Tras el debate y sanción del acuerdo con holdouts, la Cámara de Diputados comenzó con el debate del proyecto de ley del “Súper RIGI”, impulsado por el Gobierno, y que el oficialismo espera aprobar con el apoyo de sus aliados.

Se trata de una iniciativa que busca establecer un régimen de grandes inversiones apuntado a empresas tecnológicas y de inteligencia artificial, a partir de un esquema con beneficios impositivos por 30 años, con similitudes al RIGI original creado por la Ley Bases, que fundamentalmente está destinado a hidrocarburos, energía y minería.

El Súper RIGI tiene como objetivo atraer inversiones de gran escala y para ello el requisito de inversión por proyecto tendrá un monto mínimo de 1.000 millones de dólares. A su vez, deberá ejecutarse al menos el 20% del proyecto dentro de los primeros dos años desde la adhesión y aprobación y se operará a través de “Vehículos de Proyecto Único” (VPU).

En tanto, entre los beneficios impositivos se encuentran rebajas en impuesto a las Ganancias, amortización acelerada, posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal, créditos fiscales para IVA, exenciones en derechos de exportación e importación, alícuotas especiales en contribuciones patronales y quita de impuestos locales, entre otros.

Entre las modificaciones realizadas a la redacción original, se incorporó en comisiones entre los “objetivos prioritarios” del Súper RIGI, el incentivo del “desarrollo de nuevas capacidades técnicas, científicas o tecnológicas que contribuyan al crecimiento y consolidación de Nuevas Industrias en la República Argentina”.

En tanto, sobre la definición y acreditación de esas “nuevas actividades económicas”, ello se realizará “conforme a los criterios objetivos y parámetros mensurables que se establezcan en la reglamentación”, es decir, lo deja en manos del Poder Ejecutivo.

Sobre el plazo para presentar la solicitud de adhesión al Súper RIGI, que será de 5 años, contados a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación de la ley, el PEN podrá prorrogar dicho plazo, por única vez, por un período adicional de hasta un año, a computarse desde el vencimiento del plazo establecido, “mediante decreto fundado en una evaluación previa sobre el desempeño del régimen, que deberá ser publicada en forma simultánea con el decreto que disponga la prórroga”.

Por otra parte, a los efectos del cumplimiento del monto mínimo de inversión, las inversiones realizadas en Investigación y Desarrollo (I+D) vinculadas al proyecto, se computarán por el doble de su valor. Mientras que la ponderación no podrá representar más del 20% del monto mínimo de inversión. “El excedente de inversión en investigación y desarrollo por sobre dicho límite se computará por su valor nominal”, establece.

Como uno de los cambios principales, se prevé un “plan de desarrollo de proveedores locales” que “deberá contener un compromiso de contratación de proveedores locales respecto de bienes, de servicios y/u obras para el desarrollo del proyecto equivalente como mínimo al 20% de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores correspondiente al proyecto, siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.

También se dispone la creación de un “Registro Público de Proyectos del Súper RIGI”, que deberá ser de “carácter público y de acceso libre”, bajo la órbita de la autoridad de aplicación.

La palabra en el recinto 

Para presentar el dictamen de mayoría, nuevamente estuvo Bertie Benegas Lynch, quien dio mínimos detalles de la iniciativa y utilizó la intervención para confrontar contra la oposición. “Es un incentivo a las grandes inversiones de nuevas industrias ¿quién puede estar en contra de esto? son incentivos fiscales, cambiarios, aduaneros y seguridad jurídica, cuatro conceptos que los países civilizados ya lo tienen incorporado y por les va como les va”.

“En los últimos cien años, ni les digo en los últimos veinte hemos acelerado contra la pared y hemos transformado a la Argentina en ‘cavernicolandia’”, ironizó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Luego, se dirigió al principal bloque opositor y cargó: “Ustedes vienen acá, se ponen el trajecito de expropiadores y legislan sobre el patrimonio de otros”.

Después, relató que “en los últimos veinte años, un dólar cruzaba la frontera y ya se escuchaba el motor V8 de la aspiradora fiscal de cada uno de ustedes y todos los políticos tradicionales de los tres niveles que se le tiraba encima al dólar”. Defendió este nuevo marco legislativo y explicó que “venimos de ser cavernícolas y necesitamos hacer una ley para proteger el derecho de propiedad porque hemos ahuyentado las inversiones y porque no se combate el capital”.

En representación del dictamen de minoría estuvo Mario Manrique, quien mantuvo una actitud contestaria en la intervención y le contestó a Benegas Lynch: “Cuando habla de la palita en el campo, no sabe de qué habla”. Después, añadió: “Terminen con ese chamuyo de que la Argentina está fuera del contexto internacional”.

Si bien fue interrumpido en más de una oportunidad, el titular de SMATA consideró que “este proyecto, no es una ley, es un negociado entre particulares para estampar la firma como si fuéramos escribanos”. Y siguió: “Esto es parte de un plan macabro para entregar a la República Argentina y este proyecto está encadenado con la Ley de Glaciares, la Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la Ley Laboral”.

En su alocución el diputado Miguel Ángel Pichetto sostuvo que el fin del proyecto de Súper RIGI “es bastante loable”, pero planteó que “lo hace a costa de concentrar los incentivos en sectores de capital intensivo sin compensación alguna para los sectores de trabajo intensivo. No hay ninguna mirada a los sectores de comercio, industriales, no incentiva la construcción, fundamentalmente en esos sectores que están sufriendo este modelo económico. No hay ningún tipo de mirada ni compensación”.

Pichetto recordó que en la reunión de comisión se incorporó que “quienes tengan el beneficio del Súper RIGI que son exenciones de carácter impositiva que también condiciona la política impositiva de provincias y municipios cuyo tema lo torna inconstitucional al proyecto porque no puede haber intromisión ni obligación para que las provincias fijen una determinada alícuota en ingresos brutos o municipios se subordinen a un marco de reglamentación de esta ley”.

“Hay que terminar con este sistema de regímenes especiales que benefician a determinadas provincias porque hay que ir a un régimen de carácter general y federal contemplando un equilibrio las distintas actividades económicas del país”, cuestionó y cerró: “No me parece una buena ley. Argentina es el último país de inversiones extranjeras porque el Gobierno no ofrece la confianza necesaria por eso voy a votar en contra”.

Desde el bloque MID, el diputado Eduardo Falcone agradeció al oficialismo por aceptar modificaciones que fueron sugeridas que son la inclusión de la cláusula del 20% mínimo de desarrollo de proveedores locales y un incentivo para la inversión en investigación y desarrollo que es el cómputo doble que el Gobierno lo planteó como un incentivo que va a tener impacto local.

“Este régimen es fundamental para incentivar y acelerar inversiones de más de mil millones de dólares, pero coincido en que faltan otras cosas en la Argentina que pueden complementar esto, pero será materia de otra cuestión y de pedirle al Gobierno que tome nota de lo que pasa. El RIGI está impulsando inversiones de sectores que generan dólares, pero poco empleo y otras regiones están decreciendo como la construcción”, sugirió y aclaró: “No significa que el régimen sea malo, solo hay que complementarlo con otras políticas.

Del bloque opositor, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz cargó contra Benegas Lynch y deslizó: “Quiere hacernos creer que con este proyecto la Argentina deja de ser cavernícola y la Argentina necesita un régimen de inversiones, pero uno (por el Súper RIGI) que no condene”. Para completar la crítica al texto del Gobierno nacional, añadió que “la discusión de fondo es que no hay nada más cavernícola que confundir inversión con desarrollo”.

En contra de la postura de La Libertad Avanza, la legisladora bonaerense señaló: “Ustedes miran la historia argentina en pequeñas fotografías segmentadas en una mirada ideológica que piensa en el Estado sin casi rol, cuando el Estado tiene un rol protagónico a la hora de generar el desarrollo nacional”. Llamó “nefasto” al Súper RIGI, y cerró con una serie de cuestionamientos que sintetizó con la frase “nadie les pide bajar la tasa de ganancias por los próximos 30 años”, entre varias críticas más.

En su intervención, Pablo Juliano (Provincias Unidas) ironizó sobre la sesión caída del miércoles para pedir la moción de censura a Manuel Adorni: “Que bueno que a 24 horas de la sesión de ayer hoy sobren ganas, sobre puntualidad y quórum para congelarle 30 años de impuestos a corporaciones que todavía no pudieron ni ponerle nombre ni apellido”.

