En vísperas de la sesión especial que pretende tratar el DNU 70/2023, las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales dictaminaron el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que, a la inversa del texto original propone, reincorpora la Ley de Tierras Rurales que había querido derogar con el decreto publicado el 20 de diciembre de 2023.

La Libertad Avanza logró el dictamen de mayoría con la colaboración de las firmas de los vocales aliados que integran el Pro y la Unión Cívica Radical. También acompañó el santafesino José Núñez, integrante de Provincias Unidas, cuya presencia en el plenario fue cuestionada por la oposición por haber sido habilitado a formar parte del encuentro en un trámite exprés, horas antes de la reunión.

Por su parte, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría que tuvo el acompañamiento de los misioneros Alberto Arrúa y Yamila Ruíz de Argentina Federal; mientras que Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica presentó un tercero con cuatro firmas de Provincias Unidas.

Los cambios al expediente

En su rol de vicepresidente 2° de Asuntos Constitucionales, el radical Diógenes González fue quien comunicó la incorporación de un cuarto capítulo compuesto por dos artículos: el 38 que deroga el 154 del DNU 70/23; y el 39 que reestablece la Ley de Tierras Rurales. Según dijo, eso fue ideado por el interbloque de Fuerza del Cambio.

Esta Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue aprobada en la Cámara de Senadores durante la madrugada del 7 de agosto pasado en medio de una sesión caótica adentro y fuera del Congreso. Cabe recordar que el oficialismo solamente aprobó 3 de los 6 capítulos que contenía la reforma impulsada por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Los tres capítulos que lograron ser avalados fueron los que proponen endurecer las expropiaciones en el marco de la Ley 21.499; la habilitación a los desalojos exprés, manteniendo criterios de resguardo ante la presencia de personas con discapacidad, menores o adultos mayores en situación de desamparo; y la creación del Registro de la Propiedad Inmueble.

Estos cambios a la media sanción de ese expediente obligan a que la iniciativa regrese a la cámara de origen, en este caso el Senado. Sin embargo, en el bloque oficialista de la Cámara alta no están seguros en avanzar nuevamente con este proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. "Es un tema que generó rechazo social", deslizaron a este medio.

La oposición pidió rechazar el DNU 70

El primero en hablar fue el diputado nacional Diego Giuliano, quien recordó que el Gobierno, originalmente, derogó la Ley de Tierras Rurales apenas comenzó su gestión, pero que luego propuso elevar la posibilidad de extranjerización de un 15 a un 25%. “Parece una comedia”, sintetizó.

Antes de que el despacho quede rubricado, expresó: “Vuelven a una ley del peronismo respecto a la protección de tierras”. La Ley 26.737 denominada Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales fue sancionada en diciembre del 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner.

“Manotazo de ahogado” fue la frase que usó Paula Penacca sobre esta maniobra a la que vinculó directamente con un plan de La Libertad Avanza para desactivar la sesión especial convocada para este jueves desde las 14.00, donde la oposición busca construir quórum y rechazar el DNU 70/2023.

Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica lanzó una serie de críticas contra el expediente: "No tiene antecedente alguno que lo hagan en menos de 24 horas, cuando tenían el expediente durmiendo el sueño de los justos, después del fracaso que vivieron y el desplume que tuvo este proyecto original en el Senado de la Nación”.

“El oficialismo pretende tirarnos el fardo a la oposición de la irresponsabilidad de poner sobre el recinto un decreto inconstitucional en el que la cuestión de fondo no está resuelta, ni por la justicia, ni por la Cámara de Diputados, aunque cuenta con el rechazo del Senado de la Nación. Pero no podemos dejar pasar por alto que el oficialismo tuvo 3 años para poder convertir en ley lo que está y en parte quieren defender del DNU 70”, culminó Ferraro.

El oficialismo convocó a debatir el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados, en un intento por salvar el DNU 70/23, que la oposición busca derogar, luego del polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia en torno a la Ley de Tierras.

La Libertad Avanza y sus aliados evaluaron la alternativa de restituir las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros mediante esa iniciativa que, durante su tratamiento en el Senado, había perdido ese capítulo por la fuerte campaña social y presión de la calle, en medio del clima mundialista.

La Ley de Tierras fue derogada por medio del DNU 70/23 -fundacional de la gestión de Javier Milei y que instauró numerosas desregulaciones-, pero un fallo de la Justicia había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto y, por eso, seguía vigente. Sin embargo, el Gobierno intentó avanzar con una reforma sustancial de esa norma mediante el proyecto de inviolabilidad, pero el rechazo masivo y la falta de votos se lo impidieron.

Dos meses después de eso, la Corte Suprema de Justicia provocó un cimbronazo con una resolución en contra del CECIM La Plata -organización de excombatientes de Malvinas-, al sostener que carecían de "legitimidad procesal" para presentar el reclamo y revocó el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras.

La medida fue duramente cuestionada, tanto que el máximo tribunal salió con una "aclaratoria" el día posterior. Tras el llamado a conjueces, se aguarda por una nueva definición en torno a otra demanda contra el artículo 154 del DNU 70, iniciada por la Asociación Civil Árbol de Pie.

Cuando se conoció el fallo, la oposición más dura reaccionó rápido y llamó a derogar definitivamente el mega DNU, que cuenta con el rechazo del Senado desde marzo de 2024, pero en Diputados nunca se trató por falta de votos.

La convocatoria al plenario es para el próximo miércoles, a las 16, un día antes de la sesión promovida por la oposición, que también incluye los temas de endeudamiento familiar y discapacidad.

Complicada la oposición con los números para el quórum, y dependiendo una vez más de legisladores que responden a ciertos gobernadores, el oficialismo busca así que esos mismos no bajen al recinto.

Durante una reunión realizada en la Presidencia de la Cámara baja este martes, los aliados reclamaron a LLA por una solución "rápida" en torno al tema. Aunque en los próximos días también se verá cómo mueve la Corte y qué escenario se presenta en la antesala del plenario citado por el oficialismo y la sesión solicitada por la oposición.

Además del capítulo de reforma de la Ley de Tierras, el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado perdió la modificación a la Ley de Manejo del Fuego y, muy tempranamente, el capítulo sobre el Registro de Barrios Populares. La iniciativa tuvo un tratamiento complicado, con casi una veintena de cambios sobre el dictamen y postergaciones en el recinto.

El texto que fue girado a Diputados a principios de agosto y, desde ese momento había permanecido cajoneado, contiene modificaciones en torno a habilitar desalojos exprés, flexibilizar expropiaciones y una modernización de la Ley de Registro de Propiedad Inmueble.

La Ley 26.737 del año 2011 prohibía que los extranjeros superaran el 15% de la titularidad de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Originalmente, en el proyecto de inviolabilidad, el Gobierno propuso eliminar cualquier límite a la compra de tierras por parte de foráneos, lo que despertó el enorme rechazo.

Dos días antes de la sesión en el Senado, la jefa de LLA, Patricia Bullrich, anunció que incluirían un tope del 25% (en un giro de 180 grados), pero no alcanzó para salvar el capítulo y finalmente se sacó. Si eventualmente avanzara en Diputados una incorporación del tema, el texto debería volver a la Cámara alta.

La Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de Diputados continuó este miércoles el tratamiento del proyecto de ley sobre inviolabilidad de la propiedad privada con una reunión informativa en la que participaron representantes de organizaciones sociales, asociaciones civiles e instituciones vinculadas a la problemática habitacional. Durante las exposiciones, los invitados manifestaron su preocupación por los efectos que la iniciativa podría tener sobre inquilinos, ocupantes con posesión legítima y otros sectores vulnerables.

La reunión fue presidida por el diputado de UP Itai Hagman, quien convocó a especialistas y referentes sociales para analizar el impacto de la propuesta legislativa en materia de desalojos y acceso a la vivienda.

Uno de los primeros expositores fue Leonel Bazán, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien cuestionó el enfoque del proyecto al considerar que no contempla estándares internacionales de derechos humanos ni recomendaciones efectuadas al Estado argentino por organismos especializados. Según advirtió, la iniciativa establece mecanismos uniformes para situaciones muy diferentes, lo que podría derivar en una mayor vulneración de derechos y un incremento de los conflictos sociales.

En la misma línea, Sebastián Artola, integrante de Inquilinos Agrupados de Rosario, expresó preocupación por las consecuencias que tendría la eventual aprobación de la norma en los grandes centros urbanos. A su juicio, la propuesta podría agravar las dificultades que atraviesan numerosas familias para acceder y sostener una vivienda.

También desde el sector de los inquilinos, Karina Chiappa, vicepresidenta de la Asociación Platense de Inquilinos, cuestionó que el proyecto equipare situaciones vinculadas al alquiler con casos de usurpación. Según señaló, ello implicaría un retroceso en materia de protección de derechos para quienes habitan inmuebles bajo distintas modalidades de tenencia.

Por su parte, el abogado especializado en desalojos Juan Francisco Venturino sostuvo que la problemática excede el plano jurídico y debe analizarse desde una perspectiva más amplia. En ese sentido, remarcó que el déficit habitacional continúa siendo uno de los principales desafíos estructurales que enfrenta el país.

Durante el encuentro también se debatió sobre la situación de las personas que poseen inmuebles sin contar con un título formal de propiedad. Franco Carballo, integrante de la Asociación de Derecho Urbano Argentina (ADUA), consideró que la discusión representa una oportunidad para revisar y actualizar los mecanismos de regularización dominial existentes. A su entender, resulta necesario perfeccionar las herramientas que permitan transformar situaciones de posesión prolongada en títulos de propiedad definitivos.

Una posición similar expresó la abogada Selene Posteraro Sánchez, quien cuestionó los cambios propuestos sobre la Ley 24.374 de regularización dominial. Según argumentó, elevar los plazos de posesión exigidos podría dejar sin protección a numerosos ocupantes de viviendas urbanas y familias agricultoras que adquirieron inmuebles de buena fe y esperan acceder a la titularidad formal.

Además de los expositores principales, participaron representantes de distintas organizaciones vinculadas al derecho a la vivienda, colectivos barriales, entidades de consumidores, agrupaciones de inquilinos y asociaciones de personas afectadas por situaciones de endeudamiento habitacional.

Las exposiciones formaron parte de la ronda de consultas impulsada por la comisión antes de avanzar en el tratamiento del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa que genera fuertes debates entre quienes consideran necesario reforzar las garantías sobre la propiedad y quienes advierten sobre sus posibles consecuencias sociales en un contexto marcado por el déficit habitacional y las dificultades de acceso a la vivienda.

La aprobación del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada le llevó su buen tiempo al Senado: ingresado el 27 de marzo, fue presentado en comisiones por su propio autor, el ministro Federico Sturzenegger, el 8 de abril venidero, y aprobado en el recinto -tras sucesivos intentos fallidos- ya en los primeros minutos del 7 de agosto. Demasiado tiempo, según confesó Patricia Bullrich al lamentar que el texto original hubiera perdido buena parte de sus puntos principales en el camino.

El Gobierno mostró tras su aprobación una diligencia reservada para los temas que más le interesan, cuando al día siguiente de su aprobación apuró el envío de la media sanción a la Cámara baja. Lo cual es anticipo, a priori, de un interés especial en que, aun recortada como salió, pueda ser tratada cuanto antes en Diputados.

La interpretación que debe dársele a tal premura es la certeza de que habida cuenta del tortuoso andar del proyecto en sus últimas semanas en el Senado, puede alentar a la oposición para tratar de asestarle otro golpe al oficialismo volteando por completo la ley. Y ya se sabe que esto tiene más chances de prosperar conforme pasa el tiempo.

Una cosa que se notó claramente en el Senado fue la injerencia de varios gobernadores sobre votos que resultaron clave a la hora de eliminar capítulos completos del texto original. Razón por la cual se facilita anticipar lo que puede llegar a suceder en la Cámara baja a la hora del debate de la una ley de Propiedad Privada que llegó ya “podada” en el Senado. Aunque convengamos que, si los números resultan ajustados como se ve hasta ahora, no se descarta postergar su tratamiento.

Voto a voto

El proyecto arranca con una base de 94 votos que son los del bloque LLA -sin contar a Martín Menem, que no vota-, a los que habrá que sumar una docena del Pro (sin excepciones, teniendo en cuenta los artículos eliminados la semana pasada); los 6 del radicalismo, que votó sin fisuras en el Senado, y el de la también radical pero monobloquista Karina Banfi. En Innovación Federal comienzan las primeras dudas y discrepancias, partiendo de los misioneros y la interna partidaria que ha dividido las adhesiones legislativas respecto del gobernador Hugo Pasalacqua y el otrora mandamás provincial indiscutido Carlos Rovira.

Aunque en este caso puntual, teniendo en cuenta que el jueves los dos senadores misioneros votaron a favor, podría considerarse a los cuatro por la afirmativa, pero se verá si finalmente exhiben fisuras. Probablemente también al formoseño Gerardo Gustavo González, que arrancó en el bloque oficialista y luego fue uno de los que se fue.

El oficialismo contaría con los 2 votos sanjuaninos de Producción y Trabajo, y los 2 del MID. Hasta ahí el oficialismo podría estar sumando 122 votos.

Muchas veces Provincias Unidas terminó votando dividido. Si bien en principio este medio estimó que su presidenta Gisela Scaglia, su comprovinciano José Núñez y el rionegrino Sergio Capozzi, como así también Lourdes Arrieta podrían votar positivo, desde esa bancada negaron haya una decisión en ese sentido. A priori, remarcaron no hay una decisión tomada sobre un tema que ni siquiera comenzaron a discutir.

En contra y las dudas

Siguiendo con Provincias Unidas, los cordobeses Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Juan Brügge, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres votarían en consonancia con lo hecho por la senadora Alejandra Vigo la semana pasada, o sea en contra. Lo mismo harían Martín Lousteau y Mariela Coleta y Pablo Juliano, además del socialista Esteban Paulón. Otro socialista, Pablo Farías, aclaró enfáticamente ante parlamentario.com que “lo que vino del Senado lo votaré en contra”. De momento, tampoco se sabe qué harán los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán.

No anticiparon cómo votarán los miembros de Encuentro Federal, Miguel Pichetto y Nicolás Massot.

Por la negativa estarán obviamente los 93 diputados de Unión por la Patria, más los 4 de la izquierda. En cuanto al resto, la disección debe hacerse de manera más puntillosa. Pero vale la referencia que hizo la cordobesa Natalia de la Sota, que manifiesta su oposición a la agenda del Gobierno que ve “alejada de las prioridades de los argentinos”, y por ejemplo en cuanto al tema “desalojos” defiende las autonomías provinciales y sobre expropiaciones aclara que eso ya está resuelto por la Constitución Nacional.

También en contra se descuenta que votará Marcela Pagano, del bloque Coherencia y muy crítica de La Libertad Avanza desde que se fue del oficialismo.

¿Qué harán los diputados de la Coalición Cívica? El rechazo puede inferirse por lo que dijo Maximiliano Ferraro en declaraciones a Radio 10, en las que advirtió que “cada ley de esta magnitud no tiene que ser analizada por separado, sino que lo tenemos que hacer por un contexto donde se planta Javier Milei, en donde se planta también desde el punto de vista geopolítico, y no es algo que debamos dejar pasar así porque sí”. Su compañera de bloque, Mónica Frade, aclaró a parlamentario.com que tenían que hablarlo en el bloque, pero se sabe que no está de acuerdo para nada con modificar las condiciones de desalojo en la situación actual.

Teniendo en cuenta la postura de la senadora Flavia Royón, podría esperarse que los 3 votos de diputados salteños de Innovación Federal se volcarán al rechazo.

Sí se esperan votos negativos de los 3 tucumanos de Independencia y los 3 catamarqueños de Elijo Catamarca. Lo mismo con la neuquina Karina Maureira, con lo que el rechazo llega a priori a 121 diputados.

Restaría verificar qué hará el puntano Claudio Álvarez, de Innovación Federal y el también puntano Jorge Fernández (Primero San Luis). También el santacruceño José Luis Garrido, alineado en su caso con el gobernador Claudio Vidal, a diferencia de los dos senadores de esa provincia, que se distanciaron de su gobernador y votaron en contra.

La diputada nacional Natalia de la Sota anticipó este lunes que votará en contra del proyecto de ley sobre inviolabilidad de la propiedad privada que impulsa el Gobierno nacional y que ya obtuvo media sanción en el Senado, aunque con importantes cuestionamientos durante su tratamiento.

La legisladora cordobesa sostuvo que la iniciativa promovida por la administración de Javier Milei y por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se encuentra alejada de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

A través de una publicación en sus redes sociales, De la Sota afirmó que, en lugar de concentrarse en la recuperación del empleo, el cierre de empresas y el fortalecimiento del federalismo, el oficialismo insiste con una agenda que “vuelve a imponer una agenda alejada de las prioridades de los argentinos”.

Respecto de uno de los ejes del proyecto, referido a los desalojos, la diputada de Defendamos Córdoba remarcó que las provincias tienen autonomía para decidir sobre esa materia. Asimismo, señaló sobre las expropiaciones que tanto la Constitución Nacional como la legislación vigente ya establecen “reglas claras”.

La legisladora concluyó sus críticas al señalar que “la Argentina necesita respuestas a los problemas de muchos, no a los caprichos de unos pocos”, ratificando así su rechazo a la iniciativa cuando esta sea debatida en la Cámara de Diputados.

"El pueblo argentino logró lo impoSible: que este gobierno enTreguista tenga que bajar dos capítulos claves del proyecto de inviolabilidad. La ley de tierras y la ley de Manejo del fuego siguen vigentes", escribió la senadora peronista Juliana di Tullio en sus redes y levantó intrigas que rápidamente se resolvieron.

Sucedió que a su mensaje le puso misterio al escribir en mayúsculas solo tres letras: SMT, las iniciales del nombre de Sergio Tomás Massa, exrival de Javier Milei en las elecciones de 2023.

Rápidamente en las redes circuló que se trataba del líder del Frente Renovador, dado que algunos periodistas revelaron que estuvo detrás de las gestiones para que se rechacen dos capítulos clave del proyecto que impulsaba el Gobierno.

De hecho, luego del mensaje de Di Tullio, la diputada massista Marina Salzmann compartió un fragmento de este dato por parte del periodista Pablo Duggan. "Sergio Tomás Massa siempre trabajando para frenar los intentos de este Gobierno de llevarse puesto todo. Ayer ganó el pueblo argentino, no todo vale, no todo está en venta y más temprano que tarde vamos a salir adelante", expresó la legisladora.

Mientras que su par Sabrina Selva, también del espacio del tigrense, reposteó una publicación del abogado Gregorio Dalbón, quien manifestó: "Axel en la calle. Cristina injustamente detenida en su casa. Y @SergioMassa con un celular". "Sin la exposición pública que muchos demandan, @SergioMassa está en lo importante", destacó la diputada.

Según transcendió, Massa se habría comunicado con un grupo de gobernadores aliados al Gobierno para pedirles que sus legisladores no acompañen esos polémicos capítulos, que finalmente el oficialismo tuvo que retirar antes de la votación.

Pasada la sesión en la que obtuvo media sanción el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, la diputada kirchnerista Florencia Carignano cargó contra la senadora Carolina Losada, quien integra la bancada radical y es aliada incondicional de La Libertad Avanza.

Con una foto junto al tablero del recinto, donde quedó plasmado su voto a favor de la polémica iniciativa -que perdió capítulos previamente-, la opositora escribió en X: "No falla, Losada siempre votando junto a Milei". Además, la santafesina igualó a su comprovinciana con el gobernador, Maximiliano Pullaro, y el Presidente Javier Milei.

"¿Vos estás de acuerdo con la ley actual de tu jefa presa por corrupción?", le devolvió la senadora, en alusión a la expresidenta Cristina Kirchner y continuó: "¿Que venga Inglaterra como Estado, y se compre el 10% de nuestro país? Porque la ley vigente, la de ustedes, lo permite".

Confirmando que estaba a favor de la reforma de la Ley de Tierras, defendió: "Nosotros prohibíamos que un Estado extranjero compre en Argentina. Ni hablar de la base que le regalaron a China en nuestra Patagonia. Eso es rifar soberanía". "Pero entiendo a lo que se dedican ustedes… desinformar y destruir", completó.

Carignano no se quedó callada y le retrucó: "Caro, Caro... sabemos que la ley anterior no permitía eso. Pero la que vos impulsabas, SI. Por ejemplo, con el proyecto que vos defendías, un cartel del narcotráfico podía comprar hasta el 10% del territorio. Digo, porque recuerdo tu preocupación en la campaña anterior sobre este tema...¿Te acordás? Cuando le decías narco a Pullaro".

El jefe del bloque Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, aseguró que la movilización de la sociedad contra el proyecto de propiedad privada provocó que senadores aliados de La Libertad Avanza se "inclinen para el lado del bien", al votar en contra.

"El camino son senadores y diputados haciendo lo que tienen que hacer y una comunidad organizada y movilizada", destacó y consideró que esto último produjo que "los sectores que van de un lugar para otro, que a veces están con (Javier) Milei, que a veces están en contra, se encuentren con una sociedad activa y esa sociedad activa los incline para el lado del bien y la justicia".

Además, el santafesino ponderó "la enorme cantidad de diálogo entre dirigentes, senadores" y dijo que "hubo muchísima gente que colaboró" en empujar la caída del capítulo de la Ley de Tierras. Entre ellos, reconoció al presidente de la UCR, Leonel Chiarella; y a gobernadores "con los que tuvimos diferencias, pero en este tema tuvieron una posición muy clara".

"Hay que poner en valor todo el trabajo que se hizo este tiempo. Porque antes que apareciera la bandera de los jugadores en el Mundial ya había habido dos intentos del Gobierno por llevar este tema al Senado. Como dijo (Patricia) Bullrich, (la situación de Manuel) Adorni también tapaba el intento de llevar adelante esta ley nefasta", señaló.

En diálogo con Radio 10, el opositor afirmó que, aprobada la media sanción, en la Cámara de Diputados "habrá que dar la argumentación necesaria de por qué no" tiene que salir la ley, y se refirió al capítulo de desalojos como "una afectación de derechos".

En cuanto a los cambios en expropiaciones, el peronista defendió que esta "es una herramienta que tiene la gestión de gobierno con el objetivo de solucionar problemas, pero este Gobierno lo que quiere es que el Estado esté absolutamente atado, no se pueda mover, no pueda resolver problemas".

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, consideró que el oficialismo tiene que impulsar temas "que le interesen a la sociedad", tras la sesión en la que se consiguió la media sanción de un diluido proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

Luego que se retiraran antes de la votación los capítulos sobre la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego (y anteriormente el de Registro de Barrios Populares), la senadora reconoció que "hay que tomar una agenda que tenga que ver con temas sociales, educativos, económicos -y no solo económicos-, y que la gente sienta cómo lo beneficia a cada uno. Tenemos que tener una agenda con temas que le interesen a toda la sociedad".

"Desde el Gobierno tenemos que apuntar bien y mirar bien a las cosas más importantes y trascendentes, no detenernos en detalles o cosas que por ahí no son las fundamentales", lanzó y reconoció que "esas leyes ómnibus que meten muchos temas terminan generando una gran confusión".

Consultada entonces por el rol del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, impulsor del proyecto que levantó una gran polémica y resultó muy costoso aprobar para LLA -no contó con el apoyo de algunos de sus aliados-, Bullrich puso paños fríos: "Yo no creo que haya vencedores y vencidos dentro del oficialismo, acá se trabaja en equipo, no hay nada que responsabilizar a nadie". No obstante, insistió que "lo que sí hay que hacer es que la producción parlamentaria tenga un sentido".

"Yo creo que esta ley vino un poco endiablada, en primer lugar porque ya hacía tres meses que la estábamos tratando. En el medio tuvimos que parar el Congreso un tiempo hasta definir la decisión respecto al jefe de Gabinete, (Manuel) Adorni, porque sino venía una moción de censura. Eso nos paró dos sesiones importante y después tuvimos el Mundial y fue casi imposible explicar la ley a la gente", resumió en declaraciones a radio Rivadavia.

De cara a la agenda que tiene por delante el oficialismo, la porteña aseguró que tiene "un buen pronóstico", pero reiteró su deseó de trabajar en temas como "salud mental, que es un tema postergado en Argentina, y trabajar sobre educación".

La oposición celebró bajo el lema “La Patria no se vende” el retiro de la Ley de Tierras y de la modificación a la Ley del Manejo del Fuego del proyecto del oficialismo de inviolabilidad de la propiedad privada, que terminó siendo aprobada en el Senado en la madrugada de este viernes sin sendos capítulos en su composición.

El diputado Maximiliano Ferraro (CC) agradeció a la “inmensa mayoría de la sociedad que levantó su voz, salió a las calles e inundó las redes sociales en defensa de nuestros recursos naturales y de nuestra soberanía”. Hizo extensivo su agradecimiento a los referentes de la cultura que estuvieron presente en la movilización, a los jugadores de la Selección Argentina, a las organizaciones de la sociedad civil. “Gracias a todos los que se comprometieron y se animaron”, expresó.

“No perdamos la esperanza. Sigamos transformando la indignación y el enojo en compromiso y acción colectiva, para que se conviertan en una fuerza capaz de cambiar las cosas. Vale la pena involucrarse y alzar la voz”, agregó.

Ferraro, además, le dejó un mensaje al senador libertario Joaquian Benegas por tildar de "ignorantes" a los "tibios del medio" a quienes responsabilizó el retiro de los dos capítulos del proyecto. ""La idiotez, la arrogancia y los conflictos de interés son muy malos consejeros", le escribió el diputado.

ARGENTINA: 1 - Milei: O

Todavía falta @DiputadosAR para terminar de desarticular el esperpento que aún quedó de la mal llamada ley de inviolabilidades de la zaraza.

