Senadores del interbloque Popular, presidido por José Mayans, recibieron a científicos, investigadores, especialistas y representantes de los trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ante los despidos y "la embestida del Gobierno contra ese sector estratégico del país".

Tras el encuentro se resolvió impulsar un proyecto de declaración para exigir la reincorporación inmediata de los trabajadores desvinculados y defender las capacidades estratégicas del sistema nuclear argentino.

En la reunión, organizada por el presidente de la Comisión de Ciencia del Senado, Eduardo “Wado” de Pedro, se analizó la grave situación que atraviesa el sistema científico-tecnológico y sus 19 institutos y organismos. Entre ellos, se encuentra la CNEA, que tiene como una de sus mayores capacidades la generación de energía limpia y barata, "hoy golpeada por los despidos dispuestos por el Gobierno Nacional y el creciente proceso de desfinanciamiento que afecta a todo el sistema", señalaron a través de un comunicado.

En el encuentro, realizado en las oficinas del peronismo en la Cámara alta, los representantes del sector desmintieron las afirmaciones difundidas por el Gobierno y señalaron que la versión oficial está "cargada de falsedades" destinadas a minimizar el impacto del ajuste.

En esta línea, explicaron que "los trabajadores desvinculados cumplen funciones críticas para el funcionamiento cotidiano de la CNEA y para la continuidad de proyectos nucleares". Advirtieron también que el objetivo central de la actual administración "busca vaciar capacidades construidas durante décadas para facilitar la privatización de estos activos estratégicos".

Los especialistas alertaron particularmente sobre el progresivo abandono del reactor modular CAREM, un desarrollo íntegramente argentino que demandó décadas de inversión pública, conocimiento e innovación y que posicionó al país entre los líderes mundiales en esta tecnología.

Sobre ello, advirtieron que "la paralización del proyecto implica perder una ventaja estratégica, construida durante generaciones, y abre la puerta a que esas capacidades terminen siendo reemplazadas por soluciones provistas por actores privados". Además, los profesionales expresaron "inmensa preocupación" por el estado de conservación de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), debido a la falta de financiamiento y la interrupción del proyecto de acondicionamiento para la puesta en marcha.

También manifestaron su preocupación por la falta de progreso y de personal del Centro Argentino de Protonterapia, particularmente orientado para el tratamiento del cáncer infantil, y de las capacidades vinculadas a la producción de radioisótopos y aplicaciones nucleares para la salud, áreas en las que la Argentina alcanzó un reconocimiento internacional y cuya desarticulación favorecería la transferencia de actividades de alto valor agregado al sector privado, debilitando el rol del Estado en un área estratégica para la medicina nuclear.

Asimismo, rechazaron la caracterización oficial sobre los trabajadores afectados. Afirmaron que entre los despedidos hay responsables de conducción técnica de sedes regionales, personal especializado en la custodia y preservación de componentes críticos del reactor CAREM, la única operadora de microscopía electrónica utilizada para certificaciones internacionales, técnicos de mantenimiento vinculados a contratos estratégicos, responsables de logística e instrumentación nuclear, investigadoras que constituían el único recambio de científicos próximos a jubilarse y personal administrativo indispensable para sostener áreas ya fuertemente exigidas, como los del área académica que atiende a las necesidades de los institutos como el Balseiro, el Sabato y el Dan Beninson. "Todos ellos representan capacidades que demandan años de formación y experiencia y cuya pérdida resulta muy difícil de revertir", remarcaron.

Los senadores también cuestionaron "la contradicción entre el discurso oficial sobre la meritocracia" y los criterios utilizados para cubrir cargos jerárquicos en el sector. Señalaron que el Gobierno debe "explicar las designaciones de personas sin trayectoria ni experiencia en la actividad nuclear en puestos de conducción de Nucleoeléctrica Argentina, o en las áreas de coordinación o de aplicaciones nucleares a la salud de CNEA, mientras despide profesionales altamente especializados formados durante años por el propio Estado".

Junto a Mayans y de Pedro, participaron del encuentro los senadores Juan Manzur, Jorge Capitanich, Alicia Kirchner, Mariano Recalde, Fernando Rejal, y la diputada nacional y expresidenta de la CNEA Adriana Serquis; investigadores, exautoridades del organismo y especialistas del sector, junto a representantes de APCNEAN, ATE CNEA y ATE DIOXITEK, además de científicos y técnicos vinculados a las principales áreas del desarrollo nuclear argentino.

Miembros del interbloque Popular del Senado mantuvieron este miércoles una reunión con dirigentes de los gremios de la Marina Mercante nucleados en la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF), en la que analizaron el impacto de las políticas del gobierno nacional sobre el sector y advirtieron sobre el riesgo de su virtual desaparición.

