Durante un plenario de las comisiones de Comunicaciones e Informática y Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia, tuvieron dictamen distintos proyectos sobre la atención a los clientes que deben brindar las empresas de servicios de telefonía, cable e Internet. 

El despacho de mayoría resultó el de Unión por la Patria, acompañado por Alberto Arrúa (Innovación Federal) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda); y luego hubo dictámenes de minoría de La Libertad Avanza y el Pro (de rechazo); otro de la UCR, en base a un proyecto de Martín Tetaz; y uno de Hacemos Coalición Federal, sobre una iniciativa de Oscar Agost Carreño.

Al anticipar que no se había alcanzado consenso, el presidente de la Comisión de Comunicaciones, Pablo Carro, fundamentó que “uno de los mayores reclamos es que nunca entre las opciones cuando hablamos por teléfono aparece en primer lugar la de hablar con un ser humano que nos atienda del otro lado por parte de la empresa, sino que siempre tenemos opciones digitales para ir a otras opciones y otro menú”.

Al respecto, el legislador de Unión por la Patria especificó que, en su proyecto, la idea es que en el primer menú “nos atienda una persona de carne y hueso, para beneficiar a los usuarios y no a las empresas”. En otro aspecto, informó que incorporaron al texto “que las empresas nos avisen un mes antes que se nos va a terminar la promoción”. “Las mayorías de estas propuestas están en las reglamentaciones que tienen que cumplir hoy las compañías telefónicas, y nos las están cumpliendo; por eso, nos parece importante que queden fijadas por ley”, remarcó el cordobés.

Desde la UCR, la diputada Karina Banfi consideró que por más que “haya atención personalizada no significa que sea mejor”. En ese sentido, instó a “resolver los asuntos con un sistema de inmediatez, que es lo hoy está pidiendo la sociedad y es donde nosotros tenemos que trabajar, no sólo con respecto a las compañías telefónicas, en lo que refiere a comunicación, sino también en cómo utilizamos la tecnología para hacer la vida más fácil de los consumidores”.  

Al igual que lo pidió Banfi, la macrista Silvana Giudici opinó que los proyectos debían volver a asesores. “Para que haya servicio de telefonía también tiene que haber un marco de seguridad jurídica para que la inversión privada pueda desarrollar su modelo de inversión de negocio con previsibilidad de cobro de tarifas y precios”, sostuvo. 

La extitular del ENACOM añadió: “No es ajeno a este Congreso la necesidad de mejorar la cobertura de Internet, las prestaciones telefónicas, lograr que los precios sean asequibles y de que lleguen a todos los ciudadanos, no importando donde vivan, con buena cobertura, señal y con tarifas conocidas y canastas promocionales”.

A su turno, Oscar Agost Carreño expresó que “la tarea que podemos hacer nosotros con estos proyectos es buscar los equilibrios para que no tengan una sobrecarga económica y de trabajo a las empresas desmesuradas y, por otro lado, que no sea imposible acceder con una persona humana cuando hablamos por teléfono para cualquier cosa sencilla”. “Tenemos que obligar, con otras herramientas, a que presten un mejor servicio; si prestan un mejor servicio, tienen menos llamadas”, subrayó el diputado de HCF. 

 En contrapartida, Myriam Bregman fustigó que se anteponga como argumento que es “en defensa de las PyMEs” pero “siempre es contra el pueblo trabajador”. “La desconexión es una condena a la pobreza, a no poder acceder a la educación ni que los pibes puedan hacer la tarea”, enfatizó la jefa del bloque Frente de Izquierda. “Me parece muy grave que no se enfoque que lo que hoy se está tratando son servicios públicos, fundamental para la vida de todas las familias, no estamos hablando de los negocios de los privados”, señaló. 

 Por último, José Peluc, de La Libertad Avanza, solicitó convocar a las empresas involucradas para que brinden su experiencia. “De no darse así, estaríamos entrometiéndonos en el accionar de un privado desde el Estado. Lo que pretendo es que logremos sacar dictámenes con la contundencia que tiene que tener en este caso”, manifestó.

Mientras que su par María Emilia Orozco dijo: “Debemos tener la responsabilidad en trabajar en un proyecto superador, pero creo que lo estamos haciendo con una celeridad irresponsable”. “Adherimos a volver el proyecto a asesores, cursar las invitaciones pertinentes, y en caso de que no se acceda estaríamos rechazando la aprobación”, anticipó. Finalmente, se terminaron firmando los dictámenes. 

 En otro orden, durante el encuentro se terminó de completar la nómina de autoridades de la Comisión de Comunicaciones e Informática, siendo avalado como vicepresidente el diputado libertario Carlos D’Alessandro.

Luego de que el gobierno tomara la decisión de liberar, a través de un decreto 302/24, el mercado de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) con lo cual eliminó la regulación de precios en los servicios de telefonía, tv por cable e internet, el diputado nacional Tomás Ledesma (UP – Entre Ríos) presentó un proyecto de ley para que se suspendan por seis meses los incrementos en las tardías de dichos servicios “con el fin de proteger los derechos de los usuarios y consumidores”.

Ledesma fundamentó que el acceso a las TIC “son un derecho que posee todo individuo para su desarrollo personal”, y agregó que “son necesarias para el acceso a la educación, a la información, al entretenimiento y para el desarrollo económico y social”.

Presenté un proyecto para suspender los aumentos de internet, cable y telefonía durante 6 meses ✋🏻

Los precios en este sector aumentaron exponencialmente en comparación a otros y las ganancias de las empresas han sido exorbitantes estos últimos años. pic.twitter.com/NiGjrOLfkI

— Tomás Ledesma (@tomiledesmaok) April 12, 2024

Así, recordó que la Ley N° 27.078 declaró de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones, y sus recursos asociados; ello con el objetivo de posibilitar el acceso de la totalidad de los y las habitantes de la REPÚBLICA ARGENTINA a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad. Mediante Decreto 690/2020 se estableció que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos”.

En tanto, apuntó contra el reciente decreto del Ejecutivo: “Estas desregulaciones enmascaradas bajo las consignas de la ‘libertad de fijar las tarifas’ y de la ‘promoción la competencia’, no hace más que dejar desamparados a los usuarios y consumidores al quitarles las herramientas necesarias para lograr tener el acceso a estos servicios”.

LEDESMA SUSPENSION AUMENTOS

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Ricardo Buryaile, presentaron un proyecto de ley para modificar el artículo 8° de la Ley 24240 de Defensa del Consumidor, con el objeto de proteger a los usuarios de servicios de televisión, teléfono o internet, de aumentos no informados previamente por las empresas proveedoras.

La iniciativa prevé la inclusión del artículo 8° ter: “Las modificaciones de precios, valores y/o reducción de prestaciones de los servicios que sean establecidos por el proveedor, deberán ser informados en forma cierta, clara y detallada con una antelación mínima de 45 días corridos a su entrada en vigencia, caso contrario se tendrán por no convenidas”.  

“Las situaciones que se presentan, varían de acuerdo a las empresas, pero en la mayoría de los casos, los usuarios no son informados de los aumentos de precios y se ven obligados a pagar facturas cada vez más altas por servicios prestados a precios que desconocen”, destacó Buryaile.

Agregó que “la ley actual no establece un período previo para notificar una modificación de precios al consumidor, y en este contexto de alta inflación y ante contratos de larga duración las empresas, en general, no informan los cambios en sus precios o simplemente publican los aumentos en la web, sin notificar a los usuarios, que no tienen más opción que aceptar el aumento o dar de baja el servicio”.

“Actualmente, la Ley de Defensa del Consumidor sólo establece el derecho de los usuarios y consumidores a la información adecuada y veraz, en sintonía con el Artículo 42º de la Constitución Nacional. El proyecto de ley que presentamos materializa este derecho en forma concreta, imponiendo a las empresas la obligación de informar con una antelación mínima y de manera fehaciente cualquier modificación en la prestación de sus servicios”, remarcó Buryaile.

Acompañan esta iniciativa los diputados de JxC Lisandro Nieri, Margarita Stolbizer, Martín Berhongaray, Héctor Stefani, Manuel Aguirre, Paula Oliveto, Leonor Martínez Villada, Laura Castets, Gabriela Brower De Koning, Roberto Sánchez, Gabriela Lena, Lidia Ascárate, Jorge Rizzotti y Marcos Carasso.

La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, presidida por Alfredo Luenzo, dio el puntapié inicial este miércoles al debate sobre proyectos que buscan declarar el acceso a Internet y la telefonía móvil como servicios públicos y derecho humano universal.

En el arranque de la reunión, que contó solo con la presencia de legisladores del Frente de Todos ya que Juntos por el Cambio rechaza el protocolo de funcionamiento remoto dispuesto por la vicepresidenta Cristina Kirchner, los oficialistas José Mayans y Mario Pais ratificaron la modalidad del trabajo parlamentario y anticiparon que aprobaran el decreto de Presidencia.

A modo de introducción, Luenzo señaló que en la pandemia se vio reflejado que este “es uno de los derechos humanos básicos que también consagra a otros derechos, como el acceso a la educación, a la salud, al trabajo”.

“Argentina tiene una deuda pendiente particularmente con el interior, donde la brecha digital es importante, es significativa”, remarcó el chubutense y destacó que “ENACOM ha puesto en marcha una serie de planes con una inversión en cuatro años de 40 mil millones de pesos, para seguir desde el Estado cumpliendo con este objetivo, que es el de la inclusión digital”.

El presidente de la comisión consideró que debe existir un “trabajo conjunto entre el sector público y el privado para hacer posible que, a partir de la intervención del Estado, que además es responsable del espacio radioeléctrico, le demos cumplimento a ese objetivo”.

