Lo dijo el presidente en un tramo de su discurso en el que también resaltó un descenso en la tasa de fecundidad adolescente.
En un pasaje dedicado a la salud, el presidente Alberto Fernández sacó pecho por los resultados de la implementación de la Ley de Interrupción del Embarazo.
“Quiero hacer mención a otros datos que son huellas de lo que hemos hecho”, dijo, para afirmar a continuación que “en el 2021, logramos un descenso del 40% en la mortalidad materna por embarazo terminado en aborto. Esto es consecuencia directa de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo”.
Y agregó: “También logramos un descenso en la tasa de fecundidad adolescente en 1,7 puntos porcentuales como consecuencia de las políticas implementadas en materia de Salud Sexual y Reproductiva”.
A continuación, el presidente habló de no olvidarse de médicos y enfermeros y de todo el personal que trabaja en el ámbito de la salud. Al respecto, anunció que “en poco tiempo más elevaremos a consideración de este Honorable Congreso un proyecto de ley para un Sistema Nacional de Residencias que mejore las condiciones de trabajo y de formación de nuestros médicos y médicas”.
Se trata de una iniciativa en el marco del “Proyecto mirar”, que monitorea la implementación de la norma y cuenta en su consejo asesor con dos legisladoras nacionales.
Observar las políticas públicas que garantizan el derecho al aborto en la Argentina es el objetivo central de “Proyecto mirar”, que el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis Reproductive Health presentaron este miércoles, con el fin de monitorear la aplicación de la Ley 26.710 de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Atención Posaborto en todo el país.
El primer paso de esta iniciativa fue presentar el libro “El aborto en el Congreso: Argentina 2018-2020”, que indagó sobre el debate de la ley. La publicación contiene el resultado de tres estudios que especialistas de las ciencias sociales realizaron sobre el abordaje del tema en los medios de comunicación, las redes sociales y en las bancadas legislativas.
“Queremos indagar, a partir de datos oficiales y de las organizaciones territoriales, si el acceso al aborto y a la información en torno a él se ajusta a la ley en todo el país. Sabemos que hay desigualdades en diferentes provincias, por lo que esperamos que este monitoreo eche luz sobre ello y sirva de herramienta para políticas públicas efectivas”, enfatizó Silvina Ramos, investigadora del CEDES, durante el lanzamiento de la iniciativa, que se realizó vía Youtube con más de un centenar de personas conectadas.
Por su parte, Mariana Romero, investigadora del CEDES-CONICET, sostuvo: “Nuestro objetivo es monitorear la política pública en Argentina en torno a la IVE, por eso este libro, que es nuestro primer paso, nos parece relevante ya que estudia qué fue dicho y pensado desde tres escenarios cruciales para discutir los temas de agenda”.
Luego de la presentación del libro, el equipo de “Proyecto mirar, mirando al aborto en la Argentina” se enfocará en el diseño del sistema de información para monitorear las políticas sobre acceso al aborto. A partir de los datos relevados, planificarán estudios específicos para observar algunos temas en profundidad, que sirvan de instrumento para sugerir mejoras en las políticas públicas provinciales y nacionales que aborden el acceso al derecho a la IVE.
Para ello, desarrollarán y analizarán indicadores relativos al entorno normativo, a la implementación de cada política, su estructura y los recursos humanos que demanda, así como la calidad de los servicios. Este método permitirá el seguimiento estratégico y la comparación año a año de las acciones, así como con las realidades de otros países. Se basará en información pública y en datos que provienen de relevamientos especiales, para lo que se articulará con organizaciones de cada territorio.
“Esta ley es el resultado de un largo camino de movilización y visibilización social, nos da un poder enorme. Sin embargo, en cómo se aplica está el derecho. Es relevante para este estudio que es el termómetro del respeto a la IVE en el país comprender qué tópicos y valores circulaban entre quienes fueron actores centrales en la discusión pública y la aprobación de la normativa”, analizó Agustina Ramón Michel, investigadora del CEDES.
Integrante del consejo asesor del “Proyecto mirar”, la senadora nacional Norma Durango (FdT), presidenta de la Banca de la Mujer, destacó que “en momentos en que nos encontramos acompañando la implementación de la ley, con sus obstáculos y resistencias, el trabajo de instituciones como el CEDES e Ibis Reproductive Health sin lugar a dudas aporta al monitoreo responsable y comprometido de una política pública tan significativa para la vida de las mujeres y personas gestantes”.
La legisladora pampeana consideró que esta iniciativa “no sólo contribuye a fortalecer el rol de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de implementación de la IVE, sino también a contar con información estratégica y de calidad para acompañar la toma de decisiones y para medir el impacto y sus efectos en la ciudadanía”.
“En definitiva, para que en nuestro país, la interrupción voluntaria del embarazo sea una práctica segura, para que la maternidad sea voluntaria y deseada, y se deje atrás la clandestinidad y la criminalización de las mujeres y personas gestantes”, resaltó la oficialista.
En tanto, la diputada nacional Silvia Lospennato (Pro), quien también integra el consejo asesor, señaló: “Sabíamos que la legalización del aborto era como una carrera de vallas. La primera, que era aprobar la ley, era la más difícil pero no la última, porque después vendría la judicialización y las dificultades para la implementación”.
“Cuando pasamos la ley, los grandes reflectores se apagaron, los medios dejaron de hablar del tema y la militancia sintió que su derecho estaba conquistado, pero las personas que durante muchos años lucharon por este derecho siguieron trabajando para que la próxima valla no derribara todo el esfuerzo que habíamos hecho”, observó la legisladora, que opinó que “el ‘Proyecto mirar’ es esa linterna que sigue iluminando cuando se apaga el reflector, porque aún necesitamos ver los desafíos que tenemos por delante”.
Algunas conclusiones del libro
En el libro se revela que entre los diputados que apoyaron la ley, las intervenciones giraron principalmente alrededor de los bloques discursivos sanitario (23,39%), feminista (18,07%), partidario (13,86%) y reparador (13,49%), respectivamente.
Por el contrario, entre quienes rechazaron el proyecto, las intervenciones se focalizaron en los bloques discursivos bioético (28,26%), partidario (16,88%), sanitario (15,21%), y constitucional (14,65%).
La edad de los legisladores supuso diferencias significativas entre las estrategias discursivas: entre quienes votaron a favor del proyecto de IVE, por ejemplo, existe una clara distinción en el uso del bloque discursivo reparador, así las legisladoras menores de 40 años mencionaron conceptos asociados a clandestinidad, seguro y muerte entre 2,5 y 3 puntos porcentuales más que sus pares mayores de 40 años. Por el contrario, entre los legisladores de edades más avanzadas, el uso de los bloques discursivos bioético y constitucional fue mucho más frecuente que entre las y los más jóvenes.
Entre quienes se opusieron a la ley de IVE, sobresale la diferencia en el uso del bloque discursivo partidario entre quienes son menores de 40 años, que mencionaron términos asociados a las categorías de Gobierno nacional, oportunismo y vulnerabilidad en un 24,47% de sus intervenciones, mientras que entre quienes son mayores de 60 años tal porcentaje fue del 14,68%.
El género de los legisladores, por su parte, no arrojó diferencias significativas en el modo de enmarcar la problemática del aborto, observa un resumen del estudio plasmado en el libro.
La presentación se enmarca dentro del “Proyecto mirar, mirando el aborto en la Argentina”. También se investigó sobre la cobertura mediática y el impacto en redes.
Tras la sanción histórica de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y atención posaborto, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), junto con Ibis Reproductive Health, lanzan el “Proyecto mirar, mirando el aborto en la Argentina”, con el objetivo de monitorear la implementación de la norma.
Como primer paso, este miércoles se realizará la presentación del libro “El aborto en el Congreso: Argentina 2018-2020”, que reúne, mediante tres estudios realizados por especialistas de reconocida trayectoria, un análisis de los discursos en torno al debate y la aprobación de la ley.
El encuentro “Lecciones verdes”, como se denomina el evento vía streaming en el que se presentará el libro, se realizará el 1ro. de septiembre por Youtube, y contará con la participación de investigadoras de CEDES e Ibis, y de autores de los estudios, quienes profundizarán sobre sus hallazgos.
Allí se recorrerán las tres investigaciones que componen el libro: una analizó el discurso de legisladoras y legisladores durante el debate parlamentario; la segunda se preguntó por los principales tópicos en los medios de comunicación; y la última indagó sobre cuáles fueron los ecos en las redes sociales.
En el libro se revela que entre los diputados que apoyaron la ley, las intervenciones giraron principalmente alrededor de los bloques discursivos sanitario (23,39%), feminista (18,07%), partidario (13,86%) y reparador (13,49%), respectivamente.
Por el contrario, entre quienes rechazaron el proyecto, las intervenciones se focalizaron en los bloques discursivos bioético (28,26%), partidario (16,88%), sanitario (15,21%), y constitucional (14,65%).
La edad de los legisladores supuso diferencias significativas entre las estrategias discursivas: entre quienes votaron a favor del proyecto de IVE, por ejemplo, existe una clara distinción en el uso del bloque discursivo reparador, así las legisladoras menores de 40 años mencionaron conceptos asociados a clandestinidad, seguro y muerte entre 2,5 y 3 puntos porcentuales más que sus pares mayores de 40 años. Por el contrario, entre los legisladores de edades más avanzadas, el uso de los bloques discursivos bioético y constitucional fue mucho más frecuente que entre las y los más jóvenes.
Entre quienes se opusieron a la ley de IVE, sobresale la diferencia en el uso del bloque discursivo partidario entre quienes son menores de 40 años, que mencionaron términos asociados a las categorías de Gobierno nacional, oportunismo y vulnerabilidad en un 24,47% de sus intervenciones, mientras que entre quienes son mayores de 60 años tal porcentaje fue del 14,68%.
El género de los legisladores, por su parte, no arrojó diferencias significativas en el modo de enmarcar la problemática del aborto, observa un resumen del estudio plasmado en el libro.
“La importancia del ‘Proyecto mirar’ es el compromiso que asumimos para dar seguimiento a una ley que ya es parte de la historia argentina, y que fue resultado de un largo proceso de movilización social, construcción de acuerdos y una estratégica visibilización, tanto política como mediática”, resaltó Silvina Ramos, investigadora del CEDES. Para lograrlo, las instituciones realizarán un monitoreo de la implementación -a nivel federal- de las políticas que garanticen el acceso a la IVE e ILE.
Por su parte, Mariana Romero, investigadora del CEDES-CONICET y también integrante de la iniciativa, consideró que “para que esta ley adquiera fuerza práctica y se haga real en la vida de las personas, es necesario generar información para tomar decisiones”.
Precisamente, con esta acción las organizaciones que lo lideran esperan generar herramientas para que los gobiernos puedan avanzar en la implementación en sus territorios de medidas que materialicen lo establecido por la legislación, así como que las organizaciones de la sociedad civil puedan orientar sus acciones de incidencia y el periodismo cuente con aportes para sostener el debate social.
Dado que el proyecto tiene alcance nacional, el monitoreo permitirá “identificar situaciones de inequidad, vulneración de derechos y desidia estatal” en diferentes provincias, señaló Agustina Ramón Michel, investigadora del CEDES. De esta manera, “se podrá detectar en qué zonas del país se vuelve más urgente la implementación de políticas para que el texto normativo se convierta en una efectiva conquista de derechos”, se expresó en un comunicado.
Y se agregó que “con la evidencia que aporte el monitoreo se espera, además, contribuir con otros procesos políticos en América Latina que generen cambios similares en la legislación y en las políticas de acceso al aborto, para lo cual será fundamental identificar las lecciones verdes aprendidas en Argentina.
En la calle, en el Congreso y en el celular
Los tres estudios que componen el libro se preguntan sobre qué voces circularon y cómo lo hicieron en tres ámbitos representativos del escenario social: en el Congreso Nacional, en los medios de comunicación y en las redes sociales.
En “Análisis de la cobertura periodística del debate legislativo sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo”, Sara Pérez, Ana Aymá, Florencia Moragas y Emilse Kejner analizan el discurso mediático en torno al debate por la IVE en notas periodísticas publicadas en medios digitales de alcance nacional, regional y provincial, entre el 30 de noviembre de 2020, fecha de ingreso del proyecto, y el 31 de diciembre de 2020, un día después de aprobada la ley en el Senado de la Nación.
En tanto, Ernesto Calvo, Natalia Aruguete, Paola Ingrassia y Celeste Gómez Wagner midieron la circulación de mensajes sobre la legalización del aborto en las redes sociales mientras ocurría el debate de la ley, y los resultados de esa investigación los volcaron en el informe “#ESLEY. Aprobación de la IVE y activación de narrativas en redes sociales”.
El tercer estudio que conforma la publicación fue elaborado por Paloma Dulbecco, Santiago L. Cunial y Daniel E. Jones bajo el nombre “Mensajes en disputa. El debate legislativo del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y atención posaborto”. En el mismo, analizaron los ejes del discurso de legisladores durante el debate en las dos Cámaras, para interpretar el encuadre simbólico, social, cultural y político del aborto en Argentina, y las disputas de sentido en torno a él.
CEDES es una organización civil sin fines de lucro fundada en 1975 que se dedica a desarrollar actividades de investigación en ciencias sociales. Su misión es formar recursos humanos en investigación guiados por estándares de calidad y el compromiso de contribuir al debate social, al diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas, la formulación de marcos normativos, el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la incidencia informada. En tanto, Ibis es una organización no gubernamental que impulsa cambios para mejorar la salud reproductiva y sexual a través de investigaciones rigurosas y colaboraciones basadas en principios que avanzan la autonomía, decisiones y justicia en la salud sexual y reproductiva.
Así lo aseguró la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, que agregó que “hay que seguir trabajando” para que “el proceso sea más amoroso y acompañado”.
La diputada nacional Mónica Macha (Frente de Todos) aseguró este viernes que desde la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo “van bajando abruptamente la cantidad de mujeres que fallecen por abortos clandestinos” y “ya no tenemos fallecidas por abortos clandestinos”.
Consultada en radio Cooperativa sobre si esos datos son oficiales, la oficialista respondió: “En provincia de Buenos Aires yo lo escuché por parte del gobierno provincial y es lo que vamos recogiendo en los distritos”.
“En lo que seguimos trabajando es para que cada vez el proceso sea más acompañado; tal vez hay hospitales o clínicas que no saben cómo intervenir, tienen muchas dificultades para el proceso emocional”, señaló.
La presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad explicó que se trata de “una ley muy nueva” y todavía “hay falta de empatía” y “se hace todo muy mecánicamente”, por eso “hay cosas que hay que ajustar para que las personas puedan tener un proceso más amoroso y acompañado”.
Por otra parte, la legisladora abogó por “seguir ampliando derechos” y reveló que “uno de los temas fundamentales, y en los que se viene trabajando muy fuertemente con el Gobierno, es sobre la agenda de cuidados, una temática que tiene distintas dimensiones sobre cómo los cuidados se distribuyen en cada familia y como se puso muy de manifiesto con la pandemia”.
“Por otra parte, la necesidad de contar con más dispositivos de cuidados, como los jardines, los centros de primera infancia. Y la situación de las cuidadoras domiciliarias, que trabajan de manera informal y fuera del hogar, mujeres que están muy precarizadas”, agregó.
En relación a la campaña electoral, la bonaerense defendió que desde el oficialismo “hay una mirada muy fuerte puesta en las PyMEs, en las industrias, en un acompañamiento para que todos estos sectores puedan recuperarse, se puedan fortalecer, y eso tiene que ver con la producción y el trabajo”.
Según confesó, en sus recorridas por los barrios “en ningún lugar” le pasó “que me hablaran de la foto de Fabiola y todo eso”, dijo en alusión a la imagen del cumpleaños de la primera dama en julio del año pasado, durante la cuarentena.
La resolución que establece el procedimiento, en el marco de la Ley 27.610, fue publicada este viernes en el Boletín Oficial.
El “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo” quedó oficializado a través de la Resolución 1535/21 del Ministerio de Salud, publicada en el Boletín Oficial este viernes, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer.
Se trata del protocolo que establece el procedimiento para acceder a este derecho regulado por la Ley 27.610, sancionada por el Congreso el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021.
A su vez, se dispone que el protocolo se incorpora al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la atención médica.
La resolución señala en sus considerandos que, mediante la ley de aborto legal, se reguló “el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de otras personas con capacidad de gestar para contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible”.
Recuerda también que esa norma “se enmarca en los derechos consagrados en distintos Tratados Internacionales, con rango constitucional, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y su Protocolo Facultativo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.
Asimismo, se encuadra en “el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención De Belem Do Para”, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.
Por otro lado, se resalta que la interrupción del embarazo es “una política de salud pública dentro del conjunto de políticas necesarias para garantizar la salud sexual y reproductiva de las niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar y, con ella, sus derechos humanos”.
“El aborto ha sido históricamente un problema de salud pública en Argentina, principalmente por las condiciones en que se producían y por las desigualdades geográficas, económicas y sociales. Dichas condiciones de inseguridad provocaron daños en la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes”, se agregó en los argumentos.
El sanjuanino Marcelo Orrego, autor del proyecto, insistió en que la ley recientemente promulgada “es inconstitucional” y no descartó ir a la Justicia.
El diputado sanjuanino Marcelo Orrego (Producción y Trabajo), autor de un proyecto para derogar la ley de aborto legal, seguro y gratuito, sostuvo este lunes que el objetivo es “dejar en claro que no vamos a bajar los brazos ni un segundo”, y agregó que no descarta recurrir a la Justicia con un pedido de inconstitucionalidad.
“No solo vamos a ir por la derogación; vamos a acudir a todo tipo de vías. La vía judicial, por supuesto, es un camino”, aseguró el legislador integrante del interbloque Juntos por el Cambio en diálogo con Diputados TV.
Orrego explicó que “el núcleo” del proyecto es insistir en lo que ya se planteó el 10 y 11 de diciembre durante el debate en la Cámara de Diputados.
Recordó que el 10 de diciembre se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos y en ese sentido lamentó: “Cuando el primer derecho humano que existe es el derecho a la vida, nosotros estábamos legislando a favor del aborto”.
“Tanto nuestra Carta Magna como los tratados internacionales protegen el derecho a la vida”, enfatizó el sanjuanino, y agregó: “Es una lucha que no vamos a abandonar. Vamos a seguir la vía parlamentaria correspondiente, pero no vamos a dejar otras vías sin considerar”.
El diputado indicó: “Más allá de que el día de mañana la composición de la Cámara será distinta, esto no tiene absolutamente nada de antidemocrático, al contrario: soy de los que respetan las decisiones de la mayoría y respeto a quienes piensan distinto que nosotros. Pero nosotros tenemos una mirada de decir ‘no vamos a bajar los brazos’, ‘no vamos a tirar la toalla’”.
En tanto, advirtió que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo “se trató en un momento absolutamente inoportuno” y “lo único que hizo fue dividir a los argentinos”.
Además, señaló Orrego, “lo que hace es determinar que el aborto es un derecho absoluto, y la libertad de conciencia es un derecho condicionado, subordinado”.
“No desconozco el dolor por el que pasan muchas mujeres, pero definitivamente en ese momento de desesperación, el aborto no es el camino. La educación sexual tiene que ver mucho con esto. Hoy en Argentina, en el Programa Médico Obligatorio existen 11 métodos anticonceptivos gratuitos, donde están afectados 1.400 millones de pesos, y no ha tenido resultado”, apuntó.
Asimismo, aseguró que no conoce “a ningún juez que le haya puesto una pena a una mujer que haya abortado”, y consideró que “no se trata de los derechos de la mujer” sino de que “a la semana 14 está comprobado científicamente que hay vida”.
Tras la firma del presidente en el acto en el Museo del Bicentenario, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo entró en vigor. A través de un decreto, el Ejecutivo quitó la palabra “integral” a continuación de “salud”.
Con la promulgación parcial que había sido prometida en el Senado, se publicó este viernes en el Boletín Oficial la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, luego de la firma estampada por el presidente Alberto Fernández en un acto en el Museo del Bicentenario.
De esta forma, la ley que habilita el aborto legal, seguro y gratuito en todo el país entró en vigencia y solo resta su reglamentación, a cargo de las áreas técnicas de los ministerios involucrados.
Junto con la promulgación, el Poder Ejecutivo firmó el decreto 14/21, por el cual se dictó una promulgación parcial, tal como había anunciado en la Cámara alta la senadora Norma Durango (Frente de Todos).
Según esta modificación -propuesta por el rionegrino Alberto Weretilneck- se quitó la palabra “integral” a continuación de “salud” en el inciso b) del artículo 4 y en el artículo 16, en el inciso 2 del artículo 86 del Código Penal que sustituye.
“Esta observación tiene como objeto dar claridad al texto del proyecto en su parte pertinente, es decir, mantener las causales de interrupción legal del embarazo tal cual han estado vigentes desde 1921 para que sigan rigiendo del mismo modo a partir de la promulgación de la presente ley, en el marco de los estándares normativos y jurisprudenciales actuales”, fundamentó el Ejecutivo.
Agregó que según los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la normativa internacional y local vigente, “la salud no requiere calificativos para ser comprendida en su concepto”, y a su vez “el agregado de la palabra ‘integral’ no ha aportado claridad en el debate del proyecto de ley en el Congreso”.
Tras insistir en que “la salud como concepto es autosuficiente”, el Ejecutivo aclaró que esta modificación “no altera el espíritu ni la unidad” del texto.
Ahora, el decreto de promulgación parcial deberá ser avalado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que preside el diputado oficialista Marcos Cleri.
La ley promulgada habilita el aborto libre hasta la semana catorce de gestación, y luego de ese plazo se mantienen las causales actualmente vigentes en el Código Penal: violación, y riesgo para la vida o la salud de la persona gestante.
Se establece un plazo de diez días desde el requerimiento para la realización de la práctica, y se autoriza al personal médico a ejercer la objeción de conciencia, siempre y cuando la vida o la salud de la mujer no se encuentren en riesgo.
El sistema público de salud, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura del aborto legal y los tratamientos posteriores.
En el Boletín Oficial también se publicó este viernes la Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, complementaria a la de aborto.
A través de esta norma se creó el Programa de los Mil Días, orientado a asistir a la mujer embarazada durante todo el proceso de gestación y al hijo o hija hasta los primeros tres años.
En un acto en el Museo del Bicentenario, que contó con la participación de ministros, funcionarios, legisladores y militantes, el presidente puso en marcha la norma sancionada en el Congreso. “Cumplí mi palabra”, dijo. También se promulgó el Programa de los Mil Días.
En un acto que contó con la participación de ministros, funcionarios, legisladores y representantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el presidente Alberto Fernández promulgó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y destacó que “hoy estamos haciendo una sociedad mejor”.
Con la firma de Fernández, la Ley 27.610 -sancionada en el Congreso el pasado 30 de diciembre – entró en vigor, como así también la Ley 27.611de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, que fue promulgada paralelamente este jueves.
En el Museo del Bicentenario, donde volvieron a verse los pañuelos verdes, el presidente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, los ministros Ginés González García (Salud) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Género y Diversidad) y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
“Hoy es un día de felicidad para todos, porque estamos haciendo una sociedad un poco más igualitaria y más justa”, arrancó Fernández, y agregó: “Cumplí mi palabra: hice campaña diciendo que iba a proponer esto, y esto hoy es ley. Y en tiempos en que la palabra política parece despreciada, me parece importante el valor de la palabra empeñada”.
El jefe de Estado señaló que “hoy es, para muchas mujeres, la culminación de un tiempo de lucha. Durante muchos años bregaron para que el aborto deje de ser un delito que obliga a las mujeres a exponerse a todos los riesgos que la clandestinidad conlleva”.
También mencionó cómo afecta esta problemática a los hombres y recordó una broma hecha por él a un grupo de mujeres durante una videoconferencia. “En el medio de todo esto (por la asunción del gobierno y luego la pandemia), a ustedes se les ocurrió terminar con el patriarcado”.
“Esta ley, contrariamente a lo que muchos piensan, es una ley que iguala en la capacidad de decisión”, enfatizó el presidente, y dijo que junto con el Programa de los Mil Días, “se termina un dilema”.
Según indicó, “hoy todas las mujeres saben que, embarazadas, van a tener un Estado detrás de ellas”, y a su vez “las mujeres que no quieran seguir adelante con el embarazo pueden ponerle fina a ese embarazo y el Estado estará allí”. “Por lo tanto, lo que estamos ampliando es la capacidad de decidir”, resumió.
Por otra parte, consideró que “nos queda garantizar una educación sexual suficiente en todos lados para prevenir embarazos que no se quieran”.
Asimismo, llamó a “que dejen de existir los colores que dividen a las mujeres” y “que empecemos a ver la oportunidad de una sociedad mejor, porque la capacidad de decidir se amplía y porque hay un Estado preservando la salud de las mujeres y su decisión, cualquiera sea esta”.
Fernández agradeció a los legisladores de la oposición que acompañaron con su voto y tuvo una mención especial para el exdiputado nacional del Pro Daniel Lipovetzky, presente en el acto, por haber impulsado la ley en 2018.
“Hoy estamos haciendo una sociedad mejor”, insistió el presidente, aunque advirtió que “la batalla por la igualdad no terminó aquí” ya que restan por resolverse, por ejemplo, las desigualdades laborales entre hombres y mujeres.
Tras la proyección de un video, Gómez Alcorta abrió el acto y sostuvo que “desde el movimiento de mujeres y diversidades decimos que estamos haciendo historia, y sabemos que la lucha es el motor de la historia”. “A lo largo de los siglos, los derechos y libertades siempre se conquistaron con lucha”, insistió la ministra.
En este sentido, señaló que esta vez “se conjugaron las luchas” con “la decisión de un gobierno, de un presidente y una vicepresidenta, de seguir ampliando derechos”, y por eso consideró que “esta alquimia es imprescindible para seguir llevando adelante transformaciones”.
Tras mencionar distintos derechos adquiridos, como el voto femenino y la paridad de género en cargos públicos, sostuvo que “atrás de cada uno de estos derechos, de estas conquistas y estas leyes podemos ver perfectamente esta alquimia que se da en el entramado entre lucha y política”.
Gómez Alcorta valoró la militancia de referentes como Dora Barrancos, Marta Alanis, Nina Brugo, Dora Coledesky y Nelly Minyersky, y agregó que “no hubiese sido posible llegar hasta acá sin un trabajo de transversalidad política” que se plasmó en el Congreso.
La ministra de Mujeres, Género y Diversidad también indicó que el debate de 2018 fue “un paso imprescindible para llegar a este momento”.
“Esta ley va a asegurar que una mujer nunca más muera producto de un aborto clandestino”, afirmó, y añadió que también permitirá “una enorme transformación cultural vinculada a la autonomía de los cuerpos”.
Por su parte, Ibarra subrayó que el Programa de los Mil Días refleja “la importancia que le damos a los proyectos de maternidad”, y el aborto legal “viene a dar respuesta a un gravísimo problema de salud que tenemos, que es el aborto clandestino”, donde “han dejado su vida más de 3.000 mujeres desde que recuperamos la democracia”.
Visiblemente emocionada, la secretaria Legal y Técnica aseguró que “hasta hoy el Estado respondió con cárcel, amenaza de cárcel y clandestinidad”, y “a partir de ahora cambiamos este paradigma: el Estado va a recibir a las mujeres en su sistema de salud, tratándolas con dignidad y respeto, y esto nos pone en un nuevo lugar frente a la sociedad”.
La funcionaria valoró el trabajo conjunto con legisladores tanto oficialistas como opositores, y aseguró que “esta es una ley que no violenta las creencias de nadie”, ya que “nadie va a tener que vivir o tomar decisiones contra sus convicciones”.
La gran ausente en el acto fue la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero no fue la única: tampoco se vio a ninguna senadora. En contrapartida, se dieron cita el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y varias diputadas nacionales, todas del oficialismo: Mónica Macha, Cristina Álvarez Rodríguez, Carolina Gaillard y Cecilia Moreau, a quienes se sumaron Pablo Yedlin y Leonardo Grosso.
También se vio a dos exdiputadas nacionales que en sus mandatos impulsaron la ley, Juliana Di Tullio y Cecilia Merchán, quien es actualmente secretaria de Igualdad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.
Además de numerosos ministros y funcionarios del Gabinete nacional, hubo representación bonaerense con los ministros Daniel Gollán (Salud) y Estela Díaz (Mujeres), sumados a dos intendentas, Mayra Mendoza (Quilmes) y Mariel Fernández (Moreno).
Por la Campaña por el Aborto Legal, asistieron Marta Alanis, Nina Brugo, Celeste Mac Dougall, Julia Martino, Mónica Menini, Nelly Minyersky, Martha Rosemberg y Agustina Vadales Agüero. Y en nombre del coectivo Actrices Argentinas estuvieron Julieta Ortega, Dolores Fonzi, Laura Azcurra y Carolina Papaleo.
Del lado de las organizaciones civiles, participaron Mariela Belski (Amnistía Internacional), Florencia y Leandro Cahn (Fundación Huésped), Vanina Escales (CELS) y la abogada Soledad Deza.
Lo confirmó la senadora Norma Durango, titular de la Banca de la Mujer. La norma se sancionó el 30 de diciembre en una jornada histórica. También se promulgará el Programa de los Mil Días.
El aborto legal, seguro y gratuito ya tiene fecha para comenzar a regir en todo el país: el Poder Ejecutivo promulgará la ley -que lleva el número 27.610- este jueves con un acto en el Museo del Bicentenario.
La encargada de confirmarlo fue la senadora Norma Durango (Frente de Todos), titular de la Banca de la Mujer, la comisión que encabezó el debate en el Senado.
A través de su cuenta de Facebook, Durango reveló: “Acabo de recibir el llamado de la ministra de Mujeres, Diversidad y Genero, Elizabeth Gómez Alcorta, para invitarme al acto de promulgación de la Ley IVE el jueves en el Museo del Bicentenario”.
La pampeana adelantó que por cuestiones sanitarias no podrá concurrir: “Lamento no poder ir dado que soy persona de riesgo y me estoy cuidando, pero celebro que ya estemos a punto de poner en marcha esta ley que le da derecho a decidir a las mujeres y diversidades”.
“Respeto a quienes no están de acuerdo, pero considero que es este un gran avance para la Argentina”, concluyó Durango.
La despenalización y legalización del aborto fue sancionada en una jornada histórica el 30 de diciembre en el Senado con 38 votos a favor, 29 en contra y una sola abstención, del jujeño Guillermo Snopek.
La ley habilita el aborto libre hasta la semana catorce de gestación, y luego de ese plazo se mantienen las causales actualmente vigentes en el Código Penal: violación, y riesgo para la vida o la salud de la persona gestante.
Se establece un plazo de diez días desde el requerimiento para la realización de la práctica, y se autoriza al personal médico a ejercer la objeción de conciencia, siempre y cuando la vida o la salud de la mujer no se encuentren en riesgo.
El sistema público de salud, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura del aborto legal y los tratamientos posteriores.
En el acto previsto para este jueves también se promulgará la ley que creó el Programa de los Mil Días, orientado a asistir a la mujer embarazada durante todo el proceso de gestación y al hijo o hija hasta los primeros tres años.
Denunció que recibió “mensajes intimidatorios” de uno y otro lado y, aunque dijo que “abraza la causa celeste”, hizo un llamado de atención sobre “qué pasó en las últimas décadas” con los programas de educación sexual.
Una de las sorpresas de la votación de esta madrugada en el Senado fue la ausencia de la riojana Clara Vega (Mediar Argentina), quien habló en la sesión cerca de la medianoche pero no se conectó para el momento decisivo. Lo cierto es que en su discurso, la legisladora dejó señales ambiguas y, por otra parte, denunció que recibió “mensajes intimidatorios” de uno y otro lado.
“Desde el Congreso y desde el Ejecutivo debemos convocar a la ciudadanía, porque la aprobación o no de esta ley no va a cambiar grandes cosas para la Argentina, pero sí la decisión de cada uno, ya sean celestes o verdes, debe continuar porque es su convicción, porque es su lucha. Más allá de que se apruebe hoy la ley, la lucha de los celestes no termina, porque su convicción es acompañar a aquella mujer indecisa, a aquella persona que está en un momento difícil y que tiene que tomar esa gran decisión”, arrancó Vega.
Y agregó: “Es más, si se aprueba la ley, lo que debe hacer este gran movimiento (celeste) es que esa ley caiga en desuso y que ninguna mujer opte por abortar”.
