Sorpresiva ruptura en la Cámara de Diputados en la mañana de este jueves, luego de que los miembros del bloque de la Coalición Cívica comunicaran su salida del interbloque Unidos, alianza que integraban junto a legisladores de los bloques Provincias Unidas y Encuentro Federal, con un claro mensaje para aquellos miembros que responden a sus gobernadores.

Los miembros del bloque, los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, argumentaron su decisión en “otorgarle mayor autonomía e independencia a nuestro bloque parlamentario, dejando de integrar el interbloque Unidos en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”.

Con 22 integrantes, este interbloque igualaba en número el de Fuerza del Cambio –compuesto por el Pro, la UCR, el MID, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz-, con el que competía por el lugar de tercera fuerza en la Cámara baja detrás de La Libertad Avanza y el peronismo. A partir de esta ruptura, el interbloque que conduce Cristian Ritondo pasa a ocupar el tercer lugar, y Unidos, el cuarto.

También fundamentaron que es una “necesidad de representar con absoluta claridad y sin condicionamientos el interés general de los argentinos, y de mantener nuestro compromiso histórico con la República, la Constitución y la integridad pública”.

“Entendemos y respetamos las necesidades y los desafíos que enfrentan quienes tienen la enorme responsabilidad de administrar y gobernar las provincias, pero creemos que, en el contexto actual que atraviesa la Argentina, es necesario poner el interés nacional por encima de cualquier otra consideración”, plantearon en otro tramo del comunicado en un claro mensaje a los diputados del interbloque que responden directamente a sus gobernadores como Gisela Scaglia –titular de Unidos- quien obedece a Maximiliano Pullaro, mientras los cordobeses a Martín Llaryora.

En ese sentido, señalaron que la crisis de legitimidad que afecta al Gobierno nacional agravada por las serias sospechas de corrupción que pesan sobre las altas autoridades del Poder Ejecutivo “exige una actitud firme y coherente que sólo podremos sostener plenamente a partir de la autonomía de nuestro bloque parlamentario”.

“En estos tiempos de incertidumbre, seremos leales a la Constitución Nacional y a nuestros principios humanistas, actuando con firmeza y claridad política”, manifestaron.

En otra línea, apuntaron contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni: “Frente al enorme esfuerzo realizado por la sociedad argentina, resulta especialmente grave que existan funcionarios cuestionados por incrementos patrimoniales y estilos de vida incompatibles con la austeridad que se le ha exigido a la ciudadanía”.

Por ello, advirtieron la necesidad de que el Gobierno lleve a cabo un “ordenamiento macroeconómico debe complementarse urgentemente con políticas que fortalezcan la salud y la educación públicas, y que atiendan la pérdida del poder adquisitivo que atraviesan los jubilados y los trabajadores, en una economía real que continúa sin mostrar señales claras de recuperación. Sectores todos que continúan siendo objeto de una embestida permanente por parte del Gobierno nacional, sin señales de rectificación”.

Por último, aclararon que, más allá de las diferencias políticas y de esta decisión institucional, seguirán manteniendo el diálogo político construido, promoviendo acuerdos y acciones comunes cada vez que sea necesario defender la Constitución Nacional, las libertades, el federalismo, los derechos, las luchas históricas y el equilibrio republicano “frente a cualquier abuso o avasallamiento del poder”.

De esta manera, la Coalición Cívica repite así lo que sucedió en la primera mitad de la gestión mileísta, cuando originalmente sus miembros -entonces seis- formaron parte del bloque Hacemos Coalición Federal, que conducía Miguel Pichetto, hasta que decidieron dejar el mismo y funcionar de manera independiente.

COMUNICADO DE PRENSA

Los diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, hemos decidido otorgarle mayor autonomía e independencia a nuestro bloque parlamentario, dejando de integrar el interbloque Unidos en la Honorable Cámara de Diputados de…

— maxi ferraro (@maxiferraro) May 7, 2026

A cincuenta años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar, el interbloque Unidos de la Cámara de Diputados ratificó su "compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia como pilares irrenunciables de la democracia argentina". A medio siglo de aquellos hechos, el espacio —integrado por Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal— sostuvo que "el país ha logrado consolidar un consenso básico y transversal: el rechazo absoluto al terrorismo de Estado y la convicción de que lo ocurrido entre 1976 y 1983 no puede ni debe repetirse".

Desde esa perspectiva, la bancada planteó la necesidad de "preservar ese acuerdo democrático" frente a dos riesgos que, a su entender, lo debilitan por igual: "el negacionismo y la utilización política de una causa que pertenece al conjunto de la sociedad". Según expresaron en un comunicado, "la memoria, la verdad y la justicia no son patrimonio de ningún sector en particular, sino una construcción colectiva que ha permitido a la Argentina fortalecer sus instituciones y su vida democrática". "Desnaturalizar los acontecimientos del pasado o reducir la memoria a una herramienta de disputa coyuntural -advirtieron- erosiona ese consenso y empobrece el debate público".