Y subrayó, al repasar que al respecto hay cuatro proyectos presentados por el Frente de Todos y otros dos por Juntos por el Cambio, que “tanto desde la oposición como del oficialismo hay interés” en el tema.

Por su parte, el senador Antonio Rodas lamentó “la actitud por parte de la oposición que pone palos sobre las ruedas, pero ya no nos extraña”. Sobre el tema, recordó que es autor de un proyecto que impulsa la modificación del artículo 15 de la Ley Argentina Digital. “Encontré que lo que Cristina (Kirchner) nos dejó, Macri lo sacó. Todo lo que era el servicio a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) debería considerarse y tratarse, por eso coincido en que tenga un tratamiento adecuado”, sostuvo el oficialista.

Y añadió que su provincia “recibe enormes inversiones y nuestra red de fibra óptica se extiende a más de dos mil kilómetros. Sobre 55 localidades, 43 están haciendo uso de esa herramienta”.

En el cierre de la reunión informativa, que pasó a un cuarto intermedio hasta que se reciban a nuevos expositores, Luenzo informó el pase a la firma de un conjunto de proyectos de declaración y comunicación.

La presentación de los especialistas

La primera oradora fue Bernadette Califano, investigadora del CONICET, quien hizo hincapié y celebró que se tomen iniciativas de políticas públicas porque “es importante hacer foco en los objetivos macros para poder implementar medidas regulatorias integrales y articuladas que conduzcan a una implementación que desagreguen esas políticas”, aunque señaló que, si bien algunos de los proyectos los mencionan hay que volver a preguntarse “por qué queremos declarar el acceso a Internet como servicio público. ¿Qué buscamos? ¿Disminuir brechas digitales? ¿Buscamos fomentar la participación de distintos sectores? ¿Se busca regular precios para el usuario final? Son algunas de las preguntas que me surgen y son interesantes responder para elaborar políticas públicas coherentes que no sean coyunturales, sino a largo plazo articuladas a otras iniciativas de Gobierno”.

“Hay una deuda histórica por la falta de acceso a Internet de calidad para importantes sectores y es necesario que haya políticas públicas que resuelvan este problema”, aseguró, e indicó que según los indicadores del ENACOM “no ha variado la penetración de Internet fija en hogares, es baja. La penetración de telefonía fija es altísima, pero el 90% de los usuarios tienen planes post pagos que utilizan los sectores con menos recursos y registra ingresos más altos”.

Por consiguiente, Califano manifestó que “hay que solucionar un primer nivel de brecha digital que es a la conectividad, pero también en materia de hardware, de alfabetización digital, de calidades de conexión, hay brechas de velocidad. Se necesitan políticas públicas para resolver problemas que el mercado no hizo y tiene que estar en diálogo con el sector empresarial”.

Por otro lado, se refirió a algunos aspectos de los proyectos: “Hay un gran acuerdo de declarar el acceso a Internet como derecho humano, puesto que es fundamental para el ejercicio de otros derechos. Es un debate que tiene muchos años”.

Además, la expositora recomendó “pensar qué pasa con las plataformas digitales, si se incluyen o no dentro de este proyecto. La telefonía móvil la incluyen dentro de esta clasificación y otros dentro de los servicios públicos”. “Es interesante que se pueda debatir qué implica un servicio público, cuáles son los argumentos para que un servicio de TIC sea considerado como público. Hay que pensar cómo lograr objetivos concretos a través de políticas públicas integrales”, finalizó.

A su turno, Henoch Aguilar, exsecretario de Comunicaciones y exvicepresidente de ARSAT, mencionó que “las desigualdades entre las diferentes provincias argentinas, saco el caso de CABA, no son proporcionales ni a sus ingresos per cápita ni al producto bruto”. “Hay cuatro provincias que están por debajo del 40% de acceso fijo: Formosa con 32%, San Juan 36%, Santa Cruz 37% y Mendoza 39%”.

“Tenemos casos de ingresos muy altos como es el de Santa Cruz; tenemos el caso de unas de las cuatro provincias más ricas como es el caso de Mendoza, no parece tener una explicación lógica”, observó y, por el contrario, precisó que “tenemos líderes provinciales que no son Buenos Aires, Santa Fe ni Córdoba” como La Pampa y San Luis que “lideran con el 82%” de conectividad.

En ese sentido, el expositor explicó que se trata de dos distritos que han tenido “políticas provinciales de largo plazo, que han roto la lógica a través de una continuidad de 20 o más de 15 años”. “La decisión de tomar a la conectividad como un objetivo provincial puede tener resultados que superan a las provincias más ricas”, analizó.

Durante su intervención, resaltó que en el país hay “áreas estructuralmente sin cobertura”, mientras que poblaciones rurales de 500 a 2.000 habitantes “están cubiertas apenas por 3G y muy poquito con 4G”. “No se logrará la cobertura universal que estamos pensando si cada provincia no diseña un plan específico en la medida de sus territorios y sus necesidades”, enfatizó.

Y agregó que “necesitamos nuevas redes, que necesitan inversión y para eso necesitamos un sistema de regulación”, aunque “más que regular precios” él recomienda incentivar la competencia, lo que “exige al otro a mejorar el servicio”.

En tercer lugar expuso Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Derechos de Usuarios y Consumidores, quien opinó que el DNU 690/20 dictado por el Gobierno y objetado en la Justicia por las empresas prestadoras, “abrió una puerta de discusión; viene a terminar con la pobreza en las comunicaciones que en esta etapa significa no poder acceder como en el 90% de la población a información básica. Evidentemente las normas de un país deben adaptarse a la situación, por lo que hay que poner como un derecho humano a las comunicaciones y como prioridad”.

“El concepto de servicio público en las comunicaciones nos lleva a pensar de qué estamos hablando. Argentina tiene un monopolio que ha ido generándose en el tiempo”, expresó y profundizó: “Hay dos grupos poderosísimos, esa división de Telefónica (Movistar) y Telecom, que tienen la disputa del sistema de celulares, Internet y cable. Tenemos empresas que no cumplen con la responsabilidad social empresaria, una función esencial”.

Asimismo, Bassano resaltó que “en esta pandemia se aceleró en forma rápida lo que se venía haciendo a lo largo de los años, que muchas actividades oficiales se desarrollan a través del sistema de Internet. La Justicia es Internet, la salud es Internet. Que un alumno no tenga un celular es apartarlo de la educación”. “El teléfono celular e Internet deben ser universales, son servicios públicos necesarios que el Estado controle las empresas porque la transmisión de los bloques de datos se hace a través de ellas y debe haber regulación y que no haya excluidos”, continuó.

“Si hablamos de que es un servicio público, esencial, universal, estratégico, también debemos hablar que es un servicio controlado y regulado, hay que tenerlo en cuenta. Es peligroso que no se controle el uso de la nube”, concluyó.

La palabra desde el ENACOM

El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López, se encargó de defender el DNU 690/20 y dijo que este decreto “nunca pretendió ser un todo, sino el comienzo de una política, o retomar una política que había sido anulada” por otro decreto durante el gobierno de Mauricio Macri.

“En el medio de la pandemia, con el ASPO y una situación de crisis sanitaria y económica que vivía el planeta, era necesario tomar una serie de medidas para garantizar el acceso a las TIC’s para todo el mundo”, sostuvo y aclaró que el DNU estuvo en sus fundamentos “inspirado en antecedentes internacionales”.

Sin embargo, el funcionario lamentó que “hay un sector de la economía de Argentina que cree que esto debe ser un bien de mercado y no un derecho humano básico”. “No podíamos dejar que el precio por el acceso al estudio o al trabajo fuera un bien de mercado”, defendió.

E insistió que “el DNU 690, ratificado por el Congreso, lo que hace es ratificar eso y en todo caso reponer y ampliar lo que ya estaba en la Ley Argentina Digital”. Entre sus aspectos centrales, esa norma disponía “generar planes de acceso universales” para los sectores más vulnerables y que la “regulación del precio lo sigue fijando la empresa pero debe ser justo, equitativo y razonable”.

“Todavía hay un sector de la Justicia que entiende que esto es un bien de mercado y no debería ser un servicio público, a pesar de que la Justicia funciona a través de Internet en este momento”, cuestionó.

En otro tramo, López afirmó que “estamos de acuerdo en que la competencia genera reducción de costos” pero “hay muchas legislaciones locales que impiden la competencia, ponen trabas para que donde hay una o dos empresas pueda haber una tercera”.

“Estamos en condiciones de regular precios mayoristas, en el sentido de competencia, para que no haya un abuso de posición dominante, y de precios minoristas, aunque en este momento esta judicializada esa parte del decreto”, prosiguió.

En comparación con la gestión K y la de Cambiemos, el vicepresidente del ENACOM recordó que “entre 2013 y 2015 la inversión del Estado fue de 3.200 millones de dólares” para este área, mientras que “en el período 2015-2019 la inversión estatal total fue de 264 millones de dólares” y “básicamente estuvo puesta exclusivamente en la red federal de fibra óptica”.

Por otra parte, admitió que “la inversión privada es fundamental”. “Hubo una fuerte inversión privada entre 2014 y 2015, 2016 y 2017, pero decayó en 2018 y 2019 y no porque los precios estuvieran regulados, los precios estuvieron más liberados que nunca”, subrayó. Sin embargo, “la telefonía fija en el período 2015-2019 tuvo un aumento de poco más de 2.000%, y en el resto de los servicios estuvo entre 30 y 50 puntos por encima de la inflación”.

“La brecha digital es una realidad, el 690 es un primer paso para vencerla. Con el DNU 690 se da comienzo a una política y un debate necesario”, finalizó.