Luego, Vega confesó: “Yo abrazo la causa celeste, porque mi provincia lo ha decidido así. Todo el norte argentino, en su mayoría, abraza la causa celeste. Pero eso no me hace estar ciega ni sorda sobre todos los casos de abusos que hay en el interior y en el interior del interior. En muchos casos, hay todo un manto de complicidad que obliga a esas pequeñas niñas, que no están preparadas ni física ni psicológicamente, a que sean madres, a que lleven ese embarazo no buscado, no deseado”.
“Por eso es necesario el trabajo del Estado en este sentido. Si bien es cierto que los casos de abuso no hacen ninguna diferencia de clases, es la responsabilidad del Estado estar a la par de los más vulnerables. Por eso, necesitan sí o sí del acompañamiento de todos los organismos, de todas las instituciones: nacionales, provinciales y municipales”, sostuvo.
Tras señalar que “le costó mucho” definir su posición y su discurso, advirtió que el proyecto del Poder Ejecutivo, “lejos de acercar posiciones, ahondó aún más la grieta, y lo que tenemos que buscar son puntos de consenso”.
“En cuanto a la situación de cada uno de los senadores, les quiero decir que estoy con cada uno y cada una, porque sé que deben haber pasado la misma situación que pasé yo hasta hace momentos. En efecto, recibí mensajes de uno u otro lado. Pareciera que se viniera el fin del mundo de acuerdo con la decisión que tomemos”, lamentó.
Además, la senadora indicó que “están también los distintos sectores de poder que han puesto una espada de Damocles en la cabeza de cada uno de nosotros, haciéndonos creer que, de acuerdo con la decisión que tomemos, salvamos a la Argentina o no, salvamos al mundo o no. Y, en realidad, cada sector de poder se debe hacer cargo de las decisiones que toma”.
“Sin embargo, hubo ciudadanos de distintos puntos del país que se tomaron la licencia de enviarnos distintos mensajes, en muchos casos intimidatorios. Por ahí, a cualquier hora del día, tenían nuestros teléfonos, nuestros mails, atacándonos en las redes sociales, sin entender que nosotros, además de la representación, también cargamos con toda una mochila que tiene que ver con las creencias, con lo cultural y con lo que defiende la ciudadanía que representamos”, planteó.
La senadora del Interbloque Parlamentario Federal continuó: “Una de las cosas que no he visto durante el desarrollo del debate es interpelarnos qué pasó en estas dos últimas décadas con tantas leyes, con tantos programas que hacían referencia a la salud sexual y reproductiva, al tema de la profilaxis. ¿Qué pasó con todo eso que hoy estamos debatiendo una ley extrema? Esas son las interpelaciones que tenemos que realizarnos, más allá del resultado de esta noche”.
“Como defensora de los derechos de las mujeres, les digo que soy y seré siempre una defensora de ellos, y que no considero que el aborto legal y gratuito sea la última etapa –quizás, algunos consideren que es un escalón más–, porque la verdadera pelea que debemos dar las mujeres es por lograr la igualdad en los espacios de poder, en los lugares de toma de decisión”, consideró.
Por último, concluyó que “más allá del resultado de esta noche, creo que ningún sector se puede tomar la posibilidad de festejar, porque de uno u otro lado se habla de muerte”.
La legalización del aborto cosechó 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. Hubo, además, cuatro ausentes. Cómo se dividieron las posturas bloque por bloque.
El proyecto de aborto legal se sancionó en el Senado en la madrugada del último miércoles del año. Y fue por una diferencia más holgada de la que todos los pronósticos esperaban.
Si bien la tendencia “verde” comenzó a tomar fuerza en los últimos días, con la participación activa del Poder Ejecutivo para obtener los votos necesarios, la brecha se amplió con la confirmación de los “indefinidos” y la ausencia de algunos.
De los cinco senadores que llegaron a la sesión sin revelar su voto -los oficialistas Silvina García Larraburu, Sergio “Oso” Leavy, Edgardo Kueider; la radical Stella Maris Olalla y la neuquina Lucila Crexell-, todos terminaron votando a favor de la iniciativa.
Además, hubo cuatro legisladores contados como “celestes” que estuvieron ausentes: los oficialistas Carlos Menem -por encontrarse internado en coma inducido-, Adolfo Rodríguez Saá y José Alperovich -de licencia-; y la riojana Clara Vega. También, los opositores a la norma sufrieron una baja más con la abstención de Guillermo Snopek, del Frente de Todos.
Así las cosas, la mayoría de los senadores del Frente de Todos apoyaron el proyecto enviado por el Gobierno: 25 legisladores oficialistas acompañaron la ley, mientras que 12 la rechazaron. Además de las tres ausencias y la abstención anteriormente mencionadas.
En el conteo global del interbloque Juntos por el Cambio, se registraron 14 votos en contra de la norma y 11 a favor. Pero un dato saliente es que el voto “verde” estuvo más presente en la bancada del Pro que en el de la Unión Cívica Radical.
A diferencia de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, donde la mayoría de los rechazos provinieron del bloque macrista, en el Senado fueron cinco los senadores del Pro que respaldaron el proyecto y tres que se opusieron.
En total fueron nueve los senadores radicales que no avalaron la iniciativa y sólo cinco sí lo hicieron. En tanto, con su propio monobloque, el radical catamarqueño Oscar Castillo también acompañó la aprobación.
Aliados de Juntos por el Cambio, el puntano Claudio Poggi y el sanjuanino Roberto Basualdo fueron votos “celestes”.
Por su parte, el interbloque Parlamentario Federal tuvo dos votos negativos del salteño Juan Carlos Romero y el santafesino Carlos Reutemann; el voto positivo Crexell; y la ausencia de Vega.
Con el compromiso del oficialismo para modificar ciertos artículos en la reglamentación de la ley, el rionegrino Alberto Weretilneck terminó apoyando el proyecto. Finalmente, al igual que en 2018, la misionera Magdalena Solari Quintana votó en contra.
Los votos por sexo
De la votación se desprende que 19 senadoras votaron a favor de la norma y 8 lo hicieron en contra. En tanto, fueron 19 los senadores que acompañaron la ley y 21 los que la rechazaron.
El jefe y la vicejefa del Frente de Todos, referentes de ambas posturas en torno a la ley, dieron los últimos discursos de la histórica jornada.
En la recta final de la histórica sesión en el Senado durante la que se aprobó la legalización del aborto, el jefe y la vicejefa del bloque Frente de Todos, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, respectivamente, cerraron el debate representando las dos posturas en torno a la ley.
Primero fue el turno de la mendocina, quien fue una de las que trabajó arduamente para conseguir los votos en la Cámara alta, donde la iniciativa había sido rechazada hace un poco más de dos años atrás.
“Si se aprueba esta ley, mañana la sociedad no va a ser la misma. El Estado no va a ser el mismo, porque ya no nos va a empujar más a la clandestinidad y, además, habremos conquistado el poder de decidir. Creo que es esa la centralidad de este debate: el poder de decidir que estamos conquistando las mujeres”, sostuvo.
La oficialista destacó que con la sanción de la ley “nos queda un horizonte muy bueno porque vamos a demostrar que la dirigencia política es capaz de ponerse de acuerdo sin mezquindades, poniendo por delante los intereses de las mayorías”.
“Pienso, sinceramente, que no solo es la revolución de las hijas, sino que también es la revolución de las madres, de las abuelas, de las hermanas, de las sobrinas, de todas; y que, transversalmente, el movimiento de mujeres nos interpela, a la dirigencia política, a construir en transversalidad”, continuó.
Para la senadora, “el Poder Ejecutivo nacional ha tomado una decisión difícil, con mucho coraje, diría yo, porque lo más fácil es seguir mirando hacia otro lado; lo más fácil es hacer y seguir haciendo desde el Estado lo que se viene haciendo desde hace siglos: mirar para otro lado”.
“Quiero repetir algo que dijeron varias y varios hasta el cansancio: si hoy saldamos esta deuda de la democracia y es ley la interrupción voluntaria del embarazo, las mujeres vamos a haber conquistado el derecho y el poder de decidir sobre nuestro proyecto de vida”, remarcó.
Y aclaró que “a quienes no están de acuerdo, nadie los va y las va a obligar a absolutamente nada. Simplemente, el Estado se va a hacer cargo de brindarles salud a mujeres y a personas gestantes que han decidido interrumpir su embarazo, a las que nada ni nadie va a parar en esa decisión”.
“Yo reconozco que hay muchos que, por una cuestión religiosa, no votan este proyecto. Puede traer conflictividad moral, ¿se puede decir? Yo reconozco que perturbe la conciencia de algunos, pero no lo comparto. No comparto ni el cinismo ni la hipocresía que significa que la interrupción voluntaria del embarazo no sea ley en la República Argentina”, enfatizó.
Entonces, la legisladora cargó contra sus pares varones que votan en contra: “No comparto el cinismo de aquellos colegas, sobre todo varones, que opinan desde sus bancas, cuestionando que la comisión cabecera sea la Banca de la Mujer, porque eso en el fondo es cuestionar nuestro poder de decidir”.
“Soy feminista porque soy peronista. Y que el Ejecutivo nacional, peronista, haya mandado este proyecto de ley al Congreso de la Nación, hace la alquimia perfecta entre el peronismo y el feminismo”, concluyó Fernández Sagasti.
Luego fue el turno del formoseño, acérrimo opositor a la ley, quien repasó que la Constitución Nacional contempla “la protección integral desde el embarazo”; y mencionó también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código Civil, que hablan de la vida desde la concepción.
“Hay que modificar la Constitución o hay que renunciar a estos tratados internacionales, o hay que hacer reservas expresas y someterlas al cuerpo -en ambos casos se necesitan los dos tercios-, para que sean válidas. Nosotros tenemos que respetar la Constitución y los tratados internacionales, porque es la base de nuestro esquema jurídico”, subrayó.
El presidente de la bancada oficialista manifestó que “nosotros estamos totalmente de acuerdo con la ampliación de los derechos de las mujeres. Estamos de acuerdo también con la autonomía y con las libertades. Estamos totalmente de acuerdo, porque son nuestras esposas, nuestras hijas”.
Pero apuntó: “Estamos absolutamente de acuerdo, siempre y cuando, como dice el artículo 19 de la Constitución, no dañe a terceros. Siempre y cuando no dañe a terceros, porque hay un límite en todo derecho, que es donde empieza el derecho del otro. Como usted dice, la patria es el otro”.
En su discurso, el legislador dijo que el niño por nacer “tiene un ADN distinto del de la madre” y “es ser humano desde principio a fin”. “Lo que se está engendrando ahí no es un animal o una planta que, de repente, cambia y se transforma en ser humano. Es un ser humano siempre. Desde que se lo engendra es un ser humano”, insistió.
En esa línea, Mayans fustigó que “hay distintos estatus acá: está el niño deseado y el niño no deseado. Para el niño deseado, todo; para el niño no deseado, ni justicia. O sea, para el niño no deseado, es la pena de muerte. ¡El Estado no puede hacer eso! ¡El Estado no puede alegar eso, porque en la Argentina no existe la pena de muerte!”.
“La mayoría de los constitucionalistas que vinieron dijeron que esta es una ley inconstitucional, inaplicable, de muy mala redacción. Es de tan mala redacción esta ley que hay un senador preopinante que objetó prácticamente en toda su dimensión la ley, artículo por artículo”, se quejó y alertó que “es una ley que tiene el derecho al aborto absoluto antes de las 14 semanas y después de las 14 semanas hasta los 9 meses”.
También, el senador agregó que “no” está “de acuerdo con la penalización del aborto, estoy de acuerdo con la despenalización. Estoy absolutamente de acuerdo con eso, porque no se puede criminalizar. Pero hubiésemos empezado por ahí”.
El detalle nombre por nombre, tras la jornada histórica donde se convirtió en ley la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
BUENOS AIRES
Esteban Bullrich (Pro) – En contra
Gladys González (Pro) – A favor
Jorge Taiana (Frente de Todos) – A favor
CATAMARCA
Inés Blas (Frente de Todos) – En contra
Oscar Castillo (Frente Cívico y Social de Catamarca) – A favor
Dalmacio Mera (Frente de Todos) – En contra
CHACO
María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos) – A favor
Antonio Rodas (Frente de Todos) – En contra
Víctor Zimmermann (UCR) – En contra
CHUBUT
Nancy González (Frente de Todos) – A favor
Alfredo Luenzo (Frente de Todos) – A favor
Mario Pais (Frente de Todos) – A favor
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Martín Lousteau (UCR) – A favor
Mariano Recalde (Frente de Todos) – A favor
Guadalupe Tagliaferri (Pro) – A favor
CÓRDOBA
Carlos Caserio (Frente de Todos) – A favor
Ernesto Martínez (Pro) – A favor
Laura Rodríguez Machado (Pro) – A favor
CORRIENTES
Ana Almirón (Frente de Todos) – A favor
Néstor Braillard Poccard (Pro) – En contra
Carlos “Camau” Espínola (Frente de Todos) – En contra
ENTRE RÍOS
Alfredo de Angeli (Pro) – En contra
Edgardo Kueider (Frente de Todos) – A favor
Stella Maris Olalla (UCR) – A favor
FORMOSA
María Teresa González (Frente de Todos) – En contra
José Mayans (Frente de Todos) – En contra
Luis Naidenoff (UCR) – A favor
JUJUY
Mario Fiad (UCR) – En contra
Silvia Giacoppo (UCR) – En contra
Guillermo Snopek (Frente de Todos) – Abstención
LA PAMPA
Norma Durango (Frente de Todos) – A favor
Daniel Lovera (Frente de Todos) – A favor
Juan Carlos Marino (UCR) – En contra
LA RIOJA
Julio Martínez (UCR) – En contra
Carlos Menem (Frente de Todos) – Ausente
Clara Vega (Mediar Argentina) – Ausente
MENDOZA
Julio Cobos (UCR) – En contra
Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) – A favor
Pamela Verasay (UCR) – A favor
MISIONES
Maurice Closs (Frente de Todos) – En contra
Humberto Schiavoni (Pro) – A favor
Magdalena Solari Quintana (Misiones) – En contra
NEUQUÉN
Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) – A favor
Oscar Parrilli (Frente de Todos) – A favor
Silvia Sapag (Frente de Todos) – A favor
RÍO NEGRO
Martín Doñate (Frente de Todos) – A favor
Silvina García Larraburu (Frente de Todos) – A favor
Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) – A favor
SALTA
Nora del Valle Giménez (Frente de Todos) – A favor
Sergio “Oso” Leavy (Frente de Todos) – A favor
Juan Carlos Romero (Justicialista 8 de octubre) – En contra
SAN JUAN
Roberto Basualdo (Producción y Trabajo) – En contra
Cristina López Valverde (Frente de Todos) – En contra
Rubén Uñac (Frente de Todos) – En contra
SAN LUIS
María Eugenia Catalfamo (Frente de Todos) – A favor
Claudio Poggi (Avanzar San Luis) – En contra
Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos) – Ausente
SANTA CRUZ
Eduardo Costa (UCR) – A favor
María Ana Ianni (Frente de Todos) – A favor
María Belén Tapia (UCR) – En contra
SANTA FE
Roberto Mirabella (Frente de Todos) – A favor
Carlos Reutemann (Santa Fe Federal) – En contra
María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) – A favor
SANTIAGO DEL ESTERO
Claudia Ledesma Abdala de Zamora (Frente de Todos) – En contra
Gerardo Montenegro (Frente de Todos) – En contra
José Neder (Frente de Todos) – En contra
TIERRA DEL FUEGO
Pablo Blanco (UCR) – En contra
María Eugenia Duré (Frente de Todos) – A favor
Matías Rodríguez (Frente de Todos) – A favor
TUCUMÁN
José Alperovich (Frente de Todos) – De licencia
Silvia Elías de Pérez (UCR) – En contra
Beatriz Mirkin (Frente de Todos) – A favor
Con un fuerte lobby del Gobierno, los “verdes” se alzaron con la victoria tras el rechazo del proyecto hace dos años. Las últimas incógnitas terminaron de develarse durante la noche y la votación resultó 38 a 29, con una abstención y cuatro ausencias. El Ejecutivo aplicará un veto parcial que fue consensuado con los senadores.
Por Carolina Ramos
Esta vez sí: el aborto en Argentina ya es legal. El Senado le puso el broche de oro a un debate reinstalado por el movimiento feminista y aprobó, por una diferencia de nueve votos, el proyecto que habilita a las mujeres y personas gestantes a interrumpir el embarazo hasta las catorce semanas de gestación, de forma voluntaria y gratuita y con acompañamiento del Estado.
La victoria “verde”, enmarcada en una imponente movilización en las calles, fue finalmente por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, del jujeño Guillermo Snopek (Frente de Todos), que en 2018 había votado negativamente y fue una de las grandes sorpresas de la jornada.
Pero además, para ampliar la diferencia fueron claves las ausencias de dos “celestes”, el puntano Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos) y la riojana Clara Vega (Mediar Argentina). Los otros senadores que no participaron de la votación fueron Carlos Menem -internado- y José Alperovich -de licencia-.
Las incógnitas que había en la previa se terminaron de despejar durante la noche, con discursos a favor por parte de tres indefinidos: el oficialista Sergio “Oso” Leavy, de Salta; la radical Stella Maris Olalla, de Entre Ríos; y la neuquina Lucila Crexell, que en 2018 había sido la única en abstenerse. Sumó también su voto favorable el entrerriano Edgardo Kueider, del Frente de Todos, que se había anotado en la lista de oradores pero luego se bajó.
Durante la jornada, varios funcionarios se mostraron en los palcos del recinto y en el Salón Azul, entre ellos las dos principales impulsoras de la ley: la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Con la sanción, el Gobierno pudo celebrar el cumplimiento de uno de los ejes de su campaña electoral.
La vicepresidenta Cristina Kirchner, por su parte, se mostró poco. Asistió para abrir la sesión y luego, como suele hacer, se retiró para regresar al final, dejando la mayor parte de la conducción en manos de la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala, y el vicepresidente Martín Lousteau (UCR-Evolución). La posibilidad de un desempate, demasiado extrema, se esfumó enseguida.
Antes del inicio de la sesión, una de las referentes antiabortistas, la tucumana Silvia Elías de Pérez, realizó una conferencia de prensa y denunció “presiones nunca antes vistas” por parte del presidente Alberto Fernández para aprobar la ley. Anunció que la discusión no se cerró este miércoles sino que continuará en la Justicia, donde plantearán la inconstitucionalidad.
Lo cierto es que desde la Casa Rosada participaron de forma activa en las negociaciones y así fue como se concedió un pedido clave a un senador de la oposición: el rionegrino Alberto Weretilneck. El Ejecutivo aplicará un veto parcial y de esa forma el exgobernador patagónico garantizó su voto favorable.
Se trata de una modificación que no altera el espíritu de la ley: según explicó la presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, se vetará la palabra “integral” vinculada a la salud, manteniendo como hasta hoy las causales de la ILE (Interrupción Legal del Embarazo), es decir, aquellas situaciones donde el aborto no es punible -violación o riesgo para la salud o la vida de la mujer-.
El debate fue una nueva muestra de una grieta insalvable. Se repitieron los argumentos a favor y en contra de la legalización: por un lado, la necesidad de que las mujeres puedan tener autonomía sobre sus cuerpos y no mueran en abortos clandestinos; y por otro, la defensa de la vida desde la concepción y la noción del aborto como un “fracaso” del Estado a la hora de prevenir embarazos no deseados.
Al abrir la discusión, que se extendió durante 12 horas, Durango enfatizó que “la alternativa es aborto legal o clandestino, y si sigue siendo clandestino van a seguir muriendo mujeres”, y sostuvo a su vez que “si este fuera un tema de varones, hace décadas sería ley”.
La legisladora advirtió que “las mujeres van a hacerse los abortos clandestinos a los lugares más sórdidos, solas, casi siempre sin acompañamiento de sus parejas y sus familias, y nunca con el acompañamiento del Estado. Por eso el Estado debe hacerse cargo. El Estado que durante años miró para otro lado”.
Tras insistir en que “el aborto sigue sucediendo y las mujeres siguen muriendo”, Durango planteó: “Yo no estoy a favor del aborto, nunca me hice uno, pero ¿quién de nosotros está a favor de un aborto?”. Y, tras la pregunta retórica, insistió en que “la ley no obliga a nadie a abortar: lo que habilita es una práctica segura”.
Además, citó un informe del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) que indica que “1.532 mujeres afrontan causas penales por aborto en 17 provincias”. “La penalización del aborto tiene un impacto diferenciado entre las mujeres pobres y las de clase media y alta, que van a un médico, pagan el misoprostol o se hacen la práctica segura”, afirmó.
Por el rechazo, el presidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad, sostuvo que la ley demuestra “un fracaso estrepitoso del Estado” y aludió al artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice que “la existencia de las personas humanas comienza con la concepción”. “Nosotros no titubeamos con las palabras, no buscamos eufemismos para referirnos a la vida”, reprochó.
Asimismo, explicó que “este proyecto deja solas a las mujeres, porque solo se les ofrece el aborto y nada más”, y negó que el Programa de los Mil Días brinde un acompañamiento, porque -consideró- “solo es declarativo y a tiempo futuro”.
“Aprobar este proyecto es reconocer el fracaso estrepitoso del Estado: como no pudimos garantizarle la seguridad a las mujeres, como fuimos incapaces de evitar que niñas y adolescentes sean abusadas, como no pudimos asegurarles el acceso a los servicios de salud de calidad, como no nos vamos a ocupar de garantizar las condiciones para que ninguna mujer muera por una hemorragia en una sala de partos… entonces, les ofrecemos el aborto”, sentenció.
En el recinto se respetaron las medidas de distanciamiento social: como establece el protocolo de funcionamiento remoto, tuvieron sus lugares asegurados los vicepresidentes Lousteau y Laura Rodríguez Machado (Pro); dos senadores por el Frente de Todos; otros dos por Juntos por el Cambio; y uno por cada bloque minoritario.
Los legisladores se las arreglaron para turnarse en las bancas y de ese modo varios tuvieron su postal en el recinto. Oficialistas como María Inés Pilatti Vergara y Ana Almirón, ambas con discursos de alto voltaje, lucieron atuendos y pañuelos verdes. La puntana Eugenia Catalfamo -que en 2018 fue la única ausente por un embarazo- se tomó revancha y esta vez estuvo presente. Y dos fueguinos, Matías Rodríguez y Eugenia Duré, viajaron desde Tierra del Fuego para participar físicamente de la sesión.
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Por el Congreso pasaron, además, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzoti; las asesoras presidenciales Dora Barrancos y Cecilia Nicolini; la titular de AySA, Malena Galmarini; la ministra de Mujeres, Género y Diversidad bonaerense, Estela Díaz; y referentes históricas de la lucha por el aborto legal como Nelly Minyersky y Marta Alanis. También se vio a la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, que cruzó desde la Cámara de Diputados, donde presenció el debate sobre la nueva movilidad jubilatoria.
Al momento de los cierres, Weretilneck ratificó su voto a favor y el salteño Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) lo hizo en contra. Luego fue el turno de Elías de Pérez, que insistió en que “toda vida vale, sin discriminación entre deseados o no deseados, sin que importe el color de piel, la clase social, si es una persona del interior o de la capital. Por lo tanto, toda vida tiene que ser cuidada y protegida”.
La tucumana repitió que el aborto “significa que el Estado ha tirado la toalla” y que el proyecto enviado por el Ejecutivo “no trae nuevas libertades, tampoco nuevos derechos: lo que sí nos trae es la negación del acceso a la vida”.
A continuación, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff remarcó que la ley no alienta a las mujeres a abortar. “¡Se aborta en nuestras narices, ocurre, es un dato de la realidad!”, exclamó, y con ese mismo tono enérgico, aseveró: “¡Nadie quiere el aborto! ¡No lo quiere la ley! La ley protege las desigualdades, y el punto de partida son la clandestinidad y la pobreza”.
“Estamos hablando de un Estado cómplice que deja hacer”, advirtió el formoseño, y subrayó que “no es un tema menor garantizar a todas las mujeres argentinas el acceso a la salud pública”.
En el mismo sentido, la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, dijo que “lo que realmente molesta” al sector antiabortista “es la libertad de las mujeres” y el “poder de decidir”. “No tienen empatía con las miles de mujeres que toman la decisión de abortar”, lamentó.
Además, señaló que “no solamente es la revolución de las hijas, sino también de las madres, de las abuelas, de todas. Gracias al debate nos enteramos que nuestras madres abortaban y nuestras abuelas abortaban, y de la peor manera. Y hoy lo pueden decir”.
Fernández Sagasti también destacó que con la sanción de la ley “nos queda un horizonte muy bueno porque vamos a demostrar que la dirigencia política es capaz de ponerse de acuerdo sin mezquindades, poniendo por delante los intereses de las mayorías”.
De todos modos, la senadora coló la cuestión partidaria: “Soy feminista porque soy peronista, y que el Ejecutivo nacional peronista haya mandado esta ley hace la alquimia perfecta entre el feminismo y el peronismo”.
El último discurso quedó para el titular del bloque, José Mayans, que una vez más no ocultó su malestar por el tratamiento de este proyecto. Interpretó que para habilitar el aborto voluntario “hay que modificar la Constitución o hay que renunciar a los tratados internacionales”, porque de lo contrario “es un país sin ley donde cada uno hace lo que quiere”.
“El presidente, los legisladores y los miembros del Poder Judicial están obligados a cumplir la Constitución”, aseguró, y continuó: “Estamos de acuerdo con la ampliación de los derechos de las mujeres, con la autonomía y las libertades, siempre y cuando no dañe a terceros, como dice el artículo 19 de la Constitución, porque en todo derecho hay un límite, que es donde empieza el derecho del otro”.
Mayans denunció que “hay distintos estatus: para el niño deseado, todo; para el niño no deseado, ni justicia. Para el niño no deseado es la pena de muerte. El Estado no puede hacer eso, porque en Argentina no existe la pena de muerte”.
Con el correr de la noche, tres senadores indefinidos confirmaron su voto verde. La primera fue la radical Olalla, quien habló de “estadísticas preocupantes” de embarazos no deseados y señaló que “cabe preguntarse qué ha hecho el Estado en ese sentido para corregirlo, cómo se ha protegido el derecho a la salud”.
“Estamos tratando de reducir las muertes y las consecuencias gravísimas de las mujeres que acuden en la clandestinidad para resolver el problema de los embarazos no deseados”, aseguró la legisladora.
Finalmente, expresó: “Entendemos que se trata de una cuestión de derechos, que el Estado debe elegir la continuidad de un embarazo o no de acuerdo con la autonomía de la voluntad de la mujer. En definitiva, se conquistaría una nueva causa”.
Poco tiempo después fue el turno de Crexell, que reconoció haber “reflexionado profundamente” después de abstenerse en la anterior votación: “No cambié mis creencias personales, no cambié mi modo de pensar respecto de lo que creo sobre el aborto. Cambié el enfoque: no se trata de feminismo o religión, es una causa silenciosa que mata y escribe historias muy tristes en nuestro país”.
“Los abortos no deberían existir, pero existen. Entonces, ¿qué es lo que falló? La estrategia punitiva”, sentenció la neuquina, y en ese sentido afirmó que “nada cambió” desde que se rechazó la ley por primera vez: “Las mujeres siguieron abortando, y muchas en condiciones de soledad y ocultamiento”.
Al sumar razones a su voto positivo, coincidió con Olalla en que “estamos ante un tema de salud pública” y “una cuestión de justicia social”, ya que “es un hecho insoslayable que aquellas personas que no cuentan con recursos se exponen a condiciones de precariedad” a la hora de realizarse la práctica.
Por su parte, el salteño Leavy manifestó: “Personalmente me opongo, odio el aborto y creo que nadie de los aquí presentes está de acuerdo con el aborto. Ninguno de todos los argentinos lo queremos, pero existe”.
Al comparar este debate con el de 2018, cuando votó en contra, dijo que “esta vez tenemos un proyecto diferente” y confesó: “Me di cuenta que esto no se trata de mí, de mis creencias o formación, sino que es algo que le compete a muchas mujeres”.
“Hoy tenemos que poner blanco sobre negro, tenemos que acompañar a esas mujeres que ya tienen decidido que quieren abortar para que lo hagan en los hospitales y seguras. No las dejemos que lo hagan de manera insegura. He comprendido a las mujeres que deciden abortar. Esta ley no promueve el aborto, solo les da un marco seguro para que no mueran en el intento”, sintetizó.
Por último, subrayó: “No se trata de estar a favor del aborto, se trata de estar a favor de la vida de las mujeres. Si mi voto hace que una mujer no muera por aborto, entonces lo voy a hacer”.
Entre los “tapados” estaba ni más ni menos que el jujeño Snopek, que si bien no acompañó el proyecto, decidió abstenerse y así facilitó la sanción de la ley. Una señal política que fue leída, en parte, como un contraste con el gobernador Gerardo Morales, decididamente “celeste”.
En un breve discurso, Snopek aclaró que sigue creyendo en que “la vida comienza desde la concepción”, pero reconoció que “en los últimos dos años no hicimos absolutamente nada” para resolver la cuestión. El senador advirtió que “Jujuy tiene uno de los niveles más altos de suicidios por embarazos adolescentes, por arriba de la media del país, y el gobierno provincial no trabaja para prevenirlo”.
El oficialista pidió, entonces, una consulta popular, y dejó un mensaje para Fernández: “Él tiene la responsabilidad, se apruebe o no, de que en el próximo proceso electoral sea el pueblo, a través del voto, el que decida si esta ley es legítima”.
La norma sancionada legaliza el aborto de manera voluntaria hasta las catorce semanas de gestación, y luego de ese plazo se habilita la práctica en los supuestos ya establecidos en el Código Penal: violación; o peligro para la vida o la salud de la persona gestante.
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Por otro lado, se autoriza al personal de salud a ejercer la objeción de conciencia siempre y cuando la vida o la salud de la persona gestante no estén en riesgo. En caso de que todos los profesionales sean objetores, el establecimiento deberá derivar a la paciente a otra institución sin dilaciones y asumiendo los costos de la intervención.
El plazo para realizar el aborto será de diez días desde su requerimiento, y el sector público, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura integral y gratuita de la intervención, incluyendo todas las prestaciones en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
Un repaso por los aspectos destacados de la iniciativa que se convirtió en ley en una sesión histórica.
La entrerriana Stella Maris Olalla intervino en la sesión y reveló que acompañará el proyecto. De esa forma, la proyección arroja 37 votos afirmativos, 32 negativos y solo uno sin confirmar.
Crece la diferencia a favor del aborto legal y la aprobación del proyecto en el Senado está prácticamente asegurada. Tres de los indefinidos -la entrerriana Stella Maris Olalla, la neuquina Lucila Crexell y el salteño Sergio “Oso” Leavy- , confirmaron por la noche su voto afirmativo y de ese modo hicieron crecer la tendencia “verde”.
Con las dudas despejadas acerca de Olalla, Crexell y Leavy, el conteo realizado por parlamentario.com arroja 37 votos afirmativos, 32 negativos y solo uno sin confirmar: el oficialista Edgardo Kueider (Entre Ríos).
Minutos después de las 22.30, Zulemita Menem, hija del expresidente Carlos Menem, confirmó que el senador -que se encuentra internado en grave estado- no podrá participar de la votación, lo que significa un voto “celeste” menos.
Tras permanecer en silencio en todo momento, Olalla pronunció un discurso donde sostuvo que con el aborto legal “se conquistaría una nueva causa”.
La senadora hizo referencia a la definición del concepto de salud acuñada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) “desde 1.948”, donde “puntualmente dice que la salud es un estado completo de bienestar, fundamentalmente físico, mental y social”.
Agregó que “los tratados internacionales firmados y comprometidos por la República Argentina ratifican lo expresado por la OMS más o menos en los mismos términos”.
Olalla habló de “estadísticas preocupantes” de embarazos no deseados, “no solamente de la Capital Federal sino de las provincias”, y señaló que “cabe preguntarse qué ha hecho el Estado en ese sentido para corregirlo, cómo se ha protegido el derecho a la salud”.
“Estamos tratando de reducir las muertes y las consecuencias gravísimas de las mujeres que acuden en la clandestinidad para resolver el problema de los embarazos no deseados”, aseguró la legisladora.
Finalmente, expresó: “Entendemos que se trata de una cuestión de derechos, que el Estado debe elegir la continuidad de un embarazo o no de acuerdo con la autonomía de la voluntad de la mujer. En definitiva, se conquistaría una nueva causa”.
