Ante las reiteradas ausencias de funcionarios de esta gestión a citaciones de parte de la oposición, la diputada nacional Micaela Morán (Unión por la Patria) impulsa un proyecto de ley que busca regular el procedimiento para la contestación de pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo y la presencia de ministros en el Congreso, tal como lo establece la Constitución Nacional en sus artículos 71 y 100 inciso 11.

La propuesta establece que el Poder Ejecutivo deberá responder por escrito en un plazo máximo de 30 días hábiles y de manera “precisa y completa” los requerimientos aprobados por las Cámaras. Además, los ministros y autoridades de organismos estatales estarán obligados a concurrir cuando sean citados para brindar informes verbales, ya sea en sesiones, comisiones o plenarios.

El proyecto fija sanciones para los incumplimientos: descuento del 20% del salario para funcionarios que obstaculicen el procedimiento y, en casos reiterados, la consideración de falta grave. También incorpora al Código Penal el artículo 249 bis, que prevé penas de prisión de dos meses a dos años e inhabilitación especial para quienes omitan responder tras reiteración del requerimiento.

Morán fundamenta la iniciativa en la necesidad de fortalecer el control parlamentario sobre la gestión del Ejecutivo y garantizar un flujo de información “completo y de calidad” para robustecer las instituciones democráticas. La propuesta se inspira en normas similares vigentes en provincias como Chaco y Tierra del Fuego.

Ante un recinto vacío, y solo con la escasa presencia de una docena de diputados, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por caída la sesión que había sido convocada en el mediodía de este miércoles para interpelar al ministro de Economía, Luis Caputo, respecto del swap con Estados Unidos. La misma situación se repitió dos horas después, ya con menos legisladores sentados.

Temprano se había conocido que tanto Caputo como Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y Mario Lugones, ministro de Salud (citados ambos a las 14 por el escándalo en la ANDIS), no asistirían para ser interpelados por el pleno, tal como la oposición aprobó en la última sesión.

Sin embargo, durante la mañana de este miércoles no hubo acto administrativo alguno que levantara formalmente las convocatorias. Así, cerca del mediodía solo un puñado de legisladores bajó al recinto; pero cuando Menem declaró fracasada la reunión, tampoco se habilitaron posteriores expresiones en minoría.

Primero en bajar este miércoles lo hizo el radical Fabio Quetglas. También ocuparon sus bancas los seis integrantes de la Coalición Cívica (Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto, Victoria Borrego, Mónica Frade y Marcela Campagnoli); Yolanda Vega, salteña de Innovación Federal; Julio Cobos, de la UCR; y Juan Carlos Giordano y Mercedes Mendieta, de Izquierda Socialista dentro del Frente de Izquierda. Ya para el segundo turno quedó únicamente Quetglas y el bloque de los "lilitos".

Nosotros cumplimos: bajamos al recinto a ejercer el deber de contralor que la Constitución le impone al Congreso.

Los que no cumplen son los funcionarios del Ejecutivo.
Hoy ni Karina Milei, ni “Toto” Caputo, ni Mario Lugones se presentaron a la interpelación.

Hace dos años que… pic.twitter.com/Irz8Wdd0fC

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) October 15, 2025

En diálogo con DTV, Juan Manuel López, presidente de la CC, uno de los que bajó al recinto señaló que "Karina Milei ya aterrizó hace rato" de regreso de Estados Unidos. "A mí me pareció que había que venir. Que expliquen los que no bajaron, los que acordaron. Quizás está bien lo que hicieron, o quizás está mal", expresó.

En declaraciones al mismo medio, la radical Danya Tavela, integrante de Democracia para Siempre, bloque que al igual que Unión por la Patria y Encuentro Federal decidió no bajar, dijo: "No tiene sentido sentarnos entre nosotros a decir lo mismo que ya dijimos".

Minutos antes de la sesión que se caería, los jefes y referentes de bloques opositores enviaron una nota a Menem en la que le solicitaron que se reprogramen las interpelaciones, con fecha y hora en que los funcionarios avisen que van a poder.

