Los diputados nacionales del Frente de Izquierda, Romina del Pla, Néstor Pitrola, Nicolás del Caño y Myriam Bregman, presentaron un proyecto de resolución repudiando la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

“Repudiamos la agresión política y militar del imperialismo yanqui contra Venezuela, expresada en el bombardeo de distintos puntos del territorio venezolano, el secuestro de Maduro y su esposa, y los anuncios de Trump de que ‘gobernará’ el país”, expresaron.

Además, denunciaron que la intervención “tiene el objetivo de saquear los recursos naturales, especialmente el petróleo, y reforzar la injerencia imperialista en toda América Latina, en consonancia con el denominado ‘corolario Trump’ de la Doctrina Monroe. Por eso también repudiamos las amenazas contra Colombia, México y Cuba, en donde seguimos exigiendo el cese del bloque económico”.

“Repudiamos también el respaldo del gobierno nacional de Javier Milei a esta gravísima agresión imperialista en la región”, apuntaron y sumaron: “Llamamos al conjunto de los trabajadores y el pueblo de Argentina y de toda América Latina a ponerse de pie, y nos sumamos al planteo de un paro continental contra esta ofensiva. ¡Fuera yanquis de Venezuela y de América Latina!”.

En la iniciativa solicitaron el “cese inmediato del ataque militar y el retiro de los buques, tropas y todo el despliegue militar, por constituir una amenaza directa contra la región y la autodeterminación de los pueblos”. En esa línea, exigieron el “levantamiento de las sanciones económicas, financieras y comerciales impuestas contra Venezuela, así como el fin del bloqueo aéreo y naval”.

Con la bancada del @FdeIzquierda en el Congreso Nacional, junto a @nestorpitrola @myriambregman @NicolasdelCano, presentamos un proyecto para repudiar la agresión política y militar del imperialismo yanqui contra Venezuela, expresada en el bombardeo de distintos puntos del… pic.twitter.com/x7JKHboGWH

— Romina Del Plá (@RominaDelPla) January 6, 2026

La interna de La Libertad Avanza (LLA) en San Luis estalló tras la decisión de la conducción nacional del partido de intervenir el distrito puntano, medida que fue avalada por la jueza federal con competencia electoral, María Servini. El diputado nacional Carlos González D’Alessandro, principal referente libertario en la provincia, calificó la intervención como un “atropello” y lanzó duras críticas contra Eduardo “Lule” Menem y el gobernador puntano Claudio Poggi.

La intervención fue impulsada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien acusó a D’Alessandro de “inconducta partidaria” por haber difundido un video en redes sociales en el que se manifestaba en contra de los candidatos oficializados por la alianza nacional para las elecciones del 26 de octubre. En ese marco, se designó a Diego Manuel Vartabedian como interventor por el plazo de un año.

D’Alessandro, que había presentado una lista propia encabezada por él mismo, denunció que se intentó imponer una nómina de candidatos vinculados al gobernador Poggi, entre ellos la exministra Mónica Becerra. “La libertad no se interviene, se defiende. San Luis no será rehén de pactos con Poggi ni con la vieja política”, expresó en un comunicado difundido en redes sociales.

El legislador libertario también dejó entrever una posible ruptura con el bloque oficialista en el Congreso: “Si a mí me intervienen la provincia, mañana estoy en otro bloque. Vine a cambiar San Luis y no para hacerle el caldo gordo a Lule. Si quieren que me pare de manos, lo hago”, declaró en Radio Delta.

El legislador puntano dijo reafirmar, inspirado en el presidente Milei que. “No vinimos a ser parte de la casta, vinimos a terminar con ella. No nos someteremos a pactos espurios con Poggi ni con ningún gobernador de turno. La única autoridad legítima de este movimiento en San Luis es la que emana de su Congreso partidario y de su militancia”.

Y cerró convocando a todos los sanluiseños a “permanecer firmes y unidos. Esta intervención no nos debilita: nos fortalece. Porque la causa de la libertad es más grande que cualquier maniobra de la política tradicional”.

