Hay cifras que informan y hay cifras que interpelan. Las del suicidio pertenecen a las segundas.

Argentina atraviesa una situación que exige mucho más que preocupación necesita ser hablado, visibilizado y comprendido, dejar de ser un tema oculto detrás del miedo, vergüenza, o el silencio.  Durante 2025 se registraron 5.209 muertes por suicidio, con una tasa informada por el Sistema Nacional de Información Criminal de 11,8 cada 100.000 habitantes mayores de cinco años, un aumento del 22% respecto de 2024. San Luis merece una mirada particular. En 2025 alcanzó una tasa de 18,9 suicidios cada 100.000 habitantes, la segunda más alta del país y alrededor de un 60% superior al promedio nacional. Estos números deberían encender una señal de alarma siendo una provincia relativamente pequeña, 96 personas perdieron la vida por suicidio en apenas un año según cifras oficiales.

Hablar de suicidio únicamente desde la estadística sería insuficiente y profundamente doloroso, seria reducir una vida, una historia y un sufrimiento a un frio número, ignorando el dolor inmenso de las familias de las personas que murieron, quienes tienen que aprender a convivir con las ausencias, las preguntas sin respuestas, y muchas veces con una culpa que jamás debería recaer sobre ellos. Necesitamos mirarlo también desde la bioética.

La bioética contemporánea no se limita a preguntarse qué puede hacer la medicina. También pregunta qué le debemos, como sociedad, a una persona que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO coloca en el centro la dignidad humana, la autonomía, la protección de las personas vulnerables, la justicia, la igualdad y la responsabilidad social en materia de salud. Desde esta mirada, una persona atravesada por una crisis suicida no puede reducirse a un diagnóstico médico, mucho menos juzgarse como débil o responsabilizarse exclusivamente por lo que le ocurre, por lo contrario, nos obliga a preguntarnos no sólo qué llevó a esas personas al límite, sino también qué oportunidades de prevención, acompañamiento y atención estuvieron —o no estuvieron— disponibles antes de que fuera demasiado tarde.

Uno de los desafíos bioéticos más complejos es sobre la AUTONOMIA, eso de ninguna manera puede significar abandono.   Respetar la autonomía de una persona no significa permanecer indiferentes mientras el sufrimiento extremo limita su capacidad para imaginar alternativas. Durante una crisis pueden aparecer desesperanza, angustia intensa, aislamiento o una percepción profundamente alterada del futuro.

La respuesta ética no debería ser anular a la persona, pero tampoco abandonarla en nombre de una autonomía entendida de manera absoluta.

Debe buscarse proteger la vida respetando al máximo su dignidad, sus derechos y su libertad, utilizando intervenciones proporcionales y acompañando hasta que la crisis pueda disminuir y la capacidad de decidir pueda recuperarse.

La OMS señala que hablar abiertamente puede disminuir la ansiedad, permitir que la persona se sienta comprendida y abrir una oportunidad de intervención. El propio Ministerio de Salud argentino sostiene que hablar del suicidio no incrementa el riesgo.

A veces una pregunta sencilla —“¿estás pensando en hacerte daño?”— puede ser el comienzo de una conversación que salve una vida.

Existe, además, una dimensión bioética que muchas veces olvidamos: La Justicia Social.

La OMS advierte que el suicidio es un fenómeno multicausal en el que pueden intervenir problemas de salud mental, pero también pérdidas afectivas, violencia, soledad, enfermedades, discriminación, conflictos familiares, dificultades económicas y pérdida de medios de vida visto de este modo sería irresponsable afirmar que el desempleo, la pobreza o el endeudamiento “causan” por sí solos un suicidio. Pero sería igualmente equivocado actuar como si las condiciones económicas, familiares y comunitarias no influyeran sobre la salud mental de las personas. Al igual que cuando una persona necesita atención psicológica o psiquiátrica y debe esperar meses; cuando una familia no sabe dónde acudir; cuando alguien sale de una guardia después de una crisis y nadie vuelve a contactarlo; cuando la prevención depende exclusivamente de que la propia persona tenga fuerzas para “pedir ayuda”, estamos frente a una cuestión sanitaria, pero también frente a una cuestión bioética. El derecho a la salud mental no puede existir solamente en una ley. Tiene que existir en la realidad.

Lo más moderno en prevención del suicidio no es simplemente una aplicación o una inteligencia artificial. Es algo mucho más interesante: construir sistemas capaces de detectar, intervenir y acompañar antes, durante y después de una crisis.