— Florencia Carignano (@florcarignanook) August 7, 2026

La diputada de UP Cecilia Moreau escribió: “El gobierno pensó que se iba a llevar todo puesto y... NO PUDO. No pasó ni el capítulo de extranjerización de tierras, ni el que habilitaba los incendios intencionales”, y destacó: “Esta es una victoria de nuestro pueblo que demostró, una vez más, que puede torcer el rumbo con lucha y organización. Como me dijo hace un rato un compañero: ‘No nos rendimos nunca’. Todavía falta. ¡Que esta victoria sea el impulso para la próxima! ¡Al gran pueblo argentino, salud!”.

Su par de bancada, la cordobesa Gabriela Estévez calificó los capítulos que el Gobierno retiró de “entreguista que buscaba rematar el país”, y sostuvo que “no fue un gesto de buena voluntad, sino el resultado de una sociedad que se organizó, se movilizó e hizo escuchar su voz”.

Sin embargo, planteó: “No alcanza. Siguen en pie artículos que afectan los derechos de los inquilinos y debilitan las herramientas del Estado para actuar cuando el interés público exige una expropiación. Pero este es el camino, no hay lobbie ni acuerdos de pasillo que puedan sostenerse cuando un pueblo tiene claro lo que debe defender”.

“LA PATRIA NO ES UNA MERCANCÍA”, encabezó su posteo la diputada Lorena Pokoik y agregó: “Puede haber mayorías circunstanciales, pero hay una conciencia nacional siempre latente, que aflora cuando están en juego nuestra tierra, nuestra soberanía y aquello que, por nuestra historia, sentimos profundamente nuestro”.

“Lo ocurrido en el Senado deja una enseñanza: no todo tiene precio. Hay un límite que no lo impone el mercado, sino nuestra memoria histórica como pueblo. La Argentina sigue forjando su destino porque amamos nuestro país y reconocemos en él una historia, una pertenencia y un destino común”, concluyó.

Ganaron los pibes de la selección. Ganó el pueblo en la calle.

Podrá aguantar mucho la gente que hoy la está pasando mal, pero nunca más a un gobierno vendepatria como este.

Hecha pelota la ley que vendía la Argentina al caerse los dos capítulos más importantes: el de… pic.twitter.com/XZAB3x7vS8

— Sabrina Selva (@SabriSelva) August 7, 2026

Tras un operativo que dejó un saldo de al menos 11 detenidos, tres agentes heridos y destrozos en el centro de la Ciudad, los legisladores de Fuerza por Buenos Aires (FxBA) y Vamos por Más (VxM) se cruzaron con fuerza por las redes sociales, en donde los primero realizaron serios cuestionamientos al accionar de las fuerzas de seguridad y los segundos pidieron velar por el orden público.

Los destrozos se produjeron mientras el Senado debatía el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno del Presidente Javier Milei, el cuál días previos había generado sumo rechazo en las redes sociales, con campañas que instaban a los cibernautas a compartir distintos paisajes de la Argentina como repudio a la iniciativa. Pese a que el oficialismo retiró el capítulo que habilitaba la venta de tierras a extranjeros —el punto más polémico de la iniciativa—, la movilización se mantuvo en pie y, posteriormente, parte de los manifestantes derribaron las vallas dispuestas en el perímetro del Congreso, lo que motivó el accionar policial. La violencia escaló durante más de una hora. Los manifestantes rompieron veredas para extraer piedras y lanzarlas contra los efectivos. Algunos prendieron fuego a basura acumulada y también a una bandera de Estados Unidos.

En ese contexto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, destacó el accionar de las fuerzas de seguridad. "La orden a la Policía es clara: hacer cumplir la ley y defender a esta ciudad de los violentos que pretenden destruirla. Quemaron contenedores, rompieron veredas, destrozaron patrulleros y atacaron a la Policía", advirtió el funcionario.

A la vez que consideró que "el debate se da dentro del Congreso o se manifiesta de manera pacífica. Quienes alteran el orden de manera violenta y agreden a la Policía son delincuentes anarquistas. Son enemigos de nuestro estilo de vida".

Atenta a sus dichos, la presidenta del bloque FxBA, Claudia Neira, salió al cruce. "No, la orden a la Policía fue otra: subordinarse a las fuerzas nacionales y sumarse al caos que generaron. El resultado, patético; pusieron en riesgo a manifestantes pacíficos, a vecinos y transeúntes. Terminó muy mal y los que tenían que garantizar la seguridad, hicieron todo lo contrario. Decís barbaridades, todo tratando de imitar a Milei, pero lo más triste es lo que haces con nuestra Ciudad y el maltrato a los porteños. Papelón", sostuvo la peronista.

Mientras que la diputada por el peronismo Berenice Iañez (FxBA) advirtió que "Otra vez intentan aprobar leyes que entregan la Patria. Otra vez la represión como respuesta. Otra vez Jorge Macri atacando a las personas en situación de calle. Este modelo de ajuste, entrega y hambre solo lo pueden sostenerse así".

Finalmente, la legisladora de VxM Laura Alonso salió a respaldar los dichos de Macri. " Los violentos se van a encontrar con la Policía y la Ley en la Ciudad. No vamos a permitir que esas hordas se la lleven de arriba. Y recordemos que los violentos están siempre con los que se robaron el país y la señora que está presa", completó en una clara referencia a Cristina Fernández de Kirchner.

Luego de largas horas de debate en el Senado y no menos extensas negociaciones hasta último momento, el oficialismo logró darle media sanción al proyecto de ley de Inviolabilidad Privada por 37 votos a favor y 33 en contra. Pero fue con un alto costo, ya que antes de la votación tuvo que retirar otro capítulo: el referido a la Ley de Manejo del Fuego.

Así las cosas, solo quedaron de la ley original los cambios en desalojos, expropiaciones y Registro del Inmueble. De esta manera, el oficialismo celebró a medias: consiguió la media sanción, pero con un proyecto seccionado. Más que celebrar una victoria, evitó una contundente derrota.

El retiro del capítulo referido al Manejo del Fuego no sorprendió demasiado, ya que al caer la noche se sabía que los números ya no le daban al oficialismo para ese capítulo. Los votos originalmente estaban, pero con el correr de las horas se fueron evaporando: los dos misioneros se sabía que votarían en contra, igual que los dos santacruceño, Alejandra Vigo, Flavia Royón, Beatriz Ávila, Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger, Edith Terenzi… Y ante esa certeza, la jefa del bloque acordó con el Gobierno pegar el volantazo. Lo anunció antes de la votación el senador Agustín Coto, quien solo anunció el retiro del Capítulo IV, lo que llevó a José Mayans a sugerirle entre risas retirar la ley por completo.

En la votación en general, La Libertad Avanza contó con el acompañamiento de la mayoría de sus aliados: todos los senadores del bloque UCR; los del Pro; los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut -cada uno con su monobloque-, y la chubutense Edith Terenzi.

Mientras que se opusieron el interbloque peronista; el bloque Convicción Federal; la tucumana Beatríz Ávila; los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano; la neuquina Julieta Corroza; la salteña Flavia Royón y la cordobesa Alejandra Vigo.

La votación en particular

A continuación de la votación en general, se procedió a la votación en particular de un texto del que habían desaparecido dos capítulos completos y diez artículos, respecto de la versión original.

El Capítulo I correspondiente a expropiaciones, fue aprobado por 37 votos a favor y 33 en contra.

El Capítulo II, correspondiente a los desalojos, que incluye los artículos 12 al 23 inclusive, resultó aprobado por 36 votos a favor, 33 en contra, con una abstención de Edith Terenzi.

El Capítulo V, que va del artículo 33 al 46 inclusive y se aprobó por 37 a 33.

El Capítulo VI, que tiene los artículos 47 y 48, resultó aprobado por 37 votos a favor y 33 en contra.

Obviamente al final se facultó a la Secretaría Parlamentaria a realizar la renumeración completa del proyecto, habida cuenta de la eliminación de los capítulos III y IV.

Cómo fue desgajándose el proyecto

La iniciativa impulsada por el Gobierno, e ideada por el ministro Federico Sturzenegger, tuvo un complicado camino, marcado por cuatro intentos fallidos de tratamiento y un texto que, después de haber sido dictaminado -el 20 de mayo- tuvo 18 versiones, dado las modificaciones negociadas entre el oficialismo y sus aliados puertas adentro de los despachos durante estos meses.

LLA llegó a la sesión con un duro revés producido por la caída anticipada del Capítulo III, que preveía la modificación de la Ley de Tierras. La fuerte campaña en contra de esa propuesta, que se instaló en la agenda pública y las redes sociales (incluso con artistas populares sumándose), provocó que varios senadores de los llamados “dialoguistas” confirmaran anticipadamente que no iban a acompañar ese punto.

La sesión arrancó a las 14.18 sin necesidad de contar con el quórum, tratándose de la continuidad de la sesión del 16 de julio pasado en la que se votó un cuarto intermedio para debatir este tema. La puso en marcha el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, en ausencia de Victoria Villarruel, a cargo del Ejecutivo por estar el presidente Javier Milei fuera del país.

Bartolomé Abdala condujo la sesión sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. (Foto Comunicación Senado)

Precisamente Villarruel había avalado en la previa de la sesión a los senadores Anabel Fernández Sagasti (Justicialista) y Flavio Fama (UCR) a participar de manera virtual, imposibilitados por razones médicas de asistir de manera presencial. Sin embargo, ese tema debía ser resuelto por el pleno del Cuerpo, y si bien se preveía una fuerte discusión reglamentaria, en realidad hubo un acuerdo entre LLA y el kirchnerismo y se votó a mano alzada y sin debate que esos pedidos fueran tratados oportunamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Durante el debate, en las afueras del Congreso hubo una destacada movilización, que incluso se vio mermada por la eliminación del capítulo de tierras (que era el que concentraba el mayor rechazo) y las condiciones climáticas. Sin embargo, hubo una recurrida presencia de organizaciones sociales, ambientales, sindicales y agrupaciones políticas que habían convocado a manifestarse en contra del proyecto.

Por la tarde, cuando los efectivos de seguridad avanzaron para dispersar a los participantes, se generaron graves incidentes y enfrentamientos, con manifestantes que provocaron destrozos y hubo al menos una docena de detenidos.

Un largo debate 

Treinta y nueve legisladores se anotaron para hablar en esta sesión, lo que mostró de entrada que esta sería una sesión muy extensa. Abrió el fuego el senador Agustín Coto, quien en su condición de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales fue el miembro informante, y en su exposición dio detalles de la norma promovida por el Poder Ejecutivo, y una y otra vez hizo referencias a las múltiples modificaciones realizadas en el texto dictaminado oportunamente.

Una iniciativa que, dijo, “nace en el marco de lo que fue el Pacto de Mayo, incorporado finalmente como proyecto”. Cuya base constitucional está en el artículo 17 de la Constitución, que establece el concepto de inviolabilidad de la propiedad y le da “la nomenclatura con la que tratamos esta ley”, según planteó.

Tras recordar cómo fue el debate en comisión, que remarcó que contó con la participación mayoritaria de gente que no estaba de acuerdo con el proyecto, se llegó a un dictamen que, admitió, “ya tiene bastante tiempo”. “Ha habido más de una modificación”, deslizó, aunque obviamente los cambios son “más de uno”. Y recordó en ese marco que la última y gran modificación fue la eliminación del Capítulo III.

Agustín Coto valoró el trabajo hecho en las comisiones.

Tantas eran las modificaciones a las que hizo referencia -aclarando que más tarde daría precisiones puntuales a los efectos de ser considerados en la votación en particular-, que los senadores Adán Bahl y Fernando Salino lo interrumpieron para solicitar precisiones, a fin de seguir el hilo del borrador del dictamen que tenían en sus manos. En realidad, se trataba de la última de las casi dos decenas de textos con modificaciones que circularon las últimas semanas.

Atento a ello fue que el senador José Mayans adelantó la postura que se esperaba expondría en algún momento, y propuso a continuación del discurso de Coto una moción para devolver el texto a comisión. Previsiblemente no tuvo éxito, y el resultado de la votación adelantó de alguna manera la tendencia que se mantendría al cabo de la sesión, pues el oficialismo con aliados rechazaron la moción por 38 votos contra 31.

Votaron con el oficialismo los radicales, el Pro, la neuquina Julieta Corroza, Camau Espínola, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut y la chubutense Edith Terenzi, en tanto que en contra lo hicieron los miembros del interbloque Popular, Convicción Federal, Beatriz Ávila, los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, la salteña Flavia Royón y la cordobesa Alejandra Vigo. 

En una extensa intervención, el senador chaqueño Jorge Capitanich invocó a la Constitución Nacional, el Magnifica Humanitas (doctrina social de la Iglesia) y a la “doctrina peronista” para endilgarle a este texto un objetivo de “eliminar los límites de la extranjerización de las tierras”.

Evitando mencionar la acusación contra Joaquín Benegas Lynch, el exgobernador ironizó: “Si queremos custodiar la propiedad, custodiémosla siempre y con los mismos principios, no cuando se usa al Estado para satisfacer intereses personales y corporativos”.

Cuestionó al oficialismo por agregar una nueva derogación a la Ley de Manejo del Fuego (26.815), al que acusó de “violar el Acuerdo de Escazú y todas las leyes”, relacionadas con el objeto del marco regulatorio. “Es importante remarcar nuestra oposición enfática a estas decisiones”, reiteró.

Por último, expresó: “Creemos necesario que el debate público tenga que centrarse en el acceso a la propiedad por parte de los pobres”, y concluyó: “La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada encubre la facilitación del despojo del patrimonio y de los activos de la República Argentina”.

“Me cuesta creer que estemos tratando este proyecto”, arrancó su intervención la senadora santacruceña Alicia Kirchner al remarcar que el tema está en la Constitución Nacional y apuntó: “Me pregunto si el Ejecutivo no se dio cuenta que es el cementerio de las instituciones”. Así, agradeció al pueblo que “puso un límite” y a los gobernadores que “supieron entenderlo”.

Sin embargo, lamentó que los proyectos vigentes “tienen que ver con esos dos capítulos que se retiraron, de manera imperceptible, lo que están haciendo es vulnerando hasta el mismo proyecto que presentaron. Tienen contradicciones”.

“Hay una discrecionalidad y un desprecio a los sectores vulnerables”, manifestó y planteó que la modificación a la Ley 27.718, que trabaja la reparación histórica de las comunidades campesinas, se verá afectada el tema de la titularización de esas tierras porque “heredan esos territorios y sus tierras van a ser tocadas. Lo mismo sucede con comunidades originarias”.

Sobre el tema de los desalojos, señaló que “hay un desconocimiento de los procesos sociales. Me hubiese gustado que promovieran la construcción de viviendas o planes, esas son soluciones acordes”, y denunció que el Gobierno “aprieta” a los municipios y provincias para que lleven a cabo esos procesos.

Por último, Kirchner se refirió al Manejo del Fuego y expresó: “Se maneja en una especulación inmobiliaria. Es cruel”, y cerró: “Quiero una libertad que hable de soberanía nacional y desarrollo humano, no de mercantilismo”.

A su turno, el senador radical Maximiliano Abad planteó cuestionamientos al nuevo capitulo III del proyecto, la reforma a la Ley del Manejo del Fuego. Luego, manifestó que “defender la propiedad privada es determinante para garantizar seguridad jurídica y generar inversión”, pero afirmó que “la Argentina necesita una Ley de Tierras que sea federal y moderna, y la vigente puede ser perfectible, pero de ninguna manera podemos eliminar límites y controles”.

Por el lado del oficialismo, la neuquina Nadia Márquez le reclamó al bloque de UP no haber participado de las comisiones en las cuales hubo expositores que ellos mismos habían invitado: “Les recomiendo que vengan”.

A la hora de explicar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad, para “poder seguir regulando el tema de desalojos”, planteó diversos ejemplos como el caso de una vecina de la provincia de Neuquén llamada María que adquirió en 1973 un total de 600 hectáreas cerca de Villa La Angostura, pero en el año 2011 le usurparon parte de sus tierras grupos autodenominados mapuches.

“Esta mujer inició en el 2012 el juicio de desalojo para poder recuperar las tierras que le pertenecen. El desalojo fue ordenado y ella inició la ejecución de sentencia que fue ordenada para el 30 de marzo de este año. Se presentaron autoridades judiciales, pero a la hora de operativizar el desalojo, las fuerzas policiales de Neuquén no tuvieron la orden de presentarse. Hace más de 15 años que esta mujer, a quien no conozco, no puede tener su propiedad privada”, explayó y remarcó la importancia de “juicios de desalojo para que sean más rápido y por eso promovemos que sean por juicios sumarísimos”.

Márquez apuntó contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, a quien calificó de “desorbitado” y “delirante” por sus dichos días atrás: “Lo que sea necesario expropiar, lo vamos a expropiar”. Por último, la libertaria destacó que el proyecto promueve “el fin de las usurpaciones, intentar recuperar un inmueble sea un poquitito más ágil. Ponerles un freno a las expropiaciones desmedidas y apoyar a quienes quieran invertir en el país”.

El senador riojano Fernando Rejal rechazó el proyecto por su falta de transparencia tras sufrir 17 modificaciones a ciegas, denunció la desprotección de 4 millones de personas frente a los desalojos exprés y advirtió que la flexibilización en la Ley de Tierras y del Manejo del Fuego busca liquidar el patrimonio estratégico del país.

"Estábamos pidiendo que vuelva a comisión para poder analizarla y establecer cuáles son los alcances y los límites que se ponían, porque estábamos modificando varias instituciones. Al no tener garantías ni claridad sobre el texto definitivo, vamos a votar por su rechazo", aseveró Rejal durante su intervención en el recinto.

“Argentina está de remate”, lanzó el senador Rejal.

Rejal alertó que el proyecto: “Facilita la flexibilización de formalidades y registros para el traspaso de titularidad de tierras a capitales extranjeros, al tiempo que destruye el espíritu de la Ley de Manejo del Fuego eliminando la prohibición del uso comercial de terrenos quemados, entregando el negocio inmobiliario a quienes quemen bosques”.

Además, cuestionó la incorporación de procedimientos acelerados de desalojo que vulneran el derecho de defensa de más de 4 millones de personas en todo el país y alertó que “Argentina está de remate” porque “con todas las riquezas que tenemos — segunda reserva de gas no convencional, 20% del litio mundial, agua dulce, 200 millones de hectáreas productivas— este proyecto nos pretende hacer creer que la norma es para que un inversor venga a poner un tambo. Nos toman por estúpidos. Lo que hay detrás es un plan sistemático de entrega de nuestros recursos naturales y estratégicos”.

“No se puede ser desregulador para el capital y regulador para el salario. La propiedad privada empieza por el bolsillo del trabajador”, señaló el senador Guillermo Andrada (Catamarca) haciendo un llamado directo “al ministro desregulador” (Federico) Sturzenegger. Así cerró un discurso en el que la bancada de Convicción Federal fijó su posición negativa frente a la iniciativa oficial.

El legislador había indicado previamente: “Entendemos que jurídicamente el salario es propiedad privada. Por lo tanto, si tanto les interesa desregular, que liberen las paritarias, porque los argentinos -si bien 60% son propietarios-, la mayoría que cobra un salario, están regulados por este Gobierno que impide paritarias libres”. Y completó: “Tanto que se llenan la boca con la libertad, si tanto le interesa desregular, que desregulen las paritarias”.

El bloque Convicción Federal anunció su voto en contra.

En su alocución, Andrada hizo una descripción exhaustiva del dictamen de minoría que la bancada que preside Carolina Moisés (Jujiuy) e integra la senadora nacional, Sandra Mendoza (Tucumán) firmó, presentando una propuesta superadora, cuando La Libertad Avanza clausuró el debate en los plenarios de comisiones. Definió que los ejes del dictamen de minoría son “defender a los más vulnerables, que se respete el debido proceso y dar seguridad jurídica”.

Mientras se desarrollaba el debate, tras los muros del Congreso tenían lugar fuertes incidentes entre manifestantes y los miembros de las fuerzas de seguridad. Entre los senadores que se expresaron repudiando “la represión”, el camporista Eduardo “Wado” De Pedro, arrancó expresando su repudio personal “con la represión que están haciendo en las adyacencias del Congreso, que parece que es de una cobardía muy pocas veces. No dar la discusión sobre uno de los proyectos por los que la gente vino a manifestarse, y encima reprimirlos, es de una cobardía nunca vista”, lanzó.

Gravísimos incidentes tuvieron lugar en las adyacencias del Congreso.

Avanzada la jornada, luego de las 22, fue el turno de la senadora chubutense Edith Terenzi, quien se manifestó en contra de los capítulos sobre Ley de Manejo del Fuego y desalojos. En cuanto al primero, planteó: "¿Realmente vamos a dejar sin protección nuestros ecosistemas?".

La presidenta de la Comisión de Ambiente señaló que con la redacción final "quedan únicamente protegidos los bosques nativos". "Me preocupa que quedan sin protección otros recursos. Hace desaparecer a los bosques implantados, a los humedales y a las áreas naturales protegidas", advirtió. Y afirmó que "este capítulo es regresivo" y "va en contra del Acuerdo de Escazú".

Por el bloque Provincias Unidas, la cordobesa Alejandra Vigo ratificó su rechazo al proyecto en general y recordó que hubo 17 versiones sobre el dictamen y apuntó: “De federal no tiene absolutamente nada, es una ley absolutamente innecesaria y se quiere disfrazar y tapar que es federal es la parte que se agregó para que los gobernadores terminen teniendo la decisión sobre su propio territorio como estaba planteado en el capítulo de Tierras”.

“Es una ley absolutamente innecesaria, así lo pensé desde el primer día cuando la explicaron”, reiteró y aclaró que la inviolabilidad de la propiedad está expresada en preceptos constitucionales. En esa línea, cuestionó que el proyecto se presentó como un caballo de Troya que la sociedad sintió que “se estaba planteando una iniciativa con temas inconexos, que no tiene nada que ver una cosa con otra”.

Vigo señaló que “ese caballo de Troya tenía adentro algo muy peligroso que era la venta de tierras a extranjeros que se terminó sacando porque generó la zozobra en todo el pueblo argentino”. Además, calificó la iniciativa como “inconexo” y planteó: “No tenemos la seguridad de lo que se va a votar y de lo que estamos hablando porque tuvo más de 19 versiones”.

Sobre el Manejo del Fuego, la cordobesa indicó que “la ley debiera replantearse porque tiene la misma mirada para todas las situaciones que tiene que ver con el fuego y no es lo mismo un fuego intencional que uno provocado por la naturaleza. Me hubiera gustado tener más posibilidades de debatir lo que plantea la norma sobre el fuego en zonas agrícolas”.

Al cierre, Vigo manifestó que el proyecto original “ha quedado en la nada, esta iniciativa que van a terminar votando, es un verdadero mamarracho”, y reiteró su voto negativo en general y en particular.

Entre los cierres de jefes de bloques, el santacruceño José María Carambia le dedicó el suyo al senador Joaquín Benegas Lynch por haberse referido despectivamente al inicio de la sesión a “los tibios del medio”. Sintiéndose aludido, el senador santacruceño se quejó por “la falta de respeto para con los partidos provinciales, como nos tituló por estar en contra de una ley que entendemos que va en contra de la soberanía nacional, como ‘tibios e ignorantes del medio’, me gustaría que estuviera ahora ahí, que pida disculpas públicamente. Me parece que es el deber del senador hacerlo”.

Carambia la emprendió contra Benegas Lynch.

En el tramo final del debate, el jefe del interbloque peronista, José Mayans, remarcó que el proyecto tiene "un nombre que no tiene nada que ver con la ley: inviolabilidad de la propiedad privada. Todo mentira". Al destacar que se cayó la reforma de la Ley de Tierras, valoró "la exposición de los jugadores de la Selección" con la bandera referida a Malvinas y relacionó que por ese motivo "hubo vergüenza de votar" esta iniciativa el pasado 16 de julio.

Sobre el actual límite del 15% del territorio para la venta a extranjeros, el formoseño consideró que "es mucho; para este tiempo, con los Peter Thiel, es mucho. Deberíamos bajarlo". "Estamos hablando de las empresas que compran grandes partes del territorio nacional, a orillas del mar, del Paraná, de la cordillera", expresó y ponderó: "La gente hizo que esto se caiga y me parece excelente".

Luego, el opositor denunció que "el Presidente y su hermana se están robando los bienes del Estado; están desguazando la energía nuclear en Argentina". "Esta ley lo que hace es el Estado bobo, contradice la Constitución Nacional. Cuando se expropia un bien es para utilidad pública, previa indemnización. La propiedad privada está garantizada y nosotros la queremos, queremos la inversión privada y la inversión pública", enfatizó e insistió que "esta ley es para proteger el robo de los bienes del Estado, las empresas que están privatizando con sus testaferros".

"Acá lo que falta es que el pueblo argentino nos dé la autorización a nosotros en el próximo gobierno y ¡estos terminan todos presos!", lanzó y al reiterar que se cayó el capítulo de la Ley de Tierras desafió: "Inténtelo de nuevo y yo creo que se cae el Gobierno". Finalmente, confirmó el voto en contra a "una ley profundamente inconstitucional y vergonzosamente tratada".

José Mayans volvió a cargar contra el Presidente y su hermana Karina. (Foto Comunicación Senado)

Ya en la madrugada del viernes, la ronda de oradores se cerró con la palabra de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, criticó los discursos precedentes “fuera de lugar, que retroceden a una Argentina hace 60 años, alejados de lo que le pasa a la gente a diario y a una situación que estamos corrigiendo cosas que hicieron ellos –en referencia al kirchnerismo- y es como inaceptable “.

Bullrich remarcó que durante muchos años “fue fácil quedarse con lo ajeno y no poder recuperar lo propio”, y recordó la toma del 2020 en Guernica donde se instalaron meses de conflicto por más de 100 hectáreas tomadas y detalló que entre 2022-2021 en la provincia de Buenos Aires hubo 17 mil usurpaciones. En ese sentido, cuestionó que la oposición hace hincapié en que la inviolabilidad está en la Constitución, pero “hay que llevarla a la práctica, hacerla realidad y decir ‘está bien que usurpen’, no hay que dejarla en un papel”.