“Todavía no conocemos los efectos del RIGI porque en la antesala de ello, hubo anuncios que rondaron casi los 80 mil millones de dólares, 124 mil en otros. ¿Pero hasta hoy cuánto entró? 762 millones, una miseria. Hay un abismo entre la promesa y la realidad que rápidamente salieron a generar este Súper RIGI”, criticó y cuestionó: “Creen que porque saquen esta ley las inversiones van a llegar. Esto es un traje a medida”.

Por el lado del oficialismo, el mendocino Luis Petri planteó que “se trata de dar cumplimiento con ese contrato electoral que firmó el Presidente con todos los argentinos que buscaba volver a ser grande a la Argentina, sacarla del siglo de decadencia a la cual fue sumergida, retomar el sendero de crecimiento y, para hacerlo, había que atarse a la Constitución”.

“Este proyecto no penaliza la inversión, el capital. Viene a retomar el sendero de crecimiento. Es hora de ganar la batalla de la inversión, del crecimiento y desarrollo de la cual viene la generación de empleo”, destacó y criticó al kirchnerismo porque “proponen un camino que prohíbe el ingreso de capital al país y se lo penalizaba con el cepo, controles de precios, default”.

Petri afirmó que “estamos asistiendo a la cuarta revolución industrial, a la era de la inteligencia, hay cartas firmadas por más de 25 mil millones de dólares para venir a invertir y reclaman instrumentos como estos. Esta ley no reparte plata, repara confianza. Es una ley donde ponemos reglas. Tenemos una oportunidad histórica de tener inversiones”.

Luego de agradecer el homenaje por el fallecimiento de su padre, el porteño Martín Lousteau consideró que el proyecto es “el eslabón de algo más grande y ahí radica el peligro que entraña”, y cuestionó que “prorrogamos jurisdicciones y le damos a los potenciales inversores tres alternativas, se les baja el impuesto a las ganancias del 35 al 15%, se les baja el impuesto de distribución del 10 al 3,5%, se bajan las contribuciones patronales del 26 al 10%, las provincias se comprometen a bajar ingresos brutos al 0,5%”.

“Si el Estado incumple hay prórroga de jurisdicción, perdemos soberanía, pero si el privado incumple hay muy poco para hacer. Es fácil asumir compromisos e intentar tener los beneficios y después ver si la situación del país da o no para hacer la inversión”, alertó.

Lousteau señaló que el artículo 4 del proyecto habla a “actividad genuinamente nueva”, pero no se aclara a qué se refiere eso y reflexionó: “Estamos votando un régimen inédito, el más generoso con renuncia de soberanía, con la pérdida fiscal monumental y no sabemos quién pretendemos que vengan”.

“Las empresas lo van a defender porque hay beneficios adicionales para ellas, pero en el Congreso debemos discutir el costo, si realmente conviene el régimen y también la justicia. ¿Por qué la justicia? Porque el RIMI que es para pequeñas y medianas empresas no se acerca ni de casualidad. Este costo fiscal lo pagan las provincias, todas, pero no todas tendrán proyectos que se sumen a este Súper RIGI”, apuntó.

Lousteau cerró: “Claro que necesitamos inversión, pero si miramos todo este derrotero, vemos que hay una discusión donde hay dos categorías de socios, unos que tienen beneficios y otros que se van quedando en el camino. Cuando se vota de esta manera, se dan pasos irreversibles”.

Para el diputado Agustín Rossi, la propuesta debatida es “un traje a medida para los nuevos amigos del presidente Milei, que son las empresas de Inteligencia Artificial”. Pero además advirtió que una hora atrás, apareció una cosa nueva, al anunciar el canciller Quirno que la Argentina se iba integrar a Pax Silica, una coalicióin de países que encabeza Estados Unidos desde 2025, destinada a fundar o articular políticas económicas que garanticen silicio para distintas actividades.

“Esto que anuncia recién el canciller también nos empieza a dar un panorama distinto del mundo”, planteó el diputado santafesino, quien piensa que el mundo ya no irá en la ruta del petróleo, “sino también va a empezar a organizarse en torno a como es el circuito de todo lo que son los elementos necesarios para desarrollar semiconductores, chips e Inteligencia Artificial, y la Argentina está de vuelta atrapada con los Estados Unidos”.

En otro pasaje señaló que el presidente mostró el rumbo que busca en un artículo que publicó en el Financial Times el 4 de junio, titulada “la Argentina invita a la IA a liberarse”. Allí señalaba Milei que nuestro país no va a p poner regulaciones para la Inteligencia Artificial. “Como corresponde, el presidente está a contramano del mundo; el mundo está poniendo regulaciones, Estados Unidos lo hace; la Unión Europea tiene regulaciones mucho más estrictas de hace mucho tiempo”.

El cierre estuvo a cargo del cordobés Gabriel Bornoroni quien destacó el tratamiento del proyecto porque “durante décadas la Argentina peleó para poder estar en el mapa, donde se invirtiera, donde se generen puestos de trabajo, pero con los gobiernos anteriores principalmente el kirchnerista, lo único que generaban eran argentinos débiles que dependiera de los gerentes de la pobreza”.

“Vamos a una Argentina donde el trabajo dignifica, donde las empresas vengan al país a invertir y por eso le generamos las reglas claras y condiciones para que se mantengan en el tiempo. El RIGI empezó como una posibilidad de la inversión y ahora tenemos 40 empresas cuyas inversiones se aprobaron con 140 mil millones de dólares. Vamos a respetar todas las inversiones que vengan al país”, expresó y remató: “Esta ley beneficia los puestos de trabajo de los argentinos, dignifica a la ciudadanía y nos lleva a una Argentina potencia”.

NOTICIA EN DESARROLLO

La senadora nacional Natalia Gadano se reunió con el embajador de la República Popular China en Argentina, S. E. Wang Wei, en el marco de las actividades del Grupo Parlamentario de Amistad con la República Popular China y de las acciones de diplomacia parlamentaria que impulsa el Senado de la Nación.

El encuentro tuvo como objetivo profundizar los vínculos entre ambos países y explorar oportunidades de cooperación que contribuyan al desarrollo de Santa Cruz. “La provincia necesita generar empleo, atraer inversiones y potenciar su enorme capacidad productiva. Por eso creemos que el diálogo y la cooperación internacional son herramientas fundamentales para abrir nuevas oportunidades para Santa Cruz”, expresó Gadano.

Durante la reunión se abordaron distintos temas de interés nacional y provincial, entre ellos la situación de las represas, una obra que continúa sin registrar avances; el potencial de desarrollo de la acuicultura; la actividad pesquera; proyectos vinculados al acceso al agua potable y distintas iniciativas de infraestructura, especialmente aquellas relacionadas con el desarrollo portuario.

Asimismo, la senadora destacó la importancia de profundizar los vínculos con aquellos países que puedan contribuir al desarrollo de Santa Cruz y explicó: “Después de la retirada de YPF, nuestra provincia enfrenta el desafío de generar nuevas fuentes de empleo y desarrollo. Necesitamos construir puentes con quienes estén dispuestos a invertir, producir y generar oportunidades para los santacruceños”.

Gadano consideró que las visitas institucionales y las misiones comerciales “son importantes, pero Santa Cruz no necesita solamente fotos y reuniones. Nuestra provincia necesita hechos concretos y proyectos que se materialicen en oportunidades reales para la gente”.

Durante el encuentro también se conversó sobre las condiciones necesarias para promover nuevas inversiones en la provincia. En ese marco, no se ha ratificado ninguna inversión productiva por parte de empresas chinas en Santa Cruz. Las mismas precisan reglas claras y previsibilidad para avanzar, y se advirtió que la falta de avances en obras estratégicas, como las represas, no contribuye a generar un marco de confianza que requieren los inversores para concretar iniciativas a mediano y largo plazo.

Para finalizar el encuentro, la senadora se puso a disposición para seguir fortaleciendo el diálogo institucional entre ambas naciones y promover una agenda de cooperación que contemple las necesidades y el potencial de Santa Cruz.

Por su parte, desde la Embajada de China destacaron la complementariedad económica entre ambos países y la importancia de seguir promoviendo iniciativas conjuntas que fortalezcan el intercambio comercial, las inversiones y el desarrollo productivo.

El Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley denominado “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias”, conocido como “Súper RIGI”, con el objetivo de atraer inversiones de gran escala en sectores que hoy no tienen desarrollo o se encuentran en fase experimental en la Argentina.

La iniciativa, formalizada mediante el mensaje N° 181/2026 y enviada al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, apunta a crear “un régimen integral de incentivos, seguridad jurídica y estabilidad normativa” destinado a captar capitales para industrias estratégicas.