La estrategia internacional LIVE LIFE de la OMS concentra la evidencia en cuatro grandes intervenciones: limitar el acceso a medios altamente letales; promover una comunicación responsable en medios y redes; desarrollar habilidades socioemocionales desde edades tempranas; e identificar, evaluar, tratar y realizar seguimiento de las personas que presentan conductas suicidas. La telepsiquiatría, las aplicaciones clínicas y las intervenciones psicológicas digitales permiten además acercar ayuda a poblaciones alejadas y realizar seguimiento sin esperar necesariamente una consulta presencial. Estudios recientes encuentran resultados prometedores, particularmente cuando estas tecnologías complementan —y no reemplazan— la atención humana.

Desde la bioética, prevenir el suicidio significa defender algo más profundo que la supervivencia biológica. Significa intentar devolver alternativas allí donde alguien siente que ya no existen.

Significa reconocer su vulnerabilidad sin quitarle dignidad. Escuchar sin juzgar. Preguntar sin miedo. Tratar sin estigmatizar. Acompañar después de la urgencia. Garantizar profesionales, dispositivos comunitarios y presupuesto. Trabajar a partir el estado con políticas públicas acertadas y asesoradas por cuerpos colegiados, desde las escuelas, los clubes, las universidades, los centros de salud y las familias, la prensa.

Volviendo a San Luis nuestra provincia; Una tasa de 18,9 cada 100.000 habitantes no pueden convertirse en otro dato que circule unos días por las redes sociales y después desaparecer, San Luis necesita estudiar profundamente qué está ocurriendo en nuestra población, disponer de información epidemiológica suficientemente rápida para intervenir donde aparezcan aumentos del riesgo. Y necesita hacerlo sin estigmatizar recuperar como sociedad algo mucho más sencillo y, paradójicamente, cada vez más difícil: mirar al otro. Preguntar cómo está y esperar la respuesta. Advertir cuando alguien se aísla. Tomar en serio una despedida extraña. Son pequeños actos, pero detrás de ellos existe una enorme concepción bioética: la vida del otro también nos concierne.

No podremos evitar todo sufrimiento. Ninguna política, médico, familia o sociedad puede prometerlo. Pero sí podemos construir una provincia donde sufrir no signifique sufrir en soledad. Una provincia donde pedir ayuda no sea una carrera de obstáculos. Donde una guardia no sea el final del acompañamiento sino el comienzo. Donde nuestros adolescentes sepan que pueden decir “no puedo más” sin vergüenza. Donde las familias sepan a quién recurrir. Donde el Estado comprenda que la salud mental necesita presupuesto, profesionales, prevención y continuidad.

Porque prevenir un suicidio no es solamente impedir una muerte.

Es cuidar una historia que todavía puede continuar.

Y mientras exista una posibilidad de continuarla, tenemos la obligación ética y humana de no mirar hacia otro lado.

Ante una crisis o urgencia de salud mental en Argentina, el Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte dispone de la línea gratuita y confidencial 0800-999-0091, las 24 horas, todos los días del año.

La autora es profesora diplomada en Bioética – Pontificia Universidad Católica de Chile

La morosidad crece en la Argentina y San Luis aparece entre las provincias más afectadas. Pero detrás de las cifras comienza a revelarse otra deuda, mucho más difícil de contabilizar. Una que no figura en los balances ni en las estadísticas bancarias: la angustia, el miedo, la vergüenza, la incertidumbre y el deterioro emocional de miles de familias que ya no saben cómo llegar al final del mes.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado sobre registros de la Central de Deudores del Banco Central, ubica a San Luis con una morosidad total del crédito del 20,1%, la segunda más elevada del país, detrás de La Rioja. Pero hay otro dato todavía más inquietante: el 35,6% de los deudores puntanos se encuentra en situación irregular. Es decir, más de uno de cada tres tiene dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. En las billeteras virtuales, la mora llega al 31,2%.

Son porcentajes. Son estadísticas. Pero detrás de cada número hay una persona.

Hay una madre haciendo cuentas frente a una mesa. Un jubilado decidiendo qué medicamento comprar. Un trabajador esperando que el sueldo alcance unos días más. Una familia usando la tarjeta para alimentos. Alguien que pide un préstamo para cancelar otro. Personas que silencian el teléfono porque saben que del otro lado puede haber un reclamo de pago.

Y entonces la deuda deja de ser exclusivamente económica.

Se convierte en una deuda emocional.

La preocupación permanente por el dinero puede invadir el sueño, las relaciones familiares, el trabajo y hasta la percepción que una persona tiene de sí misma. La evidencia científica ha encontrado una asociación consistente entre las dificultades financieras y un deterioro de la salud mental, particularmente con mayor malestar psicológico y síntomas depresivos. Una revisión sistemática publicada en 2025 encontró esa relación en la enorme mayoría de los análisis estudiados.

Porque deber no significa solamente no poder pagar.