Poco tiempo después fue el turno de Crexell, quien indicó que “a pesar del rechazo del proyecto que se puso a consideración” en 2018, “el debate siguió presente en la agenda social y política”.
“Reafirmo la necesidad de escuchar y respetar todos los argumentos, porque representan ideas presentes en nuestra sociedad y es correcto que el Congreso sea la caja de resonancia de todas esas miradas”, planteó.
La neuquina reconoció haber “reflexionado profundamente” después de abstenerse en la anterior votación, y dijo: “No cambié mis creencias personales, no cambié mi modo de pensar respecto de lo que creo sobre el aborto. Cambié el enfoque: no se trata de feminismo o religión, es una causa silenciosa que mata y escribe historias muy tristes en nuestro país”.
Crexell enfatizó que el tema “no admite posiciones absolutas ni respuestas obvias”, y añadió que “no es un debate fácil ni cómodo ni para quedar bien con nadie”.
“Los abortos no deberían existir, pero existen. Entonces, ¿qué es lo que falló? La estrategia punitiva”, sentenció, y en ese sentido afirmó que “nada cambió” desde que se rechazó la ley por primera vez: “Las mujeres siguieron abortando, y muchas en condiciones de soledad y ocultamiento”.
Al sumar razones a su voto positivo, consideró al igual que Olalla que “estamos ante un tema de salud pública” y “una cuestión de justicia social”, ya que “es un hecho insoslayable que aquellas personas que no cuentan con recursos se exponen a condiciones de precariedad” a la hora de realizarse la práctica.
Por su parte, Leavy manifestó: “La verdad es que personalmente me opongo, odio el aborto y creo que nadie de los aquí presentes está de acuerdo con el aborto; ninguno de todos los argentinos lo queremos, pero existe”.
“Hay mujeres que hacen un esfuerzo sobrehumano para ser mamás, pasan por tratamientos y muchas dejan parte de su vida, hacen de todo para ser mamás… hay otras mujeres que con la misma fuerza, contra viento y marea, deciden no ser madres e interrumpir su embarazo”, observó.
Al comparar este debate con el de 2018, dijo que “esta vez tenemos un proyecto diferente” y confesó: “Me di cuenta que esto no se trata de mí, de mis creencias o formación, sino que es algo que le compete a muchas mujeres”.
“Lo que me hizo tener esta mirada es la ley de los Mil Días, una ley completamente antiaborto con acompañamiento económico, de salud e información”, agregó.
Leavy sostuvo que “hoy tenemos que poner blanco sobre negro, tenemos que acompañar a esas mujeres que ya tienen decidido que quieren abortar para que lo hagan en los hospitales y seguras. No las dejemos que lo hagan de manera insegura. He comprendido a las mujeres que deciden abortar. Esta ley no promueve el aborto, solo les da un marco seguro para que no mueran en el intento”.
Por último, subrayó: “No se trata de estar a favor del aborto, se trata de estar a favor de la vida de las mujeres. Si mi voto hace que una mujer no muera por aborto, entonces lo voy a hacer”.
Las imágenes de la histórica jornada en el Senado.
CRÉDITO DE LAS FOTOGRAFÍAS: COMUNICACIÓN SENADO
La opositora insistió en que muchas personas gestantes abortan por falta de información y celebró el proyecto de los Mil Días, dado que consideró que permitirá que puedan tomar una decisión informada.
La senadora por Córdoba de Juntos por el Cambio (JxC), Laura Rodríguez Machado, celebró que en la Cámara alta se esté llevando a cabo el debate acerca de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y remarcó que es necesario que las personas que se realizan un aborto o piensan en hacerlo cuenten con la información necesaria para llevarlo a cabo.
En ese sentido, la opositora recordó que “esto se empezó a generar en la presidencia de Mauricio Macri, estos debates tan fuertes no se logran de un día para el otro, requieren de tiempo y madurez social” y precisó que “en este debate apareció nuevamente una grieta que nos divide, lamentablemente, entre celestes y verdes… pero como lo dije en 2018 ambos colores defienden la vida”.
“Respeto a las mujeres que flamean los pañuelos de ambos colores, defienden la vida, pero acá va a haber un resultado que interpreta el lugar que requiere en la salud pública. No hay dudas que existen los abortos en la Argentina”, añadió y detalló que “es cierto que cuando una mujer toma la decisión, es difícil que la cambie, y no hay duda que la clandestinidad no impidió que haya abortos clandestinos”.
Al mismo tiempo consideró que “no tenemos que seguir dividendo a la sociedad, tenemos que encontrar el punto medio y eso siempre es la ley. La única cosa que nos iguala y nos da las mismas posibilidades es la ley, no es la clandestinidad y el no escuchar” e indicó que este proyecto “se trata de ayudar a quienes no se pueden informar adecuadamente ante esta situación, es a favor de quienes no saben a dónde recurrir, a favor de quienes no tienen la información. Yo defiendo las dos vidas, justamente por eso creo que es importante que sepamos las causas por las que se sigue abortando en la Argentina”.
Además subrayó que “acá vamos a abortar con leyes, por eso con la ley de los Mil Días se va a informar acerca de los riesgos del aborto y las medidas con las que acompaña el Estado” y aseguró que como madre sabe “lo que es tener un bebé en el vientre y me imagino lo que deben pensar aquellas mujeres que tienen que abortar porque no saben que hay un Estado que las ayuda, no tienen información y no tienen más posibilidades que caer en la clandestinidad”.
“De esta forma va a bajar la cantidad de abortos, como pasó en todo el mundo”, completó.
Así lo aseguró Humberto Schiavoni (JxC), quien además expresó su apoyo al proyecto sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y consideró que si se aprueba la ley será “un avance para la sociedad”.
Durante la histórica sesión que la Cámara alta llevó adelante para analizar el proyecto que busca establecer la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el senador misionero de Juntos por el Cambio (JxC) expresó su apoyo a la iniciativa y advirtió que en Misiones el 70% de los embarazos de menores de 19 años no son deseados.
Es así que durante su exposición, el opositor afirmó que “esta es la segunda vez en dos años que estamos tratando este tema, este debate tuvo su antecedente en el debate del 2018, luego de estar por décadas clausurado porque era un tema tabú para la política y la sociedad argentina” y consideró que “esto es producto de la lucha de miles de mujeres que en los últimos años vinieron denunciando los atropellos a los que fueron sometidas, esto es un avance para la sociedad y no pertenece a ningún sector político, les pertenece a las mujeres”.
Sobre esa misma línea precisó que “ya tenemos casi un siglo de que está penado el aborto para la mujer que se lo realiza y para quienes las ayudan a realizarlo. ¿Esto impidió que las mujeres se lo hicieran de forma insegura? No, esto se hace en lugares clandestinos y en lugares sin ningún tipo de medidas de salubridad”.
“Es un tema que tenemos que afrontarlo y abordarlo”, añadió y concluyó informando que “en Misiones más del 70% de menos de 19 declaran en el post parto que se trataba de un embarazo no deseado; en muchos casos estos embarazos son producto de la violencia intrafamiliar. ¿Vamos a condenar a estar niñas a maternar? Este no puede ser un derecho de segundo orden”.
En un discurso sobre habló de patriarcado, de deconstrucción y de las futuras generaciones, la rionegrina confirmó que acompañará el proyecto, a diferencia de 2018.
“Mi voto es un voto deconstruido, es un voto afirmativo”. Con un discurso donde no pudo ocultar su emoción, la senadora Silvia García Larraburu (Frente de Todos-Río Negro) confirmó que esta vez, a diferencia de 2018, acompañará el proyecto de legalización del aborto.
Conectada a la sesión desde su provincia, García Larraburu contó una historia en primera persona y señaló que “la maternidad siempre estuvo asociada, lamentablemente, a la condición de mujer”.
“Todas, en mayor o menos medida, fuimos víctimas de un sistema creado por y para hombres. Ahora lo vemos, le podemos nombre: esa normalidad es el patriarcado y ese proceso se llama deconstrucción”, observó.
La legisladora reconoció que “no es fácil deconstruirse” porque “tambalea las estructuras”.
“Estamos atravesando un cambio de paradigma, y este cambio de paradigma lo lideran las luchas feministas y ambientales “, destacó.
Al referirse a su postura personal, expresó: “Aprendí que nada puede detener el avance de la historia, y la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo es la demanda de las nuevas generaciones”.
En ese sentido, recordó que “todas las leyes que ampliaron derechos en su momento fueron resistidas por algunos sectores”, y puso como ejemplos el voto femenino, el divorcio y el matrimonio igualitario.
“Como dirigente política tengo la obligación de cuestionarme, de analizarme, de involucrarme con los cambios de paradigma, con las luchas, con los anhelos de las nuevas generaciones, porque en definitiva, estamos legislando para el futuro”, manifestó García Larraburu.
Y agregó: “En este tiempo aprendí que más allá de mi postura personal o de mi sistema de creencias, estamos ante una problemática que requiere un abordaje de política pública”.
La senadora indicó que el proyecto de aborto legal enviado por el Poder Ejecutivo es una “propuesta integral, superadora, que dialoga con el Plan de los Mil Días, pensado para que ninguna mujer tenga que tomar la decisión de interrumpir su embarazo”.
Finalmente, afirmó: “Soy la misma senadora que en este tiempo decidió seguir escuchando a todas las partes, analizando diferentes situaciones, recibiendo testimonios, pero sobre todo con un profundo respeto al que piensa distinto”.
“Desde una fuerte base peronista, entiendo que debemos acompañar una ampliación de derechos. Estoy orgullosa de afirmar que hoy en la Argentina la mujer es política de Estado. Mi voto es por una mujer libre, que pueda actuar, que pueda decidir según su propia conciencia, sin que nadie nunca más le diga lo que tiene que hacer con su cuerpo. Mi voto es un voto deconstruido, es un voto afirmativo”, concluyó.
El senador jujeño de la Unión Cívica Radical consideró que la iniciativa no resuelve las problemáticas como la violación y la pobreza. “Este proyecto deja sola a las mujeres porque solo se les ofrece el aborto y nada más”, indicó.
En el marco de una jornada histórica en la que el Senado debate el proyecto sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el senador jujeño Mario Fiad (UCR) advirtió que si se aprueba la iniciativa quedará demostrado “el fracaso estrepitoso del Estado” y agregó que no resolverá problemáticas de fondo, tales como el abuso y la violación.
En ese sentido, el legislador consideró que “con este proyecto de legalización del aborto se busca avanzar con una mirada sesgada sobre lo que ocurre en nuestra Argentina, que es amplia, diversa y late con ritmo propio en cada rincón”, y precisó que “quienes estamos en contra de este proyecto no tenemos problemas con la ciencia, tenemos problemas con la lectura de las cosas”.
“Tenemos la libertad de llamar a las cosas por su nombre, por eso leo el artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación que dice que ‘la existencia de las personas humanas comienza con la concepción’. Nosotros no titubeamos con las palabras, no buscamos eufemismos para referirnos a la vida”, aseveró el titular de la Comisión de Salud.
Sobre esa misma línea, el radical afirmó que “el aborto es, sin dudas, un drama social que se presenta como la solución a mano y que no evitará ninguna de las problemáticas de fondo” y le respondió a quienes aseguran que ‘son niñas, no madres’: “se nos dice que las niñas no deben maternar y de eso no tenemos dudas, las niñas no deben ser abusadas ni sometidas. ¿Este proyecto resuelve algo de eso? No, pasa a la clandestinidad a la violación, el abuso, la pobreza, la violencia y las desigualdades”, remarcó.
Asimismo, explicó que “este proyecto deja sola a las mujeres porque solo se les ofrece el aborto y nada más, no es cierto que el acompañamiento se lo da el proyecto de los Mil Días, porque solo es declarativo y a tiempo futuro”.
“Aprobar este proyecto es reconocer el fracaso estrepitoso del Estado, como no pudimos garantizarle la seguridad a las mujeres; como fuimos incapaces de evitar que niñas y adolescentes sean abusadas; como no pudimos asegurarles el acceso a los servicios de salud de calidad; como no nos vamos a ocupar de garantizar las condiciones para que ninguna mujer por una hemorragia en una sala de partos… entonces, les ofrecemos el aborto”, sentenció.
Además, la senadora “celeste” anunció que si se sanciona la norma irá a la Justicia para plantear su inconstitucionalidad. Lo dijo en una conferencia de prensa previa a la sesión.
La senadora Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán) denunció “presiones nunca antes vistas” del presidente Alberto Fernández para aprobar la ley de aborto, y anunció que si se aprueba, irá a la Justicia. Lo dijo al realizar una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias de la Cámara alta, poco antes del comienzo de la sesión.
“Estamos a minutos de empezar a debatir y tenemos un final absolutamente abierto. La votación depende de que los senadores sigan sus convicciones, que han reiterado muchas veces a lo largo de este tiempo, o de que cedan a las presiones que nunca antes hemos visto en la persona del presidente de la Nación, Alberto Fernández”, advirtió.
La tucumana sostuvo que “lo que está haciendo el presidente Fernández ha superado todos los límites de lo tolerable. Está presionando él, personalmente, a distintos senadores y senadoras”.
Por otra parte, señaló que “hay un empecinamiento del presidente contra los más vulnerables: en Diputados van a aprobar una fórmula de movilidad jubilatoria que perjudicará a los abuelos y en el Senado directamente se va contra los más indefensos”.
Finalmente, Elías de Pérez anunció: “Salga lo que salga la votación esto no termina acá. Si este proyecto se convierte en ley será inconstitucional, absoluta y flagrantemente. Será un juez de la Nación el que termine resolviendo porque vamos a plantear la inconstitucionalidad”.
La histórica sesión empezó a las 16 y duraría unas 12 horas. Solo hay cuatro legisladores que no confirmaron su voto y, en principio, el conteo arroja 34 a favor y 33 en contra. También se trata el Programa de los Mil Días.
Comenzó una nueva jornada histórica: desde las 16, el Senado debate el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto y, a diferencia de 2018, el sondeo previo arroja un resultado afirmativo, con 34 votos a favor, 33 en contra y solo cuatro indefinidos. Cincuenta y nueve senadores se anotaron para hablar sobre el proyecto, que se de esa forma se votaría cerca de las 4 de la mañana del jueves.
Luego será el turno del debate del denominado Programa de los Mil Días, que busca acompañar a la mujer durante todo el embarazo y la primera infancia del hijo. Para esta segunda iniciativa hay solo cuatro oradores, por lo que la sesión terminaría, según las estimaciones, cerca de las 5 de la mañana.
Con una imponente movilización en las calles a pesar de la pandemia del Covid-19, el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo enviado por el Poder Ejecutivo y aprobado en la Cámara de Diputados tiene posibilidades de ser convertido en ley. A diferencia de hace dos años, cuando el “no” al aborto legal se imponía desde la previa, en esta oportunidad los “verdes” llegan con expectativa y no se descarta que haya sorpresas en la votación.
En el recinto de la Cámara alta se encuentran presentes, además de la vicepresidenta Cristina Kirchner, los vicepresidentes Martín Lousteau (UCR-Evolución), Maurice Closs (Frente de Todos) y Laura Rodríguez Machado (Pro), sumados a dos representantes por cada bloque, según lo estipula el protocolo de funcionamiento remoto.
Lea también: En qué consiste en proyecto de legalización del aborto
Según el cálculo de parlamentario.com, 34 senadores apoyan la legalización y 33 la rechazan, pero los “celestes” bajarían a 32 si, como todos los pronósticos indican, el expresidente Carlos Menem se ausenta en la votación, ya que se encuentra internado en el Sanatorio Los Arcos desde el 15 de diciembre, en estado delicado.
Si bien había circulado la posibilidad de que el proyecto sufriera cambios para afianzar la ventaja “verde”, eso se evaluará en la reglamentación. El impulsor de las modificaciones fue el rionegrino Alberto Weretilneck, quien se encamina a votar favorablemente si el Gobierno atiende al menos algunos de sus pedidos.
Entre los cuatro senadores que no confirmaron públicamente su voto hay dos del Frente de Todos que podrían votar a favor en una señal de lealtad al Gobierno: el entrerriano Edgardo Kueider y el salteño Sergio “Oso” Leavy, que en 2018 rechazó el proyecto. Las dos indefinidas restantes son la neuquina Lucila Crexell, que en la anterior votación se abstuvo; y la entrerriana Stella Maris Olalla, de la UCR.
Finalmente, el exgobernador tucumano José Aperovich se encuentra de licencia hasta el 31 de diciembre, luego de que el Senado aprobara la última prórroga a fines de agosto, debido a una causa judicial por presunto abuso sexual.
El proyecto busca legalizar el aborto de manera voluntaria hasta las catorce semanas de gestación, y luego de ese plazo se habilita la práctica en los supuestos ya establecidos en el Código Penal: violación; o peligro para la vida o la salud integral de la persona gestante.
La iniciativa autoriza al personal de salud a ejercer la objeción de conciencia siempre y cuando la vida o la salud de la persona gestante no estén en riesgo, y en caso de que todos los profesionales sean objetores, el establecimiento deberá derivar a la paciente de inmediato.
El plazo para realizar el aborto será de diez días desde su requerimiento, y el sector público, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura integral y gratuita de la intervención, incluyendo todas las prestaciones en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
Solo hay cuatro legisladores que no confirmaron su voto y, en principio, el resultado arroja 34 a favor y 33 en contra. La sesión duraría unas 12 horas. También se tratará el Programa de los Mil Días.
En un escenario completamente distinto al de 2018, con unos pocos indefinidos y un fuerte lobby del Gobierno, el Senado votará este martes el proyecto de despenalización y legalización del aborto, que en principio cuenta con una leve ventaja “verde”.
La histórica sesión, que duraría unas 12 horas, comenzará a las 16 y también se tratará el denominado Programa de los Mil Días, que busca acompañar a mujeres embarazadas durante toda la gestación y en la primera infancia del hijo.
Tanto ese proyecto como el de aborto legal son dos apuestas fuertes del gobierno de Alberto Fernández, que en los últimos días reforzó las gestiones con senadores para garantizar la sanción de ambas leyes, sobre todo la segunda, un reclamo urgente del movimiento feminista.
Los preparativos para la jornada comenzaron este lunes con el montaje de un escenario de cara a la Plaza de los Dos Congresos, donde se congregarán militantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, organizaciones sociales y partidos de izquierda.
Puertas adentro también se puso en marcha un operativo para garantizar el cumplimiento de las medidas de higiene y distanciamiento, en un día donde también sesionará la Cámara de Diputados, desde las 11, con el proyecto de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
El protocolo de funcionamiento remoto del Senado solo autoriza la presencia de las autoridades en el recinto -la presidenta, Cristina Kirchner, los tres vices y los dos secretarios-, junto a dos representantes por cada bloque de la oposición.
Lea también: En qué consiste en proyecto de legalización del aborto
A diferencia de hace dos años, cuando el “no” al aborto legal se imponía desde la previa, en esta oportunidad los “verdes” llegan con expectativa y no se descarta que haya sorpresas en la votación, con al menos dos senadores que podrían cambiar su postura.
Según el cálculo de parlamentario.com, 34 senadores apoyan la legalización, incluyendo a la rionegrina Silvina García Larraburu, que había votado en contra en 2018 -fue la única “celeste” del bloque Unidad Ciudadana, que entonces integraba Cristina Kirchner- pero esta vez acompañará.
Otro rionegrino, Alberto Weretilneck, sorprendió al pedir una serie de cambios al texto en revisión pero, según supo este medio, también se encamina a votar favorablemente si el Gobierno garantiza que incluirá algunas de las propuestas en la reglamentación.
En ese sentido, no solo senadores “verdes” del Frente de Todos se pusieron en contacto con el exgobernador, sino también representantes de la propia Secretaría Legal y Técnica, que encabeza Vilma Ibarra, para comenzar a delinear la letra chica.
Los “celestes” son 33, pero bajarían a 32 si, como todos los pronósticos indican, el expresidente Carlos Menem se ausenta, ya que se encuentra internado en el Sanatorio Los Arcos desde el 15 de diciembre, en estado delicado.
Entre los cuatro senadores que no confirmaron públicamente su voto hay dos del Frente de Todos que podrían votar a favor en una señal de lealtad al Gobierno: el entrerriano Edgardo Kueider y el salteño Sergio “Oso” Leavy, que en 2018 rechazó el proyecto.
Las dos indefinidas restantes son la neuquina Lucila Crexell, que en la anterior votación se abstuvo y hasta ahora evitó hacer declaraciones; y la entrerriana Stella Maris Olalla, de la UCR, que también permanece en silencio.
Finalmente, el exgobernador tucumano José Aperovich se encuentra de licencia hasta el 31 de diciembre, luego de que el Senado aprobara la última prórroga a fines de agosto, debido a una causa judicial por presunto abuso sexual.
El proyecto busca legalizar el aborto de manera voluntaria hasta las catorce semanas de gestación, y luego de ese plazo se habilita la práctica en los supuestos ya establecidos en el Código Penal: violación; o peligro para la vida o la salud integral de la persona gestante.
La iniciativa autoriza al personal de salud a ejercer la objeción de conciencia siempre y cuando la vida o la salud de la persona gestante no estén en riesgo, y en caso de que todos los profesionales sean objetores, el establecimiento deberá derivar a la paciente de inmediato.
El plazo para realizar el aborto será de diez días desde su requerimiento, y el sector público, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura integral y gratuita de la intervención, incluyendo todas las prestaciones en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
De acuerdo a un relevamiento de parlamentario.com, a horas de la sesión, los votos están empatados y hay un puñado de indefinidos que son clave para el futuro de la ley. Provincia por provincia y nombre por nombre, cómo votaría cada senador.
BUENOS AIRES
Esteban Bullrich (Pro) – En contra
Gladys González (Pro) – A favor
Jorge Taiana (FdT) – A favor
CATAMARCA
Inés Blas (FdT) – En contra
Oscar Castillo (Frente Cívico y Social de Catamarca) – A favor
Dalmacio Mera (FdT) – En contra
CHACO
María Inés Pilatti Vergara (FdT) – A favor
Antonio Rodas (FdT) – En contra
Víctor Zimmermann (UCR) – En contra
CHUBUT
Nancy González (FdT) – A favor
Alfredo Luenzo (FdT) – A favor
Mario Pais (FdT) – A favor
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Martín Lousteau (UCR) – A favor
Mariano Recalde (FdT) – A favor
Guadalupe Tagliaferri (Pro) – A favor
CÓRDOBA
Carlos Caserio (FdT) – A favor
Ernesto Martínez (Pro) – A favor
Laura Rodríguez Machado (Pro) – A favor
CORRIENTES
Ana Almirón (FdT) – A favor
Néstor Braillard Poccard (Pro) – En contra
Carlos “Camau” Espínola (FdT) – En contra
ENTRE RÍOS
Alfredo de Angeli (Pro) – En contra
Edgardo Kueider (FdT) – Indefinido
Stella Maris Olalla (UCR) – Indefinida
FORMOSA
María Teresa González (FdT) – En contra
José Mayans (FdT) – En contra
Luis Naidenoff (UCR) – A favor
JUJUY
Mario Fiad (UCR) – En contra
Silvia Giacoppo (UCR) – En contra
Guillermo Snopek (FdT) – En contra
LA PAMPA
Norma Durango (FdT) – A favor
Daniel Lovera (FdT) – A favor
Juan Carlos Marino (UCR) – En contra
LA RIOJA
Julio Martínez (UCR) – En contra
Carlos Menem (FdT) – En contra
Clara Vega (Mediar Argentina) – En contra
MENDOZA
Julio Cobos (UCR) – En contra
Anabel Fernández Sagasti (FdT) – A favor
Pamela Verasay (UCR) – A favor
MISIONES
Maurice Closs (FdT) – En contra
Humberto Schiavoni (Pro) – A favor
Magdalena Solari Quintana (Misiones) – En contra
NEUQUÉN
Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) – Indefinida
Oscar Parrilli (FdT) – A favor
Silvia Sapag (FdT) – A favor
RÍO NEGRO
Martín Doñate (FdT) – A favor
Silvina García Larraburu (FdT) – A favor
Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) – A favor
SALTA
Nora del Valle Giménez (FdT) – A favor
Sergio “Oso”Leavy (FdT) – Indefinido
Juan Carlos Romero (Justicialista 8 de octubre) – En contra
SAN JUAN
Roberto Basualdo (Producción y Trabajo) – En contra
Cristina López Valverde (FdT) – En contra
Rubén Uñac (FdT) – En contra
SAN LUIS
María Eugenia Catalfamo (FdT) – A favor
Claudio Poggi (Avanzar San Luis) – En contra
Adolfo Rodríguez Saá (FdT) – En contra
SANTA CRUZ
Eduardo Costa (UCR) – A favor
María Ana Ianni (FdT) – A favor
María Belén Tapia (UCR) – En contra
SANTA FE
Roberto Mirabella (FdT) – A favor
Carlos Reutemann (Santa Fe Federal) – En contra
María de los Ángeles Sacnun (FdT) – A favor
SANTIAGO DEL ESTERO
Claudia Ledesma Abdala de Zamora (FdT) – En contra
Gerardo Montenegro (FdT) – En contra
José Neder (FdT) – En contra
TIERRA DEL FUEGO
Pablo Blanco (UCR) – En contra
María Eugenia Duré (FdT) – A favor
Matías Rodríguez (FdT) – A favor
TUCUMÁN
José Alperovich (FdT) – De licencia
Silvia Elías de Pérez (UCR) – En contra
Beatriz Mirkin (FdT) – A favor
El rionegrino Alberto Weretilneck propuso una serie de modificaciones y condiciona su voto. En un escenario por demás ajustado, la iniciativa podría volver a Diputados.
Un nuevo escenario se abrió en las últimas horas en el Senado: ante la escasa diferencia de votos, legisladores oficialistas a favor de la legalización del aborto evalúan aceptar algunas de las modificaciones que pidió la semana pasada el rionegrino Alberto Weretilneck, lo que provocaría el regreso del proyecto a la Cámara de Diputados.
Desde el bloque oficialista podrían apelar a ese último recurso para ampliar y asegurar la ventaja a favor, sumando el voto de senadores que hasta ahora evitaron hacer declaraciones, tanto en Juntos por el Cambio como dentro del propio Frente de Todos.
La vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, y sus pares María de los Ángeles Sacnun y Oscar Parrilli se comunicaron recientemente con Weretilneck y podría avanzar el pedido del exgobernador rionegrino, que a lo largo del año acompañó al Frente de Todos en la mayoría de las votaciones.
Así, ese sector del oficialismo aspira a garantizar definitivamente algunos votos “verdes” de senadores de Juntos por el Cambio y también del bloque propio, como el entrerriano Edgardo Kueider, que -según supo este medio- se mostró particularmente interesado en las sugerencias de Weretilneck.
Además de Kueider, siguen en duda Stella Maris Olalla (UCR), también de Entre Ríos; la neuquina Lucila Crexell, que en 2018 se abstuvo; y la rionegrina Silvina García Larraburu, que hace dos años votó en contra y esta vez firmó el dictamen favorable y está más cerca de acompañar el proyecto, en un gesto de disciplina partidaria.
También se especula con el cambio de postura de otro senador “celeste”, el salteño Sergio “Oso” Leavy, que la semana pasada fue recibido por el propio Fernández en Casa Rosada.
“Hoy tenemos a un presidente trabajando codo a codo con los legisladores para que esto efectivamente sea ley”, deslizó este lunes una oficialista, Ana Almirón, dejando entrever un involucramiento activo de Fernández para que la ley salga este año.
Con ese horizonte, otra posibilidad que baraja el grupo pro-legalización es la promesa de que algunas modificaciones se introduzcan en la reglamentación para evitar que el proyecto vuelva a Diputados.
¿Cuáles son los cambios sugeridos por Weretilneck? El senador está de acuerdo con la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana catorce de gestación, pero propone cambios en las causales para realizar el aborto superado ese plazo.
Por ejemplo, en caso de violación, pretende que para las mujeres mayores de 13 años se imponga un límite “hasta el momento de viabilidad fetal (22 semanas)”, y además pide incorporar el requisito de una declaración jurada y una denuncia penal previa.
Otra observación tiene que ver con el concepto de “salud integral”: el senador quiere reemplazarlo por el de “salud física”, y sostiene que “cuando exista peligro, pero no coloque en riesgo la vida (de la mujer), no resulta lógica la imposición de la exigencia de actuar” para los médicos que sean objetores de conciencia.
En un mensaje en vísperas de la Navidad, la Conferencia Episcopal Argentina cuestionó que “hay miles de cuestiones sanitarias y sociales a resolver”, mientras que “esta agenda legislativa no trae esperanza”.
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) criticó este lunes la “febril obsesión por instaurar el aborto en la Argentina”, mientras hay “miles de cuestiones sanitarias y sociales a resolver”, en un mensaje en vísperas de la Navidad y a días que se trate en el Senado el proyecto impulsado por el Gobierno.
La comisión permanente de la CEA, encabezada por el obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea, señaló que “en estas últimas semanas” la “opción política pasó a ser una incomprensible urgencia, una febril obsesión por instaurar el aborto en Argentina, como si tuviera algo que ver con los padecimientos, los temores y las preocupaciones de la mayor parte de los argentinos“.
“Otra cosa sería defender los derechos humanos de los débiles de tal manera que no se los neguemos aunque no hayan nacido”, se enfatizó en el comunicado que se difundió en su cuenta de Twitter.
En el texto, los obispos expresaron que esta Navidad “nos encuentra en un momento histórico donde necesitamos una ardua reconstrucción: de las fuentes de trabajo, de la educación, de las instituciones, de los lazos fraternos”.
En ese marco, consideraron que “muchas cosas se han roto y necesitan ser sanadas”, y agregan: “Es momento de agradecer al pueblo argentino su paciencia, su cooperación, su resistencia”.
En referencia al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que se debatirá el próximo 29 de diciembre en la Cámara alta, la CEA advirtió que “para quienes esperan empezar un año mejor, esta agenda legislativa no les trae esperanzas”.
“Hay miles de cuestiones sanitarias y sociales a resolver, que requieren toda nuestra atención: desde los problemas de la vacunación hasta la cantidad de personas muy enfermas que este año no han recibido adecuada atención médica, pasando por las mujeres que sufren violencia o no tienen un trabajo digno. Pero lo que se les ofrece en este momento duro e incierto es el aborto, y eso es un golpe a la esperanza“, aseveraron los obispos.
Y añadieron: “No obstante, confiamos en el bien que habita en el pueblo, en esa tierra fértil que son los corazones de los argentinos, capaces de elegir la vida y la fraternidad más allá de todo”.
En otro tramo del mensaje navideño, manifestaron que la fiesta de la Navidad “nos hace pensar en la dignidad de cada vida, nos recuerda cuánto vale un ser humano”, y recordaron que el papa Francisco en su última encíclica insiste en que “la pandemia no nos deje iguales sino que nos vuelva más apasionados para defender toda vida: la vida de un anciano, de un discapacitado, de un enfermo, de un niño por nacer”.
“Así, este tiempo se convierte en un fuerte llamado a la solidaridad, al cuidado mutuo, a ser capaces de ponernos al hombro las penas de los demás”, dijeron y concluyeron: “Que la pandemia no nos impida imaginar y soñar un país más humano y fraterno”.
Con motivo del inminente debate de la legalización del aborto, el próximo sábado 26, la comisión ejecutiva de la CEA celebrará una misa en el santuario de la Virgen de Luján, que será transmitida a través de las redes sociales.
En tanto, para el domingo 27 -fiesta litúrgica de la Sagrada Familia- invitaron a que las catedrales y parroquias de todo el país celebren las misas con una “especial intención por la vida naciente”.
Para el lunes 28, fiesta de los mártires Santos Inocentes, los obispos “convocan al pueblo de Dios a una jornada de ayuno, oración y celebración de la misa”, según se informó en un comunicado.
La senadora correntina del Frente de Todos se manifestó “optimista” de cara a la sesión del 29 y dijo que se buscan los “consensos” con legisladores que en 2018 votaron en contra.
La senadora nacional Ana Almirón aseguró que desde el debate sobre aborto legal en 2018 a la actualidad “las circunstancias cambiaron” y “hoy tenemos a un presidente trabajando codo a codo con los legisladores para que esto efectivamente sea ley”.
“Soy muy optimista y siento que el optimismo nos va a llevar a una buena victoria el 29 y a obtener la ley”, sostuvo este lunes la correntina, que afirmó que el sector “verde” trabaja “día a día” para que “lograr los consensos necesarios”.