La nota fue leída en el recinto por el secretario Parlamentario, Adrián Pagán, cuando se cayó la segunda sesión, a las 14.30.

Pedimos a Caputo y nos mandaron a Menem.

Seguimos exigiendo que los funcionarios que están poniendo de rodillas a la Argentina y que ya arruinaron nuestra economía de la mano de Mauricio Macri y ahora de Javier Milei vengan a dar explicaciones al Congreso. pic.twitter.com/zheJSz7g26

— Paula Penacca (@PaulaPenacca) October 15, 2025

Los diputados habían recibido la notificación de las inasistencias en la noche de este martes, por mail. En tanto, este miércoles temprano se difundieron las notas formales enviadas por Caputo, Karina Milei y Lugones.

En alusión al viaje oficial que realizó a los Estados Unidos junto al presidente Javier Milei, Caputo argumentó su ausencia: "Por razones de agenda previamente establecida y como es de público conocimiento, me encontraré fuera del país en cumplimiento de una misión oficial, lo que impedirá mi presencia en la fecha indicada".

En tanto, a través de Juan Manuel Galli, subsecretario Legal de la Secretaría General, se respondió sobre la hermana del presidente: "Debido a compromisos previamente asumidos por la Secretaria General, se verá imposibilitada de concurrir al recinto en la fecha establecida para dicha sesión".

Por su parte, Lugones, el único que no estaba afectado en la comitiva oficial que fue a EE.UU., esgrimió "cuestiones de agenda impostergables". "Sin perjuicio de ello, me encuentro a disposición a fin de colaborar en todo lo que se considere oportuno dentro del marco de las competencias que me son propias, pudiendo remitir la información pertinente por escrito en caso de que la urgencia así lo amerite", agregó.

QUIEN NO TIENE NADA QUE ESCONDER, DA LA CARA Y RESPONDE
Evidentemente no es el caso de Luis Caputo, Karina Milei y Mario Lugones.

Una vez más, los funcionarios decidieron desconocer la voluntad de la Cámara y no cumplir con una de las responsabilidades fundamentales de cualquier… https://t.co/ZxdwxM1LoP

— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) October 15, 2025

A once días de las elecciones generales, la oposición intentará este miércoles realizar dos sesiones para interpelar a tres funcionarios del Gobierno libertario. Una medida difícil si las hay, no solo por tratarse de los tres funcionarios a todas luces más remisos a presentarse en el Congreso de la Nación, sino también porque la propia oposición sabe que tiene serios problemas para reunir el quórum en esta oportunidad.

¿Hace falta reunir quórum para este tipo de sesiones? Consultado al respecto por parlamentario.com, uno de los diputados convocantes para las sesiones de este miércoles consideró que en la materia “hay dos bibliotecas”, aunque concluyó que en Diputados Martín Menem requerirá que la oposición consiga reunir el quórum necesario para dar por iniciada la sesión de las 12, primero, y la de las 14 luego. A la primera sesión ha sido convocado el ministro de Economía Luis Caputo, quien ha sido siempre muy remiso durante esta gestión a presentarse en el Congreso para brindar informes. Ya fue citado en abril pasado para ser interpelado, en ese caso por la investigación de la criptomoneda $LIBRA, y en esa oportunidad no asistió. Tampoco lo hizo para presentar los presupuestos de 2025 y 2026, por lo que no se espera que esta vez vaya a ser distinto.

Por más que lo haya emplazado el pleno por 131 votos positivos, 70 negativos y una abstención, a partir de un proyecto de Unión por la Patria encabezado por Itaí Hagman, casi seguro que Caputo no asistirá. La iniciativa plantea obtener de él explicaciones verbales sobre "las posibles negociaciones que el Gobierno está llevando adelante para recibir un blindaje de los Estados Unidos de América".