El encuentro fue encabezado por el senador formoseño José Mayans y contó con la participación de los legisladores Gerardo Zamora, Florencia López, Jorge Capitanich, Marcelo Lewandowski, Adán Bahl, María Teresa González y José Neder. Por el lado sindical asistieron representantes de los distintos gremios de la actividad marítima y fluvial, entre ellos el Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, el Centro de Maquinistas Navales, el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y la Asociación de Capitanes y Baqueanos, entre otros.

Durante la reunión, los sindicalistas señalaron que la continuidad de las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei podría provocar la desaparición de la marina mercante nacional, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y graves consecuencias sociales. En ese marco, recordaron que la desregulación del cabotaje, similar a la promovida en la actualidad, ya se aplicó durante la década del ’90 y afectó tanto al sector estatal como al privado.

Los representantes gremiales coincidieron en remarcar el carácter estratégico de la marina mercante para la defensa de la soberanía nacional, al permitir la presencia argentina en el mar territorial, la Antártida y las Islas Malvinas, además de generar mano de obra calificada y brindar servicios esenciales en situaciones complejas. También alertaron que el país pierde unos 3.600 millones de dólares anuales en fletes que podrían realizarse con buques de bandera nacional construidos en astilleros argentinos.

En ese sentido, reclamaron recuperar una marina mercante fuerte, capaz de hacerse cargo de los llamados “fletes sensibles”, como el transporte de combustibles, y expresaron su preocupación por los intentos del Ejecutivo de avanzar sobre la Ley Nacional de Pesca y de cerrar las escuelas de formación del sector. Además, plantearon la necesidad de un proyecto de desarrollo nacional que incluya a la navegación civil y la sanción de una ley de transporte federal que articule de manera integral los sistemas marítimo, fluvial, terrestre y aéreo.

Finalmente, cuestionaron lo que definieron como la “falsedad ideológica” del discurso oficial, al sostener que bajo la promesa de desregulación se avanza, en realidad, en regulaciones que favorecen a los poderes económicos concentrados.

Senadores del interbloque peronista presentaron este miércoles un proyecto de ley para establecer una tarifa diferencial de energía eléctrica para 10 provincias del norte grande argentino.

“El Gobierno le tiene que pedir a los empresarios (del sector energético), que ya no saben qué hacer con la plata y están todos favorecidos, que trabajen un poquito para la gente, que tengan tarifas dignas que la gente pueda pagar, no que se tengan que ir a endeudar”, lanzó el jefe de la bancada, José Mayans.

Durante una conferencia de prensa que se realizó en las oficinas del bloque, el formoseño advirtió que con los costos actuales “es imposible que las economías regionales puedan funcionar”. Y advirtió: “Hasta los senadores del oficialismo, si son conscientes de lo que está pasando, tienen que apoyar esto. Estamos ante un tema de emergencia”.

Por su parte, la catamarqueña Lucía Corpacci enfatizó que las tarifas “se están haciendo impagables”. “El Gobierno nacional eliminó todos los subsidios y queda uno solo para aquellos consumidores que consuman menos de 150 kWh (mensuales), lo que es inviable para las provincias del norte. Con las temperaturas a las que estamos sometidas, nadie consume 150 kWh”, señaló.

Sobre la iniciativa, la senadora explicó que “se contempla la posibilidad de que las familias de menores recursos tengan un subsidio del 50%”; éstos usuarios serán aquellos que posean salario inferior a una canasta básica. Mientras que los usuarios de “recursos medios” podrán tener una reducción del 35%. Todo esto será “sin parámetros de consumo”.

Además, también podrán acceder a beneficios las entidades y asociaciones sin fines de lucro. “Los clubes de barrio se funden”, manifestó la exgobernadora catamarqueña y resaltó que “lo que estamos pasando los argentinos con la falta de regulación de la tarifa de luz es tremendo”.

A su turno, la riojana Florencia López indicó que la ley ayudaría a “más de 10 millones de personas” del NOA y NEA, y que la iniciativa “se justifica por las altas temperaturas que sufrimos”. “Lo que intentamos es llevar un poco de justicia. En diciembre de 2023 una persona pagaba una boleta de 20 mil pesos, hoy esa misma familia tiene que pagar una boleta de 120, 140, 160 mil pesos; tuvimos aumentos de 600%, 700%”, subrayó.

En ese sentido, apuntó que “hubo una decisión política del Gobierno nacional de que las tarifas tengan este precio. En la Ley Bases se produjo la liberación de las tarifas y permitió que las empresas productoras mayoristas que venden energía hoy tengan ganancias siderales a costa de las familias argentinas”.