La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión debatirá este miércoles, a partir de las 11, proyectos que apuntan a declarar el acceso a Internet y la telefonía móvil como servicios públicos.

Tras el tratamiento en asesores, los senadores pondrán sobre la mesa las siete iniciativas que hay presentadas al respecto, y de las cuales podría salir un único despacho. El dato llamativo es que hay iniciativas de dos opositores: el radical Juan Carlos Marino y la macrista Gladys González.

El resto de los proyectos corresponden a los oficialistas Alfredo Luenzo -presidente de la comisión-, Daniel Lovera, Antonio Rodas, Silvia Sapag y María Eugenia Duré.

Luego que en agosto pasado el presidente Alberto Fernández dijera, durante un acto en Tecnópolis, “vamos a hacer de Internet un servicio público, para que no nos estafen y roben con las tarifas”, el senador Luenzo presentó un proyecto en línea con el DNU 690/20.

Ese decreto fue objetado en la Justicia por las compañías prestadoras, aunque recientemente éstas sufrieron un revés mediante un fallo de la jueza María Alejandra Biotti (Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°5), quien afirmó la validez constitucional del decreto, ratificado además por el Senado.

Según plantea la iniciativa de Luenzo, la idea es establecer “la categorización como servicio público esencial, estratégico y en competencia de los Servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación, la consagración legal del mandato constitucional igualitario y las modificaciones a la Ley 27.078 -Argentina Digital- que permitan reducir la brecha digital”.

Durante la pandemia la telecomunicación se volvió fundamental para diversas actividades, motivo por el cual el senador nacional y presidente de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de expresión, Alfredo Luenzo (Frente de Todos – Chubut), presentó días atrás un proyecto de ley que tiene como objetivo declarar Internet como servicio público, debido a que “forma parte de los servicios esenciales en el siglo 21”.

En declaraciones por RN RADIO, Luenzo afirmó “nosotros venimos insistiendo en el carácter de internet como servicio público hace varios años”, tras lo que aseguró “creo que la pandemia nos terminó dando la razón porque es en donde más se puso en evidencia la necesidad de que todos los argentinos tengan acceso a Internet”, y detalló “en el uso de la educación a distancia, del tele trabajo, las recetas electrónicas, la atención a distancia”.

“Inclusive la conectividad es central para desarrollar conocimientos y capacidades, no solo para trabajar en nuestro territorio sino a nivel global. Hoy Internet forma parte de servicios esenciales en el siglo 21, así como en el siglo 20 lo fue la luz, el gas el agua corriente. Nadie puede negar que es importante porque cualquier trámite que se necesita hacer si o si requerís de Internet”, precisó el legislador oficialista.

La pandemia nos terminó dando la razón porque es en donde más se puso en evidencia la necesidad de que todos los argentinos tengan acceso a Internet. Forma parte de servicios esenciales en el siglo 21.

En relación al decreto establecido por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, señaló que pretenden “seguir la misma línea, pero ahora a través de una ley que le daría mayor fuerza a una iniciativa de esta característica”, y remarcó que también se busca “que el Estado intervenga en la formación de precios que deben ser justos y razonables”, no obstante dejó en claro que “bajo ningún punto de vista nos apropiamos de lo que es la rentabilidad porque si comparamos los datos del primer trimestre del 2020 y 2021, las compañías han triplicado el costo”, porque “no es un problema económico, sino político por parte de las empresas que se niegan a aceptar esta ley”.

En esta misma línea, el senador chubutense ratificó “apuntamos exactamente a los mismo tanto en lo que es acceso a Internet, telefonía móvil y telecomunicaciones. Creemos que es lo que corresponde porque son los tres pilares básicos”, y remarcó que “garantizan derechos humanos de acceso a la comunicación. El acceso a Internet te garantiza otros derechos también”.

“El Estado debe conversar con las empresas privadas porque Internet es un servicio público. Es un concepto obligatorio básico que incluye el servicio básico Internet, telefonía móvil y televisión paga. Se lo tenemos que garantizar a todos los argentinos porque son derechos”, subrayó el presidente de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de expresión.

Por último, en relación a la falta de conectividad en las escuelas expresó que la única posibilidad es “apelar a la buena voluntad de las empresas”, pero deben contar “con la asistencia del Estado y la ENACOM”.

El titular de Sistema, Medios y Libertad de Expresión del Senado de la Nación, Alfredo Luenzo, afirmó que “estamos avanzando con los acuerdos para tener una ley que declare a internet como servicio público”.

El senador nacional por Chubut realizó estas declaraciones luego de que la comisión que él preside comenzara con el trabajo legislativo para declarar a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como servicio público, esencial, estratégico en competencia. Este martes se realizó la primera reunión de asesores de la comisión donde se desarrollaron los lineamientos de la propuesta de Luenzo y también se retomaron iniciativas similares de Daniel Lovera, Silvia Sapag, Antonio Rodas, Gladys González y Juan Carlos Marino. Además se planteó la agenda de trabajo y se acordó un nuevo plenario de equipos técnicos la próxima semana.

Luenzo remarcó que desde la comisión se está promoviendo “un espacio de diálogo, de debate y de puesta en común de los distintos proyectos, que algunos de ellos fueron presentados en la cámara incluso antes de la publicación del DNU 690 del año pasado donde se estableció a la conectividad como un servicio público en competencia” al tiempo que destacó que “en general, vemos una gran coincidencia en el espíritu de todos los proyectos”.

En ese sentido, el legislador nacional resaltó “la mirada compartida en el corazón del proyecto para restaurar el artículo 15 de la Ley ‘Argentina Digital’ de 2014” y explicó a continuación que “vemos una mirada común reconociendo la necesidad de categorizar por ley a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como servicio público, esencial, estratégico en competencia”.

Luenzo, además, recordó que “Argentina Digital fue una norma impulsada por Cristina Fernández de Kirchner con amplio acuerdo en el Congreso, que fue intervenida y derogada parcialmente por Macri en forma unilateral con un DNU en diciembre de 2015 y que ahora el presidente Alberto Fernández ha intentado restituir en parte con su decreto del año pasado, el DNU 690/20 que lamentablemente se ha puesto en jaque desde la sede judicial con cautelares a medida”.

Asimismo, Luenzo destacó que también vemos coincidencias en otros dos puntos. En la necesidad de que generemos políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo entre provincias y entre regiones. Y en la promoción de la conectividad para la salud y la educación. Allí nuestra propuesta es generar las políticas necesarias para que en estos dos aspectos sea gratuito”.

Política pública de conectividad

El presidente de la Comisión de Sistema Medios y Libertad de Expresión manifestó también que “queremos garantizar que todos los argentinos y argentinas puedan acceder a los servicios TIC, cosa que hoy no está sucediendo”. “Y esto es fundamentalmente por falta de cobertura, por la pésima calidad del servicio en la mayor parte de pueblos y comunas del interior y a lo que se le suma una tarifa exorbitante y desproporcionada al servicio entregado. En concreto, el mercado no está resolviendo los problemas allí donde no hay rentabilidad. Y tampoco lo va a resolver. Por eso necesitamos una política pública”, subrayó al respecto.

Por otro lado, Luenzo manifestó que “queremos escuchar los aportes y opiniones de todos y establecer un proceso sano de ida y vuelta, de diálogo y de escucha” y por ello informó que “se ha dejado en claro desde la comisión la necesidad de establecer un ámbito de escucha con el sector privado tanto a los representantes de las cámaras como al sector de cooperativas y pymes, especialistas, académicos, periodistas junto a las asociaciones de usuarios y consumidores que representan el sujeto de esta iniciativa”.

Asimismo, el legislador nacional también recordó que “este Senado de la Nación ha ratificado expresamente el DNU de Alberto Fernández en materia de conectividad” y remarcó que la intención de su proyecto es el de “consolidar ese camino, agregando nuevas herramientas legislativas orientadas a plasmar el ideal igualitario en materia de comunicaciones”. “Queremos que el Congreso ratifique esta política pública de conectividad que ha recuperado el gobierno nacional y avanzar aún más reconociendo nuevos derechos para los argentinos, que tienda a reducir la brecha digital”, concluyó.

La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, presidida por el senador Alfredo Luenzo (FdT), recibió este miércoles a especialistas que expusieron sobre la presentación del documento elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) sobre “La protección del espacio cívico en línea. Un repaso a las amenazas actuales a la libertad de expresión en Internet”.

Eduardo Ferreyra, abogado especialista egresado de la Universidad de Tucumán y magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina por la Universidad Nacional de San Martín, habló de cuatro aspectos centrales que son “la criminalización del discurso online; el monitoreo de redes sociales, más conocido como ciberpatrullaje; la toma de decisiones de las plataformas en cuanto a generación de contenido; y las expresiones violentas de funcionarios políticos”.

“Las primeras dos se enfocan más que nada en el accionar estatal, y las otras dos tienen el acento en el accionar de las plataformas privadas”, explicó. En relación a la regulación pública sobre los comentarios en redes, aseguró que “una regulación pública debería llevar a ampliar las voces, no restringirlas y, en ese sentido, los estándares de derechos humanos nos dan una base sobre el cual se puede regular de manera conducente”.

Para Ferreyra, “cualquier implementación de un marco normativo puede verse frustrado si no hay una desconcentración del poder que las compañías mantienen actualmente. Un cambio de las reglas sin alterar el statu quo puede dar como resultado fenómenos contraproducentes”.

Por otra parte, agregó que “una regulación pública tiene que apuntar a que las personas sean involucradas de manera significativa en la toma de decisiones” y puso el ejemplo de Wikipedia.

