Stolbizer presentó un paquete de proyectos sobre apoyo a las PyMEs, fomento al empleo y conflictos de intereses

La diputada de Hacemos Coalición Federal señaló que tomó como base “algunos temas que habían sido propuestos por el Poder Ejecutivo y que han sido adaptados”. 

En el marco de los debates sobre el rol del Congreso y la necesidad de construir consensos sobre aquellos temas que contribuyan a un programa de crecimiento y desarrollo, la diputada nacional Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal) presentó un conjunto de proyectos de apoyo y fomento a las pequeñas y medianas empresas.

“Se han tomado de base algunos de los temas que habían sido propuestos por el Poder Ejecutivo y que han sido adaptados para que su implementación no esté solamente dirigida a promover incentivos para las grandes inversiones, sino que deberían, prioritariamente, ayudar a empresas nacionales pequeñas y medianas, que generan puestos de trabajo y agregan valor”, sostuvo. 

Atendiendo al objetivo de modernización, digitalización y mayor eficiencia en el Estado, se propone crear una Cuenta Corriente Única Fiscal (CCUF) para todos los contribuyentes que cuenten con CUIT y tiene por objeto evitar que deban cumplir obligaciones de pago ante la AFIP cuando al mismo tiempo son acreedores de saldos ante ese mismo ente recaudador. Se trata de compensar créditos y débitos de los contribuyentes con la AFIP, facilitando el cumplimiento fiscal, evitando moras, recargos o deudas acumuladas. “Garantiza un mecanismo más equitativo y justo en el sistema tributario”, aseguró.

Asimismo, en otro proyecto se promueve la creación de un Régimen de Incentivo para Inversiones Productivas (RIIP), mediante el cual aquellos que cumplan determinados requisitos y destinen al menos tres cuartas partes de sus ganancias para reinvertir en actividades industriales en el país, recibirán una serie de beneficios impositivos y de tutela y certidumbre por considerar que aportan al interés nacional. 

Los objetivos del régimen son: reinversión de utilidades en actividades productivas, promover el desarrollo económico, mejorar y fortalecer la competitividad en distintos sectores económicos, favorecer la creación de empleo, generar condiciones de estabilidad y previsibilidad y crear un vínculo virtuoso entre el sector público y privado. 

Por otro lado, el tercer proyecto facilita a un trabajador independiente la posibilidad de asociación con otros trabajadores también independientes para enfrentar dificultades y crear condiciones más favorables para un mercado laboral formal y para el desarrollo de emprendimientos productivos. Se trata de un sistema basado en la autonomía que no crea vínculos de dependencia. 

“Debemos apuntar a un Estado más moderno, dinámico, eficiente, que aliente al inversor, lo apoye y facilite su accionar para contribuir a mejorar las condiciones de empleabilidad. Ese Estado también requiere una revisión hacia el interior de su funcionamiento. O sea, deberá asegurar el mejor rendimiento en el marco de la más absoluta transparencia. Para eso se requieren normas y procedimientos que apunten tanto a la prevención, como la reglamentación y sanción de la corrupción y de todas las conductas que puedan afectar la confianza social en las instituciones”, explicó la legisladora.

Además, enfatizó que para ello impulsa “una reforma integral al tema de los conflictos de intereses de los funcionarios públicos, de tal manera de salvaguardar cualquier duda o sospecha sobre la afectación que el interés público y social cuando quedan enfrentados con los intereses particulares de aquellos que toman las decisiones”.

El proyecto para prevenir, reglamentar y sancionar los conflictos de intereses toma como base la Ley Nacional de Ética Pública (25.188), así como otras normas de la Oficina Anticorrupción y los modelos internacionales relacionados de la aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la cual la República Argentina es parte. 

Define el conflicto de interés como “toda situación en la cual el interés general de la función que se ejerce pudiera verse influido por su interés propio, laboral, profesional, económico o financiero, o el de personas físicas o jurídicas estrechamente vinculadas”. 

“Demasiados ejemplos tenemos en el país sobre los abusos cometidos en el ejercicio de las funciones públicas y de qué manera ello ha afectado la credibilidad pública y el funcionamiento de la democracia. Se trata de restablecer desde la ejemplaridad, un vínculo entre el funcionario político, público y la sociedad basado en la confianza. Para ello, la transparencia no será considerada como un objetivo en sí mismo, pero sí como una cualidad imprescindible de la gestión para el buen gobierno”, subrayó Stolbizer. 