La libertaria criticó que durante mucho tiempo en el país se “premió al delincuente, al que incumple y queda perjudicado el dueño”, y expresó: “Eso venimos a cambiar”. En tanto, manifestó: “Parece que hablar de propiedad privada es una mala palabra, pero está en la Constitución y no respetarla, eso es violarla”.

Sobre el tema de los desalojos, calificó de “calvario judicial” la posibilidad de querer recuperar una propiedad y precisó que en 2025 en la Ciudad de Buenos Aires hubo 1.194 juicios de desalojo, 495 por vencimiento de contrato, 270 por falta de pagos, 200 por intrusión. “Esto lo tiene que cambiar la ley”, resaltó.

Bullrich respaldó la propuesta de una tramitación por juicio sumarísimo que “le van a dar certeza a quien tiene una propiedad y la usa de alquiler”, y aclaró que en el proyecto se diferencia los intrusos y ocupantes ilegales de aquellos que tienen un incumplimiento contractual. “La justicia tiene que ser rápida, pero equitativa. Se puso una protección adicional para los sujetos vulnerables”.

Patricia Bullrich cerró con su discurso el extenso debate. (Foto Comunicación Senado)

Respecto de las expropiaciones, aclaró que “no se pagan”, y agregó: “Limitar el poder del Estado sobre las expropiaciones es proteger a los ciudadanos que fueron expropiados y tardaron 18 años aquello que le expropiaron. El peor enemigo ha sido el Estado”. En esa línea, precisó que actualmente en el país hay 816 expedientes judiciales activos por expropiaciones, con una demora de 17 años para cobrar.

“Esta ley le devuelve los derechos constitucionales al ciudadano, la utilidad pública se va a interpretar de manera restrictiva para que no puedan hacer cualquier cosa. Las indemnizaciones se van a pagar antes así se termina con el robo a la ciudadanía. Estamos volviendo a poner una ley que había quedado sin práctica, fue una idea de bloques aliados, la Ley Pierri que saneó 300 mil títulos de la década del 90’ para que puedan tener su título de propiedad de manera digitalizado, más fácil”, explayó.

Por último, sobre Manejo del Fuego sostuvo que los bosques nativos “no se tocan”, pero consideró que hay una confusión entre bosque nativo y propiedad de una persona que no puede utilizar su tierra: “¿Quién decide si fue accidental o no el incendio? Las personas pierden todo. Es insólito. Castiga por igual si lo incendia el dueño o fue víctima. Pierde porque no puede utilizar su campo. Eso no es justicia, es burocracia y es injusto. Esto es desproporcionado”.

A su vez, justificó la modificación de los dictámenes porque “se discute, porque hay democracia, porque el Congreso no es una escribanía. Escuchamos, debatimos y construimos consenso. Por eso decidimos retirar el capítulo de Tierras”.

“¿Realmente vamos a dejar sin protección nuestros ecosistemas?”, planteó este jueves la senadora Edith Terenzi (Despierta Chubut) al adelantar su voto en contra del capítulo del proyecto de propiedad privada que propone derogar la última modificación realizada sobre la Ley de Manejo del Fuego y el uso de tierras que fueron incendiadas.

La chubutense señaló que con la redacción final "quedan únicamente protegidos los bosques nativos". "Me preocupa que quedan sin protección otros recursos. Hace desaparecer a los bosques implantados, a los humedales y a las áreas naturales protegidas", advirtió.

"Este capítulo es regresivo", afirmó la presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que además apuntó que "este tipo de legislación va en contra del Acuerdo de Escazú".

En su discurso, pasadas las 22 de este jueves, Terenzi leyó fragmentos del acta del Consejo Federal de Ambiente (COFEMA) en relación a este tema: "El agua dulce, los glaciares, los humedales y las zonas de recarga de acuíferos subterráneos constituyen bienes públicos estratégicos, indisponibles e insustituibles para la supervivencia, la salud pública y la resiliencia frente al cambio climático".

También remarcó que el COFEMA había expresado su rechazo a la modificación de la Ley de Tierras, al plantear que "la tierra rural no constituye un mero bien del tráfico comercial inmobiliario, sino que representa la base física sobre la cual se sustentan los ecosistemas, la biodiversidad, la producción primaria, las cuencas hídricas y el desarrollo socioeconómico sostenible de la República Argentina".

La senadora recordó que ella se opuso desde que había firmado en disidencia el dictamen al capítulo de tierras. "No había letra posible que me hiciera cambiar de opinión", aseveró y confesó: "Me alegra que se haya caído, porque era muy caro".

Por otra parte, la legisladora manifestó que tampoco iba a acompañar el capítulo referido a los desalojos, al señalar que el Código Procesal Civil y Comercial solo aplica actualmente a la Ciudad de Buenos Aires, porque "cada provincia tiene su código de procedimiento; ninguna está alcanzada por el capítulo de desalojos".

Terenzi afirmó que le preocupaba que se pase del juicio sumario a sumarísimo y dijo: "No me parece oportuno ante la situación que atraviesa la Argentina en general, con inquilinos que no pueden cumplir su alquiler".

Por el contrario, sí confirmó que acompañaría los tramos referidos a expropiaciones y el Registro de la Propiedad Inmueble.

No obstante, cuestionó que el Ejecutivo envíe proyectos con "leyes que nada tienen que ver entre sí". "Venimos recibiendo este tipo de leyes, que son ómnibus, que incluyen una cantidad de temas que no tienen nada que ver. Y esto lo que hace es que nos hagan jugar a todos por todo o nada. Desde el punto de vista legislativo es una mala praxis", sentenció.

El diputado nacional Esteban Paulón solicitó la citación urgente de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para que brinde explicaciones sobre el operativo policial desplegado durante las manifestaciones realizadas frente al Congreso de la Nación, en el marco del debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

A través de una presentación parlamentaria, el legislador expresó su preocupación por los graves incidentes registrados durante la jornada y reclamó precisiones sobre las decisiones adoptadas por las fuerzas de seguridad que actuaron en los alrededores del Palacio Legislativo.

Entre los principales puntos planteados, Paulón pidió conocer la justificación del operativo implementado durante el tratamiento de la iniciativa en el Senado y cuestionó lo que calificó como una “represión injustificada” contra manifestantes y trabajadores de prensa que participaban de manera pacífica de la protesta.

Asimismo, el diputado exigió que se identifique a los efectivos policiales que habrían realizado disparos directos contra periodistas, reporteros gráficos y manifestantes presentes en el lugar. En ese sentido, consideró indispensable determinar las responsabilidades de los agentes que participaron del procedimiento.

Otro de los aspectos señalados en el pedido de informes refiere al uso de camiones hidrantes durante la desconcentración de la movilización. Según indicó Paulón, estos vehículos fueron utilizados a más de 500 metros del Congreso, una situación que, a su entender, requiere una explicación por parte de las autoridades de Seguridad.

El legislador sostuvo que resulta necesario esclarecer las circunstancias en que se desarrolló el operativo y garantizar la protección de los derechos constitucionales a la protesta, la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas que cubrían la manifestación.

La iniciativa busca que la ministra concurra al Congreso para dar detalles sobre los criterios de actuación, la cadena de mando y los protocolos aplicados durante una jornada que terminó marcada por enfrentamientos, denuncias de represión y cuestionamientos al accionar de las fuerzas de seguridad.

Mientras los jefes de bancada se encontraban reunidos, el senador radical Maximiliano Abad habló en el recinto y puso el foco en el título de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que modifica a la Ley de Manejo del Fuego (26.815). Según su parecer, “este capítulo está viciado de inconstitucionalidad que va a ser materia de discusión judicial”.

En su intervención, el legislador bonaerense consideró que “se suprime la protección posterior a los incendios para bosques, humedales y zonas agropecuarias”, pero planteó que “el artículo 41 de la Constitución Nacional reconoce el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, pero también la obligación del Estado de proteger ese derecho”.

En tal sentido, advirtió que “la doctrina constitucional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia establecen el principio de no regresión ambiental”. Y en contra de la reforma planteada en este proyecto de ley, señaló: “Ese principio obliga a no generar disposiciones que puedan disminuir los estándares de protección ambiental vigente”.

Antes de pasar a observar otros capítulos, Abad reiteró: “Estoy convencido que este capítulo está viciado de inconstitucionalidad que va a ser materia de discusión judicial”, y concluyó: “La seguridad jurídica, que este proyecto viene a buscar con el objetivo de fortalecerla, desde mi punto de vista, en este capítulo, se debilita”.

La reforma a la Ley del Manejo del Fuego establecida en el despacho de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada propone eliminar los cambios introducidos en el 2020 a partir de un texto que impulsó Máximo Kirchner.

En la última versión, la decimoséptima, el oficialismo pretende la derogación de los artículos 22 ter y 22 quáter. En el caso del primero (ter), actualmente hace referencia a extender el plazo de prohibición de 60 años al Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la jurisdicción correspondiente; mientras que el segundo (quáter) es el que dispone la prohibición por 30 años en el caso de zonas agrícolas para que se realicen modificaciones en el uso y destino que esas superficies tenían con anterioridad a ser afectadas por el fuego.

El fueguino Agustín Coto (La Libertad Avanza) fue este jueves el miembro informante del debate del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y como tal se ocupó de detallar algunos rasgos de la norma promovida por el Poder Ejecutivo, y una y otra vez hizo referencias a las múltiples modificaciones realizadas en el texto dictaminado oportunamente.

Un proyecto que, dijo, “nace en el marco de lo que fue el Pacto de Mayo, incorporado finalmente como proyecto”. Una iniciativa cuya base constitucional está -dijo- en el artículo 17 de la Constitución, que establece el concepto de inviolabilidad de la propiedad y le da “la nomenclatura con la que tratamos esta ley”.

Tras recordar cómo fue el debate en comisión, que a su juicio contó con la participación mayoritaria de gente que no estaba de acuerdo con el proyecto, se llegó a un dictamen que, admitió, “ya tiene bastante tiempo”. “Ha habido más de una modificación”, deslizó, aunque obviamente los cambios son “más de uno”. Y recordó en ese marco que la última y gran modificación fue la eliminación del Capítulo III.

Luego hizo un repaso de cada uno de los capítulos, comenzando por el primero, que modifica la Ley de Expropiaciones y la de Regularización Dominial. Habló de una interpretación restrictiva para que la expropiación no se entienda desde un punto de vista de una conveniencia administrativa, sino buscar restringir esa interpretación que hace el funcionario que inicia el proceso. Coto hizo referencia a indemnizaciones justas y anticipó modificaciones en la discusión en particular.

Aclaró que el Estado puede hacer expropiaciones, pero debe evitar la “lesión eventual al patrimonio y capital de quien tiene que entregar el bien”. Señaló que “hay reglas para reducir la litigiosidad buscando un tratamiento veloz para evitar las demoras que son emblemáticas, porque lo que hace que al expropiado no se le paga nunca o se lo hace a destiempo.

Mencionó que se modifica la Ley Pierri, con lo que se busca es que quien ocupa una tierra de forma pacífica pueda hacerse del título de propiedad en 10 años. “Nos parece que está en la misma lógica de defender la propiedad privada. Un dominio es un derecho de quien está ocupando la tierra”, apuntó.

En cuanto al Capítulo II, el mismo incluye modificaciones al Código Civil y Comercial en lo que respecta a desalojos. “Es un tema que tiene un interés particular para mucha gente y por eso está bien hacer una descripción de lo que se propone modificar, porque lo que esta modificación viene a traer, por un lado en lo que respecta a los tiempos para que las acciones de desalojo puedan ir por vía sumarísima, en vez de por vía ordinaria, como es ahora, cuando el bien ha sido apropiado por ocupas”.

Aclaró que hay alguna legislación provincial que es igual a lo que propone este dictamen, y se busca que quien es legítimo dueño de la propiedad pueda hacerse de ella. Y que lo haga en tiempo y forma, no “al final de un proceso muy tedioso, cuando termina encontrándose con lo que quedó de esa propiedad”. La idea es, resumió, “ofrecerle a la justicia herramientas que hoy no cuenta”.

Por último se refirmó a los cambios en la Ley de Manejo del Fuego. “El espíritu de esto es que quien ha sufrido el daño de un incendio sobre su propiedad, no sea doblemente castigado. Quien incendia bosques es un delincuente; quien busca dañar la propiedad de otro es un delincuente”, afirmó, manifestándose muy a favor de elevar gravemente las penas para quienes queman sobre todo bosques nativos. “Pero no es lo que está buscando este apartado -aclaró-, sino qué vamos a hacer con la tierra afectada”, señaló Agustín Coto. Recordó el legislador que con la ley vigente “esas propiedades quedan paralizadas por una cantidad de tiempo que si uno lo considera, 30 o 60 años es literalmente la vida de una persona. No se está tratando de beneficiar a quien cometa un ilícito, sino evitar un doble castigo”.

“Este proyecto no es el original, es uno que se trabajó en comisión, donde hubo modificaciones; la gran mayoría de los oradores no estaban de acuerdo. Es el fruto del trabajo de una cantidad importante que llevaron a dictaminar y a hacer modificaciones. De ese trabajo de consenso nació este proyecto. El espíritu original es la voluntad de simplificar, que los trámites sean más veloces; que quien es el dueño de un bien no sea castigado por eso; que quien es titular de un departamento pueda hacerse de su bien de forma rápida cuando es ocupado”, enumeró. Y cerró: “Todo eso está en ese artículo 17 de la Constitución, que efectivamente busca que esa propiedad privada no sea violada”.

Al cabo de la intervención del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Agustín Coto, que ofició como miembro informante, tomó la palabra el presidente del bloque Justicialista, José Mayans, quien hizo una moción para que el proyecto volviera a comisión, dada la cantidad de modificaciones que se habían registrado en el transcurso del tiempo que medió entre la firma del dictamen y este jueves.

La moción fue rechazada por 38 votos a 31, con los votos de La Libertad Avanza, los radicales, el Pro, la neuquina Julieta Corroza, Camau Espínola, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut y la chubutense Edith Terenzi.

Votaron en contra los miembros del interbloque Popular, Convicción Federal, Beatriz Ávila, los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, la salteña Flavia Royón y la cordobesa Alejandra Vigo.

Los argumentos de Mayans

En su alocución, el formoseño arrancó quejándose nuevamente por la composición de las comisiones, señalando otra vez que su espacio había sido perjudicada en ese sentido. “Tener una mayoría circunstancial no da derecho a violar las reglas”, dijo, adjudicándole por ello “vicios de nulidad a cualquier despacho”.

“Estamos con una composición irregular en el Palacio de las Leyes”, se quejó, para referirse a continuación al dictamen puesto a consideración. “Se recibió a las 12.45 el supuesto despacho; me enteré de casualidad -se quejó-. No se puede trabajar así, porque estamos hablando de leyes que son fundamentales para los ciudadanos. Una cosa es que un proyecto de ley diga ‘se puede’, y otra que diga ‘no se puede’, porque esa palabra cambia todo el valor de la ley”.

Mayans reprochó a La Libertad Avanza haber tomado por costumbre mandar leyes al Congreso, “reunir a la comisión a las apuradas”, citar al funcionario o los funcionarios, dictaminar cuando no concluyó la discusión y después avanzar con modificaciones “de acuerdo con cómo van con los bloques”. Así las cosas, afirmó que “hoy llegaron sin saber si había un despacho definitivo. En temas que son fundamentales y afectan la vida de millones, no se puede tratar un proyecto de ley con semejante grado de irresponsabilidad”.

“Nunca pasó esto acá”, enfatizó, solicitando a continuación formalmente la vuelta del despacho a comisión, para ser tratada allí nuevamente para que “el pueblo argentino tenga la oportunidad de saber qué está variando en la ley y cuáles son los interese que se están defendiendo. Este es un tema en el que se miente a los argentinos: la inviolabilidad de la propiedad privada está garantizada por el artículo 17, y este proyecto está hecho para grupos y elites, y perjudica a los argentinos, así que no vengan con eufemismos. Por eso está llena esa plaza”.

Expropiaciones

El proyecto establece que la declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin, además de ser idónea, necesaria y proporcional.

La indemnización comprenderá el lucro cesante, que en ningún caso podrá exceder el 30% del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior.

El valor del bien expropiado deberá determinarse a la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto o hecho administrativo o legislativo, medida o anuncio público fehaciente vinculado con la expropiación.

El monto será actualizado conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), con más una tasa de interés nominal activa del Banco de la Nación Argentina, devengada desde la mora hasta el momento del efectivo pago.

Establece que no se transferirá el dominio sin el previo pago íntegro de la indemnización correspondiente.

Procede la acción de expropiación irregular en los siguientes casos: cuando en virtud de una ley que declara de utilidad pública un bien, el Estado lo toma sin haber cumplido con el pago de la respectiva indemnización; cuando con motivo de la ley de declaración de utilidad pública de hecho, una cosa mueble o inmueble resulte indisponible por evidente dificultad o impedimento para disponer de ella en condiciones normales; y cuando el Estado imponga, directa o indirectamente al derecho del titular de un bien o cosa una indebida restricción o limitación privando al titular del uso, goce o disposición del bien en forma sustancial y no meramente transitoria, de modo que resulten equivalentes a una expropiación.

Relativo a la ocupación temporánea anormal, en vez de permitir que sea dispuesta por la autoridad administrativa, establece como autoridad competente al Poder Ejecutivo Nacional.

Sobre lo relativo al plazo de la ocupación temporánea, establece un límite de 90 días, prorrogables por única vez ante circunstancias graves y de necesidad pública, como emergencias sanitarias, conflictos armados, desastres naturales u otras, siempre que no existan medios menos lesivos. Además, prohíbe reiterar la ocupación temporánea anormal con fundamento en la misma causa.

Desalojos

Para disponer el desalojo de inmuebles urbanos y rurales se aplicará el proceso de juicio sumarísimo

Cuando el desalojo se fundare en las causales de cambio de destino, deterioro del inmueble, obras nocivas o uso abusivo o deshonesto, el juez deberá realizar antes del traslado de la demanda un reconocimiento judicial dentro de las 72 horas de dictada la primera providencia, con asistencia del Defensor Oficial, a fin de constatar e individualizar la identidad de los ocupantes del inmueble con su nombre completo, nacionalidad y número de documento o pasaporte.

Cuando haya menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el juez deberá dar intervención a organismos competentes para asegurar una alternativa habitacional, sin perjuicio de la continuidad del proceso.

Si el destino es habitacional, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida y otorgar para ello un plazo que no debe ser inferior a 10 días corridos contados a partir de la recepción de la intimación, con especificación del lugar de pago.

Si se mantiene el incumplimiento del inquilino, el propietario puede iniciar la acción de desalojo que se efectuará en un plazo de 10 días hábiles.

En los casos de desalojo por falta de pago o vencimiento del contrato, obtener la desocupación inmediata bajo caución juratoria. Prevé que, si se probase que el actor obtuvo esa medida ocultando hechos o documentos, se le impondrá una multa de hasta 10 veces el monto del mes de alquiler, en favor de la contraparte.

Ley de Registro de la Propiedad Inmueble

Finalmente, el proyecto impulsa la modernización de la Ley 17.801 y sus modificaciones, con el objeto de adecuar el sistema registral inmobiliario a los estándares tecnológicos actuales y a las exigencias constitucionales de seguridad jurídica, eficacia administrativa y protección del derecho de propiedad.

Se apunta a la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan la digitalización integral del sistema registral y que habiliten la presentación de documentos en soporte electrónico, el uso de firma digital conforme a la normativa vigente y la implementación de sistemas de registración que aseguren la inalterabilidad, integridad y trazabilidad de la información.

A las 14.18 comenzó este jueves la sesión del Senado en la que el oficialismo espera sancionar finalmente el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La sesión, presidida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, en lugar de Victoria Villarruel -imposibilitada de presidir por estar al frente del Ejecutivo ya que Javier Milei se encuentra en Ecuador-, había generado tanta expectativa como tensión por estar el oficialismo muy ajustado en los votos. Fundamentalmente en el Capítulo III, correspondiente a la reforma de la Ley de Tierras.

Pero como finalmente el oficialismo dio marcha atrás en vísperas de la sesión, la expectativa se ha disipado un poco y reina el optimismo en las filas de La Libertad Avanza con vistas al debate de este jueves.

El primer tema a discutir será el de la habilitación de Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama a participar de la sesión de manera virtual. Ambos casos fueron habilitados por la vicepresidenta Victoria Villarruel esta semana, que respondió afirmativamente sendas notas enviadas por los dos senadores, pero será el pleno del cuerpo el que deberá dar o no vía libre para ambos.

La mendocina cursa más de 32 semanas de embarazo, es un embarazo de riesgo y está imposibilitada de viajar, en avión o por vía terrestre, por decisión médica. En el caso del radical catamarqueño, fue operado la semana pasada en una de sus rodillas y tampoco puede movilizarse por prescripción médica. Ambos senadores pidieron estar presentes a través de una llamada virtual (lo léase zoom”) en la sesión ordinaria de este jueves.

Despejada la discusión en torno a la reforma de la Ley de Tierras, los votos de ambos no resultarían tan determinantes, pero así y todo se espera una gran polémica en torno a la habilitación del sistema para que puedan participar. Ya diferentes referentes del bloque oficialista expresaron su rechazo a habilitarlos y según confiaron a este medio no acompañarán ninguna de las dos mociones debido a que eso “marcaría un precedente que romperá la presencialidad”. Razón por la cual exigirán dos tercios para la incorporación de la cuestión en el temario y dos tercios para la aprobación de la resolución en el recinto porque, según consideran, ninguna propuesta cuenta con despacho de comisión.

Incluso, Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista, fustigó a la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, a quien le endilgó que la medida carece de respaldo reglamentario y la definió como un “mamarracho jurídico”.

Fuera del Congreso, se espera una movilización convocada en protesta contra la ley, pero sin duda será menor de lo esperada, por haberse caído la parte más controvertida de la misma y muy especialmente por razones climáticas -la lluvia torrencial que se abate sobre la Ciudad de Buenos Aires-.

Y hablando del clima, se espera que en el recinto el clima sea de lo más caldeado, no solo por las características de la ley y todo el debate que acompañó en la previa, sino también por la polémica que se suscitó en las últimas horas con el senador libertario Joaquín Benegas Lynch, a quien la senadora kirchnerista Juliana di Tullio impugnó por un presunto conflicto de intereses. Lo acusa de ser “socio gerente de una empresa dedicada a venderle tierras argentinas a inversores extranjeros” y exige que se abstenga de votar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

En la impugnación presentada ante Victoria Villarruel, relaciona al senador de La Libertad Avanza con la firma Glocal Terra SRL, donde presuntamente Joaquín Benegas Lynch presta servicios como gerente para asesoramiento comercial, legal, financiero e “intermediación directa destinada a inversores extranjeros” para la adquisición de tierras rurales en Argentina.

De qué trata la ley 

El dictamen que finalmente se tratará este jueves data del 20 de mayo pasado, pero desde entonces al presente tuvo numerosísimas modificaciones. De hecho, la que llega al recinto será la versión décimo séptima o décimo octava del texto.

Precisamente por eso los cambios van a tener que ser anunciados en el recinto, lo que llevará un buen tiempo. Pero eso llevará muy probablemente a la oposición a pedir que el texto vuelva a comisión. Otro rasgo importante de esta sesión caliente.

Más allá del capítulo de la Ley de Tierras, que fue quitado este miércoles, ya antes había tenido que eliminar el oficialismo la reforma de la Ley de Barrios Populares (RENABAP), ante las fuertes críticas de la Iglesia.

El proyecto que será puesto a consideración de los senadores modifica normas sobre expropiaciones, regularización dominial, desalojos, registros inmobiliarios y manejo del fuego. La iniciativa busca reforzar las garantías para los propietarios frente a la intervención estatal y acelerar los mecanismos judiciales para recuperar inmuebles ocupados.

El texto introduce cambios sustanciales en la Ley de Expropiaciones (21.499), estableciendo que la declaración de utilidad pública deberá ser de interpretación restrictiva e identificar de manera específica el fin perseguido. Además, la expropiación deberá resultar idónea, necesaria y proporcional para alcanzar ese objetivo.

Uno de los puntos centrales es la redefinición de la indemnización a los expropiados. El proyecto dispone que se tome como referencia el valor de mercado del bien, cuando éste sea determinable, y contempla también los daños directos e inmediatos derivados de la expropiación. Asimismo, incorpora la posibilidad de reconocer lucro cesante cuando esté debidamente acreditado, aunque establece límites para evitar duplicaciones indemnizatorias.

La iniciativa también procura evitar que anuncios oficiales o medidas previas reduzcan artificialmente el valor de un inmueble. Para ello, fija que la tasación deberá realizarse tomando el valor que tenía el bien inmediatamente antes de cualquier acto administrativo, legislativo o anuncio público relacionado con la expropiación.

Otro cambio relevante establece que no podrá producirse la transferencia de dominio sin el pago íntegro previo de la indemnización, reforzando así la protección patrimonial de los propietarios.

En materia judicial, el proyecto otorga mayor relevancia a los dictámenes del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Aunque seguirán sin ser vinculantes, los jueces deberán fundamentar expresamente cualquier apartamiento respecto de esas valuaciones.

La propuesta también amplía los supuestos de la denominada expropiación irregular. Entre ellos incorpora los casos en que el Estado, sin expropiar formalmente, imponga restricciones que priven de manera sustancial al titular del uso, goce o disposición de un bien, equiparándolas a una expropiación.

En cuanto a la ocupación temporánea de bienes por parte del Estado, el texto endurece los requisitos para su utilización. Exige acreditar la urgencia, la proporcionalidad de la medida y la inexistencia de alternativas menos lesivas. También limita estas ocupaciones a un plazo máximo de 90 días, prorrogable una sola vez en situaciones excepcionales como emergencias sanitarias, conflictos armados o desastres naturales.

El proyecto incorpora además modificaciones a la Ley 24.374 de regularización dominial. Entre ellas, eleva a diez años de posesión pacífica, ostensible y continua el requisito para acceder a los beneficios del régimen, tanto para viviendas urbanas como para agricultores familiares en inmuebles rurales.