*En defensa de la libertad y de la autonomía de San Luis*

El Partido La Libertad Avanza de San Luis rechaza categóricamente la decisión de intervención dispuesta por Eduardo “Lule” Menem.

Esta medida es un atropello directo a la voluntad democrática de nuestros afiliados,…

— Carlos D'Alessandro (@_cdalessandro) August 18, 2025

El senador nacional Francisco Paoltroni reclamó este lunes, tras las elecciones en Formosa, que el presidente Javier Milei y el Congreso deben avanzar en la intervención de la provincia, gobernada desde 1995 por Gildo Insfrán, cuyo frente se impuso en los comicios locales con el 67% de los votos.

"Desde hace 30 años la república está muerta en la provincia de Formosa, lamentable y tristemente hay un sector de la población que no son ciudadanos, son habitantes a los que llevan a votar, le meten en el bolsillo la boleta que tienen que poner y una bolsa de mercadería", denunció el legislador, que compitió por el Frente Amplio Formoseño, que se ubicó en segundo lugar con el 21%.

Luego que el peronismo liderado por Insfrán obtuviera una nueva contundente victoria, clave para el dominio de la Legislatura local y la mayoría de los convencionales constituyentes que definirán sobre la reelección indefinida en la Carta Magna -algo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el año pasado-, Paoltroni aseguró que "instauraron un modelo de pobreza que no tiene fin".

"Hay que intervenir la provincia. Es la única manera, no hay ciudadanía, el pueblo formoseño está secuestrado", enfatizó y señaló que desde la oposición "hemos estado haciendo todo lo humanamente posible, exponiendo en los medios lo que pasa en Formosa".

El exintegrante de La Libertad Avanza consideró que "el Congreso va a votar lo que le diga el presidente (Javier) Milei", por eso "el presidente tiene que levantar el dedo e intervenir, porque no se cumple con la forma republicana de gobierno".

"La Corte ya dijo que se burló el sistema republicano y tenemos un gobernador ilegítimo", apuntó sobre el fallo del máximo tribunal de fines de 2024.

En declaraciones a radio Rivadavia, el formoseño insistió: "¿De quién es la responsabilidad de terminar con esta trampa? Del Ejecutivo nacional y los legisladores nacionales". "Hay que presionar para que los funcionarios cumplan con su deber", agregó y resaltó que esto se aprueba por "mayoría simple".

En otro tramo de la entrevista, lamentó: "El problema es que se nos van los jóvenes, se nos fueron la mitad de los que fueron fiscales a otras provincias, van a buscar progreso a otro lugar, entonces ni siquiera tenemos recambio generacional".

El bloque Frente de Izquierda, encabezados por la diputada nacional Vanina Biasi, presentó un proyecto para anular el DNU 34/2025 por medio de la cual se “ataca la organización sindical de los trabajadores y trabajadoras dentro del Estado, imponiendo una intromisión absolutamente improcedente del Estado en la regulación de las elecciones y la representación sindical”.

La resolución fue publicada en el Boletín Oficial el pasado 21 de mayo por parte del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, firmada por el secretario Maximiliano Matías Narciso Fariña.

Entre los argumentos, señalaron que se trata de una nueva “medida anti obrera” que adoptó el Gobierno que supone “el absoluto control por parte de ese ente respecto de la convocatoria de elecciones sindicales y de quién puede o no ser representante de sus compañeras y compañeros. Para esto, establece toda una serie de procedimientos mediante los cuales centraliza la nómina completa de las personas que se postulen en los comicios de alguno de los gremios estatales”.

“El DNU tiene como propósito disminuir la cantidad de personas protegidas por tutela gremial frente a nuevos despidos”, denunciaron y precisaron que “plantea la confección de un registro de juicios en los que se invoca tutela gremial. En otras palabras, el Gobierno no quiere dejar flanco alguno para sus nuevas tandas de despidos masivos que, en su plan, no deberían sufrir obstáculos ni en la justicia ni en ningún lado”.