 

El ministro de Infraestructura defendió la ley ómnibus porque “es un acelerador de la toma de inversiones”

Guillermo Ferraro planteó: “Venimos a cambiar el sistema de estructuras”. También se refirió al IVA: “Como el espíritu es devolver el IVA entonces directamente no lo cobramos”. Además, propuso la “eliminación de todo tipo de restricción a la importación y exportación”.

El titular de la cartera de Infraestructura, Guillermo Ferraro, se presentó este jueves ante el plenario de comisiones de Diputados para explicar los capítulos de la ley ómnibus correspondientes a su área y expresó que “es un acelerador de la toma de inversiones”, y explicó que proponen la eliminación de “todo tipo de restricción a la importación y exportación”.

Al inicio de su presentación, comentó que “estamos tratando un proyecto dentro de lo que consideramos que es una emergencia, una de las situaciones más críticas que ha pasado el país”, y denunció: “Para enumerar algunos temas se ha permitido y autorizado importaciones por varios millones de millones de dólares sin que existan los dólares. Tenemos el problema que, por distintas razones que nos encerramos en distintas políticas desacertadas, nos encerramos en una espiral donde cada vez las restricciones al acceso a la moneda extranjera, la posibilidad de acceder a las divisas del exterior, la posibilidad de poder importar se ha hecho casi nula”.

El funcionario alertó: “Hemos llegado a un estado de situación donde acá en el AMBA el transporte esta estatizado porque el 90% de los costos los paga el Estado nacional, donde el transporte ferroviario el 98% lo paga el Estado. Esto implica una situación, no solo de esfuerzo presupuestario y un estado cultural donde parece que lo que el Estado paga no lo paga nadie. Esto nos llevó a una situación de que todo lo vamos a pagar todo”.

Se hizo un uso y abuso de la emisión de dinero y eso fue generando esa espiral inflacionaria donde llegamos a estar en un nivel de inflación absolutamente insoportable para la población”, cuestionó.

Al respecto, indicó que “en ese marco el clima de inversiones es desalentador, tanto para la inversión extranjera, que es importante, pero también para la de los argentinos. Es muy difícil que venga del exterior una inversión al país si nos ven a que los propios argentinos no invertimos, y esto es así porque se ha generado este clima de restricciones”.

Ferrari aclaró: “No venimos a mejorar o a mejor administrar las estructuras del sistema, venimos a cambiar el sistema de estructuras y esto es importante entenderlo de esa forma porque no se entiende el porqué de la cantidad e intensidad de cambios que el Ejecutivo propone”, y reiteró: “Nosotros queremos cambiar este sistema perverso de estructura, no mejor administrar lo que está y esto implica un cambio cultural que como todo cambio requiere una claridad en el planteo y perseverancia en el tiempo y medidas y reglas que cambien el sistema”.

“El cambio es para volver a ser un país normal, porque tampoco estamos planteando un cambio hacia un modelo novedoso. Lo que queremos es volver a ser un país normal donde el empresario vuelva a ser empresario, en el sentido mejor definido de la palabra porque hay que preservarlo porque organiza el capital y los recursos humanos del empleo y, por lo tanto, cuando un empresario no ocupa ese rol y se le planteó durante mucho tiempo un rol de una negación del riesgo. Este cambio implica que el empresario vuelva a asumir su rol como animador, organizador de la sociedad, un rol creativo para ver oportunidades y donde el Estado poco pueda intervenir porque cuando el Estado interviene lo que hace es alterar, a través de regulaciones, esa creatividad. Si al argentino lo dejamos ser libre nos va a sorprender con su capacidad de creatividad”, explayó.