Según fundamentó el Ejecutivo, el proyecto busca revertir un escenario caracterizado por “décadas de inestabilidad normativa, presión tributaria excesiva, restricciones cambiarias y un marco regulatorio que desincentivó sistemáticamente la radicación de grandes inversiones”.  En ese sentido, advierte que esa situación dejó al país “al margen de las cadenas globales de valor en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada y la infraestructura digital”.

La propuesta se presenta como una evolución del actual RIGI aprobado con la Ley 27.742, aunque con un alcance más acotado: estará dirigido exclusivamente a “actividades económicas genuinamente nuevas en el país, con un impacto transformador en la estructura productiva nacional”.

El texto establece que podrán acceder al régimen proyectos con una inversión mínima de 1.000 millones de dólares, con la obligación de ejecutar al menos el 20% en los primeros dos años. Además, las iniciativas deberán canalizarse a través de Vehículos de Proyecto Único (VPU), creados exclusivamente para cada emprendimiento.

Entre los principales beneficios contempla una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de inversiones, deducción de quebrantos sin límite temporal y una tasa del 3,5% sobre dividendos luego de cuatro años.  También prevé exenciones de derechos de importación y exportación, junto con un esquema de certificados de crédito fiscal para el IVA.

En materia cambiaria, el régimen habilita la libre disponibilidad progresiva de divisas generadas por exportaciones y elimina la obligación de liquidar dólares vinculados a financiamiento o aportes de capital.  A esto se suma una estabilidad normativa —tributaria, aduanera, previsional y cambiaria— por un plazo de 30 años desde la adhesión.

El proyecto también contempla incentivos laborales, como una alícuota única del 10% en contribuciones patronales para nuevos empleos generados por los proyectos.

Otro punto central del esquema es la exigencia de adhesión por parte de provincias, la Ciudad de Buenos Aires y, eventualmente, municipios. El Gobierno plantea que el éxito del régimen depende de un compromiso coordinado de todas las jurisdicciones para garantizar “condiciones tributarias razonables, estabilidad regulatoria y estándares de desarrollo acordes a las mejores prácticas internacionales”.

En su mensaje al Congreso, el Ejecutivo subrayó que el país necesita “emitir una señal institucional inequívoca hacia los inversores” y sostuvo que la iniciativa busca posicionar a la Argentina “como un destino de inversión de primer nivel mundial en industrias del futuro”.

Asimismo, defendió el enfoque promercado del proyecto al señalar que “su lógica no es la de favorecer al capital en abstracto, sino la de vincular los incentivos que se otorgan con resultados tangibles para las comunidades donde los proyectos se radican: empleo genuino y sostenido, transferencia de tecnología y desarrollo de cadenas productivas locales”.

El “Súper RIGI” forma parte del paquete de iniciativas anunciado el viernes pasado (cuatro, junto con la ley de lobby, Etiquetado Frontal y ludopatía) y quedará ahora bajo análisis de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará avanzar con una de las principales apuestas económicas de su agenda legislativa, con el objetivo de atraer inversiones en sectores considerados clave para el desarrollo de largo plazo.

Con fuertes debates entre los legisladores, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó con 32 votos a favor y  27 en contra la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de reactivar la economía local.

La iniciativa, que fue impulsada por los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), contó con el apoyo de los bloques Vamos por Más y Confianza y Desarrollo; y el rechazo de Fuerza por Buenos Aires, Unión Cívica Radical y FIT.

A través de la adhesión a este régimen se buscaba incentivar “las grandes inversiones nacionales y extranjeras en la República Argentina a fin de garantizar la prosperidad del país”, “promover el desarrollo económico”, “desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos, “incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior comprendidas en las actividades desarrolladas en el RIGI”, “favorecer la creación de empleo” y “generar de inmediato condiciones de previsibilidad y estabilidad para las Grandes Inversiones previstas en el RIGI y condiciones competitivas en la República Argentina para atraer inversiones y que las mismas se concreten mediante el adelantamiento temporal de las soluciones macroeconómicas de inversión sin las cuales determinadas industrias no podrían desarrollarse”.

Así como también “crear para las ‘Grandes Inversiones’ que cumplan con los requisitos del RIGI, un régimen que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial para el caso de eventuales desviaciones y/o incumplimiento por parte de la administración pública y el Estado al RIGI”, “fomentar el desarrollo coordinado de las competencias entre el Estado Nacional, las provincias y las respectivas autoridades de aplicación en materia de recursos naturales” y “fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI”.

Cabe señalar que este régimen se circunscribe a proyectos correspondientes a sectores determinados —forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas— y lo reserva a Vehículos de Proyecto Único (VPU), esto es, estructuras constituidas exclusivamente para el desarrollo de un proyecto admitido por el régimen.

A ello se suma que la Ley fija, como regla general, un monto mínimo de inversión en activos computables de al menos USD 200.000.000, con exigencias de cumplimiento durante los primeros años para la permanencia en el régimen.

Por otro lado, durante esta misma sesión, la Casa también aprobó la  creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RIMICABA), a través del cuál se buscará "incentivar inversiones medianas, promover el desarrollo económico y de las cadenas de valor, fortalecer la competitividad, incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios, y favorecer la creación de empleo".

Además agrega incentivos locales a favor de quienes ya hayan sido admitidos en el régimen nacional y acrediten, además, su efectiva radicación y actividad en la Ciudad. De ese modo, los beneficios locales quedan vinculados exclusivamente a la inversión productiva aprobada, evitando desvíos, extensiones impropias o usos ajenos a la finalidad económica perseguida por esta iniciativa.

El senador nacional y titular del bloque UCR, Eduardo “Peteco” Vischi (Corrientes), presentó un proyecto de ley diseñado para atraer inversiones hacia sectores estratégicos de nuestra economía, bajo el nombre de Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR).

La iniciativa tiene por objetivo incentivas las inversiones nacionales y extranjeras, promover el desarrollo económico y las cadenas de valor, desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos, incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios, y favorecer la creación de empleo.

“Alcanzado un contexto económico de cierta estabilidad, entendemos que se hacen necesarias herramientas para dar un paso más hacia adelante, para hacer crecer a nuestro mercado interno, expandir las posibilidades para exportar y transformar esas mejoras en los indicadores, en más oportunidades para los argentinos”, explicó Vischi.

En esa línea, manifestó la necesidad de “atraer capitales del mundo, pero también debemos incentivar al capital argentino que ya produce, que ya emplea, que ya compra maquinaria, que ya integra cadenas de valor”.

El Régimen propuesto por el senador correntino busca complementar el RIGI, destinado a megaproyectos, haciendo foco en las inversiones productivas relevantes: empresas que pueden ampliar capacidad, incorporar tecnología, hacer obras, mejorar eficiencia energética, fortalecer el agro, la industria y los servicios exportables.

Con un piso de USD 12.000.000 de inversión para compañías que superen los límites de la mediana empresa tramo 2, el programa se limita estrictamente a la adquisición de bienes muebles nuevos y obras productivas, excluyendo de raíz a los activos financieros. Entre sus beneficios, estipula la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, la devolución anticipada de IVA y el fomento de la tecnología agropecuaria y energética.

“Si queremos que nuestro país crezca, necesitamos una política de inversión completa, abierta al mundo, pero que también acompañe a quienes deciden invertir aquí, arriesgar capital, generar empleo y construir competitividad desde las provincias. Estamos convencidos que el RIIR es una herramienta razonable, complementaria y necesaria. Invertir en Argentina también debe ser posible para quienes apuestan por su tierra", concluyó el titular de la bancada radical.

La victoria del oficialismo en las elecciones representa un espaldarazo al programa económico. Independientemente del análisis fino de los votos, el Gobierno renovó fuerzas para mantener su línea. No solo fallaron los pronósticos devaluatorios, sino que el dólar bajó. Ante este escenario, un interrogante surge entre los ahorristas: ¿cómo mitigar la depreciación de los dólares guardados?

Pasaron las elecciones de medio término, ganó el oficialismo, e incluso a partir de una lectura superficial es posible sacar una conclusión: el esquema de bandas continúa. El ministro Caputo volvió a ratificar su permanencia y los primeros indicadores tras la jornada de votación lo respaldan: el dólar bajó, los ADRs se dispararon hasta casi 50% y el riesgo país disminuyó por debajo de los 700 puntos.

Efectivamente, el mercado transmite calma y se diluyen los fantasmas devaluatorios en el corto plazo. Comprar dólares antes de una elección es un clásico argentino, cimentado por años de inestabilidad económica. Este caso no fue la excepción, y miles de ahorristas compraron divisa para resguardar sus ahorros. Sin embargo, el dólar cayó y quienes apostaron a la devaluación inmediata perdieron. De esta manera, volvió a evidenciarse otro clásico nacional: la falta de educación financiera.

Invertir es la única forma probada de maximizar los ahorros. Si bien históricamente el dólar ha sido utilizado como una herramienta de resguardo, a la larga esta estrategia se revela errónea. La inflación en EE.UU. existe, aún cuando es inmensamente menor a la que registra la Argentina. Si los dólares ahorrados no trabajan, su valor real cae. Según los datos del Bureau of Labor Statistics, el IPC estadounidense alcanzó una inflación acumulada del 36% en los últimos 10 años, lo que equivale a una pérdida de poder adquisitivo cercana al 27% para dólares guardados bajo el colchón.

Acumular dólares es prudente pero, también insuficiente. El colchón no genera rendimientos, e incluso puede provocar dolores de cabeza como el que enfrentan quienes compraron dólar en el pico de la banda. A su vez, la inversión no debe entenderse como un sinónimo de volatilidad, ni de mercado financiero. Una cartera diversificada combina seguridad y rendimientos, y ese es objetivo que deben buscar los ahorristas. Por ejemplo, quien invirtió en self-storage generó en una década más rendimientos que quien lo hizo en los bonos del Tesoro norteamericano, activo seguro por excelencia.

Ahora bien, el traspaso del ahorro a la inversión no puede reducirse a una cuestión de voluntad o conocimiento del mercado. Existen condiciones macroeconómicas que alientan las inversiones, y una de las más importantes es el acceso al crédito. Una política de crédito barato y accesible permite a los ahorristas desplegar capital inactivo, e incluso funciona como impulso multiplicador para quienes no tienen ahorros significativos.

Según el INDEEC, los argentinos alcanzaron los USD 277.003 millones sin registrar al cierre del primer trimestre del año. Si queremos pensar en la revitalización de la economía es necesario volver a poner en agenda distintas estrategias posibles para ingresarlos al sistema. En definitiva, a nivel micro, fomentar las inversiones se traduce en retornos para los ahorristas; y a nivel macro, con las políticas adecuadas, puede significar un estímulo de peso para la reactivación económica.

El orden financiero y la estabilidad cambiaria representan una condición necesaria para crecer, y el electorado parece haber cerrado filas en torno a esta premisa. Sin embargo, lo necesario no siempre es suficiente y, aunque el rumbo es correcto, aún queda mucho camino por recorrer. Por lo pronto, es necesario que dirigentes y ciudadanos en general incorporen una premisa irrefutable: en Argentina, cada dólar dormido es un dólar menos.

Marcos Victorica es economista y CEO de Bas Storage

El impacto financiero del conflicto jurídico por la expropiación de YPF vuelve a poner sobre la mesa un hecho que la historia se ha encargado de confirmar constantemente: en períodos de inestabilidad, la bolsa se transforma en un terreno pantanoso. Ante escenarios de este tipo, los inversores reconfiguran sus estrategias y buscan alternativas seguras frente a la inconsistencia del ámbito bursátil.

El fallo a través del cual la jueza Loretta Preska ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF impactó fuertemente en la cotización de distintas empresas nacionales. Sin embargo, la generación de incertidumbre puede ser multicausal, y no es exclusiva de estas tierras. A lo largo de la historia, numerosos episodios han perturbado la tranquilidad de los mercados. Eventos tan variados como la crisis del petróleo, los flash crashs de 2010 y 2015 y la pandemia del Covid-19 también afectaron bruscamente las bolsas globales. Ante algunos de estos hechos, el índice VIX, que mide la volatilidad esperada en el mercado a corto plazo, llegó a tocar los 80 puntos. Incluso los rubros del futuro, como el tecnológico, conviven con un grado de inestabilidad considerable en términos bursátiles. Tal es así que la vida media de una startup tecnológica ronda los 7 años.

Ante este tipo de situaciones, los mercados globales reaccionan siempre de la misma manera: con fluctuaciones. Desde Wall Street hasta las bolsas asiáticas, las acciones oscilan entre fuertes caídas en momentos de recrudecimiento, y leves repuntes de cara a una posible solución. Esta actitud es fácilmente calculable a partir del VIX, conocido también como “índice del miedo”. En el caso del reciente dictamen de Preska, los mercados mantuvieron su lógica conservadora. No sólo se hundió el valor de las acciones de la petrolera, sino que también sufrieron fuertes caídas los papeles de otras compañías nacionales. Las acciones de YPF perdieron 5,6%, y el índice S&P Merval cayó 2,7%. Efectivamente, así funciona el mercado financiero: cuando una acción se resfría, las otras se engripan.

La respuesta histórica de los inversores ante estos casos es, lógicamente, la migración hacia opciones seguras. El capital tiende a resguardarse en activos tradicionalmente confiables como el oro, y a diversificar su cartera en rubros alternativos como el real estate (principalmente el real estate comercial, que suele generar mayores rendimientos que el residencial). Esta ocasión no fue la excepción, y el escenario de incertidumbre motivó a inversores y empresarios a refugiarse en el dólar, el cual superó los $1.200 y alcanzó su punto más alto desde el fin del cepo.

Claramente, la relación desigual en términos de conveniencia entre los activos financieros y los bienes denominados seguros tiende a estabilizarse a medida que el contexto global se normaliza, sea cual fuere el disparador de la inestabilidad. No obstante, la historia demuestra que las situaciones de crisis suceden, por una u otra causa, cada cierta cantidad de años. Por lo tanto, la clave para evitar sobresaltos es generar una cartera de inversiones diversificada. No se trata de abandonar la apuesta por el rendimiento de las acciones del mercado, sino de evitar poner todos los huevos en una canasta. Los activos sólidos son fundamentales para proteger el patrimonio a largo plazo, e incluso se ha demostrado que quienes destinaron al menos un 20% a bienes alternativos duplicaron sus retornos respecto a las carteras tradicionales.

La experiencia histórica demuestra que, en determinados escenarios, el capital tiende a la cobardía y a la prudencia. Pero esto no es signo de debilidad, sino de inteligencia. El buen inversor debe saber resguardarse en tiempos tumultuosos y avanzar en el momento indicado. Solo quien entienda esta fórmula tendrá éxito duradero en los negocios.

El secretario de Minería de la Nación, Luis Enrique Lucero, participó este miércoles de la reunión de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados donde brindó datos sobre los proyectos en marcha en las diferentes provincias, precisó cifras sobre las inversiones y detalló qué empresas solicitaron la adhesión al RIGI y destacó que “estamos viviendo un momento extraordinario en el precio del oro sin precedentes”.

El funcionario hizo un resumen de los sucesos vinculados al sector ocurridos desde junio de 2024 a marzo de 2025. Al respecto, comentó que en materia de inauguración de operaciones se puso en marcha una planta de litio del proyecto Centenario Ratones (en Salta), planta de hidróxido de litio del proyecto de Sal de Oro y la planta de cloruro de litio del proyecto Mariana. “Con esto ya son 6 las minas de litio en operación en el país: en Jujuy, Cauchari-Olaroz y Olaroz; en Catamarca, Fenix”, precisó y destacó: “Es un gran progreso”.

En cuanto a los anuncios de inversión mencionó el de Glencore por 400 millones de dólares en proyectos MARA (Catamarca) y El Pachón (Jujuy) entre 2024 y 2026 con destino en estudios de factibilidad y trabajos tempranos. También, Kobrea Exploration anunció inversiones por 20 millones de dólares en exploración en Mendoza. Se suma Río Tinto con inversiones por más de 2.700 millones de dólares para la construcción de una planta de carbonato de litio en Salta. Además, la empresa realizó la presentación al RIGI en febrero de 2025 con el proyecto Salar del Rincón. Por último, la empresa Ganfeng Lithium anunció inversiones por 40 millones de dólares en su proyecto Cauchari-Olaroz para instalaciones de una planta prototipo de extracción directa de litio.

Solicitud de adhesión al RIGI

Lucero precisó que Minas Argentinas S.A con su proyecto Gualcamayo en San Juan presentó una inversión estimada en 1.000 millones de dólares para continuar la producción de oro. Galan S.A con su proyecto Hombre Muerto Oeste en Catamarca presentó una inversión estimada en 228 millones de dólares para iniciar producción de cloruro de litio.

