accionar y coordinar el control de la operatoria bancaria”.
PEN- Pedido Intervención -Riesgo Por Actividad Bancaria a Consumidores by Parlamentario on Scribd
La bancada que preside Eduardo “Bali” Bucca entregará 1.100.000 pesos a la cartera conducida por Ginés González García para enfrentar la pandemia.
El Interbloque Federal, que preside Eduardo “Bali” Bucca, decidió otorgar al Ministerio de Salud todos los subsidios que le corresponden según la resolución firmada este martes por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
“Pondremos la totalidad de los subsidios a disposición del Ministerio de Salud de la Nación, por ser la autoridad de aplicación de la emergencia sanitaria declarada en el DNU 620/20 y única responsable de ejecutar las políticas sanitarias correspondientes a la actual situación”, sostuvieron los diputados.
El pedido será realizado a través de una nota firmada por Bucca en representación de los 11 diputados de la bancada, a la que le correspondería en total 1.100.000 pesos.
En la resolución 611/20, Massa dispuso otorgar “de manera excepcional y por única vez” un subsidio de 100.000 pesos para cada diputado, que “solo deberá ser utilizado para evitar la propagación del coronavirus, brindar asistencia a las zonas más vulnerables del territorio nacional o asistir a grupos de riesgo o entidades de la sociedad civil que trabajen con personas afectadas por la pandemia”.
Eduardo “Bali” Bucca ponderó que el presidente “tocó temas muy importantes”. En tanto, Jorge Sarghini dijo que quedaron “interrogantes” por despejar.
Al término del discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, el jefe del Interbloque Federal, Eduardo “Bali” Bucca (Justicialista), destacó que el mensaje fue “bueno, coherente, amplio” y “tocó temas muy importantes”.
El bonaerense celebró el anuncio del proyecto “Plan de los 1000 días”, ya que desde su bancada tienen una iniciativa en ese sentido.
Por otra parte, Bucca dijo que el tema del endeudamiento “no es menor”. “Cuando hizo hincapié en un nunca más a la deuda, nosotros también como interbloque, con autoría de Jorge Sarghini, hemos presentado un proyecto de ley que busca ponerle límites a nuevos endeudamientos”.
Desde el bloque Consenso Federal, Jorge Sarghini sostuvo que Fernández dio “un buen discurso, equilibrado, hizo un estado de cómo estamos y algunas señales de lo que va a ser el año legislativo”.
Sin embargo, el legislador señaló que hay “interrogantes” sobre “cómo encontramos el rumbo y el sendero del crecimiento en Argentina”. “Parece que todo está muy volcado a la indispensable y necesaria renegociación de la deuda, pero que en sí mismo no resuelve todo. Iremos viendo si se despejan los interrogantes a lo largo de la gestión en los meses venideros”, añadió.
La bancada que conduce Eduardo “Bali” Bucca sostuvo que la reforma de las jubilaciones de privilegio es un “tema estratégico” que requería “la búsqueda de acuerdos”. Sin embargo, los cordobeses sí asistieron a la sesión.
A través de un comunicado, el diputado Eduardo “Bali” Bucca denunció que el Interbloque Federal fue “excluido” del debate sobre reforma de las jubilaciones de privilegio. Sin embargo, en la sesión de este jueves, sí acudieron al recinto los cuatro legisladores de Córdoba Federal, bloque que integra la bancada con 11 miembros en total.
Tanto Bucca, como su compañero Andrés Zottos del bloque Justicialista; los tres diputados de Consenso Federal -Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Sarghini-; y los santafesinos Luis Contigiani y Enrique Estévez no asistieron a la reunión.
En el comunicado, los legisladores señalaron que este es un “tema emblemático” para el cual “era absolutamente necesario la búsqueda de acuerdos y consensos”.
Recordaron que el sistema previsional “ha sufrido los vaivenes de las coyunturas políticas” y mencionaron “el recorte del 13% al que apeló el gobierno de (Fernando) De la Rúa, cuando tenía como ministra a la señora (Patricia) Bullrich, o el brutal asalto al bolsillo de los jubilados del gobierno de (Mauricio) Macri cuando cambió la fórmula, o el reciente decreto del Poder Ejecutivo”.
“Es un tema estratégico, que debe ser verificado de manera integral y fundamentalmente considerando que se trata del sistema previsional con lo que significa previsionar en la vida de las personas”, señalaron.
Además, denunciaron: “Nuestro interbloque ha sido absolutamente excluido de este debate, privándosenos incluso de participar en la Comisión de Previsión Social, que por composición del cuerpo nos corresponde”.
“Volvemos a exigir la necesidad de que el oficialismo considere los resultados electorales de las pasadas elecciones, fundamentalmente en lo que hace a su propia composición a efectos de adoptar las actitudes de respeto y consideración que merecemos todos los representantes del pueblo”, concluyeron.