Así, planteó que “dentro del proyecto en uno de los anexos está el régimen de incentivo a los proyectos de inversión y rigen porque el país normal que avizoramos, debido a las rigideces que hoy tenemos, que hemos heredado, vamos a tener un tiempo como para poder salir de esas rigideces. Un tiempo debido a que escasean las divisas, a que la confianza hay que volver a ganársela, un tiempo para que el sector privado se convenza de volver a ocupar ese rol de emprendedor, de iniciador, de organizador, creador y que el Estado, al mismo tiempo, se retire de todo lo que pueda hacer el sector privado y ocupe un rol orientador, animador y por supuesto retirar todos los obstáculos para que pueda funcionar el sector”.

Como sabemos que va a tardar tiempo todo eso, hemos redactado el proyecto de ley donde queremos adelantar un clima de inversión para inversiones que sabemos que hoy están dispuestas a realizarse en el país, que es rico en recursos naturales y hay mucho interés, no solo en la extracción de recursos, sino que tenemos que pelear por la segunda parte que es la industrialización del recurso, y para eso se necesitan inversiones cuantiosas y necesita, al mismo tiempo, infraestructura de caminos, energética, logística. Todo esto requieren un tiempo de maduración, no es un negocio que genera un ingreso inmediato, sino que son proyectos para que empiecen a madurar necesitan varios años”, profundizó en su argumento.

El presidente de la Cámara de Diputados recibió al ministro de Infraestructura de la Nación.

Ferraro remarcó que “es importante para nosotros y para esos inversores que hoy están viendo, tanto nacionales y extranjeros, que el país tiene oportunidades de invertir, es importante adelantar ese clima de negocios favorables y el marco de lo que nosotros pensamos que debería ser el marco de un país normal”.

Por último, señaló que los objetivos que están en el artículo 3 “cuando hablamos de incentivos a proyectos de inversión importantes estamos hablando de una multiplicidad de la actividad. Todos sabemos que tenemos un tejido productivo en un porcentaje muy grande constituido por pequeñas y medianas empresas productivas como de servicios. Estos proyectos multiplican la actividad tanto del empleo como de las PyMes y de alguna manera está orientado hacia eso de facilitar la inversión y por otro lado la capacidad que tienen estos proyectos de generar este tipo de actividad”.

Sobre los sectores involucrados, explicó que “plantea una orientación, pero delega en el Ejecutivo la posibilidad de ampliarlo, estamos planteando los sectores de mayor dinámica de acuerdo a los montos de inversiones que se necesitan como la minería, la energía, el transporte”.

Además, comentó que la “ingeniería del articulado” se encuentra en “aislar el proyecto de inversión cuya decisión se tome en estos próximos dos años, la decisión y la efectivización de la inversión, aislarlos de las múltiples rigideces o regulaciones que hoy tiene en el mundo tributario, espacio cambiario, y en muchos casos no se pueden terminar de generalizar por las rigideces que tiene la economía, pero pensamos que va a ser abstracto el régimen cuando de acá a dos años podamos llevar a toda la macro en la mismas condiciones que planeamos”

Este proyecto es un acelerador de la toma de inversiones de varios de cientos de dólares de muchas empresas que quieren invertir hoy si existe este marco jurídico a nivel del país que planteamos”, afirmó y sumó: “Este régimen es de adhesión y en eso está el compromiso de invertir montos que por sector van a ser mínimos, pero con porcentajes que tienen que cumplir en los primeros dos años. Queremos acelerar la decisión de inversión tanto de empresas nacionales y extranjeras”, y aclaró: “No se trata de inversión de activos financieros, se trata de inversiones en activos computables que son bienes de capital, bienes productivos”.

Por último, describió los incentivos tributarios y aduaneros que se dan por el régimen: “Quien adhiera a este régimen y cumpla los objetivos de inversión porcentuales para este primer año y para el 2025 estamos reduciendo la tasa del impuesto a las ganancias al 25%. Las decisiones de inversión están globalizadas y los países compiten más cuando no se trata solo de la extracción del recurso”.

“Quien toma una decisión de inversión, cuando analiza el proyecto le va cargando costos y muchas de las regulaciones que tiene el país implica el costo argentino y cuando es tan alto no se toma la decisión de invertir. En el régimen de incentivo le vamos quitando a los proyectos que adhieran le vamos a quitar los ítems que hacen al costo argentino”, informó.