La oficialista reveló que buscan la manera de “salvar” las “disidencias” de algunos senadores respecto al proyecto, de modo de ver “si se pueden abordar en reglamentación”.
“Trabajamos en conjunto con varios senadores de la oposición”, resaltó la senadora del Frente de Todos, para agregar que “muchos que quizás no acompañaron en 2018 terminen acompañando el 29”.
Entrevistada en radio Futurock, Almirón consideró que “hoy la sociedad entiende, a diferencia de 2018, de qué hablamos cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo”. “Los legisladores no somos lo mismo, en el sentido de que le dimos un salto de calidad a la discusión”, continuó.
Y destacó: “Tenemos un Poder Ejecutivo que entiende la problemática y que decide hacerse cargo, ponerse al hombro y acompañar en la salud sexual y reproductiva, y en la decisión a una familia deseada o no de la mujer”.
Por otra parte, admitió que “la presión sobre cada uno de los legisladores es muy fuerte y es muy violenta”, por eso “está bien que quizás se resguarden hasta el 29”, en referencia a quienes todavía no han revelado su voto.
El conteo de votos se proyecta muy ajustado y hay un puñado de indefinidos. El rionegrino Alberto Weretilneck sugirió modificaciones al texto. Se trataría en el recinto el próximo 29 de diciembre.
Las comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud del Senado cerraron este jueves el debate del proyecto de legalización del aborto y comenzó a circular el dictamen, que por la noche ya tenía las firmas necesarias, con muchos datos importantes para tener en cuenta de cara a una sesión a priori con pronóstico muy ajustado.
El más saliente es que Silvina García Larraburu estampó su firma en el dictamen de mayoría. La senadora rionegrina votó en contra de la legalización del aborto en 2018, siendo entonces la única miembro del por entonces bloque kirchnerista en pronunciarse de esa manera.
A su vez, dos senadoras que figuran como “indefinidas”, la entrerriana Stella Maris Olalla (JxC) y la neuquina Lucila Crexell, no suscribieron el dictamen.
El que sí lo hizo, pero “en disidencia”, fue el entrerriano Edgardo Kueider (FdT), otro de los senadores que están “indefinidos”. Lo cual podría interpretarse como que, a priori, no votaría en contra.
Quien hace dos años votó a favor, pero este jueves no firmó el dictamen es la senadora de Juntos por el Cambio Laura Rodríguez Machado. Lo cual abre un interrogante respecto de su voto el 29 de diciembre.
Tras la última ronda de exposiciones, la presidenta de la Banca de la Mujer, la pampeana Norma Durango (FdT), anunció que daría la palabra a los otros presidentes de las comisiones y se cerraría la reunión. Sin embargo, hubo varios senadores que hicieron uso de la palabra, e incluso el rionegrino Alberto Weretilneck propuso modificaciones al texto, por lo que se abrió el intercambio.
El titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli (FdT), admitió que este es un tema “muy rígido y álgido”, por eso “es muy loable que estemos discutiendo este tema, lo que no corresponde es que no lo tratemos”. “En este tema excede la cuestión jurídica, constitucional, internacional. Hay principios y convicciones que uno tiene”, señaló, pero remarcó que “lo importante es que vayamos avanzando en resolver este tema”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad (UCR), subrayó que “el debate no se va a agotar en el resto del país” porque “se trata del derecho humano, primario y fundamental”. “Hemos empezado por el final, y tendríamos que haber empezado por el principio, ocupándonos de lo que nuestro país tiene como pobreza estructural, de la educación, de la salud, de los derechos de todos”, afirmó el jujeño.
Y agregó: “Tenemos que seguir ocupándonos que ninguna mujer, ni ninguna niña, tenga hambre; que tengan educación, que tengan la información para la toma de decisiones, que tengan la oportunidad de salir de sus entornos violentos”.
Por su parte, la vicepresidenta de la Banca de la Mujer, Guadalupe Tagliaferri (Pro), expresó que “lo que estamos acá defendiendo son convicciones, y a mí me genera mucho orgullo pertenecer en este momento a un Senado que está debatiendo con honestidad intelectual, donde cada uno de los senadores y senadoras están poniendo su compromiso con lo que creen”. “Independientemente de cómo termine el resultado de este dictamen, creo que estos días hemos sido ejemplo de un debate democrático”, consideró.
Referente en contra de la iniciativa, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) aseguró que además de su “convicción profunda de que la vida empieza desde la concepción”, el proyecto es “inconstitucional, inconvencional” y también “se lleva puesta la cláusula” referida a “la declaración interpretativa del tratado de la Convención de los Derechos Humanos”, la cual deberá “ser derogada” para avanzar con esta ley, apuntó.
A su turno, el rionegrino Alberto Weretilneck confirmó que su posición es a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, pero propuso una serie de modificaciones al proyecto para que la ley “se pueda cumplir”.
El legislador -que al final no firmó el dictamen– comenzó diciendo que la decisión del aborto “no es un tema únicamente de la mujer, sino que es de la mujer y del hombre” y, en ese línea, reveló haberse hecho una vasectomía hace 16 años atrás.
Weretilneck recordó que, como gobernador de Río Negro, en 2012 se sancionó en la provincia el protocolo ILE, que se reglamentó en 2016. Al aportar cifras, detalló que en 2018 se practicaron 432 ILE, lo que representa el 0,20% de todas las mujeres de la provincia; en 2019 hubo 565, que representa el 0,30% de las mujeres; y este año se registraron 353 ILE, es decir, el 0,18%.
El senador advirtió que de 2016 a la fecha “el 73% de los tocoginecólogos de Río Negro son objetores de conciencia. Cuando empezamos con este protocolo eran solo el 20%”. Por eso, alertó: “Si la ley no contempla, no cuida y no protege a los equipos de salud, le puedo asegurar que en dos años no tiene quien la ejecute y quien la lleve adelante”.
En contra del inciso “b” del artículo 4, que habilita el aborto más allá de la semana 14 si estuviera en peligro la vida o de la “salud integral” de la persona gestante, con lo cual opinó que “un problema psíquico” podría ser un motivo de interrupción del embarazo. “Este inciso es sumamente amplio y nos va a llevar a que esta ley termine en todos los tribunales del país y en la Corte”, además de que “todos los planteles médicos del país se transformen en objetores de conciencia”, pronosticó.
Otro de los puntos que observó fue “la no obligación de la denuncia cuando el embarazo es producto de una violación”. Si bien aseveró que “las menores de 13 años no deben tener la obligación de la denuncia”, diferenció que “todo embarazo producto de una violación tiene que tener una denuncia penal” porque si no se ataca la consecuencia y no la causa.
El senador cordobés Ernesto Martínez (Pro) se alineó con la postura expuesta por su colega Alberto Weretilneck, en cuanto a los reparos en relación a algunos puntos del proyecto oficial. “En mi caso en el artículo 11 y el artículo 13, y tengo que reservarme ese derecho para una discusión en el recinto que todavía no sé de qué modo se va a dar”, señaló, anticipando que firmaría el despacho con disidencias parciales.
“Es un tema muy profundo, que preocupa a la sociedad argentina, donde están divididas las posiciones”, destacó el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, quien cuestionó el “tratamiento exprés” de la iniciativa, ratificando su firme posición en contra.
Y sorprendió el formoseño ponderando algo ocurrido durante la anterior gestión, mejor dicho sobre cuando se dio el debate del aborto en el Congreso. “En las audiencias públicas de 2018 cada uno tuvo el tiempo de expresarse, no es que hablaron siete minutos y después ‘dale, dale, dale, ya tenemos que sacarlo’… No, no se puede sacar así un proyecto de ley donde está en juego el derecho a la vida”. Valoró entonces la intervención de Weretilneck, en el sentido de “demostrar las fallas que tiene este proyecto de ley que no está bien llevado adelante”.
Crítica de la ley, Silvia Giacoppo (UCR) coincidió con la postura del senador Mayans, al opinar que “no es un dictamen que, por tener un plazo prefijado, que no debatamos artículo por artículo, siendo que estamos discutiendo la vida de las personas por nacer”.
A continuación, el chaqueño Víctor Zimmerman (UCR) compartió las posturas de Weretilneck, Mayans y Giacoppo, “porque yo hubiese querido debatir algunos temas; tenemos diferencias con el proyecto en varias cosas. Entendemos que el oficialismo quiere sacar dictamen a la brevedad, obviamente no lo compartimos”, manifestó y añadió su deseo de poder introducir modificaciones durante el debate en el recinto.
A favor de la iniciativa, la correntina Ana Almirón (FdT) calificó de “muy enriquecedoras” las exposiciones brindadas durante el debate, y señaló que hay senadores que ya tenían una postura previa contraria a la ley, “así que pedir más días de exposición… Todos sabemos de qué se trata, creo que la sociedad ha dado un salto cualitativo enorme desde 2018, sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de la interrupción voluntaria del embarazo, más allá de que esté de un lado u otro”. “No me quiero quedar con ese sabor amargo de que hicimos poco, hicimos muchísimo”, enfatizó.
Su par María de los Angeles Sacnun (FdT) sostuvo por su parte que “el artículo 3 del proyecto de ley me exime de hacer cualquier tipo de planteo desde el punto de vista constitucional. Yo creo que la despenalización del aborto, tal como llega en este proyecto, se adecua perfectamente a nuestra Constitución”.
“La democracia argentina merece que demos estos debates sobre lo que tenemos todavía una deuda enorme para poder ejercer plenamente los derechos fundamentalmente de las mujeres y las niñas en la Argentina”, agregó la santafesina.
En tanto, el chubutense oficialista Mario Pais (FdT) dijo tener la íntima convicción de que “es una ley constitucional, que no violenta la Constitución. Por supuesto que podríamos aspirar a una ley mejor, y seguramente ya la vamos a modificar. Yo no he mutado mi posición ya expresada en el año 2018”, cuando votó a favor de la norma.
Al cierre del debate, la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, resaltó que “la discusión ha sido amplia, oportuna y ecuánime”.
“Escuché decir que hay temas más urgentes, pero este Senado ha tratado temas muy profundos para el país: la deuda pública, la reforma previsional, privilegios de jubilaciones del Poder Judicial, una ley para acceder a la vacuna… y esto también es una deuda que tiene el Congreso y tenemos que animarnos a debatirla con seriedad”, dijo.
La mendocina pidió: “Cuando lleguemos al recinto tenemos que esforzarnos por que el respeto reine y saber escucharnos para encontrar puntos de encuentro, que yo creo que los hay: no queremos más embarazos no deseados en Argentina, y tenemos el compromiso de llevar a nuestras provincias la ESI (Educación Sexual Integral)”.
“No hay salida: es con educación, con salud pública y con derechos donde las mujeres nos vamos a sentir protegidas en nuestra decisión de ser o no ser madres”, concluyó Fernández Sagasti.
Tras escuchar a la última tanda de expositores, los legisladores de la Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales y Salud se abocan a la discusión de la iniciativa con media sanción de Diputados.
Luego de recibir a la última tanda de expositores invitados, los senadores de las comisiones Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud del Senado se abocan a la discusión del proyecto de aborto legal, con media sanción de Diputados.
La intención del sector “verde” es firmar el dictamen este jueves, y tratarlo en el recinto el próximo martes 29 de diciembre, luego de Navidad y antes de fin de año. La media sanción se aprobó el pasado 11 de diciembre en la Cámara baja con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones.
El escenario en el Senado se plantea abierto, con números muy ajustados, y en el que no se descartan sorpresas en la votación. Por el momento, según un conteo realizado por parlamentario.com, el rechazo a la ley estaría dos votos arriba pero hay tres legisladores que aparecen como indefinidos y una incógnita sobre una senadora oficialista que podría dar vuelta su voto.
El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, establece la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, inclusive. Fuera de ese plazo, el aborto se podrá practicar en dos supuestos: si el embarazo es producto de una violación; o si está en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.
El plazo máximo para realizar el aborto desde que la persona gestante lo solicita será de diez días corridos. Una vez que se realice el requerimiento, los establecimientos sanitarios deberán poner a disposición de la persona toda la información necesaria, así como la atención y el acompañamiento a lo largo de todo el proceso.
Previo a la realización del aborto, la persona gestante deberá prestar por escrito su consentimiento informado, por sí sola, a partir de los 16 años de edad.
Los profesionales de la salud tendrán derecho a la objeción de conciencia, pero no podrá negarse a interrumpir el embarazo si la vida o la salud de la persona gestante está en peligro y requiere una “atención inmediata e impostergable”.
Según un agregado de la Cámara de Diputados, “aquellos efectores de salud del subsector privado o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia, deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación”.
Entre las modificaciones que se prevén al Código Penal, se autoriza en el artículo 86 la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. Mientras que el artículo 88 mantiene la penalización la persona gestante que cause su propio aborto luego de la semana 14, por fuera de las causales habilitadas, aunque la pena se reduce: pasa de uno a cuatro años a tres meses a un año -excarcelable-.
Además, incorpora el artículo 85 bis por el cual se establecen penas de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para quienes dilaten injustificadamente, obstaculicen o se nieguen a practicar el aborto en los casos autorizados. Esto abarca tanto a los médicos como a las autoridades del establecimiento de salud.
NOTA EN DESARROLLO
Ana Correa, autora de un libro que relata la historia de la joven condenada por un aborto espontáneo en Tucumán, pasó un audio de la protagonista. Dieron sus opiniones una docena de invitados.
Las comisiones de la Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud del Senado escucharon a los últimos 12 expositores invitados al debate por el proyecto del aborto legal, previo a la reunión en la que se discutirá para avanzar con la firma del dictamen.
Abrió la ronda este jueves el exjuez de la Corte Suprema Rodolfo Barra, quien señaló que desde el derecho “hay vida humana desde la concepción” y “tal humanidad es reconocida por nuestro sistema jurídico”. “El Código Civil dice que el niño por nacer es persona”, agregó.
“La Constitución le otorga derechos subjetivos al niño por nacer. Sería raro que le demos al mismo niño derechos subjetivos para tener una política de asistencia social, pero que su madre al día siguiente pueda abortar”, expresó y consideró que esto “es una contradicción que ningún intérprete puede aceptar, salvo que el derecho permita la violación del sentido común”.
A su turno, Mario Sebastiani, médico de la División Ginecología y Obstetricia del Hospital Italiano, opinó que “estamos discutiendo si la mujer va hacia la dignidad” y observó que “si hay libertad para tener hijos, tiene que haberla para si no quiere tenerlos”.
“No puede quedar en una zona gris o en la nada que tuvimos más de 3.000 muertes en 37 años”, enfatizó y aseguró que las hospitalizaciones bajaron en los últimos años únicamente porque “en vez de ser quirúrgico, el aborto se ha transformado en un aborto farmacológico”. “El aborto es 14 veces menos inseguro que un embarazo o un puerperio”, sostuvo.
También a favor de la ley, Ana Correa, periodista y escritora, autora del libro “Somos Belén”, aseguró que en Argentina “se criminalizan los abortos espontáneos” y manifestó que legalizarlo hará poner fin a “la injusticia, tortura y violación de los derechos humanos”.
“Sabemos que hay muchos casos como el de Belén”, remarcó, al hacer referencia al caso de una joven tucumana que fue condenada a ocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo, y luego absuelta, pero pasó tres años en prisión.
Correa recordó que “fue condenada por un aborto espontáneo y aunque se comprobó que fue inocente, ella sigue sufriendo las consecuencias de la clandestinidad”. “En Tucumán se siguen persiguiendo penalmente los abortos espontáneos”, denunció y le dijo a los senadores que “tienen la responsabilidad de dar un paso decisivo para que en Argentina no se promueva la tortura de niñas y mujeres”.
Al finalizar su exposición, la periodista feminista puso en reproducción un audio de Belén, entrevistada en radio Con Vos, el día después de la media sanción de la ley. La grabación no se pudo escuchar por completo, ya que Norma Durango, presidenta de la comisión, le advirtió que estaba “pasada de tiempo”. Pero lo saliente fue que senadores “celestes” cuestionaron que se pase el material.
“Me gustaría que lo pase completo, pero que nos dejen pasar a nosotros también material que es importante”, se lo escuchó a José Mayans, presidente del bloque Frente de Todos y referente del sector “celeste”. Más tarde, entonces, al momento de las preguntas, las oficialistas Eugenia Catalfamo y María de los Ángeles Sacnun pidieron que Correa vuelva a pasar el audio completo.
Catalfamo enfatizó: “No callemos más, ni silenciemos más a las voces de las protagonistas, y menos nosotros que somos legisladores de la Nación”.
En el audio de la entrevista, Belén considera que “sí va a haber ley, yo creo que sí, porque ahora está más a la vista cómo sufren las mujeres”. “Dejemos de lado un poco lo que es la política y nos enfoquemos un poco más en las mujeres”, agrega y advierte que “no hay solamente una Belén, hay casi 73 Belén que nadie sabe”.
Por el contrario, la psicóloga Carolina Paliva argumentó que “al ser un evento biológico, lo que se está generando con el aborto es la ruptura del primer vínculo social”. La expositora resaltó que se trata de “un ser humano, es el primer individuo en su edad gestacional más temprana”.
Por lo que, calificó al aborto como “un abuso de uso de poder, es exterminar la vida de un ser humano en el vientre materno”. “Cualquier mujer que pasó por esa situación sabe que la idea de muerte pasó por su mente y que está”, lanzó.
Paliva añadió que “el cerebro registra la impronta de muerte que en algún momento va a ser activada”, al hacer referencia a la idea de suicidio y, en esa línea, consideró que el Gobierno “tendrá que poner presupuesto al daño post-aborto para su rehabilitación”.
También expusieron en la jornada la académica Dorothy Estrada-Tanck (UN Working Group on Discrimination against Women and Girls); Pilar Vázquez Calva, abogada mexicana de la organización Alianza por la Vida; Estela Sacristán, doctora en Derecho; y Lisandro Gómez, del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de Argentina.
Asimismo participaron Fernando Toller, abogado y profesor de Derecho en la Universidad Austral; Eleonora Lamm, doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona; Eduardo Menem, exsenador nacional; y Luis Ernesto Pedernera Reyna, presidente del Comité de Derechos del Niño de la ONU.
Tras el anuncio del radical Juan Carlos Marino, el rechazo a la ley estaría dos puntos arriba. Hay además tres senadores que no revelaron su postura y una oficialista, en principio “celeste”, que podría dar vuelta su voto.
Con toda la expectativa del Frente de Todos para que el Gobierno se alce con la victoria del proyecto de aborto legal, y cumpla así antes de fin de año una promesa de campaña electoral, el sector “verde” del Senado trabaja intensamente para revertir los números y evitar una segunda caída en esa cámara, sobre todo porque ahora representaría una derrota para la Casa Rosada.
Hasta este jueves, previo a la firma del dictamen en comisiones, la ley estaría dos votos abajo a partir del anuncio del radical Juan Carlos Marino, quien ratificó su voto en contra, como lo hizo en el debate de 2018, y que en los últimos días había estado dentro del grupo de los “indefinidos”.
De acuerdo al conteo realizado por parlamentario.com, la legalización del aborto reuniría 35 votos en contra y 33 a favor. Hay, además, tres senadores que no han revelado su voto y un senador de licencia, el tucumano José Alperovich, que en agosto de 2018 votó en contra, anunciándolo minutos antes del comienzo de aquella sesión y estirando la diferencia por un total de siete votos -fueron 38 en contra, 31 a favor y dos abstenciones-.
Se mantiene en la categoría de “indefinidos” la neuquina Lucila Crexell, que en reiteradas ocasiones ha manifestado estar a favor de la despenalización, pero hace dos años se abstuvo.
También continúan en esa posición, reservando su decisión bajo siete llaves, los entrerrianos Stella Maris Olalla y Edgardo Kueider. A diferencia de la radical, Kueider cuenta con la “presión” singular por ser parte del oficialismo y estar el tema puesto en agenda desde el propio Poder Ejecutivo.
Sin embargo, uno de los nombres donde están puestas las miradas es el Silvina García Larraburu -en principio, “celeste”-, rionegrina del Frente de Todos que hace dos años fue la única del bloque K en oponerse.
Días atrás, en declaraciones a medios de su provincia, la legisladora expresó que “sin dudas, hoy tenemos un proyecto totalmente distinto y una situación también muy distinta a la que se planteó hace dos años de mano del macrismo. Así que estamos analizando la letra chica de este proyecto, y definiremos en las próximas semanas”.
Consultada entonces si había cambiado su voto, García Larraburu sostuvo: “No especulo, sino que es un contexto muy distinto al que se dio en su momento en manos del ‘duranbarbismo’, distrayendo la atención, sin priorizar la salud. El debate que instaló en su momento el macrismo fue un debate muy confuso y sin instalar lo que era importante”.
Con el “poroteo” más que ajustado, el escenario en el Senado para el proyecto continúa abierto. A ello se suma que en la sesión prevista para el 29 de diciembre serán clave posibles ausencias o votos que puedan llegar a revertirse de un lado o el otro.
Esta semana, el riojano Carlos Menem, uno de los que se especulaba que podía faltar a la sesión, fue internado. Sin embargo, el expresidente dejó transcender su intención firme de votar y hacerlo, al igual que en 2018, en contra.
En caso de asistencia perfecta quedará descartada la posibilidad de que Cristina Kirchner desempate, por el número impar de 71 que se da con la licencia de Alperovich. Sea como sea, todos los pronósticos prevén que ninguna de las dos posturas ganará por amplia diferencia.
El senador radical, que había entrado en la zona de los “indefinidos”, confirmó que mantendrá su rechazó al proyecto. Consideró que se trata de “un debate que no está saldado completamente en la sociedad”.
El senador radical Juan Carlos Marino ratificó este jueves su voto en contra de la legalización del aborto, tal como lo hiciera en el debate de 2018. El pampeano, que en los últimos días había entrado en la zona de “indefinidos”, confirmó su voto “celeste” nuevamente.
De esta manera, el conteo en el Senado, al momento, registra una leve ventaja por el rechazo a la ley, con 35 votos en contra, 33 votos a favor y tres indefinidos, además de un senador de licencia -José Alperovich-, de acuerdo a las proyecciones de parlamentario.com.
“Voy a votar según lo que me pide mayoritariamente la sociedad pampeana: no avanzar en la legalización”, sostuvo el legislador de Juntos por el Cambio mediante un comunicado.
Además, Marino dijo que sabía “que se habló de la posibilidad de un cambio en mi postura dado que nuevamente escuché y me reuní con todos”.
“La realidad es que considero que es un debate que no está saldado completamente en la sociedad. De hecho en el Congreso hemos escuchado a reconocidos abogados y médicos tanto a favor de una postura como de otra”, agregó.
El radical agradeció “a todas las personas y organizaciones con las que me reuní, por la responsabilidad y el respeto con que plantearon sus argumentos y posiciones”.
“La legalización del aborto es una ley que divide las aguas y que no genera consenso unánime en ningún ámbito ni en la sociedad en su conjunto”, afirmó y anunció: “Luego de analizarlo mucho y de tomar en cuenta cada opinión y cada arista del tema, decidí ratificar el voto de lo que mayoritariamente me solicita la sociedad a la que represento”.
Este jueves a las 9.30 se reanudará el plenario con las últimas 12 ponencias. Luego los senadores debatirán y finalmente firmarán dictamen.
El Senado cerrará este jueves la ronda de exposiciones sobre el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto. Doce especialistas fueron convocados a disertar desde las 9.30 en el plenario de comisiones de Banca de la Mujer, Salud y Justicia y Asuntos Penales, presidido por Norma Durango (Frente de Todos).
Se estima que las ponencias durarán hasta las 13, y luego los senadores debatirán el proyecto aprobado en Diputados para finalmente firmar dictamen. La intención del sector “verde” se mantiene firme: la sesión será el martes 29 de diciembre, al filo de fin de año.
Para este jueves fueron convocados el exministro de la Corte Suprema y exministro de Justicia Rodolfo Barra; la académica Dorothy Estrada-Tanck (UN Working Group on Discrimination against Women and Girls); Pilar Vázquez Calva, de la organización Alianza por la Vida; y Mario Sebastiani, médico de la División Ginecología y Obstetricia del Hospital Italiano.
La lista sigue con la psicóloga Carolina Pavia; la periodista y escritora Ana Correa; la doctora en Derecho Estela Sacristán; Lisandro Gómez, del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de Argentina; y Fernando Toller, abogado y profesor de Derecho en la Universidad Austral.
Los últimos en intervenir serán Eleonora Lamm, doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona; el exsenador nacional Eduardo Menem; y el presidente del Comité de Derechos del Niño de la ONU, Luis Ernesto Pedernera Reyna.
La discusión de este martes estuvo centrada en el aspecto sanitario. Entre los expositores del primer turno estuvo Adolfo Rubinstein, exministro de Salud.
Las comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud del Senado reanudaron este martes el debate del proyecto de aborto legal, con la participación de 24 médicos y especialistas que se manifestaron a favor y en contra.
El plenario presidido por Norma Durango (Frente de Todos) pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves a las 9.30, con la intención de escuchar a los últimos invitados y luego abrir el debate entre los senadores.
Abrió la ronda de exposiciones Stella Manzano, médica ginecóloga especialista en medicina legal, del Hospital Zonal de Trelew, quien sostuvo que “no se pueden salvar las dos vidas, porque un aborto a cualquier edad gestacional es menos peligroso que un parto”. “Es imposible evitar la aparición de las enfermedades que el propio embarazo causa en el tercer trimestre”, señaló.
La doctora subrayó que “ninguna persona debe ser obligada a sacrificar su vida para salvar la de otro”, al tiempo que defendió que el aborto “salva a niñas que fueron embarazadas por violación, al evitar que lleguen al parto. Ellas triplican el riesgo al llegar a un parto”.
“Legalizarlo evita secuelas de por vida de complicaciones del embarazo y parto, y evita sufrimiento psíquico por haber sido forzadas a tener hijos contra su voluntad, sea que se los queden o lo den en adopción”, agregó Manzano, que consideró que “negar abortos por causales es tortura” y hay “muchos profesionales que no respetan la soberanía de niñas”.
Con un discurso enfático en contra de la ley, la doctora María de Urraza, especialista en tocoginecología del Hospital de Florencio Varela, dijo que el proyecto busca “promover el aborto eugenésico; legitimar lo que ya ocurre en los hospitales, el aborto a libre demanda y sin límite de edad gestacional; ampliar la cobertura del aborto irrestricto a todo el país; aumentar la cantidad de abortos; amedrentar a los médicos que todavía nos oponemos a actuar contra las leyes de la humanidad y en contra de nuestra conciencia; y garantizar el acceso al aborto en clínicas privadas para que las mujeres de mayor poder adquisitivo no tengan que pasar por la situación de internarse en hospitales públicos”.
“En los hospitales de la provincia de Buenos Aires el aborto es libre, es decir, accesible. Cualquier mujer que quiera hacerse un aborto, se acerca a un centro de salud, firma una declaración jurada con alguna causal y aborta. Es gratuito porque se hace en hospitales públicos. Y es seguro, según el Ministerio de Salud, que directamente no se interesa en contabilizar las complicaciones existentes en los hospitales”, continuó, al tiempo que denunció que “en pandemia se guardaron camas para abortos”.
La médica aseveró que “con esta ley los médicos no podemos de ninguna manera tratar de disuadir a las pacientes de lo que por lo mínimo representa un suicidio emocional”. “Los médicos argentinos estamos en el ranking de los peores pagos del mundo, sin vacaciones, sin aumento. Tuvimos que enfrentar la pandemia, poniendo el cuerpo, vimos a colegas morir. ¿Y que en este contexto nos digan que es importante la ley del aborto? Es vergonzoso”, expresó.
Desde el Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, realizó su exposición centrada en la comparación de los “costos” entre la ilegalidad y la legalización de los abortos. De acuerdo a un estudio, aseguró que “del total de abortos que se realizan fuera del sistema” se estima que “aproximadamente un 75% tiene contacto igual con el sistema de salud”.
“Si bien la práctica se hace fuera del sistema porque es ilegal, el resto de las complicaciones que requieren un aborto terminan siendo atendidas en el sistema de salud, sea para seguimiento, control o terminar un aborto incompleto”, indicó y apuntó que un caso de shock séptico “puede costar casi un millón de pesos, como máximo, y 548 mil pesos como mínimo”, mientras que un aborto incompleto “entre 36 mil y 85 mil pesos por cada caso”.
La funcionaria precisó que “en una estimación de 457.533 abortos”, el sistema de salud tiene un gasto de “51.900 millones de pesos al año”. “Hoy estamos gastando mucho más no hacer los abortos dentro del sistema legal, sino por fuera”, insistió y afirmó que se trata de “entre 2,6 y 10,2 veces más de lo que se gastaría si se decidiera avanzar en la legalización”. “El argumento del costo no debería ser un argumento para oponerse. Es falaz creer que nos va a costar más caro”, finalizó.
Al relatar su experiencia desde Uruguay, donde el aborto está legalizado desde 2012, María González Bernardi, médica ginecóloga-obstetra del Hospital Público de Montevideo, aseveró que “la legalización no ha modificado la mortalidad materna en Uruguay, porque ya venía descendiendo drásticamente”. Asimismo, resaltó que “no disminuye su práctica” y reveló que luego de su legalización “estábamos en una cifra de 7.000, y terminado el año anterior, en 2019, tenemos una cifra de 10.300 abortos. Es decir, el aumento ha sido notorio”.
La doctora manifestó que en el país vecino “el acceso a métodos anticonceptivos es universal e irrestricto, por lo que el aborto debería ser cero”. “La legalización no eliminó la clandestinidad”, añadió, al sostener que “mujeres por fuera del plazo legal terminan en la clandestinidad” y “existe todavía un mercado negro de misoprostol”. Por otra parte, González Bernardi dijo que “no se respeta el derecho de objeción de conciencia, especialmente de los médicos ginecólogos” y se los “discrimina” en las instituciones.
También en contra, Gabriel Flores Ciani, médico especialista en neurociencia y pastor evangélico, explicó que “inmediatamente cuando el cigoto se forma envía señales al cerebro de la mujer” y “las neuronas registran que hay una nueva vida”. En ese sentido, señaló que la mujer “va a llevar por toda su vida la sensación, el recuerdo de que existió esa vida por nacer en su vientre”.
“La mente humana de la mamá, el sistema biológico y la genetica esta preparada para ser una persona gestante”, siguió y remarcó que “no hay una diferencia desde la neurociencia de un aborto legal o ilegal. Las consecuencias a nivel psicológico y de estructuración de la psquis de la mujer se van a ver dañadas de la misma manera”.
Además, argumentó que “el neurodesarrollo de un niño o de una púber, el cerebro, no está preparado para tomar una decisión de la magnitud de abortar. Es empujada por el entorno, esto es clarísimo”.
Al igual que lo hizo en 2018 cuando era ministro de Salud, Adolfo Rubinstein defendió la legalización del aborto al expresar que “el existía en 1921 cuando se hizo la reforma del Código Penal, hace casi un siglo. Existía en 2018 cuando el presidente Macri habilitó por primera vez el debate. Y sigue existiendo ahora que el presidente Fernández envió el proyecto de ley al Congreso”.
“El aborto ilegal sigue estando presente en la agenda social de nuestro país como una asignatura pendiente que debe ser de una vez por todas resuelta”, destacó y opinó que el Estado debe aparecer como “garante de un bien público que no se desentienda de las consecuencias sanitarias del aborto clandestino”.
El médico indicó que “las complicaciones del aborto inseguro son una cuestión de salud pública”. “Las estimaciones basadas en estudios bastante rigurosos arrojan aproximadamente 350 mil abortos ilegales por año, es decir, casi un aborto cada dos recién nacidos vivos”, informó y agregó que “si bien han disminuido en los últimos años por las políticas de educación sexual y reproductiva”, las hospitalizaciones por aborto inseguro “siguen rondando las 35 a 40 mil hospitalizaciones por año”.
“Si incluimos a los prestadores privados, estamos estimando aproximadamente 65 mil”, continuó y detalló que “las muertes maternas por aborto ilegal siguen rondando las 20 muertes anuales”, aunque “este número probablemente se mayor, porque no se registran adecuadamente por su condición de clandestinidad”.
Sean “muchas o pocas muertes”, Rubinstein enfatizó que “son todas muertes evitables y una sola importa”. En referencia a los países donde el aborto ya es legal, el exministro habló de una “evidencia contundente” de baja de abortos, mientras que en los países con restricciones “la proporción de abortos inseguros aumenta dramáticamente”.