Si bien se especulaba con que no pudiera asistir ya de por sí por estar fuera del país, al haber concurrido a Estados Unidos formando parte de la comitiva presidencial que vio este martes a Donald Trump, los funcionarios regresaron al país esta mañana.

Podrá argumentar el ministro cansancio, pero lo cierto es que, como hemos dicho, no tiene ninguna intención de asistir al Congreso por esta, ni por ninguna otra razón, según se desprende de su postura.

Para las 14 la oposición ha pedido la presencia de la hermana del presidente y del ministro Mario Lugones, ambos llamados al recinto por el escándalo de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, a partir de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular del organismo. En los mismos se revela un supuesto cobro de coimas, mediante contratos millonarios a la empresa Suizo Argentina.

Tampoco se espera que ambos funcionarios asistan, cumpliendo el artículo 71 de la Constitución Nacional, que reza: "Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes".

Si bien la secretaria General de la Nación cuenta con rango ministerial, podría argumentar el Gobierno que la hermanísima no es ministra.

Lo cierto es que con la excepción del jefe de Gabinete y probablemente también Patricia Bullrich, este es un Gobierno compuesto por funcionarios remisos a concurrir al Congreso, a menos que sea para ver y escuchar al presidente. Caputo fue citado en abril y no concurrió, al igual que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. No hubo nada que hacer, pues en la Carta Magna no hay sanción prevista por inasistencia.

Semejante reticencia será un factor determinante en la ausencia de muchos diputados que no están nada convencidos de permanecer en Buenos Aires para participar de sesiones que seguramente no se harán. Menos a tan pocos días de las elecciones. Pero también es cierto que los gobernadores estarían correspondiendo los pedidos del Gobierno para retirar a sus diputados. Desde la propia oposición reconocieron que estarían percibiendo señales de que esos pedidos están surtiendo efecto. Ya de por sí la semana pasada, para las votaciones en las que la oposición se quedó corta, se percibió que varios de esos diputados alineados con sus gobernadores se abstuvieron o ausentaron.

Cosa que se espera pase en gran número este miércoles, tanto al mediodía como a las 14.

En una seguidilla de plenarios convocados para este miércoles 1ro. de octubre, la oposición en el Senado buscará avanzar con dictámenes de convocatorias de interpelación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios, por diversos temas que incomodan al Gobierno.

Luego que por un emplazamiento de comisiones en la Cámara de Diputados se avanzara con un dictamen de solicitud de interpelación a Karina y al ministro de Salud, Mario Lugones, por el caso ANDIS, los senadores harán lo propio sobre diversos expedientes que se acumularon en los últimos meses.

La primera reunión será a las 11, entre Asuntos Constitucionales y Salud, presidas por Alejandra Vigo (PU) y Lucía Corpacci (UP), respectivamente. Allí se tratarán las iniciativas que tienen que ver con reclamar la interpelación a Lugones por temas como fentanilo contaminado, conflicto en el Garrahan y prevención del dengue.

Para las 11.45, a ambas comisiones se sumará la de Población y Desarrollo Humano, donde tenía giro un proyecto que probablemente no prospere: la interpelación a Diego Spagnuolo, quien ya no está al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad. El proyecto había sido impulsado por el senador Marcelo Lewandowski (UP) en relación a la baja de pensiones por invalidez.

A las 12.15, Asuntos Constitucionales y Población y Desarrollo Humano tratarán sí interpelaciones ya relacionadas con el escándalo de los audios atribuidos a Spagnuolo, por los que ya hay una causa judicial que investiga presunta corrupción en la compra de medicamentos en la ANDIS, a través de contratos millonarios con la droguería Suizo Argentina.

Además de la hermana del presidente -mencionada como presunta beneficiaria de retornos de "un 3%" en los audios que fueron considerados como "falsos" y "mentirosos" por el Gobierno-, también se exigen las explicaciones de Guillermo Francos, jefe de Gabinete.