Otro de los capítulos más sensibles reforma el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para agilizar los procedimientos de desalojo. La acción podrá ser promovida por cualquier persona que invoque un derecho o interés legítimo afectado y se habilita al juez a ordenar la entrega inmediata del inmueble cuando exista verosimilitud en el derecho invocado, especialmente frente a intrusos u ocupantes precarios.

También se incorpora la posibilidad de obtener el desalojo anticipado en casos de falta de pago o vencimiento del contrato bajo caución juratoria, al tiempo que se fijan sanciones para quienes obtengan esa medida ocultando información relevante.

La iniciativa contempla, sin embargo, mecanismos de protección para personas vulnerables. Cuando en el inmueble habiten menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el juez deberá dar intervención a organismos de protección y otorgar un plazo de hasta diez días para procurar una solución habitacional transitoria antes de ejecutar el lanzamiento.

En el ámbito ambiental, el proyecto modifica la Ley de Manejo del Fuego. Mantiene la prohibición de modificar el uso de superficies de bosques nativos afectadas por incendios, pero elimina algunas restricciones incorporadas en reformas anteriores mediante la derogación del artículo 22 quater de la ley vigente.

Finalmente, la iniciativa impulsa una profunda modernización de los registros inmobiliarios del país. Habilita la presentación digital de documentos con firma electrónica o digital, crea un Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble, promueve una Red Federal Digital de Publicidad de Inhibiciones y prevé el desarrollo de una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria para centralizar trámites y consultas registrales.

Los impulsores del proyecto sostienen que las modificaciones apuntan a fortalecer la seguridad jurídica y la protección de la propiedad privada, mientras que sus detractores advierten que algunos cambios podrían dificultar políticas de acceso a la tierra y la vivienda o reducir herramientas de intervención estatal en situaciones de interés público. El debate continuará ahora en el recinto.

A dos días de la sesión clave en el Senado, un informe de inteligencia social digital elaborado por QSOCIAL Big Data concluyó que la discusión pública sobre la reforma de la Ley de Tierras -enmarcada dentro del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada- quedó ampliamente dominada por los sectores que rechazan la iniciativa impulsada por el Gobierno. Según el estudio, la conversación digital alcanzó más de 3,1 millones de interacciones y cerca de 26,4 millones de reproducciones de video entre el 5 de julio y el 4 de agosto.

El trabajo sostiene que la principal derrota del oficialismo se produjo en el terreno simbólico. De acuerdo con el análisis, la oposición consiguió instalar la idea de “extranjerización” de la tierra como marco interpretativo del debate, desplazando la denominación oficial del proyecto vinculada a la protección de la propiedad privada.

Los investigadores denominaron este fenómeno como “la batalla del nombre”. Mientras las referencias a la “Ley de Tierras” concentraron el mayor volumen de publicaciones, el término “extranjerización” alcanzó prácticamente el mismo nivel de interacciones con una cantidad mucho menor de contenidos, evidenciando una mayor eficacia discursiva. En contraste, la denominación oficial obtuvo un rendimiento significativamente menor.

El informe también detectó una fuerte diferencia temporal entre la militancia digital y el interés ciudadano masivo. Según el relevamiento, el pico de circulación política se produjo el 31 de julio, mientras que las búsquedas en Google aumentaron recién entre el 3 y el 5 de agosto, cuando el tema comenzó a llegar a sectores más amplios de la población.

Otro de los hallazgos del estudio apunta al predominio de los mensajes de rechazo. El 70,2% de todas las interacciones registradas expresaron oposición explícita a la reforma, mientras que apenas el 0,9% correspondió a contenidos de defensa del proyecto por parte del oficialismo. El resto de las publicaciones fueron catalogadas como informativas o neutrales.

Los autores destacan además que el eje central de la discusión no fue jurídico ni ambiental, sino la soberanía territorial. En ese sentido, identificaron que numerosas publicaciones vincularon la reforma con temas como Malvinas, la defensa del territorio nacional y símbolos asociados a la identidad argentina, una asociación que generó altos niveles de participación en redes sociales.

El informe señala asimismo que la movilización convocada para el 6 de agosto fue el principal factor de tracción digital. Dos de cada tres interacciones estuvieron relacionadas con la convocatoria a marchas y protestas, muy por encima de las publicaciones centradas en aspectos técnicos del proyecto o en sus fundamentos legislativos.

Entre los actores con mayor capacidad de amplificación, QSOCIAL destaca el rol de medios de comunicación, artistas y referentes culturales. En particular, menciona una producción de Futurock que, por sí sola, concentró más de 582 mil interacciones y más de 10 millones de reproducciones. También sobresalen intervenciones públicas de figuras del espectáculo como Lali Espósito, Ca7riel y Tuli Acosta.

Como conclusión, el estudio sostiene que el debate llega al Senado en un contexto de máxima intensidad digital, con una narrativa opositora consolidada, un interés ciudadano en ascenso y una escasa capacidad oficialista para instalar argumentos favorables a la iniciativa. “El nombre está perdido”, resume el informe al señalar que, para buena parte de la opinión pública, la discusión ya quedó asociada al concepto de extranjerización de la tierra.

La senadora nacional Juliana di Tullio (Justicialista) destacó que "el pueblo es el protagonista central de la derrota del Gobierno", en relación a la quita del capítulo de la reforma de la Ley de Tierras del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

Tras la presión social contra la extranjerización de la tierra, que provocó que La Libertad Avanza no consiguiera los votos para avanzar con ese punto, la opositora consideró que -igualmente- "es invotable toda la ley".

"Estaban apurados en poder vender toda la Argentina. Por suerte el pueblo argentino lo tomó como su propia bandera, su propia lucha, y creo que es el protagonista central de la derrota del Gobierno. Los argentinos le pusieron un límite", expresó este jueves.

Tras confesar estar "conmovida" por esto, Di Tullio resaltó que "no hace falta que le pongan ese nombre a la ley, porque (el respeto por la propiedad privada) ya está en la Constitución. Es un nombre para que no te des cuenta de todo lo que está adentro".

En ese sentido, en declaraciones a Radio 10, la bonaerense señaló que "siguen quedando cosas espantosas en la ley" y se manifestó en contra de los cambios en desalojos y la derogación de la Ley de Manejo del Fuego.

También, apuntó que "hay un capítulo entero que lo que hace es casi prohibir expropiaciones". "De aprobarse esta ley, no se podría haber vuelto a tener YPF, Aerolíneas Argentinas, los trenes. Quieren privatizar bajo esta ley, porque después va a ser tan caro que no va a servir estatizar, va a ser imposible", advirtió y agregó: "Hay capítulos muy nocivos, hay que seguir peleando".

En la previa de lo que se estima será una sesión caliente, la jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, destacó que este jueves se tratará finalmente el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada para "terminar con años de injusticia y delincuencia".

Luego que el oficialismo debiera acordar con sus aliados retirar el polémico artículo de reforma de la Ley de Tierras, dado que no contaban con los votos, la legisladora salió a defender algunos aspectos de la iniciativa.

"Se acabó la Argentina donde el usurpador tenía más derechos que el dueño y el que cumplía la ley era el que esperaba. Las hacen, las pagan", escribió en su cuenta de la red social X en relación a los cambios que se proponen en cuanto a agilizar los desalojos.

También mencionó el tema de expropiaciones, que se vuelven más restrictivas a partir de esta propuesta. "Vamos a terminar con una herramienta que le encanta al kirchnerismo: las expropiaciones del Estado sin fundamento", señaló.

Junto a tres imágenes de usurpaciones y toma de tierras, Bullrich completó: "Vamos a poner la ley del lado de quien trabaja, ahorra y construye".

El senador nacional Luis Juez (LLA) se refirió a la marcha atrás con la reforma de la Ley de Tierras, contenida en el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, y admitió: "Claramente perdimos el debate".

"Los campeones del relato instalaron un título horrible en un momento complejo, entonces ya se perdió la perspectiva de lo que estábamos discutiendo. Creo que lo defendimos mal, que nos faltó inteligencia y picardía", sostuvo.

En la previa de la sesión de este jueves, el cordobés se refirió a la consigna "la Patria no se vende", que "nos termina acorralando a todos y poniéndonos en un lugar incómodo". "Se ha cambiado la forma de comunicar: hoy una mentira bien comunicada por las redes sociales tiene un efecto catástrofe", observó.

"Te instalan un título, no lo defendes con inteligencia, subestimas las condiciones, y encima en medio del Mundial que nos agarra este ataque de nacionalismo absoluto, en un país que abona teorías conspirativas de manera permanente", enumeró sobre el contexto que generó una presión social absoluta contra esa iniciativa.

En diálogo con radio Rivadavia, el legislador remarcó que "en la política hay cosas que se pueden y cosas que no; hay que establecer un nivel de prioridades". "Necesitamos mantener la relación con los aliados", reconoció y dijo que no se los puede "llevarlos a patadones en el traste, porque así ni van a entrar al patrullero".

Por otro lado, consultado sobre la postura de Victoria Villarruel, Juez expresó: "No entiendo la postura que adopta la vicepresidenta de la Nación". "Hay un problema que en Argentina parece que es crónico, que los vicepresidentes se creen más que el presidente. Y a las instituciones no les hace para nada bien", agregó.

A partir de las 14 y sin necesidad de contar con el quórum para iniciar la sesión, se realizará en el Senado este jueves la esperada reunión en la que el oficialismo espera sancionar finalmente el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La sesión, que será presidida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, ante la imposibilidad de Victoria Villarruel de presidir, por estar al frente del Ejecutivo por encontrarse Javier Milei en Ecuador, había generado tanta expectativa como tensión por estar el oficialismo muy ajustado en los votos. Fundamentalmente en el Capítulo III, correspondiente a la reforma de la Ley de Tierras.

Pero como finalmente el oficialismo dio marcha atrás este miércoles, la expectativa se ha disipado un poco y reina el optimismo en las filas de La Libertad Avanza con vistas al debate de este jueves.

Un debate que arrancará, como dijimos, sin necesidad de contar con 37 senadores sentados en sus bancas, al existir un cuarto intermedio desde el pasado 16 de julio cuando así se votó, postergando por cuarta vez el tratamiento de esta ley impulsada por el ministro Federico Sturzenegger.

El primer tema a discutir será el de la habilitación de Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama a participar de la sesión de manera virtual. Ambos casos fueron habilitados por la vicepresidenta Victoria Villarruel esta semana, que respondió afirmativamente sendas notas enviadas por los dos senadores, pero será el pleno del cuerpo el que deberá dar o no vía libre para ambos.

La mendocina cursa más de 32 semanas de embarazo, es un embarazo de riesgo y está imposibilitada de viajar, en avión o por vía terrestre, por decisión médica. En el caso del radical catamarqueño, fue operado la semana pasada en una de sus rodillas y tampoco puede movilizarse por prescripción médica. Ambos senadores pidieron estar presentes a través de una llamada virtual (lo léase zoom”) en la sesión ordinaria de este jueves.

Despejada la discusión en torno a la reforma de la Ley de Tierras, los votos de ambos no resultarían tan determinantes, pero así y todo se espera una gran polémica en torno a la habilitación del sistema para que puedan participar. Ya diferentes referentes del bloque oficialista expresaron su rechazo a habilitarlos y según confiaron a este medio no acompañarán ninguna de las dos mociones debido a que eso “marcaría un precedente que romperá la presencialidad”. Razón por la cual exigirán dos tercios para la incorporación de la cuestión en el temario y dos tercios para la aprobación de la resolución en el recinto porque, según consideran, ninguna propuesta cuenta con despacho de comisión.

Incluso, Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista, fustigó a la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, a quien le endilgó que la medida carece de respaldo reglamentario y la definió como un “mamarracho jurídico”.

Fuera del Congreso, se espera una movilización convocada en protesta contra la ley, pero sin duda será menor de lo esperada, por haberse caído la parte más controvertida de la misma y muy especialmente por razones climáticas -la lluvia torrencial que se abate sobre la Ciudad de Buenos Aires-.

Y hablando del clima, se espera que en el recinto el clima sea de lo más caldeado, no solo por las características de la ley y todo el debate que acompañó en la previa, sino también por la polémica que se suscitó en las últimas horas con el senador libertario Joaquín Benegas Lynch, a quien la senadora kirchnerista Juliana di Tullio impugnó por un presunto conflicto de intereses. Lo acusa de ser “socio gerente de una empresa dedicada a venderle tierras argentinas a inversores extranjeros” y exige que se abstenga de votar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

En la impugnación presentada ante Victoria Villarruel, relaciona al senador de La Libertad Avanza con la firma Glocal Terra SRL, donde presuntamente Joaquín Benegas Lynch presta servicios como gerente para asesoramiento comercial, legal, financiero e “intermediación directa destinada a inversores extranjeros” para la adquisición de tierras rurales en Argentina.

De qué trata la ley

El dictamen que finalmente se tratará este jueves data del 20 de mayo pasado, pero desde entonces al presente tuvo numerosísimas modificaciones. De hecho, la que llega al recinto será la versión décimo séptima o décimo octava del texto.

Precisamente por eso los cambios van a tener que ser anunciados en el recinto, lo que llevará un buen tiempo. Pero eso llevará muy probablemente a la oposición a pedir que el texto vuelva a comisión. Otro rasgo importante de esta sesión caliente.

Más allá del capítulo de la Ley de Tierras, que fue quitado este miércoles, ya antes había tenido que eliminar el oficialismo la reforma de la Ley de Barrios Populares (RENABAP), ante las fuertes críticas de la Iglesia.

El proyecto que será puesto a consideración de los senadores modifica normas sobre expropiaciones, regularización dominial, desalojos, registros inmobiliarios y manejo del fuego. La iniciativa busca reforzar las garantías para los propietarios frente a la intervención estatal y acelerar los mecanismos judiciales para recuperar inmuebles ocupados.

El texto introduce cambios sustanciales en la Ley de Expropiaciones (21.499), estableciendo que la declaración de utilidad pública deberá ser de interpretación restrictiva e identificar de manera específica el fin perseguido. Además, la expropiación deberá resultar idónea, necesaria y proporcional para alcanzar ese objetivo.

Uno de los puntos centrales es la redefinición de la indemnización a los expropiados. El proyecto dispone que se tome como referencia el valor de mercado del bien, cuando éste sea determinable, y contempla también los daños directos e inmediatos derivados de la expropiación. Asimismo, incorpora la posibilidad de reconocer lucro cesante cuando esté debidamente acreditado, aunque establece límites para evitar duplicaciones indemnizatorias.

La iniciativa también procura evitar que anuncios oficiales o medidas previas reduzcan artificialmente el valor de un inmueble. Para ello, fija que la tasación deberá realizarse tomando el valor que tenía el bien inmediatamente antes de cualquier acto administrativo, legislativo o anuncio público relacionado con la expropiación.

Otro cambio relevante establece que no podrá producirse la transferencia de dominio sin el pago íntegro previo de la indemnización, reforzando así la protección patrimonial de los propietarios.

En materia judicial, el proyecto otorga mayor relevancia a los dictámenes del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Aunque seguirán sin ser vinculantes, los jueces deberán fundamentar expresamente cualquier apartamiento respecto de esas valuaciones.

La propuesta también amplía los supuestos de la denominada expropiación irregular. Entre ellos incorpora los casos en que el Estado, sin expropiar formalmente, imponga restricciones que priven de manera sustancial al titular del uso, goce o disposición de un bien, equiparándolas a una expropiación.

En cuanto a la ocupación temporánea de bienes por parte del Estado, el texto endurece los requisitos para su utilización. Exige acreditar la urgencia, la proporcionalidad de la medida y la inexistencia de alternativas menos lesivas. También limita estas ocupaciones a un plazo máximo de 90 días, prorrogable una sola vez en situaciones excepcionales como emergencias sanitarias, conflictos armados o desastres naturales.

El proyecto incorpora además modificaciones a la Ley 24.374 de regularización dominial. Entre ellas, eleva a diez años de posesión pacífica, ostensible y continua el requisito para acceder a los beneficios del régimen, tanto para viviendas urbanas como para agricultores familiares en inmuebles rurales.

Otro de los capítulos más sensibles reforma el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para agilizar los procedimientos de desalojo. La acción podrá ser promovida por cualquier persona que invoque un derecho o interés legítimo afectado y se habilita al juez a ordenar la entrega inmediata del inmueble cuando exista verosimilitud en el derecho invocado, especialmente frente a intrusos u ocupantes precarios.

También se incorpora la posibilidad de obtener el desalojo anticipado en casos de falta de pago o vencimiento del contrato bajo caución juratoria, al tiempo que se fijan sanciones para quienes obtengan esa medida ocultando información relevante.

La iniciativa contempla, sin embargo, mecanismos de protección para personas vulnerables. Cuando en el inmueble habiten menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el juez deberá dar intervención a organismos de protección y otorgar un plazo de hasta diez días para procurar una solución habitacional transitoria antes de ejecutar el lanzamiento.

En el ámbito ambiental, el proyecto modifica la Ley de Manejo del Fuego. Mantiene la prohibición de modificar el uso de superficies de bosques nativos afectadas por incendios, pero elimina algunas restricciones incorporadas en reformas anteriores mediante la derogación del artículo 22 quater de la ley vigente.

Finalmente, la iniciativa impulsa una profunda modernización de los registros inmobiliarios del país. Habilita la presentación digital de documentos con firma electrónica o digital, crea un Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble, promueve una Red Federal Digital de Publicidad de Inhibiciones y prevé el desarrollo de una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria para centralizar trámites y consultas registrales.

Los impulsores del proyecto sostienen que las modificaciones apuntan a fortalecer la seguridad jurídica y la protección de la propiedad privada, mientras que sus detractores advierten que algunos cambios podrían dificultar políticas de acceso a la tierra y la vivienda o reducir herramientas de intervención estatal en situaciones de interés público. El debate continuará ahora en el recinto.

Sin los votos necesarios, La Libertad Avanza decidió retirar el capítulo de la reforma de la Ley de Tierras del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Así se confirmó en la tarde este miércoles, luego de una reunión que la jefa del oficialismo, Patricia Bullrich, mantuvo con aliados en las oficinas del radicalismo.

Además de la titular del bloque libertario, estuvo el presidente provisional de la Cámara alta Bartolomé Abdala; el jefe de bancada radical, Eduardo Vischi; el cordobés Luis Juez; la santacruceña Natalia Gadano; la tucumana Beatriz Ávila; los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; la salteña Flavia Royón; la chubutense Edith Terenzi; el correntino Carlos "Camau" Espínola; y los tres integrantes del Pro, Martín Goërling Lara, Victoria Huala y Andrea Cristina.

Después de que varios legisladores aliados se pronunciaron en contra de aumentar el porcentaje de extranjerización de tierras rurales, el oficialismo convocó a este encuentro de urgencia en el que resolvieron eliminar por completo el capítulo III del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, el cual modifica a la Ley 26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales).

A su vez, la sociedad civil se convocaba para la marcha de este jueves en la Plaza de los dos Congresos, a la que llamaron también varios artistas populares, lo que generó que varios senadores de los bloques aliados comenzaran a sentir la presión social que derivó en ratificar posturas en contra de esa reforma. De todas maneras, las modificaciones a las leyes de Expropiaciones y Manejo del Fuego, entre otras, siguen en pie.

Según reconstruyó parlamentario.com el encuentro tuvo "diferentes miradas" sobre la propuesta de elevación del 15 al  25% como tope máximo para la venta de tierras a extranjeros. Incluso, varios de los presentes coincidieron en que la decisión final tiene como objetivo para mantener el diálogo armónico entre "el grupo de los 44".

Así las cosas, los jefes de bloques presentes se comprometieron a tratar el tema por separado en el mediano plazo implementando la modificación que reunía el consenso de la presidencia del bloque oficialista y las bancadas aliadas: habilitar a las provincias a definir un marco normativo propio que regule la extranjerización de tierras.

Minutos antes de comenzar la reunión, la Secretaría Parlamentaria había hecho circular la convocatoria a la sesión de este jueves, desde las 14, para retomar el cuarto intermedio que se votó el 16 de julio pasado. Según supo este medio, desde el bloque libertario hubo enojo con la vicepresidenta Victoria Villarruel por la presura del llamado.

Una vez que se reanude la sesión ordinaria, el pleno deberá considerar los pedidos de Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama para participar de la cita de manera remota. Desde el bloque libertario adelantaron que van a exigir los dos tercios para incorporarlo al temario y, en caso de aprobarse, dos tercios nuevamente por no contar con dictamen de comisión.

Luego, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, en el rol de miembro informante, procederá a leer la eliminación del capítulo que modifica a la Ley 26.737.

Además de la reforma a la Ley de Tierras, el proyecto se propone endurecer las expropiaciones, agilizar desalojos -con un punto sensible para inquilinos-, modificar la Ley de Manejo del Fuego -sobre el uso posterior de tierras que fueron incendiadas- y una modernización del Registro de Propiedad Inmueble.

Los gobernadores dialoguistas presionaron la caída

Horas después de la conferencia de prensa de Patricia Bullrich en el Salón de las Provincias, los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Hugo Passalacqua (Misiones) se pronunciaron en contra de la modificación al tope de extranjerización de tierras.

Entre estos tres mandatarios, se sumaban cuatro votos negativos más a los 30 que conformaban el interbloque Popular, Convicción Federal y Moveré por Santa Cruz: Beatriz Ávila, Julieta Corroza, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

Poco minutos después, también anunciaron su voto negativo los senadores radicales Flavio Fama y Daniel Kroneberger que se sumaron al del bonaerense Maximiliano Abad. Otra que también no había confirmado su acompañamiento fue la pampeana Victoria Huala.

Con más de 37 expresiones en contra de la extranjerización de tierras rurales, La Libertad Avanza resolvió eliminar el capítuo III en consenso con los bloques aliados.

Se complica el panorama para La Libertad Avanza en el Senado para avanzar con la reforma de la Ley de Tierras, contenida en el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que está previsto se debata este jueves en el recinto.

Las advertencias llegaron para el oficialismo este miércoles por la mañana, cuando dos gobernadores que actúan como aliados en el Congreso se manifestaron en contra de la extranjerización de tierras.

Se trata del tucumano Osvaldo Jaldo, quien reveló que conversó sobre el tema con las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, y del neuquino Rolando Figueroa, cuyo video reposteó en sus redes sociales la senadora Julieta Corroza.

Con una fuerte presión social, que promete trasladarse a las calles este jueves con una masiva movilización, la modificación a la Ley de Tierras pone en riesgo el proyecto impulsado por el ministro Federico Srturzenegger, que ya ha sido postergado en anteriores ocasiones y, además, sufrió más de una docena de versiones desde su dictamen.

Con el objetivo de alcanzar consensos, la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, anunció en las últimas horas nuevos cambios: uno de ellos central, como el de subir al 25% el límite para la compra de tierras rurales por provincia. Dicha modificación no terminó de convencer.

Cuando culminó la conferencia de prensa, desde LLA aseguraban contar con alrededor de 35, 36 votos para lograr aprobar el polémico capítulo. Pero nunca el “poroteo” a favor llegó a 37, que es la mayoría simple y el número también necesario sostener la sesión con quórum. Y este miércoles la tendencia comenzó a revertirse.

Sin embargo, los números comenzaron a tambalear este miércoles con algunas declaraciones de gobernadores. En el caso de Tucumán, Sandra Mendoza integra el bloque Convicción Federal, que ya aparecía en los recuentos en contra de la extranjerización de las tierras. Sin embargo, Beatriz Ávila, que tiene el monobloque “Independencia”, era sumada entre los que podían llegar a acompañar al oficialismo.

A través de un comunicado del gobierno de Tucumán, Jaldo reveló que mantuvo conversaciones con Mendoza y Ávila y “ambas manifestaron su rechazo a la iniciativa”. “He conversado con las dos senadoras nacionales -Beatriz Ávila y Sandra Mendoza- y he visto que las dos se están oponiendo a la aprobación de la ley y son personas que no cambian de posición”, dijo.

“Yo no puedo opinar por ellas, pero lo que yo sé hasta acá es que estaban decididas a no acompañar ese proyecto de extranjerización de las tierras argentinas”, continuó el mandatario provincial y señaló que él cree que “la gente puede venir a invertir”, pero “lo que no se puede venir es a apropiar de nuestras tierras”.

Asimismo, Jaldo expresó: “Ustedes no se olviden que en la historia muchos hombres y mujeres han peleado mucho. Primero, para liberarnos de los ingleses, liberarnos de los españoles. Hemos tenido criollos y criollas que han perdido la vida para darnos una patria, para darnos esta tierra. ¿Y ustedes se imaginan que por ley nosotros la entreguemos? La verdad que no nos cabe en la cabeza esta decisión”.

Tras afirmar que “no están los votos para sancionarla”, el gobernador añadió que “de ninguna manera tenemos que entregar un metro cuadrado de tierra argentina a los extranjeros. Que vengan a invertir, que vengan a producir, pero la tierra es y será de los argentinos que somos los que vivimos en este bendito país”.

Por su parte, Figueroa publicó un video en sus redes en el que resalta: “Así como hemos dicho que de ninguna manera vamos a entregar tierras fiscales a extranjeros, que he enviado la ley el día lunes a la Legislatura, con la misma firmeza digo que de ninguna manera vamos a acompañar la extranjerización de nuestras tierras”.

“Nosotros queremos que las tierras sean para los argentinos y el nivel de desarrollo tiene que estar atado a la producción. Ese es nuestro camino”, aseveró el neuquino en una publicación que replicó en la red social X Julieta Corroza, senadora con la que LLA también pensaba contar.

Aunque la dupla de Misiones aparecía también en los conteos en contra, este miércoles Carlos Arce confirmó su voto negativo mediante un comunicado escrito en tercera persona: “Ha tomado la decisión de votar en contra de la totalidad del Capítulo III, que modifica la Ley de Tierras”.

“Asimismo, reafirma su compromiso con la promoción de las inversiones productivas que generen empleo y valor agregado, en un marco de seguridad jurídica que también contemple la protección del interés público, el ambiente y la soberanía sobre los recursos estratégicos de nuestra provincia y la república”, completa.