El abogado subrayó que “nos debemos una discusión” sobre “temas controversiales” como “los discursos de odio, la desinformación, la violencia de género”. “Se corre el riesgo que las interpretaciones (sobre esos temas) que son de las plataformas comiencen a influenciar en la toma de decisiones”, alertó.

Y continuó: “Es tiempo que los poderes públicos empiecen a dar una discusión de una manera abierta y democrática, es necesario empezar a elaborar criterios propios, sobre todo en una región como Latinoamérica”.

En otro tramo de su exposición, el especialista apuntó que la mayoría de las causas por intimidación pública contra personas por sus mensajes en redes “terminan en la nada, son sobreseídas en la Justicia porque llegan a la conclusión de que no había delito alguno”. “El informe remarca que cualquier tipo de aplicación de un delito penal tiene que estar sometido a los estándares de libertad de expresión”, indicó y recomendó a la comisión dar debate sobre cómo “adaptar los delitos penales al ámbito online y evitar que interfiera con la libertad de expresión”.

En tanto, Damián Loreti, abogado por la UBA y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, afirmó que “es difícil” ponernos “de acuerdo en las cosas que decimos”, por eso “hay una necesidad de la participación de la sociedad civil como correguladora; no alcanza solo con la transparencia, nos pueden contar cómo se constituye un logaritmo y salir más ignorantes que antes. Lo que hay que ver es si ese logaritmo genera algún tipo de discriminación en términos de ciertos tipos de discurso”.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está haciendo una convocatoria en materia de discutir estándares” y “de qué modo salir del dilema de las cosas que circulan por internet”, reveló. En ese sentido, consideró que “los Estados deben establecer mecanismos regulatorios que los daños a los derechos humanos que generan las plataformas tengan un recurso efectivo para hacer ejercicio de sus derechos”.

Dictamen para un conjunto de proyectos

Tras la exposición de los especialistas, Luenzo anunció que pasaban a la firma -sin debate- un conjunto de proyectos de ley, de comunicación y de declaración.

El temario incluyó un proyecto de ley de la senadora santacruceña Ana María Ianni (FdT) que dispone la emisión de una estampilla postal en conmemoración del “Centenario de las Huelgas Patagónicas”.

En la misma línea, se avanzó con una iniciativa de la senadora entrerriana Stella Maris Olalla (UCR) que propone la creación de una estampilla postal en conmemoración del 200° aniversario del fallecimiento de Francisco Ramírez, “el supremo entrerriano”.

Además, pasaron a la firma un pedido de informes sobre la prestación básica universal y obligatoria (PBU) para celulares, internet, televisión por cable y telefonía fija; y una iniciativa que solicita la implementación de una campaña de comunicación destinada a concientizar a la población sobre los diversos modos de estafas telefónicas.

También, un pedido del senador salteño Sergio Leavy (FdT) por la “pronta gestión ante la empresa Personal/Telecom de encontrar una respuesta a la falta de conectividad y renovación de tecnología para la señal de telefonía móvil en la localidad San Antonio de los Cobres”; y un pedido de informes sobre la implementación del servicio de telecomunicaciones móviles de 5G.

El senador nacional del Frente de Todos Alfredo Luenzo presentó este miércoles un proyecto de ley para declarar a internet como servicio público, luego del mensaje que dio desde Tecnópolis el presidente Alberto Fernández.

“Quería desde la presidencia de la comisión acompañar y apoyar públicamente la decisión que ha tomado el presidente de avanzar en declarar a Internet como un servicio esencial público”, anunció durante una reunión de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión el presidente de la misma.

El legislador oficialista consideró que este es “un tema central” y que el DNU 690/21 -frenado en la Justicia- fue “un gran paso” pero “lamentablemente la mayoría de las corporaciones tecnológicas han judicializado el tema”.

“La conectividad es el eje central de nuestras vidas”, expresó, y señaló: “Tal vez la Capital Federal vive una situación natural en su realidad con internet, pero esta no es la realidad que tiene el interior, donde el mercado no lo puede resolver”.

En esa línea, el chubutense enfatizó que “la brecha digital que tenemos en Argentina es alarmante. Hay provincias como el caso de Formosa, que apenas el 30% tiene acceso a la conectividad. Provincias como las nuestras, en la Patagonia argentina, donde rondamos el 40% y 50%. Y esto significa lisa y llanamente, en un marco de pandemia como estamos viviendo, ser excluidos del sistema educativo, de salud, del trabajo y economía del conocimiento”.

Por eso, el senador aseguró que este “acompañamiento firme” a la intención del presidente “se va a ver traducido en el día de hoy con la presentación de un proyecto de ley. Esto implica un insumo más que vamos a aportar desde el ámbito legislativo para sumarnos a la decisión que ha tomado el presidente de ir por un marco normativo legal, firme, robusto, y que realmente el acceso a internet sea una realidad, no solamente en Capital, sino en todos los rincones de la Argentina“.

Qué busca el proyecto

El proyecto ingresó este miércoles al Senado y ratifica la declaración de “de interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes”. Su objeto es posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad, promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desarrollo relativo de provincias y regiones.

Así lo expresa el texto, que recuerda que “ssí como el gas, la electricidad y el agua fueron los servicios públicos tradicionales, los servicios de tecnologías de la información y la comunicación son los nuevos servicios públicos del siglo XXI”.

“El Poder Ejecutivo Nacional ha tomado las medidas urgentes y necesarias que la situación exige. Le corresponde ahora al Parlamento asumir su rol y sancionar la legislación de fondo que materialice políticas públicas en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación diferenciadas, que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. El ideal igualitario es el elemento sustantivo de este proyecto de ley, que trata de plasmar legalmente el mandato constitucional expresado en el artículo 75, inciso 19 de nuestro texto fundamental”, destaca Luenzo.

Al respecto, el legislador sostuvo que “tal vez la Capital Federal vive una situación natural en su relación con internet pero esta no es la realidad que tiene el interior del país donde el mercado no lo puede resolver” y remarcó que “la brecha digital que tenemos en la Argentina es alarmante”.

En ese orden de ideas, el proyecto modifica el programa de Servicio Universal que tiene como objetivo “asegurar el acceso de los habitantes de la Nación a los servicios esenciales de telecomunicaciones, sin importar sus circunstancias económicas, localización geográfica o limitaciones físicas”. Este servicio universal será actualizado con periodicidad y en un plazo no mayor a 2 años en función de “las necesidades y requerimientos sociales, la demanda existente, la evolución tecnológica y los fines dispuestos por el Estado nacional de conformidad con el diseño de la política de las TIC, las que promoverán medidas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”.

Por otro lado, declara a la telefonía móvil un servicio público, esencial, estratégico en competencia.

En relación al esquema tarifario, el proyecto de ley ratifica el criterio establecido en el DNU 690/20.

En síntesis, el proyecto de ley se propone “continuar y fortalecer el camino iniciado por el Gobierno Nacional a través de los DNU 297/20, 311/20 y especialmente el DNU 690/20. En este contexto, la categorización como servicio público esencial, estratégico y en competencia a los Servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación, la consagración legal del mandato constitucional igualitario y las modificaciones a la Ley 27.078 permitirán reducir la brecha digital; el desafío central de estos tiempos”.

“Vamos a hacer de Internet un servicio público, para que no nos sigan robando con las tarifas. Y que se enojen los que se tengan que enojar”, dijo el presidente Alberto Fernández este lunes en Tecnópolis.

Le salió al cruce el diputado nacional Alberto Asseff, quien respecto de la posibilidad de declarar “servicio público” el servicio de Internet explicó que “la conectividad para todos los argentinos es un gran objetivo a conseguir, pero no hay que engañarse con esta meta. No puede sostenerse a la ligera que esto se va a conseguir sin inversiones ni costos”. Y agregó: “Cuando se habla de gratuidad, alguien paga. No existe nada gratis. Son los que pagamos los impuestos los que sostenemos la gratuidad de algunos servicios”.

El titular del partido UNIR subrayó que es necesario “mejorar la tecnología, que permita mayor alcance, la intensidad del servicio, que no se interrumpa por una tormenta, y todo eso reclama muchas inversiones económicas”. “Esas inversiones o las hace el estado o las hacen los privados, si la hacen los privados es lógico que tengan una expectativa lógica de rentabilidad”.

Respecto a las declaraciones de Fernández durante la presentación del plan Argentina Programa en Tecnópolis, Asseff dijo que “el presidente mete ideología preelectoral, hace demagogia barata, que suena muy bien a los oídos de los oyentes, pero que no tienen ninguna verificación en la realidad ni en la economía”. E insistió en que “hay que justicia social no es que todo sea gratis, sino ser realista, tener sensibilidad para mejorar la accesibilidad, abaratar los costos, mejorar la inversión, darle una rentabilidad justa a los prestadores de servicios de internet y que todos los argentinos tengan la posibilidad de pagar sus gastos con el producto de su trabajo.

En plena campaña electoral, los senadores nacionales harán un alto en la misión de conquistar voluntades y volverán a la actividad legislativa este miércoles con una reunión por Zoom de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión que primero escuchará el informe de dos especialistas en comunicación sobre las amenazas en las redes sociales y luego tratará varios proyectos sobre estafas y la implementación del 5G.
La cita está pactada para las 11, con la presentación del reciente documento elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles -ADC-, titulado “La protección del espacio cívico en línea. Un repaso a las amenazas actuales a la libertad de expresión en Internet”.
Al respecto, los invitados especialistas serán los abogados Eduardo Ferreyra, quien es magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), y Damián Loreti, quien es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y se desempeña como profesor de grado y posgrado en libertad de expresión desde 1988.
Asimismo, Loreti es profesor titular plenario de la cátedra de Derecho a la Información de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se ha desempeñado como director de la carrera de Ciencias de la Comunicación y vicedecano de la misma casa de estudios. También ha sido perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de libertad de expresión.