Significa también abrir los ojos por la mañana y comenzar inmediatamente a calcular. Significa dormir mal. Postergar. Renunciar. Explicarles a los hijos por qué algo que ayer era cotidiano hoy se transformó en un lujo. Significa convivir con la sensación de fracaso, aun cuando muchas veces lo que está fallando no es la voluntad de trabajar ni la responsabilidad de las personas, sino la capacidad real de los ingresos para sostener la vida diaria.

Y allí aparece una palabra de la que hablamos demasiado poco: dignidad.

¿Qué pasa con la dignidad de una persona cuando trabaja y, aun así, no alcanza? ¿Qué sucede cuando comprar alimentos, pagar la luz, afrontar un medicamento o simplemente sentarse a tomar un café comienza a requerir cálculos, renuncias o endeudamiento?

La dignidad no puede ser una palabra reservada para las campañas electorales.

No se puede considerar digna a una persona solamente cuando llega el momento de pedirle su voto y olvidarla durante los cuatro años siguientes.

La dignidad debe ser cotidiana.

Dignidad es trabajo.

Dignidad es un salario que guarde una relación razonable con el costo de vivir.

Dignidad es poder atender un problema de salud sin preguntarse primero cuánto costará.

Dignidad es alimentar a los hijos sin endeudarse.

Dignidad es llegar a fin de mes sin sentir que se ha atravesado una carrera de obstáculos.

Y sí: dignidad también es poder sentarse alguna vez a tomar un café sin sentir culpa por haber gastado el dinero que quizá mañana haga falta para otra cosa.

El problema adquiere todavía mayor dimensión cuando deja de ser excepcional y comienza a extenderse por toda la sociedad. A nivel nacional, el CEPA registró para mayo de 2026 20,9 millones de deudores y 5,8 millones de personas en situación de mora. En las familias, la irregularidad de los créditos bancarios había trepado al 12,3%, después de diecinueve meses consecutivos de aumento.

Cuando millones de personas comienzan a tener dificultades para pagar al mismo tiempo, ya no alcanza con analizar cada historia como un fracaso individual.

Hay un problema social.

Y frente a un problema social, la indiferencia también constituye una respuesta política.

Un gobierno —nacional, provincial o municipal, según las responsabilidades que le correspondan— no debería mirar estas cifras como quien observa una planilla contable. Detrás de ellas existe sufrimiento humano. Se necesitan políticas que recuperen ingresos, trabajo, acceso razonable al crédito, prevención del sobreendeudamiento y acompañamiento para quienes quedaron atrapados en una espiral de obligaciones que ya no pueden afrontar.

Porque hay algo mucho más grave que deber dinero: sentir que se ha perdido el control de la propia vida.

Tal vez por eso esta discusión no debería comenzar preguntando solamente cuánto deben los argentinos.

Deberíamos preguntarnos por qué tuvieron que endeudarse, para qué se endeudaron y qué les está pasando mientras intentan pagar.

Porque cuando una sociedad obliga a sus familias a financiar con deuda lo esencial, el problema ya no está solamente en sus bolsillos.

Está en sus casas.

En sus vínculos.

En sus noches sin dormir.

En su salud emocional.

Y, lentamente, también en su esperanza.

Una deuda puede refinanciarse. Una cuota puede postergarse. Un número puede desaparecer algún día de una pantalla. Pero recuperar la tranquilidad, la autoestima y la esperanza de una persona puede llevar mucho más tiempo.

Por eso, detrás de cada moroso no deberíamos apresurarnos a ver a alguien que incumple. Deberíamos intentar ver a una persona que quizá está haciendo todo lo posible para sobrevivir.

Porque nadie debería tener que elegir entre pagar una deuda y vivir con dignidad. Y ningún pueblo debería acostumbrarse a que su gente pague con angustia, miedo y salud emocional el precio de simplemente intentar llegar a fin de mes.

Cada 30 de julio el mundo conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. Pero esta fecha no debería ser una simple efeméride. Debería convertirse en una jornada en la que los gobiernos rindan cuentas, anuncien nuevas políticas públicas, fortalezcan las ya existentes y renueven su compromiso con la prevención, la persecución de los responsables y la protección integral de las víctimas. Combatir la trata exige decisiones concretas, recursos sostenidos y voluntad política, no solo discursos.

La Argentina cuenta desde 2008 con una legislación específica para prevenir, perseguir y asistir a las víctimas. Sin embargo, las cifras demuestran que el desafío sigue siendo enorme.

Desde la creación del sistema de asistencia, 22.808 personas fueron rescatadas o asistidas, mientras que la Línea Nacional 145 recibió 29.211 denuncias hasta junio de 2026.