El interbloque destacó además "el recorrido que ha realizado el país en materia de derechos humanos, basado en la búsqueda de la verdad, el juzgamiento de los responsables y las políticas de reparación. Ese proceso, sostenido a lo largo del tiempo por distintos gobiernos y con el acompañamiento de amplios sectores de la sociedad, es considerado uno de los pilares sobre los que se asienta la democracia actual". Para Unidos, se trata de un camino que "no solo debe ser preservado, sino también transmitido a las nuevas generaciones como una responsabilidad común, ajena a lecturas parciales o sectarias".

En ese sentido, el espacio puso el foco en el rol de los jóvenes y en la forma en que se construye la memoria colectiva. Lejos de cargar sobre ellos los desencuentros del pasado, señalaron que el desafío es transmitir las enseñanzas que dejó ese período oscuro de la historia argentina. Hacerlo sin convertir la memoria en un factor de división es, según el interbloque, la manera más genuina de honrar a las víctimas y de cuidar la democracia construida en las últimas décadas.

El documento también reivindicó el sentido profundo del “Nunca Más”, al que definió no como una consigna vacía, sino como un compromiso permanente con la vigencia de los derechos humanos, el respeto por las instituciones y la defensa del Estado de Derecho. Sostener ese compromiso, afirmaron, "implica rechazar tanto la negación de los crímenes cometidos como su banalización o uso oportunista".

En este cincuentenario, Unidos reafirmó su convicción de que la memoria debe ser un punto de encuentro y no de fractura. Para los diputados, solo entendida como un valor compartido puede seguir siendo la base sobre la que se construye, se proyecta y se protege la democracia argentina.

Diputados que integran el interbloque Unidos cuestionaron tanto las formas como el contenido del discurso del presidente Javier Milei durante la apertura de sesiones.

"La lógica de tribuna no puede reemplazar al debate parlamentario. Los gritos y la descalificación, de ambos lados de la grieta, en la apertura de sesiones debilitan nuestras instituciones", enfatizó la jefa del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia. Y agregó que "Argentina necesita diálogo, sensatez en las discusiones y un camino claro de desarrollo".

También desde PU, el diputado Pablo Juliano calificó la presentación como "una vergüenza y una falta de respeto a todos los argentinos". "¿Tan mal le va en las encuestas reales al Presidente que vino al Congreso a hacer un chiquero con el pasado?", se preguntó.

En esa línea, el bonaerense resaltó: "No pudimos apreciar un discurso de un jefe de Estado de la Nación como prevé la Constitución. Solo se enfocó a los obsecuentes. Ver al Presidente perdido de bronca en el pasado, agitando consignas populistas fue lo único que nos dejó su discurso".
"Un mensaje que quedó tapado por la grosería y la violencia verbal. Un verdadero desastre, ganar para volver al pasado", cuestionó el radical.

En tanto, el cordobés Carlos Gutiérrez señaló que "un presidente es el primero que debe garantizar la concordia y paz entre los ciudadanos". "No recuerdo antecedente alguno de despliegue de tanta violencia planificada ex profeso para conservar un enemigo y disimular las falencias de este Gobierno. Cuanto mejor hubiera sido, un gesto de humildad para reconocer los tantos temas que hay que resolverle a los argentinos", sostuvo.

El legislador de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro escribió en su cuenta de X: "Apertura de sesiones muy ordinaria. Todas generalidades y anuncios grandilocuentes y megalómanos. Ni un anuncio concreto. Más que una apertura institucional, hablando de Roma, montó su propio circo romano. Espectáculo, gritos y brutalidad comunicativa. A lo Calígula. Hizo del Congreso un ring para la vulgaridad y la incivilidad".

"Nos dice que su agenda para la Argentina es una reestructuración moral, pero es en base a sus fantasiosas ideas anarcolibertarias. Los argentinos no somos eso, en la mayoría de nosotros anidan otros sentimientos y valores. La moral del más fuerte es una estupidez", sentenció.

"Ordinario, pendenciero, delirante", calificó el socialista Esteban Paulón, quien durante la Asamblea Legislativa opinó que se trataba de "un acto barrabrava" con el Presidente "contestándole a los diputados, gritando, diciendo cualquier cosa, agrediendo y obviamente con todo su fandom que lo aplaude como si fuera un partido y no un acto institucional".

Un grupo de diputados del interbloque Unidos le solicitaron este viernes a Martín Menem, presidente de la Cámara baja, y Victoria Villarruel, titular del Senado, que dispongan la conformación urgente de dos bicamerales: la que analiza los decretos del Poder Ejecutivo y la que controla los organismos de inteligencia, ante la reforma sobre la SIDE que realizó por DNU el Gobierno.