Posco Argentina con Sal de Oro presentó una inversión de 1.002 millones de dólares para iniciar la producción de carbonato e hidróxido de litio. En tanto, Litio Minera Argentina S.A con su proyecto Mariana presentó una inversión de 980 millones de dórales para iniciar la producción de cloruro de litio, mientras que Andres Corporación Minera con su proyecto de cobre Los Azules se presentó con una inversión de 227 millones de dólares. Por último, Rincón Mining PTY Limited con un proyecto en Salar de Rincón invirtió 2.724 millones de dólares para iniciar la producción de carbonato de litio.

En lo que respecta a misiones al exterior, Lucero destacó los “esfuerzos y el trabajo federal desde la secretaría. Nos sentimos acompañados y felices de compartir misiones para empujar la minería argentina”.

“Estuvimos en Londres en conjunto con las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, Mendoza y San Juan en la semana de la Bolsa de Metales, una de las más importantes del mundo. En noviembre firmamos un memorándum de entendimiento con el Servicio Geológico Alemán”, contó.

También informó que firmaron memorándums con Estados Unidos, con Emiratos Árabes y con el Departamento de Recursos Naturales de Canadá. “Avanzamos con el memorándum con la Unión Europea, firmamos una hoja de ruta definiendo temas y proyectos y lo mismo con la India”.

“Estamos viviendo un momento extraordinario en el precio del oro sin precedentes, plata y cobre en buen momento. El litio sigue sufriendo por ahora”, ponderó, pero en cuanto a los proyectos advirtió que para el 2035 estiman una caída de la producción de oro “a menos que logremos con algunas medidas remontar la exploración y que haya reservas”.

También puntualizó: "Integro un gobierno que lleva apenas un año en el poder y creo que estamos hablando de un deterioro de más de cincuenta años y me parece aventurado exigirle al Gobierno Nacional en este momento”. En la misma línea, pidió que “seamos equilibrados; por favor no hagamos de la minería federal cuando conviene y algo nacional cuando no conviene”.

El titular de la comisión, Walberto Allende consideró que las palabras del secretario “pone en evidencia lo que significa recorrer los diferentes países del mundo hablando de las bondades de Argentina respecto de estos minerales tan requeridos y se manifiesta en cada inversión”.

“Ha cambiado la mentalidad del argentino, particularmente en lo que es capital federal que fue reacio a aceptar esta actividad que podemos hacerla cuidando el ambiente. Creo que tiene que ver mucho con las decisiones de los gobiernos provinciales de apostar fuerte, trabajar con las comunidades y entender que aquellas provincias que estamos recostados sobre la Cordillera no tenemos plan b si no hacemos minería”, expresó el sanjuanino y remarcó que “nuestra esperanza está en la minería y por eso la decisión política de los gobiernos provinciales es fundamental”.

En el marco de los debates sobre el rol del Congreso y la necesidad de construir consensos sobre aquellos temas que contribuyan a un programa de crecimiento y desarrollo, la diputada nacional Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal) presentó un conjunto de proyectos de apoyo y fomento a las pequeñas y medianas empresas.

“Se han tomado de base algunos de los temas que habían sido propuestos por el Poder Ejecutivo y que han sido adaptados para que su implementación no esté solamente dirigida a promover incentivos para las grandes inversiones, sino que deberían, prioritariamente, ayudar a empresas nacionales pequeñas y medianas, que generan puestos de trabajo y agregan valor”, sostuvo. 

Atendiendo al objetivo de modernización, digitalización y mayor eficiencia en el Estado, se propone crear una Cuenta Corriente Única Fiscal (CCUF) para todos los contribuyentes que cuenten con CUIT y tiene por objeto evitar que deban cumplir obligaciones de pago ante la AFIP cuando al mismo tiempo son acreedores de saldos ante ese mismo ente recaudador. Se trata de compensar créditos y débitos de los contribuyentes con la AFIP, facilitando el cumplimiento fiscal, evitando moras, recargos o deudas acumuladas. “Garantiza un mecanismo más equitativo y justo en el sistema tributario”, aseguró.

Asimismo, en otro proyecto se promueve la creación de un Régimen de Incentivo para Inversiones Productivas (RIIP), mediante el cual aquellos que cumplan determinados requisitos y destinen al menos tres cuartas partes de sus ganancias para reinvertir en actividades industriales en el país, recibirán una serie de beneficios impositivos y de tutela y certidumbre por considerar que aportan al interés nacional. 

Los objetivos del régimen son: reinversión de utilidades en actividades productivas, promover el desarrollo económico, mejorar y fortalecer la competitividad en distintos sectores económicos, favorecer la creación de empleo, generar condiciones de estabilidad y previsibilidad y crear un vínculo virtuoso entre el sector público y privado. 

Por otro lado, el tercer proyecto facilita a un trabajador independiente la posibilidad de asociación con otros trabajadores también independientes para enfrentar dificultades y crear condiciones más favorables para un mercado laboral formal y para el desarrollo de emprendimientos productivos. Se trata de un sistema basado en la autonomía que no crea vínculos de dependencia. 

“Debemos apuntar a un Estado más moderno, dinámico, eficiente, que aliente al inversor, lo apoye y facilite su accionar para contribuir a mejorar las condiciones de empleabilidad. Ese Estado también requiere una revisión hacia el interior de su funcionamiento. O sea, deberá asegurar el mejor rendimiento en el marco de la más absoluta transparencia. Para eso se requieren normas y procedimientos que apunten tanto a la prevención, como la reglamentación y sanción de la corrupción y de todas las conductas que puedan afectar la confianza social en las instituciones”, explicó la legisladora.

Además, enfatizó que para ello impulsa “una reforma integral al tema de los conflictos de intereses de los funcionarios públicos, de tal manera de salvaguardar cualquier duda o sospecha sobre la afectación que el interés público y social cuando quedan enfrentados con los intereses particulares de aquellos que toman las decisiones”.

El proyecto para prevenir, reglamentar y sancionar los conflictos de intereses toma como base la Ley Nacional de Ética Pública (25.188), así como otras normas de la Oficina Anticorrupción y los modelos internacionales relacionados de la aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la cual la República Argentina es parte. 

Define el conflicto de interés como “toda situación en la cual el interés general de la función que se ejerce pudiera verse influido por su interés propio, laboral, profesional, económico o financiero, o el de personas físicas o jurídicas estrechamente vinculadas”. 

“Demasiados ejemplos tenemos en el país sobre los abusos cometidos en el ejercicio de las funciones públicas y de qué manera ello ha afectado la credibilidad pública y el funcionamiento de la democracia. Se trata de restablecer desde la ejemplaridad, un vínculo entre el funcionario político, público y la sociedad basado en la confianza. Para ello, la transparencia no será considerada como un objetivo en sí mismo, pero sí como una cualidad imprescindible de la gestión para el buen gobierno”, subrayó Stolbizer. 

El titular de la cartera de Infraestructura, Guillermo Ferraro, se presentó este jueves ante el plenario de comisiones de Diputados para explicar los capítulos de la ley ómnibus correspondientes a su área y expresó que “es un acelerador de la toma de inversiones”, y explicó que proponen la eliminación de “todo tipo de restricción a la importación y exportación”.

Al inicio de su presentación, comentó que “estamos tratando un proyecto dentro de lo que consideramos que es una emergencia, una de las situaciones más críticas que ha pasado el país”, y denunció: “Para enumerar algunos temas se ha permitido y autorizado importaciones por varios millones de millones de dólares sin que existan los dólares. Tenemos el problema que, por distintas razones que nos encerramos en distintas políticas desacertadas, nos encerramos en una espiral donde cada vez las restricciones al acceso a la moneda extranjera, la posibilidad de acceder a las divisas del exterior, la posibilidad de poder importar se ha hecho casi nula”.

El funcionario alertó: “Hemos llegado a un estado de situación donde acá en el AMBA el transporte esta estatizado porque el 90% de los costos los paga el Estado nacional, donde el transporte ferroviario el 98% lo paga el Estado. Esto implica una situación, no solo de esfuerzo presupuestario y un estado cultural donde parece que lo que el Estado paga no lo paga nadie. Esto nos llevó a una situación de que todo lo vamos a pagar todo”.

“Se hizo un uso y abuso de la emisión de dinero y eso fue generando esa espiral inflacionaria donde llegamos a estar en un nivel de inflación absolutamente insoportable para la población”, cuestionó.