Solo durante el primer semestre de este año se registraron 1.369 denuncias y fueron rescatadas o asistidas 369 personas, de las cuales 27 eran menores de edad. En 2025 se asistió a 807 víctimas, entre ellas 65 niñas, niños y adolescentes.

La explotación sexual continúa siendo la modalidad más frecuente, seguida por la explotación laboral y otras formas de captación mediante falsas ofertas de empleo. A ello se suma la especial vulnerabilidad de las personas con discapacidad o con problemas de salud mental, muchas veces convertidas en blanco de estas organizaciones criminales.

Corresponde reconocer, además, las políticas públicas que marcaron un camino. San Luis fue una de las primeras provincias del país en adoptar una medida concreta contra la trata de personas.

Durante el gobierno de Alberto Rodríguez Saá se dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 6827-MRIyS-2012, que prohibió el funcionamiento de cabarets, whiskerías y locales de alterne con el objetivo de reducir ámbitos vinculados a la explotación sexual y fortalecer la protección de posibles víctimas.

La lucha contra la trata no depende únicamente de las fuerzas de seguridad o de la Justicia. Requiere un Estado presente, políticas públicas sostenidas en el tiempo y una sociedad comprometida, capaz de denunciar, acompañar a las víctimas y negarse a mirar hacia otro lado.

Mientras exista una sola persona sometida a la explotación, la Argentina seguirá teniendo una deuda pendiente con los derechos humanos. Una deuda que aún sangra y que solo podrá saldarse cuando la libertad y la dignidad de cada persona sean verdaderamente inviolables.

Ivana Bianchi es profesora diplomada en Bioética (Pontificia Universidad Católica de Chile)

A los argentinos nos llaman racistas. ¿De verdad? Quienes sostienen esa acusación conocen muy poco de nuestra historia y de la realidad de nuestro país.

La Argentina se construyó con inmigrantes provenientes de distintas partes del mundo. Millones de personas llegaron escapando del hambre, de las guerras, de las persecuciones y de la falta de oportunidades. Aquí encontraron un lugar para trabajar, formar una familia y comenzar una nueva vida.

Nuestro país también recibió a quienes huían de crisis humanitarias. Un ejemplo cercano fue el Corredor Humanitario de la provincia de San Luis, que desde 2017 recibió a cuarenta y cuatro familias de refugiados sirios que escapaban de la guerra, siendo gobernador el doctor Alberto José Rodríguez Saá. El Estado provincial les brindó vivienda, atención médica, clases de español, inserción laboral y acompañamiento integral durante sus primeros años en la Argentina.

La Argentina también garantiza el acceso a la salud pública mediante la Ley de Migraciones Nº 25.871. Su artículo 8 establece que ninguna persona puede quedar sin atención sanitaria por ser extranjera o por su situación migratoria. En nuestro país, el derecho a la salud alcanza a todos los que habitan este suelo. Del mismo modo, la educación pública abrió históricamente las puertas de escuelas y universidades a argentinos y extranjeros. La Constitución Nacional, en su artículo 20, reconoce a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos argentinos.

¿Esto significa que en nuestro país nunca existieron actos de discriminación? Por supuesto que no. Como en cualquier sociedad, existen prejuicios y conductas que deben ser señaladas y combatidas. Pero una cosa es reconocer esos problemas y otra muy distinta es definir a toda una Nación como racista, ignorando deliberadamente su historia de integración, solidaridad y diversidad.

Entonces cabe hacerse una pregunta: ¿qué hay detrás de esta campaña que intenta instalar que la Argentina es un país racista?

¿Se busca describir la realidad que padecemos los argentinos a diario frente a expresiones despectivas pronunciadas por la máxima autoridad de la Nación hacia distintos sectores de la sociedad? Expresiones como “kukas”, “negros peronistas”, “viejos meados” para referirse a los jubilados, “periodistas ensobrados” para desacreditar a la prensa, o críticas a la Selección Argentina por haber mostrado al mundo que las Malvinas son argentinas, calificando ese gesto como un “patrioterismo barato y berreta” y describiendo a sus jugadores como “termomononeurales”.

¿O realmente intentan hablar de la historia argentina? Porque, si es así, creo que estamos muy lejos de ser un país racista. Esa caracterización resulta, a mi entender, absolutamente falaz y alejada de los hechos.

Nuestra historia demuestra exactamente lo contrario: una Nación construida por inmigrantes, que abrió sus puertas a quienes escapaban de guerras y persecuciones, que recibió a refugiados, que garantizó el acceso a la salud y a la educación públicas y que hizo de la integración una de sus principales fortalezas.

La Argentina no necesita que le inventen una historia. La verdadera historia ya habla por sí sola.