El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), que dirige el exdiputado nacional Claudio Lozano, difundió un informe crítico sobre el proyecto impulsado por el Gobierno. El documento sostiene que la iniciativa desmantela los límites a la extranjerización de tierras rurales, debilita las capacidades regulatorias del Estado y favorece la apropiación privada de recursos estratégicos.
El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) presentó un extenso documento en el que rechaza el proyecto oficial de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, al considerar que implica “un profundo retroceso para la soberanía nacional, la protección ambiental y las capacidades del Estado para planificar el desarrollo”.
El trabajo, titulado “Una reforma para entregar el territorio”, afirma que el núcleo de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo pasa por una modificación sustancial de la Ley de Tierras Rurales. Según el análisis, aunque la norma vigente no sería derogada formalmente, se eliminarían los principales límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros y se reducirían los mecanismos de control estatal.
Para el IPyPP, la propuesta promueve un cambio de paradigma en la relación entre Estado, propiedad y territorio, otorgando prioridad a la protección patrimonial de los propietarios y los inversores por encima de otros principios constitucionales como la función social de la propiedad, la protección ambiental y el interés público.
Uno de los principales cuestionamientos del instituto que lidera Claudio Lozano apunta a la eliminación de los límites nacionales establecidos por la Ley 26.737 para la titularidad extranjera de tierras rurales. El informe recuerda que la norma vigente fija un tope del 15% a nivel nacional, provincial y departamental, y señala que actualmente la propiedad extranjera representa alrededor del 5% de las tierras rurales del país. Sin embargo, advierte que existen más de treinta departamentos que ya superan ese porcentaje debido a adquisiciones realizadas antes de la sanción de la ley.
El documento menciona entre las zonas con mayores niveles de extranjerización a departamentos como San Carlos y Molinos, en Salta; Lácar, en Neuquén; General Lamadrid, en La Rioja; e Iguazú, en Misiones, todos considerados territorios de relevancia productiva, ambiental o geopolítica.
Otro punto que genera preocupación en el instituto es la derogación de disposiciones que actualmente excluyen a la compra de tierras rurales de los mecanismos de protección previstos en tratados bilaterales de inversión. Según el análisis, ese cambio podría habilitar controversias ante tribunales arbitrales internacionales, reduciendo la capacidad regulatoria del Estado argentino sobre esos recursos estratégicos.
El informe también cuestiona los cambios proyectados en la Ley de Manejo del Fuego. Sostiene que la iniciativa reduce las restricciones para modificar el uso del suelo después de incendios y limita las protecciones principalmente a determinadas categorías de bosques, dejando fuera a humedales, pastizales y otros ecosistemas que actualmente cuentan con resguardos específicos.
Desde la perspectiva del IPyPP, la reforma podría además agravar la situación de comunidades indígenas y campesinas. El estudio vincula esta preocupación con la derogación de la emergencia territorial indígena y con las dificultades existentes para el reconocimiento formal de territorios ocupados históricamente por comunidades originarias.
El trabajo dedica otro capítulo a las modificaciones propuestas para el régimen de expropiaciones. Allí advierte que la incorporación del lucro cesante como concepto indemnizable y los cambios en el cálculo de intereses podrían elevar significativamente el costo fiscal de las expropiaciones, dificultando la ejecución de obras públicas, proyectos energéticos y políticas habitacionales.
Asimismo, cuestiona la incorporación de procedimientos más rápidos para la restitución de inmuebles en la Justicia Civil de la Ciudad de Buenos Aires. Según el informe, la iniciativa facilita los desalojos y fortalece la posición de los propietarios en un contexto marcado por dificultades para el acceso a la vivienda.
Como conclusión, el IPyPP sostiene que el proyecto debe analizarse junto con otras iniciativas impulsadas por el Gobierno, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las modificaciones a la legislación ambiental y la derogación de normas vinculadas a la propiedad comunitaria indígena. A juicio del organismo, todas ellas expresan una misma orientación destinada a reducir la capacidad estatal para regular el territorio y a ampliar la participación privada sobre recursos considerados estratégicos para el desarrollo nacional.