En referencia al proyecto, el chaqueño Jorge “Coqui” Capitanich enumeró las provincias que estarían alcanzadas: Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Y explicó que los beneficiarios aparecen clasificados en “bajos, medios y altos ingresos”, siendo estos últimos aquellos que perciben ingresos que superan las tres canastas básicas, y no contarían con una reducción de la tarifa.

“Es absolutamente necesario segmentar y establecerlo no por consumo”, afirmó el exgobernador chaqueño, quien destacó: “Es un proyecto unificado de 20 artículos, que toma lo mejor de todas las iniciativas, con el objeto de buscar el máximo nivel de consenso”.

Para Capitanich, la propuesta se trata de “una solución estructural de largo plazo y con un régimen de incentivo para que el pueblo pueda afrontar las consecuencias del ajuste”. Sobre lo que ocurre actualmente, remarcó que “esto es producto de la delegación de facultades”, ya que el Poder Ejecutivo, a través de distintos decretos, “fue desregulando el sistema, aumentando los precios y castigando a las familias”.

Los beneficios del proyecto alcanzarían a usuarios residenciales y organizaciones sin fines de lucro, pero por el momento se excluyó a pequeñas y medianas empresas o comercios, aunque también se alertó por la situación que atraviesan con los altos costos de los servicios.

El interbloque de senadores peronistas le pidió a la Justicia que se le otorgue la prisión domiciliaria a Julio De Vido, detenido en Ezeiza desde fines de 2025 cuando la Corte Suprema confirmó su condena por la causa de la Tragedia de Once.

En el escrito presentado ante el Tribunal Oral Federal N°4, los legisladores expresaron su "más profunda preocupación por el estado de salud de Julio De Vido y por las condiciones de detención a las que se encuentra sometido, las cuales, prima facie, resultarían incompatibles con el ordenamiento jurídico vigente".

Los senadores señalaron que el exministro de Planificación durante los gobiernos K "cuenta con 76 años de edad, padece diabetes insulinodependiente y presenta antecedentes de lesiones coronarias severas, circunstancias que configuran un cuadro de especial vulnerabilidad que se ve agravado por su permanencia en una unidad penitenciaria".

Además, indicaron que, según la Ley de Ejecución de la Pena (N°24.660), "el interno reuniría las condiciones objetivas para acceder al régimen de prisión domiciliaria, en virtud de su edad avanzada y su estado de salud".

Para la bancada presidida por José Mayans, en su caso "se advierte un tratamiento ostensiblemente desigual respecto de otros internos en condiciones análogas, a quienes sí se se les ha concedido dicho beneficio, incluso en casos de condenas por delitos de extrema gravedad, como los delitos de lesa humanidad".

"La persistencia en la negativa a conceder el beneficio de la prisión domiciliaria, frente a un cuadro de salud delicado y una edad avanzada, podría interpretarse como un apartamiento de los estándares constitucionales e internacionales aplicables, así como una eventual manifestación de arbitrariedad en la actuación judicial", agregaron.

Finalmente, sostuvieron: "Exhortamos a adecuar su actuación a los principios de legalidad, razonabilidad, igualdad y humanidad que rigen la ejecución de la pena, adoptando las medidas necesarias para garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales involucrados".

El pedido fue firmado por José Mayans, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, Jorge Capitanich, Martín Soria, Mariano Recalde, Florencia López, José Neder, Ana Marks, Adán Bahl, María Celeste Giménez Navarro, Cristina López, María Teresa González, Fernando Rejal, Marcelo Lewandowski, Daniel Bensusán, Eduardo "Wado" de Pedro, Gerardo Zamora, Elia Moreno, Sergio Uñac, Carlos Linares, Alicia Kirchner, Lucía Corpacci y Juan Manzur.

Como viene sucediendo en todas las reuniones de comisiones que se celebran en el Senado, el interbloque Popular volvió este miércoles a reclamar los lugares que le corresponden en las comisiones asesoras del Senado, y acusó al oficialista La Libertad Avanza de violar de manera reiterada y permanente el Reglamento de la Cámara y la Constitución Nacional al no respetar la proporcionalidad derivada del voto popular.

Al respecto, el presidente del bloque Justicialista y del interbloque Popular, José Mayans, advirtió que el oficialismo conformó la comisiones de la Cámara alta “a su antojo” y que, por lo tanto, todo lo que se resuelva con estas integraciones estará “viciado de nulidad”. “Esta Comisión de Asuntos Constitucionales está mal constituida”, remarcó el formoseño, en el salón Azul del Senado durante el plenario de la referida comisión y su similar de Legislación General. E insistió en que “se sigue violando el Reglamento del Cuerpo y la Constitución Nacional”, por la manera en que se constituyó la mayoría de las comisiones de la Cámara alta.