Tras la ruptura del gobernador Hugo Passalacqua con Carlos Rovira, jefe del Frente de la Concordia Misionero, los dos senadores de Misiones quedaron uno por un lado y otro por otro. Sin embargo, el mandatario, al que está alineada Sonia Rojas Decut, salió con un video este miércoles.

Con una gorra con la inscripción “Lo que amamos no se vende”, Passalacqua manifestó que “Misiones siempre va a defender su territorio y el derecho de las provincias a proteger sus recursos estratégicos. Nuestra posición es clara: no acompañaremos ninguna iniciativa que facilite la extranjerización de nuestras tierras. Defender la tierra es defender a los misioneros y a las generaciones que vienen”.

“Esta ley vende el país”, afirmó este martes el senador nacional José Mayans (Justicialista) en referencia al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que promueve el Gobierno, y cuyo capítulo más polémico tiene que ver con la reforma de la Ley de Tierras y la compra de territorio nacional por parte de extranjeros.

Para el jefe del interbloque peronista, “lo esencial es que esta ley se caiga” porque “es un paso tan grave que habrá una Argentina antes y después de esta ley”. “Quieren comprar todo nuestro territorio”, alertó.

En cuanto al “poroteo” de cara a la sesión que se prevé para este jueves, el formoseño dijo: “En total somos 25 en nuestro bloque y nadie votará a favor. Tengo entendido que somos alrededor de 34, 35.  Estamos a un voto de 36, que es empate”.

“El pueblo tiene derecho a saber de qué se trata. La gente no está entendiendo la gravedad de este tema. Se apropian de los campos productivos, de los alimentos, de los precios, de todo. Quieren lograr la enajenación del país”, denunció durante una entrevista en el streaming Gelatina.

Mayans aseveró que “con esta ley se termina el colador en la frontera: es un tubo. Esto afecta la seguridad nacional y afecta la defensa nacional de nuestro país. Sin territorio no hay país, así de simple”.

“Votar este proyecto es pasar todos los límites. Esta ley que enajena al país debe caerse. Que no fragmenten el país. Lo esencial es que esta ley se caiga. Nadie puede hacer lo que quiere con nuestro territorio”, agregó.

Además, le pidió “al pueblo” que “utilicen todo lo que tengan para que sigamos teniendo Patria. Hagamos todo lo posible para que no nos roben el país”.

Con el afán de obtener los votos necesarios para avanzar con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada en la sesión prevista para este jueves en la Cámara alta, el oficialismo le introdujo una serie de modificaciones a la redacción del capítulo de la Ley de Tierras las cuales serán explicadas mediante una conferencia de prensa.

La conferencia tendrá lugar este martes a las 16 en la Sala de las Provincias del Senado de la Nación y será encabezada por la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, acompañada por los presidentes de las comisiones que trataron la iniciativa Agustín Coto (Asuntos Constitucionales) y Nadia Márquez (Legislación General).

Luego de varios meses y fracasos, el oficialismo cambió de posición y la nueva versión del texto (modificado numerosas veces puertas adentro desde la firma del dictamen), que circuló desde el viernes pasado entre los senadores, establece un límite del 25% "por provincia" para la venta de territorio a extranjeros, con autorización tanto del Poder Ejecutivo Nacional como del gobierno provincial.

De acuerdo al nuevo borrador, al que tuvo acceso parlamentario.com, se establecería "la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas jurídicas, cualquiera sea su naturaleza jurídica o denominación, así como de agrupaciones de colaboración, uniones transitorias de empresas y demás vínculos asociativos, todos ellos con participación estatal extranjera directa o indirecta, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional". Y agrega que "el Poder Ejecutivo Nacional no podrá delegar esta potestad de autorización en un funcionario con rango menor a Secretario de Estado".

De confirmarse esa modificación, el giro sería total, ya que de la propuesta para eliminar casi totalmente los límites y las restricciones se pasarían a un porcentaje mayor que el que rige actualmente, que es del 15% (artículo 8 de la Ley 26.737).

Por otro lado, en cuanto a las tierras ubicadas en zonas de frontera, la venta deberá también contar con autorización de la provincia y la Nación y se añade que el PEN "comprenderá en las materias no delegadas, sobre seguridad nacional, objetivos estratégicos y defensa nacional".

De esta manera, Bullrich busca avanzar rápidamente con el tratamiento en el reciento porque necesita avanzar con otros temas que son de importancia para el Ejecutivo y, con estos cambios introducidos, aspira a alcanzar los 36 votos necesarios para avanzar en la media sanción.

¿La quinta será la vencida? Es la pregunta incesante que resuena en la Cámara alta, camino a la sesión programada para este jueves 6 de agosto en la que el oficialismo se propone debatir finalmente el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Poder Ejecutivo.

Es la quinta, porque ese debate ya fue programado en cuatro oportunidades, tal cual venimos detallando en otras notas, aunque en rigor tres fueron las veces que el proyecto fue incluido en el temario que llegó al recinto y esas mismas veces quedó apartado o, directamente, no pudo hacerse la sesión.

Pero más allá de la interpretación cuantitativa, lo cierto es que cada vez que el tema fracasó en su llegada al debate fue simplemente por la ausencia de votos para respaldarlo. Y como el oficialismo ya entendió de una buena vez -y después de dos años de intenso aprendizaje- que no se va al recinto si no se cuenta con la certeza de que el proyecto propuesto será aprobado, se permite la licencia de anunciar el debate pero evita iniciarlo si no existe la convicción de ganar. Bien que hace.

Camino a una nueva oportunidad para debatir este controvertido tema que tiene en la venta de tierras a extranjeros su talón de Aquiles, el oficialismo trabaja intensamente para verificar la cantidad de voluntades con que cuenta para sacar la ley no solo en la votación en general, sino también en particular.

Por aquello de que las negras también juegan, la oposición hace paralelamente sus cuentas para saber con qué puede encontrarse este jueves cuando arranque -si sucede- la sexta sesión ordinaria del período en curso. Así las cosas, el interbloque encabezado por José Mayans inicia este poroteo con 25 votos, a los que suma los 3 de Convicción Federal, el bloque encabezado por Carolina Moisés, que el 20 de mayo pasado -fecha en la que se firmó el dictamen- expresó que era posible mejorar la iniciativa y propuso avanzar hacia un texto más consensuado. Pero ante la falta de acuerdo, presentaron su propio dictamen alternativo.

Intentos por “mejorar” la iniciativa ha habido, por demás, al punto tal de que hubo ya nada menos que quince textos que han circulado en los más de dos meses transcurridos desde entonces, pero está claro que nunca hasta ahora prevaleció el consenso. La cuestión es que a ese grupo de 28 se sumarían, si no se modifica el capítulo de tierras como pretenden, tres radicales, la salteña Flavia Royón y la cordobesa Alejandra Vigo.

La decena de senadores radicales es el sector determinante en todos los debates de la Cámara. Cuando el dictamen, el presidente de esa bancada, Eduardo Vischi, respaldó el despacho destacando que varias de las modificaciones reflejaban propuestas de su bancada, y consideró coherente que las provincias tengan un rol central en la regulación de la venta de tierras a extranjeros. Lo cierto es que, como dijimos, el 30% de ese bloque no está de acuerdo con el texto: estos son los senadores Maximiliano Abad (Buenos Aires), Flavio Fama (Catamarca) y Daniel Kroneberger (La Pampa).

El rechazo alcanzaría entonces un piso de 33 senadores, lo que hace decisivo el voto de los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce (en duda), y los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano más cerca de la negativa que de la aprobación, por lo que prevalece todavía la indefinición en el seno del oficialismo.

Ahora bien, con un resultado tan ajustado, no puede descartarse que haya un empate. Y si tenemos en cuenta que la vicepresidenta Victoria Villarruel se ha pronunciado en contra de la extranjerización de tierras, vale remarcar que ella no presidirá este jueves la sesión del Senado, por lo que en ese caso deberá desempatar el presidente provisional, Bartolomé Abdala. Pasa que el presidente Javier Milei no estará el jueves en el país, por lo que Villarruel no podrá ejercer al frente de la Cámara alta. Milei viaja el miércoles a las 20 a Ecuador, donde pasará todo el jueves y el viernes llegará a Colombia para asistir a la asunción del presidente electo Abelardo de la Espriella.

En busca de los votos para aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, postergado en reiteradas ocasiones, La Libertad Avanza en el Senado cedería cambios en el capítulo de la Ley de Tierras, según trascendió en el arranque de una semana clave para esa iniciativa.

La nueva versión del texto (modificado numerosas veces puertas adentro desde la firma del dictamen), que circuló desde el viernes pasado entre los senadores, establece un límite del 25% "por provincia" para la venta de territorio a extranjeros, con autorización tanto del Poder Ejecutivo Nacional como del gobierno provincial.

De confirmarse esa modificación, el giro sería total, ya que de la propuesta para eliminar casi totalmente los límites y las restricciones se pasaría a un porcentaje mayor que el que rige actualmente, que es del 15% (artículo 8 de la Ley 26.737).

Los cambios al proyecto (ya evaluados por el Ejecutivo) serán anunciados este martes en conferencia de prensa por la propia jefa de LLA, Patricia Bullrich. Será en el Salón de las Provincias, a las 16, y estará acompañada por los presidentes de las comisiones que trataron la iniciativa: Agustín Coto (Asuntos Constitucionales) y Nadia Márquez (Legislación General).

De acuerdo al nuevo borrador, al que tuvo acceso parlamentario.com, se establecería "la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas jurídicas, cualquiera sea su naturaleza jurídica o denominación, así como de agrupaciones de colaboración, uniones transitorias de empresas y demás vínculos asociativos, todos ellos con participación estatal extranjera directa o indirecta, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional". Y agrega que "el Poder Ejecutivo Nacional no podrá delegar esta potestad de autorización en un funcionario con rango menor a Secretario de Estado".

Otro de los incisos sobre lo que sería el nuevo artículo 3 de la Ley de Tierras es el que dispone "la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, por encima del veinticinco por ciento (25%) en el territorio de cada provincia".

A su vez, se indica que toda adquisición "deberá ser inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia consignando en un asiento especial los datos y la nacionalidad del adquirente", mientras que en el caso de las empresas con participación estatal extranjera deberá adjuntarse la autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y la del Poder Ejecutivo Nacional.

"Las disposiciones de la presente ley deberán interpretarse y aplicarse de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Nacional y con la Ley General del Ambiente N° 25.675", se incorpora, en referencia a la legislación ambiental, dado la enorme polémica por el uso de los recursos naturales estratégicos.

Por otro lado, en cuanto a las tierras ubicadas en zonas de frontera, la venta deberá también contar con autorización de la provincia y la Nación y se añade que el PEN "comprenderá en las materias no delegadas, sobre seguridad nacional, objetivos estratégicos y defensa nacional".

El pasado 16 de julio, el oficialismo propuso pasar a un cuarto intermedio en la sesión para tratar el proyecto este jueves 6 de agosto, dado que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había puesto reparos a las incorporaciones definidas en torno a la potestad de las provincias.

Aunque Bullrich afirmó haberlo convencido durante un encuentro en el Senado el pasado 23 de julio, en las dos semanas de receso legislativo el rechazo social al proyecto fue creciendo y los votos para aprobarlo seguían sin aparecer para LLA. Ahora, con esta nueva propuesta, hay quienes se esperanzan en que los números se reviertan, pero la definición de los aliados será la clave.

Al oficialismo ya no le asusta tanto un empate, dado que como el Presidente Javier Milei viajará a Ecuador y Colombia, la vicepresidenta Victoria Villarruel no presidiría la sesión. Con duras críticas, la vice ha rechazado la extranjerización de la tierra.

En tanto, para el 6 se espera una importante movilización en las afueras del Congreso (y otros puntos del país), promovida por la oposición más dura, organizaciones sociales, ambientales, de derechos humanos y sindicales, bajo las consignas de "Argentina no se vende" y "Las Malvinas son argentinas y el resto del territorio también".

Luego de haber pasado un verano inolvidable en términos de productividad legislativa, el oficialismo se apresta este jueves 6 de agosto a debatir el tema que cuantitativamente más le ha costado llevar al recinto en su gestión. Se trata del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada que ingresó al Congreso el 27 de marzo pasado. Una propuesta original del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, que tal importancia le asigna que fue en su momento personalmente al Senado a defenderla ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado el 8 de abril venidero. Oportunidad en la cual el funcionario enmarcó la propuesta en lo que definió como los dos pilares centrales de esta gestión: el equilibrio fiscal y la libertad económica.

Esta iniciativa es tan amplia que prevé modificaciones a la Ley de Tierras Rurales; cambios en el régimen de expropiaciones; reformas vinculadas a desalojos; modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego y cambios en normas relacionadas con la propiedad privada y registros inmobiliarios. Pero sin dudas la discusión más controvertida gira en torno a la Ley de Tierras, ya que el proyecto elimina buena parte de las restricciones nacionales a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y delega mayores facultades regulatorias en las provincias.

Una batalla tras otra

El oficialismo intentó debatir este proyecto en varias oportunidades, siempre sin éxito. Tres veces fracasó directamente en el Senado, todo un récord. Pero si se cuentan todos los intentos de debatirla, podrá decirse que el de este jueves será el quinto. Veamos.

La primera vez que se programó el debate en el recinto y formó parte del temario fue para la sesión del 4 de junio, oportunidad en la cual sí se aprobó el acuerdo con los holdouts. Esa vez, en el transcurso de la sesión, se anunció la decisión de postergar “una semana” el debate, aunque luego se resolvió que la fecha de sesión sería al final el 18 de junio. Pero pasaban cosas por esos días, fundamentalmente la situación del entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni, que tanto complicaba al oficialismo que lo obligó a no abrir el recinto para evitar que la oposición avanzara con una moción de censura.

El tercer intento formal, segundo en el recinto, fue el jueves 25 de junio, oportunidad en la que no se alcanzó el quórum. A todas luces, fue porque el tema Adorni se había complicado más aún y prefirieron que no hubiera sesión.

La cuarta postergación se decidió cuando el proyecto llegó por tercera vez al recinto, el 16 de julio. Ese día el proyecto figuraba en un temario que incluía pliegos diplomáticos y judiciales y la declaración de “capital simbólica de la Argentina” a la ciudad de San Miguel de Tucumán. Pero ante la falta de votos para aprobarlo se votó un cuarto intermedio para continuar debatiendo después del receso de invierno, el jueves 6 de agosto.

Ninguna señal indica que se haya modificado la situación y hayan aparecido los votos para un proyecto que tuvo dictamen el 20 de mayo pasado y tantas discrepancias ha generado que desde entonces se confeccionaron 15 versiones del texto.

Se verá entonces este jueves si este cuarto intento en el recinto -quinta vez que se llama a votarlo- tiene éxito, pero lo cierto es que la idea es incluir ese debate junto a la Ley Hojarasca, otra cuestión que hace rato tiene dictamen y aún no llegó al recinto. Era intención del oficialismo sumar Súper RIGI, pero recién esta semana se debatirá ese proyecto que cuenta con media sanción de Diputados.

Lo cierto es que este proyecto impulsado por Sturzenegger ha generado tanta controversia que se ha formado una gran masa crítica que se verá en las calles ese jueves, cuando se prevé realizar una gran movilización contra esa propuesta no solo frente al Congreso, sino también en distintos puntos del país.

Qué dice el proyecto

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tuvo correcciones en la reunión en la que se le dio dictamen, el miércoles 20 de mayo. Entre ellos se concedió la eliminación del Capítulo III que derogaba artículos de la Ley 27.453 (Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana) y dejaba abierta la posibilidad de desalojos inmediatos.

Asimismo hubo una serie de modificaciones al Capítulo IV que propone 8 artículos con cambios y derogaciones a la Ley sobre el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (26.737).

Entre las modificaciones a la Ley de Expropiaciones (N° 21.499), se incorpora expresamente la exigencia de que la declaración de utilidad pública, que será de interpretación restrictiva, cumpla con los estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

También se establecen criterios objetivos para la determinación del valor del bien, tomando como referencia la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto estatal que pueda influir en su cotización. “De este modo, se evitará que la propia actuación estatal distorsione el valor del bien en perjuicio del expropiado, con lo cual se garantiza un justiprecio real”, sostuvo el PEN.

Asimismo, se regula con mayor precisión el alcance de la indemnización, con inclusión del lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación y se encuentre debidamente acreditado.

Se incorpora, además, un mecanismo de actualización del monto indemnizatorio que contempla la evolución de los precios y una tasa de interés comercialmente razonable, con el objeto de preservar su valor real hasta el momento del efectivo pago. “Esta previsión resulta indispensable en contextos inflacionarios, a fin de evitar que la indemnización se torne ilusoria”, señaló el Gobierno en los considerandos.

Finalmente, se refuerza el rol del control judicial, se asegura la valoración fundada de la prueba técnica y se garantiza el debido proceso.

Por otra parte, el proyecto de ley redefine el régimen de ocupación temporánea y establece límites claros que preserven su carácter excepcional; y se modifica la figura de la expropiación irregular, mediante la incorporación de supuestos en los que el Estado, sin transferir formalmente el dominio, priva sustancialmente al titular de las facultades esenciales del derecho de propiedad.

El PEN manifestó que en esta propuesta “se pone el foco en que la protección del derecho de propiedad demanda la existencia de mecanismos procesales eficaces. La demora en la restitución de un inmueble frente a una ocupación ilegítima implica, en los hechos, una privación del derecho sin indemnización, lo cual resulta incompatible con la garantía de inviolabilidad dispuesta por nuestra Ley Suprema”.

En este sentido, el proyecto introduce reformas al Código Procesal Civil y Comercial y al Código Civil y Comercial de la Nación, a fin de establecer la tramitación por vía sumarísima del proceso de desalojo e incorporar mecanismos de restitución anticipada del inmueble en supuestos de verosimilitud del derecho, bajo caución juratoria y con control judicial suficiente.

Asimismo, se modernizan los sistemas de notificación, por medio de la incorporación del domicilio electrónico, y se fortalecen las facultades del juez para identificar ocupantes y asegurar la eficacia de las decisiones.

La senadora nacional Alejandra Vigo (Provincias Unidas) confirmó este viernes que votará en contra del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado por el Gobierno y que está previsto se trate en sesión el próximo 6 de agosto, día para el cual desde varios sectores llamaron a movilizarse en protesta a ese debate.

"Tengo claro que votaré en contra del proyecto que propone eliminar los límites a la compra de tierras por extranjeros", afirmó a través de su cuenta en la red social X sobre el aspecto principal de la iniciativa -que es el que suma más rechazo-, y tiene que ver con la reforma de la Ley de Tierras.

En tal sentido, la cordobesa sostuvo que "ningún país serio cede su territorio productivo sin restricción". "La soberanía sobre los recursos estratégicos no es un capricho, es una política de Estado que sostienen incluso las economías más abiertas del mundo, las mismas que el Gobierno nacional toma como referencia", señaló.

"El federalismo representa la autonomía de los estados, pero los recursos naturales son estratégicos de toda la nación. Siempre sostuve la misma postura", agregó la legisladora.

Vigo se suma así al rechazo que ya expresan al proyecto desde el interbloque peronista, y mientras La Libertad Avanza trabaja para llegar con sus aliados a los 37 -mayoría simple- que necesita para aprobar la iniciativa, en caso de haber asistencia plena.

Por las dudas que hay en torno a algunos votos de integrantes de la UCR, y las duplas de Misiones y Santa Cruz, el oficialismo -con 21 miembros- trabaja por asegurarse a la mayoría de los radicales, el Pro, Convicción Federal y tres senadoras de espacios provinciales, además del correntino Carlos "Camau" Espínola, que precisamente comparte bloque con Vigo.

El proyecto motorizado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cuenta con dictamen de comisiones desde el 20 de mayo pasado. Sin embargo, ha sufrido -despachos adentro- modificaciones derivadas en 15 versiones y su tratamiento en el recinto se postergó en cuatro oportunidades.

Sectores de la Iglesia Católica se manifestaron en contra del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que, entre sus puntos, prevé la eliminación de límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. En ese sentido, advirtieron que "la tierra no es una mercancía".

A través de una carta abierta a los legisladores, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Pastoral Aborigen y Cáritas les pidieron a quienes debatan esta iniciativa que "guíen sus opciones por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares".

"La tierra: madre, hermana y bien común", se titula la misiva, que arranca con un fragmento de la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV: "El principio del destino universal de los bienes nos recuerda sobre todo que los bienes de la tierra -el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales- han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos, hoy y en las futuras generaciones, y que toda persona tiene un derecho originario al uso de dichos bienes".

A continuación, señalan en la carta su "profunda preocupación" por el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que está previsto se trate el próximo 6 de agosto en el Senado, día para el que fue convocada una marcha al Congreso por parte de diversos sectores -entre ellos la oposición dura-, que se oponen a la iniciativa motorizada por el ministro Federico Sturzenegger.

El proyecto ya fracasó en su tratamiento en más de una oportunidad y los votos no parecen garantizados, pese a que la semana pasada el ministro se reunió con la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y aceptó los cambios pedidos por los aliados.

En la carta, la Iglesia advierte que esta propuesta "atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse".

"Nuestra preocupación se fundamenta en que este proyecto, entre otras cosas, deja sin efecto las limitaciones vigentes para la compra de tierra por parte de extranjeros -personas físicas o empresas- y, en particular, la posibilidad ilimitada de acceder a aquellas ligadas a reservas de agua y otros bienes naturales", apunta.

Asimismo, expresa que "también resultan alarmante los artículos que habilitan la utilización inmediata de tierras castigadas por incendios, hecho que hasta ahora estaba restringido", en referencia a las modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego.

Y continúa: "Este proyecto debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros".

"La tierra no es una mercancía, ni un simple recurso económico", enfatizan sus firmantes y recuerdan lo dicho por el Papa Francisco I en la Encíclica Laudato Si': "La tierra es nuestra hermana y nuestra madre, porque nos sostiene, nos alimenta y nos cobija".

El texto remarca que "para las comunidades rurales, campesinas e indígenas, la tierra es identidad, cultura, memoria y futuro. En ella se construyen vínculos, saberes, formas de trabajo y modos de habitar el mundo que se transmiten de generación en generación".

"Frente a las promesas de crecimiento económico financiero, recordemos lo que nos dice el Papa León respecto del verdadero desarrollo: 'El desarrollo es humano cuando pone en el centro a las personas y no la acumulación de bienes, y cuando se refiere también a los pueblos, no sólo a los individuos'", agrega.

También observan que "otro tema central en la Argentina, vinculado con este proyecto de ley, es el tema de la vivienda. Muchos no poseen vivienda propia y tienen que alquilar. Es importante favorecer el acceso a la vivienda, como necesidad primaria para tantas familias, dando un marco jurídico razonable a los alquileres que sea justo tanto para propietarios como para inquilinos".

"Cáritas Nacional, el Área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen, pedimos a quienes intervengan en el debate de este proyecto, guíen sus opciones por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares, poniendo en práctica la nobleza de la política como máxima expresión de la caridad", concluye la carta abierta.

Con un Congreso en pausa por el receso invernal, el oficialismo negocia para poder destrabar aquellos proyectos que quedaron sin poder tratarse en el primer semestre legislativo, que estuvo marcado por escándalos y polémicas que tuvieron como protagonistas a funcionarios del Gobierno nacional, como el caso de Manuel Adorni o el caso $LIBRA.

Así las cosas, la diputada nacional por Córdoba Alejandra Torres (Provincias Unidas) dialogó con Parlamentario.com e hizo un balance de esta primera parte del año en el Congreso de la Nación y brindó su opinión respecto de algunos proyectos clave que tiene en agenda el oficialismo.

Para la cordobesa, el primer semestre legislativo “tuvo un arranque intenso” con la aprobación de iniciativas claves que tuvieron “un fuerte impacto, directo al funcionamiento de la economía y el bienestar de los ciudadanos”.

Sin embargo, lamentó que en los meses posteriores el “avance frenó”, debido a “una serie de cuestiones vinculadas con figuras principales del Gobierno hizo que todo se demorara y se paralizara”, en referencia al escándalo criptomonedas, la causa de José Luis Espert y, posteriormente, la polémica de Manuel Adorni, exjefe de Gabinete, por supuesto enriquecimiento ilícito.

“Nos metió a todos en una encrucijada inevitable. Esto nos apartó temporalmente de las cosas que realmente le importan a la gente y paralizó la agenda parlamentaria”, expresó y bregó: “Esperemos que este segundo semestre reaccionemos frente a las iniciativas que están reclamando los ciudadanos y dejemos de mirarnos egoístamente nosotros mismos”.

De cara a lo que viene en el Congreso, los libertarios negocian con aliados y dialoguistas a contrarreloj para poder darle media sanción al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que quedó sin tratarse por cuarta vez consecutiva en el Senado y estiman poder aprobarlo el próximo 6 de agosto.

Al respecto, Torres afirmó: “No he leído en profundidad la iniciativa porque estoy esperando que se trate en la Cámara alta, que le introduzcan todos los cambios. Sé que hay negociaciones sobre el tema, entiendo que hay un reclamo en la posibilidad de adquirir tierras por parte de los extranjeros”.

“Quisiera escuchar más las exposiciones en contra y a favor del tema porque veo que, en los temas estratégicos para el país, si existiría una inhibición para la adquisición de tierras, pero en lo demás tanto nacional como extranjero, en la medida que cumplan con la normativa del Estado como es pagar impuestos, tipos de explotaciones, etc., deberíamos todos cumplir”, planteó.

Para la diputad cordobesa: “El proyecto tiene otras cosas que me parecen importantes, como es mejorar el proceso de expropiación y el tema de usurpaciones que no son tan discutidas por el momento, y me parece que incluye temas sumamente importantes”.

En lo que respecta al plano electoral para el año 2027 y la posibilidad de derogar las PASO, Torres proviene de una provincia que nunca ha aplicado el sistema, por lo que analizó: “Es cierto que la ciudadanía se encuentra muy molesta por esa exigencia de obligarlos a votar varias veces en distintas oportunidades cuando, por los resultados, en términos de democratización de los partidos políticos no se ha observado un gran avance”.