A continuación, la Comisión de Libertad de Expresión tratará dos proyectos de ley sobre emisión de una estampilla postal conmemorativa; y varios pedidos de informes sobre la implementación del 5G, la prestación básica universal y obligatoria (PBU) para celulares, internet, televisión por cable y telefonía fija y las distintas modalidades de estafa.
Además, se tratarán 5 proyectos de declaración sobre el día del periodista, 2 meses después de que se conmemora la fundación de “La Gazeta de Buenos Ayres”.

Se realizó este martes una prolongada reunión informativa que versó en torno a la prestación de servicios públicos desde la economía social, desafíos y estado de situación. El título de la reunión realizada por videoconferencia fue “Tecnologías de la información y las comunicaciones como servicio esencial: una mirada del sector cooperativo”. La convocatoria surge a partir del dictado del DNU 690/2020, por parte del Poder Ejecutivo, que declara “servicio esencial” a internet, telefonía móvil y TV paga, para analizar y recabar información del impacto en el sector cooperativo.

Presidida por la diputada nacional María Soledad Carrizo (UCR), durante el encuentro expusieron representantes del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR); de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL); de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones (FECOTEL); de la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur (FECOSUR); y de la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión (COLSECOR).

El vicepresidente de ENACOM, Gustavo López, afianzó la idea de “contemplar una reglamentación de puertas abiertas, que plasme el derecho humano básico a la comunicación”. Sobre la regulación asimétrica, el dirigente expresó que “no es simplemente fijar un precio, sino ver de qué manera plasmamos en una reglamentación el acceso a las tecnologías, donde tiene a las cooperativas como actores centrales”.

Gonzalo Quilodrán, director del mismo organismo, afirmó que “Argentina es desigual en materia de conectividad”.

“El decreto reconoce la importancia superlativa de los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que la pandemia hizo que pasaran de ser importantes a imprescindibles”, subrayó, al tiempo que agregó: “Reducir la brecha digital implica un trabajo mancomunado del sector público y el privado, con objetivos claros y metas comunes”.

Desde COOPERAR, Carlos Mansilla, secretario de Relaciones Internacionales, coincidió con el decreto al considerar a los servicios “como una necesidad para los argentinos”, pero solicitó regular el trabajo de las cooperativas “de una manera diferente a las grandes empresas”.

Al coincidir en el concepto de las asimetrías y segmentación en la regulación, Ariel Fernández Alvarado, presidente de CATEL, remarcó que “las cooperativas no especulamos, sino que construimos, especialmente donde la argentina necesita conectividad”.

Osvaldo Petrilli, gerente General de FECOTEL, señaló que uno de los puntos fundamentales es “la protección a las redes de las cooperativas, sino no vamos a favorecer a la competencia y a que haya inversiones”. Luego, Antonio Roncoroni, presidente de FECOSUR, aseguró que “el cooperativismo telefónico está en un momento de extraordinaria oportunidad, ya que el Estado nos está convocando, pero también de un extraordinario peligro, porque no se puede analizar el decreto sin tener en cuenta la pandemia”.

También, brindaron su testimonio Nahum Mirad, vocal por el Estado del directorio del INAES; Héctor Carril, coordinador del INAES y miembro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de Naciones Unidas; Alberto Calvo, responsable de relaciones Institucionales de COLSECOR; Daniela Monje, docente e investigadora, que trabaja en el área de políticas de comunicación y telecomunicaciones; y Juan Carlos Fissore, dirigente cooperativista.

El Frente de Todos en el Senado avaló el DNU 690/20, por el cual el Gobierno nacional declaró como “servicios públicos esenciales” a internet, la telefonía móvil y fija, y la televisión por cable. La medida cosechó 41 votos a favor y 26 en contra, durante la votación realizada tras diez horas de sesión.

La votación incluyó todos los Decretos de Necesidad y Urgencia puestos a consideración en la jornada, incluido entre otros el que derogó la intervención de la empresa Vicentin.

Al oficialismo lo acompañó el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana. Por su parte, los senadores de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal rechazaron el decreto.

El primer orador que hizo referencia al tema fue el radical Martín Lousteau, quien dijo “estar de acuerdo” con “el congelamiento” de las tarifas, porque tras casi seis meses de cuarentena las personas “tienen más tiempo en sus hogares” y surgen “necesidades nuevas”. “Es justo y es necesario que tengamos una política con respecto a los precios en ese sector”, agregó.

Pero aclaró que el DNU tiene “otros condimentos que son un poquito más complejos”. Al considerar que “el acceso universal” a estos servicios puede ser algo “muy loable”, señaló que “no tan fácil de garantizar”. El porteño evaluó que “no tenemos que obturar el cambio tecnológico” y “regular para que haya igualdad dentro de la innovación, ese es el desafío que tenemos”.

Para el senador, el decreto “es muy súbito, no tiene contenido específico, genera incertidumbre y discrecionalidad, y eso atenta contra las inversiones”. Al repasar las condiciones de los servicios públicos en Argentina, el opositor resaltó que “gestionar los derechos es mucho más complejo que garantizarlos un día con un DNU”.

En coincidencia, el mendocino Julio Cobos opinó que “el congelamiento podría haber sido por DNU”, mientras que “el avance tecnológico que hay y estos servicios públicos merecen una discusión en el Congreso de la Nación”. Además, el radical advirtió que hace falta “constituir la autoridad de aplicación” respecto a la competencia y dijo que es necesario el debate para al acceso universal “garantizarlo bien, como corresponde y que tenga un valor razonable”.

Desde el Pro, la senadora Gladys González tildó al DNU de “demagógico, porque no es sostenible; obviamente es inconsulto, unilateral, es confuso, genera suspicacias, desconfianza, todo lo contrario a lo que debiera generar una política de Estado”.

La bonaerense precisó datos del ENACOM que indican que “uno de cada tres hogares no tiene acceso a internet”, lo que significa que “5,2 millones de hogares no tienen acceso a internet. No pueden acceder a educación y empleo en pandemia y antes de la pandemia”.

Para la macrista, hay que “propiciar la inversión privada” con “confianza, previsibilidad y seguridad jurídica”, algo que el decreto “no cumple con ninguna de esas premisas”.

También desde el Pro, la cordobesa Laura Rodríguez Machado fustigó al Gobierno: “Le han agarrado el gustito a los DNU, cuando en realidad el Congreso está funcionando”. Sobre el 690/20, la legisladora opinó que “pretenden controlar el precio y seguramente más adelante contenido”. “Los países que buscaron fijar precios con este método son los que también intentaron controlar los contenidos”, advirtió.

Avanzado el debate llegó el turno del oficialista Alfredo Luenzo, quien sostuvo: “En el interior tenemos menos conectividad y a valores más elevados, y esto no lo va a resolver el mercado, pero sí el DNU que estamos analizando. En este marco de pandemia no se discute el carácter de servicio público que tiene internet”.

El titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión aseguró que la medida “no viene a modificar ninguna ley”, sino que “a lo que viene este DNU es a reparar, en parte, el DNU 267 del 2015, por el que nadie se escandaliza”.

Recordó entonces que esa medida dictada por el expresidente Mauricio Macri “hizo nada más y nada menos que reemplazar 23 artículos” de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y “19 artículos” de la Ley de Argentina Digital. En esa línea, subrayó que no se trató “solo de la cantidad de artículos sino de la calidad de los mismos”.

El chubutense manifestó que las compañías han tenido “extraordinarias ganancias” y, aún así, se “sigue marginando” al interior, donde no se invierte. Para completar su discurso, Luenzo enfatizó que lo que se busca es “fijar precios justos y razonables” y “no hay apropiación indebida de ningún capital, no estamos estatizando absolutamente nada”, sino que “viene a reparar una ley”, la de Argentina Digital.

A su turno, el senador Oscar Parrilli recordó que durante el gobierno de Cristina Kirchner “los servicios ya habían sido declarados como servicios públicos”, por ende “no sé de qué se sorprenden, porque lo que estamos haciendo es poner nuevamente en valor esas leyes”, lanzó.

Y se preguntó si en 2015 “¿no se le cambiaron las reglas de juego a millones de argentinos?”. El oficialista apuntó que internet “es un derecho público que está siendo reconocido en el mundo entero” y ponderó que “la actitud del presidente fue muy valiente, muy acertada y mirando al futuro”.

“El siglo XXI es el siglo del conocimiento, de la información, y por eso el debate acerca de la desigualdad”, analizó Jorge Taiana, quien remarcó que “desde hace años se está hablando de la conectividad como un derecho humano”, porque “está claro que cada vez más, y la pandemia lo ha mostrado de manera brutal, es imprescindible el acceso a internet y las comunicaciones”.

El legislador de Frente de Todos precisó que “el 20% de los niños de Argentina no tienen acceso a internet en su hogar” y “uno de cada cinco alumnos no tiene internet y se queda afuera de todo tipo de clases virtuales”. “Tenemos que tener un compromiso de reducir la brecha digital y es para eso que se ha hecho este DNU”, afirmó y pronosticó que los privados “no van a dejar de invertir, van a invertir más, porque hay mucho para desarrollar”.

También defendió la medida la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien dijo que el DNU “es uno de los más federales”, porque “hablar de la conectividad es hablar de un sueño o anhelo que tenemos todos los que hemos nacido en la profundidad de la patria”.

Sobre ello, aseveró que “la conectividad no solo es un derecho humano, sino que es condición para garantizar otros derechos humanos fundamentales”. “El Estado debe estar donde el mercado excluye y abandona”, sentenció la vicejefa de la bancada oficialista.