Al respecto, indicó que “en ese marco el clima de inversiones es desalentador, tanto para la inversión extranjera, que es importante, pero también para la de los argentinos. Es muy difícil que venga del exterior una inversión al país si nos ven a que los propios argentinos no invertimos, y esto es así porque se ha generado este clima de restricciones”.

Ferrari aclaró: “No venimos a mejorar o a mejor administrar las estructuras del sistema, venimos a cambiar el sistema de estructuras y esto es importante entenderlo de esa forma porque no se entiende el porqué de la cantidad e intensidad de cambios que el Ejecutivo propone”, y reiteró: “Nosotros queremos cambiar este sistema perverso de estructura, no mejor administrar lo que está y esto implica un cambio cultural que como todo cambio requiere una claridad en el planteo y perseverancia en el tiempo y medidas y reglas que cambien el sistema”.

“El cambio es para volver a ser un país normal, porque tampoco estamos planteando un cambio hacia un modelo novedoso. Lo que queremos es volver a ser un país normal donde el empresario vuelva a ser empresario, en el sentido mejor definido de la palabra porque hay que preservarlo porque organiza el capital y los recursos humanos del empleo y, por lo tanto, cuando un empresario no ocupa ese rol y se le planteó durante mucho tiempo un rol de una negación del riesgo. Este cambio implica que el empresario vuelva a asumir su rol como animador, organizador de la sociedad, un rol creativo para ver oportunidades y donde el Estado poco pueda intervenir porque cuando el Estado interviene lo que hace es alterar, a través de regulaciones, esa creatividad. Si al argentino lo dejamos ser libre nos va a sorprender con su capacidad de creatividad”, explayó.

Así, planteó que “dentro del proyecto en uno de los anexos está el régimen de incentivo a los proyectos de inversión y rigen porque el país normal que avizoramos, debido a las rigideces que hoy tenemos, que hemos heredado, vamos a tener un tiempo como para poder salir de esas rigideces. Un tiempo debido a que escasean las divisas, a que la confianza hay que volver a ganársela, un tiempo para que el sector privado se convenza de volver a ocupar ese rol de emprendedor, de iniciador, de organizador, creador y que el Estado, al mismo tiempo, se retire de todo lo que pueda hacer el sector privado y ocupe un rol orientador, animador y por supuesto retirar todos los obstáculos para que pueda funcionar el sector”.

“Como sabemos que va a tardar tiempo todo eso, hemos redactado el proyecto de ley donde queremos adelantar un clima de inversión para inversiones que sabemos que hoy están dispuestas a realizarse en el país, que es rico en recursos naturales y hay mucho interés, no solo en la extracción de recursos, sino que tenemos que pelear por la segunda parte que es la industrialización del recurso, y para eso se necesitan inversiones cuantiosas y necesita, al mismo tiempo, infraestructura de caminos, energética, logística. Todo esto requieren un tiempo de maduración, no es un negocio que genera un ingreso inmediato, sino que son proyectos para que empiecen a madurar necesitan varios años”, profundizó en su argumento.

El presidente de la Cámara de Diputados recibió al ministro de Infraestructura de la Nación.

Ferraro remarcó que “es importante para nosotros y para esos inversores que hoy están viendo, tanto nacionales y extranjeros, que el país tiene oportunidades de invertir, es importante adelantar ese clima de negocios favorables y el marco de lo que nosotros pensamos que debería ser el marco de un país normal”.

Por último, señaló que los objetivos que están en el artículo 3 “cuando hablamos de incentivos a proyectos de inversión importantes estamos hablando de una multiplicidad de la actividad. Todos sabemos que tenemos un tejido productivo en un porcentaje muy grande constituido por pequeñas y medianas empresas productivas como de servicios. Estos proyectos multiplican la actividad tanto del empleo como de las PyMes y de alguna manera está orientado hacia eso de facilitar la inversión y por otro lado la capacidad que tienen estos proyectos de generar este tipo de actividad”.

Sobre los sectores involucrados, explicó que “plantea una orientación, pero delega en el Ejecutivo la posibilidad de ampliarlo, estamos planteando los sectores de mayor dinámica de acuerdo a los montos de inversiones que se necesitan como la minería, la energía, el transporte”.

Además, comentó que la “ingeniería del articulado” se encuentra en “aislar el proyecto de inversión cuya decisión se tome en estos próximos dos años, la decisión y la efectivización de la inversión, aislarlos de las múltiples rigideces o regulaciones que hoy tiene en el mundo tributario, espacio cambiario, y en muchos casos no se pueden terminar de generalizar por las rigideces que tiene la economía, pero pensamos que va a ser abstracto el régimen cuando de acá a dos años podamos llevar a toda la macro en la mismas condiciones que planeamos”

“Este proyecto es un acelerador de la toma de inversiones de varios de cientos de dólares de muchas empresas que quieren invertir hoy si existe este marco jurídico a nivel del país que planteamos”, afirmó y sumó: “Este régimen es de adhesión y en eso está el compromiso de invertir montos que por sector van a ser mínimos, pero con porcentajes que tienen que cumplir en los primeros dos años. Queremos acelerar la decisión de inversión tanto de empresas nacionales y extranjeras”, y aclaró: “No se trata de inversión de activos financieros, se trata de inversiones en activos computables que son bienes de capital, bienes productivos”.

Por último, describió los incentivos tributarios y aduaneros que se dan por el régimen: “Quien adhiera a este régimen y cumpla los objetivos de inversión porcentuales para este primer año y para el 2025 estamos reduciendo la tasa del impuesto a las ganancias al 25%. Las decisiones de inversión están globalizadas y los países compiten más cuando no se trata solo de la extracción del recurso”.

“Quien toma una decisión de inversión, cuando analiza el proyecto le va cargando costos y muchas de las regulaciones que tiene el país implica el costo argentino y cuando es tan alto no se toma la decisión de invertir. En el régimen de incentivo le vamos quitando a los proyectos que adhieran le vamos a quitar los ítems que hacen al costo argentino”, informó.

Sobre las amortizaciones explicó que “es importante desde el punto de vista impositivo la aceleración de las amortizaciones. Estamos permitiendo que quien maneja el proyecto amortizar en dos cuotas anuales iguales los bienes muebles y, también, considerar en un 60% la amortización de los bienes de capital”.

“Esto se une con el manejo del quebranto impositivo, que el proyecto en los dos primeros años da quebranto impositivo, y desde el punto de vista impositivo es importante solucionar dos temas que se solucionan con el régimen que es mantenerlo actualizado y la posibilidad de ajustar por IPC y si al quinto año no se pudo aplicar, da la posibilidad de transferirlo lo que disminuye el costo financiero de la inversión a fin de generar divisas e ingresos a partir del tercer año”, profundizó y cuestionó: “Esta exigencia de no poder cada vez con mayor intensidad disponer de divisas nos llevó a situaciones donde un inversor extranjero no pueda generar dividendos a su accionista en el exterior. Luego del tercer año permitimos, con este proyecto, generar el 100% de los dividendos y son decisiones que se toman pensando en la inversión productiva dentro del 10 años”-.

El impuesto al valor agregado (IVA)

De forma breve, comentó que el IVA “es otro costo argentino” porque “las políticas de incentivo ya existen en cuando a la devolución del impuesto al valor agregado. Cuando uno analiza el proyecto se da cuenta que la devolución del IVA nunca se sabe cuánto se va a devolver y qué implica nominalmente para el proyecto esa devolución”, y afirmó: “Como el espíritu es devolver el IVA entonces directamente no lo cobramos. Se genera un mecanismo de certificados donde financieramente el inversor no paga el IVA, sino que ese certificado impositivo le sirve para pagar a los proveedores, tiene un efecto cero desde el punto de vista financiero, si lo vamos a devolver directamente no lo cobramos al IVA”.

Impuestos débitos y créditos

“Es un mal impuesto, pero que cuesta modificarlo cada vez que se tiene la necesidad que hay que cubrir al fisco. En el caso los impuestos al crédito y débito se puede aplicar al pago del impuesto a las ganancias, con lo cual no genera costo desde el punto de vista financiero”, explicó Ferraro al respecto.

Derechos de importación y de exportación

Al hablar en materia de derechos de importación y de aranceles contó que “estamos planteando que sea para bienes de capital como parte del capital como insumos directamente ponemos arancel 0 para que no tenga un costo adicional con respecto a otros países con los que estamos compitiendo”.

Por otro lado, sobre los derechos de exportación informó: “Proponemos una excepción a los derechos de exportación a partir del tercer año. Los derechos de exportación no deberían existir en un país normal”.