Finalmente, a las 13, en un plenario de Asuntos Constitucionales y Economía Nacional e Inversión, a cargo ésta última de Pablo Blanco (UCR), se abordarán pedidos de interpelación a Karina Milei por el caso $LIBRA.

En abril pasado, en la Cámara de Diputados se aprobaron cuatro interpelaciones por el escándalo de la criptomoneda promocionada en febrero por el presidente Javier Milei, y que también investiga la justicia tanto en el ámbito nacional como internacional. No obstante, "el jefe" había quedado fuera del listado aquella vez. Incluso, de los cuatro convocados, solo asistió Francos al recinto.

Aunque su secretaría tiene rango ministerial, desde el Poder Ejecutivo rechazan que a Karina se la cite en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, el que reza: "Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes".

Las interpelaciones en el Congreso de la Nación son un mecanismo habilitado por la Constitución Nacional, pero totalmente infrecuentes, sobre todo en las últimas décadas. De hecho, solo se recuerdan dos interpelaciones desde 1983 al presente: las que se hicieron a los ministros de Raúl Alfonsín Antonio Tróccoli y Germán López, y en época de Menem a Domingo Cavallo. Son las que ahora vamos a recordar.

El artículo de la Constitución que habilita la posibilidad de interpelar a funcionarios lleva el número 71, y es el que expresa que “cada una de las cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes”.

Se dice fácil, pero no es nada sencillo conseguirlo, pues se trata de un mecanismo que debe ser votado, como sucedió el pasado 8 de abril en la Cámara de Diputados para forzar la sesión de este martes, aunque no son necesarias mayorías especiales para conseguirlo.

Para imaginar lo que sucederá este 22 de abril en la Cámara baja hay que remontarse a los antecedentes, que por cierto no son muchos. El más lejano está situado en los albores de la recuperada democracia, y tuvo como protagonista principal al entonces ministro del Interior Antonio Tróccoli, citado a instancias de los diputados peronistas José Luis Manzano y Roberto Digón. Convengamos que Tróccoli ya había visitado el recinto de Diputados en 1985, pero el episodio que más se recuerda sucedió un año después. Fue una sola sesión, pero dividida en varias jornadas, algo que perfectamente podría suceder ahora. En aquella ocasión, la rueda comenzó a girar el 22 de mayo de 1986, en una sesión que fue presidida por Roberto Pascual Silva, un diputado radical santafesino, vicepresidente primero de la Cámara, que reemplazó al frente de la misma a Juan Carlos Pugliese.

La sesión arrancó cerca de las 6 de la tarde, y no tenía a la interpelación como único tema. Por el contrario, en el inicio se le dio continuidad al debate en particular del Presupuesto 1986. A continuación tendría lugar el informe verbal que brindarían ministros y secretarios del Gobierno de Alfonsín sobre el denominado caso Sivak, un empresario secuestrado el 29 de julio de 1985 cuando se dirigía a una sesión de terapia en el barrio de Palermo. Ese día había quedado en pasar a buscar a sus hijas por el colegio, pero jamás llegó. Sus secuestradores pidieron tres millones de pesos para su rescate. Terminaron acordando el pago de 1.100.100 dólares para su rescate, que se efectivizó el 11 de agosto, pero Osvaldo Sivak nunca fue liberado.

Osvaldo Sivak, secuestrado por la mano de obra desocupada, en tiempos de democracia.

Eran tiempos complicados, inicio de la democracia y una mano de obra desocupada dispuesta a seguir haciendo sus negocios. El primer Gobierno de la democracia debió lidiar con eso.

Meses después, la familia de Sivak denunció que agentes de inteligencia que operaban en el Ministerio de Defensa habían intentado extorsionarlos.

Eso fue lo que motivó el pedido de interpelación de los ministros del Interior y de Defensa de Alfonsín.

Tras un cuarto intermedio, la sesión se reanudó a las 19.40, pero como no lograban ponerse de acuerdo con la interpelación, volvieron a pasar a un receso hasta las 21.50. Los ministros del Interior, Antonio Tróccoli, y de Defensa, Germán López, ingresarían finalmente recién a las 22.14, acompañados por el secretario del Interior, Facundo Suárez Lastra, y el de Defensa, José Horacio Jaunarena.