El aborto “es un problema de salud pública porque produce muertes, morbilidad evitable y serios problemas psicosociales en población joven y sana. Pero también es un problema de equidad, porque solamente afecta a las mujeres y adolescentes, y sus complicaciones afectan fundamentalmente a las mujeres más pobres”, sostuvo.
El dirigente lamentó que en 2018, tanto “verdes” como “celestes” se “comprometieron a bregar por prevención del aborto, promoción de la educación sexual integral, prevención del embarazo adolescente, ampliación de la anticoncepción, cumplimiento de la ILE en las causales tipificadas por el Código Penal en el marco del fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia. Y lamentablemente nada de esto ocurrió”.
“No vivimos en un Estado confesional, vivimos en un Estado laico que debe legislar para todos”, sentenció.
Además expusieron, en el primer turno, Evelyn Rodríguez, docente y fundadora de 0800 provida; Mariana Romero, médica epidemióloga e investigadora de CEDES-CONICET; Analía Messina, médica integrante de la Red de Acceso al Aborto Seguro; Noelia Vera Ruiz-Herrera, secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género de España; Angélica Sarmiento, médica y especialista ginecología y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción; y Alejandro Barceló, médico y director del departamento de Bioética de la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló.
Por la tarde fue el turno de la ginecóloga Cecilia Ousset, quien a pesar de ser católica apoya la legalización del aborto y enfrenta una causa por homicidio agravado por practicar una ILE a una niña de 11 años que fue violada y tenía riesgo de vida.
“Yo creo que las creencias personales no pueden superar los derechos de las personas. No alcanza con la despenalización, ustedes tienen que legalizar el aborto. Los médicos, médicas y las personas gestantes necesitamos leyes claras y regulación del Estado”, dijo Ousset.
También disertaron, entre otros, María Cecilia Avila, especialista en obstetricia y ginecología; Gabriela Luchetti, especialista en ginecología; el doctor José Jalil Colomé; Ruth Zurbriggen, activista e investigadora de La Revuelta; y Graciela Moya, médica genetista.
La presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia dialogó con parlamentario.com acerca del debate que se está llevado a cabo en el Senado acerca del aborto legal y celebró el avance del proyecto de “Los Mil Días”.
En el marco de una semana histórica en el Senado de la Nación por el debate acerca de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia y diputada del Frente de Todos (FdT), Laura Velasco, dialogó con parlamentario.com para analizar la iniciativa e insistió en la importancia de su aprobación.
En ese sentido, Velasco consideró que el hecho de que “apruebe este 29 de diciembre en el senado la ley IVE es fundamental para los Derechos Humanos de las mujeres y las personas gestantes” y advirtió que “es una causa de salud pública y de justicia social porque son las más pobres las que mueren por abortos clandestinos en la Argentina”.
Asimismo argumentó que “lo que estamos diciendo es no a los abortos clandestinos y debe ser una política pública integrada de Educación Sexual Integral (ESI), anticonceptivos para no abortar” y destacó que “queremos es que se realicen la menor cantidad de abortos posibles, es una situación extrema en la que no hay otra posibilidad; queremos que si se llega a esa situación, las personas gestantes puedan hacerlo en el sistema público de salud, de manera cuidada”.
Sobre esa misma línea, la legisladora explicó que “lo que plantea el proyecto es que pueda realizarse hasta la semana 14 y luego por determinados causales, como los que ya existen hoy: por violación, peligro para la salud de la mujer, entre otras cuestiones”.
“Esta lucha la venimos llevando a cabo desde hace tiempo con la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito junto a las organizaciones de diversidad, feministas populares y organizaciones sociales”, recordó y precisó que “esta ha sido un convocatoria intergeneracional, que ha despertado una multitud de pibas que en el pañuelo verde están discutiendo mucho más allá que la soberanía sobre su propio cuerpo y la posibilidad de decidir. Esta es una causa de libertad”.
En cuanto al proyecto de ‘Los Mil Días’, Velasco indicó que “lo que significa es que todas aquellas mujeres que quieren, efectivamente, tener un hijo y eligen la maternidad, que no se vean condicionadas por una situación económica” y precisó que “la decisión de la maternidad y ese deseo no puede verse condicionado por la falta de recursos, entonces el Estado debe acompañar a las mujeres que deciden acompañar a las mujeres que deciden seguir adelante con el embarazo”.
“En definitiva los dos proyectos complementan la posibilidades de las mujeres, sobretodo de las más pobres que son las que están más en riesgo ante estas situaciones en las que deben poder elegir”, sentenció la legisladora.
Un repaso por los nombres, de acuerdo a las posturas que algunos tomaron hace dos años y las posiciones que ya se adelantaron.
BUENOS AIRES
Esteban Bullrich (Pro) – En contra
Gladys González (Pro) – A favor
Jorge Taiana (FdT) – A favor
CATAMARCA
Inés Blas (FdT) – En contra
Oscar Castillo (Frente Cívico y Social de Catamarca) – A favor
Dalmacio Mera (FdT) – En contra
CHACO
María Inés Pilatti Vergara (FdT) – A favor
Antonio Rodas (FdT) – En contra
Víctor Zimmermann (UCR) – En contra
CHUBUT
Nancy González (FdT) – A favor
Alfredo Luenzo (FdT) – A favor
Mario Pais (FdT) – A favor
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Martín Lousteau (UCR) – A favor
Mariano Recalde (FdT) – A favor
Guadalupe Tagliaferri (Pro) – A favor
CÓRDOBA
Carlos Caserio (FdT) – A favor
Ernesto Martínez (Pro) – A favor
Laura Rodríguez Machado (Pro) – A favor
CORRIENTES
Ana Almirón (FdT) – A favor
Néstor Braillard Poccard (Pro) – En contra
Carlos “Camau” Espínola (FdT) – En contra
ENTRE RÍOS
Alfredo de Angeli (Pro) – En contra
Edgardo Kueider (FdT) – Indefinido
Stella Maris Olalla (UCR) – Indefinida
FORMOSA
María Teresa González (FdT) – En contra
José Mayans (FdT) – En contra
Luis Naidenoff (UCR) – A favor
JUJUY
Mario Fiad (UCR) – En contra
Silvia Giacoppo (UCR) – En contra
Guillermo Snopek (FdT) – En contra
LA PAMPA
Norma Durango (FdT) – A favor
Daniel Lovera (FdT) – A favor
Juan Carlos Marino (UCR) – En contra
LA RIOJA
Julio Martínez (UCR) – En contra
Carlos Menem (FdT) – En contra
Clara Vega (Mediar Argentina) – En contra
MENDOZA
Julio Cobos (UCR) – En contra
Anabel Fernández Sagasti (FdT) – A favor
Pamela Verasay (UCR) – A favor
MISIONES
Maurice Closs (FdT) – En contra
Humberto Schiavoni (Pro) – A favor
Magdalena Solari Quintana (Misiones) – En contra
NEUQUÉN
Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) – Indefinida
Oscar Parrilli (FdT) – A favor
Silvia Sapag (FdT) – A favor
RÍO NEGRO
Martín Doñate (FdT) – A favor
Silvina García Larraburu (FdT) – En contra
Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) – A favor
SALTA
Nora del Valle Giménez (FdT) – A favor
Sergio “Oso”Leavy (FdT) – En contra
Juan Carlos Romero (Justicialista 8 de octubre) – En contra
SAN JUAN
Roberto Basualdo (Producción y Trabajo) – En contra
Cristina López Valverde (FdT) – En contra
Rubén Uñac (FdT) – En contra
SAN LUIS
María Eugenia Catalfamo (FdT) – A favor
Claudio Poggi (Avanzar San Luis) – En contra
Adolfo Rodríguez Saá (FdT) – En contra
SANTA CRUZ
Eduardo Costa (UCR) – A favor
María Ana Ianni (FdT) – A favor
María Belén Tapia (UCR) – En contra
SANTA FE
Roberto Mirabella (FdT) – A favor
Carlos Reutemann (Santa Fe Federal) – En contra
María de los Ángeles Sacnun (FdT) – A favor
SANTIAGO DEL ESTERO
Claudia Ledesma Abdala de Zamora (FdT) – En contra
Gerardo Montenegro (FdT) – En contra
José Neder (FdT) – En contra
TIERRA DEL FUEGO
Pablo Blanco (UCR) – En contra
María Eugenia Duré (FdT) – A favor
Matías Rodríguez (FdT) – A favor
TUCUMÁN
José Alperovich (FdT) – De licencia
Silvia Elías de Pérez (UCR) – En contra
Beatriz Mirkin (FdT) – A favor
Sin embargo, hay algunos senadores a los que, tanto de un sector como del otro, se los cuenta cambiando su voto.
Con toda la expectativa del Frente de Todos para que el Gobierno se alce con la victoria del proyecto de aborto legal, y cumpla así antes de fin de año una promesa de campaña electoral, el sector “verde” del Senado trabaja intensamente para revertir los números y evitar una segunda caída en esa cámara, sobre todo porque ahora representaría una derrota para la Casa Rosada.
La leve tendencia en contra de la Interrupción Voluntaria del Embarazo sube y baja con el paso de las horas, desde que la media sanción salió de la Cámara de Diputados, pero lo cierto es que también las especulaciones aumentan y los nombres de senadores que podrían cambiar su voto varían cada día.
A uno de los que se los contó dentro de los que revertirían su posición fue al radical Oscar Castillo, quien dijo que el proyecto en este momento es “inoportuno”. Sin embargo, fuentes cercanas al catamarqueño, confirmaron a parlamentario.com que no se abstendrá, sino que mantendrá su postura a favor.
De acuerdo al conteo realizado por este medio, la legalización del aborto reuniría 34 votos en contra y 33 a favor. Hay, además, cuatro que no han revelado su voto y un senador de licencia, el tucumano José Alperovich, que en agosto de 2018 votó en contra, anunciándolo minutos antes del comienzo de aquella sesión y estirando la diferencia por un total de siete votos -fueron 38 en contra, 31 a favor y dos abstenciones-.
Se mantiene en la categoría de “indefinidos” la neuquina Lucila Crexell, que en reiteradas ocasiones ha manifestado estar a favor de la despenalización, pero hace dos años se abstuvo.
También continúan en esa posición, reservando su decisión bajo siete llaves, los entrerrianos Stella Maris Olalla y Edgardo Kueider. A diferencia de la radical, Kueider cuenta con la “presión” singular por ser parte del oficialismo y estar el tema puesto en agenda desde el propio Poder Ejecutivo.
Apareció también dentro de ese grupo el radical Juan Carlos Marino, quien en 2018 se opuso a la ley. Sin embargo, el pampeano se encuentra “estudiando el tema”, según informaron a este medio desde su entorno. Además, ya mantuvo reuniones con militantes de ambos sectores y anunció que no esperará hasta “ultimo momento” para dar a conocer su voto.
Uno de los nombres donde están puestas las miradas es el Silvina García Larraburu -en principio, “celeste”-, rionegrina del Frente de Todos que hace dos años fue la única del bloque K en oponerse.
Días atrás, en declaraciones a medios de su provincia, la legisladora expresó que “sin dudas, hoy tenemos un proyecto totalmente distinto y una situación también muy distinta a la que se planteó hace dos años de mano del macrismo. Así que estamos analizando la letra chica de este proyecto, y definiremos en las próximas semanas”.
Consultada entonces si había cambiado su voto, García Larraburu sostuvo: “No especulo, sino que es un contexto muy distinto al que se dio en su momento en manos del ‘duranbarbismo’, distrayendo la atención, sin priorizar la salud. El debate que instaló en su momento el macrismo fue un debate muy confuso y sin instalar lo que era importante”.
Con el “poroteo” más que ajustado, el escenario en el Senado para el proyecto continúa abierto. A ello se suma que en la sesión prevista para el 29 de diciembre serán clave posibles ausencias o votos que puedan llegar a revertirse de un lado o el otro.
En caso de asistencia perfecta quedará descartada la posibilidad de que Cristina Kirchner desempate, por el número impar de 71 que se da con la licencia de Alperovich. Sea como sea, todos los pronósticos prevén que ninguna de las dos posturas ganará por amplia diferencia.
Las comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud arrancaron con las exposiciones de oradores a favor y en contra de la ley.
Con la participación de 19 abogados y especialistas, el plenario de las comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud del Senado comenzó este martes con las rondas de exposiciones sobre el proyecto de legalización del aborto, con media sanción de Diputados.
El debate continuará durante todo este miércoles y el jueves por la mañana con nuevas ponencias, mientras que por la tarde se firmaría dictamen, con la intención de sesionar el próximo martes 29, en un escenario de votos todavía incierto.
En primer lugar, el decano de la Facultad de Derecho de la UCA, Pablo Garat, consideró que el proyecto “tiene que superar el test de constitucionalidad frente a la Constitución Nacional; el test de convencionalidad ante los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional; y el test de congruencia entre el Código Civil Comercial y el Código Penal”.
“Todo nuestro orden jurídico y constitucional se apoya en un principio: el interés superior del niño. El niño y la niña que aparecen ausentes en el debate. Deben valorarse los derechos de la mujer pero no puede estar ausente esto”, continuó el expositor, en contra del proyecto.
Sobre el argumento que “nos obligarían las recomendaciones u observaciones del Comité de los Derechos del Niño o del Comité de Derechos Humanos”, señaló que “las recomendaciones u observaciones se deben ordenar a algo que es previo, que son las obligaciones que surgen de la propia convención”.
Más adelante, en respuesta a preguntas que le hicieron senadores, Garat ratificó que “ningún tratado obliga a la Argentina a legalizar el derecho al aborto, y muchos menos como Estado federal a imponer a las provincias la práctica”. “Ni siquiera por vía de interpretación. La Argentina no podría hacerlo porque se ha obligado en sentido contrario”, agregó.
Por el contrario, el abogado constitucionalista Ricardo Gil Lavedra aseguró que “no hay ninguna regla constitucional y convencional que obligue a penalizar el aborto temprano”. “Todos los órganos, tanto la Corte Suprema, en el orden interno, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y una enorme cantidad de órganos encargados de aplicar tratados de derechos humanos han establecido que puede despenalizarse el aborto temprano”, apuntó.
El exministro de Justicia remarcó que “el desacuerdo” entre quienes están a favor y en contra de la ley “está sobre los alcances de la palabra vida”. En ese sentido, explicó que quienes se oponen “personifican, humanizan al proyecto de vida que anida el embrión” asemejándolo “con el ya nacido o con una persona” y “esto no es así, el embrión no es una persona ya nacida“.
“El derecho positivo no trata de la misma manera al nacido que al por nacer”, enfatizó y añadió que “la vida que puede haber en un embrión o una semilla requiere un desarrollo para poder crecer, y este desarrollo no es autónomo, depende obviamente del cuerpo de la madre”.
Gil Lavedra expresó que “por supuesto que este proyecto de vida requiere tutela, pero esta no tiene por qué ser penal, criminalizando a una mujer”. Por eso, insistió en que “es una ficción sostener que un embrión es un chico”.
Para el abogado, hay dos creencias sobre si se despenaliza el aborto, una “que los abortos se van a multiplicar, que se van a utilizar como un método anticonceptivo” y la otra “cuál es la función de la mujer, sobre un viejo prejuicio”.
Al hacer referencia a los derechos de la mujer, el radical sostuvo que “no hay bebé si no hay madre, si no hay madre solo hay una persona gestante embarazada”. “La maternidad no puede ser forzada bajo amenazada de pena criminal. La mujer no puede estar obligada a poner su cuerpo para continuar con un embarazo no deseado. La mujer tiene derecho a decidir libremente ser o no ser madre”, argumentó.
Finalmente, Gil Lavedra afirmó que “estamos frente a un proceso irreversible, indetenible” y “la recuperación de los derechos plenos de la mujer es un signo de los tiempos y esto va a suceder”. “Si no sale ahora, vamos a volver a estar acá, en la próxima renovación, pero lo que ocurre es que de 2018 a 2020 hubo abortos clandestinos, murieron mujeres por abortos clandestinos, y si esta ley no sale ahora van a seguir muriendo las mujeres”, completó.
A su turno, la abogada Úrsula Cristina Basset, especialista en derecho de familia, aseveró que “nuestra Constitución explícitamente, sin lugar a dudas, protege la vida desde la concepción y obliga al Estado a proteger literalmente, no a un proyecto de vida, sino al niño durante el embarazo”.
“Nos vienen a hablar de afuera y nos dicen como tenemos que legislar en nuestro país, de México, de Uruguay, de Chile, representando a organizaciones internacionales”, cuestionó, al tiempo que se preguntó: “¿Por qué no se le ofrecen opciones a la mujer que cursa un embarazo y tiene temor de no poder criar a ese niño en ese momento de su vida o de no poder educarlo?”.
Al relatar el testimonio de una mujer “humilde que fue a practicarse un aborto de su quinto hijo” en una provincia con protocolo ILE, Basset reveló que ante su consulta si podía dar en adopción al bebé, le respondieron que “imposible, o aborta o según las leyes argentinas tendrá que criarlo o será abandono de hijo”. Por ello, lamentó que “esta ley da derecho a abortar, no a decidir”.
“El derecho al aborto que crea este proyecto es radical, criminaliza a los médicos…tanto que nos dijeron que la criminalización no sirve”, siguió la abogada, y criticó que “obliga a toda la sociedad a pagar el derecho a abortar de cualquier mujer, no solo de la desesperada, de la que fue violada”.
Por su parte, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez negó que exista incompatibilidad con la Convención de los Derechos del Niño. Recordó que cuando Argentina ratificó la Convención “realizó una reserva y tres declaraciones interpretativas”.
En este punto, precisó que por una reserva, un Estado “con respecto a algunos de los artículos queda obligado o desvinculado jurídicamente de los otros Estados y no podrá ser demandado por incumplimiento”; mientras que por las declaraciones interpretativas “un Estado realiza una opción interpretativa entre varias, respecto a alguna de las normas de un tratado”.
Pero “en lo que no hay ningún tipo de diferencia entre ambas” es que “no pueden ser contrarias al objeto y fin del tratado”, algo que lo establece “la textualidad y los órganos que los interpretan y aplican”, dijo. Bajo esa postura, Gil Domínguez subrayó que el Comité de los Derechos del Niño “le ha dicho a Argentina” en 2010, 2016 y 2018, mediante informes, cuestiones relativas al “derecho que tienen las mujeres y las personas gestantes de interrumpir su embarazo”.
“(El Comité) le ha dicho que debe adoptar medidas urgentes para reducir la mortalidad materna relacionadas con el aborto; que debe revisar su legislación sobre el aborto, incluyendo su legislación penal; que debe garantizar el acceso al aborto de adolescentes sin riesgo“, enumeró el abogado.
Y reiteró: “No solamente no es incompatible (con el proyecto), sino que implica un cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado”.
Con un mensaje directo al peronismo, la magíster en Ciencias Políticas María Florencia Álvarez Travieso lanzó que “poner a la Argentina de pie es gobernar junto al pueblo, no desde arriba ni desde abajo. Acompañando, antes que imponiendo”. “Es salvar la mayor cantidad de vidas, como lo expresaron los gobernadores en octubre pasado”, manifestó y opinó que también es “concretar nuestra doctrina defendiendo a los más vulnerables entre los vulnerables”.
Para la expositora, “los pobres, los excluidos, los descartables son opciones de vida y vida digna, no proyectos de descarte”. “Todos los presidentes justicialistas comprendieron el valor singular de cada argentino”, ponderó y mencionó que con la reforma de la Constitución “(Carlos) Menem resguardó el valor de la vida desde la concepción”.
En tanto, “Néstor Kirchner afirmó que siempre fue claro su rechazo al aborto cuando su ministro de Salud, Ginés González García, intentó imponer el debate que hoy estamos manteniendo” y “Cristina Fernández de Kirchner fue más lejos: incorporó el artículo 19 al Código Civil que protege la vida desde la concepción; otorgó el derecho a reclamar alimentos y filiación; y con la Asignación Universal por Embarazo equiparó plenamente los derechos de los niños por nacer a los ya nacidos”.
“Durante los gobiernos peronistas la ampliación de derechos de los niños por nacer fue constante y progresiva, y fue en equilibrio con los derechos de la madre”, remarcó la especialista en políticas públicas de infancia.
Además, le pidió a los dirigentes peronistas que “escuchen, se tomen el tiempo de acercarse, no las invisibilicen” a las mujeres de los barrios vulnerables en cada provincia, para quienes “la muerte no es la última palabra de la historia”. “No permitamos que un proyecto de descarte arranque de cuaje nuestra identidad. Los argentinos no somos objetos para descartar. Este debate parte al medio la unidad de nuestro pueblo”, concluyó.
Otra de las expositoras a favor de la ley fue Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, quien mencionó que “la estrategia de la criminalización es incompatible con la libertad de las mujeres” y “el derecho penal no puede modificar la voluntad de decidir sobre el propios cuerpo. No podría hacerlo, no lo hizo a lo largo de 100 años de criminalización, no lo hará nunca”.
“Hoy con esta política el Estado persigue y desampara, este es el verdadero proyecto de descarte”, consideró y aseguró que “la política de criminalización lo único que hace es reforzar y profundizar las desigualdades de género y sociales”.
De acuerdo a una investigación, realizada sobre 13 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, “entre 2012 y hoy se iniciaron 1.388 causas por abortos y 33 eventos obstétricos fueron criminalizados”, detalló. Asimismo, informó que “las mujeres alcanzadas por el derecho penal todas pertenecen a sectores sociales vulneralizados”.
“Si bien la amenaza existe para todas, únicamente se castiga a quienes carecen de recursos materiales para acceder a un aborto seguro y defenderse en la Justicia”, enfatizó.
También expusieron por la mañana Gala Díaz Langou, directora de Protección Social en CIPPEC; María Elena Critto, socióloga especialista en temas de salud; Alberto Bianchi, abogado penalista; y Luciana Sánchez, abogada penalista del caso Diana Sacayán.
El primer expositor del segundo tramo fue Edgardo Young, miembro de la Academia Nacional de Medicina y especialista en fertilización asistida.
“Se ha difundido mucho que la salud de la mujer corre riesgos, pero se debe tener en cuenta que la salud se debe comprender en un todo, no solo la física sino la psíquica, que seguramente es la más dañada por un aborto, porque el daño físico no es tanto como el que se declama, pero en el daño psíquico, la mujer arrastra durante toda su vida haber eliminado una vida”, sostuvo Young.
Consideró que “la vida empieza desde la fertilización, o sea, la unión del óvulo y el espermatozoide”, y “no es persona todavía, pero es una persona en potencia, y como tal debe tener el mismo valor que una persona con algún tiempo de desarrollo”.
Luego fue el turno de Aída Kemelmajer de Carlucci, doctora en Derecho de la Universidad de Mendoza y miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencia de Buenos Aires y de Córdoba.
“El derecho, a diferencia de la biología, tiene en su base casi un presupuesto, que es la noción de conflicto. Los derechos entran en conflicto unos con otros, por eso la regla es que no hay derechos absolutos, porque tienen restricciones cuando entran en conflicto entre sí”, explicó.
La jurista puntualizó que “hay una norma que dice que la vida se protege desde la concepción, pero al mismo tiempo hay otros principios jurídicos que sostienen el derecho de toda persona a no ser instrumentalizada, a llevar adelante su propio proyecto de vida. Esto se llama autonomía”.
Por eso, observó que “la función del legislador es resolver este conflicto entre la autonomía, la vida y la salud de la persona gestante y la vida del feto, y tener en cuenta que ninguno de los dos derechos es absoluto”.
Alfredo Vitolo, abogado constitucionalista y profesor adjunto de la UBA, se pronunció contra la legalización y advirtió que “el proyecto se asienta sobre premisas falsas y violenta el orden jurídico argentino”. “El derecho internacional no exige a nuestro país ni a ningún otro que reconozca el derecho al aborto”, dijo, y agregó que del mismo modo “ningún tratado reconoce” ese derecho.
Por su parte, la abogada feminista Melisa García opinó que “que el aborto sea legal no solo responde a una deuda de la democracia y la eliminación de la desigualdad histórica de clase”, sino que además “no han disminuido los abortos clandestinos por su punibilidad”.
“Suponer que las mujeres y personas gestantes saldrían corriendo a realizar esta práctica es estigmatizarlas nuevamente y perder de vista que el debate ronda en la clandestinidad del aborto”, planteó.
A su turno, Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA, sostuvo que “el punto de debate es la decisión de incorporar un plazo inicial de 14 semanas dentro del cual las mujeres no necesitarán someter sus razones al escrutinio del sistema de salud. En esas 14 semanas, las razones son suyas, son nuestras, privadas, individuales, íntimas”.
También se refirió a ese aspecto -pero pronunciándose en contra- María Inés Franck, del Centro de Bioética, Persona y Familia, quien dijo que “hasta la semana 14 no estamos hablando ni de la salud de la mujer ni de la necesidad de ninguna otra causal o posible conflicto de derechos de igual jerarquía, sino que hasta la semana 14 se podría tratar de la pura y simple voluntad de abortar, de la autonomía absolutizada de la mujer”.
Del plenario de comisiones también participaron, en el segundo turno, Débora Rainieri, abogada e investigadora UCA-UBA; la antropóloga y escritora mexicana Marta Lamas Encabo; el abogado Santiago Alfonso; y Alejandro Osio, docente e investigador de la Universidad de La Pampa.
El ministro de Salud también destacó que reduce la mortalidad y morbilidad materna y “aumenta la vida de las mujeres”. Al igual que su exposición en la Cámara de Diputados, el funcionario hizo énfasis en la “justicia social”.
Al defender la iniciativa de aborto legal en el Senado, el ministro de Salud, Ginés González García, sostuvo que el proyecto “no está hecho en contra de nadie, sino a favor de un grupo social que está sufriendo en Argentina”.
“El proyecto para mí gusto es un proyecto que ha tenido en cuenta la experiencia mundial”, dijo el funcionario, y destacó que a su parecer es “extraordinario” porque “baja la mortalidad materna, baja la morbilidad materna y aumenta la vida de las mujeres”.
Al igual que en su exposición en la Cámara de Diputados, el titular de la cartera de Salud habló de los “ejes” de “prevención, justicia social y salud pública”. Defendió que hay “evidencia mundial de países” que hace “muchos años” tienen ley de aborto y han registrado un “efecto inmediato sobre la mortalidad materna, la morbilidad y los ingresos hospitalarios como consecuencia de abortos inseguros”.
González García recordó que en el año 2002 se sancionó la Ley 25.673, de Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y “en aquellos años el debate fue parecido”.
“Estamos intentando hace muchos años disminuir los embarazos no deseados”, señaló y mencionó la implementación de distintos programas que hay al respecto. Sin embargo, “el 80% de los embarazos en adolescentes son embarazos no intencionales”.
“En el día de hoy están sucediendo mil abortos en Argentina y 100 internaciones solo en los hospitales públicos, producto de complicaciones en aborto”, aseguró y diferenció que “esto sucede, pero no sucede igual en todas: hoy una mujer argentina que tiene educación, tiene dinero, estructura, sistema, familia, en realidad en gran parte está accediendo a una innovación tecnológica, que es una droga, un medicamento”.
En ese sentido, el ministro afirmó que “si una mujer tiene hoy entre 6.800 pesos y 10 mil pesos” puede “acceder al misoprostol y es ambulatorio, con alguna consejería de un médico”. Mientras que “hay otro sector social, que son las vulnerables, y si bien la ley es para todas, tiene que ver específicamente con mejorar desde un aspecto de equidad”.
Entonces, el funcionario defendió que la ley apunta a quienes “no tienen ni el dinero, ni la educación, ni la consejería, ni la familia, ni el entorno”.
El catamarqueño del Frente de Todos Dalmacio Mera cuestionó que la comisión cabecera sea la Banca de la Mujer, y anunció que envió una nota a Presidencia. También se quejó el radical Mario Fiad, presidente de la Comisión de Salud.
El debate del proyecto de aborto legal arrancó con polémica en el Senado, donde al comienzo del primer plenario, se planteó un contrapunto sobre el giro a comisiones que tuvo la iniciativa por parte de la presidenta del cuerpo, Cristina Kirchner.
El reclamo vino nada más y nada menos que desde el propio Frente de Todos, en la voz del catamarqueño Dalmacio Mera -que figura entre los “celestes”-, quien reveló que envió una nota a la Presidencia reclamando por “el hecho de que la cabecera sea la Banca de la Mujer” y “por la omisión” de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
El senador señaló que desde hace “muchos años”, el feminismo ha luchado “para terminar con estereotipos de género y tantas conductas y ciertos patrones. Y, sumado a la realidad del tema que estamos tratando, tantos años mujeres han sido violentadas, muertas, se han tenido que ir de viaje más de un año para ocultar su embarazo, con una sociedad que le cargaba sobre los hombros y la espalda de la mujer toda la responsabilidad”.
En ese sentido, Mera señaló que los tratados internacionales hablan de la “no discriminación e igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres” y que ambos tienen los “mismos derechos y responsabilidades como progenitores”.
Por eso, consideró que “el hecho de que la cabecera sea la Banca de la Mujer lo que hace es desresponsabilizar al varón de una situación tan delicada como la que estamos tratando y que tiene tantos años de lucha para que el varón se haga cargo como co-responsable de esta situación, más allá del voto final que tenga esto, salga como salga”.
El catamarqueño dijo entonces que “no” le parecía “un acierto” y “simbólicamente, un mensaje equivocado”. Pero además, el oficialista apuntó que hay “una omisión no pertinente” como es la de la Comisión de Asuntos Constitucionales -que él presidió en 2018 cuando el proyecto de IVE pasó por allí-, cuando el artículo 3 de la iniciativa “en su totalidad habla del marco constitucional”.
Recogió el guante su compañera de bloque, la santafesina María de los Ángeles Sacnun, quien disintió con Mera. “En la Banca de la Mujer, si bien la integramos absolutamente todas las senadoras, en muchas oportunidades hemos tenido la presencia de senadores varones”, defendió.
La oficialista aseguró que esa comisión tiene “una perspectiva de absolutamente todas las políticas de Estado”, aunque admitió que en un futuro sería necesario “una reforma del reglamento, donde le demos no solamente otro nombre sino también otra composición”.
Sacnun calificó de “sumamente acertado que la Presidencia le haya dado la cabecera a la Banca de la Mujer” y, como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, agregó: “La perspectiva constitucional de los proyectos a los que le vamos a dar tratamiento va a estar inserta en el dictamen”.
Por su parte, el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales respaldó que “ha sido acertada la decisión”, porque “obviamente (la Banca de la Mujer) tiene mucho que ver con este tema que estamos tratando”. “Lo más importante no es en definitiva quién es cabecera o quién no es cabecera, porque todos los senadores vamos a participar”, señaló.
El kirchnerista, a favor del proyecto al igual que Sacnun, opinó además que “si una comisión es cabecera o si participa o no participa, no va a tener influencia en el resultado general, ni en el debate”.
Finalmente, antes de dar paso a la presentación de los funcionarios, el presidente de la Comisión de Salud, el radical Mario Fiad, remarcó: “Estamos reeditando un debate sobre un tema de enorme complejidad. La calle, la gente nos está mostrando que aquí no hay una sola mirada, que son múltiples y diversas las miradas y tenemos la responsabilidad de abordar este tema privilegiando el debate, los intercambios de opinión y no el apuro por sacar una ley”.
El jujeño, que se opone a la iniciativa, subrayó que “quienes están de acuerdo con la media sanción ponen siempre el argumento de la salud pública”. “Escuchamos que se dice que tiene que aprobarse el proyecto porque la salud es un derecho humano fundamental. Y comparto, la salud es un derecho humano fundamental, por supuesto. Pero la vida también es el principal derecho humano fundamental”, continuó.
Por ello, se quejó que “los giros de este proyecto nos muestran que la salud pública no es la primera de las razones por las cuales ponen en valor a esta media sanción”. En ese sentido, reclamó que Salud “debería haber sido la presidencia de cabecera como lo fue en 2018, y aquí somos tercer giro”.
“Los insto a un debate respetuoso, fundamentalmente permitiéndonos escuchar, y no pensando que termine rápido el expositor para pasar al próximo tema”, recomendó y completó: “Hay muchos derechos comprometidos, escuchémonos de verdad con apertura, buena predisposición, démonos el tiempo suficiente en la responsabilidad que tenemos como senadores”.