“El registro centralizado de delegados de la administración pública nacional, por su parte, será armado con instrucciones detalladas para reducir la cantidad de delegados admitidos como válidos. La pretensión patronal llegaría hasta el impedimento completo de las elecciones, si la organización no reúne afiliaciones por un mínimo del 10% de la planta de empleados. Así, el gobierno, o sea la patronal, se reserva el derecho a definir todo lo referido a la organización de sus trabajadores”, manifestaron.

Por último, alertaron que desde el Gobierno “aman al Estado y sus normas como instrumento para reprimir y reventar a los trabajadores y trabajadoras. También vale destacar que la resolución se apoya en normas establecidas por gobiernos previos, tanto el macrista como el de Kirchner”.

La resolución 34/2025 de Milei es una intervención directa contra la organización de les trabajadores del Estado. Quieren designar a dedo a nuestros delegados, controlar las elecciones y vaciar los sindicatos. Esto es fascismo antiobrero maquillado de “desregulación”.

Por eso,… pic.twitter.com/X1IhRTXYWn

— Vanina Biasi (@vaninabiasi) May 29, 2025

El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria en la legislatura bonaerense, Facundo Tignanelli, repudió este viernes en Radio 10 las declaraciones de Javier Milei. El presidente de la Nación había solicitado la renuncia del gobernador y propuesto la intervención de la Provincia de Buenos Aires.

Tignanelli calificó estos dichos como un ataque al federalismo y la democracia. Planteó además la necesidad de que el Poder Ejecutivo Nacional le devuelva a la provincia los fondos destinados a seguridad: “Lo que planteó el gobernador y plantea el peronismo de la provincia de Buenos Aires es la restitución de los fondos a la provincia de Buenos Aires de más de 700 mil millones que claramente están destinados a poder paliar este problema”.

Ante estas irresponsables declaraciones por parte del presidente, el diputado provincial invitó a todo el arco político a pronunciarse al respecto: “La dirigencia política, gremial, el periodismo y todos aquellos que tienen algún grado de participación en la opinión pública tienen que repudiar esos dichos”

Al ser consultado por las palabras de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich -quien había indicado que solo enviarían ayuda a la provincia si el gobernador Kicillof renunciaba-, Tignanelli expresó: “El odio que este Gobierno nacional tiene con los y las bonaerenses es terrible. Nace de que el presidente no fue elegido allí en ninguno de los tres turnos electorales y entonces se la agarra con los y las bonaerenses”.

También respaldó la solicitud del gobernador bonaerense para trabajar en conjunto con el gobierno nacional: “Sobre el tema Seguridad, el gobernador planteó claramente que necesita poder coordinar las políticas en conjunto y ellos le dan la espalda diciendo que no van a coordinar ninguna política. Ese es el problema definitivo”.

El diputado nacional Florencio Randazzo (Encuentro Federal) se metió en medio de la interna entre el presidente Javier Milei y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y les pidió que “sean serios y trabajen en soluciones de una vez”.

En medio de la ola de inseguridad que azota la provincia, Milei planteó la posibilidad de intervenir la provincia y le pidió la renuncia a Kicillof, lo que generó una ola de repercusiones.

Entre ellas, la de Randazzo quien apuntó: “Nada más kirchnerista que echarle la culpa al otro. Hace 5 años que Kicillof es gobernador y la inseguridad está peor que con Scioli. Nos siguen mintiendo en la cara. Córtenla con el chamuyo y pónganse a laburar”.

“Ojalá los kirchneristas se indignaran tanto con la inseguridad como se indignan conmigo por decir lo que pensamos los bonaerenses. Si pusieran la misma energía en exigir soluciones, en vez de defender lo indefendible, quizá las cosas serían distintas”, planteó.