Sobre las amortizaciones explicó que “es importante desde el punto de vista impositivo la aceleración de las amortizaciones. Estamos permitiendo que quien maneja el proyecto amortizar en dos cuotas anuales iguales los bienes muebles y, también, considerar en un 60% la amortización de los bienes de capital”.

“Esto se une con el manejo del quebranto impositivo, que el proyecto en los dos primeros años da quebranto impositivo, y desde el punto de vista impositivo es importante solucionar dos temas que se solucionan con el régimen que es mantenerlo actualizado y la posibilidad de ajustar por IPC y si al quinto año no se pudo aplicar, da la posibilidad de transferirlo lo que disminuye el costo financiero de la inversión a fin de generar divisas e ingresos a partir del tercer año”, profundizó y cuestionó: “Esta exigencia de no poder cada vez con mayor intensidad disponer de divisas nos llevó a situaciones donde un inversor extranjero no pueda generar dividendos a su accionista en el exterior. Luego del tercer año permitimos, con este proyecto, generar el 100% de los dividendos y son decisiones que se toman pensando en la inversión productiva dentro del 10 años”-.

El impuesto al valor agregado (IVA)

De forma breve, comentó que el IVA “es otro costo argentino” porque “las políticas de incentivo ya existen en cuando a la devolución del impuesto al valor agregado. Cuando uno analiza el proyecto se da cuenta que la devolución del IVA nunca se sabe cuánto se va a devolver y qué implica nominalmente para el proyecto esa devolución”, y afirmó: “Como el espíritu es devolver el IVA entonces directamente no lo cobramos. Se genera un mecanismo de certificados donde financieramente el inversor no paga el IVA, sino que ese certificado impositivo le sirve para pagar a los proveedores, tiene un efecto cero desde el punto de vista financiero, si lo vamos a devolver directamente no lo cobramos al IVA”.

Impuestos débitos y créditos

“Es un mal impuesto, pero que cuesta modificarlo cada vez que se tiene la necesidad que hay que cubrir al fisco. En el caso los impuestos al crédito y débito se puede aplicar al pago del impuesto a las ganancias, con lo cual no genera costo desde el punto de vista financiero”, explicó Ferraro al respecto.

Derechos de importación y de exportación

Al hablar en materia de derechos de importación y de aranceles contó que “estamos planteando que sea para bienes de capital como parte del capital como insumos directamente ponemos arancel 0 para que no tenga un costo adicional con respecto a otros países con los que estamos compitiendo”.

Por otro lado, sobre los derechos de exportación informó: “Proponemos una excepción a los derechos de exportación a partir del tercer año. Los derechos de exportación no deberían existir en un país normal”.

“Deducción de intereses y diferencias de cambios que en el proyecto de impuesto a las ganancias están topeados que queda corto, nosotros proponemos la totalidad de deducción como gasto de los intereses o diferencias de cambios”, añadió luego.

El funcionario también explicó que plantean “una eliminación de todo tipo de restricción a la importación y exportación porque estamos en un callejón donde llevamos a la macro que desalienta a las inversiones por lo que le cobramos con respecto a otros países sino también a los obstáculos que tienen para importar o exportar son económicos, son registros, son trabas y todo eso encarece un proyecto de inversión”.

Régimen cambiario

Por último, habló sobre el régimen cambiario que “es una salida del corset que estamos en la economía que no debería existir y para lo producido a los proyectos adheridos al régimen planteamos la posibilidad de disponer de las divisas generadas por la exportación por lo que planteamos una liberación paulatina de las divisas en un primer año un 20%, en el segundo año un 40% y a partir del tercer año la disponibilidad de divisas en el exterior producidas por la exportación que genera el proyecto”.

“Tratamos de eliminar toda traba que existe en cuanto a la disponibilidad de lo que se produce, los activos que se invierten no van a haber normas que interrumpan procesos productivos”, concluyó.

Massa anunció nuevas inversiones en el sector automotriz 

Tras un encuentro con el CEO de Volkswagen Group Argentina, el ministro anunció inversiones por 250 millones de dólares para fabricar camiones y buses en el país.

El ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo un encuentro con el CEO de Volkswagen Group Argentina, Marcellus Puig, que anunció inversiones por US$ 50 millones, adicionales a los planes de US$ 250 millones anunciados por la compañía para Argentina para el período 2022-2026. 