Más tarde, la tucumana radical Silvia Elías de Pérez, acérrima opositora al proyecto, aseveró que “no se trata de poner la comisión donde veamos que tenemos los números para dictaminar y en los tiempos que quieran”.
Por el contrario, la oficialista Beatriz Mirkin, también senadora por Tucumán pero a favor de la legalización del aborto, dijo estar “sumamente agradecida que la cabecera de este debate de comisiones esté en cabeza de la Banca de la Mujer”.
“La vez pasada dejaron a las mujeres sin participación en el debate, cuando somos las mujeres, todas las mujeres del Senado, las que participamos, aunque algunas no participen casi nunca, entonces plantean que lo llevemos a muchas comisiones para que (la ley) no salga nunca”, añadió.
En 2018, cuando el proyecto fue rechazado, fue girado a las comisiones de Salud, como cabecera; a Justicia y Asuntos Penales y a Asuntos Constitucionales. La exvicepresidenta Gabriela Michetti había incluido a Presupuesto y Hacienda, pero tras polémica y reclamos, se terminó eliminando ese giro.
Los puntos principales de la iniciativa sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo sobre el que ahora deberán decidir los senadores.
El proyecto de despenalización y legalización del aborto se aprobó el 11 de diciembre en la Cámara de Diputados. A continuación, los puntos principales:
Los diputados por la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe votaron en su mayoría a favor del proyecto. Los votos negativos predominaron entre los legisladores de Córdoba. Todos los rionegrinos votaron positivamente y todos los formoseños, negativamente.
La votación del proyecto de legalización del aborto en la Cámara de Diputados, que recibió 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones, fue dividida entre los representantes de las distintas provincias.
Según un punteo realizado por parlamentario.com, los diputados por la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe votaron positivamente la iniciativa en su mayoría. Por el contrario, en otro distrito que está entre los que más bancas tiene, como es Córdoba, predominaron los votos negativos.
Todos los legisladores de Río Negro acompañaron el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, mientras que todos los diputados de Formosa se opusieron.
Hubo, también, seis provincias en las que el proyecto cosechó un solo voto a favor: Chaco, Corrientes, La Rioja, San Juan y Santiago del Estero.
Buenos Aires (70 bancas)
50 votos a favor, 17 en contra, 1 abstención, 1 ausente (José Ignacio De Mendiguren, de licencia)*
Catamarca (5 bancas)
2 votos a favor, 3 en contra
Chaco (7 bancas)
1 voto a favor, 6 en contra
Chubut (5 bancas)
3 votos a favor, 2 en contra
Ciudad de Buenos Aires (25 bancas)
15 votos a favor, 8 en contra, 2 abstenciones
Córdoba (18 bancas)
5 a favor, 13 en contra
Corrientes (7 bancas)
1 voto a favor, 6 en contra
Entre Ríos (9 bancas)
6 a favor, 3 en contra
Formosa (5 bancas)
5 votos en contra
Jujuy (6 bancas)
2 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención
La Pampa (5 bancas)
3 votos a favor, 2 en contra
La Rioja (5 bancas)
1 a favor, 4 en contra
Mendoza (10 bancas)
4 a favor, 5 en contra, 1 abstención
Misiones (7 bancas)
2 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención
Neuquén (5 bancas)
2 votos a favor, 3 en contra
Río Negro (5 bancas)
5 votos a favor
Salta (7 bancas)
3 votos a favor, 4 en contra
San Juan (6 bancas)
1 voto a favor, 4 en contra y 1 ausente (Eduardo Cáceres, de licencia)
San Luis (5 bancas)
3 votos a favor, 2 en contra
Santa Cruz (5 bancas)
3 votos a favor, 2 en contra
Santa Fe (19 bancas)
11 votos a favor, 8 en contra
Santiago del Estero (7 bancas)
1 voto a favor, 6 en contra
Tierra del Fuego (5 bancas)
3 votos a favor, 2 en contra
Tucumán (9 votos)
4 votos a favor, 5 en contra
*No se incluyó a Sergio Massa, presidente de la Cámara, que no vota.
En el oficialismo, 82 diputados votaron a favor de la iniciativa impulsada por el Gobierno. Por el contrario, el bloque que más votos negativos registró fue el Pro, con 40. La mayoría del Interbloque Federal se opuso, al igual que el interbloque Unidad Federal para de Desarrollo.
Por Melisa Jofré
Con el impulso dado por el presidente Alberto Fernández, sumado al envío del proyecto por parte del mismo Poder Ejecutivo, la iniciativa de aborto legal cosechó la mayor cantidad de votos desde el bloque Frente de Todos.
Bien se sabe que, sin embargo, el tema es transversal a todos los espacios políticos y, por supuesto, hubo legisladores oficialistas que rechazaron la media sanción. Pero es cierto también que con la renovación parlamentaria del año pasado se incrementó la cantidad de diputados “verdes”.
En la votación de este viernes, el Frente de Todos, con un total de 119 integrantes, aportó 82 votos positivos de los 131 que reunió en total el proyecto. En tanto, fueron 32 los votos negativos, entre ellos los del porteño Eduardo Valdés y el chaqueño Aldo Leiva, quienes aclararon que votaban a favor de los artículos referidos a la despenalización.
Por otra parte, hubo 3 diputados oficialistas que se abstuvieron: el misionero Héctor “Cacho” Bárbaro; el jujeño Julio Ferreyra, quien reveló haber recibido amenazas contra su hija; y la bonaerense Romina Uhrig. El único que figuró ausente fue José Ignacio De Mendiguren -de licencia-.
El bloque que más votos negativos aportó fue el Pro: 40 diputados del bloque conducido por Cristian Ritondo -en contra- rechazaron la iniciativa, mientras que sólo 11 la acompañaron. La única abstención fue del porteño José Luis Patiño, quien reemplazó el año pasado a Elisa Carrió.
En el caso de la Unión Cívica Radical, la balanza fue un poco más pareja, ya que 27 miembros de esa bancada apoyaron la media sanción, y unos 18 se opusieron. Es decir, la diferencia fue de 9 legisladores. También hubo una abstención en este bloque, fue la del radical Alfredo Cornejo.
Tras la aprobación, el exgobernador de Mendoza y titular de la UCR Nacional difundió un comunicado en el que argumentó que “esta discusión es oportunista” y dijo que “imponer ciertos temas en la agenda mediática, a la fuerza, resulta más que conveniente como cortina de humo cuando no se está cumpliendo con el mandato que se tiene para gobernar”.
“Creo que esta discusión debe ser tratada con una participación de la sociedad mucho más amplia. Eso se logrará, desde mi punto de vista, con la realización de una consulta popular, a partir de la cual cada ciudadano pueda expresar su opinión”, expresó.
También reinó el rechazo en el bloque de la Coalición Cívica, dentro el cual 4 diputados votaron a favor y 9 en contra. Además, la porteña Mariana Zuvic, que llegó a la sesión sin revelar su voto, optó por la abstención.
De esta manera, de los 115 miembros del interbloque Juntos por el Cambio, 69 se expresaron en contra, 42 a favor, hubo tres abstenciones y una sola ausencia, de Eduardo Cáceres (Pro), a quien se le aprobó la licencia cuando comenzó la sesión el jueves. Días atrás, el sanjuanino fue denunciado por violencia de género por su expareja.
En el caso del Interbloque Federal, sólo 3 de los 11 miembros votaron positivamente el proyecto, entre ellos el titular de la bancada, Eduardo “Bali” Bucca. De los otros 8 miembros que lo hicieron negativamente, la diputada Graciela Camaño fue la encargada de protagonizar el tramo final de los discursos con un fuerte mensaje en contra.
Por el lado del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, sólo 2 acompañaron la iniciativa: el rionegrino Luis Di Giacomo y la misionera Flavia Morales, que cambió su voto respecto a 2018, cuando fue el primer debate. Los restantes 4 miembros, incluido el titular del interbloque, José Luis Ramón, rechazaron la propuesta.
A favor también registraron su voto los diputados del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano, quien asumió horas antes en reemplazo de Romina Del Plá.
En contra completan la lista el riojano Felipe Álvarez y el santacruceño Antonio Carambia (Acción Federal); la tucumana Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social) y la neuquina Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino).
La votación del proyecto en la madrugada de este viernes mostró el cambio de postura de legisladores que ya habían participado del debate hace dos años.
Por Carolina Ramos
Entre las sorpresas que dejó la votación del aborto legal en la mañana de este viernes, cinco diputadas y un diputado que en 2018 se habían pronunciado de una manera, en esta oportunidad lo hicieron de otra. Algunos fundamentaron su cambio de postura en el debate y otros, simplemente, se llamaron a silencio.
¿Quiénes pasaron de “verdes” a “celestes”? Fueron en total tres mujeres y un hombre: Sofía Brambilla (Pro-Corrientes), Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz), Aída Ayala (UCR-Chaco) y Héctor “Tito” Stefani (Pro-Tierra del Fuego).
A diferencia de los casos de Brambilla y Ayala, quienes ya habían adelantado su decisión en los días previos a la sesión, llamó la atención el giro de Reyes, quien no participó del debate por una tragedia familiar reciente -sufrió la pérdida de uno de sus hijos- y tuvo que pedir autorización a la Cámara para poder votar.
Por su parte, el fueguino Stefani habló cerca de las 23.30. “¿Quién tiene la potestad de decidir cuándo empieza y cuándo termina la vida?”, se preguntó, y agregó: “El aborto es un tema que polariza a la sociedad. Los argentinos no aprendemos a trabajar entre antagónicos de manera complementaria”.
“Tratar este tema sin un debate profundo, en extraordinarias y en una sesión exprés, algo dice. No habla de seguir profundizando sobre el tema para encontrar una solución” para “salvar las dos vidas”, consideró.
A la inversa, hubo un solo voto negativo que se transformó en afirmativo, el de Flavia Morales (Frente de la Concordia-Misiones), ahora la única “verde” de su bloque, ya que sus pares Ricardo Wellbach y Diego Sartori se opusieron al proyecto.
“Desde la votación de 2018 he reflexionado, he analizado. La penalización no logra evitar que muchas mujeres realicen esta práctica, y más aún en la clandestinidad. En efecto, la intervención del Estado, en este momento, es fundamental”, aseguró Morales.
Y añadió: “No se trata de lo que yo piense, sino de lo que está pasando allá afuera, y estas prácticas clandestinas están ocurriendo aun en pandemia. He entendido que tenemos que optar entre la existencia de una regulación u optar por que las cosas sigan de la misma manera”.
Por último, Alejandra Vigo, de Córdoba Federal, pasó de ser la única abstención en 2018 a votar esta vez en contra, y si bien se expresó a favor de la despenalización, negó que el aborto sea un “derecho”.
“El aborto no es el ejercicio del derecho de la mujer sobre su cuerpo”, subrayó, y tras reiterar que “hacer libre el aborto en cualquier situación no es la respuesta”, concluyó: “Las mujeres ponemos el cuerpo y el alma, pero las palabras ‘aborto’ y ‘libertad’ no van bien en la misma frase”.
La media sanción obtuvo 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones. A continuación, parlamentario.com detalla todos los nombres.
131 VOTOS A FAVOR
Frente de Todos (82 votos)
Hilda Clelia Aguirre, Juan Carlos Alderete, María Cristina Alvarez Rodríguez, Alicia Aparicio, Alejandro Bermejo, Claudia Bernazza, Lisandro Bormioli, Mara Brawer, Esteban Mateo Bogdanich, María Cristina Britez, Lía Verónica Caliva, Guillermo Carnaghi, Mabel Luisa Caparrós, Nilda Mabel Carrizo, Pablo Carro, Marcelo Pablo Casaretto, Gabriela Cerruti, Carlos Aníbal Cisneros, Marcos Cleri, Lucia Benigna Corpacci, Walter Correa, Ricardo Daniel Daives, Melina Aída Delú, Gabriela Beatriz Estévez, Federico Fagioli, Eduardo Fernández, Alcira Figueroa, Ana Carolina Gaillard, Lucas Javier Godoy, Josefina Victoria González, Pablo Gerardo González, Leonardo Grosso, Francisco Guevara, Ramiro Gutiérrez, Itaí Hagman, Carlos Salomón Heller, Estela Hernández, Santiago Nicolás Igón, Máximo Carlos Kirchner, Marcelo Koenig, Florencia Lampreabe, Susana Graciela Landriscini, Mario Leito, Jimena López, Dante Edgardo López Rodríguez, Mónica Macha, Germán Pedro Martínez, María Rosa Martínez, Gisela Marziotta, María Lucila Masin, María Carolina Moisés, Cecilia Moreau, Leopoldo Raúl Guido Moreau, Patricia Mounier, Juan Facundo Moyano, Alejandra del Huerto Obeid, Claudia Beatriz Ormachea, Blanca Inés Osuna, Paula Andrea Penacca, Hernán Pérez Araujo, Carlos Ybrhain Ponce, Ariel Rauschenberger, Nicolás Rodríguez Saá, José Arnaldo Ruiz Aragón, Laura Russo, María Liliana Schwindt, Magdalena Sierra, Vanesa Siley, Martín Soria, Ayelén Spósito, Luis Rodolfo Tailhade, Mirta Tundis, Marisa Lourdes Uceda, Fernanda Vallejos, Juan Benedicto Vázquez, Paola Vessvessian, Daniela Marina Vilar, Carlos Alberto Vivero, Hugo Yasky, Pablo Raúl Yedlin, Liliana Patricia Yambrun y Carolina Yutrovic
Interbloque Juntos por el Cambio (42 votos)
Pro (11)
Adriana Cáceres, Camila Crescimbeni, Federico Frigerio, Alejandro García, Sebastián García De Luca, Fernando Adolfo Iglesias, María de las Mercedes Joury, Silvia Gabriela Lospennato, María Graciela Ocaña, María Luján Rey y Waldo Ezequiel Wolff.
Unión Cívica Radical (27)
Brenda Lis Austin, Karina Banfi, Miguel Angel Bazze, Atilio Francisco Salvador Benedetti, Alejandro Cacace, Albor Angel Cantard, Ana Carla Carrizo, Alvaro Héctor De Lamadrid, Gonzalo Pedro Antonio Del Cerro, Carlos Alberto Fernández, Ximena García, Jorge Enrique Lacoste, Jimena Latorre, Gabriela Lena, Juan Martín, Dolores Martínez, Lorena Matzen, Josefina Mendoza, Gustavo Menna, Claudia Najul, Mario Raúl Negri, Fabio José Quetglas, José Luis Riccardo, Jorge Rizzotti, Sebastián Nicolás Salvador, Facundo Suárez Lastra y Emiliano Benjamin Yacobitti.
Coalición Cívica-ARI (4)
Maximiliano Ferraro, Mónica Edith Frade, Juan Manuel López y Mariana Stilman.
Interbloque Federal (3 votos)
Justicialista (1)
Eduardo “ Bali” Bucca.
Consenso Federal (1)
Jorge Sarghini.
Socialista (1)
Enrique Estévez.
Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo (2 votos)
Frente de la Concordia Misionero (1)
Flavia Morales.
Juntos Somos Río Negro (1)
Luis Di Giacomo.
Frente de Izquierda (2 votos)
Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano.
117 VOTOS EN CONTRA
Frente de Todos (32 votos)
Norma Amanda Abdala de Matarazzo, Walberto Enrique Allende, Karim Augusto Alume Sbodio, Rosana Andrea Bertone, Daniel Agustín Brue, Sergio Guillermo Casas, Graciela María Caselles, Mayda Cresto, Nelly Ramona Daldovo, Omar Chafi Félix, Héctor Fernández, Gustavo Ramiro Fernández Patri, Danilo Adrián Flores, Silvana Micaela Ginocchio, José Luis Gioja, Bernardo José Herrera, Aldo Adolfo Leiva, José Luis Martiarena, Vanesa Laura Massetani, Gladys Medina, María Luisa Montoto, Juan Mosqueda, Rosa Rosario Muñoz, Graciela Navarro, Estela Mary Neder, María Graciela Parola, Elda Pertile, Jorge Antonio Romero, Victoria Rosso, Nancy Sand, Carlos Américo Selva y Eduardo Félix Valdés.
Interbloque Juntos por el Cambio (69 votos)
Pro (40 votos)
Juan Aicega, Domingo Luis Amaya, Federico Angelini, Alberto Emilio Asseff, Héctor Baldassi, Hernán Berisso, Sofia Brambilla, Virginia Cornejo, Omar Bruno De Marchi, Soher El Sukaria, Jorge Ricardo Enríquez, Ezequiel Fernández Langan, Alicia Fregonese, Gabriel Alberto Frizza, Alvaro Gustavo González, Martin Grande, Gustavo René Hein, Ingrid Jetter, Luis Alfredo Juez, Luciano Andrés Laspina, Martín Maquieyra, Martín Nicolás Medina, Osmar Antonio Monaldi, Victoria Morales Gorleri, José Carlos Núñez, María Carla Piccolomini, Carmen Polledo, Dina Rezinovsky, Cristian Adrián Ritondo, Adriana Noemí Ruarte, Julio Enrique Sahad, Francisco Sánchez, Gisela Scaglia, Alfredo Oscar Schiavoni, David Pablo Schlereth, Héctor Antonio Stefani, Ignacio Agustin Torres, Pablo Gabriel Tonelli, Pablo Torello y Natalia Soledad Villa.
UCR (18)
Mario Horacio Arce, Lidia Inés Ascarate, Aída Beatriz Máxima Ayala, Martín Antonio Berhongaray, Gerardo Cipolini, Ricardo Buryaile, José Manuel Cano, María Soledad Carrizo, María Gabriela Burgos, Diego Matías Mestre, Miguel Nanni, Luis Mario Pastori, Luis Alfonso Petri, Estela Mercedes Regidor Belledone, Roxana Nahir Reyes, Víctor Hugo Romero, Jorge Vara y Federico Raúl Zamarbide.
Coalición Cívica-ARI (9)
Marcela Campagnoli, Javier Campos, Laura Carolina Castets, Héctor Flores, María Lucila Lehmann, Rubén Manzi, Leonor María Martínez Villada, Paula Mariana Oliveto Lago y Alicia Terada.
Producción y Trabajo (1)
Humberto Marcelo Orrego.
Frente Cívico y Social de Catamarca (1)
Eduardo Brizuela del Moral.
Interbloque Federal (8 votos)
Córdoba Federal (4)
Paulo Cassinerio, Carlos Gutiérrez, Claudia Márquez y Alejandra Vigo.
Consenso Federal (2)
Graciela Camaño y Alejandro “Topo” Rodríguez.
Justicialista (1)
Andrés Zottos.
Frente Progresista Cívico y Social (1)
Luis Contigiani.
Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo (4 votos)
Unidad y Equidad Federal (2)
Pablo Miguel Ansaloni y José Luis Ramón.
Frente de la Concordia Misionero (2)
Diego Horacio Sartori y Ricardo Wellbach.
Acción Federal (2 votos)
Felipe Álvarez y Antonio José Carambia.
Partido por la Justicia Social (1 voto)
Beatriz Ávila.
Movimiento Popular Neuquino (1 voto)
Alma Sapag.
6 ABSTENCIONES
Frente de Todos (3 votos)
Héctor “Cacho” Bárbaro, Julio Ferreyra y Romina Uhrig.
Interbloque Juntos por el Cambio (3 votos)
Pro (1)
José Luis Patiño.
Unión Cívica Radical (1)
Alfredo Cornejo.
Coalición Cívica (1)
Mariana Zuvic.
2 AUSENTES (con licencia)
José Ignacio De Mendiguren (Frente de Todos) y Eduardo Cáceres (Pro).
El proyecto recibió 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones, tras un debate de 20 horas y media, mucho más sereno que el de 2018. La Cámara alta tendrá el veredicto final.
Por Carolina Ramos
El proyecto de despenalización y legalización del aborto volvió a quedar a tan solo un paso de ser convertido en ley. Con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa y ahora el Senado tendrá la última palabra, con expectativa de una votación antes de fin de año y un pronóstico verdaderamente abierto.
La votación se produjo a las 7.30, al cabo de un debate de 20 horas y media que levantó temperatura recién al final, con los discursos de cierre. A nivel general, la sesión transcurrió en calma y estuvo muy lejos del clima beligerante que dominó hace dos años, cuando la discusión atravesó por primera vez las puertas del Congreso.
A diferencia de aquel momento, la postura a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo llegó con ventaja numérica y el impulso del presidente Alberto Fernández, que este jueves celebró un año de gestión y cumplió su promesa de enviar el proyecto.
De todos modos, los votos a favor casi no aumentaron con respecto a 2018, cuando la aprobación fue por 129 a 125. Aunque esta vez sí se amplió la diferencia -fue de 14 votos- y sobresalió una mayor cantidad de abstenciones que facilitaron la media sanción, ya que hicieron reducir la base de cálculo para la mayoría.
Las seis abstenciones fueron de Héctor “Cacho” Bárbaro (Frente de Todos-Misiones), Alfredo Cornejo (UCR-Mendoza), Daniel Ferreyra (Frente de Todos-Jujuy), José Luis Patiño (PRO-CABA), Romina Uhrig (Frente de Todos-Buenos Aires) y Mariana Zuvic (Coalición Cívica-CABA).
En la votación hubo asistencia perfecta: solo faltaron los dos diputados que están de licencia, José Ignacio De Mendiguren -por su cargo en un banco público- y Eduardo Cáceres -por una causa por violencia de género que avanza en la Justicia-.
Con atuendos y pañuelos verdes, los diputados a favor del proyecto estallaron de euforia y se fundieron en abrazos cuando el tablero marcó el resultado, en una postal de la transversalidad política con la que, una vez más, se desarrolló la discusión.
Fue el fin de una jornada donde volvieron a escucharse, casi intactos, los mismos argumentos a favor y en contra, aunque en esta oportunidad los “celestes” hicieron foco en la oportunidad para tratar la ley, en medio de la pandemia del Covid-19 y la crisis económica y social que trajo como consecuencia.
A lo largo de la sesión se fueron definiendo los legisladores en duda: se confirmó el voto a favor de Francisco Guevara -el único sanjuanino “verde”- y también el de la exgobernadora catamarqueña Lucía Corpacci, que apareció en su banca con el pañuelo de la Campaña por el Aborto y entrada la noche fundamentó su decisión.
Pero además, sorprendió la revelación de una diputada misionera, Flavia Morales (Frente Renovador de la Concordia), que en 2018 se había opuesto al proyecto y ahora, tras una reflexión personal y cierto trabajo de persuasión desde el Frente de Todos, acompañó con su voto.
Por el lado opuesto, la cordobesa Vigo informó, bien temprano, la oposición de los cuatro diputados que responden al gobernador Juan Schiaretti, que defendieron un proyecto alternativo.
Durante la madrugada fueron varios los diputados que dieron a conocer su voto a favor, entre ellos la santafesina Alejandra Obeid (Frente de Todos), que había tenido algunas manifestaciones en contra: “Me costó mucho tomar esta decisión. Soy una mujer que practica la fe católica y he iniciado un proceso de construcción que continúa”, argumentó.
En sentido contrario, Nancy Sand, del mismo bloque, se convirtió en la segunda correntina en pasar de “verde” a “celeste”. Y el jujeño Jorge Rizotti (UCR), hombre del gobernador Gerardo Morales, anunció su voto favorable. “Hoy voy a acompañar la ley contra el aborto inseguro y clandestino”, dijo, y se escuchó algún aplauso.
Cuando se acercaba el final, los diputados autorizaron que Roxana Reyes pudiera votar desde Santa Cruz a pesar de no haber participado de la sesión. La radical sufrió la pérdida de uno de sus hijos el fin de semana pero se comunicó con las autoridades para pedir permiso para votar, y a diferencia de 2018 esta vez votó en contra.
La sesión arrancó a las 11.12 con la presencia de 105 diputados en el recinto y 45 conectados de manera remota, esto es, 150 en total. Al inicio, prestó juramento Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista) en lugar de Romina Del Plá (PO), en función de la rotación de bancas acordada en el Frente de Izquierda.
La apertura del debate estuvo a cargo de los presidentes de las comisiones intervinientes: Cecilia Moreau (Legislación General), Pablo Yedlin (Salud), Mónica Macha (Mujeres y Diversidad) y Carolina Gaillard (Legislación Penal). En tanto, el dictamen de rechazo fue defendido por Carmen Polledo (Pro) y Marcela Campagnoli (Frente de Todos).
“Este debate ha sido puesto sobre la mesa hace muchísimo tiempo por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y por las miles y miles de mujeres que nos han impuesto este debate puertas afuera del Congreso”, destacó Moreau.
La titular de la comisión cabecera recordó que este jueves se cumplieron 37 años desde el retorno a la democracia y resaltó que la fecha “es simbólica para conquistar un nuevo derecho”.
Por su parte, Polledo advirtió que “la legalización del aborto no es un reclamo de nuestras mujeres, sino de grupos militantes que han quedado atrapados en consignas del pasado”.
“Es realmente increíble que en lugar de discutir cómo vamos a solucionar los problemas urgentes y dramáticos que hoy nos apremian, estemos aquí tratando la legalización del aborto”, se quejó la vicepresidenta de la Comisión de Salud.
Al inicio, hubo dos intentos de la Coalición Cívica para postergar el debate: primero, la santafesina Lucila Lehmann pidió aplazar el tratamiento hasta después del 6 de enero, debido a la cercanía de las fiestas de fin de año; luego, el bonaerense Javier Campos pidió discutir la convocatoria a una consulta popular. Ninguna de las dos mociones prosperó, porque se necesitaban dos tercios de los votos, que no se reunieron.
A lo largo de la tarde hubo varios pasajes salientes. Uno de ellos fue el discurso de una “celeste” del bloque oficialista, Vanesa Massetani, quien advirtió: “Ningún funcionario va a decirme lo que tengo que hacer hoy aquí en esta banca. Fueron elegidos a dedo. A mi me eligió el pueblo”.
Massetani pronunció esas palabras en la cara del ministro de Salud, Ginés González García, presente en el recinto. Sin nombrarlo, lo cuestionó por calificar al embrión como un “fenómeno” y hasta se ganó aplausos: “A veces resulta gracioso escuchar a expositores y funcionarios, el esfuerzo dialéctico que tienen que hacer para no llamar a las cosas por su nombre”.
También sobresalió la confesión de una diputada “verde”, Adriana Cáceres, embarazada de 19 semanas. “Quiero contar que estoy embarazada. Es un embarazo sumamente deseado, buscado por años, donde con mi marido tuvimos que transitar momentos difíciles, incluidos abortos naturales”, reveló, y lanzó un contundente “la maternidad será deseada o no será”.
Otro testimonio en primera persona fue el de la bonaerense Alicia Aparicio, del Frente de Todos, quien, al borde de las lágrimas, le dedicó la media sanción a su abuela fallecida en un aborto clandestino.
También se vivió un momento emotivo con la participación de una legisladora desde un sanatorio: la entrerriana Blanca Osuna, del Frente de Todos, quien se encuentra internada por Covid pero igual intervino en el debate para defender el proyecto.
Osuna, de 70 años, se encuentra en el Sanatorio La Entrerriana, en Paraná, y su discurso en esas circunstancias fue aplaudido desde el recinto. “Este voto es para que sea ley, por las jóvenes, por las pibas, por mis nietos, por mis hijas, por las miles de chicas que no están y por las que van a venir y nos van a recordar por haber cumplido con nuestra palabra”, dijo.
Los últimos discursos comenzaron a las 5 de la mañana. “Esto está muy lejos de las necesidades de la gente. No sabemos escuchar las demandas sociales. El principal problema es la falta de credibilidad del presidente de la Nación y de sus políticas públicas”, advirtió la cordobesa Soher El Sukaria (Pro).
En la misma postura, la jujeña Gabriela Burgos afirmó que siempre estará “a favor de las dos vidas”. “Soy defensora de los derechos de las mujeres. No porque no acepte el aborto no defiendo a las mujeres. Voy a seguir militando por los derechos de las mujeres. Sí significaron un avance la patria potestad compartida, el divorcio vincular, el matrimonio igualitario, la paridad”, enumeró.
Luego fue el turno de Brenda Austin, quien destacó, como radical, que la sesión se haya realizado en el aniversario de la recuperación democrática. “Se nos ha dicho que este no es el momento, pero ¿cuándo es el momento?”, se preguntó, y resaltó el papel de la Campaña por el Aborto pidiendo al Congreso el tratamiento de esta ley “hace 13 años”.
Silvia Lospennato volvió a ser una de las más aplaudidas. “Estamos cruzando la última valla para el reconocimiento legal y pleno de la autonomía de las mujeres, y lo estamos haciendo tan juntas que ninguna grieta pudo separarnos”, arrancó, y agradeció al presidente por “cumplir su palabra y enviar este proyecto”.
Tras reivindicar también a Mauricio Macri por haber habilitado el debate durante su gestión, explicó que “si fuera inconstitucional el aborto, la Corte tendría que haber dicho lo contrario a lo que dicho en el fallo FAL” de 2012, cuando se ratificó que los abortos producto de violación no son punibles.
Conectada desde su casa, Graciela Camaño profundizó su rechazo. “Lo que se está haciendo es transformar al feto en lo que los romanos llamaban res, cosa. Argentina abandonó este concepto en la Asamblea de 1813 cuando decidió la libertad de vientres. El hijo en el vientre de la mujer dejó de ser una cosa”.
“Hoy retrocedemos 207 años con esta ley, ¿en serio creemos que estamos ampliando derechos, en una Argentina empobrecida, agonizante?”, se preguntó, y además cuestionó que con la ley “el aborto podrá ser legal, pero jamás será justo”.
Hacia el final, la cordobesa Graciela Estévez destacó que “hoy vamos a lograr que ese lema que tenemos desde hace tantos años sea una realidad: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal para que las pibas, los pibes y les pibis puedan tener su proyecto de vida sin limitaciones”.
El cierre estuvo a cargo de Gabriela Cerruti, quien habló de “los cruces virtuosos, cuando se cruzan las demandas colectivas con las decisiones de los Estados”.
“El mundo es injusto, pero la respuesta no está en nuestro útero. El mundo es injusto porque está construido hace 500 años sobre un modelo de explotación de las mujeres y la naturaleza. Necesitamos un mundo con menos hipocresías, con menos dobles discursos”, afirmó, y pidió la ley “por las pibas que están en la calle, por las pioneras y las ancestras”.
A lo largo del jueves y viernes, representantes del Poder Ejecutivo pasaron por el recinto para presenciar la sesión y se reunieron con el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.
Asistieron los ministros Ginés González García (Salud), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres y Diversidad) y Sabina Frederic (Seguridad), además de las secretarias Vilma Ibarra (Legal y Ténica) y Carla Vizotti (Acceso a la Salud).
También se dieron cita la asesora presidencial Cecilia Nicolini; la titular de la ANSES, Fernanda Raverta; y la responsable de AySA y esposa de Massa, Malena Galmarini.
Si bien circuló la versión de que el propio presidente Alberto Fernández podía pasar por el Congreso en algún momento de la noche para renovar el impulso a la ley de aborto, finalmente no asistió. Su presencia hubiese sido un arma de doble filo en una votación que atraviesa a los partidos políticos.
Por su parte, Máximo Kirchner, jefe del bloque del Frente de Todos, continúa aislado y no habló en la sesión, aunque siempre se mantuvo activo en busca de afianzar los votos.
Con un enfático discurso, la diputada del Pro agradeció al presidente por “cumplir su palabra” y enviar el proyecto. Criticó a los que se oponen a la ley, la cual aclaró “no obliga a la maternidad, ni su contrario, no obliga a nadie a no ser madre”.
Con un enfático discurso, la macrista Silvia Lospennato fue la última diputada de Juntos por el Cambio que habló en el debate de aborto legal, algo que aseguró “es una conquista más del movimiento de mujeres”.
La secretaria parlamentaria del interbloque opositor empezó: “En esta madrugada estamos cruzando la última valla para el reconocimiento legal y pleno de la autonomía de las mujeres”.
Destacó la “unidad” de las legisladoras que militan a favor de la ley y que “ninguna diferencia, ninguna grieta pudo separarnos. Lo que hace años no logra la política argentina, lo estamos haciendo las mujeres esta noche”.
La diputada del Pro agradeció “al presidente (Alberto Fernández) por cumplir su palabra y enviar este proyecto”, que “hace más de 15 años se puso al hombro” la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito.