Reseñó que, con las comisiones mal conformadas, el oficialismo viene sosteniendo que consigue “quórum” y firma “despachos”, situación que calificó como “muy grave”. Y advirtió que, desde su bancada, se están juntando “los antecedentes para que aquellos que consientan esta violación del Reglamento y de la Constitución den las explicaciones correspondientes”, cuando corresponda y ante quien corresponda.

Ya al mediodía Mayans había formulado un planteo similar en la reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde se trató el proyecto de ley de Falsa Denuncia.

En esa oportunidad, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se hizo eco del reclamo y expresó: “Nos comprometemos a ordenar esta comisión para que el bloque de la oposición tenga los miembros que corresponden que nos den unos días que lo vamos a ordenar”.

En la reunión de la tarde, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti lamentó el desconocimiento del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien pretendió por dar por cancelada la discusión y lo responsabilizó por “esta violación del Reglamento y de la Constitución Nacional”, por ser quien firma los decretos que designan los integrantes de cada comisión. “No sé por qué no lo hace la vicepresidenta de la Nación (Victoria Villarruel)”, reflexionó a continuación, al referirse a la notable ausencia de la presidenta de la Cámara.

La senadora peronista apuntó que “en las comisiones de 19 miembros, nos corresponden seis y uno más por interbloque; y en las comisiones de 17, 5 y uno por interbloque, es decir que nos están usurpando, robando, quitando, llámelo como quiera, nada más y nada menos que en la comisión de Asuntos Constitucionales”. “Es un papelón institucional”, agregó.

El bloque Convicción Federal, conformado por peronistas que se fueron en marzo pasado de la bancada que conduce José Mayans, aunque permanecieron dentro del interbloque, anunciaron este miércoles la incorporación de una senadora más.

Se trata de la tucumana Sandra Mendoza, quien deja así el bloque Justicialista, aunque el peronismo ratificó que se mantendrá unido bajo un interbloque recientemente denominado “Popular”, integrado por Convicción, el PJ y el Frente Cívico por Santiago.

Este bloque quedó así conformado por Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Rejal (La Rioja), Guillermo Andrada (Catamarca) y la mencionada Mendoza. Desde el espacio aseguraron que buscan “equilibrar la balanza del poder federal, garantizando que las provincias del norte tengan una voz unificada y firme en el debate presupuestario y productivo, con eje en la generación de trabajo”.

“Esta integración, que incrementa la representación del Norte Grande en la bancada del peronismo del interior, marca un avance decisivo en la consolidación de este espacio dedicado a defender el federalismo y los intereses estratégicos de las provincias, frente a las políticas centralistas del Gobierno nacional”, expresaron mediante un comunicado.

Y destacaron que “la prioridad absoluta es la protección de las autonomías provinciales y los recursos de las provincias, ante el actual contexto de ajuste”.

“Así lo vinimos marcando con proyectos legislativos concretos para federalizar el Banco Central, las leyes de ATN e Impuesto a los Combustibles, y la que modifica la recaudación de ARCA para que se distribuyan los fondos respetando la Coparticipación Federal”, apuntaron.

Tal cual destacara oportunamente parlamentario.com, el peronismo en el Senado tocó este año, a partir del recambio legislativo, su piso histórico: nunca, desde 1983 a la fecha, ese sector estuvo tan subrepresentado en la Cámara alta.

Es que de 34 miembros, como ostentaba hasta el 9 de diciembre, pasó a tener 28. En 2010 había llegado a tener 30 miembros el bloque peronista, y ese fue el peor momento. Hasta ahora, aunque para peor, circularon en vísperas del recambio legislativo versiones que advertían que el bloque conducido por José Mayans podía quedar ser más débil, con los alejamientos del bloque Convicción Federal, e incluso los santiagueños, con el exgobernador Gerardo Zamora a la cabeza.

Sin embargo el bloque parece haber logrado capear el temporal y ha logrado mantener al menos el número que tenía luego de las elecciones del 26 de octubre.

Eso sí: cambiarán el nombre. El interbloque denominado Unión por la Patria pasará ahora a llamarse “Popular”, según notificó su presidente, José Mayans, a la titular del Senado, Victoria Villarruel, a través de una nota remitida este martes. Allí aclaran que el número de miembros es de 28 y los bloques que integran el interbloque son “Justicialista”, “Convicción Federal” y Frente Cívico por Santiago”.

A razón de 22 senadores del bloque Justicialista, conformado por la unidad de los bloques Frente Nacional y Popular, y Unidad Ciudadana, como se llamaban hasta el recambio; 4 de Convicción Federal y 2 del Frente Cívico por Santiago, integrado por los dos senadores que ganaron las elecciones santiagueñas el 26 de octubre.