El interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria recibió a representantes gremiales de trabajadores de los medios públicos, con quienes se analizó la compleja situación generada con la intervención de Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos, la agencia de noticias Télam y el portal Educ.Ar, dispuesta por el Gobierno nacional.

Los legisladores, encabezados por José Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Juliana di Tullio, coincidieron con la representación sindical en expresar “la preocupación por la referida intervención que abre las puertas a una eventual privatización o al cierre de las empresas que integran el conglomerado mediático estatal”. 

La delegación sindical estuvo integrada por la secretaria General de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y trabajadora de la agencia Télam, Carla Gaudensi; el secretario General del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y trabajador de la TV Pública, Agustín Lecchi; y el delegado del Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) y personal de Contenidos Públicos Sociedad del Estado (que comprende al canal Encuentro, Paka -Paka y Deport TV), Christian Stauffacher.

También participaron de la reunión, que se realizó en la sala de reuniones del interbloque del segundo piso del Palacio Legislativo, los delegados de SIPREBA por Radio Nacional, Micaela Polak y Fernando Pedernera.  

De esta manera, el interbloque de UP continuó con la ronda de reuniones que viene teniendo con representantes de distintos sectores que se vieron afectados con las distintas decisiones del gobierno del presidente Javier Milei, como las dispuestas a través del DNU 70/23. 

La bancada peronista/kirchnerista -primera minoría del Senado- ya recibió a representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), de las dos CTA y de los movimientos sociales, a sindicalistas y empresarios del sector farmacéutico, así como referentes de las pequeñas y medianas empresas del país.

Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por Lidia Ascárate (UCR-Tucumán), presentaron un proyecto de ley para intervenir el Poder Judicial en Formosa. “En Formosa no hay división de poderes y para garantizar la forma republicana de gobierno, la independencia del Poder Judicial local y asegurar la recta administración de justicia, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional, es necesario declarar la intervención federal del Poder Judicial”, afirmó Ascárate.

“El proyecto de ley pide la intervención del Poder judicial de Formosa, como remedio excepcional federal, que ponga fin a una administración de Justicia signada por la falta de independencia y sometida a los designios del poder político, y los escándalos motivados por reiteradas violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo y la policía”, señaló.

No es la primera iniciativa que se presenta en ese sentido. De hecho, este proyecto tiene como antecedente el pedido realizado por la Coalición Cívica en enero pasado para intervenir por 180 días los poderes Ejecutivo y Judicial debido a supuestas violaciones de derechos humanos por parte de la administración formoseña.

“La existencia de un Poder Judicial sometido al Poder Ejecutivo, sumado a la abrupta mayoría en el Poder Legislativo que tiene el oficialismo, provoca que todos los hechos y prácticas que afectan garantías consagradas por la Constitución Nacional no tengan enjuiciamiento ni fiscalización alguna por parte del Poder Judicial de la Provincia, quedando los ciudadanos desprotegidos, y rehenes, ante las autoridades provinciales” afirmó la diputada tucumana.

La legisladora radiacl recordó que “hace tiempo venimos advirtiendo, con el respaldo de la ONU y la CIDH, sobre el fuerte deterioro institucional en la provincia, ello probablemente patentizado por hechos emblemáticos, como fueron los numerosos casos de violaciones a los Derechos Humanos que son de público conocimiento, que reflejan la profunda crisis provincial”.

“En este sentido, sostenemos que debemos buscar los elementos necesarios para que se encuentren los remedios institucionales que permitan resolver la situación que afecta gravemente a los formoseños. Y uno de esos remedios lo establece nuestra Constitución Nacional, y es la intervención federal”, manifestó la parlamentaria.

“Formosa es una tragedia en la vida institucional en la Argentina. Lleva aproximadamente tres décadas sometida a la voluntad de su gobernador Gildo Insfrán, con una elevada pobreza estructural y con serios cuestionamientos sobre el funcionamiento de sus instituciones”, concluyó Ascárate.

Acompañan la iniciativa los diputados José Cano, Gustavo Menna, Karina Banfi Hernán Berisso, Carla Carrizo, Soledad Carrizo, Álvaro de Lamadrid, Omar de Marchi, Carlos Fernández, Ximena García, Dolores Martínez, Roxana Reyes, José Riccardo y Waldo Wolf.

El Senado pospuso el tratamiento del DNU que anuló la intervención de Vicentin a raíz de la inesperada muerte del CEO de la empresa, Sergio Nardelli, este miércoles por la noche, a raíz de un infarto que padeció en su domicilio, en la ciudad santafesina de Reconquista.

La Cámara alta se disponía a tratar en la sesión de este jueves el DNU 636/20, por el cual del Poder Ejecutivo  derogó otro DNU, el 522/20, que dispuso la polémica intervención de la empresa cerealera.