Pero también recordó en sus agradecimientos que “hace dos años, honrando su vocación republicana, el presidente Macri decidió no anteponer su posición personal para seguir silenciando un debate que nos debíamos hace años”.
Sin embargo, Lospennato subrayó que la ley se debe a las “miles de mujeres salieron a la calle”, por eso “no es de ningún presidente ni de ningún gobierno” sino que “esta ley es una conquista más del movimiento de mujeres”.
La macrista criticó el argumento de “inconstitucionalidad” por parte de quienes se oponen a la ley, y observó que si fuera así “no hubieran podido convivir un siglo nuestro Código Penal y Constitución Nacional” y “la Corte en FAL debería haber dicho lo contrario a lo que dijo”.
“Estamos cambiando una estrategia ineficaz de la amenaza penal por una que en el mundo ha demostrado su eficacia, el abordaje sanitario”, expresó y desplegó numerosos cuestionamientos a los legisladores en contra de la iniciativa.
Al respecto, lanzó: “Los que se oponen al aborto legal, se siguen oponiendo a la educación sexual integral laica y científica; dicen que no quieren más mujeres presas y criminalizadas pero se oponen a la legalización; hablan de anticoncepción, pero frenan en el Senado la ley de obstétricas para multiplicar el acceso a los anticonceptivos y no aseguran el mínimo acceso a los derechos sexuales y reproductivos en sus provincias; dicen que el aborto ya está previsto en caso de violación, pero cada tres horas en Argentina una niña es obligada a parir”.
“La igualdad en los derechos que todos disfrutamos le debe mucho a las mujeres que luchan”, valoró y consideró que “estaremos legislando por la verdad, por la igualdad y por la libertad, tres valores en los que creemos como sociedad”.
La legisladora señaló que “más de 300 mil abortos que se producen en Argentina por año aunque lo prohíbe el Código Penal”. “El aborto existe, los que se oponen a la legalización condenan a la clandestinidad a las mujeres poniendo en riesgo la única vida que el Estado puede salvar”, continuó.
En su discurso, Lospennato sostuvo que “a partir de esta ley queremos que cualquier mujer nazca donde nazca, viva donde viva, tenga el mismo derecho”. “La libertad es el primer gran valor de la vida humana”, expresó, para reforzar: “Hace muchos años como humanidad acordamos que el cuerpo de otro ser humano no puede ser objeto de ningún propósito”.
En ese sentido, calificó a la ley como “profundamente liberal” porque “no obliga a nadie a actuar contra su voluntad, porque no interfiere en el plan de vida de ninguna persona, porque no obliga a la maternidad, ni su contrario, no obliga a nadie a no ser madre”.
“Le vamos a devolver a las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos, nunca más nadie decidirá por nosotros”, resaltó y opinó que “la maternidad no se trata del vínculo de sangre, no se trata de la relación entre el embrión y el útero, se trata del amor y de la elección”.
Para la diputada, “con esta ley, como sociedad nos comprometemos a no juzgar, a no condenar, pero sobre todo a no volver a condenar a cualquier mujer en situación de aborto”. “Esta noche estamos inscribiendo nuestros nombres en la historia junto a las que lucharon para que podamos educarnos, opinar, votar, trabajar. Es hora de terminar de escribir los derechos y pasar a la etapa de la igualdad sustantiva de oportunidades”, dijo.
“A cada militante que está en la plaza, a cada mujer que lleva el pañuelo verde reclamando la libertad de decidir, a los que desafían sus mandatos y se animan a vivir sus sueños, a las que nunca bajan los brazos y consiguen lo que parecía imposible, a cada niña que aspira a vivir en una sociedad de iguales, les recuerdo: que en la historia grande de ampliación de derechos solo se inscriben los que luchan y nosotras estamos luchando. Que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Que sea ley”, finalizó, entre aplausos
Continúa en Diputados el debate sobre el proyecto, que se votaría cerca de las 5 de la mañana del viernes. Discursos salientes, presencia de funcionarios y un clima sereno en el recinto.
Por Carolina Ramos
Con una serenidad muy lejana al clima de confrontación que se vivió hace dos años, la Cámara de Diputados continúa el debate sobre la despenalización y legalización del aborto. En un recinto bicolor, con pañuelos verdes y celestes, el proyecto se encamina a la aprobación cerca de las 5 de la mañana del viernes, con una mayoría no demasiado holgada.
La iniciativa de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) recibiría, según los cálculos del oficialismo, entre 130 y 131 votos a favor y al menos 117 en contra. La novedad es que habría más abstenciones que en 2018, cuando solo se plantó en esa posición la cordobesa Alejandra Vigo, que ahora irá por el rechazo.
A lo largo de la jornada, se definieron algunos de los legisladores en duda: se confirmó el voto a favor de Francisco Guevara -el único sanjuanino “verde”- y también el de la exgobernadora catamarqueña Lucía Corpacci, que apareció en su banca con el pañuelo de la Campaña por el Aborto.
Pero además, sorprendió la revelación de una diputada misionera, Flavia Morales (Frente Renovador de la Concordia), que en 2018 se había opuesto al proyecto y ahora, tras una reflexión personal y cierto trabajo de persuasión del Frente de Todos, acompañará con su voto.
Por el lado opuesto, la cordobesa Vigo informó el voto en contra de los cuatro diputados que responden al gobernador Juan Schiaretti, donde se especulaba con alguna abstención. Los “verdes” tampoco contarán con el voto de una radical, Roxana Reyes, que hace pocos días sufrió la pérdida de uno de sus hijos.
Durante la madrugada fueron varios los diputados indefinidos que confirmaron su voto, entre ellos la santafesina Alejandra Obeid (Frente de Todos): “Me costó mucho tomar esta decisión. Soy una mujer que practica la fe católica y he iniciado un proceso de construcción que continúa”, argumentó.
En sentido contrario, Nancy Sand, del mismo bloque, se convirtió en la segunda correntina en pasar de “verde” a “celeste”. Y, finalmente, el jujeño Jorge Rizotti (UCR), hombre del gobernador Gerardo Morales, anunció su voto favorable. “Hoy voy a acompañar la ley contra el aborto inseguro y clandestino”, dijo, y se escuchó algún aplauso.
De todos modos, varios diputados mantienen la incógnita, como el titular de la UCR, Alfredo Cornejo -podría abstenerse-; Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica; y el “lavagnista” Jorge Sarghini.
La sesión arrancó a las 11.12 con la presencia de 105 diputados en el recinto y 45 conectados de manera remota, esto es, 150 en total. Antes del debate, prestó juramento Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista) en lugar de Romina Del Plá (PO), en función de la rotación de bancas acordada en el Frente de Izquierda.
La apertura del debate sobre el aborto legal estuvo a cargo de los presidentes de las comisiones intervinientes: Cecilia Moreau (Legislación General), Pablo Yedlin (Salud), Mónica Macha (Mujeres y Diversidad) y Carolina Gaillard (Legislación Penal). En tanto, el dictamen de rechazo fue defendido por Carmen Polledo (Pro) y Marcela Campagnoli (Frente de Todos).
Al inicio, hubo dos intentos de la Coalición Cívica para postergar el debate: primero, la santafesina Lucila Lehmann pidió aplazar el tratamiento hasta después del 6 de enero de 2021, debido a la cercanía de las fiestas de fin de año; y luego, el bonaerense Javier Campos pidió discutir la convocatoria a una consulta popular. Ninguna de las dos mociones prosperó, porque necesitaban dos tercios de los votos, que no se reunieron.
A lo largo de la tarde hubo varios pasajes salientes. Uno de ellos fue el discurso de una “celeste” del bloque oficialista, Vanesa Massetani, quien advirtió: “Ningún funcionario va a decirme lo que tengo que hacer hoy aquí en esta banca. Fueron elegidos a dedo. A mi me eligió el pueblo”.
Massetani pronunció esas palabras en la cara del ministro de Salud, Ginés González García, presente en el recinto. Sin nombrarlo, lo cuestionó por calificar al embrión como un “fenómeno” y hasta se ganó aplausos: “A veces resulta gracioso escuchar a expositores y funcionarios, el esfuerzo dialéctico que tienen que hacer para no llamar a las cosas por su nombre”.
También sobresalió la confesión de una diputada “verde”, Adriana Cáceres, embarazada de 19 semanas. “Quiero contar que estoy embarazada. Es un embarazo sumamente deseado, buscado por años, donde con mi marido tuvimos que transitar momentos difíciles, incluidos abortos naturales”, reveló, y lanzó un contundente “la maternidad será deseada o no será”.
Otro de los momentos emotivos de la sesión fue la participación de una legisladora desde un sanatorio: la entrerriana Blanca Osuna, del Frente de Todos, quien se encuentra internada por Covid pero aun así intervino en el debate para defender el proyecto.
Osuna, de 70 años, se encuentra en el Sanatorio La Entrerriana, en Paraná, y su discurso en esas circunstancias fue aplaudido desde el recinto. “Este voto es para que sea ley, por las jóvenes, por las pibas, por mis nietos, por mis hijas, por las miles de chicas que no están y por las que van a venir y nos van a recordar por haber cumplido con nuestra palabra”, dijo.
Por un acuerdo de Labor Parlamentaria, esta vez no habrá cierres de bloque, para acortar los tiempos. Más allá de esta decisión, el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, no se anotó en la lista de oradores, a diferencia de otros titulares de bancadas que ya intervinieron o lo harán en el transcurso de la noche.
A lo largo de la jornada, representantes del Poder Ejecutivo pasaron por el recinto para presenciar la sesión y se reunieron con el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.
Asistieron los ministros Ginés González García (Salud), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres y Diversidad) y Sabina Frederic (Seguridad), además de las secretarias Vilma Ibarra (Legal y Ténica) y Carla Vizotti (Acceso a la Salud).
También se dieron cita la asesora presidencial Cecilia Nicolini; la titular de la ANSES, Fernanda Raverta; y la responsable de AySA y esposa de Massa, Malena Galmarini.
Si bien circuló la versión de que el propio presidente Alberto Fernández podía pasar por el Congreso en algún momento de la noche para renovar el impulso a la ley de aborto, distintas fuentes oficiales confirmaron que finalmente no asistirá.
La titular de la Comisión de Legislación Penal valoró la decisión del presidente Alberto Fernández de tomar el tema “como una política pública”.
Al defender el proyecto de aborto legal este jueves, la diputada Carolina Gaillard hizo hincapié en el rol del Estado y habló de “un histórico para las mujeres de nuestro país”.
Al comienzo de su discurso, la entrerriana ponderó a militantes, a la “marea verde” y a la “decisión política” del presidente Alberto Fernández “que tomó la iniciativa de mandar este proyecto a este Congreso” y “tomó el tema como una política pública en materia de salud”.
“El Estado debía hacerse cargo, el Estado miró durante mucho tiempo para otro lado”, expresó y dijo que “murieron 3.000 mujeres desde la democracia hasta la fecha por aborto clandestino”.
Al precisar aspectos de la iniciativa, la titular de la Comisión de Legislación Penal señaló que se establece un “sistema mixto con causales” y “se adecuan algunos términos -del Código Penal-; y lo que se hace es legalizar la IVE en las primeras 14 semanas sin pena”.
Pero no solo se busca que la mujer no tenga pena, “sino que además pueda asistir a un centro de salud, pueda ser escuchada, le den herramientas, pueda decidir y esa decisión esté acompañada por profesionales”.
“(El proyecto) busca un Estado presente, ese Estado que estuvo ausente durante todos estos años y que es responsable de todas las muertes provocadas por aborto clandestino”, reiteró.
Gaillard aseveró que “no hay riesgo constitucional o convencional si aprobamos esta ley”, porque “estamos obligados por los tratados internacionales a garantizar la salud integral de la mujer”.
“Con este proyecto no vamos a promover el aborto, nadie está a favor del aborto, ninguna mujer se embaraza para abortar, es una situación absolutamente traumática”, remarcó.
Y argumentó que el objetivo es que esa mujer que “estuvo todos estos años en la más absoluta soledad” esté “acompañada por un Estado presente”.
“No van a pasar la historia los tibios, los que la surfeen, los que especulen, sino los que más se la jueguen, porque hay una sociedad que nos está pidiendo que nos hagamos cargo, hay un presidente que no mira para el costado, y toda una organización de mujeres y diputadas que trabajó en el 2018 y que hoy sigue unida”, concluyó.
El presidente de la Comisión de Salud sostuvo que el proyecto “no va en contra de la religión, las creencias y la cosmovisión de nadie”.
El diputado tucumano Pablo Yedlin enfatizó que “la manera para que haya menos abortos justamente tiene que ver con legalizarlo y no mantenerlo en la clandestinidad, traerlo a la luz para que el Estado lo pueda controlar, para darle opciones” a las mujeres.
En su discurso durante la sesión de este jueves, el oficialista señaló que “decenas de miles de mujeres en Argentina son internadas todos los años por complicaciones de aborto. Obviamente muchas más abortan y no tienen complicaciones. Lamentablemente algunas de ellas mueren”.
“Si un problema en salud pública tiene solución, entonces se transforma en un problema importante”, sostuvo el titular de la Comisión de Salud, de profesión médico. En esa línea, dijo que “tenemos un problema de mujeres gravemente enfermas o que mueren por una situación que es fácilmente solucionable”.
A favor del proyecto, Yedlin expresó: “Hablo también como tucumano, conocedor claro de la fe de mi pueblo con sus religiones y entendiendo que este proyecto no va contra la religión, las creencias y la cosmovisión de nadie“.
“Hace 100 años que la Argentina viene condenando a las mujeres que deciden suspender su embarazo, y lo han decidido, y lo van a seguir haciendo, a la clandestinidad”, aseguró, para distinguir que “hay dos grupos de mujeres en la clandestinidad, las que tienen recursos económicos y acceden a una interrupción segura y las pobres”, quienes no solo son “perseguidas por la justicia”, sino que “también condenadas a procedimientos inseguros que las llevan a poner en riesgo” su salud y vida.
El diputado resaltó que la discusión no es que el aborto “sea bueno o que es el objetivo, no queremos, ojalá en Argentina cada vez haya menos abortos”.
“La interrupción voluntaria del embarazo y la educación sexual integral son herramientas que el Estado tiene y que llegan con distinta intensidad a distintas jurisdicciones”, agregó, por lo que abogó no solo por sancionar ley, sino por “garantizar que este derecho llegue a los distintos rincones de la patria”.
Finalmente, el legislador del Frente de Todos resumió: “No estamos contra la vida de nadie, estamos a favor de legalizar una situación que ocurre en Argentina y que realmente necesita salir de la clandestinidad para salvar la vida de muchas mujeres”.
La titular de la Comisión de Legislación General enfatizó “la fecha simbólica” del 10 de diciembre para “conquistar un nuevo derecho”.
La diputada nacional Cecilia Moreau abrió este jueves el debate de aborto legal y aseguró que el proyecto “viene a ofrecer una respuesta concreta a un problema de salud pública y estructural que existe en nuestro país”.
Miembro informante del oficialismo como presidenta de la Comisión de Legislación General, la legisladora compartió el tiempo con los otros tres diputados que estuvieron a cargo de la discusión en las comisiones.
“Hoy se cumplen 37 años del retorno de la democracia, en estos 37 años se garantizaron derechos”, señaló, para recordar leyes de divorcio, patria potestad compartida, identidad de género y matrimonio igualitario. Por eso, consideró: “No tengo dudas que esta fecha es simbólica para conquistar un nuevo derecho”.
Moreau aseguró que “velar por la asistencia y el acompañamiento de todas las mujeres que deciden interrumpir su embarazo es entender que se trata fundamentalmente de un problema de salud pública” y que el Estado asume “garantizar este derecho”.
La diputada del Frente de Todos sostuvo que el proyecto de IVE y el de “Plan de los Mil Días” deben tratarse “necesariamente y en conjunto”. “Ambos proyectos promueven más justicia social e igualdad de oportunidades, amplían derechos y cuidan la salud entendida de manera integral”, agregó.
Además, defendió que la iniciativa “profundiza una política de salud pública que tiene como eje el acompañamiento de las mujeres y de las personas gestantes sea cual fuere su plan de vida”. “Se trata de poder garantizar un acceso y un disfrute pleno al nivel más alto de la salud que el Estado pueda brindar”, insistió.
Moreau repasó que la ley contempla “el derecho a decidir, a requerir y a acceder a la IVE en los sistemas de salud hasta la semana 14 de gestación inclusive”. “Por fuera de ese período se mantienen las dos causales existentes hace muchísimos años en el Código Penal”, aclaró.
También prevé “el derecho a que el Estado se involucre efectivamente en la prevención de los embarazos no deseados mediante el acceso a la información y la incrementación de las políticas de educación sexual integral y acceso a métodos anticonceptivos”.
“Este debate ha sido puesto sobre la mesa hace muchísimo tiempo por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y por las miles y miles de mujeres que nos han impuesto este debate puertas afueras del Congreso”, destacó.
La sesión empezará a las 11. Hay mayoría a favor del proyecto de legalización del aborto, aunque los indefinidos serán clave. Cada diputado tendrá cinco minutos para hablar. El proyecto de IVE se votaría cerca de las 4 de la mañana del viernes.
Por Carolina Ramos
En una sesión que durará menos de lo previsto -unas 20 horas-, la Cámara de Diputados tratará el proyecto de despenalización y legalización del aborto, que, en principio, cuenta con los votos para ser aprobado y girado al Senado, donde se presenta un escenario todavía incierto.
A continuación, se debatirá el proyecto que crea el “Programa de los Mil Días”, el cual brinda acompañamiento e incentivos a aquellas mujeres que desean continuar con su embarazo.
Si bien el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, había informado que las iniciativas se debatirían en conjunto, en Labor Parlamentaria el Pro reclamó que se hicieran dos debates separados y triunfó esa postura.
En primer lugar, como marca el reglamento, los miembros informantes tendrán 20 minutos cada uno para defender los dictámenes: Cecilia Moreau (Frente de Todos) por el de mayoría y Carmen Polledo (Pro) por el de rechazo.
Luego no habrá tiempos de bloque, sino que se pasará directamente a oradores individuales de cinco minutos cada uno, y finalmente tampoco habrá cierres, sino que sobrevendrá la votación.
Para el proyecto de aborto legal, se calcula que habrá unos 170 diputados anotados para hablar, con lo que la votación sería cerca de las 4 de la mañana del viernes, y luego la sesión continuará con el proyecto de los “Mil Días”, para el cual habría unos 50 oradores.
La sesión tendrá como marco, una vez más, la movilización y posterior vigilia de la Campaña por el Aborto Legal y de las agrupaciones que rechazan la ley. Los “verdes” se ubicarán del lado de Avenida Rivadavia, mientras que los “celestes” lo harán sobre Hipólito Yrigoyen.
Pero además, en el recinto habrá un desfile de funcionarios: ya está confirmada la presencia del ministro de Salud, Ginés González García, y también participarían desde los palcos Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres y Diversidad) y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
Los diputados a favor del aborto legal se ilusionaban hasta anoche con la presencia del presidente Alberto Fernández, aun no confirmada.
El proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), cuenta, según el sondeo de parlamentario.com, con un piso de 124 diputados, mientras que los rechazos son 109. La Cámara se completa con 23 legisladores indefinidos, algunos de los cuales guardarán en secreto su decisión hasta el final.
El texto recibió dictamen favorable este miércoles en el plenario de comisiones con dos modificaciones clave para sumar votos: en primer lugar, se incorporó un artículo que indica que la paciente deberá ser derivada de inmediato a otro establecimiento de salud cuando el requerimiento se realice en uno donde todos los profesionales sean objetores de conciencia.
En segundo término, se ajustó la redacción para los casos de mujeres menores de 16 años: el proyecto ahora remite al artículo 26 del Código Civil, que señala que “la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales” pero “cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico”.
A diferencia del proyecto de aborto legal, donde hubo dos dictámenes -el de mayoría recibió 77 firmas y el de rechazo, 30-, el “Programa de los Mil Días” recibió unanimidad y se espera una votación por amplia mayoría. De ser aprobados, los dos proyectos serán girados al Senado, que tendrá la última palabra.
Los puntos principales de la iniciativa sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo que recibió dictamen favorable y se votará en el recinto.
El proyecto de despenalización y legalización del aborto se votará en la sesión convocada para este jueves a las 11 en la Cámara de Diputados. A continuación, los puntos principales:
En el plenario de comisiones, la iniciativa sufrió modificaciones que le permitirían al sector “verde” ampliar la diferencia a favor. El dictamen de mayoría reunió 77 firmas, y el de rechazo, 30. Hubo cuatro abstenciones.
Por Carolina Ramos
Con dos modificaciones clave que le permitirían al sector “verde” ampliar la diferencia a favor, el proyecto de despenalización y legalización del aborto recibió dictamen favorable y será tratado este jueves en la Cámara de Diputados con la presencia de casi la mitad de los legisladores y una nueva movilización en las calles, bajo la mirada atenta de los senadores, que tendrán el veredicto final.
El proyecto del Poder Ejecutivo fue despachado en el plenario de comisiones de Legislación General, Salud, Legislación Penal y Mujeres y Diversidad, que se reunió en el recinto -un escenario atípico- para poder cumplir el distanciamiento social entre los diputados.
El dictamen a favor obtuvo 77 firmas, mientras que el de rechazo recibió 30. A la hora de las firmas, se mantuvieron al menos tres incógnitas: las oficialistas Graciela Parola (Formosa) y María Luisa Montoto (Santiago del Estero), ambas conectadas desde sus provincias, se abstuvieron de firmar dictamen, con lo que mantendrán su decisión en secreto hasta último momento. La tercera abstención fue del puntano Karim Alumé Sbodio -él sí presente en el recinto-, quien en 2018 votó en contra, pero en esta oportunidad no suscribió ninguno de los dictámenes, lo cual sorprendió y abre interrogantes respecto a la postura que mantendrá esa vez.
En primer lugar, se incorporó un artículo vinculado a las obligaciones que tendrán los establecimientos de salud donde todos los profesionales sean objetores de conciencia.
Según el agregado, “aquellos efectores de salud del subsector privado o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia, deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó”.
Se aclara que “en todos los casos se debe garantizar la realización de la práctica” y que “las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de la paciente quedarán a cargo del efector que realice la derivación”.
El segundo cambio que sufrió el texto tiene que ver con las personas gestantes menores de 16 años que requieran un aborto. En esos casos, se establecía originalmente que “se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento”.
Ahora, el proyecto se remite fundamentalmente al artículo 26 del Código Civil y Comercial, que señala que “la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales” pero “cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico”, y agrega que “en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada”.
Además, indica el Código, “se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física”.
Por otra parte, aunque se especulaba con que pudiera acotarse el plazo para la realización del aborto -de diez a cinco días desde la fecha de su requerimiento-, se mantuvo el plazo original de diez días.
La discusión arrancó con Carmen Polledo, una de las abanderadas del sector “celeste”, quien fundamentó el dictamen de rechazo. “El proyecto resulta extremadamente inoportuno por el contexto sanitario producto de la pandemia. Nos parece realmente un escándalo estar tratando la legalización del aborto con los gravísimos problemas que estamos enfrentando”, planteó.
Polledo, vicepresidenta de la Comisión de Salud, insistió en que el aborto “no está en la agenda de nuestras mujeres” y agregó: “La solución no pasa por la legalización, sino por una adecuada implementación de la educación sexual integral y de las políticas públicas para la prevención de embarazos no intencionales”.
La porteña sostuvo que el aborto legal es “incompatible con nuestro ordenamiento jurídico”, y alertó: “Se debate como si existiera una tensión entre el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo y el derecho a la vida del niño por nacer. Estamos discutiendo sobre la eliminación de un ser vivo que se está gestando en el vientre materno”.
La diputada del Pro reconoció que “no corresponde mantener la punición de la mujer”, pero consideró que “una cosa muy diferente es legalizar el aborto. Es algo que hay que erradicar, no legalizar”.
En defensa del aborto legal, Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud, enfatizó qie “claramente es un tema de salud pública”.
“No estamos discutiendo si estamos a favor o en contra de la interrupción del embarazo. Seguramente todos estamos en contra. Lo que tenemos que hacer para que no haya abortos es trabajar para que no haya embarazos no deseados”, sugirió el tucumano.
A su vez, dijo que la despenalización es “un mensaje claro a todas las provincias y a los sistemas judiciales”, y finalmente, sentenció: “El aborto lamentablemente ocurre. No verlo es falso. Miles de mujeres en Argentina a lo largo de estos 100 años de Código Penal han interrumpido embarazos en la clandestinidad”.
El puntano José Riccardo (UCR), quien votará a favor, volvió a plantear lo mismo que hace dos años: la necesidad de reforzar la educación sexual integral. “Tanto en el debate de 2018 como en este, hubo una palabra que se repitió en las miles de alocuciones de todos: educación sexual integral”, advirtió, y recordó que hay un proyecto pendiente de tratamiento en ese sentido.
Romina Del Plá (PO) pronunció su último discurso como diputada y afirmó que el avance del proyecto es “el resultado de la enorme marea verde que recorre todo el país”, aunque criticó el derecho a la objeción de conciencia, por considerar que se trata de un “obstáculo” para la realización de la práctica.
“La ley que se va a votar habilita la objeción por ideario institucional al no establecer la obligación de los centros de salud a garantizar la práctica. Es una prerrogativa inadmisible que permite que clínicas e instituciones de salud vulneren la ley en nombre de la objeción de conciencia. Un bloqueo de hecho al acceso a la práctica y una concesión enorme a los agentes del clero que tienen colonizado buena parte del sistema de salud público y privado en todo el territorio nacional”, cuestionó.
En contra del proyecto, Jorge Enriquez (Pro) negó que se trate de un “clamor popular”. “Encuestas recientes han dicho que así como había una paridad en 2018, hoy hay un 70% de la gente en todo el país (la Ciudad y el AMBA no somos el ombligo de la Nación) que se opone”, reveló, aunque sin citar la fuente.
Enriquez sostuvo que “la embriología y la genética nos indican que hay vida desde la concepción y que esa vida no se puede suprimir por la decisión unilateral de una persona. Estaría disponiendo sobre un cuerpo que no es el propio, sino sobre otra vida”.
Marcela Campagnoli (Coalición Cívica), otra de las opositoras a la ley, aclaró que “jamás utilizó argumentos religiosos”, sino jurídicos. “No tengo nada contra las mujeres, pero no puedo callarme ante el milagro de la vida. Nadie quiere criminalizar a la mujer, Que una sola mujer vaya presa o que tenga que transitar por el sistema penal, nadie lo quiere. Pero poder pensar que una persona puede decidir a libre arbitrio o capricho sobre otra…”.
Quien cerró la discusión fue Graciela Camaño, otra “celeste”, quien advirtió que “la sociedad que modelamos con esta legislación es una donde claramente el individuo se despoja de responsabilidades por sus acciones voluntarias que fueron asumidas libremente, incluso a costa de la vida ajena. Si es así, la ley solo va a servir como instrumento para legitimar las pulsiones, los deseos, los intereses individuales, y eso es el fracaso de la comunidad organizada”.
“Este proyecto claramente lesiona el derecho a la vida por nacer”, insistó la diputada de Consenso Federal, y remató: “Si se sanciona el aborto va a ser legal, pero jamás va a ser justo”.
Del relevamiento realizado por parlamentario.com surge que hay, en principio, 123 votos a favor, 109 en contra y 24 indefinidos. El miércoles se firmará el dictamen y el jueves se tratará en el recinto.
Por Carolina Ramos
Eran cerca de las 8 de la mañana del 14 de junio de 2018 cuando un tuit cambió la historia. El diputado pampeano Sergio Ziliotto -luego electo gobernador- anunciaba el voto a favor de sus dos compañeros de bloque y se daba vuelta el resultado, que finalmente quedó sellado con el apoyo de un fueguino. Tras una madrugada para el infarto, se aprobaba en la Cámara de Diputados el proyecto de despenalización y legalización del aborto.
Dos años después, con una renovación de bancas de por medio, un presidente que impulsa la ley, el debate ya maduro y el movimiento feminista nuevamente en las calles, los diputados y diputadas “verdes” llegan a la sesión más confiados: tendrían garantizada la mayoría para volver a lograr la media sanción y girarla al Senado, donde están puestas todas las miradas.
La posición pro-aborto legal está muy cerca de alcanzar los 129 votos, si bien sigue habiendo un grupo de diputados entre signos de interrogación. Según el relevamiento que realizó parlamentario.com, hay 123 a favor del proyecto, 109 en contra y 24 indefinidos. El diputado número 257 es José Ignacio De Mendiguren, que está de licencia por su cargo en un banco público.
La mayoría de los diputados electos en 2019 dieron a conocer su postura públicamente, y otros la confirmaron a este medio, pero la mantienen bajo reserva hasta el día de la sesión. Asimismo, entre los que ya votaron en 2018 hay dos mujeres que lo hicieron a favor y ahora irán por el rechazo: la chaqueña Aída Ayala (UCR) y la correntina Sofía Brambilla (Pro).
Entre los legisladores que no se pronunciaron figura ni más ni menos que Sergio Massa. A diferencia de hace dos años, cuando la posibilidad de un desempate de Emilio Monzó despertó todo tipo de especulaciones, esta vez es impensado que el presidente de la Cámara tenga que intervenir en la votación.
Por otra parte, el bloque Córdoba Federal -que fue clave para la aprobación del recorte de la coparticipación porteña- presentó en los últimos días un proyecto alternativo de despenalización del aborto. Pero lo cierto es que, lejos de acercar posiciones, dos de los cuatro integrantes votarán en contra de la iniciativa del Ejecutivo: Paulo Cassinerio (ya lo hizo en 2018) y Claudia Márquez, la mujer que asumió en lugar del intendente de la capital, Martín Llaryora.
“Mi voto es en contra. Tengo esta posición desde los años ’90, cuando era estudiante de Derecho, y no ha variado, por el contrario: a través del principio de progresividad de los derechos, se fue consolidando la protección de los derechos tanto de las mujeres como de los niños, y se dio carácter de niño al concebido cuando se ratificó la Convención de los Derechos del Niño. Mi postura personal es a favor de la vida”, ratificó Márquez ante la consulta de parlamentario.com.
Por lo tanto, resta conocer qué harán el jefe de la bancada “schiarettista”, Carlos Gutiérrez, que en campaña propuso convocar a una consulta popular; y Alejandra Vigo, esposa del gobernador, la única que se abstuvo hace dos años. Ambos guardan su definición bajo siete llaves.
Otros diputados que evitaron expresarse hasta ahora son Mariana Zuvic (Coalición Cívica-CABA), Jorge Sarghini (Consenso Federal-Buenos Aires) y Lucía Corpacci (Frente de Todos-Catamarca). En la misma situación están Sebastián García de Luca (PRO-Buenos Aires) y Martín Berhongaray (UCR-La Pampa), quienes votarían a favor.
Tampoco confirmó su posición el propio titular de la UCR, Alfredo Cornejo, que en campaña propuso una consulta popular. Jimena Latorre, quien le siguió en la lista de diputados, también se había inclinado por esa propuesta, pero hace pocos días confirmó que acompañará, y lo mismo haría otro mendocino, Alejandro Bermejo (Frente de Todos).
La lista de indecisos se completa con el jujeño Jorge “Colo” Rizzotti (UCR), quien responde al gobernador Gerardo Morales; el chaqueño Gerardo Cipolini, también del radicalismo; y nada menos que 15 diputados del bloque oficialista, entre los que se encuentran la mencionada Corpacci; Carlos Ponce, exvicegobernador de San Luis; y el massista Ramiro Gutiérrez.
Desde luego, Máximo Kirchner apoyará, e incluso tendrá a su cargo el cierre del debate como jefe del bloque, si es que no resuelve dejarle el lugar a alguna mujer del Frente de Todos. Como está aislado porque mantuvo contacto estrecho con una persona con Covid positivo, es difícil imaginar un discurso final de un tema tan trascendente pronunciado desde una pantalla.
Entre las autoridades de Juntos por el Cambio, solo Cristian Ritondo (Pro) está en contra de la legalización. Mario Negri, jefe del interbloque, volverá a votar a favor, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) siempre fue activo militante de la causa. En 2018 el bloque tuvo un solo “verde” (Juan Manuel López) y ahora se suman con su voto, además de Ferraro, Mónica Frade y Mariana Stilman.
José Luis Ramón, titular de Unidad Federal para el Desarrollo, volvería a votar en contra. En el anterior debate se había expresado a favor, pero a los pocos días cambió su postura, lo que le valió la expulsión del bloque que entonces compartía con el porteño Martín Lousteau. Recientemente, el mendocino propuso un plebiscito.