Las nuevas inversiones son parte de la decisión de Volkswagen de fabricar a partir de 2024 en su planta de la provincia de Córdoba 4 modelos de camiones y un modelo de bus para sustituir las importaciones y, desde esta plataforma, exportar a la región y al mundo una producción que alcanzará 3.000 vehículos por año en el país.   

“Para nosotros es un gran día por lo que representa contarles a los argentinos que vamos a empezar la fabricación de camiones y buses en la Argentina con una inversión de 250 millones de dólares que es una inversión importante para el sector automotriz”, celebró el titular de la cartera de Economía, y agregó: “Entendemos al sector automotriz y autopartista como uno de los sectores más competitivos y más dinámicos de nuestra economía”. 

Del encuentro también fueron parte el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren; la directora de Asuntos Corporativos Legales y Públicos de Volkswagen Group Argentina, María Ángela Stelzer; el director de Asuntos Gubernamentales de Volkswagen Camiones y Buses, Marco Saltini; y representantes del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA). 

Para Massa “lo más importante es que una compañía como Volkswagen haya tomado la decisión de invertir en la Argentina, producir en la Argentina, cuatro modelos de camiones, un modelo de buses, y que tengamos una inversión en la economía real de 250 millones de dólares, y la posibilidad de seguir incorporando trabajadores de lo que es el sector automotriz y autopartista”. 

Además, apuntó: “Me parece muy importante que se entienda que son 3.000 vehículos por año, camiones y buses, que se van a fabricar en la Argentina, y representa un dato central del proyecto de país que tenemos que construir que es ir sustituyendo importaciones con producción nacional competitiva y además construir esa capacidad que el sector automotriz de no solamente producir en la Argentina para los argentinos sino producir en la Argentina para exportar en la región y el mundo”. 

“El sector está mostrando una enorme capacidad de no solamente abastecer el mercado argentino sino empezar a competir, exportar y venderle trabajo argentino al mundo que es lo que buscamos. Es un reflejo de que las empresas internacionales que tienen mirada a mediano y largo plazo ven a la Argentina como un lugar de producción para abastecer al mercado interno y sobre todo a la región”, concluyó el ministro. 

Cobos propone una ley de promoción del empleo y la inversión

El diputado mendocino presentó una iniciativa que plantea la distribución de beneficios de acuerdo a distintas regiones del país.

El diputado nacional Julio Cobos (UCR) presentó un proyecto de ley de promoción integral del empleo y generación de inversiones para todas las economías regionales de la República Argentina.

“El mejor programa de inversión y generación de empleo para Argentina sería tener saneadas las variables económicas, con inflación de un dígito, unificado el tipo de cambio, incentivo a las exportaciones sin ningún tipo de restricciones, y por supuesto la reducción de la presión impositiva, por eso no es el camino adoptar una mayor cantidad de impuestos o modificar el régimen tributario para aumentarlos, como tampoco aumentar las retenciones”, señaló el mendocino.

Pese a las complicaciones en el terreno económico, el exvicepresidente argumentó que su iniciativa “es el marco ideal de desarrollo y crecimiento y tenemos una propuesta complementaria que entendemos beneficiará a todas las regiones y provincias de nuestro país”.

“El sistema que proponemos es para aprovechar la potencialidad de cada región. Tenemos en un amplio territorio nacional con mucha diversidad, lo que nos permite generar riqueza, desde la cordillera hasta la costa marítima y diversos tipos de clima; por eso queremos aprovechar al máximo estas ventajas propias de nuestra geografía”, explicó.

Sobre el proyecto, detalló que “genera una distribución institucional de incentivos, dentro de las regiones del país y dentro de cada una de ellas en cada provincia para llevar a cero la discrecionalidad. Este se complementa con una propuesta que presentamos los legisladores por Mendoza, con la disminución de contribuciones patronales tendientes a generar más inversión y trabajo. Así como recientemente propusimos una distribución institucional de los subsidios del transporte, en igual sentido proponemos este sistema de distribución equitativo e institucional”.