Expuso en primer lugar y largamente Tróccoli, quien recordó que Osvaldo Sivak había sido secuestrado en dos oportunidades, la primera en 1979, que atribuyó a una tarea “preparada y urdida combinando el factor ideológico con el negocio, lo cual era muy común en aquellos tiempos en donde, al amparo de una política represiva aberrante y absurda, se unía el delito común de robo o de hurto con el secuestro extorsivo”. En cuanto al segundo secuestro, el funcionario reprochó que la familia Sivak hubiera decidido “puentear” a la autoridad policial y encarar en forma directa las tratativas con los secuestradores.

Después de una extensa alocución de Tróccoli, iba a hablar el secretario de Defensa, y el diputado Adam Pedrini -tío del actual diputado Juan Manuel Pedrini- pidió que se siguiera el orden y escuchar al ministro de Defensa. Quien presidía la sesión aclaró que “en este caso los interpelados han preferido seguir otro orden”. Pedrini repuso que “yo no hablaría de ‘ministros interpelados’, sino de ministros invitados. Y ellos eran los ministros, no el secretario de Defensa. Roberto Silva le contestó que por disposición reglamentaria los secretarios pueden permanecer en el recinto y tienen voz. A continuación se generó un largo debate, al cabo del cual Jaunarena terminó hablando.

Antonio Tróccolli al jurar como ministro del Interior.

A la hora de las preguntas Roberto Digón hizo una larga alocución, tras la cual le preguntó a Tróccoli “qué limitaciones de inteligencia y operación tiene la Policía Federal que obliguen a la intervención de grupos especiales para investigar delitos de tipo común, tales como el del secuestro de Osvaldo Sivak”. El ministro contestó pidiéndole que efectuara todas las preguntas y luego él contestaría. Y ahí se inició un debate interminable en torno a la metodología para formular las preguntas, por cuanto el diputado radical quería efectuar sus preguntas de acuerdo a cómo fuera contestando Tróccoli. Ergo, las formularía de a una, cosa que rechazó el ministro, “porque de esa manera el señor diputado interpelante me va a tener todo el tiempo que se le ocurra repreguntándome sobre la base de preguntas anteriores.

“La interpelación se debe apoyar en un interrogatorio muy concreto al que previamente debo tener acceso, de manera que le ruego al señor diputado Digón tenga la amabilidad de alanzarme su cuestionario, porque como trajo su intervención escrita…”. Y le recordó que gran parte de las informaciones que estaba requiriéndole se las había dado en su exposición del año pasado.

Muchos diputados tomaron parte de esa discusión, entre ellos el peronista Néstor Perl, quien mocionó que las preguntas pudieran hacerse de a una y que si el ministro no quería contestar, que no lo hiciera, a lo que el entonces diputado de la UCR Leopoldo Moreau admitió que el reglamento no contemplaba una metodología a seguir en estos casos, y ante la laguna reglamentaria que se planteaba, hizo una moción en sentido contrario, a lo que José Luis Manzano advirtió que el oficialismo se quedaría solo para hacer la interpelación.

“No sería la primera vez que nos quedemos solos en este recinto en virtud de políticas obstruccionistas que creíamos erradicadas, pero que ayer se repitieron”, replicó Moreau.

Tras la intervención de 16 oradores, el peronismo aceptó formular todas las preguntas juntas, con la condición de que las respuestas fueran minuciosas y no difusas, cosa que Tróccoli terminó aceptando.

Grabación y escándalo

Roberto Digón formuló a continuación todas sus preguntas. Fueron 12, tras las cuales le pidió al ministro que, por último, dijera si la grabación que escucharían correspondía a una conversación que él había tenido con la esposa de Osvaldo Sivak.

