El juez Guillermo Martín Scheibler aceptó el amparo de una asociación civil que se opone al proyecto inmobiliario en la Costanera Sur y pidió un estudio de impacto ambiental. El jefe del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, presentará un jury de Enjuiciamiento contra del magistrado.
La Legislastura porteña se preparaba para un super jueves en el que iba a debatir el proyecto de rezonificación de un predio en Boedo y el convenio entre el Gobierno de la Ciudad e IRSA S.A para desarrollar un proyecto inmobiliario en zona sur, sin embargo, las intenciones legislativas se vieron afectadas por el fallo del juez Guillermo Martín Scheibler quien aceptó el amparo impulsado por la asociación civil Observatorio por el Derecho a la Ciudad y le impidió a la Casa seguir con el trámite legislativo.
El magistrado resolvió que el Parlamento no pueda seguir avanzando con el debate legislativo hasta que se realice un estudio de impacto ambiental. La determinación fue tomada en base al artículo 63 de la Constitución de la Ciudad, el cual establece que ese tipo de estudios tiene que hacerse antes que nada. No obstante, los legisladores porteños del oficialismo advirtieron que el estudio se haría igual ya que está contemplado en la normativa.
El acuerdo en cuestión busca cambiar la actual normativa que rige en los terrenos -que solo permite la actividad deportiva- para habilitar nuevos usos del suelo como los de viviendas y comercios. Lleva la firma de funcionarios de la administración porteña y el privado, dueño del predio de 71 hectáreas, y prevé reemplazar los espacios verdes por edificios de alta categoría.
A modo de contraprestación por la reforma a cargo de la Legislatura, IRSA cederá a la Ciudad 41 hectáreas que serán destinadas a un espacio de acceso público y cuyo mantenimiento estará a cargo de la empresa por diez años, según se desprende del convenio.
Ante esta situación, el proyecto no puede seguir su curso legislativo, es por ello que el jefe del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, va a presentar un jury de Enjuiciamiento contra el juez Scheibler con la intención de que el Consejo de la Magistratura porteña investigue si incurrió en una mala praxis.
“Es muy peligroso que un juez pretenda indicarnos a los miembros de la Legislatura qué podemos votar y qué no. Constituye un pésimo antecedente para el Estado de Derecho y atenta contra un principio básico de la democracia: la división de poderes”, advirtió García Vilas en sus redes sociales.
Cabe recordar que el proyecto recibió un tratamiento exprés en la Legislatura, es que en menos de una semana ingresó y tuvo dictamen favorable de las comisiones de Presupuesto –a cargo de Claudio Romero (VJ)- y la de Planeamiento Urbano –presidida por Daniel Del Sol (VJ)-. Además en los últimos días la presidenta de la Comisión de Espacio Público, Claudia Neira (FdT), había solicitado que la iniciativa volviera a comisión y fuese analizada en la que ella preside.
Se trata de un proyecto de ley que permitirá avanzar con la construcción de edificios en la Costanera Sur, en el predio de la ex Ciudad Deportiva Boca Juniors.
A pocas semanas de que la Legislatura porteña modificara la Ley de Catastro, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, presentó en esa Casa un proyecto de ley que busca avanzar con un convenio urbnanístico que firmó el Ejecutivo local con la empresa IRSA para la construcción de edificios en la Costanera Sur, en el predio de la ex Ciudad Deportiva Boca Juniors.
El acuerdo en cuestión busca cambiar la actual normativa que rige en los terrenos -que solo permite la actividad deportiva- para habilitar nuevos usos del suelo como los de viviendas y comercios. Lleva la firma de funcionarios de la administración porteña y el privado, dueño del predio de 71 hectáreas, y prevé reemplazar los espacios verdes por edificios de alta categoría.
A modo de contraprestación por la reforma a cargo de la Legislatura, IRSA cederá a la Ciudad 41 hectáreas que serán destinadas a un espacio de acceso público y cuyo mantenimiento estará a cargo de la empresa por diez años, según se desprende del convenio.
El proyecto en cuestión generó el repudió de los legisladores del Frente de Todos (FdT), quienes cuando se modificó la Ley de Catastro aseguraron que esto permitiría la construcción de barrios privados en la Ciudad. En ese sentido Matías Barroeteaveña (FdT) planteó que “este nuevo intento de privatizar el acceso a la costanera es inconstitucional e ilegal; viola el artículo 8 de la constitución que garantiza el uso público de la costanera y la ley del Plan Urbano ambiental que prohíbe los barrios cerrados”.
“Este nuevo proyecto camuflado permite que un privado multiplique a miles de millones de dólares una inversión, modificando un uso deportivo”, indicó y sentenció que “el objetivo es consolidar el modelo de Larreta de priorizar la construcción de grandes torres, de 45 pisos en este caso, cuyos destinatarios son los especuladores inmobiliarios, y que como ya sabemos, luego quedarán vacías, mientras que más de la mitad de porteñas y porteñas tienen problema para acceder a una vivienda digna”.