Lo que se busca con la iniciativa es “crear programas de fomento al empleo y la inversión por regiones y provincias desde una visión integral sin perder de vista el concepto de la equidad”, definió. Los criterios que se adoptan para la distribución de los beneficios son: el Producto Bruto Geográfico per cápita en la región; el índice de industrialización en la región -cociente entre la cantidad de ocupados industriales cada mil habitantes de la región y la cantidad de ocupados industriales cada mil habitantes del total país-; la incidencia de la pobreza en la región, medido en términos de Necesidades Básicas Insatisfechas; y la densidad de población en la región (habitantes/Km2).

Cobos expresó que “las desigualdades en el desarrollo económico regional de Argentina han tenido un correlato directo con los problemas sociales relacionados con la pobreza, indigencia y la distribución del ingreso. Por eso promovemos un desarrollo más equitativo y sostenible a partir de la distribución de los beneficios por regiones”.

Dichas regiones serían: Cuyo, integrada por La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza; Noroeste, con Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero; Noreste, formada por Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones; Pampeana, con Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Patagonia, integrada por La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego”.

El legislador precisó que su proyecto prevé que “los beneficios para nuevos proyectos productivos buscan el fomento directo a la creación de empleo, asignando cupos de crédito fiscal por hasta el 200% de las contribuciones patronales sobre la nómina salarial de los nuevos puestos de trabajo generados. Tal crédito puede ser utilizado para cancelar en forma inmediata otros tributos nacionales”.

“Además, para el fomento directo de la inversión, se contempla la creación de un bono crédito fiscal, endosable por única vez, por un valor equivalente al 50% de la inversión realizada, junto con sistemas de amortización acelerada de los bienes de capital e infraestructura generada por el nuevo proyecto. En relación al cupo fiscal total anual, no podrá ser inferior al 1% ni superior al 3% del cálculo de los Recursos Corrientes y de Capital de la Administración Nacional”, añadió.

Cabe destacar que el proyecto prevé un régimen que dure en el tiempo y cuyo costo fiscal se incluya en el Presupuesto de cada año que apruebe finalmente el Poder Legislativo, y que el mismo tiene su base una iniciativa presentada por la exsenadora Laura Montero, en 2010.

La iniciativa del radical fue acompañada por sus pares de bloque Mario Negri, Pamela Verasay, Jimena Latorre, Lisandro Nieri, Omar De Marchi, Álvaro Martínez, Ricardo Buryaile y Mario Barletta.

Marra reveló en que invierte su sueldo como legislador y Solano le salió al cruce

El libertario mostró en sus redes sociales el porcentaje de inversiones que realiza en distintas empresas y el trotskista insistió en que “la dieta del legislador debe ser igual al salario de un docente”.

El diputado porteño de La Libertad Avanza Ramiro Marra y el del Frente de Izquierda Gabriel Solano mantuvieron en las redes sociales un duro cruce, debido a que el libertario compartió con sus seguidores las inversiones que realiza con su dieta legislativa y el trotskista lo acusó de fomentar la “timba financiera”.

En ese sentido, Marra compartió en su cuenta de Twitter “como va quedando la cartera de inversiones que estoy realizando con el sueldo de legislador” y mostró el porcentaje que está invirtiendo en distintas empresas: 8,6% en Vista; 7,9% en Banco Macro; 7,8% en Coca Cola; 7,6% en Mc Donalds; 7,5% en Cablevisión y Loma Negra; 7,4% en Adecoagro y Banco y Mercados y Barrick Gold; 7,22% en San Miguel; 7% en IRSA; 6,2% en Agrometal; 5,6% en Edenor y 4,8% en Transporte del Gas.

Además el liberal informó que invierte en criptomonedas y le dio la posibilidad a sus seguidores de seguir de cerca sus inversiones a través de un documento virtual, al cual se puede acceder a través de un link y en el que se debe solicitar permiso para poder visualizarlo (https://t.co/uU3Q0jROm3).

Atento a esta situación Solano salió al cruce y sentenció que “la dieta del legislador debe ser igual al salario de un docente. No pagar dietas de 350.000 para usarlo en la  timba financiera”.

Se viene un proyecto de ley para incentivar las inversiones petroleras

Por más gas y petróleo. El Gobierno presentará una iniciativa que busca un esquema de incentivos con mayores autorizaciones a la exportación garantiza y de disponibilidad de divisas.