En el audio, el ministro, que hasta había negado haber hablado con Marta Oyhanarte, confirmaba la participación de agentes de inteligencia en el secuestro. Visiblemente nervioso, Tróccoli reaccionó diciendo que no entendía el significado de esa grabación, “ni mucho menos el mal gusto que significa traerla al recinto, porque cuando uno habla por teléfono lo que menos se puede imaginar es que del otro lado lo están grabando”.

En plena discusión, el ministro insistió en que la Policía Federal estaba en condiciones técnicas y de inteligencia como para resolver estas cuestiones. Y agregó: “En ningún momento se le encomendó ninguna investigación -ni en forma deliberada ni en forma elíptica- a ningún grupo o persona que estuviera fuera del esquema de la Policía Federal. Dije también que la propia familia Sivak, aconsejada por amigos…”.

“¡No mienta!”, le gritó desde un palco Jorge Sivak, hermano del empresario secuestrado, a lo que Tróccoli reaccionó pidiendo que retiraran del palco a quien le había gritado. El presidente Silva ordenó desalojar la sala, y ante el desbande que sobrevino, pasaron a un cuarto intermedio. Luego de unos instantes, concluyeron en que no estaban dadas las condiciones para continuar esa noche, y pasaron a un cuarto intermedio hasta el miércoles venidero.

El debate se reanudó a la semana siguiente, a las 20.45 del 28 de mayo de 1986, con una cuestión de privilegio presentada por el diputado Jorge Vanossi, en nombre del bloque radical, contra lo sucedido al final de la reunión anterior, tras lo cual volvió a hablar Antonio Tróccoli, que esta vez había concurrido acompañado solo por Facundo Suárez Lastra.

A las 23.50, se pasó a un cuarto intermedio hasta la 1 del 29 de mayo, y a las 3.05 se pasó a un nuevo cuarto intermedio hasta las 16 de ese mismo día.

En realidad, la sesión se reanudó a las 19.55, nuevamente con la presencia de Tróccoli y Suárez Lastra. Fue otra jornada intensa, en la que surgió el nombre de Raúl Guglielminetti, un miembro del grupo de tareas que había operado en Automotores Orletti, bajo el mando de Aníbal Gordon, y que en democracia llegó a formar parte de la custodia presidencial de Alfonsín. Pasada la medianoche, se pasó a un nuevo cuarto intermedio hasta el miércoles 4 de junio.

Ya con Juan Carlos Pugliese al frente del cuerpo, ese día ya no asistieron funcionarios y en el inicio se votó -ante las protestas de la oposición- una moción de orden propuesta por el presidente del bloque oficialista, César Jaroslavsky para cerrar el debate.

Dos días antes Germán López había presentado su renuncia por razones de salud. El comisario general de la Policía también renunció en esos días, y Tróccoli lo haría en 1987, cuando el caso Sivak todavía no había podido ser cerrado.

El 5 de noviembre de 1987 fue hallado el cuerpo del empresario, luego de que un inspector llamado Héctor Salcano confesara la participación de un grupo de tareas en el secuestro. Su cuerpo fue encontrado en la zona de Abasto, al costado de la ruta 2. Lo habían matado de un tiro en la cabeza luego del pago del rescate. En el descampado donde apareció Sivak, encontraron otros cuerpos: el de Benjamín Neuman, raptado en 1982, y más tarde Eduardo Oxenford, también secuestrado en 1978.

Por el secuestro y asesinato de Sivak fueron detenidos ocho policías. Dos se quitaron la vida y el resto fueron condenados.

La interpelación a Domingo Cavallo

Casi una década más tarde, el Congreso fue epicentro de una nueva interpelación a un alto funcionario. También sucedió en la Cámara baja y en este caso no fue un diputado opositor el que la pidió, sino el propio funcionario.

Hablamos de Domingo Felipe Cavallo, y se recuerda esa presentación como la última interpelación realizada en el Parlamento, aunque en realidad hubo otra, al año siguiente, pero que no tuvo la misma trascendencia, razón por la cual cuando se habla de la interpelación al ministro Cavallo, la memoria se remonta solo al 23 de agosto de 1995.