En otro posteo, el exministro de Cristina Kirchner criticó: “Salís a la calle sin saber si volvés a tu casa, pero los que gobiernan el país y la provincia siguen en su guerrita política. Piden renuncias, se tiran comunicados, se chicanean… mientras se pierden vidas. Sean serios y trabajen en soluciones de una vez”.

El bloque de senadores y de diputados de Unión por la Patria, conducidos por José Mayans y Germán Martínez respectivamente, expresaron su repudio y rechazo a la embestida del presidente Javier Milei contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con el pedido de renuncia y de intervención de la provincia en medio de la ola de inseguridad.

A través de un comunicado, el interbloque de senadores planteó que la embestida del presidente hacia Kicillof y los bonaerenses “es un claro desconocimiento de la Constitución Nacional, del federalismo y que representa un acto de profunda gravedad institucional”.

“Milei vuelve a mostrar su desprecio por las normas, las instituciones, la democracia y la voluntad popular, y utiliza el dolor de las familias de víctimas de hechos delictivos con fines políticos electoralistas y así pedir la renuncia de un gobernador legítimamente electo, y promover la intervención de la provincia. Pero no se hace cargo de la quita de fondos y de la falta de asistencia nacional a las provincias”, denunciaron.

En ese sentido, manifestaron que “se trata de una maniobra más para tapar su complicada situación en la mega estafa a nivel mundial con una criptomonedas, de la cual hasta ahora no dio ningún tipo de explicación”.

Así, recordaron que cuando estalló el escándalo del caso Kueider (el ahora exsenador detenido en Paraguay con 200 mil dólares sin declarar), “se lo intentó tapar y buscó tomar distancia de ese hecho”. “Ahora, vuelve a comportarse de manera autoritaria y con su habitual estilo vociferante hace semejante acto. Mientras tanto, Milei impide el tratamiento del Presupuesto Nacional y el control de la deuda pública en el Congreso. Además, designa en comisión y por decreto a dos jueces de la Corte Suprema, en una maniobra claramente inconstitucional”, acusaron.

Además, plantearon que “restringe la labor de los periodistas acreditados en el Parlamento para la cobertura de la inauguración de las sesiones ordinarias. Incluso, ese acto institucional que siempre se realizó de día y de cara al pueblo, Milei lo hace casi a escondidas y de noche, para evitar la protesta social”.

“En tanto, el presidente y su hermana, Karina Milei, evitan dar explicaciones sobre sus respectivas participaciones en el escándalo de la criptomonedas $Libra. Queda claro que Milei elige un camino cada vez más autoritario, quiere gobernar por decreto, y busca la anuencia de jueces adictos y legisladores comprados”, remataron el texto.

Por su parte, el comunicado del bloque de diputados expresa: “Rechazamos y repudiamos las recientes expresiones del presidente de la Nación Javier Milei. Son de una enorme gravedad institucional”, y agregaron: “Hoy, el destinatario de su autoritarismo es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con quién nos solidarizamos”.

Para la bancada que conduce Martínez “el problema de Milei es más de fondo: descalifica a todo el que piensa distinto y desprecia el federalismo”.

“Hoy, pide la renuncia de un gobernador y amenaza con la intervención de una provincia. Pero esta violencia tuvo antes a otros gobernadores como destinatarios. Si no le ponemos freno seguramente tendrán otras víctimas en el futuro”, advirtieron.

Así, le recordaron al presidente que “fue elegido para gestionar la resolución de los problemas de las y los argentinos. Eso implica dialogar y articular con todos los gobernadores e intendentes, que fueron elegidos por la voluntad popular”.

“A Milei no lo eligieron para hacer politiquería barata con temas de enorme sensibilidad. Queremos un presidente que se ponga codo a codo con otros dirigentes, para aportar recursos institucionales y solucionar los problemas”, exigieron y calificaron: “Ya tenemos un presidente estafador. Y no nos gusta. No queremos un presidente carancho”.