Sobre el cierre del debate, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff habló de “enormes vicios, enormes irregularidades” que generaron planteos de parte de su bancada para impugnar la reunión de comisión llevada a cabo el 24 de agosto. Recordó que la misma había sido convocada un día sábado, cuando debe ser con 48 horas de anticipación, y “es de práctica que se contemple que sean días hábiles”, comentó sobre el decreto de las TICs.

En otro pasaje recordó la fusión de Cablevisión y Multicanal, firmada un 7 de diciembre de 2007 por Guillermo Moreno. “Eran ustedes, también háganse cargo”, le dijo al oficialismo.

Con referencia al decreto que deja sin efecto la intervención de Vicentin, Naidenoff recordó que al anunciarse la intervención y expropiación la oposición advirtió sobre “el enorme error” que eso representaba. “Se movilizó la sociedad”, evocó, ante lo cual dijo que 53 días después “el Gobierno reconoció el error, y bienvenido sea eso”. “Pero la verdad que hay que tener un poco de autocrítica -pidió-. ¿Pero qué es eso de ‘ya vamos a venir nosotros para hacernos cargo de una empresa desguasada para salvar esta fiesta de Vicentin’? Entonces, ¿por qué derogan el decreto? ¿Siempre responsabilizando a terceros? No encuentren justificación en lo injustificable… Hay un enorme desconocimiento que lo llevó al presidente a chocar la calesita. Admitan que se equivocaron”.

Luego fue sobre lo que sucedió en la Cámara de Diputados esta semana, cosa que consideró “una vergüenza”. “Esto ya lo vivimos y no aprenden, y vuelven con la misma lógica… Ojo que en 2015 con esta lógica perdieron. Ustedes pueden buscar enemigos, los pueden encontrar, pero no es lo que la gente espera”.

Cerró el debate el jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans, reivindicando la mayoría que tiene este oficialismo. “Nosotros marcamos las pautas, el otro gobierno ya fracasó, y dejaron al país postrado en hambre y miseria… Y ahora vienen a decirnos qué tenemos que hacer. ¡Por favor, déjennos gobernar, nosotros vamos a marcar las pautas!”.

Al referirse puntualmente a los DNU, los consideró a todos “muy importantes”, y en referencia al decreto sobre Vicentín fustigó a la empresa y su “vaciamiento”. Respecto del decreto sobre las telecomunicaciones, dijo que “nosotros tenemos una visión distinta respecto de las tarifas”, y recordó el papel del macrismo en esa materia. “Deterioraron la industria nacional, las PyMEs”, dijo de Cambiemos, y resaltó que el decreto establece que ahora las TICs deben “fijar precios justos y razonables”.

“Ganen un poquito menos, nadie les quiere sacar la empresa”, recomendó, emprendiéndola luego contra los diputados de JxC, cuyo papel calificó como “vergonzoso”.

El resto de los decretos

El Senado ratificó además el DNU 636/20, que dispone la derogación de la intervención de la empresa Vicentin, al anular el DNU 522/20 del 9 de junio. Este decreto estaba en el temario hace dos semanas atrás, pero no se había tratado a causa de la repentina muerte del CEO de la empresa, Sergio Nardelli.

La santafesina María de los Ángeles Sacnun defendió que cuando el Gobierno dispuso la intervención se buscaba “preservar los puestos de trabajo; mantener la continuidad de la empresa, porque es estratégica; y mantener y preservar el patrimonio” de la cerealera.

La oficialista cuestionó que la “obturación a la decisión del presidente”, que calificó con “ejecutoriedad, legitimidad y legalidad”, se produjo “a través de las decisiones de la justicia provincial, que fue muy rápida para oponerse y coaptar las facultades de un DNU, pero que sin embargo no tiene la misma rapidez para definir las cuestiones en el ámbito del concurso”.

Y en cuanto a la derogación, la legisladora consideró al DNU 636/20 como algo “absolutamente correcto” porque “hoy han convertido a Vicentin en una cáscara vacía, violentando los derechos de los acreedores, del Banco de la Nación, violentando las acreencias de los pequeños y medianos productores, de las cooperativas y de los acopiadores, que se han visto defraudados”.

Además, se aprobaron el DNU 643/20, sobre modificación de los índices de actualización del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar); el DNU 634/20, por el cual se prorroga el plazo para que los contribuyentes puedan acogerse al Régimen de Regularización de Deudas hasta el 31 de agosto de 2020; el DNU 157/20, mediante el cual se crea la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación; y el decreto delegado 582/20 de enmienda a la oferta de reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera bajo legislación extranjera.

IDEA expresó su preocupación ante el actual DNU que declara a la telefonía celular y fija, a las prestaciones de Internet y a la TV paga como servicios públicos, congela sus precios y los somete a una mayor regulación por parte del Estado, señalaron.

Tras recordar que también se pronunciaron durante la gestión anterior en oportunidades tales como cuando se emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia por los topes a los precios de los combustibles, advirtieron que “la Argentina necesita mantener las reglas claras a mediano y a largo plazo. Esto es válido para cualquier sector de la industria y para cualquier gobierno que lidere a los argentinos”.

“La confianza y la previsibilidad son condiciones imprescindibles para generar empleo e inversiones en el país”, señaló IDEA, que recordó que a lo largo de sus 60 años apoyó todas las iniciativas vinculadas para mejorar la competitividad global del país y asegurar la producción y el bienestar general. Entendemos que éste es el camino para que la Argentina crezca.

A través de un comunicado señalaron que así como, durante la gestión de gobierno anterior, IDEA expresó su preocupación por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 566/2019, que disponía aplicar un precio tope a las naftas y al gasoil durante 90 días corridos, hoy IDEA se manifiesta de igual manera “ante el actual DNU que declara a la telefonía celular y fija, a las prestaciones de Internet y a la TV paga como servicios públicos, congela sus precios y los somete a una mayor regulación por parte del Estado”.

El comunicado concluye señalando que “la previsibilidad y la estabilidad en las reglas de juego generan confianza, atraen inversiones y fomentan el empleo. Las políticas de control de precios e impuestos excesivos sólo distorsionan los mercados y reducen la competencia”.

El bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos se sumó al apoyo que cosechó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández que declara como esencial a los servicios de telefonía celular y fija, Internet y televisión paga. Asimismo, se congelan los aumentos de tarifas hasta fin de año.

A través de un comunicado, los legisladores manifestaron que “el acceso a los servicios de Telefonía Fija y Móvil, Internet y Televisión Paga es un derecho esencial para el desarrollo de una sociedad más igualitaria y representa no sólo acceso al conocimiento, a la educación, a la información y al entretenimiento, sino que constituye además un punto de referencia y un pilar fundamental para la construcción del desarrollo económico y social de nuestra Nación”.

“Estamos viviendo en un mundo donde el capitalismo deshumanizado, depredador, financiero y especulativo nos ha llevado a la globalización de la indiferencia y el descarte de la persona humana”, añadieron.

Además, indicaron que “en ese escenario, la medida tomada por nuestro Gobierno recupera una herramienta regulatoria para ser usada a favor de los que menos tienen y desanda el camino oprobioso que el anterior gobierno emprendió”.

En ese aspecto, remarcaron que “volvemos a poner a la Argentina en la senda de la justicia social y damos un paso más hacia la igualdad, en medio de una pandemia que azota al mundo y que ha puesto a la vista las profundas y dolorosas desigualdades que vive nuestro pueblo”.

“La declaración de Servicios Públicos Esenciales no hace más que ratificar nuestro compromiso de reconstruir una Argentina donde todos y todas tengamos las mismas oportunidades”, concluyeron.

En tanto, el gobernador de la provincia Axel Kicillof tildó como “excelente decisión” la de “de restablecer a la telefonía celular e internet como servicios públicos esenciales. Y más que oportuna la suspensión de cualquier aumento de precios hasta el 31 de diciembre de 2020”.

A través del Decreto 690/2020 “Argentina Digital”, Alberto Fernández ordenó que las telecomunicaciones (internet, telefonía móvil y fija y televisión por cable), son servicio público esencial por lo que sus tarifas pasarán a estar reguladas por el ENACOM. Además, las congeló hasta el 31 de diciembre de este año.

Sin la presencia de los legisladores de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos firmó dictamen favorable al Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20, por el cual el Gobierno nacional declaró como “servicios públicos esenciales” a internet, la telefonía móvil y fija, y la televisión por cable.

Con mayoría en la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que preside el diputado Marcos Cleri, el oficialismo avaló la medida, cuestionada con dureza desde la principal fuerza de la oposición.

Quien defendió el DNU fue el diputado santacruceño Pablo González, que enfatizó que el decreto pone “las cosas en su lugar”. Recordó entonces que al asumir, el expresidente Mauricio Macri, dictó el DNU 267/15 que modificó las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital.

Esa medida se hizo “bajo el argumento clásico, que hoy estamos viendo otra vez en los medios: falta de inversiones y seguridad jurídica”, señaló y agregó que “así se eliminó la posibilidad que tenía el Estado de regular esta materia; con el argumento de la competencia lo único que hicieron fue profundizar el control de los monopolios”. El oficialista consideró que ese decreto “directamente vino a beneficiar” la “necesidad y urgencia para Clarín”.

Además de la decisión tomada, González sostuvo que habrá que avanzar en “volver a poner en valor” la Ley de Argentina Digital; crear “una tarifa diferencial para los beneficiarios de la AUH”; y diseñar “una referencia tarifaria para un servicio mínimo de TV, telefonía e internet, que le traiga equidad a las ciudades que están lejos”, porque los monopolios no invierten en el interior.