Sin embargo, la sorpresiva muerte del empresario, a los 59 años, hizo postergar el debate sobre el tema, que prometía una fuerte discusión entre oposición y oficialismo.

El DNU que el Frente de Todos se aprestaba a convalidar cuenta con dictamen de validez de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, donde Juntos por el Cambio firmó un dictamen de minoría.

Luego que este viernes el juez Fabián Lorenzini, a cargo del tribunal Civil y Comercial de la localidad de Reconquista (Santa Fe), decida reponer en funciones al directorio de la empresa Vicentin y nombrar como simples veedores a los interventores del Gobierno, legisladores de Juntos por el Cambio celebraron el fallo judicial.

“El juez de Reconquista ha resuelto que la administración de la empresa Vicentin continúe en mano de sus accionistas y los ‘interventores’ del gobierno, lo hagan en calidad de veedores. Una señal de Justicia y Legalidad”, escribió en su cuenta de Twitter el jefe del interbloque opositor, el radical Mario Negri.

Por su parte, el santafesino Luciano Laspina (Pro) coincidió: “El juez acaba de resolver que la administración de la empresa Vicentin regrese a sus accionistas y que los actuales interventores del Poder Ejecutivo permanezcan en calidad de veedores. Un tiro para el lado de la Justicia y la legalidad”.

“Gol para la República. El juez de Reconquista frena el avance del kirchnerismo sobre la propiedad privada y limita a los interventores de Vicentin a cumplir funciones de veedores”, fue el mensaje del también santafesino Federico Angelini (Pro), quien además advirtió que “de todas formas, el partido no está terminado”.

En tanto, el mendocino Luis Petri (UCR) sostuvo que es “una sabia decisión de la Justicia, que restablece la vigencia de la ley de concursos y suprime la arbitraria intervención del Gobierno. Vicentin: el juez del concurso restituyó temporariamente al directorio original de la cerealera”.

También se manifestó la cordobesa Brenda Austin (UCR), quien habló de “una buena para el lado de la Justicia” y, al compartir el fallo del juez, enfatizó que “el camino no puede ser en la ilegalidad y la arbitrariedad. Una buena”.

“La Justicia resolvió que la administración de Vicentin regresa a sus accionistas. Los interventores sólo serán veedores. Sr. Presidente @alferdez intervenir una empresa privada por DNU es inconstitucional. Pídale perdón a la periodista @Cris_noticias”, expresó el mendocino Omar De Marchi (Pro).

Desde la Coalición Cívica, la bonaerense Mónica Frade remarcó: “Ahora que el juez de la causa Vicentin decidió que los ‘interventores’ del Poder CENTRAL solo quedan como ‘veedores controladores’ qué van a salir a decir…Lo anticipamos ayer que, estaban tergiversando la información judicial, para instalar lo que no es…”.

“Clara resolución de la Justicia determinando que la administración de Vicentin debe seguir en manos de sus accionistas. Un fallo que frena a Cristina Kirchner y el “vamos por todo” dejando sentado lo que sostuvimos: la empresa en él concurso es quién debe encauzar su crisis”, señaló el diputado nacional Álvaro de Lamadrid.

“Celebramos la decisión de la justicia, este es el camino”, señaló Gabriela Lena. “Buena noticia para la república”, agregaron por su parte las diputadas Claudia Najul y Ximena García.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron este martes una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández y todo su Gabinete por el supuesto delito de abuso de autoridad a través del DNU 522/20, que dispuso la intervención de la empresa Vicentín.

La denuncia fue firmada por los legisladores Federico Angelini, Waldo Wolff, Gisela Scaglia, Pablo Torello, Álvaro De Lamadrid, Luis Petri, Marcela Campagnoli, Jorge Enriquez, José Nuñez, Gonzalo del Cerro, Ximena García, Dina Rezinovsky, Lucila Leheman, Fernando Iglesias, Lidia Ascárate y Mónica Frade.

Los diputados de la oposición sostuvieron que “conforme la Constitución Nacional y la Ley de Quiebras 24.522, el Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada, cualquiera sea el estado de su patrimonio y el alcance de sus deudas”.

Los denunciantes invocaron el artículo 17 de la Carta Magna, que indica que “la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley”.

Asimismo, “el texto constitucional prohíbe al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales otorgar facultades extraordinarias por las cuales la fortuna de los argentinos quede a merced de persona o gobierno alguno”.

“En consecuencia, si el Congreso no puede otorgar esas facultades, obviamente no puede atribuírselas el Poder Ejecutivo por un Decreto de Necesidad y Urgencia, dado que no puede ir más allá de las atribuciones del Poder Legislativo y se estaría otorgando directamente las facultades prohibidas”, consideraron.