El Poder Ejecutivo nacional presentará en los próximos días en el Congreso un proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, con el objetivo de establecer un esquema de incentivos a partir de mayores autorizaciones de exportación garantizadas y de disponibilidad de divisas para iniciativas que se encaren en todas las cuencas que aseguren un incremental de producción en gas y petróleo.

Desde la Secretaría de Energía señalaron que el articulado de la iniciativa ya está a disposición del presidente Alberto Fernández con los detalles de un nuevo régimen de promoción de Inversiones para los próximos 20 años, que “genere un horizonte de estabilidad y reglas claras en materia tributaria federal”.

“Es una ley con perspectiva federal, con incentivos a la especificidad de cada una de las regiones del país”, manifestaron al explicar que la futura norma “está destinada a garantizar el abastecimiento interno con valor agregado, empleo, sustitución de importaciones y mayores exportaciones”.

Para ello “se atienden los requerimientos cambiarios y de disponibilidad de exportaciones que necesitan las inversiones, mediante un esquema que genera beneficios para el productor y el abastecimiento interno”, agregaron.

A su vez, trata uno de los históricos reclamos de las empresas del sector que es la estabilidad fiscal y de todos los beneficios adquiridos desde el momento de adhesión al programa, en cuanto a derechos, aranceles, impuestos, tributos y tasas, en el ámbito nacional y en los ámbitos provinciales y municipales que adhieran oportunamente a la norma.

Para este impulso, se creará un régimen general de promoción de inversiones hidrocarburíferas, que tendrá una vigencia de 20 años y que contendrá regímenes particulares orientados a la promoción de actividades de exploración y producción de petróleo, de exploración y producción de gas natural y de exploración, producción, industrialización y transporte de hidrocarburos, obras de infraestructura energética y prestación de servicios.

La futura norma comprenderá a los proyectos nuevos, así como a los que están en desarrollo y tienen capacidad de incrementar su producción, y a los que están paralizados y requieren de una arquitectura de incentivo especial para ser considerados viables.

En particular se ofrecerá a los proyectos, que deberán cumplir montos mínimos de inversión anuales y sostenidos por plazos de hasta cinco años, niveles de exportaciones garantizadas que arranca en un piso del 20% y se extiende hasta el 50% de los volúmenes de producción incrementales.

Para delimitar esos volúmenes se tomará como base el máximo anual del bienio 2019-2020, o los últimos 12 meses a abril de 2021, cuando se comenzó a discutir la ley con la industria y los sindicatos del sector.

Además, se propone libre disponibilidad a las divisas provenientes de la exportación incremental que se calcularán en hasta un 50% del piso de 20% de permisos de exportación, y que se irá incrementando en la medida que lo haga la producción.

El esquema de inversiones mínimas será para los proyectos de exploración sísmica convencional de US$ 6 millones en un plazo máximo de 3 años; y en almacenaje subterráneo de gas desde US$ 30 millones a 3 años.

Para proyectos de producción convencional un mínimo de inversión de US$ 100 millones a 4 años; para los procesos de industrialización de hidrocarburos de US$ 300 millones a 4 años y en la producción de gas y petróleo no convencional como los de Vaca Muerta, de US$ 400 millones anuales sostenidos en 5 años.

En este último caso el 25% de la inversión comprometida deberá estar destinada al desarrollo de nuevos proyectos pilotos de manera de asegurar su sostenibilidad, en tanto que también se contempla proyectos más chicos en cuencas con declino marcado para los cuales se reducen compromisos y se amplían plazos.

En cuanto a otros beneficios fiscales regulares sólo tenderán a reducir el costo del gasto inicial de los bienes de capital para asegurar la viabilidad de la inversión de los proyectos mejorando la actual estructura, pero una vez en funcionamiento tributarán con las cargas impositivas previstas.

Se trata de beneficios en el Impuesto a las Ganancias, en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), aranceles y derechos de importación a bienes de capital, en particular con una mención a los proyectos costa afuera que son más onerosos.

Finalmente, se aborda otro tema sensible para el sector como lo son los derechos de exportación, los que podrán oscilar en tasas del 0% al 8% de acuerdo a una fórmula de cálculo en base al precio internacional del crudo Brent, mientras que se ratifica que los volúmenes adicionales se mantendrán dentro de lo contemplado en el Decreto 488 del año pasado.