El legislador aseguró que el DNU 690/20 “propicia la libertad de expresión y el acceso a la información”, al tiempo que “mucha más gente se va a poder conectar”. “El Estado es el que tiene que estar para poner las cosas en su lugar, nosotros volvemos a poner las cosas en su lugar”, dijo.

“También volvemos a suspender los aumentos (hasta el 31 de diciembre), porque los autoregulados nunca lo hubieran hecho”, destacó y finalizó insistiendo que se garantiza “el acceso de todos” y de “las familias con pocos recursos”, que actualmente tienen inconvenientes con la conexión a las clases virtuales.

Aunque no participa de la comisión, el diputado José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) celebró la medida y la calificó como “un avance enorme” y “un hecho histórico”. También, cuestionó a Juntos por el Cambio: “Esta fuerza política no puede seguir dilatando los temas para tratar”.

El mendocino se diferenció entonces diciendo que desde su espacio “consideramos a las personas” y las políticas necesarias para que vivan “en condiciones de bienestar”, mientras que hay sectores que defienden “las ganancias económicas de un pequeño grupo de empresas que se hacen gigantes”.

Desde la izquierda, la diputada Romina Del Plá subrayó que el decreto “no avanza con temas que son fundamentales” y manifestó que la declaración de estos servicios públicos como esenciales, “no altera la estructura de funcionamiento de estas empresas y servicios que, en su inmensa mayoría, están en manos privadas y grandes monopolios”.

“Los precios los van a seguir fijando estas empresas monopólicas, no los fija el Estado”, advirtió la legisladora -que tampoco integra la bicameral- y apuntó que la suspensión “es eso, una suspensión, no la anulación”, por lo cual “queda en pie el tarifazo que ya implementaron en marzo”.

Finalmente, Cleri argumentó que “lo que hace este DNU es volver a restituir parte del articulado de la Ley 27.078 (Argentina Digital), que por amplías mayorías en el Congreso de la Nación se debatió y se sancionó” durante el kirchnerismo y formaba “parte de un andamiaje que el Estado estaba llevando adelante para tener no solo una Argentina conectada, sino una política humana de comunicación que beneficie a la ciudadanía”.

Críticas a la oposición

Al comienzo del encuentro, el presidente de la comisión informó sobre la nota que presentó Juntos por el Cambio para impugnar la reunión y defendió que la convocatoria se realizó con 48 horas de anticipación, que “tal cual usos y costumbres” y en “situación de pandemia” se efectuó con “48 horas corridas”.

Además, el santafesino recordó que el pasado 28 de abril la comisión decidió “por la mayoría” que la bicameral iba a “funcionar y dictaminar de forma remota”, decisión que incluso se tomó antes de que se aprobara el protocolo de trabajo remoto en la Cámara de Diputados.

En tanto, Pablo González remarcó que “esta es la primera vez que lo hacen y vemos esta advertencia”, cuando “no es la primera vez” que se convoca a la comisión de esta manera.

Al reflexionar que se debía al DNU 690/20, el santacruceño lanzó que hay “grupos concentrados” que “son afines a ciertos legisladores”. “Antes nunca nos avisaron que iban a ir ante una instancia judicial, no se explica mucho como si antes no lo hicieron ahora lo van a hacer”, continuó.

En línea con su par, el oficialista sostuvo que la bicameral se reúne “teniendo en cuenta la situación de extrema gravedad en la cual está el país” y además es la única comisión que “funciona aún durante el receso del Congreso”.

La senadora formoseña Teresa González criticó que la postura de Juntos por el Cambio “ya se vuelve un hábito” y “tienen una actitud repetitiva durante todo el tiempo de la pandemia”. Mientras que el diputado Pablo Yedlin hizo “un llamado a la oposición a participar de los debates, a autorizar el protocolo en la Cámara de Diputados, a poder trabajar en el Congreso, que es la institucionalidad que tanto se declama y que necesitamos”.

Por su parte, la diputada Lucía Corpacci expresó: “Estoy desconcertada, me asombra la actitud de la oposición”. “Nos acusaron de que no queríamos trabajar, que no queríamos legislar, que el presidente quería sacar todo por decreto…”, repasó y mencionó también “la caravana al Congreso”.

“Uno puede pensar distinto; a veces se gana, a veces se pierde. Pero lo que no se puede dejar es de dar el debate”, consideró y añadió que “le están fallando a sus votantes, quienes le dieron el mandato de defender y de discutir lo que hay que discutir”.

El resto de los DNU aprobados

El oficialismo avanzó también con el dictamen favorable del DNU 634/20 por el cual se prorroga el plazo para que los contribuyentes puedan acogerse al Régimen de Regularización de Deudas hasta el 31 de agosto de 2020; y el DNU 643/20 sobre modificación de los índices de actualización del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar).

Además del DNU 157/20, por el cual se creó la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; y el decreto delegado 582/20 de enmienda a la oferta de reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera bajo legislación extranjera.

A través de las redes sociales, legisladores del Frente de Todos se alinearon con la decisión anunciada por el presidente de la Nación para declarar servicios públicos a la telefonía celular, el cable y los servicios de internet.

La diputada nacional Fernanda Vallejos sostuvo este sábado que “desde el comienzo de la pandemia venimos trabajando para garantizar a nuestro pueblo el acceso a los servicios esenciales. Mi profundo agradecimiento con nuestro presidente Alberto Fernández por la significativa decisión que ha tomado”.

La legisladora kirchnerista destacó “el compromiso” de las autoridades de Enacom, y sus autoridades, Claudio Ambrosini y Gustavo López, y celebró “la vocación del gobierno argentino de cuidarnos a todos y todas, que no es otra cosa que honrar el mandato popular para el que el pueblo nos honró con su voto”.

“Y por supuesto, como todas las construcciones son colectivas, esto también es una construcción del pueblo argentino y de muchos y muchas militantes y dirigentes comprometidos y comprometidas con la realidad de nuestro país, como mi querida compañera Alicia Castro”, agregó Vallejos.

Por su parte, la diputada Gabriela Cerruti señaló que el anuncio del Gobierno representa “una decisión trascendente que legisla a la vez sobre el presente convulsionado por la pandemia y el futuro que ya empezó”.

El diputado nacional Leopoldo Moreau optó por apuntarle a la oposición: “Juntos por el Cambio se sincera respecto a los intereses que representa. Se opone al gravamen a las grandes riquezas que tendrían que aportar 12 mil personas. Se opone a congelar y regular precios de Internet, telefonía y TV paga. Siempre del peor lado. Eso son ellos”.

A su vez, el diputado Leonardo Grosso señaló que “nuestro presidente acaba de a garantizar el acceso a internet, la telefonía celular y la televisión paga para todes. En este contexto de virtualidad, este es un piso de derechos fundamental. Vinimos a cuidar a todes, sobre todo a les más olvidadxs!”.

Por su lado, Hugo Yasky señaló que “declarar de interés público de los servicios de telefonía celular, internet y TV por cable es garantizar el derecho a la información para todos, todas y todes. Es frenar los abusos cometidos por las empresas con posiciones monopólicas sobre los usuarios”.

La entrerriana Carolina Gaillard consideró que la declaración de servicio público a la telefonía celular, la telefonía fija, el servicio de internet y la TV “es una decisión de nuestro presidente Alberto Fernández que garantiza estos servicios hoy esenciales como un derecho que el estado debe regular para que no sean afectados”.

También celebró el diputado porteño Leandro Santoro, que se quejó: “Ahora dicen que la telefonía celular y la transmisión de datos por internet no son prioridad. Porque prioridad, lo que se dice prioridad, es el gas, la luz y el agua. ¿Quién dice esto? Los que nos subieron el gas, la luz y el agua un 5000%.

¡Fuerte ese aplauso al cinismo!”.

La diputada del Frente de Todos destacó el anuncio que hizo del presidente Alberto Fernández, para declarar “servicios públicos” a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. Vallejos había presentado un proyecto de ley en abril para frenar los aumentos del 35% dispuestos en los primeros meses del año por las empresas de telefonía, internet y cable.

Luego del anuncio presidencial Fernanda Vallejos dijo que “desde el comienzo de la pandemia venimos trabajando para garantizar a nuestro pueblo el acceso a los servicios esenciales”.

“Con la telefonía, el cable y el servicio de internet, el Estado tenía la dificultad de que, al no ser un servicio público, no contaba con las potestades para regular estas tarifas, y esa situación fue permanentemente utilizada por las empresas prestadoras para impulsar aumentos, con una insensibilidad escalofriante, aún en medio de la pandemia”, cuestionó.

Vallejos presentó a fines de abril un proyecto para frenar los aumentos dispuestos en los primeros meses del año por las empresas de telefonía, internet y cable. En concreto, propuso suspender “cualquier tipo de modificación en los precios y tarifas de los servicios de telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable, por vínculo radioeléctrico y satelital con cobro a usuarios, a partir del 1° de marzo y durante la vigencia del ‘Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio’”.

En este sentido, la diputada afirmó que “desde el Congreso, el abuso de las empresas hacia los argentinos y argentinas, nos impulsó a presentar un proyecto de ley a fines de abril, para ponerle límite a esas conductas rapaces”, indicó. “Con esta decisión que acaba de anunciar nuestro presidente, el Estado argentino, administrado por un gobierno que defiende el interés popular, ratifica su compromiso con la defensa de derechos consagrados como lo son los de usuarios y consumidores y reafirma su vocación de cuidarnos a todos y todas, que no es otra cosa que honrar el mandato popular para el que el pueblo argentino nos honró con su voto”, reforzó.

Al proyecto habían adherido 49 diputados, entre ellos, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, el titular del Partido Justicialista y tres veces gobernador de San Juan, José Luis Gioja, el referente del radicalismo, Leopoldo Moreau y Hugo Yasky, titular de la CTA. También, contó con el respaldo del diputado José Luis Ramón, presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo.

Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas.

— Alberto Fernández (@alferdez) August 21, 2020

El presidente Alberto Fernández comunicó la medida a través de su cuenta de Twitter. “Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas”, señaló. De esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado. El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado”, amplió.

Fernández concluyó: “La educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que debemos preservar. Por eso hemos ordenado que de aquí en adelante haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen”.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por la radical Roxana Reyes, presentaron un proyecto de declaración solicitando que el Estado garantice la universalidad, accesibilidad, asequibilidad y la equidad en el acceso a los servicios de telefonía móvil e internet y el acceso al derecho a la educación a través de dichos servicios.

“La comunicación audiovisual a través de cualquier soporte, incluida Internet, es un derecho humano que el Estado tiene el deber de garantizar. Hoy la ciudadanía mira, lee, escucha, postea y navega por Internet en la casa, en el móvil y en el trabajo. Sin embargo, los cobros por este servicio siguen siendo excluyentes y desiguales”, explicó Reyes.

En esa línea el proyecto solicita que se implemente un programa integral de Tarifa Social para el acceso a internet y telefonía móvil, especialmente para personas o grupos vulnerables y para los grupos considerados esenciales en este marco de pandemia.

“En 2012 La Organización de las Naciones Unidas declaró a Internet derecho humano, pero sabemos que el acceso está condicionado por el lugar de residencia y la capacidad económica. Por ello es que proponemos, entre otras medidas, incorporar en el debate una tarifa social que garantice el acceso universal a los Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” manifestó Reyes.

La propuesta atiende la situación excepcional de pandemia por Covid-19 y establece además que las empresas de los servicios de internet y telefonía móvil deberán abstenerse de suspender, cortar o reducir la calidad de la prestación de los estos servicios a las personas que desarrollan actividades esenciales desde el comienzo ASPO.

Por último, Reyes hizo hincapié en las falencias de la conectividad y la ausencia de recursos para acceder a la misma de muchos estudiantes del país que, debido a esta problemática, no pudieron continuar con las clases de manera remota y esto profundiza y reproduce las desigualdades estructurales.

“Esto plantea un dilema que debe ser resuelto en un futuro inmediato, no sólo porque es un derecho humano fundamental, sino porque expone con una gran crudeza las desigualdades del sistema” concluyó Reyes.

Acompañan a Reyes con su firma en el proyecto los diputados Gustavo Menna, Lorena Matzen, Karina Banfi, Ximena García, Estela Regidor, Albor Cantard, Claudia Najul, Gonzalo Del Cerro, Lidia Ascárate, Gabriela Burgos, Dolores Martínez, José Riccardo, Mario Arce, Gabriela Lena, Alfredo Schiavoni, Camila Crescimbeni y Virginia Cornejo.

A través de un proyecto de ley, la diputada nacional Liliana Schwindt propone declarar “servicio público, esencial, estratégico y un derecho humano” al servicio de telefonía móvil e Internet, en todas sus modalidades y prestaciones.

A partir de ello, el Poder Ejecutivo Nacional establecerá una prestación básica obligatoria que deberá brindarse en condiciones de igualdad a todos los usuarios. La misma será parte integrante de todo contrato entre la compañía prestadora del servicio y el usuario, señala la iniciativa, según la cual el Gobierno deberá garantizar el servicio universal de telefonía móvil e internet que deberá presentar a todos los usuarios, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y “a precios justos y razonables, con independencia de su localización geográfica”.

En los fundamentos, la diputada del Frente de Todos argumenta la razón de esta ley en la situación que hoy “viven millones de argentinos en medio de la emergencia sanitaria dictada mediante el Decreto N° 260/20, el cual dispuso por el plazo de un año la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia”.

“Si bien la telefonía fija es un servicio público, este carácter no ha alcanzado a la telefonía móvil e Internet, aunque sin que existan fundamentos de fondo para diferenciarla de la primera, constatándose además que muchas personas que no cuentan con telefonía fija, han tenido en la telefonía móvil e internet una posibilidad de acceder a la comunicación, aunque a un costo muy elevado”, señala Liliana Schwindt.

La legisladora de origen massista advierte que “conductas oligopólicas, tarifarias, contratos abusivos, cambios unilaterales en las prestaciones del servicio, baja calidad del mismo, falta de inversión, acceso inequitativo al servicio y discriminación en las  tarifas, son algunos de los conflictos que ha suscitado la falta de regulación del servicio de telefonía móvil e internet y su mantenimiento en la esfera del derecho privado”. A su juicio, la pandemia “ha demostrado la importancia de que estos servicios sean declarados un servicio  público esencial, estratégico y sean considerados un derecho humano dado que la educación, el trabajo, las relaciones familiares y humanas son efectuadas, en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente, a través de la utilización de distintos medios tecnológicos de comunicación, ya sea efectuándose llamadas telefónicas o móviles, videoconferencias, mensajes de texto, redes sociales,, etc.”.

El diputado Darío Martínez y la senadora Silvia Sapag, ambos del Frente de Todos, presentaron en sus respectivas cámaras sendos proyectos de ley para declarar servicio público a la telefonía móvil e internet.

“Necesitamos un servicio con estándares de calidad que puedan ser regulados”, afirmó Martínez al respecto y señaló que “no puede ser que tengamos en el interior una calidad muy inferior a lo que se tiene en Capital Federal”.

El neuquino remarcó que ambos servicios “son caros, malos y son, lejos, tanto la telefonía celular como internet, las dos actividades con más denuncias de mal servicio que reciben las oficinas de defensa al consumidor”.

El legislador sostuvo además que “ahora se transformaron en un servicio esencial” y “ya nadie tiene dudas que, una vez superada la pandemia, van a seguir siendo servicios esenciales”.

Por su parte, Sapag indicó que “tanto la telefonía celular como internet se transformaron en un servicio esencial, mucho más en medio de esta emergencia. Y hay transformaciones que ya no van a revertirse”.

“En el nuevo mundo que se viene, donde las comunicaciones ocupan un lugar central, necesitamos un Estado presente que cuide a los usuarios y ponga pautas claras en beneficio de millones de clientes”, completó la senadora.

Diputados del interbloque de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de resolución, a través del cual solicitaron al Gobierno nacional que declare como servicios esenciales las actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil, y servicios digitales, en el marco de la Emergencia Sanitaria por la pandemia del Covid 19. El proyecto de resolución tiene el objetivo de “garantizar su acceso y uso ininterrumpido para toda la ciudadanía”.  

Asimismo, los diputados de la oposición, solicitaron “instar el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a que informe de forma periódica a la Cámara de Diputados sobre el funcionamiento de estos servicios, tipo y cantidad de reclamos por parte de los ciudadanos, en caso que los hubiera, y resolución de dichos inconvenientes”. 

Dentro de los argumentos en los cuales se funda el proyecto, los diputados afirmaron que “atentos al potencial de Internet para promover la realización de derechos y la participación pública, así como para facilitar el acceso a bienes y servicios, y considerando el contexto actual de emergencia sanitaria y aislamiento social, preventivo y obligatorio, resulta en extremo necesario dar garantías a la ciudadanía para que el acceso y uso de las TICs se de en forma continua y segura”. 

El proyecto fue impulsado por la diputada Karina Banfi, vicepresidenta primera de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja. Al respecto, Banfi afirmó que “esta emergencia demostró como nunca la importancia que tiene la conectividad para trabajar, estudiar, unir afectos y acceder a información. Por ello, garantizar su funcionamiento es vital”.

La iniciativa legislativa cuenta con el aval de los diputados Lidia Ascarate, Soledad Carrizo, Martín Grande, Ezequiel Fernández Langan, Gustavo Menna, Claudia Najul, Fabio Quetglas, Estela Regidor, Pablo Torello, Carla Piccolomini y Jorge Vara, entre otros. 

Por otro lado, este miércoles 22 de abril a las 17, se realizará un plenario de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados por videoconferencia, donde se harán presentes funcionarios del gobierno nacional para brindar un informe de gestión en este período de pandemia por el coronavirus. 

Luego de que el Gobierno nacional ampliara el aislamiento social obligatorio, la legisladora del Frente de Todos (FdT) María Bielli presentó en la Legislatura porteña un proyecto A través del cual buscará que se garantice el acceso inalámbrico gratuito a Internet en los barrios, villas y complejos más postergados de la Ciudad de Buenos Aires.

Con esta iniciativa se busca reducir la brecha digital existente en el distrito, facilitar el acceso a las plataformas digitales de aprendizaje a niños, niñas y adolescentes, garantizar el acceso al teletrabajo y a las herramientas online del Gobierno de la Ciudad. Además prevé que el Ejecutivo extienda su propia infraestructura de la red BA WIFI y que se acompañe y potencie las redes comunitarias.

En ese sentido, Bielli explicó que “en los barrios la falta general de acceso a servicios como agua, luz y gas se suma a la imposibilidad de acceder a internet” y remarcó que “esta pandemia nos demostró lo necesario también que es el acceso a la red: miles de chicos y adolescentes se quedan hoy afuera de las respuestas digitales del sistema educativo porque sus padres o no pueden pagar el servicio o directamente no pueden acceder a el”.

“En la Villa 20, el ‘Plan Atalaya’ del Proyecto Comunidad ofrece internet comunitario a los vecinos desde hace 5 años. Lo que se negó hacer el mercado, lo hicieron las organizaciones en conjunto con la UTN. Buscamos que el estado fortalezca las redes que ya funcionan en los barrios y se ofrezca un servicio de calidad para todos en la Ciudad”, concluyó la legisladora.