“Deducción de intereses y diferencias de cambios que en el proyecto de impuesto a las ganancias están topeados que queda corto, nosotros proponemos la totalidad de deducción como gasto de los intereses o diferencias de cambios”, añadió luego.

El funcionario también explicó que plantean “una eliminación de todo tipo de restricción a la importación y exportación porque estamos en un callejón donde llevamos a la macro que desalienta a las inversiones por lo que le cobramos con respecto a otros países sino también a los obstáculos que tienen para importar o exportar son económicos, son registros, son trabas y todo eso encarece un proyecto de inversión”.

Régimen cambiario

Por último, habló sobre el régimen cambiario que “es una salida del corset que estamos en la economía que no debería existir y para lo producido a los proyectos adheridos al régimen planteamos la posibilidad de disponer de las divisas generadas por la exportación por lo que planteamos una liberación paulatina de las divisas en un primer año un 20%, en el segundo año un 40% y a partir del tercer año la disponibilidad de divisas en el exterior producidas por la exportación que genera el proyecto”.

“Tratamos de eliminar toda traba que existe en cuanto a la disponibilidad de lo que se produce, los activos que se invierten no van a haber normas que interrumpan procesos productivos”, concluyó.

El ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo un encuentro con el CEO de Volkswagen Group Argentina, Marcellus Puig, que anunció inversiones por US$ 50 millones, adicionales a los planes de US$ 250 millones anunciados por la compañía para Argentina para el período 2022-2026. 

Las nuevas inversiones son parte de la decisión de Volkswagen de fabricar a partir de 2024 en su planta de la provincia de Córdoba 4 modelos de camiones y un modelo de bus para sustituir las importaciones y, desde esta plataforma, exportar a la región y al mundo una producción que alcanzará 3.000 vehículos por año en el país.   

“Para nosotros es un gran día por lo que representa contarles a los argentinos que vamos a empezar la fabricación de camiones y buses en la Argentina con una inversión de 250 millones de dólares que es una inversión importante para el sector automotriz”, celebró el titular de la cartera de Economía, y agregó: “Entendemos al sector automotriz y autopartista como uno de los sectores más competitivos y más dinámicos de nuestra economía”. 

Del encuentro también fueron parte el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren; la directora de Asuntos Corporativos Legales y Públicos de Volkswagen Group Argentina, María Ángela Stelzer; el director de Asuntos Gubernamentales de Volkswagen Camiones y Buses, Marco Saltini; y representantes del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA). 

Para Massa “lo más importante es que una compañía como Volkswagen haya tomado la decisión de invertir en la Argentina, producir en la Argentina, cuatro modelos de camiones, un modelo de buses, y que tengamos una inversión en la economía real de 250 millones de dólares, y la posibilidad de seguir incorporando trabajadores de lo que es el sector automotriz y autopartista”. 

Además, apuntó: “Me parece muy importante que se entienda que son 3.000 vehículos por año, camiones y buses, que se van a fabricar en la Argentina, y representa un dato central del proyecto de país que tenemos que construir que es ir sustituyendo importaciones con producción nacional competitiva y además construir esa capacidad que el sector automotriz de no solamente producir en la Argentina para los argentinos sino producir en la Argentina para exportar en la región y el mundo”. 

“El sector está mostrando una enorme capacidad de no solamente abastecer el mercado argentino sino empezar a competir, exportar y venderle trabajo argentino al mundo que es lo que buscamos. Es un reflejo de que las empresas internacionales que tienen mirada a mediano y largo plazo ven a la Argentina como un lugar de producción para abastecer al mercado interno y sobre todo a la región”, concluyó el ministro. 

El diputado nacional Julio Cobos (UCR) presentó un proyecto de ley de promoción integral del empleo y generación de inversiones para todas las economías regionales de la República Argentina.

“El mejor programa de inversión y generación de empleo para Argentina sería tener saneadas las variables económicas, con inflación de un dígito, unificado el tipo de cambio, incentivo a las exportaciones sin ningún tipo de restricciones, y por supuesto la reducción de la presión impositiva, por eso no es el camino adoptar una mayor cantidad de impuestos o modificar el régimen tributario para aumentarlos, como tampoco aumentar las retenciones", señaló el mendocino.

Pese a las complicaciones en el terreno económico, el exvicepresidente argumentó que su iniciativa "es el marco ideal de desarrollo y crecimiento y tenemos una propuesta complementaria que entendemos beneficiará a todas las regiones y provincias de nuestro país”.

“El sistema que proponemos es para aprovechar la potencialidad de cada región. Tenemos en un amplio territorio nacional con mucha diversidad, lo que nos permite generar riqueza, desde la cordillera hasta la costa marítima y diversos tipos de clima; por eso queremos aprovechar al máximo estas ventajas propias de nuestra geografía", explicó.

Sobre el proyecto, detalló que "genera una distribución institucional de incentivos, dentro de las regiones del país y dentro de cada una de ellas en cada provincia para llevar a cero la discrecionalidad. Este se complementa con una propuesta que presentamos los legisladores por Mendoza, con la disminución de contribuciones patronales tendientes a generar más inversión y trabajo. Así como recientemente propusimos una distribución institucional de los subsidios del transporte, en igual sentido proponemos este sistema de distribución equitativo e institucional”.

Lo que se busca con la iniciativa es "crear programas de fomento al empleo y la inversión por regiones y provincias desde una visión integral sin perder de vista el concepto de la equidad", definió. Los criterios que se adoptan para la distribución de los beneficios son: el Producto Bruto Geográfico per cápita en la región; el índice de industrialización en la región -cociente entre la cantidad de ocupados industriales cada mil habitantes de la región y la cantidad de ocupados industriales cada mil habitantes del total país-; la incidencia de la pobreza en la región, medido en términos de Necesidades Básicas Insatisfechas; y la densidad de población en la región (habitantes/Km2).

Cobos expresó que “las desigualdades en el desarrollo económico regional de Argentina han tenido un correlato directo con los problemas sociales relacionados con la pobreza, indigencia y la distribución del ingreso. Por eso promovemos un desarrollo más equitativo y sostenible a partir de la distribución de los beneficios por regiones".

Dichas regiones serían: Cuyo, integrada por La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza; Noroeste, con Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero; Noreste, formada por Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones; Pampeana, con Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Patagonia, integrada por La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego”.

El legislador precisó que su proyecto prevé que "los beneficios para nuevos proyectos productivos buscan el fomento directo a la creación de empleo, asignando cupos de crédito fiscal por hasta el 200% de las contribuciones patronales sobre la nómina salarial de los nuevos puestos de trabajo generados. Tal crédito puede ser utilizado para cancelar en forma inmediata otros tributos nacionales".

"Además, para el fomento directo de la inversión, se contempla la creación de un bono crédito fiscal, endosable por única vez, por un valor equivalente al 50% de la inversión realizada, junto con sistemas de amortización acelerada de los bienes de capital e infraestructura generada por el nuevo proyecto. En relación al cupo fiscal total anual, no podrá ser inferior al 1% ni superior al 3% del cálculo de los Recursos Corrientes y de Capital de la Administración Nacional”, añadió.

Cabe destacar que el proyecto prevé un régimen que dure en el tiempo y cuyo costo fiscal se incluya en el Presupuesto de cada año que apruebe finalmente el Poder Legislativo, y que el mismo tiene su base una iniciativa presentada por la exsenadora Laura Montero, en 2010.

La iniciativa del radical fue acompañada por sus pares de bloque Mario Negri, Pamela Verasay, Jimena Latorre, Lisandro Nieri, Omar De Marchi, Álvaro Martínez, Ricardo Buryaile y Mario Barletta.

El diputado porteño de La Libertad Avanza Ramiro Marra y el del Frente de Izquierda Gabriel Solano mantuvieron en las redes sociales un duro cruce, debido a que el libertario compartió con sus seguidores las inversiones que realiza con su dieta legislativa y el trotskista lo acusó de fomentar la “timba financiera”.

En ese sentido, Marra compartió en su cuenta de Twitter “como va quedando la cartera de inversiones que estoy realizando con el sueldo de legislador” y mostró el porcentaje que está invirtiendo en distintas empresas: 8,6% en Vista; 7,9% en Banco Macro; 7,8% en Coca Cola; 7,6% en Mc Donalds; 7,5% en Cablevisión y Loma Negra; 7,4% en Adecoagro y Banco y Mercados y Barrick Gold; 7,22% en San Miguel; 7% en IRSA; 6,2% en Agrometal; 5,6% en Edenor y 4,8% en Transporte del Gas.