Por otra parte, “el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional dice que corresponde al Congreso Nacional dictar los códigos de fondo y la ley de bancarrotas -quiebras-, de manera que no puede modificarse el procedimiento pertinente por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, aún dentro de los denominados de Necesidad y Urgencia”.

Los diputados advirtieron además que “no existen circunstancias que, en los términos del artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, justifiquen la intromisión del Poder Ejecutivo en un procedimiento concursal, más que como parte, si tuviera un interés legítimo”.

Otro de los aspectos señalados es que “el Poder Ejecutivo tiene vedada toda posibilidad de intervención en el proceso de saneamiento o liquidación de la empresa, que está en manos del juez del concurso. El tribunal del concurso debe velar por los derechos de los acreedores y el patrimonio de la empresa, de modo que una decisión política de intervenirla, al margen de las decisiones del juez, además de violar el límite establecido en el artículo 109 de la Constitución Nacional, viola el debido proceso legal”.

Finalmente, apuntaron que “la decisión del Poder Ejecutivo Nacional viola el sistema republicano de gobierno” porque “invade potestades propias de la competencia judicial de la provincia de Santa Fe, donde está radicado el proceso concursal”.

En un comunicado firmado por sus autoridades, Juntos por el Cambio alertó que la intervención del Grupo Vicentín, anunciada este lunes por el Gobierno Nacional, “es ilegal e inconstitucional, desautoriza al Congreso y el Poder Judicial, da un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario, repite experiencias anteriores que nos terminaron costando muy caras a los argentinos (como las expropiaciones de YPF y Ciccone) y confirma que las amenazas recientes al final eran compartidas por el resto del frente oficialista”.

“En síntesis, es una medida innecesaria y peligrosa, de consecuencias impredecibles, que deteriora la confianza en el país y cierra la puerta a las inversiones necesarias para salir de la crisis generada por la pandemia”, advirtió la alianza opositora.

El texto fue firmado por los titulares de la UCR, Alfredo Cornejo; del Pro, Patricia Bullrich; y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, además de los diputados Mario Negri (UCR) y Cristian Ritondo (Pro), y los senadores Luis Naidenoff (UCR) y Humberto Schiavoni (Pro), además de Juan Carlos Romero, del Interbloque Federal.

A continuación, las cinco observaciones de Juntos por el Cambio:

1. El anuncio es ilegal y pasa por encima del Congreso y el Poder Judicial. El Estado sólo puede intervenir empresas con una ley del Congreso, que por ahora no existe. Eso convierte el anuncio en ilegal e inconstitucional. Para poder avanzar hoy, el Gobierno publica un DNU en el que crea la figura de “intervención estatal de empresas”, inexistente hasta hoy y que viola la propiedad privada consagrada en la Constitución. Además, pasa por encima de la autoridad del juez a cargo del concurso de acreedores del Grupo Vicentín, encargado de garantizar los derechos de los acreedores y deudores de la empresa.

2. Es el primer paso para romper el mercado de granos. Con la excusa de la “soberanía alimentaria”, un concepto rechazado por la OMC y la FAO de Naciones Unidas, la expropiación de Vicentín puede ser el primer paso del Gobierno para avanzar en una mayor regulación del mercado de granos, que funciona bien y es la principal fuente de divisas del país. Quién sabe si su ambición final no es volver a una Junta Nacional de Granos, el viejo anhelo de una parte de la coalición oficialista.

3. Usa un modelo que ya fracasó y que nos costó carísimo. El kirchnerismo ya hizo esto con empresas como YPF, Ciccone, Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas, a las que expropió por decreto con un discurso triunfalista y por las que después los argentinos tuvimos que pagar miles de millones de dólares en juicios y haciéndonos cargo de sus pérdidas. Con Vicentín va a pasar lo mismo. Es una empresa que tenía problemas y deudas cuya responsabilidad era de sus accionistas. Ahora esos problemas y esas deudas son de todos los argentinos.

4. Empresas en problemas por la cuarentena corren el mismo riesgo. Si la excusa para expropiar Vicentín es que estaba en problemas, ¿qué seguridad tienen las miles de empresas argentinas hoy al borde de la supervivencia por las restricciones impuestas durante el aislamiento social obligatorio? Después de lo de hoy, cualquier empresa tiene razones para sospechar que cualquier ayuda estatal podrá ser usada en su contra en el futuro cercano.

5. Lo que nos venían adelantando  algunas “mentes avezadas” kirchneristas hoy es una realidad  y verdad. El anuncio de hoy muestra una clara intención de avanzar con la participación estatal en empresas, a pesar de haber sido desmentida por el presidente Fernández en Formosa. Hoy nadie dijo el famoso “¡exprópiese!” chavista, pero la oposición y la ciudadanía debemos  estar en pie de alerta.