“Es cierto que, para un país con tantas restricciones económicas, habilitar este tipo de derogaciones puede no ser lo más aconsejable”, opinó y sugirió: “Pero sí deberíamos pensar que hay algo para hacer en este tema, hay que mejorar cómo funcionan los partidos políticos internamente, buscando una mejora en el ejercicio de la democracia y de la mejor representación”.

La diputada de Provincias Unidas también analizó la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que propone llevar adelante el Ejecutivo.

“Si uno lo mira en términos generales es volver a la etapa anterior al kirchnerismo, eso es muy recomendable porque va en línea con lo que sucede en otras partes del mundo en países desarrollados, con un Banco Central totalmente autónomo, pero entendiendo que esto es positivo, no es lo único que uno debe mirar para tratar de buscar la mejora en el funcionamiento de la economía y también en la mejora de calidad de la vida de la gente”, manifestó.

Torres explicó que “se trata de un proyecto del Banco Central donde, de alguna manera, se le prohíba emitir para financiar déficit fiscal, que es una señal de sendero correcto”, y ratificó: “No vamos a creer que solo con eso vamos a resolver todos los problemas económicos y sociales que tiene el país”.

En esa línea, sostuvo: “Hay que avanzar en un nuevo régimen de coparticipación, una nueva matriz tributiva que nos permita, frente a un mercado abierto, competir en iguales circunstancias con los productos que ingresan”.

“No podemos pensar que la Argentina solo puede vivir de la minería, el gas, el petróleo, el agua, debemos potenciar las capacidades especialmente vinculadas con el desarrollo de la industria local”, afirmó y propuso “revisar nuestro entramado impositivo, ya que en el Congreso hemos sancionado regímenes especiales de excepción impositiva como el RIGI, Súper RIGI, el RIMI dirigidos a determinados sectores lo que demuestra que favorecer al desarrollo exige mirar la presión tributaria sobre la industria, el comercio y otros servicios en general”.

Por último, reflexionó que hay proyectos en el Parlamento que “son considerados prioritarios y hay que atenderlos” como la reforma tributaria que fue uno de los temas incorporados en la agenda de mayo, la reforma previsional en forma integral que “es fundamental”.

“También hay que buscar una revisión integral en el funcionamiento del sistema de salud en todas sus órdenes, incluyendo en el sistema de protección de las personas con discapacidad”, cerró.

Mientras con el correr de los días el tema gana más lugar en la agenda pública, sobre todo por la modificación de la Ley de Tierras respecto a la compra de suelo argentino por parte de extranjeros, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se reunieron para acordar el texto del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

El encuentro se realizó este jueves casi por dos horas en el despacho de la senadora, en medio del receso invernal y a una semana de que la iniciativa fracasara una vez más en su tratamiento en el recinto.

Además de la jefa de LLA y el ministro, estuvieron el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y asesores de los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, presidentes de las comisiones que trabajaron el proyecto.

La semana pasada el proyecto se iba a tratar en sesión, pero finalmente se postergó al 6 de agosto. La razón detrás fue que Sturzenegger puso reparos a las modificaciones realizadas en cuanto a la potestad de las provincias sobre la venta de tierras a extranjeros, pedidas por los aliados. Según el borrador número 15 -desde la firma del dictamen-, las jurisdicciones podrán establecer un "régimen jurídico aplicable a tal efecto".

Debido a las desavenencias, los dialoguistas pusieron en duda sus votos. A ello se sumó el contexto del partido que Argentina le ganó a Inglaterra en el Mundial y la bandera sobre Malvinas, más un comunicado de la UCR Nacional en contra de ese punto.

Sin embargo, Bullrich afirmó este jueves que el ministro habría aceptado la versión del texto que iba a debatirse ese día. En diálogo con la prensa, la legisladora contó que le explicaron "las razones de los cambios que habíamos acordado con los senadores y cuál es el dictamen. Estuvieron de acuerdo, así que vamos el 6 (de agosto) con el dictamen que habíamos acordado con nuestros aliados".

"(Sturzenegger) tenía algunas dudas, se las aclaramos. Le explicamos que los cambios tenían que ver con una mirada federal respecto al uso de la tierra. Sumamos a las provincias, porque muchas veces las provincias tienen en zonas fronterizas proyectos que no pueden ser un trámite burocrático", reveló.

La jefa de LLA resaltó que "las leyes se componen de una diversidad de miradas" y este "es un proyecto, como todos los que han salido, que tiene aportes de todos".

Ante las críticas de la oposición que cada vez se escuchan más fuerte en torno al proyecto, y también las de la propia vicepresidenta Victoria Villarruel -que tuvo un duro cruce por WhatsApp con la senadora-, Bullrich negó que la reforma de la Ley de Tierras atente contra la soberanía.

"La soberanía es un concepto de protección de una nación; un pedazo de tierra es simplemente un título dominial. El concepto de soberanía es otro, la defensa de los intereses estratégicos del país; el concepto de la tierra es lo productivo, no tiene nada que ver", expresó.

Y agregó: "Nuestra Constitución es clara en nuestro artículo 20 de que cualquier persona de cualquier nacionalidad puede tener actividades en la Argentina, regidos sobre leyes argentinas. Es decir que si un extranjero que tiene un campo hace algo ilegal, le vale la misma ley".

Además de la Ley de Tierras, el proyecto avanza con cambios sobre la Ley de Expropiaciones, los desalojos, la Ley de Manejo del Fuego y el Registro de la Propiedad Inmueble. Uno de los capítulos que quedó excluido desde el comienzo era el que se refería al Registro de Barrios Populares.

La senadora nacional Carolina Losada (UCR) ratificó su postura en contra de eliminar las PASO, tal como propone el Gobierno; y, sobre la reforma electoral, aseguró que "el debate tiene que darse sí o sí este año".

"Con la eliminación (de las primarias) nunca estuve de acuerdo, lo que podemos analizar es la suspensión. La eliminación la verdad la analizaría solamente si se plantea algo que fuera superador", sostuvo.

Al ser consultada sobre si piensa en una candidatura a gobernadora de Santa Fe, la legisladora respondió: "Los escenarios en Argentina son tan cambiantes que no tiene sentido ponerte a pensar un año antes en lo que va a pasar el año que viene".

"Hoy estoy concentrada en que salgan los proyectos de ley, como el de falsas denuncias, para que pueda tener media sanción en el Senado", dijo en referencia a la iniciativa que impulsa y la cual se trataría en la sesión prevista para el 6 de agosto próximo. La propuesta permaneció demorada durante varias semanas, tras la polémica que despertó y el rechazo del colectivo feminista, que asegura que desalentaría denuncias por violencia de género.

Losada también comentó que le interesa empujar un proyecto de un régimen con beneficios fiscales para PyMEs, un tema que propuso en el Consejo de Mayo y "en ese momento no se podía hacer por el equilibrio fiscal".

En declaraciones a la prensa desde la Expo Rural 2026, la senadora se refirió también al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que desde el partido de la UCR cuestionaron a través de un comunicado.

"Le hicimos muchísimas modificaciones, estamos trabajando muy bien con Patricia (Bullrich) y el Ejecutivo para que salga la mejor ley posible", expresó y añadió: "Calculo que en la primera semana de agosto vamos a aprobarla".

Aunque no quiso hablar por su bloque, Losada afirmó que "si no somos todos, la mayoría sí vamos a apoyar". "Las modificaciones tienen que ver con más controles y se nos ha escuchado. Se cambiaron un montón de puntos de la ley y por eso es que apoyaríamos", señaló la aliada de La Libertad Avanza.

La diputada nacional Teresa García (Unión por la Patria) advirtió sobre los gobernadores cuyos legisladores vayan a votar a favor del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada: "Se lo puede considerar como traición a la Patria".

La kirchnerista aseguró que la iniciativa impulsada por el Gobierno "es prácticamente la entrega del país". "Esto es como un juego de encastre, donde fueron acomodando cada una de las piezas: empezaron con la Ley Bases, se siguió con la Reforma Laboral y ahora (con la reforma de) la Ley de Tierras, que es lo que va a garantizar algunas inversiones extranjeras, sobre todas las que le interesan a (Javier) Milei".

En tal sentido, subrayó que "se va a garantizar el absoluto uso de la tierra argentina" y se elimina "el límite del 15% en manos de extranjeros". "Esto, además, complica muchísimo todos los territorios de frontera. Hoy los lugares más apreciados son en el NOA, Salta y Jujuy, por el tema del litio; a lo largo de la cordillera, especialmente en Patagonia; y la zona de agua dulce que implica la Mesopotamia", señaló.

En declaraciones radiales, la bonaerense apuntó que "el gobernador que decida, con sus legisladores, acompañar esta ley, después tendrá que dar muchas explicaciones en sus provincias, porque la verdad es como si le pusiéramos un cartel de remate a distintos territorios provinciales".

"Creo que algunos gobernadores van a reflexionar con esto. Porque en caso que sus legisladores acompañen la ley, se lo puede considerar como traición a la Patria", lanzó.

Y agregó que se pregunta "cuántos de estos gobernadores van a seguir acompañando una política de depredación del Gobierno. Por eso tengo mis dudas que reúnan los votos para la ley, porque es terminar enajenando el territorio provincial y van a tener que poner la cara con eso".

Por otra parte, sobre la reforma electoral, la diputada se manifestó en contra de la eliminación de las PASO y recordó: "Fue una ley de nuestra gestión. No hay otras posibilidades de hacer una selección de dirigentes".

No obstante, puso la lupa sobre "un capítulo preocupante" que es la financiación de los partidos políticos. Según el proyecto, "se tiende a privatizar el ejercicio y la práctica de la política, retirándose el Estado, que tiene que ser el primer promotor de desarrollo de los partidos y del sostenimiento del sistema democrático, lo deja en manos de privados", alertó y afirmó que de esa manera "los partidos pequeños no van a existir más".

No estaban errados aquellos que en vísperas del inicio de la Copa del Mundo aclaraban que el interés general estallaría una vez llegara el momento en que la Selección nacional comenzara su participación en el torneo. Más bien llegó antes: no tardó nada en que el show del deporte que más pasión despierta entre los argentinos comenzó cautivar a toda la afición, simplemente porque a diferencia de otras ocasiones, prácticamente todas las estrellas del fútbol estuvieron esta vez a la altura de los acontecimientos.

Como de costumbre, se especuló con que tal evento serviría para atraer toda la atención por sobre otros problemas, y como siempre se especuló con que el gobierno podría sacar partido de la situación, fundamentalmente porque los problemas quedaran en segundo plano. Una apreciación por lo menos desacertada: los mundiales no benefician, per sé, al gobierno de turno. Por mejor que le vaya a la selección, cualquiera sea. Alcanza con verificar que ni el de Alfonsín en el 86, ni el de Alberto Fernández en 2022, cosecharon algún vestigio de aquellas estrellas conseguidas. Ni hablar del 78…

A partir de nuestras segunda y tercera estrellas podría construirse una teoría apresurada: que ningún presidente que coincide con un título mundial consigue después la reelección. La experiencia, sin embargo, muestra que el éxito futbolístico y la suerte electoral corren por caminos distintos.

Si Argentina vuelve a coronarse este domingo, el año próximo habrá una nueva oportunidad para poner a prueba esa conjetura.

La relación entre los presidentes de turno y los campeones del mundo es también digna de análisis. Dejando de lado el uso político que la dictadura militar hizo del Mundial 78, ya no solo por ser campeones, sino por haberlo organizado, en los albores de la recuperada democracia Raúl Alfonsín recibió al plantel campeón en la Casa Rosada el 30 de junio de 1986. Los felicitó en su despacho y Diego Maradona le entregó simbólicamente la Copa del Mundo, pero para evitar el uso político partidario de ese logro deportivo, el mandatario evitó salir al balcón con los jugadores y les cedió ese espacio exclusivamente a ellos para que saludaran a la multitud congregada en la Plaza de Mayo. Vale decir que previamente al Mundial ese gobierno radical había realizado gestiones para desplazar a Carlos Bilardo de la dirección técnica, por lo que había ciertos pruritos comopara alardear con la victoria. De hecho, a la final del mundo viajó Conrado Storani en representación del gobierno y no el presidente Alfonsín.

Sí lo hizo más tarde un presidente muy futbolero como fue Carlos Menem, en ese caso a la inauguración del Mundial de Italia en 1990, tiempos en los que el campeón vigente inauguraba el torneo. La sorpresiva derrota del equipo de Bilardo ante Camerún le imprimió al riojano un aura negativa que lo acompañaría durante años y disuadiría a los presidentes que lo sucedieron de asistir a los partidos de la Selección.

En el caso de Alberto Fernández, es historia reciente, e inolvidable el desaire que la Scaloneta le hizo al entonces funcionario Eduardo Wado de Pedro que esperaba de madrugada a los jugadores en Ezeiza, y el rechazo posterior a recibir al Presidente y mucho menos ir a la Rosada.

Obviamente el tema fue motivo de estudio en los más altos niveles del gobierno libertario, que ofreció anticipadamente a través de Javier Milei la Casa Rosada desprovista de autoridades, a los efectos de que los jugadores saludaran a la gente, aun antes de llegar a la final. Obviamente la propuesta se mantenía al cierre de esta edición, ya con operativo de traslado incluido, aunque con la presunción de que difícilmente los jugadores fueran a modificar la postura que asumieron ellos mismos hace cuatro años.

Con esa sospecha, la posibilidad de un asueto -a priori, algo reñido con la idiosincrasia libertaria- era una posibilidad muy sólida el fin de semana, más allá del resultado del domingo.

Según las crónicas provenientes de Estados Unidos, en el plantel argentino ninguno se daba por hecho con haber llegado a la final, a la espera de que un esfuerzo final les brindara (más) gloria. Al que sí se ve más que satisfecho es al mandamás de la AFA, que conforme ha ido avanzando la Selección en el Mundial fue elevando su perfil, convencido de que la buena performance futbolística tendrá proyección positiva sobre sus causas judiciales. El “Chiqui” Tapia no solo difundió fotos suyas tomando mate con Messi y De Paul en la previa de los partidos, aclarando que esa es una cábala que mantienen, sino que también se mostró al estilo Guillermo Francella el día después de la “batalla” ante Inglaterra, y hasta protagonizó un paso de comedia al pasar “casualmente” detrás de Messi, con un colaborador secándole la nuca, mientras el astro era reporteado por al TV.

El Chiqui completó lo que siente como una suerte de “blindaje” que le está brindando la performance de la Scaloneta cuando en medio de una actividad oficial de la FIFA previa a la final, el presidente Donald Trump le estrechó la mano y conversaron brevemente. Lo suficiente, a los ojos de Tapia.

Ni qué decir si con el visto bueno de los jugadores, el presidente de la AFA termina dándose el lujo de saludar desde los balcones de la Rosada. 

La cuestión Malvinas 

La semifinal con Inglaterra le puso un marco especial a la travesía mundialista. Y trazó un punto de contacto con la política, a partir del pedido del gobierno argentino -consensuado con autoridades norteamericanas e inglesas- de evitar ir a la cancha con imágenes alusivas a Malvinas. Quien más magullada resultó fue la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que quedó en el centro de una polémica por cómo se refirió a los símbolos vinculados a Malvinas al explicar las restricciones de FIFA: tras aclarar cuáles eran los elementos permitidos, ubicó entre los prohibidos a los que hicieran alusión a mensajes violentos o explícitos, como el ‘mapita’ de Malvinas”.

Tampoco la pasó bien en redes el presidente Milei, de quien recordaron su admiración por Margaret Thatcher. De hecho, en la conferencia de prensa que brindó esta semana, el vocero presidencial Adrián Ravier se incomodó cuando le preguntaron si Milei tiene un portarretratos de Thatcher en su despacho. “No lo sé”, se desentendió.

El impacto político que el tema tuvo lo dieron justamente los jugadores argentinos al desplegar una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”. Según un informe de la consultora Reputación Digital, la hora de mayor conversación del partido con Inglaterra no fue la de ningún gol, sino que se dio a las 19 del miércoles, tras el pitazo final, con el despliegue de esa bandera, que generó 5.841 menciones/hora.

Metidos de lleno en la final, sin duda que los jugadores argentinos no deben haber tomado conciencia de la magnitud de lo conseguido en materia política. Ese gesto registrado de manera espontánea al cierre de un partido épico, generó entre otras reacciones una columna de opinión del periodista Simon Jenkins en el influyente medio inglés The Guardian, instando a Londres a reanudar las negociaciones sobre la soberanía de Malvinas. “Las Malvinas no pueden seguir siendo británicas para siempre”, escribió Jenkins. “¿Es demasiado pedir que surja una negociación similar tras la semifinal de anoche, una aplastante derrota de Inglaterra a manos de Argentina, después de la cual el tema de las Malvinas resurgió con fuerza en forma de pancarta en el campo?”, se preguntó el periodista británico, para quien “ninguno de los territorios de la época imperial británica tiene derecho eterno a permanecer como está”.

Resultó patético el posterior pedido inglés a la FIFA para aplicar sanciones contra los jugadores argentinos, y sonó contundente el gobierno de Trump al rechazar esa sugerencia a través de Andrew Giuliani, director ejecutivo de la Task Force de la Casa Blanca para el Mundial, que amparó el gesto argentino en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, argumentando que los futbolistas tienen garantizada la libertad de expresión en territorio de Estados Unidos.

Para disgusto del gobierno argentino, esta sorpresiva polémica se dio justo en vísperas del debate en el Senado del proyecto oficial de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Es que justamente el principal punto de fricción es el capítulo que reforma la Ley de Tierras, dado que el proyecto de Federico Sturzenegger plantea eliminar los límites a la compra de hectáreas y recursos estratégicos por parte de extranjeros. Un tema por demás sensible, potenciado por la discusión planteada por el fútbol en términos de soberanía.

El mismo día de la sesión se conoció la décimo quinta versión del dictamen puesta a consideración, sin tampoco convencer a los senadores radicales aliados que necesita para conseguir la media sanción, y el debate volvió a postergarse. Por cuarta vez.

Y dale con la cuarta…

Amén de las muy lógicas dudas que crecieron en las últimas horas previas la sesión pactada para este jueves en el Senado, finalmente el oficialismo consiguió a las 12.25 su primer -y clave- objetivo: obtener el quórum para dar inicio a una sesión que tiene como eje el proyecto de Federico Sturzenegger de inviolabilidad de la propiedad privada.

Un proyecto para el cual “la tercera fue la vencida”, ya que había sido postergado en la sesión del 4 de junio pasado, aunque estaba en el temario, y no pudo tratarse tampoco el 25 de junio, cuando la sesión no consiguió quórum. Esta vez, al menos ese objetivo se consiguió, y sin mayor esfuerzo: con la presencia de La Libertad Avanza, el Pro, los radicales, los misioneros, la neuquina Julieta Corroza y la salteña Flavia Royón. Cuando el quórum ya estaba reunido, la titular del cuerpo se sentó en su sitial.

La prioridad ahora será aprobar un proyecto que terminó siendo tan controvertido, que desnudó públicamente por ejemplo las diferencias esbozadas por Victoria Villarruel. Porque aunque la titular del Senado no tiene voz ni voto en el recinto a la hora de los debates, expresiones críticas hacia el proyecto del Ejecutivo sobre inviolabilidad de la propiedad privada como las que trascendieron en las últimas horas, le agregan un ruido que complica cualquier debate.

El inicio de la sesión le permite al oficialismo, a priori, dar ingreso a una serie de pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo Nacional en el último mes, para posteriormente poner a consideración 26 pliegos diplomáticos; y también 29 pliegos judiciales.

Se destaca entre los casi 30 dictámenes judiciales la prórroga por cinco años del camarista Víctor Pesino, juez federal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que dejó sin efecto la cautelar que suspendía 81 artículos de la Ley de Modernización Laboral. El magistrado cumple los 75 años el próximo 27 de julio, fecha límite para aprobar su pliego. Esa era realmente la razón por la que necesita ser votado antes de esa fecha. Por si acaso, Pesino igual presentó una apelación para mantenerse en el cargo si eso no sucede antes de esa fecha.

El último proyecto del temario es la declaración como capital simbólica de la República Argentina a la ciudad de San Miguel de Tucumán cada 9 de Julio en conmemoración al aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina. El texto fue impulsado por las senadoras tucumanas Beatriz Ávila (Independencia) y Sandra Mendoza (Convicción Federal).

El proyecto central

De los cuatro temas que se tratarán en el recinto de la Cámara de Senadores, el tercero en orden cronológico será la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, iniciativa que endurece las expropiaciones y agiliza los desalojos. El dictamen fue firmado el pasado 20 de mayo, pero el despacho sufrió 13 modificaciones de redacción.

Aunque el título remite a una protección reforzada de la propiedad privada, el texto avanza sobre una variedad de normas y alcanza aspectos tan diversos como las expropiaciones, los desalojos, la regularización dominial, la adquisición de tierras rurales por extranjeros, el manejo del fuego y la organización de los registros inmobiliarios.

Uno de los núcleos centrales de la propuesta es la modificación de la Ley de Expropiaciones. El proyecto establece que las declaraciones de utilidad pública deberán interpretarse de manera restrictiva y justificar de forma específica el fin perseguido, al tiempo que exige que toda expropiación sea idónea, necesaria y proporcional para alcanzar ese objetivo.

La iniciativa también mejora las condiciones de indemnización para los propietarios afectados. Entre otros cambios, incorpora expresamente la posibilidad de reconocer lucro cesante cuando pueda acreditarse de manera objetiva, fija que la valuación del bien debe realizarse antes de cualquier anuncio oficial vinculado a la expropiación y dispone mecanismos de actualización monetaria hasta el momento del pago efectivo. Además, ratifica que no podrá producirse la transferencia del dominio sin que previamente se haya abonado la indemnización correspondiente.

Otro de los capítulos con mayor impacto político es el referido a los desalojos. El proyecto convierte estos procesos en trámites sumarísimos y habilita mecanismos que permiten obtener la restitución anticipada de inmuebles en determinados casos, especialmente cuando se trate de ocupaciones irregulares o cuando el derecho invocado por el propietario presente suficiente verosimilitud.

NOTICIA EN DESARROLLO

En la antesala de la sesión del Senado citada para este jueves, donde está previsto que se trate el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que, entre otros puntos, reforma la Ley de Tierras, la diputada nacional Lucía Cámpora denunció: "Lo que quieren habilitar es que se pueda vender nuestro país, pero los argentinos no vamos a ser extranjeros en nuestra tierra".

"Quienes amamos esta patria tenemos que defender nuestro suelo, no lo podemos rematar, y lo que quiere (Javier) Milei este jueves es que esté habilitado el remate de nuestra patria. El Senado lo tiene que rechazar", enfatizó la legisladora.

Además, la camporista alertó que "Milei quiere vender las provincias argentinas. No es una forma de decir, no es metafórico, no es un gancho para llamar la atención. Milei quiere vender las provincias argentinas porque hay intereses extranjeros que las miran con mucho cariño, porque Argentina es la segunda reserva mundial en gas no convencional, porque tiene una de las reservas más importantes de agua dulce y porque forma parte del triángulo del litio".

"¿Saben cuántas hectáreas de nuestro país están en manos de extranjeros? El equivalente a la superficie de Inglaterra. 13 millones de hectáreas de nuestro país son propiedad de extranjeros. Solo entre los estadounidenses, tienen 2,7 millones de hectáreas de toda la Argentina, lo cual equivale a la provincia de Tucumán", precisó.

Y agregó que "el ranking de las provincias con mayor proporción de tierras en manos de extranjeros están encabezados por Salta, Misiones, San Juan y Mendoza, y no casualmente son las provincias que concentran una gran cantidad de bienes naturales comunes. Esta es la discusión".

"La Ley de Tierras, que es una ley del gobierno de Cristina (Kirchner), lo que hace es ponerle un tope a la cantidad de tierras rurales que pueden estar en manos de extranjeros. Fija en un 15% a las tierras que pueden estar en manos de extranjeros y, dentro de eso, en un 30% a las que pueden estar en manos de personas o empresas de un mismo país", recordó sobre la norma que el Gobierno intentó derogar en el DNU 70/23, pero la Justicia lo frenó.

Cámpora criticó que el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, "con ese nombre no dice nada de esto" pero "es concretamente el saqueo de la Argentina". "Y en ese mismo paquete se incluye también la modificación de la Ley de Fuego que planteó y aprobó Máximo Kirchner, una ley que lo que hace es impedir la especulación inmobiliaria con los incendios intencionales", mencionó.

"Quieren eliminar la ley que pone un tope a la extranjerización de tierras, quieren eliminar la Ley de Manejo de Fuego, acaban de flexibilizar la Ley de Glaciares, acaban de aprobar el Súper RIGI con la cesión de soberanía jurisdiccional en tribunales extranjeros. Todo esto es el saqueo de la Argentina", resumió.

Además, la opositora lanzó que "después uno los ve festejando alguna cuestión para disfrazarse de patriotas y en verdad están muriéndose las uñas de emoción porque viene Kristalina Georgieva o planificando un viaje a Inglaterra. Recordemos que (Patricia) Bullrich era la que hablaba de entregar las Malvinas a cambio de las vacunas. Esos son los tipos que nos gobiernan y están jugando con cosas que no tienen arreglo o que va a costar muchísimo arreglar".

En su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindó detalles este martes sobre el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y explicó con precisión los capítulos de la inviolabilidad de la propiedad privada que será debatido en el Senado este jueves.

Ravier se refirió a la reunión que el presidente, Javier Milei, mantuvo este lunes con su tropa de legisladores donde les brindó una “Master class” del proyecto que busca la reforma en la Carta Orgánica del Banco Central, proyecto que aún “no lo tenemos, se están definiendo detalles. No está terminado y por eso no hay fecha de cuándo se va a enviar al Congreso ni por qué cámara va a ingresar”.