De esta manera, se explicó que en conjunto se asegura que se logrará fortalecer el ingreso de divisas y las reservas del BCRA, promoviendo, desarrollando e incrementando el valor agregado regional y nacional en la cadena de valor de la actividad hidrocarburífera.

El esquema apunta a alentar la participación de las empresas regionales y nacionales como proveedores de la actividad, e incrementando la proporción de bienes y procesos tecnológicos elaborados y diseñados por trabajo argentino.

La iniciativa prevé dar un impulso al sector promocionando la producción convencional como no convencional -con distintos incentivos y requerimientos- y en todas las cuencas del país, así como todas las actividades que directa o indirectamente están relacionadas.

También se promueve el transporte, compresión, separación, tratamiento, almacenaje y la industrialización de los hidrocarburos y sus derivados a través de procesos que los utilicen como materia prima, incluyendo -sin limitación- la petroquímica, la producción de fertilizantes, la separación, la licuefacción de gas natural y la refinación de combustibles.

Diputados de JxC lamentaron que Argentina “pasó a jugar a la D” en materia de inversiones

Legisladores de la oposición se refirieron a la decisión del MSCI de reclasificar al país en el índice de mercados emergentes, teniendo ahora la categoría de “standalone”.

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Diputados de Juntos por el Cambio lamentaron la decisión del MSCI (Morgan Stanley Capital International) de retirar a la Argentina del índice de mercados emergentes y reclasificarla en la categoría “standalone”, que tenía antes de 2019.

De hecho, Argentina se había vuelto a colocar como mercado emergente en 2018, durante plena crisis económica del gobierno de Mauricio Macri.

De acuerdo informó el MSCI, se “reclasificará el índice MSCI Argentina de la categoría de Mercados Emergentes a la de Mercados estatus de Mercados Independientes en un solo paso coincidiendo con la Revisión Semestral del Índice de noviembre de 2021″.

Al respecto, el diputado Julio Sahad (Pro) señaló: “Hoy la MSCI anunció que Argentina desciende en el índice de mercados emergentes. No solo es una muy mala noticia para los mercados, sino también para las inversiones en nuestro país y especialmente en La Rioja”.

“En pocas palabras, estábamos en la B y nos mandaron directamente a la D. La desconfianza y la falta de reglas claras nos siguen jugando una mala pasada y perjudicando a los más necesitados”, agregó el riojano.

En tanto, el legislador Javier Campos (CC-ARI) expresó que “los inversores del mundo consideran tan riesgosa y complicada la economía argentina que pasaron de considerarnos mercado emergente a colocarnos en una categoría especial que se llama ‘stand alone’ (parados solos)”. “Un éxito más de la gestión de Fernández & Fernández!!!”, ironizó, en contra del Gobierno.

Ya se van viendo los resultados de la esquizofrénica política económica del Gobierno, que condena la iniciativa privada y descree de la inversión. La Argentina descendió del índice de mercados emergentes y la ubicaron en un ‘limbo’ financiero”, escribió en su cuenta de Twitter el diputado Luis Petri (UCR).

Por su parte, la diputada Ximena García (UCR) consideró que “el control de cambios, la brecha cambiaria y la falta de claridad de reglas de juego hicieron que a Argentina la desciendan a un status peor que mercado de frontera. Es decir, más abajo de lo que llegamos a estar en 2015”.

“Esto no es solo un golpe para el financiamiento del Estado Argentino y de las provincias. Arrastra gravemente a las empresas argentinas exitosas que operan en el país y en el mundo, cerrándoles el acceso a financiamiento internacional”, continuó.

Sobre ello, dijo que a las empresas “las fuerza a pensar en migrar o a generar inversiones y empleo en el exterior donde si reciben financiamiento. A esto lo terminamos pagando los argentinos con menos empleo y menos crecimiento”.

Para la santafesina, “debemos reflexionar si esto es por mala gestión del Gobierno o porque se tiene decidido ir hacia un modelo que entrega la inversión y financiamiento de largo plazo al capitalismo ruso y chino”.