“Esto tiene una gravedad institucional muy importante, avanzar sobre la autonomía de una provincia es gravísimo; la obligación de un presidente es trabajar con todos los gobernadores, más allá de cómo piensen", sostuvo el titular de la Cámara baja bonaerense Alexis Guerrera.

El mensaje que el presidente expuso a través de sus red de comunicación, donde pidió la renuncia del gobernador Axel Kicillof, generó un amplio repudio del arco político. "Hace un año atrás los bonaerenses elegimos a Axel Kicillof por cuatro años más. Es un avasallamiento no solo a la autonomía de la Provincia, sino a la voluntad popular", añadió el dirigente del Frente Renovador en declaraciones radiales.

"La Provincia de Buenos Aires es la más importante de la Argentina. A los bonaerenses nos tiene que molestar muchísimo que el presidente, de manera carroñera, haciendo uso de un hecho atroz como el que pasó", expuso el legislador.

En su análisis, Alexis Guerrera evaluó que con este mensaje el presidente de la Nación busca desviar la atención no solo del caso relacionado a una presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA, sino también con la situación de la economía y las políticas de impacto en la Provincia.

"Me parece que tiene que ver con esta actitud del presidente de instalar nuevas peleas y distraer lo que pasa nuestra sociedad con la pérdida del poder adquisitivo y cómo se van complicando los entramados sociales. Hacerlo contra el gobernador es más que simbólico, porque se ha puesto a discutir las políticas públicas nacionales y contar cómo impactan en el presente y cómo lo harán en el futuro", cerró.

El interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria recibió a representantes gremiales de trabajadores de los medios públicos, con quienes se analizó la compleja situación generada con la intervención de Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos, la agencia de noticias Télam y el portal Educ.Ar, dispuesta por el Gobierno nacional.

Los legisladores, encabezados por José Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Juliana di Tullio, coincidieron con la representación sindical en expresar “la preocupación por la referida intervención que abre las puertas a una eventual privatización o al cierre de las empresas que integran el conglomerado mediático estatal”. 

La delegación sindical estuvo integrada por la secretaria General de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y trabajadora de la agencia Télam, Carla Gaudensi; el secretario General del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y trabajador de la TV Pública, Agustín Lecchi; y el delegado del Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) y personal de Contenidos Públicos Sociedad del Estado (que comprende al canal Encuentro, Paka -Paka y Deport TV), Christian Stauffacher.

También participaron de la reunión, que se realizó en la sala de reuniones del interbloque del segundo piso del Palacio Legislativo, los delegados de SIPREBA por Radio Nacional, Micaela Polak y Fernando Pedernera.  

De esta manera, el interbloque de UP continuó con la ronda de reuniones que viene teniendo con representantes de distintos sectores que se vieron afectados con las distintas decisiones del gobierno del presidente Javier Milei, como las dispuestas a través del DNU 70/23. 

La bancada peronista/kirchnerista -primera minoría del Senado- ya recibió a representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), de las dos CTA y de los movimientos sociales, a sindicalistas y empresarios del sector farmacéutico, así como referentes de las pequeñas y medianas empresas del país.

Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por Lidia Ascárate (UCR-Tucumán), presentaron un proyecto de ley para intervenir el Poder Judicial en Formosa. “En Formosa no hay división de poderes y para garantizar la forma republicana de gobierno, la independencia del Poder Judicial local y asegurar la recta administración de justicia, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional, es necesario declarar la intervención federal del Poder Judicial”, afirmó Ascárate.

“El proyecto de ley pide la intervención del Poder judicial de Formosa, como remedio excepcional federal, que ponga fin a una administración de Justicia signada por la falta de independencia y sometida a los designios del poder político, y los escándalos motivados por reiteradas violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo y la policía”, señaló.

No es la primera iniciativa que se presenta en ese sentido. De hecho, este proyecto tiene como antecedente el pedido realizado por la Coalición Cívica en enero pasado para intervenir por 180 días los poderes Ejecutivo y Judicial debido a supuestas violaciones de derechos humanos por parte de la administración formoseña.