"Nos dirigimos a ustedes a fin de solicitar la urgente regularización y conformación de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, prevista en la Ley 26.122, y de la Comisión Especial Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, creada por la Ley 25.520, en cumplimiento del mandato otorgado por el pleno de ambas cámaras y conforme a lo dispuesto por la Constitución Nacional", reza el texto.

A partir del recambio legislativo, las únicas comisiones que se conformaron hasta el momento fueron unicamerales y solo las que estaban abocadas a los temas que el Poder Ejecutivo había definido para el temario que se trató durante diciembre.

En la misiva, los legisladores opositores pidieron además que "una vez remitido por el jefe de Gabinete de ministros el decreto de necesidad y urgencia N° 941/2025, dentro de los plazos establecidos por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, se le dé giro de inmediato a las comisiones mencionadas para su correspondiente evaluación. En particular, respecto de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, a fin de que se expida sobre la validez del citado decreto dentro el plazo de 10 días hábiles fijados por la Ley 26.122".

De acuerdo a la Constitución, Manuel Adorni tiene 10 días hábiles para remitir al Congreso el decreto que fue publicado este viernes en el Boletín Oficial y ya suma un fuerte rechazo del kirchnerismo/peronismo, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas y la Coalición Cívica. En tanto, el Pro y la UCR todavía no manifestaron su postura.

En 2024, con una composición más adversa para el oficialismo, el Congreso volteó el DNU por el cual se otorgaban 100 mil millones de pesos a la SIDE.

Una vez remitido al Parlamento, la Ley 26.122, que regula el trámite de los decretos del PEN (y la oposición intentó modificar el año pasado sin éxito), establece que la bicameral tendrá también 10 días hábiles para su consideración.

No obstante, vencido ese plazo "sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto", dice el artículo 20 de la ley.

De esta manera, si el PEN estirara al máximo los plazos, e independientemente de que haya despacho o no de la comisión, el decreto recién podría llevarse al recinto los primeros días de febrero. Desde la oposición ya avisaron que trabajarán en juntar los votos para rechazarlo. Se requiere mayoría simple en ambas cámaras.

La nota dirigida a Menem y Villarruel fue firmada por Maximiliano Ferraro, Gisela Scaglia, Carlos Gutiérrez, Martín Lousteau, Esteban Paulón, Mónica Frade, María Inés Zigarán, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Pablo Farías, José Núñez, Lourdes Arrieta, Ignacio García Aresca, Alejandra Torres, Mariela Coletta, Carolina Basualdo, Juan Brügge y Pablo Juliano.

El bloque de Unión por la Patria también reclamó por la conformación de las bicamerales a través de una carta firmada por el titular del espacio, Germán Martínez, dirigida al titular de la Cámara de Diputados.

📄 • Solicitamos al presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, la conformación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y
Actividades de Inteligencia y de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

Hay que tratar de forma urgente el DNU… pic.twitter.com/TJslCvGmsa

— Diputados UP (@Diputados_UxP) January 2, 2026

El interbloque Unidos en la Cámara de Diputados manifestó este viernes su rechazo al decreto de necesidad y urgencia 941/25, por el cual el Poder Ejecutivo dispuso una reforma integral de la Ley de Inteligencia Nacional, tema que ya ha despertado profundas críticas y advertencias desde la oposición.

"No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso. Menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU", sostuvieron los legisladores de los bloques Provincias Unidas, Encuentro Federal y Coalición Cívica.

En ese sentido, reclamaron que "es indispensable que se constituyan y designen de inmediato la Bicameral de Trámite Legislativo y la Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia para restablecer el sistema de controles que exige la Constitución".

Sobre el DNU, señalaron que "introduce modificaciones de enorme impacto", entre ellas que "declara que todas las actividades de inteligencia pasan a tener 'carácter encubierto', ampliando la opacidad en un ámbito que la ley original diseñó para estar bajo límites estrictos y control parlamentario".

"Extiende, además, la lógica de la contrainteligencia a todo el Sector Público Nacional, una medida que abre la puerta a prácticas de vigilancia sobre áreas y trabajadores que nada tienen que ver con tareas sensibles. Y habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia, una facultad propia de las fuerzas de seguridad que contradice el consenso democrático construido desde el retorno de la democracia: los servicios de inteligencia no pueden transformarse en una policía secreta", alertaron.

Desde el interbloque presidido por Gisela Scaglia expresaron que "el DNU avanza sobre ese consenso sin debate público, sin especialistas, sin organizaciones de la sociedad civil y sin escuchar la voz de las provincias".

"Exigimos que el Congreso trate y rechace de inmediato el decreto en los términos de la Ley 26.122, y exigimos que cualquier reforma al sistema de inteligencia se discuta como corresponde: en el Parlamento, a la vista de la sociedad", pidieron.

Y finalizaron: "La seguridad nacional es un objetivo legítimo, pero no puede construirse debilitando la Constitución, el Congreso y las garantías que protegen a cada ciudadano. No vamos a convalidar, por acción ni por omisión, un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado".