El diputado Daniel Arroyo presentó el proyecto de ley “Internación Domiciliaria Integral Lucio”, que establece un marco normativo para garantizar el acceso equitativo y de calidad a los servicios de internación domiciliaria en todo el territorio nacional. La propuesta apunta a personas con discapacidad, enfermedades crónicas o condiciones complejas de salud, y contempla la asistencia y acompañamiento de sus familias.

La iniciativa fija principios de dignidad humana, autonomía, equidad sanitaria y perspectiva de derechos humanos. Obliga a obras sociales, prepagas y prestadores a cubrir atención médica, enfermería, terapias, provisión de insumos y equipamiento, apoyo psicológico y transporte sanitario, sin interrupciones arbitrarias.

Entre los puntos centrales, crea el Registro Nacional de Internación Domiciliaria (RENID) bajo la órbita del Ministerio de Salud, que fiscalizará a los prestadores, implementará un sistema de denuncias y publicará informes anuales. También establece responsabilidad solidaria de obras sociales y empresas ante incumplimientos, sanciones por negligencias y campañas de concientización.

El proyecto incluye medidas de seguridad, protocolos obligatorios y capacitación permanente del personal en derechos humanos y atención domiciliaria, siguiendo la Ley Micaela. Además, garantiza programas de contención para familias cuidadoras y prohíbe altas sin evaluación interdisciplinaria y consentimiento informado.

En los fundamentos, Arroyo advierte sobre las graves falencias actuales: falta de personal capacitado, demoras en la cobertura y ausencia de control estatal, que derivan en vulneración de derechos y riesgos vitales. “Regular la internación domiciliaria no es sólo una necesidad técnica o sanitaria: es un acto de reparación y justicia social”, señala el texto, inspirado en el caso de Lucio, un niño que sufrió secuelas irreversibles por una mala práctica durante su atención en el hogar.