Además el liberal informó que invierte en criptomonedas y le dio la posibilidad a sus seguidores de seguir de cerca sus inversiones a través de un documento virtual, al cual se puede acceder a través de un link y en el que se debe solicitar permiso para poder visualizarlo (https://t.co/uU3Q0jROm3).

Atento a esta situación Solano salió al cruce y sentenció que “la dieta del legislador debe ser igual al salario de un docente. No pagar dietas de 350.000 para usarlo en la  timba financiera”.

El Poder Ejecutivo nacional presentará en los próximos días en el Congreso un proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, con el objetivo de establecer un esquema de incentivos a partir de mayores autorizaciones de exportación garantizadas y de disponibilidad de divisas para iniciativas que se encaren en todas las cuencas que aseguren un incremental de producción en gas y petróleo.

Desde la Secretaría de Energía señalaron que el articulado de la iniciativa ya está a disposición del presidente Alberto Fernández con los detalles de un nuevo régimen de promoción de Inversiones para los próximos 20 años, que “genere un horizonte de estabilidad y reglas claras en materia tributaria federal”.

“Es una ley con perspectiva federal, con incentivos a la especificidad de cada una de las regiones del país”, manifestaron al explicar que la futura norma “está destinada a garantizar el abastecimiento interno con valor agregado, empleo, sustitución de importaciones y mayores exportaciones”.

Para ello “se atienden los requerimientos cambiarios y de disponibilidad de exportaciones que necesitan las inversiones, mediante un esquema que genera beneficios para el productor y el abastecimiento interno”, agregaron.

A su vez, trata uno de los históricos reclamos de las empresas del sector que es la estabilidad fiscal y de todos los beneficios adquiridos desde el momento de adhesión al programa, en cuanto a derechos, aranceles, impuestos, tributos y tasas, en el ámbito nacional y en los ámbitos provinciales y municipales que adhieran oportunamente a la norma.

Para este impulso, se creará un régimen general de promoción de inversiones hidrocarburíferas, que tendrá una vigencia de 20 años y que contendrá regímenes particulares orientados a la promoción de actividades de exploración y producción de petróleo, de exploración y producción de gas natural y de exploración, producción, industrialización y transporte de hidrocarburos, obras de infraestructura energética y prestación de servicios.

La futura norma comprenderá a los proyectos nuevos, así como a los que están en desarrollo y tienen capacidad de incrementar su producción, y a los que están paralizados y requieren de una arquitectura de incentivo especial para ser considerados viables.

En particular se ofrecerá a los proyectos, que deberán cumplir montos mínimos de inversión anuales y sostenidos por plazos de hasta cinco años, niveles de exportaciones garantizadas que arranca en un piso del 20% y se extiende hasta el 50% de los volúmenes de producción incrementales.

Para delimitar esos volúmenes se tomará como base el máximo anual del bienio 2019-2020, o los últimos 12 meses a abril de 2021, cuando se comenzó a discutir la ley con la industria y los sindicatos del sector.

Además, se propone libre disponibilidad a las divisas provenientes de la exportación incremental que se calcularán en hasta un 50% del piso de 20% de permisos de exportación, y que se irá incrementando en la medida que lo haga la producción.

El esquema de inversiones mínimas será para los proyectos de exploración sísmica convencional de US$ 6 millones en un plazo máximo de 3 años; y en almacenaje subterráneo de gas desde US$ 30 millones a 3 años.

Para proyectos de producción convencional un mínimo de inversión de US$ 100 millones a 4 años; para los procesos de industrialización de hidrocarburos de US$ 300 millones a 4 años y en la producción de gas y petróleo no convencional como los de Vaca Muerta, de US$ 400 millones anuales sostenidos en 5 años.

En este último caso el 25% de la inversión comprometida deberá estar destinada al desarrollo de nuevos proyectos pilotos de manera de asegurar su sostenibilidad, en tanto que también se contempla proyectos más chicos en cuencas con declino marcado para los cuales se reducen compromisos y se amplían plazos.

En cuanto a otros beneficios fiscales regulares sólo tenderán a reducir el costo del gasto inicial de los bienes de capital para asegurar la viabilidad de la inversión de los proyectos mejorando la actual estructura, pero una vez en funcionamiento tributarán con las cargas impositivas previstas.

Se trata de beneficios en el Impuesto a las Ganancias, en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), aranceles y derechos de importación a bienes de capital, en particular con una mención a los proyectos costa afuera que son más onerosos.

Finalmente, se aborda otro tema sensible para el sector como lo son los derechos de exportación, los que podrán oscilar en tasas del 0% al 8% de acuerdo a una fórmula de cálculo en base al precio internacional del crudo Brent, mientras que se ratifica que los volúmenes adicionales se mantendrán dentro de lo contemplado en el Decreto 488 del año pasado.

De esta manera, se explicó que en conjunto se asegura que se logrará fortalecer el ingreso de divisas y las reservas del BCRA, promoviendo, desarrollando e incrementando el valor agregado regional y nacional en la cadena de valor de la actividad hidrocarburífera.

El esquema apunta a alentar la participación de las empresas regionales y nacionales como proveedores de la actividad, e incrementando la proporción de bienes y procesos tecnológicos elaborados y diseñados por trabajo argentino.

La iniciativa prevé dar un impulso al sector promocionando la producción convencional como no convencional -con distintos incentivos y requerimientos- y en todas las cuencas del país, así como todas las actividades que directa o indirectamente están relacionadas.

También se promueve el transporte, compresión, separación, tratamiento, almacenaje y la industrialización de los hidrocarburos y sus derivados a través de procesos que los utilicen como materia prima, incluyendo -sin limitación- la petroquímica, la producción de fertilizantes, la separación, la licuefacción de gas natural y la refinación de combustibles.

Diputados de Juntos por el Cambio lamentaron la decisión del MSCI (Morgan Stanley Capital International) de retirar a la Argentina del índice de mercados emergentes y reclasificarla en la categoría “standalone”, que tenía antes de 2019.

De hecho, Argentina se había vuelto a colocar como mercado emergente en 2018, durante plena crisis económica del gobierno de Mauricio Macri.

De acuerdo informó el MSCI, se "reclasificará el índice MSCI Argentina de la categoría de Mercados Emergentes a la de Mercados estatus de Mercados Independientes en un solo paso coincidiendo con la Revisión Semestral del Índice de noviembre de 2021″.

Al respecto, el diputado Julio Sahad (Pro) señaló: "Hoy la MSCI anunció que Argentina desciende en el índice de mercados emergentes. No solo es una muy mala noticia para los mercados, sino también para las inversiones en nuestro país y especialmente en La Rioja".

"En pocas palabras, estábamos en la B y nos mandaron directamente a la D. La desconfianza y la falta de reglas claras nos siguen jugando una mala pasada y perjudicando a los más necesitados", agregó el riojano.

En tanto, el legislador Javier Campos (CC-ARI) expresó que "los inversores del mundo consideran tan riesgosa y complicada la economía argentina que pasaron de considerarnos mercado emergente a colocarnos en una categoría especial que se llama 'stand alone' (parados solos)". "Un éxito más de la gestión de Fernández & Fernández!!!", ironizó, en contra del Gobierno.

"Ya se van viendo los resultados de la esquizofrénica política económica del Gobierno, que condena la iniciativa privada y descree de la inversión. La Argentina descendió del índice de mercados emergentes y la ubicaron en un 'limbo' financiero", escribió en su cuenta de Twitter el diputado Luis Petri (UCR).

Por su parte, la diputada Ximena García (UCR) consideró que "el control de cambios, la brecha cambiaria y la falta de claridad de reglas de juego hicieron que a Argentina la desciendan a un status peor que mercado de frontera. Es decir, más abajo de lo que llegamos a estar en 2015".

"Esto no es solo un golpe para el financiamiento del Estado Argentino y de las provincias. Arrastra gravemente a las empresas argentinas exitosas que operan en el país y en el mundo, cerrándoles el acceso a financiamiento internacional", continuó.

Sobre ello, dijo que a las empresas "las fuerza a pensar en migrar o a generar inversiones y empleo en el exterior donde si reciben financiamiento. A esto lo terminamos pagando los argentinos con menos empleo y menos crecimiento".

Para la santafesina, "debemos reflexionar si esto es por mala gestión del Gobierno o porque se tiene decidido ir hacia un modelo que entrega la inversión y financiamiento de largo plazo al capitalismo ruso y chino".