El entonces superministro de Economía promovió esa interpelación para tratar de frenar la privatización del Correo, que ya contaba desde noviembre del año anterior con media sanción del Senado y era para Cavallo “un traje a medida para Alfredo Yabrán”. Hasta entonces, Yabrán era un empresario desconocido para la sociedad, pero muy poderoso, dueño de correos privados, que controlaba los depósitos fiscales de Ezeiza, las rampas de los aeropuertos y los free-shops. En esa interpelación que se extendió más de once horas, lo sacó abruptamente del anonimato.

El ministro habló de “mafias enquistadas en el poder”, y de hecho presentó a Yabrán como el jefe de la mafia, dueño de casi todos los correos privados: OCA, OCASA, Andreani, Skycab… Denunció métodos mafiosos para eliminar a las empresas de la competencia y puso un ejemplo inquietante: Abel Cuchietti, exadministrador del correo estatal, había denunciado manejos oscuros y fue amenazado por eso. Al renunciar, lo esperaron a la salida de su casa y a palazos le quebraron las piernas.

Todo eso y mucho más dijo Domingo Cavallo en esa interpelación en la que no dejó títere con cabeza. Le apuntó a periodistas como Bernardo Neustadt y Daniel Hadad, y hasta se malquistó con los jefes de bancadas del oficialismo.

Dijo que si Yabrán se quedaba con el Correo, dominaría monopólicamente el circuito para el ingreso y salida de mercaderías, al ser el dueño además de los depósitos fiscales de Ezeiza, rampas y los correos privados.

La semana anterior Diputados había estado cerca de aprobar la ley, pero tras las denuncias del ministro, la Cámara baja no trató el tema.

Esa interpelación le valió, entre otras cosas, una querella por haber formulado en el recinto denuncias contra particulares. La Justicia se tomó su tiempo, pero en octubre de 2004, la Corte Suprema de Justicia marcó un precedente que bien podrán tener en cuenta los funcionarios que expongan este martes en Diputados: cuentan con tanta libertad para expresarse como quienes los interrogan.

La Corte Suprema sostuvo en ese fallo de hace una década que si el Congreso puede obligar a los ministros a presentarse en el recinto para interpelarlos, no puede someterlos a la desventaja de debatir con otros funcionarios que tienen inmunidad para decir lo que quieran, como es el caso de los legisladores.

“Las disposiciones del artículo 68° (de la Constitución) están destinadas a garantizar la independencia funcional de la Cámara legislativa, de modo tal que el contenido de las discusiones quede al margen de toda persecución posterior contra quienes participaron de ellas”, expresó el Tribunal Supremo, con las firmas de Antonio Boggiano, Carlos Fayt, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni. Enrique Petracchi y Augusto Belluscio se excusaron por haber sido alguna vez querellantes de Cavallo.

La querella que motivó ese pronunciamiento de los cortesanos fue promovida por Angel Pozzoli y Héctor Colella, entonces presidente y vice de la empresa OCA, que habían sido agraviados por Cavallo durante esa tempestuosa interpelación.

La última interpelación

Con menos repercusión que las otras mencionadas, el último registro de una interpelación tiene como protagonista también a Cavallo, y data del 24 de abril de 1996, cuando el ministro de Economía fue convocado para dar detalles de las últimas medidas adoptadas en materia tributaria, luego de que los decretos sobre impuestos internos y un proyecto del Ejecutivo para prorrogar el Pacto Fiscal que obligaba a las provincias a dejar de cobrar esos tributos.

Tres meses después Cavallo dejó el ministerio. El embate contra Yabrán había sido un “parteaguas” para su gestión y duplicó sus enemigos internos y externos. Prueba, en definitiva, que las interpelaciones pueden dejar profundas marcas en los funcionarios que se someten a las mismas.