“La existencia de un Poder Judicial sometido al Poder Ejecutivo, sumado a la abrupta mayoría en el Poder Legislativo que tiene el oficialismo, provoca que todos los hechos y prácticas que afectan garantías consagradas por la Constitución Nacional no tengan enjuiciamiento ni fiscalización alguna por parte del Poder Judicial de la Provincia, quedando los ciudadanos desprotegidos, y rehenes, ante las autoridades provinciales” afirmó la diputada tucumana.

La legisladora radiacl recordó que “hace tiempo venimos advirtiendo, con el respaldo de la ONU y la CIDH, sobre el fuerte deterioro institucional en la provincia, ello probablemente patentizado por hechos emblemáticos, como fueron los numerosos casos de violaciones a los Derechos Humanos que son de público conocimiento, que reflejan la profunda crisis provincial”.

“En este sentido, sostenemos que debemos buscar los elementos necesarios para que se encuentren los remedios institucionales que permitan resolver la situación que afecta gravemente a los formoseños. Y uno de esos remedios lo establece nuestra Constitución Nacional, y es la intervención federal”, manifestó la parlamentaria.

“Formosa es una tragedia en la vida institucional en la Argentina. Lleva aproximadamente tres décadas sometida a la voluntad de su gobernador Gildo Insfrán, con una elevada pobreza estructural y con serios cuestionamientos sobre el funcionamiento de sus instituciones”, concluyó Ascárate.

Acompañan la iniciativa los diputados José Cano, Gustavo Menna, Karina Banfi Hernán Berisso, Carla Carrizo, Soledad Carrizo, Álvaro de Lamadrid, Omar de Marchi, Carlos Fernández, Ximena García, Dolores Martínez, Roxana Reyes, José Riccardo y Waldo Wolf.

El Senado pospuso el tratamiento del DNU que anuló la intervención de Vicentin a raíz de la inesperada muerte del CEO de la empresa, Sergio Nardelli, este miércoles por la noche, a raíz de un infarto que padeció en su domicilio, en la ciudad santafesina de Reconquista.

La Cámara alta se disponía a tratar en la sesión de este jueves el DNU 636/20, por el cual del Poder Ejecutivo  derogó otro DNU, el 522/20, que dispuso la polémica intervención de la empresa cerealera.

Sin embargo, la sorpresiva muerte del empresario, a los 59 años, hizo postergar el debate sobre el tema, que prometía una fuerte discusión entre oposición y oficialismo.

El DNU que el Frente de Todos se aprestaba a convalidar cuenta con dictamen de validez de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, donde Juntos por el Cambio firmó un dictamen de minoría.

Luego que este viernes el juez Fabián Lorenzini, a cargo del tribunal Civil y Comercial de la localidad de Reconquista (Santa Fe), decida reponer en funciones al directorio de la empresa Vicentin y nombrar como simples veedores a los interventores del Gobierno, legisladores de Juntos por el Cambio celebraron el fallo judicial.

"El juez de Reconquista ha resuelto que la administración de la empresa Vicentin continúe en mano de sus accionistas y los 'interventores' del gobierno, lo hagan en calidad de veedores. Una señal de Justicia y Legalidad", escribió en su cuenta de Twitter el jefe del interbloque opositor, el radical Mario Negri.

Por su parte, el santafesino Luciano Laspina (Pro) coincidió: "El juez acaba de resolver que la administración de la empresa Vicentin regrese a sus accionistas y que los actuales interventores del Poder Ejecutivo permanezcan en calidad de veedores. Un tiro para el lado de la Justicia y la legalidad".

"Gol para la República. El juez de Reconquista frena el avance del kirchnerismo sobre la propiedad privada y limita a los interventores de Vicentin a cumplir funciones de veedores", fue el mensaje del también santafesino Federico Angelini (Pro), quien además advirtió que "de todas formas, el partido no está terminado".