“Seguimos preocupados por el futuro del equilibrio fiscal, queremos dejar alguna traba a este retorno a la inflación. En este sentido, los cambios a la Carta Orgánica que se están proponiendo buscan dar más seguridad de que este programa, que pone algún tipo de control sobre los agregados monetarios, se pueda sostener y, de esta manera, podamos tener estabilidad monetaria para adelante”, explicó y precisó que la propuesta del Presiente plantea cambios a lo que es la Carta Orgánica y el artículo 3 que habla de la misión del Banco Central.

“Desde la creación del BCRA en 1935 la inflación fue un problema creciente y ha empobrecido a todos los argentinos. Por eso, se pretende recuperar una moneda sana y el crecimiento económico. La inflación no solo es perder el poder adquisitivo, sino distorsionar los precios relativos, es complicar el cálculo económico, la evaluación de los proyectos de inversión, todo lo necesario para tener crecimiento”, recordó y apuntó: “El kirchnerismo devolvió la inflación al país y desde ahí en adelante volvemos a sufrir problemas en el poder adquisitivo y en la falta de crecimiento”.

Los ejes de la Carta Orgánica

Ravier indicó que “hay cinco ejes de la iniciativa. La primera es establecer que la única función del Banco Central sea preservar el valor de la moneda, ese será su único objetivo y mandato. Es volver a la Carta Orgánica de 1992”.

En esa línea, recordó que en al año 2012 Marco Del Pont cambió ese artículo 3 y “ahí empezó el problema central donde la Argentina comenzó a ser más desigual, más pobre, perdió el crecimiento, la estabilidad y creemos que es porque el BCRA perdió su misión central que debía haber sido preservar el valor del dinero. La modificación reduce la independencia del Banco Central respecto del Poder Ejecutivo y es fundamental para adelante que la entidad sea independiente del gobierno político de turno”.

“Un segundo factor es prohibir el financiamiento del Tesoro Nacional por ejemplo a través de adelantos transitorios que son préstamos del Banco Central a tasa 0. Por otro lado, prohibir la creación de las Letras intransferibles del Tesoro este era el instrumento por el cual el Gobierno toma las reservas del BCRA y deja en su lugar esas letras que no se pueden vender al mercado y le queda al gobierno que sigue”, precisó.

Como tercer aspecto, comentó que se busca “fortalecer el esquema de gobernanza de la entidad, incorporando mecanismos institucionales que otorguen mayor estabilidad a sus autoridades y eleven los requisitos para la remoción del presidente y del directorio. Sería deseable que en el país un Presidente que cumpla con esta misión, que logre estabilizar la moneda, pasen los gobiernos y mantengan al mismo presidente del BCRA”.

“Otro punto es restringir la distribución de utilidades del BCRA, salvo en circunstancias excepcionales como escenarios de deflación y, por último, endurecer el régimen de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades que, de manera directa o indirecta, utilicen el Banco Central para financiar el déficit fiscal del Tesoro Nacional mediante la emisión monetaria”, agregó.

Por último, resumió: “En términos institucionales es que el BCRA funcione con reglas claras, previsibles y estables, disminuyendo la discrecionalidad política, aumentando la credibilidad de la política monetaria”.

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

En otro tramo de la conferencia, Ravier se refirió al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que será debatido en una sesión del Senado el próximo jueves, por lo que citó a Juan Bautista Alberdi para respaldar la iniciativa del Ejecutivo: “Entendió que la propiedad privada era uno de los pilares de una sociedad libre y próspera. La propiedad es una extensión de la libertad individual. Proteger la propiedad, es proteger el fruto del trabajo del ahorro y el esfuerzo personal”.

El funcionario justificó que “es la condición del desarrollo económico porque nadie invierte, emprende o produce si teme que sus bienes pueden ser confiscados o expropiados sin garantías. La seguridad jurídica incentiva la acumulación de capital y el crecimiento”, y sumó: “Limita el poder del Estado y favorece la inmigración y la inversión, uno de los objetivos es atraer capitales ofreciendo reglas estables y la certeza de que la propiedad será respetada”.

En tanto, cuestionó que “en la Argentina siguen existiendo un manojo de leyes que contradicen flagrantemente el espíritu de la Constitución Nacional de 1853. El paquete de propiedad privada que tratará el Senado el jueves busca reestablecer ese derecho Constitucional”.

Al hablar del proyecto, comentó que se divide en cinco capítulos. El primero se refiere a expropiaciones: “Es interesante mirar los datos del Tribunal del Banco Mundial donde la Argentina tiene un récord internacional siendo el segundo país con más denuncias en todo el planeta donde se destacan casos de expropiaciones. Tenemos un total de 65 casos. Nuestras leyes actuales dejan la ventana abierta para que se continúen violentando los derechos de propiedad, cuya demanda se traslada a juicios millonarios. La Ley de expropiación actual es obsoleta, deja vacíos legales”.

“Necesitamos una ley clara, moderna y justa, que reconozca el interés público, pero respete las reglas de juego sin caer en el uso abusivo de la expropiación”, planteó y contó: “Proponemos reformar la Ley 21.499 con un principio rector impidiendo al Estado todo tipo de abuso de la figura de expropiación, para ello, el proyecto propone definiciones más exigentes de lo que sería la utilidad pública, se deberá identificar de manera concreta el fin que persigue y demostrar que la expropiación es idónea, necesaria y proporcional”.

Además, indicó que la reforma busca asegurar que el expropiado reciba una reparación plena por el valor de su bien, dispone la actualización del monto mediante IPC.

Sobre el capítulo dos respecto de los desalojos, planteó: “La idea es tomar medidas ante las ocupaciones de viviendas para que los propietarios la recuperen rápidamente. Actualmente tardan años en recuperar un inmueble, se normalizó durante décadas la impunidad de la ocupación ilegal”.

“El riesgo de las usurpaciones desalienta la oferta de vivienda y termina encareciendo los alquileres, la inseguridad jurídica la pagan los que cumplen la ley. Los desalojos tardan en promedio más de tres años en tener sentencia firme. Con la nueva ley va a permitir nuevos mecanismos para que la identificación del inmueble sea más fácil y reduce la burocracia que enfrenta el propietario para pedir medidas cautelares y proteger su inmueble”, fundamentó.

En lo que respecta al capítulo tercero sobre la Ley de tierras rurales, Ravier explicó que la norma de 2011 “criminalizó de facto la compra de tierras por parte de extranjeros contradiciendo el espíritu de la Constitución. La ley montó topes generales y arbitrarios”.

“Proponemos levantar las restricciones generales de la adquisición de tierras rurales por extranjeros porque Argentina se hizo grande en parte gracias a quienes llegaron de otros países, invirtieron y produjeron y no tiene sentido cerrarles las puertas. Esta ley propone endurecer los controles sobre estados extranjeros, empresas y sociedades que controlan. Van a requerir autorizaciones específicas y cualquier intento de eludirlas va a ser considera ilícito”, precisó.

Al hablar de la modificación de la Ley del Manejo del Fuego que está contemplado en el capítulo cuarto del proyecto, sostuvo que “la protección de los bosques nativos no se toca, la Ley de Bosques está igual”.

“Se busca modificar la ley impulsada por Máximo Kirchner que extendió las restricciones a campos agrícolas y a bosques implantados. Es un régimen que castiga al productor víctima de incendios y se lo castiga. Este marco regulatorio no funcionó”, criticó.

Por último, habló del capítulo cinco sobre la modernización del Registro de Propiedad del inmueble que “impulsa la digitalización del sistema, fija plazos máximos para trámites y crea una ventanilla única federal para acceder a la información registral desde un único portal. Es un registro más ágil, menos burocrático, más seguridad jurídica”, y cerró: “La propiedad privada es un derecho, no un privilegio y merece la protección plena de la ley”.

A través de un comunicado realizado junto a referentes de la asociación civil Voces por la Cultura, la Justicia y la Paz, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, alertó sobre la reforma de la Ley de Tierras y afirmó que el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que está previsto se trate este jueves en el Senado, “compromete la soberanía nacional”.

“Los argentinos perdemos la tierra, perdemos el agua, perdemos la dignidad. La reforma de la Ley de Tierras frente a un nuevo feudalismo tecnológico”, arranca el documento, en referencia a la iniciativa impulsada por el Gobierno que, entre sus principales puntos, avanza con profundas modificaciones a la Ley 26.737.

En tal sentido, los firmantes señalan que “la reforma de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno nacional constituye una entrega de poder sobre el territorio argentino. Al remover límites sustanciales a la adquisición de tierras por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras, y al trasladar al Poder Ejecutivo Nacional y a los gobernadores, decisiones estratégicas sobre la adquisición de tierras por parte de Estados extranjeros, el proyecto compromete la soberanía nacional, el control sobre el agua, los recursos naturales y las zonas estratégicas del país”.

“Quienes acompañen esta reforma incurren en una conducta que el artículo 29 de la Constitución Nacional califica como traición a la patria; sus actos llevan consigo una nulidad insanable”, se aseveró en el texto encabezado por Carrió y otros dirigentes de su partido, aunque no fue suscripto por los dos diputados nacionales que representan a esta fuerza.

Además, denuncian que “Javier Milei quiere que la Argentina sea territorio de ensayo para grandes empresas tecnológicas y poderes privados globales que buscan sustituir reglas públicas por reglas privadas. En ese modelo, la libertad deja de ser una garantía de los ciudadanos frente al poder y pasa a convertirse en privilegio de quienes concentran datos, infraestructura, financiamiento y territorio”.

“La reforma debe leerse junto con otras iniciativas que debilitan la capacidad regulatoria del Estado, flexibilizan controles societarios, que permiten ley y jurisdicción extranjera y sociedades automatizadas”, advirtieron los firmantes.

Y recordaron que “los argentinos conocemos los costos de la mala regulación: burocracia inútil, privilegios, discrecionalidad, corrupción y captura del Estado. Por eso el Estado debe estar limitado por la Constitución, la división de poderes, la justicia independiente, la transparencia y la rendición de cuentas. Pero el poder privado también puede concentrarse, capturar decisiones públicas e imponer reglas de hecho sin control democrático”.

“Estamos entrando en una nueva era histórica. Las nuevas tecnologías pueden abrir oportunidades extraordinarias para la Argentina y para el mundo. La pregunta central es bajo qué reglas y con qué controles democráticos nos incorporamos a esa transformación”, concluye el comunicado.

Los jefes de bloques del Senado acordaron este miércoles sesionar el próximo jueves 16 de julio, a las 12, con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada como tema principal. Desde su dictamen hasta la fecha, esa iniciativa sufrió numerosas modificaciones, que serán puestas a discusión el recinto.

En la reunión de Labor Parlamentaria realizada en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel, el oficialismo y la oposición dialoguista acordaron el temario, que incluirá además una treintena de pliegos diplomáticos y judiciales; y un proyecto para declarar a San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de la República Argentina el 9 de Julio de cada año.

De la reunión participaron, además de Villarruel y el presidente provisional, Bartolomé Abdala, los presidentes de bloques Patricia Bullrich (LLA), Eduardo Vischi (UCR), Martín Goerling (Pro), Carolina Moisés (Convicción Federal), Carlos Arce (Encuentro Misionero) y Flavia Royón (Primero los Salteños); también Agustín Coto (LLA) y Natalia Gadano (Moveré Santa Cruz). En tanto, por el interbloque Popular estuvieron Juliana di Tullio y Fernando Salino.

El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, rechazada por el kirchnerismo, se dictaminó en comisiones el pasado 20 de mayo. Sin embargo, desde ese momento hasta ahora, despachos hacia adentro, los aliados del oficialismo propusieron numerosos cambios. En total, hubo 14 versiones del texto, según supo este medio.

A pesar de las varias modificaciones, no se convocará a comisiones, sino que directamente éstas se revelarán en el recinto. “Cambió mucho el dictamen original”, afirmó ante parlamentario.com uno de los senadores que participó de la reunión este miércoles.

Uno de los cambios que fue de los primeros y sí se conoció durante el dictamen fue la eliminación del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares de Argentina (ReNaBaP).

La iniciativa, promovida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, establece profundos cambios respecto a expropiaciones (Ley 21.499), desalojos (Código Procesal Civil y Comercial y Código Civil y Comercial de la Nación), compra de tierra rurales por parte de extranjeros (Ley 26.737) y la última versión de la Ley de Manejo del Fuego.

Por otra parte, la semana que viene se tratarán una treintena de pliegos diplomáticos y judiciales, entre ellos el del juez Víctor Arturo Pesino, próximo a cumplir 75 años a fin de mes. Se trata del camarista que repuso la Ley de Modernización Laboral y dispuso la intervención de la UOM, hechos por los cuales el peronismo lo cuestionó duramente durante la audiencia a la que asistió el pasado 9 de junio.

Si bien el pliego de Pesino formaba parte de la sesión que no tuvo quórum el pasado 25 de junio, luego de ese día la Comisión de Acuerdos avanzó con más audiencias de candidatos y se engrosó la lista de despachos listos para ser aprobados en el recinto. Entre ellos se destaca también el de Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario letrado del juez Ariel Lijo, propuesto para ocupar el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, que tiene a su cargo la causa de Martín Insaurralde y Jesica Cirio.

Tras el receso, sesión el 6 de agosto

Luego de que pase el receso invernal (en los hechos no lo es para los legisladores, pero sí para el personal del Congreso), los jefes de bloques acordaron que volverán al recinto el 6 de agosto, con el proyecto de “Ley Hojarasca”, otro tema impulsado por Sturzenegger. El proyecto ya cuenta con media sanción de Diputados y se propone la derogación de alrededor de 60 normas que la administración libertaria considera obsoletas, sin efecto o que “afectan libertades individuales”.

El temario incluirá el proyecto sobre falsas denuncias, que motoriza la radical Carolina Losada, el cual había permanecido en “stand by” ante las numerosas críticas que sufrió de organizaciones feministas, quienes denuncian que esa propuesta desalienta las denuncias por violencia de género.

Según la hoja de ruta acordada, también se incluirán acuerdos internacionales y, en caso de contar con dictamen, posiblemente la reforma de la Ley de Salud Mental.

Por otra parte, en cuanto a las prioridades que fijó el Gobierno en la reunión que la semana pasada mantuvo el Presidente Javier Milei con sus legisladores, la Reforma Electoral y la modificación del Régimen de Zona Fría todavía no cuentan con los votos en el Senado, cámara que también espera por el ingreso del proyecto de reforma de Carta Orgánica del BCRA.

Luego de la sesión que se cayó la semana pasada, cuando el caso Manuel Adorni frustró la agenda parlamentaria del oficialismo en el Senado, La Libertad Avanza buscará sesionar antes del receso invernal. Este miércoles, tras la reunión de legisladores con el presidente Javier Milei en Casa Rosada, permanecía la intención de que la sesión fuera el próximo miércoles 8, a pesar del feriado del jueves 9 y el día no laborable del viernes 10. Sin embargo, avanzada la jornada, tomó forma la decisión de ir al recinto una semana después, el  jueves 16.

Esta semana la vicepresidenta Victoria Villarruel no convocó a reunión de Labor Parlamentaria; sin embargo, tras la firme idea de la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, de intentar abrir el recinto, en la tarde del miércoles fue citada la reunión de jefes de bloques para el miércoles 8 a las 12.

El temario que quedó pendiente de la semana pasada tenía como tema principal el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que desde su dictamen en comisiones hasta la fecha continuó sujeto a modificaciones pedidas por los bloques aliados. Según trascendió, hubo una docena de versiones del texto. Los cambios deberán informarse en la sesión.

Además de esa iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, el temario incluía pliegos diplomáticos y judiciales -entre ellos el del juez Víctor Arturo Pesino, quien repuso la Ley de Modernización Laboral y dispuso la intervención de la UOM, y es cuestionado por el peronismo-, acuerdos internacionales y un proyecto relacionado con Tucumán y el 9 de Julio.

De concretarse, la sesión sería la última antes de que el Congreso entre en un virtual -no formal- receso invernal. En tanto, de cara al segundo semestre asoma una agenda abultada de temas a tratar en la Cámara alta.

A partir de la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete y el apoyo que exhibieron varios gobernadores a su asunción, se revitalizó la posibilidad de avanzar con cambios en las elecciones PASO pensando en 2027.

De la reunión que legisladores mantuvieron este miércoles en Casa Rosada con el presidente, la reforma política fue uno de los temas que se fijó entre las prioridades del Gobierno. Luego de meses congelada en el Senado, la discusión de la iniciativa se retomará para intentar llegar a un acuerdo con los aliados. Si bien el Poder Ejecutivo pretende su eliminación, las negociaciones pasarán por una posible suspensión o quita de la obligatoriedad.

Otro de los proyectos que el Gobierno pidió priorizar es el que cambia el Régimen de Zona Fría, sobre subsidios al gas, que ya cuenta con media sanción de Diputados. Por ahora, en el Senado, los números todavía no están. Por eso, este miércoles mismo, Santilli asistió a la Cámara alta a reunirse con senadores dialoguistas.

Una sesión que se presume sumamente complicada es la convocada en el Senado para este jueves a partir de las 11. La reunión, postergada la semana pasada, tiene un temario en el que resalta el proyecto del Poder Ejecutivo de inviolabilidad de la propiedad privada; que cuenta con convenios internacionales y la declaración de la ciudad de San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la República Argentina el 9 de julio de cada año.

Tiene también acuerdos diplomáticos y judiciales, pero que arrancará con una gran discusión reglamentaria que se llevará su buen tiempo y está vinculada a los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete de Ministros. Esta instancia, que invoca el artículo 101 de la Constitución Nacional, incluye el tratamiento de una moción de censura/remoción, que deberá ser resuelta en el inicio de la sesión y en la que confrontarán dos tesituras: por un lado, la de decidir por mayoría absoluta la interpelación al jefe de Gabinete, y la que establece que por tratarse de proyectos sin dictámenes debe ser tratada sobre tablas por lo que antes tendrá que ser autorizada esa instancia por los dos tercios del Cuerpo.

El peronismo encabezado por José Mayans ha prometido mantener la tesitura acordada en la reunión de Labor Parlamentaria del miércoles de la semana pasada, recordando que en esa oportunidad la propia jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, coincidió con el peronismo respecto de que ese tema no amerita el tratamiento habitual de cualquier proyecto.

Gobierno mediante, el oficialismo cambió de parecer y tratará de imponer junto a los aliados la postura de que hacen falta dos tercios, de lo contrario deberá pasar por comisión la próxima semana.

En el acta que circula con los detalles de la sesión de este jueves figura respecto de los pedidos de interpelación que los mismos han sido girados a la Comisión de Asuntos Constitucionales y deben tramitarse mediante proyectos de resolución en los términos de los artículos 124 y 129 del Reglamento del Senado. El procedimiento ordinario requiere el giro a la comisión y la emisión del dictamen de comisión. Atento a ello, recién podría llevarse al recinto con no menos de siete días de anterioridad a la sesión en que se trate.

Según lo resuelto en la segunda reunión de Labor Parlamentaria se estableció que ante la falta de dictamen de comisión, el tratamiento del proyecto de resolución en el recinto solo podrá habilitarse mediante una moción de sobre tablas, aprobada por las dos terceras partes de los votos emitidos.

Será una larga discusión que tendrá lugar en la primera parte de la sesión, según está establecido. Luego será el momento de discusión del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y a continuación una serie de convenios internacionales. Seis en total.

En una carta abierta dirigida a legisladores, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Cáritas Argentina y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen manifestaron su rechazo al proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” impulsado por el Poder Ejecutivo, actualmente en debate en el Senado, al sostener que compromete la soberanía territorial, el acceso a los recursos naturales y los derechos de las comunidades.

Las entidades eclesiales señalaron que la iniciativa pone en riesgo “la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos y de nuestros bienes comunes”, y advirtieron que también podría afectar el derecho de los pueblos a la autodeterminación. En ese sentido, recordaron el principio del destino universal de los bienes, según el cual los recursos naturales están destinados a toda la humanidad y no pueden ser apropiados de manera excluyente.

Entre los puntos más cuestionados, mencionaron la eliminación de restricciones vigentes para la compra de tierras por parte de extranjeros, lo que abriría la posibilidad de acceso ilimitado a superficies vinculadas a reservas de agua y otros recursos estratégicos. También calificaron como “alarmante” la habilitación del uso inmediato de tierras afectadas por incendios, algo que hasta ahora estaba restringido por normativa.

El documento advierte además que el proyecto debilita la capacidad del Estado para regular el uso del suelo, planificar obras públicas y proteger a los sectores más vulnerables frente a intereses privados, tanto locales como internacionales.

Desde una mirada doctrinaria, las organizaciones destacaron que la tierra “no es una mercancía ni un simple recurso económico”, sino un bien que sostiene la vida y debe ser cuidado como tal. En esa línea, subrayaron que para las comunidades campesinas, rurales e indígenas constituye un elemento central de identidad, cultura y subsistencia.

El texto también introduce el problema de la vivienda en la Argentina, al señalar que muchas familias carecen de acceso a una propiedad y dependen del alquiler, por lo que reclamaron un marco jurídico que contemple tanto a propietarios como a inquilinos.

Finalmente, las entidades pidieron a los senadores que orienten el debate hacia el bien común y el futuro de las próximas generaciones, por encima de intereses particulares, e instaron a ejercer la política como una forma de compromiso ético y social.

El oficialismo solicitó aplazar el tratamiento del proyecto del Poder Ejecutivo de inviolabilidad de la propiedad privada, que defendió en su momento en comisión el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El tema figuraba en primer lugar para el debate de este jueves, pero pasó para después de resolverse la cuestión de los pliegos judiciales. A la hora en que debía abrirse el debate, pidió la palabra el senador Agustín Coto, presidente de Asuntos Constitucionales, quien mocionó aplazar el tratamiento del tema, sin dar razones. El pedido fue aprobado por el pleno a mano alzada.

Fuentes oficialistas consultadas por este medio aclararon que el proyecto sería tratado en la sesión de la semana que viene. Para la oposición, la decisión de bajar el tema este jueves fue “porque no tenían los votos”. Así lo señaló en redes sociales la santacruceña Ana Marks, quien sostuvo que en LLA “no consiguieron los votos, pero el modelo económico de saqueo que llevan adelante nos obliga a estar atentos, seguir informando y concientizando”.

Marks fue más lejos al señalar que “por eso debemos redoblar los esfuerzos para informar, concientizar y construir una amplia mayoría social que defienda el derecho a la tierra, a la vivienda y a nuestros bienes naturales comunes frente a la especulación, la concentración y la extranjerización”, y concluyó: “No vamos a permitir que Milei y este gobierno de cipayos nos entreguen al capital global”.

Qué dice el proyecto

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tuvo correcciones en la reunión en la que se le dio dictamen, el miércoles 20 de mayo. Entre ellos se concedió la eliminación del Capítulo III que derogaba artículos de la Ley 27.453 (Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana) y dejaba abierta la posibilidad de desalojos inmediatos.

Asimismo hubo una serie de modificaciones al Capítulo IV que propone 8 artículos con cambios y derogaciones a la Ley sobre el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (26.737).

Entre las modificaciones a la Ley de Expropiaciones (N° 21.499), se incorpora expresamente la exigencia de que la declaración de utilidad pública, que será de interpretación restrictiva, cumpla con los estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

También se establecen criterios objetivos para la determinación del valor del bien, tomando como referencia la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto estatal que pueda influir en su cotización. "De este modo, se evitará que la propia actuación estatal distorsione el valor del bien en perjuicio del expropiado, con lo cual se garantiza un justiprecio real", sostuvo el PEN.

Asimismo, se regula con mayor precisión el alcance de la indemnización, con inclusión del lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación y se encuentre debidamente acreditado.

Se incorpora, además, un mecanismo de actualización del monto indemnizatorio que contempla la evolución de los precios y una tasa de interés comercialmente razonable, con el objeto de preservar su valor real hasta el momento del efectivo pago. "Esta previsión resulta indispensable en contextos inflacionarios, a fin de evitar que la indemnización se torne ilusoria", señaló el Gobierno en los considerandos.

Finalmente, se refuerza el rol del control judicial, se asegura la valoración fundada de la prueba técnica y se garantiza el debido proceso.

Por otra parte, el proyecto de ley redefine el régimen de ocupación temporánea y establece límites claros que preserven su carácter excepcional; y se modifica la figura de la expropiación irregular, mediante la incorporación de supuestos en los que el Estado, sin transferir formalmente el dominio, priva sustancialmente al titular de las facultades esenciales del derecho de propiedad.

El PEN manifestó que en esta propuesta "se pone el foco en que la protección del derecho de propiedad demanda la existencia de mecanismos procesales eficaces. La demora en la restitución de un inmueble frente a una ocupación ilegítima implica, en los hechos, una privación del derecho sin indemnización, lo cual resulta incompatible con la garantía de inviolabilidad dispuesta por nuestra Ley Suprema".

En este sentido, el proyecto introduce reformas al Código Procesal Civil y Comercial y al Código Civil y Comercial de la Nación, a fin de establecer la tramitación por vía sumarísima del proceso de desalojo e incorporar mecanismos de restitución anticipada del inmueble en supuestos de verosimilitud del derecho, bajo caución juratoria y con control judicial suficiente.

Asimismo, se modernizan los sistemas de notificación, por medio de la incorporación del domicilio electrónico, y se fortalecen las facultades del juez para identificar ocupantes y asegurar la eficacia de las decisiones.

Destrabado el asunto, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara alta convocaron al plenario que pasará a la firma el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La convocatoria fue fijada para este miércoles 20 de mayo a las 11.30 en el Salón Arturo Illia.

A más de un mes de la última reunión informativa, La Libertad Avanza concedió al pedido de los bloques de la oposición dialoguista y se va a eliminar del dictamen que será rubricado el Capítulo III que derogaba artículos de la Ley 27.453 (Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana) y dejaba abierta la posibilidad de desalojos inmediatos.

Del mismo modo, serán contempladas una serie de modificaciones al Capítulo IV que propone 8 artículos con cambios y derogaciones a la Ley sobre el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (26.737).