En tanto, el mendocino Luis Petri (UCR) sostuvo que es "una sabia decisión de la Justicia, que restablece la vigencia de la ley de concursos y suprime la arbitraria intervención del Gobierno. Vicentin: el juez del concurso restituyó temporariamente al directorio original de la cerealera".

También se manifestó la cordobesa Brenda Austin (UCR), quien habló de "una buena para el lado de la Justicia" y, al compartir el fallo del juez, enfatizó que "el camino no puede ser en la ilegalidad y la arbitrariedad. Una buena".

"La Justicia resolvió que la administración de Vicentin regresa a sus accionistas. Los interventores sólo serán veedores. Sr. Presidente @alferdez intervenir una empresa privada por DNU es inconstitucional. Pídale perdón a la periodista @Cris_noticias", expresó el mendocino Omar De Marchi (Pro).

Desde la Coalición Cívica, la bonaerense Mónica Frade remarcó: "Ahora que el juez de la causa Vicentin decidió que los 'interventores' del Poder CENTRAL solo quedan como 'veedores controladores' qué van a salir a decir…Lo anticipamos ayer que, estaban tergiversando la información judicial, para instalar lo que no es…".

“Clara resolución de la Justicia determinando que la administración de Vicentin debe seguir en manos de sus accionistas. Un fallo que frena a Cristina Kirchner y el "vamos por todo" dejando sentado lo que sostuvimos: la empresa en él concurso es quién debe encauzar su crisis”, señaló el diputado nacional Álvaro de Lamadrid.

“Celebramos la decisión de la justicia, este es el camino”, señaló Gabriela Lena. “Buena noticia para la república”, agregaron por su parte las diputadas Claudia Najul y Ximena García.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron este martes una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández y todo su Gabinete por el supuesto delito de abuso de autoridad a través del DNU 522/20, que dispuso la intervención de la empresa Vicentín.

La denuncia fue firmada por los legisladores Federico Angelini, Waldo Wolff, Gisela Scaglia, Pablo Torello, Álvaro De Lamadrid, Luis Petri, Marcela Campagnoli, Jorge Enriquez, José Nuñez, Gonzalo del Cerro, Ximena García, Dina Rezinovsky, Lucila Leheman, Fernando Iglesias, Lidia Ascárate y Mónica Frade.

Los diputados de la oposición sostuvieron que “conforme la Constitución Nacional y la Ley de Quiebras 24.522, el Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada, cualquiera sea el estado de su patrimonio y el alcance de sus deudas”.

Los denunciantes invocaron el artículo 17 de la Carta Magna, que indica que “la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley”.

Asimismo, “el texto constitucional prohíbe al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales otorgar facultades extraordinarias por las cuales la fortuna de los argentinos quede a merced de persona o gobierno alguno”.

“En consecuencia, si el Congreso no puede otorgar esas facultades, obviamente no puede atribuírselas el Poder Ejecutivo por un Decreto de Necesidad y Urgencia, dado que no puede ir más allá de las atribuciones del Poder Legislativo y se estaría otorgando directamente las facultades prohibidas”, consideraron.

Por otra parte, “el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional dice que corresponde al Congreso Nacional dictar los códigos de fondo y la ley de bancarrotas -quiebras-, de manera que no puede modificarse el procedimiento pertinente por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, aún dentro de los denominados de Necesidad y Urgencia”.

Los diputados advirtieron además que “no existen circunstancias que, en los términos del artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, justifiquen la intromisión del Poder Ejecutivo en un procedimiento concursal, más que como parte, si tuviera un interés legítimo”.

Otro de los aspectos señalados es que “el Poder Ejecutivo tiene vedada toda posibilidad de intervención en el proceso de saneamiento o liquidación de la empresa, que está en manos del juez del concurso. El tribunal del concurso debe velar por los derechos de los acreedores y el patrimonio de la empresa, de modo que una decisión política de intervenirla, al margen de las decisiones del juez, además de violar el límite establecido en el artículo 109 de la Constitución Nacional, viola el debido proceso legal”.

Finalmente, apuntaron que “la decisión del Poder Ejecutivo Nacional viola el sistema republicano de gobierno” porque “invade potestades propias de la competencia judicial de la provincia de Santa Fe, donde está radicado el proceso concursal”.

En un comunicado firmado por sus autoridades, Juntos por el Cambio alertó que la intervención del Grupo Vicentín, anunciada este lunes por el Gobierno Nacional, “es ilegal e inconstitucional, desautoriza al Congreso y el Poder Judicial, da un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario, repite experiencias anteriores que nos terminaron costando muy caras a los argentinos (como las expropiaciones de YPF y Ciccone) y confirma que las amenazas recientes al final eran compartidas por el resto del frente oficialista”.

“En síntesis, es una medida innecesaria y peligrosa, de consecuencias impredecibles, que deteriora la confianza en el país y cierra la puerta a las inversiones necesarias para salir de la crisis generada por la pandemia”, advirtió la alianza opositora.

El texto fue firmado por los titulares de la UCR, Alfredo Cornejo; del Pro, Patricia Bullrich; y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, además de los diputados Mario Negri (UCR) y Cristian Ritondo (Pro), y los senadores Luis Naidenoff (UCR) y Humberto Schiavoni (Pro), además de Juan Carlos Romero, del Interbloque Federal.

A continuación, las cinco observaciones de Juntos por el Cambio:

1. El anuncio es ilegal y pasa por encima del Congreso y el Poder Judicial. El Estado sólo puede intervenir empresas con una ley del Congreso, que por ahora no existe. Eso convierte el anuncio en ilegal e inconstitucional. Para poder avanzar hoy, el Gobierno publica un DNU en el que crea la figura de “intervención estatal de empresas”, inexistente hasta hoy y que viola la propiedad privada consagrada en la Constitución. Además, pasa por encima de la autoridad del juez a cargo del concurso de acreedores del Grupo Vicentín, encargado de garantizar los derechos de los acreedores y deudores de la empresa.

2. Es el primer paso para romper el mercado de granos. Con la excusa de la “soberanía alimentaria”, un concepto rechazado por la OMC y la FAO de Naciones Unidas, la expropiación de Vicentín puede ser el primer paso del Gobierno para avanzar en una mayor regulación del mercado de granos, que funciona bien y es la principal fuente de divisas del país. Quién sabe si su ambición final no es volver a una Junta Nacional de Granos, el viejo anhelo de una parte de la coalición oficialista.

3. Usa un modelo que ya fracasó y que nos costó carísimo. El kirchnerismo ya hizo esto con empresas como YPF, Ciccone, Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas, a las que expropió por decreto con un discurso triunfalista y por las que después los argentinos tuvimos que pagar miles de millones de dólares en juicios y haciéndonos cargo de sus pérdidas. Con Vicentín va a pasar lo mismo. Es una empresa que tenía problemas y deudas cuya responsabilidad era de sus accionistas. Ahora esos problemas y esas deudas son de todos los argentinos.

4. Empresas en problemas por la cuarentena corren el mismo riesgo. Si la excusa para expropiar Vicentín es que estaba en problemas, ¿qué seguridad tienen las miles de empresas argentinas hoy al borde de la supervivencia por las restricciones impuestas durante el aislamiento social obligatorio? Después de lo de hoy, cualquier empresa tiene razones para sospechar que cualquier ayuda estatal podrá ser usada en su contra en el futuro cercano.

5. Lo que nos venían adelantando  algunas “mentes avezadas” kirchneristas hoy es una realidad  y verdad. El anuncio de hoy muestra una clara intención de avanzar con la participación estatal en empresas, a pesar de haber sido desmentida por el presidente Fernández en Formosa. Hoy nadie dijo el famoso “¡exprópiese!” chavista, pero la oposición y la ciudadanía debemos  estar en pie de alerta.