En caso de quedar rubricada la firma del despacho, el proyecto de ley redactado y defendido por Federico Sturzenegger -ministro de Transformación y Desregulación del Estado- quedará habilitado para ser llevado al recinto el próximo miércoles 27 de mayo.

Los demás punto del proyecto

Entre las modificaciones a la Ley de Expropiaciones (N° 21.499), se incorpora expresamente la exigencia de que la declaración de utilidad pública, que será de interpretación restrictiva, cumpla con los estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

También se establecen criterios objetivos para la determinación del valor del bien, tomando como referencia la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto estatal que pueda influir en su cotización. "De este modo, se evitará que la propia actuación estatal distorsione el valor del bien en perjuicio del expropiado, con lo cual se garantiza un justiprecio real", sostuvo el PEN.

Asimismo, se regula con mayor precisión el alcance de la indemnización, con inclusión del lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación y se encuentre debidamente acreditado.

Se incorpora, además, un mecanismo de actualización del monto indemnizatorio que contempla la evolución de los precios y una tasa de interés comercialmente razonable, con el objeto de preservar su valor real hasta el momento del efectivo pago. "Esta previsión resulta indispensable en contextos inflacionarios, a fin de evitar que la indemnización se torne ilusoria", señaló el Gobierno en los considerandos.

Finalmente, se refuerza el rol del control judicial, se asegura la valoración fundada de la prueba técnica y se garantiza el debido proceso.

Por otra parte, el proyecto de ley redefine el régimen de ocupación temporánea y establece límites claros que preserven su carácter excepcional; y se modifica la figura de la expropiación irregular, mediante la incorporación de supuestos en los que el Estado, sin transferir formalmente el dominio, priva sustancialmente al titular de las facultades esenciales del derecho de propiedad.

El PEN manifestó que en esta propuesta "se pone el foco en que la protección del derecho de propiedad demanda la existencia de mecanismos procesales eficaces. La demora en la restitución de un inmueble frente a una ocupación ilegítima implica, en los hechos, una privación del derecho sin indemnización, lo cual resulta incompatible con la garantía de inviolabilidad dispuesta por nuestra Ley Suprema".

En este sentido, el proyecto introduce reformas al Código Procesal Civil y Comercial y al Código Civil y Comercial de la Nación, a fin de establecer la tramitación por vía sumarísima del proceso de desalojo e incorporar mecanismos de restitución anticipada del inmueble en supuestos de verosimilitud del derecho, bajo caución juratoria y con control judicial suficiente.

Asimismo, se modernizan los sistemas de notificación, por medio de la incorporación del domicilio electrónico, y se fortalecen las facultades del juez para identificar ocupantes y asegurar la eficacia de las decisiones.

Ley de Manejo del Fuego

El Gobierno busca derogar los cambios introducidos a esta ley en 2020, a raíz de un proyecto impulsado por el diputado Máximo Kirchner. El PEN subrayó que estos cambios impiden "modificar el uso de inmuebles en caso de incendios por plazos extremadamente prolongados, bajo el amparo de garantizar la correcta restauración. Sin embargo, estas limitaciones son irrazonables y afectan al ejercicio del derecho de propiedad dado que, en los hechos, se ha demostrado que no resultan eficientes para alcanzar la finalidad perseguida".

De esta manera, se busca dejar sin efecto los artículos que establecen prohibiciones de 60 años (para el caso de bosques nativos, áreas protegidas y humedales) y de 30 años (para el caso de zonas agrícolas) para que, en caso de incendios, se realicen modificaciones en el uso y destino que esas superficies tenían con anterioridad a ser afectadas por el fuego.

A su vez, se restituye un artículo que establece la restricción sobre las zonas consideradas bosques nativos, de acuerdo a las categorías de conservación asignadas por el ordenamiento territorial de la jurisdicción correspondiente.

Ley de Registro de la Propiedad Inmueble 

Finalmente, el proyecto impulsa la modernización de la Ley 17.801 y sus modificaciones, con el objeto de adecuar el sistema registral inmobiliario a los estándares tecnológicos actuales y a las exigencias constitucionales de seguridad jurídica, eficacia administrativa y protección del derecho de propiedad, consagrados en la Constitución Nacional.

Se apunta a la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan la digitalización integral del sistema registral y que habiliten la presentación de documentos en soporte electrónico, el uso de firma digital conforme a la normativa vigente y la implementación de sistemas de registración que aseguren la inalterabilidad, integridad y trazabilidad de la información.

El bloque de senadores de Convicción Federal fijó su postura frente al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada enviado por el Poder Ejecutivo. Los legisladores centraron su rechazo "firme" sobre "los puntos que vulneran la integración urbana de los sectores más humildes y los que facilitan la entrega del territorio nacional a capitales extranjeros".

Para la bancada que integran Carolina Moisés (Jujuy), Sandra Mendoza (Tucumán) y Guillermo Andrada (Catamarca) -exintegrantes del interbloque peronista-, el avance sobre el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) representa "una de las mayores amenazas de la iniciativa oficial y es un punto inaceptable".

"El RENABAP no se toca. Este proyecto no solo frena la integración sociourbana, sino que habilita desalojos masivos de manera encubierta", denunciaron los senadores a través de un comunicado.

A su vez, señalaron que esta iniciativa "ignora la realidad de más de cinco millones de argentinos que viven en barrios populares". "El oficialismo busca imponer 'desalojos exprés' sin contemplar situaciones de extrema vulnerabilidad. Nuestra propuesta es clara: límites estrictos y protección especial para los niños y adultos mayores. No es lo mismo un intruso que un inquilino, no pueden manejarse los mismos plazos en uno y otro caso”, aseveraron.

Otro eje central del reclamo es la extranjerización de la tierra. El proyecto oficial elimina los límites vigentes para la compra de tierras por parte de extranjeros, lo que Convicción Federal considera "una entrega directa de la soberanía nacional".

"La tierra argentina no puede ser tratada como una mercancía más en un mercado global desregulado. Cualquier decisión sobre la venta de tierras estratégicas debe pasar obligatoriamente por el Senado de la Nación", expresaron los legisladores.

En este sentido, reafirmaron que las provincias, a través de sus senadores, deben tener la competencia última para "evitar que el patrimonio nacional quede en manos ajenas, especialmente en zonas críticas como los bosques nativos", donde el proyecto también busca eliminar prohibiciones de compra tras incendios forestales.

Desde el bloque concluyeron que el proyecto, "bajo la excusa de defender la propiedad, en realidad genera desprotección social y debilita la función social de la propiedad y la expropiación justa".

"Damos la discusión de fondo porque nuestra convicción es federal y social: defendemos a los vecinos de nuestros barrios y la soberanía de nuestro suelo. Estos son los cambios que realmente hacen falta", finalizaron.

Tras el cuarto intermedio solicitado la semana pasada, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara alta se reunieron este miércoles para continuar el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La gran mayoría de los expositores se pronunció en contra del avance de la iniciativa defendida por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Según supo parlamentario.com, el oficialismo está abierto a la incorporación de modificaciones que serán contempladas en la firma del dictamen. De esta manera, una fuente de La Libertad Avanza confirmó que, de no haber sorpresas, el despacho quedará listo el próximo miércoles 22 de abril en una nueva reunión plenaria de las comisiones que presiden Agustín Coto (cabecera) y Nadia Márquez.

A partir de ello, el Senado va a quedar habilitado a llevarlo al recinto el 29 de abril, jornada que coincide con la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados. En el bloque oficialista aún no han resuelto si la sesión será ese miércoles, o directamente el jueves 30 en convocatoria ordinaria.

Coto y Márquez llevaron las riendas de la plenaria que tuvo fuerte presencia opositora.

Dentro de la bancada oficialista, hay quienes señalan que una doble sesión en el Congreso dificultaría aún más los accesos al Palacio Legislativo y otros que opinan que le restaría la atención de los medios de comunicación por contraponerse con el informe de Adorni. Sin embargo, una alta fuente insistió con que las Cámaras son independientes y que no es mala idea hacerlo el 29. Se definirá una vez que el despacho esté firmado entre Patricia Bullrich y los jefes de bloques aliados.

Las voces en contra del proyecto de Sturzenegger

Durante esta jornada que se extendió por más de siete horas, en representación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), el presidente Rodolfo Carrizo se manifestó en contra de las modificaciones a la Ley de Tierras y aseveró que “tenemos que defender la Argentina y que la tierra no sea un comodity”. En el mismo sentido, acusó a la iniciativa del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de ser “la decisión de entregar el territorio sin saber cómo y por qué”.

En el mismo sentido, cargó: “Creemos en la defensa irrestricta de la Nación Argentina y defender la patria es un principio histórico”. Si bien su intervención fue breve, agregó que “no debemos permitir que el beneficio que podrán hacer grandes grupos de la economía o latifundistas que quieren expropiar parte del territorio modificando la Ley de Tierras nos saquen un derecho”.

Camporista, el exdiputado nacional Santiago Igón (2015 - 2023) consideró: “Tenemos que darnos cuenta de que si toda esa tierra no podía ser vendida a estos capitales, y hoy podría, a partir de esta ley, desde el Estado estamos agrandando la oferta para que esas tierras valgan mucho menos”. Antes había mencionado que “ningún incendio fue ocasionado por un turista haciendo asado o por los mapuches porque, justamente, hay una cuestión inmobiliaria”, en alusión a los incendios forestales que azotaron la Patagonia durante enero y febrero del 2026.

Alineado con la postura de la oposición más férrea del Congreso, añadió que “no es casual y vienen a llevar adelante una cuestión que le fue frenada por la Justicia porque alguien les iba a hacer una denuncia”. Y afirmó que “la Argentina que viene necesita otras cosas y a esta ley no la necesitamos”. Concluyó al exigir “el tercio que le corresponde a Chubut por el Impuesto al Combustible para arreglar las rutas y darles la posibilidad a las economías regionales de resurgir”.

Comenzado el segundo bloque, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay –invitado de la senadora Patricia Bullrich- sostuvo que la propiedad privada “es uno de los elementos fundamentales del estado de derecho”, pero planteó pensar a qué se apunta con las soluciones legislativas que se impulsan: “¿A fortalecer a los grandes propietarios o a ver el modo en que se puede difundir la propiedad entre aquellos que no la tienen?”.

El abogado señaló que el proyecto “se orienta a fortalecer el derecho a la propiedad mediante la reducción de restricciones regulatorias, la mejora de los estándares de seguridad jurídica, y la agilización de los procedimientos administrativos y judiciales vinculados. La iniciativa resulta consistente con un enfoque inter institucional que prioriza la previsibilidad normativa, la protección de derechos individuales y la promoción de la inversión”.

Sin embargo, cuestionó que se generan dudas sobre la protección ambiental, urbanización de barrios populares y una mirada “poco contemplativa” del problema habitacional en el actual contexto económico.

“Me parece bien que se agilicen los procedimientos administrativos y judiciales, pero hay que ver cuáles son los objetivos. Me llamó la atención que usen el término ‘villa miseria’ pensé que estaba superado porque se habla de asentamientos y esto da un tono de lo que se persigue”, cuestionó.

Sobre tierras rurales, Sabsay indicó que “se propone la flexibilización del régimen de titularidad extranjera mediante la eliminación de topes cuantitativos, se inscribe en una lógica de inversión y tope y dinamización del mercado de tierras. La subsistencia y restricción respecto de estados extranjeros y la incorporación del criterio de evaluación por seguridad y soberanía nacional funcionan como salvaguardas institucionales. En este caso no se encuentran mayores inconvenientes”. Al respecto, planteó que “en la práctica hay que ver cómo se va a reglamentar porque es un marco muy general por ahora”.

Al referirse a los procesos de desalojo y reformas procesales, manifestó: “Estoy muy de acuerdo en el desalojo en aquellas experiencias nocivas que tuvimos con aquellos falsos mapuches que ocupaban tierras de propietarios absolutamente con título, pero, además, lo hacían de forma violenta y se han producido muertes. Me parece muy bien que se termine con un fenómeno tan irregular y nocivo”.

No obstante, indicó que “la reducción de plazos y garantía debe ser monitoreada en su implementación para evitar que se vea afectada el debido proceso”, y sugirió que se debe acompañar de políticas de vivienda para sectores vulnerables. “Debemos armonizar el derecho a la propiedad privada con los derechos sociales desde la Constitución”, expresó.

“El proyecto presenta avances en el derecho a propiedad, seguridad jurídica, eficiencia institucional lo que justifica una valoración general favorable. No obstante, se identifican dos áreas críticas: la política de integración socio urbana donde se recomienda un rol activo y coordinado; y la regulación del manejo del fuego donde se advierte un retroceso en estándares de protección ambiental que debe ser revisado”, concluyó.

El especialista en derecho administrativo, Mariano Marcucci, consideró que el proyecto “avanza sobre el control judicial de las facultades del Estado, en tanto, prevé la posibilidad de producir pruebas una vez que se expida el Tribunal. Asimismo, establece que el control judicial procederá en todos los casos y no solo en los de arbitrariedad. También tiene en cuenta el precio del bien y mecanismos de actualización”.

“Se prevé que el control judicial sea amplio, por lo tanto, el proyecto va a favor de las garantías de los particulares y avanza sobre el control judicial de las facultades discrecionales del Estado y debe ser celebrado en este punto. En este sentido avanza el estado de derecho y las leyes que avancen en el Congreso”, cerró.

El exfuncionario del ReNaBaP, Luciano Celsi, quien también es referente de barrios populares en Bariloche cargó apreciaciones en contra del Capítulo III que propone modificaciones y derogaciones a la Ley 27.453 (Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana): “Se está atacando a los más vulnerables y a los más marginados”. “¿Es la solución que necesita Argentina?”, cuestionó.

La derogación del artículo 15 del marco normativo sancionado en el 2018 propone, según palabras de Celsi, “la habilitación de los desalojos”. Enumeró, además, que la creación del RENABAP “benefició a 1.300 barrios populares, generó 320.000 puestos de trabajo, 25.000 lotes con servicio y asistió a más de 250.000 personas”. Sobre su provincia, destacó la construcción de 54 obras de infraestructura y más de 4.600 viviendas con acceso al agua, el gas y la red eléctrica.

“La Ley ReNaBaP trajo trabajo, dignidad y desarrollo”, sintetizó Celsi, quien aprovechó los minutos finales para fustigar al gobierno de Javier Milei: “El declive empezó en diciembre del 2023 cuando se dejaron de entregar certificados de vivienda familiar; luego se degradó la Secretaría en Subsecretaría y después en Dirección; y el 99,9% se desfinanció”. “Dimos un paso atrás tremendo e imagínense cómo están las personas mayores y los discapacitados en los barrios populares”, concluyó.

En su alocución la ministra de ambiente bonaerense, Daniela Vilar, apuntó: “No es una ley de cuidado de propiedad privada sino una ley de transferencia de propiedad de los argentinos a intereses extranjeros, transferencias de ecosistemas a lobbies de especulación inmobiliaria. No es ningún cuidado de nada”.

“Esta ley complementada con la de Glaciares sumada a la eliminación de la Ley de Bosques configura un plan de despojo de la soberanía de la patria”, alertó Vilar y señaló que el proyecto propone saca un tope de la cantidad de tierras que pueden estar en manos extranjeras. “El artículo 35 pone a la venta el acceso al agua de los argentinos. Es un escenario catastrófico”.

También participaron Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados; Matías Oberlin Molina del Observatorio de Tierras; Juan Herrero de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra; Javier Inalaf, combatiente de Incendios Forestales del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de Rio Negro; Florencia Gómez del CEPPAS; el doctor Diego Morales del CELS; el ex vicerrector de la UBA, Jaime Sorín; y el doctor en Derecho Administrativo, Carlos Nielsen Enemark.

Sobre el final, Juan Ignacio Maquieyra, expresidente del Instituto de la Vivienda en la Ciudad, arrancó contando que había trabajado bien en su momento con Patricia Bullrich, siendo ella ministra de Seguridad de Cambiemos. Y planteó que “hoy no hay obras de integración social urbana. Hoy hay 5 millones de personas a las cuales no les estamos acercando lo básico: agua, cloaca, electricidad, en barrios en los cuales viven 1.700.000 chicos”.

“Yo puedo entender que alguien tenga algún enojo con alguien que en algún momento tomó una tierra. Lo que no puedo entender es que haya un enojo con un chico que hoy tiene 5 o  6 años y que vive en uno de estos barrios”, advirtió. Maquieyra aclaró que “cuando hablamos de desalojar, estamos hablando de 1.750.000 chicos que tienen menos de 12 años en estos 6.500 barrios. Y en particular nos preocupa que la ley, como está hoy, directamente deja en muchísima mayor vulnerabilidad a ese millón setecientos cincuenta mil chicos, porque la prohibición para desalojar esos terrenos desaparecería, con la ley como está hoy”.

Así que “desde TECHO -continuó- estamos para sentarnos con todas las fuerzas políticas para trabajar con todos los senadores y todos los equipos en nuestra mirada sobre el Capítulo III, porque no queremos que salga la ley como está planteada ahora, porque deja más desprotegidos a esos niños”. Agregó que “la discusión que por ejemplo hoy planteaba la senadora Bullrich con respecto al título de propiedad para mí es una discusión valida, pero no creo que valga la pena sostener que desaparezca la prohibición de desalojos que cambia la forma en la cual el Estado nacional tiene la responsabilidad principal por empujar la integración social urbana en estos barrios”.

Sobre el final, Patricia Bullrich aclaró que “ningún barrio va a ser desalojado. Eso es una locura. Pero con este modelo actual lo que se logra es la paralización; no se logra que el barrio avance”. Según la jefa del bloque oficialista del Senado, la forma de poder avanzar es a partir de dos conceptos que consideró fundamentales: “La propiedad privada total y absoluta en manos de cada uno de los propietarios. Y que aquellos barrios puedan construir una trama urbana distinta, porque aferrarse a algo que no ha dado resultado, que no genera la necesidad de mover aquellos lugares básicos para generar un cambio importante”.

Según Bullrich, el objetivo de la ley propuesta es “lograr la transformación de los barrios populares en barrios con todas las características de los barrios de nuestro país”.

Tras pedir cuarto intermedio, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General del Senado retoman el debate del proyecto sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La cita está fijada para este miércoles 15 de abril a las 15 en el Salón Azul del Palacio Legislativo y contará con la presencia de una veintena de invitados.

El proyecto comenzó con la exposición del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien defendió la propuesta enmarcándola en los que definió como los dos pilares centrales del actual Gobierno: el equilibrio fiscal y la libertad económica. También sostuvo que el país nunca logró “poner sobre la mesa” el respeto efectivo de los derechos de propiedad, lo que habría frenado proyectos de inversión de gran escala.

La reunión conjunta estará presidida por Agustín Coto, titular de Asuntos Constitucionales, y Nadia Márquez, de Legislación General. Según confío a parlamentario.com una fuente de la oposición dialoguista, el oficialismo está abierto a la introducción de modificaciones que, incluso, serán incorporadas en el dictamen que podría ser firmado la otra semana.

De todas maneras, la reunión de este miércoles será meramente informativa y el Senado recibirá a Diego Armesto, Lilia Calderón, Rodolfo Carrizo, Luciano Celsi, Fernanda García Monticelli, Martín Galli Basualdo, Florencia Gómez, Jerónimo Guerrero Iraola, Juan Herrero, Santiago Igon, Paulino Inalaf, Juan Ignacio Maquieyra, Mariano Marcucci, Diego Morales, Gervasio Muñoz, Carlos Nielsen Enemark, Matías Oberlin Molina, José Luis Peter, Ariel Rondán Piacenti, Daniel Sabsay, Jaime Sorín y Daniela Vilar.

El proyecto de ley 

La propuesta del Gobierno nacional enviada al Congreso el 27 de marzo, propone modificaciones a la Ley de Expropiaciones y Código Procesal Civil y Comercial; al Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana; a la Ley de Tierras; a la Ley de Manejo del Fuego; y a la Ley de Registro de la Propiedad Inmueble.

Entre las modificaciones a la Ley de Expropiaciones (N° 21.499), se incorpora expresamente la exigencia de que la declaración de utilidad pública, que será de interpretación restrictiva, cumpla con los estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

También se establecen criterios objetivos para la determinación del valor del bien, tomando como referencia la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto estatal que pueda influir en su cotización. "De este modo, se evitará que la propia actuación estatal distorsione el valor del bien en perjuicio del expropiado, con lo cual se garantiza un justiprecio real", sostuvo el PEN.

Asimismo, se regula con mayor precisión el alcance de la indemnización, con inclusión del lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación y se encuentre debidamente acreditado.

Se incorpora, además, un mecanismo de actualización del monto indemnizatorio que contempla la evolución de los precios y una tasa de interés comercialmente razonable, con el objeto de preservar su valor real hasta el momento del efectivo pago. "Esta previsión resulta indispensable en contextos inflacionarios, a fin de evitar que la indemnización se torne ilusoria", señaló el Gobierno en los considerandos.

Finalmente, se refuerza el rol del control judicial, se asegura la valoración fundada de la prueba técnica y se garantiza el debido proceso.

Por otra parte, el proyecto de ley redefine el régimen de ocupación temporánea y establece límites claros que preserven su carácter excepcional; y se modifica la figura de la expropiación irregular, mediante la incorporación de supuestos en los que el Estado, sin transferir formalmente el dominio, priva sustancialmente al titular de las facultades esenciales del derecho de propiedad.

El PEN manifestó que en esta propuesta "se pone el foco en que la protección del derecho de propiedad demanda la existencia de mecanismos procesales eficaces. La demora en la restitución de un inmueble frente a una ocupación ilegítima implica, en los hechos, una privación del derecho sin indemnización, lo cual resulta incompatible con la garantía de inviolabilidad dispuesta por nuestra Ley Suprema".

En este sentido, el proyecto introduce reformas al Código Procesal Civil y Comercial y al Código Civil y Comercial de la Nación, a fin de establecer la tramitación por vía sumarísima del proceso de desalojo e incorporar mecanismos de restitución anticipada del inmueble en supuestos de verosimilitud del derecho, bajo caución juratoria y con control judicial suficiente.

Asimismo, se modernizan los sistemas de notificación, por medio de la incorporación del domicilio electrónico, y se fortalecen las facultades del juez para identificar ocupantes y asegurar la eficacia de las decisiones.

La iniciativa prevé modificaciones y derogaciones de varios artículos de la Ley Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana (N° 27.453), bajo el argumento de que "la implementación del régimen no ha permitido avanzar de manera significativa en la transferencia efectiva del dominio a los ocupantes, lo que evidencia la existencia de restricciones relevantes tanto en su diseño como en su aplicación".

Se propone sustituir el esquema centralizado por un modelo que reconozca no solo el rol del Estado Nacional, sino también el rol preponderante de las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la implementación de los procesos de regularización dominial, en línea con el sistema constitucional de distribución de competencias.

"La reforma propuesta no genera un vacío normativo, sino que sustituye un esquema único y rígido por un sistema de instrumentos diversos, cuya aplicación deberá ser coordinada entre las distintas jurisdicciones, conforme a sus competencias y capacidades", expresó en los fundamentos.

Entre unas de las modificaciones, defendió que el cambio del artículo 12 "se orienta a asegurar que la ejecución de obras se rija por criterios de eficiencia, transparencia e igualdad, permitiendo la participación de todos los actores en condiciones equitativas, sin perjuicio de la posibilidad de promover la participación de actores locales en los términos que se establezcan en cada caso".

Actualmente, este artículo de la Ley 27.453 indicar que las obras de integración socio-urbana deberán ser adjudicadas en un 25% como mínimo a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas, preferentemente, por los habitantes de los barrios populares.

El Poder Ejecutivo apuntó que la situación jurídica de la Ley de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (N° 26.737) "es particular", ya que se estableció su derogación por medio del DNU 70/23, pero ésta se encuentra suspendida luego de una medida cautelar dictada por la justicia.

"Por medio de esta norma se dispusieron limitaciones a la titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales. Sin embargo, esto implicó una limitación irrazonable que, lejos de constituir una verdadera protección, conllevó un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional, principalmente en el ámbito agropecuario, uno de los principales sectores productivos del país, reconocido internacionalmente por su calidad en todo tipo de productos", sostuvo el PEN.

Y señaló que "la reforma propone modificar el enfoque y concentrar los controles en aquellos supuestos en los que se vean involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos. De este modo, se asegurará un correcto resguardo de la soberanía y la seguridad nacional".

El Gobierno busca derogar los cambios introducidos a esta ley en 2020, a raíz de un proyecto impulsado por el diputado Máximo Kirchner. El PEN subrayó que estos cambios impiden "modificar el uso de inmuebles en caso de incendios por plazos extremadamente prolongados, bajo el amparo de garantizar la correcta restauración. Sin embargo, estas limitaciones son irrazonables y afectan al ejercicio del derecho de propiedad dado que, en los hechos, se ha demostrado que no resultan eficientes para alcanzar la finalidad perseguida".

De esta manera, se busca dejar sin efecto los artículos que establecen prohibiciones de 60 años (para el caso de bosques nativos, áreas protegidas y humedales) y de 30 años (para el caso de zonas agrícolas) para que, en caso de incendios, se realicen modificaciones en el uso y destino que esas superficies tenían con anterioridad a ser afectadas por el fuego.

A su vez, se restituye un artículo que establece la restricción sobre las zonas consideradas bosques nativos, de acuerdo a las categorías de conservación asignadas por el ordenamiento territorial de la jurisdicción correspondiente.

Finalmente, el proyecto impulsa la modernización de la Ley 17.801 y sus modificaciones, con el objeto de adecuar el sistema registral inmobiliario a los estándares tecnológicos actuales y a las exigencias constitucionales de seguridad jurídica, eficacia administrativa y protección del derecho de propiedad, consagrados en la Constitución Nacional.

Se apunta a la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan la digitalización integral del sistema registral y que habiliten la presentación de documentos en soporte electrónico, el uso de firma digital conforme a la normativa vigente y la implementación de sistemas de registración que aseguren la inalterabilidad, integridad y trazabilidad de la información.