Hay dos bloques enteros que rechazan la Interrupción Voluntaria del Embarazo: el Frente de la Concordia misionero y Acción Federal. En Consenso Federal hay dos votos en contra -Graciela Camaño y Alejandro “Topo” Rodríguez- y un indeciso, el mencionado Sarghini. Eduardo “Bali” Bucca, titular del interbloque habitado por los “lavagnistas”, ya votó a favor.
Entre los “verdes” también figuran el representante del Partido Socialista, Enrique Estévez; el rionegrino Luis Di Giácomo; y por supuesto, Nicolás Del Caño y Romina del Plá, del Frente de Izquierda. Por último, hay dos bloques unipersonales en contra: Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino) y Beatriz Ávila (Partido de la Justicia Social).
El horizonte más inmediato es el de la definición en comisiones y el sector pro-abortista lleva ventaja para alzarse, sin inconvenientes, con el dictamen favorable. Tiene mayoría en las comisiones de Legislación General, Salud y Mujeres y Diversidad, mientras que Legislación Penal es la más peleada. En las cuatro comisiones hay tan solo cinco indefinidos.
El proyecto de IVE fue debatido en cuatro jornadas con la participación de unos 70 expositores de ambos bandos. El plan es firmar dictamen el próximo miércoles a las 17, con la mayoría de los diputados ya en Buenos Aires. Es que, según acordaron jefes de bloque, a partir de ahora la virtualidad será la excepción: quienes participen de modo remoto deberán acreditar sus motivos ante una subcomisión que evaluará cada caso.
Con este nuevo esquema es que Diputados tratará, el próximo jueves, los proyectos de aborto legal y del Programa de los Mil Días, que también será dictaminado el miércoles, a las 14. Las autoridades de la Cámara trabajan desde el viernes para la puesta a punto del recinto, las galerías y los salones aledaños, donde habrá que guardar distanciamiento.
Los legisladores reanudaron la discusión este viernes, en el marco de una reunión informativa, aunque las exposiciones de invitados ya concluyeron. El próximo jueves se convocará a la sesión. Un día antes, el despacho.
Un plenario de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Salud, y Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados continuó este viernes con el debate en comisiones del proyecto de legalización del aborto, impulsado por el Gobierno nacional.
Según lo acordado entre los bloques, el dictamen se firmará -de forma presencial- el próximo miércoles, para llevar la discusión al recinto un día después, el 10 de diciembre.
La jornada se realizó en el marco de una reunión informativa, dado que todavía no existe renovación del protocolo de funcionamiento de la Cámara baja, y aunque las exposiciones de invitados ya concluyeron este jueves.
Durante el primer período, realizado por la mañana hasta pasado el mediodía, todas las expresiones fueron de legisladores del Frente de Todos, salvo la de Romina Del Plá, de la izquierda. Además, un solo diputado que está en contra de la iniciativa hizo uso de la palabra.
La reunión empezó con la intervención de la salteña Verónica Caliva (Frente de Todos), quien destacó que el proyecto “vino a cumplir con la palabra de nuestro presidente” y “a dar cumplimiento con el contrato electoral”.
En referencia a las mujeres con bajos recursos, aspecto saliente del debate por parte de todos los oradores, tanto a favor como en contra, la oficialista dijo que “cuando las pobres deciden abortar quedan en riesgo de vida” porque “deben hacerlo en la clandestinidad absoluta, con el tallo de perejil o los métodos más crueles que encuentran”. “El Estado tiene la responsabilidad de acompañar a las mujeres más vulneradas”, resaltó.
También desde el oficialismo, pero en contra del proyecto, el puntano Karim Alume Sbodio (Frente de Todos) recordó su posición a favor de “la despenalización total de la persona gestante ante la interrupción voluntaria del embarazo”, por eso cuestionó la redacción del artículo 17, “que mantiene la penalización de la mujer”, en referencia a que la práctica estará penada luego de la semana 14.
En lo que respecta a materia penal, el legislador consideró que en la iniciativa “se mantiene al Estado en el rol inquisitorio” en lugar del “rol asistencial” que es el que se requiere cuando se refiere al “acceso al derecho de salud”. Además opinó que con este proyecto “se exacerban las desigualdades existentes en nuestro país” respecto de los diferentes sistemas de salud y de justicia.
Por su parte, el bonaerense Leonardo Grosso (Frente de Todos) remarcó que el debate del aborto legal “no se da por iniciativa de un sector político, no solo por iniciativa de nuestro Gobierno”, sino que “es un capítulo más de una larga lucha de los feminismos en nuestro país, que empezó hace mucho tiempo”.
El diputado criticó a los “sectores que tratan de meter al aborto en la grieta, en el River-Boca”, cuando en realidad “la política llega de atrás” con este tema. Al repetir que no está en discusión si “aborto sí, aborto no”, Grosso sostuvo: “Estamos debatiendo si siguen los abortos realizándose en la clandestinidad o si los abortos se hacen en forma segura en el sistema de salud pública”.
“Hay miles de abortos por día en Argentina”, enfatizó e instó a como Poder Legislativo “hacernos cargo de esta problemática” porque “el Estado tiene que legislar para proteger a las mujeres”.
La rionegrina Ayelén Sposito (Frente de Todos) manifestó su apoyo al proyecto como “una militante transfeminista”, pero también como “médica y profesional de la salud”, que le ha tocado “afrontar situaciones con mujeres o cuerpos gestantes acudiendo al consultorio porque tenían un embarazo no deseado”.
La legisladora oficialista pidió a sus pares “no pararnos desde lo ético, desde lo moral, desde lo religioso; tenemos que pensar en las mujeres y los cuerpos gestantes sobre su deseo a maternar, y tenemos la responsabilidad de acompañar esa decisión”. “El aborto existió, sigue existiendo, y nosotros tenemos que garantizar que sea legal”, aseveró.
Otra diputada que habló a favor fue Romina Del Plá (Frente de Izquierda), quien expresó que “este debate tiene una urgencia y una necesidad absoluta”, al tiempo que llamó a “destrabar todos los obstáculos para que la educación sexual integral sea realmente sea laica y científica”.
La bonaerense reclamó que hace dos años atrás “aquellos bloques que se subordinan a los acuerdos con las iglesias bloquearon que se trate ese dictamen”. Y apuntó entonces contra argumentos del sector “celeste”: “No es real que aborto no y educación sexual sí”.
También, Del Plá negó que el pedido esté concentrado en el epicentro porteño, sino que “en todo el país” hay presencia de “marea verde”. “Hay decenas de mujeres presas o con procesos penales porque no solo se aplica lo del Código Penal correspondiente, sino el artículo 80 de homicidio agravado por el vínculo”, agregó.
En tanto, el pampeano Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos) hizo referencia al Código Penal de 1921, “que fue sancionado por hombres blancos” y “solo se refería a la mujer como sujeto de derecho para estigmatizarla o castigarla”. En ese sentido, señaló que es necesario adaptar la legislación “a los cambios que han devenido en la sociedad”.
Para el diputado, el tema “no es cuestión de mayorías, encuestas, plebiscitos, es cuestión de derechos”. “A nosotros los varones nos compete una tarea de acompañamiento lisa y llana. Tenemos que acompañar a la mujer en su decisión”, sumó.
Con cifras de la organización Socorristas en Red, la bonaerense Jimena López (Frente de Todos) detalló que en este año se recibieron “13 mil llamadas” de mujeres o personas gestantes con la decisión de abortar. De ese número, el 53% vivió situaciones de violencia que no denunciaron; 12 mil personas tenían entre 20 y 40 años; el 22,3% no tiene trabajo remunerado; y el 28% mujeres que están informalizadas; puntualizó.
La diputada indicó además que el 56% no llega a cubrir un Salario Mínimo, Vital y Móvil; que el 30% de esas personas cobran la AUH o algún tipo de plan; y que el 70% no posee cobertura médico-asistencial u obra social.
El plenario de comisiones escuchó a los últimos invitados y empezó la discusión parlamentaria, que continuará este viernes. El planteo de Graciela Camaño.
Tras la última ronda de exposiciones, comenzó a debatirse entre los diputados el proyecto de despenalización y legalización del aborto, en el marco del plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Legislación Penal y Mujeres y Diversidad, que retomará la discusión este viernes.
Antes de las primeras intervenciones de los legisladores, la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) puso en tela de juicio la validez del debate, ya que todavía no fue consensuado el nuevo protocolo de funcionamiento.
Camaño reclamó que los jefes de bloque -que se reunieron este miércoles pero todavía no llegaron a un consenso definitivo- “apuren la discusión del protocolo” y consideró que el debate entre los diputados no estaría permitido sin esa regulación.
“No trato de aportar a la confusión, sino a que hagamos las cosas correctamente”, señaló la diputada, y aclaró que su planteo no estaba vinculado a su posición en contra del proyecto de ley.
Carolina Gaillard, titular de Legislación Penal, recordó que el cronograma de debate fue acordado entre los presidentes de las comisiones y se decidió comenzar este jueves para que “no sea un debate exprés, sino un debate extendido, y que cada diputado pueda expresarse”.
“Tenemos la buena voluntad de utilizar las reuniones informativas para que los diputados integrantes puedan expresar sus opiniones”, se defendió Gaillard.
Su postura fue avalada por Romina Del Plá (P-_FIT) y, fundamentalmente, por la secretaria parlamentaria del Pro, Silvia Lospennato, quien se mostró “sorprendida” con el pedido de Camaño.
Lospennato recordó que en el mes de abril, cuando todavía no existía ningún protocolo, “la Cámara funcionó en reuniones informativas”, y dejó en claro que “claramente no se puede dictaminar” ni este jueves ni el viernes, por lo que se tomó la decisión de posponer el dictamen para el próximo miércoles.
Tras la discusión reglamentaria, empezaron finalmente las intervenciones de los diputados y el primero en hacer uso de la palabra fue Juan Carlos Alderete, del Frente de Todos y de la Corrientes Clasista y Combativa (CCC).
“Las mujeres abortan desde hace miles de años, independientemente de sus creencias e incluso sabiendo el riesgo de muerte en esa práctica. Por eso insistimos en que ante algo que existe inexorablemente, es justo que se legalice para que dejen morir las mujeres”, sostuvo.
Alderete amplió: “No estamos a favor del aborto en sí mismo: estamos en contra de la clandestinidad y de las injusticias sociales, porque aquellas que cuentan con los recursos necesarios pueden abortar en una clínica privada, y las que no, están condenadas a realizarse prácticas inseguras que ponen en riesgo su vida”.
Otra oficialista, Mara Brawer, recordó que en 2018 participó como expositora a favor del aborto legal. “Que se haya instalado en ese momento el debate en la agenda pública era un paso fundamental para terminar con la hipocresía que siempre juzgó y discriminó a las mujeres”, enfatizó.
La legisladora comparó la situación con la de hace dos años y afirmó que “las mujeres seguimos abortando, lo hacemos en condiciones inseguras, y hay miles de mujeres que llegan a los hospitales con daños en su salud y otras que mueren por abortos inseguros”.
También destacó que “las miles y miles de mujeres que estaban en las calles, la hermosa marea verde, están muchísimo en las redes por la pandemia”.
Más allá de esto, observó que este año “no discutimos solo ‘aborto sí’ o ‘aborto no’, sino cómo se van a llevar a cabo estas políticas públicas para quienes quieran interrumpir su embarazo y acompañar a quienes quieran llevar adelante su embarazo”.
“Hoy no se trata de un Estado observador, que solo mira el debate, sino que estamos ante un Estado presente, que quiere hacerse cargo de estos problemas”, diferenció Brawer.
En contra de la legalización se expresó Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, quien observó que las exposiciones de invitados dejaron claro que “no hay homogeneidad en el abordaje jurídico, ni médico, ni social, ni en la necesidad de aprobar este proyecto o en las consecuencias de legalizar el aborto”, y “esto refleja lo dividida que está la sociedad en este tema”.
Campagnoli informó que ella misma presentó proyectos para reformar las leyes de Educación Sexual Integral y de Salud Sexual, así como la de Adopción, y así buscó refrendar su compromiso con el tema.
De todos modos, cuestionó que el aborto legal se vote junto con el Programa de los Mil Días. “Suena un poco oportunista presentarlos conjuntamente”, consideró.
La representante de la Coalición Cívica habló de una “falsa dicotomía de si somos pro-derechos o anti-derechos”, y en relación a la letra chica del proyecto, sostuvo que “no despenaliza a la mujer; a pesar de las afirmaciones respecto de que el derecho penal fracasó, el proyecto no propone un cambio de paradigma”.
“No se deroga ni un solo artículo y se mantiene la penalización de la mujer en el artículo 88, aunque sí baja las penas”, puntualizó.
La última oradora de la jornada fue Gabriela Estévez (Frente de Todos), quien hizo énfasis en “el derecho de las mujeres a construir sus proyectos de vida”. “Para poder construir un proyecto de vida tenemos que garantizar el acceso a los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la salud”, dijo.
Según la cordobesa, “en este momento, bajo las condiciones que tenemos, nos vemos limitadas para construir nuestro proyecto de vida. Es una realidad que debemos poner en discusión”.
“El aborto es la última opción, en el medio hay muchas otras opciones. Pero aun teniendo todas esas posibilidades, los embarazos suceden, y cuando son no deseados, las mujeres y personas gestantes acuden a interrumpirlos, en condiciones inseguras en muchos casos, y siempre en la clandestinidad, y esto significa un riesgo a la salud que no estamos considerando”, planteó.
Antes de los diputados, participaron como invitados Mariela Bielski (Amnistía Internacional), Roberto Votta (médico del Hospital Algerich), Marcelo Riera (exministro de Salud de San Luis), Luis Ernesto Pedernera Reyna (presidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas), Patricia Rosemberg (médica y mágister en Gestión Epidemiológica y Políticas de Sallud) y Soledad Bustos (subsecretaria de Atención Primaria del Municipio de Quilmes), entre otros.
Jefes de bloque se reunieron este miércoles y se encaminan a un consenso, aunque volvió a surgir la posibilidad de sesionar fuera del recinto. El dictamen del aborto legal se pospone para la semana próxima.
La Cámara de Diputados se encamina a retomar la actividad presencial, aunque con excepciones debidamente justificadas por cuestiones sanitarias. Ese fue el principio de acuerdo que se alcanzó este miércoles en una reunión de jefes de bloque encabezada por el presidente del cuerpo, Sergio Massa, aunque la definición final se hace esperar.
Tras el vencimiento del Protocolo de Funcionamiento Remoto el último lunes, en la polémica sesión donde se trató el recorte de la coparticipación de la Ciudad, los líderes parlamentarios mantuvieron un encuentro para resolver cómo sigue la actividad, en el marco de la prórroga de sesiones ordinarias dispuesta por el Poder Ejecutivo hasta el 3 de enero.
Juntos por el Cambio, la principal bancada de la oposición, consideró que “no hay motivos” para continuar con el funcionamiento virtual tras el fin del aislamiento social decretado por el Gobierno, mientras que otros bloques provinciales prefieren sostener el actual esquema mixto, pero se adaptarían a la decisión mayoritaria.
La opción con más posibilidades de avanzar es la de volver a la actividad presencial, pero con excepciones “muy estrictas”, por ejemplo, el caso de diputados que integran grupos de riesgo. Pero aun así, las autoridades de la Cámara todavía evalúan si están dadas las condiciones para la concurrencia de unos 200 diputados respetando a la vez el distanciamiento social.
Hasta ahora, están habilitadas en el recinto entre 80 y 85 bancas, y también las galerías superiores, pero en la oposición creen que no sería suficiente para garantizar los resguardos sanitarios si aumenta el número de presentes. Por eso, Mario Negri volvió a proponerle a Massa el Centro Cultural Kirchner (CCK) como lugar alternativo.
Los jefes de bloque deberán notificar este jueves si aceptan la modalidad presencial con excepciones, y en ese caso, cuál será el lugar propuesto. Massa dejó en claro que la decisión final debe surgir del consenso entre los bloques para garantizar la participación de todos los diputados, ya sea en forma física o remota.
Dado que todavía no se concretó el acta de Labor Parlamentaria sobre cómo seguir, la firma del dictamen sobre la legalización del aborto se pasará para el próximo miércoles, por dos motivos: ya no hay tiempo material para garantizar mayoría presencial en las comisiones esta semana, y un dictamen completamente virtual tampoco sería válido.
Por lo pronto, los presidentes de las comisiones que intervienen acordaron sumar veinte expositores más al debate. Cecilia Moreau, titular de Legislación General, informó al finalizar la jornada que este jueves habrá más presentaciones de especialistas de 11 a 14, y luego de 15 a 19 serán las últimas disertaciones y comenzará el debate entre diputados.
La discusión parlamentaria seguirá el viernes en otras dos etapas, de 10 a 13 y de 14 a 19, y finalmente el miércoles 9, después de los feriados, se firmará el dictamen. ¿Qué pasará con la sesión? Por ahora se mantiene en pie, como fecha, el jueves 10. Resta saber si será en el recinto y, en ese caso, cuáles serán las restricciones.
El segundo plenario de comisiones contó con numerosos expositores a favor y en contra de la legalización. Se define el dictamen.
Abogados, profesionales de la salud y referentes religiosos asistieron este miércoles a una nueva jornada de debate del proyecto de legalización del aborto, en el marco de un plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Legislación Penal y Mujeres y Diversidad.
El primer bloque de las exposiciones, realizado desde mañana hasta pasado el mediodía, estuvo conducido por el tucumano Pablo Yedlin (Frente de Todos), titular de la Comisión de Salud. Los oradores hablaron agrupados de a cuatro, intercalados entre los que se expresan a favor y en contra de la ley.
En primer lugar habló Soledad Deza, abogada feminista que estuvo a cargo del caso Belén en Tucumán, quien consideró que la iniciativa “busca saldar una deuda democrática histórica”. Centrada en su discurso sobre la cuestión de la objeción de conciencia, señaló que ésta “es una herramienta política que hace e hizo mucho daño cuando está en manos inescrupulosas y el Estado mira para otro lado”.
La letrada cuestionó que “el artículo 10 del proyecto es una enorme concesión a quienes suelen utilizar la conciencia como herramienta para afectar el servicio de salud pública”. “La peor cara de la objeción, la más dañina, es aquella que se oculta tras un lugar de poder para trastocar el autogobierno, brindando información falsa o sin evidencia científica”, continuó.
“En Tucumán, luego de que Belén estuvo presa, 34 mujeres fueron acusadas penalmente por aborto espontáneo natural, 165 tienen causas penales caratuladas como abuso sexual-aborto provocado, 72 mujeres fueron acusadas por aborto provocado solo entre 2018 y 2019. Esa también es una forma encubierta de objeción de conciencia”, apuntó.
Finalmente, Deza sostuvo que “será un desafío titánico del Estado garantizar a la población que la libertad de culto de algunos y algunas no consolide la subalternidad de otras que también tienen objeción de conciencia”.
En contra del proyecto, Nicolás Laferriere, doctor en Ciencias Jurídicas y especialista en Bioética, aseguró que es “inconstitucional” la “afectación del derecho a la vida del niño por nacer”, y agregó que en caso de sancionarse esta ley “habrá en nuestro sistema legal cuatro momentos en los que comienza la vida humana”, lo que provocará un “problema de coherencia normativa”, además de establecer discriminación entre niños que pueden recibir asignaciones y beneficios y aquellos que “serán descartados por no ser deseados”.
El orador observó que el proyecto “impone el aborto” por “doble vía de presiones hacia las madres y los profesionales de salud”. “No se atienden a las problemáticas de fondo que llevan a pensar en el aborto”, advirtió y criticó el “nuevo delito que amenaza a los profesionales de la salud”, a partir de “una tipificación amplia y vaga de las conductas que van a ser penalizadas”. También, opinó que tiende a la eliminación de los niños con discapacidad: “Aunque en apariencia la ley es neutra, la discriminación aparece en los hechos”.
A favor de la iniciativa, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez dijo que “desde el derecho convencional” existen “sentencias, informes particulares, observaciones generales o informes por país” de los órganos rectores de tratados internacionales que “le han dicho a todos los Estados y a la Argentina, en innumerables oportunidades, que debe despenalizar el aborto”.
“Es una obligación del Estado argentino despenalizar el aborto, porque si no lo hace está violando los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres”, expresó e insistió que “la aprobación del proyecto lo que hace es cumplir con obligaciones internacionales y ejercer el control de convencionalidad interno”.
Asimismo, Domínguez, indicó que “desde el punto de vista constitucional no existe ninguna norma que impida, prohíba o haga que este proyecto sea inválido”.
“Lo que se está castigando en realidad es el goce de la mujer, a través de la apropiación estatal del cuerpo de las mujeres, mientras tanto los hombres seguimos gozando sin ningún tipo de inconvenientes”, enfatizó el abogado.
Y completó: “En 1921, un Congreso totalmente integrado por hombres blancos y propietarios tuvo en cuenta los derechos de las mujeres, tuvo en cuenta las autonomías de las mujeres. En el siglo XXI, este Congreso, con un derecho convencional y con las obligaciones constitucionales claras y precisas, tiene el desafío y la obligación de ser progresivo y garantista mucho más aún que aquel Congreso de 1921, respecto de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes, y las personas con capacidad para gestar”.
También a favor del proyecto, Diana Maffia, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, remarcó que “habilitar el aborto no obliga a nadie a abortar, pero prohibirlo sacrifica la vida de muchas mujeres en el circuito clandestino y no preserva ninguna vida”.
Lo que hace esta iniciativa es reconocer “a las mujeres en su decisión la condición de autonomía”, manifestó. Tras subrayar que “no se está legislando sobre embarazos avanzados”, la expositora añadió que se trata de “la resolución de un conflicto moral entre la maternidad forzada y la interrupción voluntaria del embarazo”.
Al hablar de las “razones sociales”, Maffia explicó que “el Estado ha omitido su presencia eficaz en las condiciones que llevan al conflicto”, porque “la mujer que aborta es víctima de la violencia indirecta” por “la ausencia de políticas públicas oportunas y adecuadas de educación sexual integral, anticoncepción y lucha contra la violencia de género”. “¿Puede el mismo Estado que omite estas políticas penalizar el aborto? Estaría castigando doblemente a las mujeres”, resaltó.
A su turno, María Angélica Gelli, directora del Instituto de Política Constitucional, afirmó que “la defensa de la vida comienza con la concepción y la protección de este derecho está expresamente reconocida en el sistema jurídico” argentino. “No se trata de una interrupción, porque lo que se interrumpe puede continuar, se trata de la supresión del embarazo y se trata de consagrar un derecho subjetivo a abortar”, aseveró.
La abogada alertó que el derecho a la objeción de conciencia individual se regula en el proyecto de un modo “parcial, trunco y condicionado”, al no admitirse la objeción institucional. En ese sentido, señaló que se “vulnera en términos absolutos la objeción de conciencia personal de todos los miembros de la organización”.
“En dicha institución y organización existe la conciencia de sus integrantes y si ellos se reúnen con una cosmovisión respetable no puede imponérsele una obligación por parte del Estado que va en contra de esa cosmovisión, que es nada más y nada menos que la defensa de la vida”, abundó.
Por lo tanto, Gelli consideró que “debiera considerarse expresamente la objeción de conciencia institucional”. Asimismo, aclaró que el médico “sea o no sea objetor es el que decide qué hace frente al paciente. No podemos obligarlo a que diga lo que haga la ley y vulnerar el propio juramento hipocrático”.
En otro tramo, la abogada se diferenció de lo dicho por Andrés Domínguez sobre el derecho convencional, al expresar que “en ninguno de los tratados de derechos humanos aparece el derecho a abortar”. Los informes emitidos por los órganos “tienen valor, pero no pueden cambiar el significado de los tratados”, cerró.
“Más allá de las posiciones religiosas y metafísicas, este es un gravísimo problema de salud pública”, sostuvo Leda Guzzi, médica infectóloga, quien precisó -de acuerdo a un estudio- que “entre 2010 y 2014 hubo 55.7 millones de abortos por año en el mundo” y “el 76% de los abortos se realizan en Latinoamérica son en condiciones de inseguridad”.
Guzzi apuntó que “pese a los avances del acceso a métodos anticonceptivos siguen sucediendo embarazos no deseados” y “los marcos más restrictivos, lejos de bajar la tasa” impulsan a la clandestinidad. La doctora valoró que la legalización del aborto en 2012 en Uruguay produjo una “reducción dramática de la mortalidad materna relacionada al aborto”. Y sumó: “Un aborto inseguro implica un costo siete veces mayor que cualquiera de las otras prácticas supervisadas médicamente”.
El cura villero Gustavo Carrara reflexionó que la pandemia puso en evidencia que “la cultura del descarte, individualista va avanzando” y existe un “gran virus de la injusticia social”. Por otro lado, en su discurso asoció el tema del aborto legal con la negociación de la deuda externa, ya que los organismos financieros internacionales “muchas veces sugieren políticas de reducción de la población”.
El obispo remarcó que la Convención de los Derechos del Niño “entiende todo ser humano desde el momento de la concepción”. “Cuando se niega el derecho más elemental, el derecho a vivir, todos los derechos humanos quedan colgados de un hilo”, dijo y siguió: “Si aparece alguna excusa para eliminar una vida humana siempre aparecerán razones para excluir de este mundo a seres que molesten, mandarán las circunstancias”.
“¿En qué se apoyaría la ley para decir no es legítimo quitarle la vida a un ser humano cuando tiene más de 14 semanas, pero sí se le puede quitar cuando tiene un día menos?”, se preguntó Carrara, que exclamó que “lo que está en juego es el valor de la vida humana”.
Además, añadió: “Cuando se habla de las villas o barrios populares muchas veces se desconoce la cultura de la mayoría de las mujeres pobres, para ellas los hijos son el mayor o el único tesoro, y no son algo más entre distintas opciones que el mundo pueda ofrecerles. Eso implica que tantas mujeres pobres se desvivan trabajando mucho para criar a sus hijos”. “Si se quiere ayudar realmente se debe luchar contra la pobreza con firme determinación”, finalizó.
Otra de las oradoras fue la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci, quien explicó que los órganos que rigen los tratados internacionales son los que se encargan de la interpretación de los mismos, y dicha interpretación de los textos debe ser “dinámica”. “Cuando interpreto un tratado, lo interpreto acorde a las realidades y necesidades actuales y no mirando para atrás”, justificó.
En esa línea, defendió que estos organismos “entienden muy bien lo que son los derechos humanos y entienden que no hay derechos, aunque sean humanos, que sean absolutos”. Al mencionar los “pilares” de “autonomía, pluralismo y solidaridad”, Kemelmajer de Carlucci subrayó que “ningún ser humano tiene que ser instrumento de otro; ni de otra persona, ni del Estado, ni de los grupos. Con esta ley se aplica la autonomía que permite a la mujer tomar decisión”.
En la jornada expusieron además Aníbal Bakir, presidente del Centro Islámico de la República Argentina; Víctor Urbani, médico y exministro de Salud de Jujuy; Martín Olivera, médico especialista en ginecología y obstetricia; y Néstor Sagués, doctor en Derecho.
La segunda tanda de expositores comenzó con Mirian Andújar, abogada y exdecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo, quien advirtió que el presidente Alberto Fernández y los funcionarios que promueven el aborto legal “piensan que no hay vida humana en los primeros estadios de gestación”.
“El niño por nacer no es una entelequia ni una cuestión cultural o de fe, tampoco un fenómeno: es una realidad, un individuo perteneciente a la raza humana. No es un órgano o una víscera de la madre; es un ser distinto a la madre”, sostuvo.
Andújar consideró que “tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo -por ejemplo, podemos rechazar distintas prácticas sobre nuestro cuerpo-, pero no tenemos derecho a decidir sobre la vida de un individuo distinto a nosotros, como es el niño por nacer”. Por último, habló de un “uso político” del aborto “cuando se lo presenta como una opción para las mujeres pobres”.
María Belén Carcedo, médica generalista, se hizo eco de las “voces quebradas, documentadas en un sinfín de historias clínicas” de mujeres que abortan. “El aborto existió, existe y existirá. Está ampliamente demostrado que quien decida abortar, aborta, sea cual sea el estatus jurídico del país, lo que sí se modifica son las condiciones en las que el aborto ocurre, y el Estado debe hacerse cargo de garantizarlo en las condiciones adecuadas”, enfatizó.
También señaló que “el aborto tiene que salir del Código Penal” y reclamó por el acceso al misoprostol y a la aspiración manual intrauterina (AMEU).
En otro orden, advirtió que “forzar a las niñas a maternas es un acto de tutora, cruel, inhumano y degradante”, y estimó que “el 80% de los embarazos en niñas es producto de abuso sexual intrafamiliar”.
Jorge Aquino, doctor en Medicina e investigador del CONICET, detalló el proceso de fecundación y precisó que “el cigoto es un individuo y un ser humano”, y “cada cigoto es único e irrepetible”. Relató la evolución del embrión en el vientre a través de las semanas e informó que “entre la semana ocho y la quince aumenta su capacidad de sentir dolor”.
“Desde la fertilización empieza a sentir un nuevo ser humano. El proyecto es tan malo como el de 2018, permitirá atentados contra seres humanos hasta el noveno mes”, alertó Aquino, y agregó que “no puede afirmarse que el número de abortos no aumente con su legalización”.
La doctora en Derecho e investigadora del CONICET Paola Bergallo indicó que “venimos esperando casi 100 años para que se discuta la legislación penal del aborto”, y “mientras tanto, más de 3.000 mujeres murieron en situaciones aborto que hubieran salvado su vida si hubiéramos dado el debate antes”.
Bergallo explicó cómo “la mayor parte de los países del mundo tienen legislaciones liberalizadoras” en este sentido, y subrayó que el aborto legal “es una deuda de la democracia porque en 1920 no estuvimos representadas en la redacción del Código Penal”.
Respecto del proyecto del Poder Ejecutivo, consideró que es “moderado” porque “en las reformas que se están dando en el mundo se argumenta la necesidad de abandonar totalmente el derecho penal”, y además porque “es acompañado por la ley de los 1000 días”, que busca garantizar “el derecho de la mujer a continuar con su embarazo”.
La directora ejecutiva de ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), Natalia Gherardi, sostuvo que “lo que está en debate es la modificación de un régimen de regulación del aborto basado en causales a un régimen mixto” por el cual se puede interrumpir el embarazo hasta la semana catorce de forma voluntaria. “En este plazo inicial las razones son de la mujer, son íntimas, personales, como su decisión”, aclaró.
En ese contexto, advirtió que “muchas de las personas que expusieron en contra se manifiestan en contra de los derechos de las mujeres a decidir, aun frente a la violencia y al peligro para su salud”, como está establecido en el Código Penal desde 1921.
Asimismo, Gherardi negó que sea un debate exprés. “No hay nada de exprés en un proceso que lleva décadas de construcción nacional e internacional”, opinó, y agregó que “el debate se construyó a partir de una demanda social colectiva y transversal que fue receptada en el proyecto del Poder Ejecutivo pero que no le pertenece: le pertenece a las mujeres, que reivindicamos nuestro derecho a decidir”.
También a favor de la legalización, la legisladora porteña del PTS-FIT Myriam Bregman lamentó que “quienes optan por la clandestinidad del aborto intentan darle a sus argumentos un tinte científico”. “A esta altura sabemos que la amenaza penal no ha persuadido a nadie de interrumpir embarazos no deseados, y ha funcionado como un verdadero castigo de clase”, analizó.
“La negación del derecho al aborto es parte de un entramado mayor , de una concepción general que considera que la única función que tenemos es reproducir, y que ni siquiera nos asiste el derecho de cómo y cuándo hacerlo. Cuestionan la educación sexual integral, el misoprostol, y que podamos gozar libremente de nuestra sexualidad. Eso quedaría solamente reservado a los varones, según lo que hemos escuchado”, se quejó Bregman.
A su turno, el doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional de la UBA Roberto Gargarella pidió “resistir la idea de cómo se interpreta la Constitución, como si incluyera compromisos ocultos en los intersticios de los artículos, como si los derechos constitucionales fueran planetas externos a nosotros que científicos con grandes aparatos telescópicos reconocen, pero nosotros como ciudadanos comunes no podemos reconocer”.
“La Constitución es un manual de procedimientos para que tomemos las decisiones sustantivas. No es una caja que ya incluye todas las respuestas. Enuncia y se compromete con valores, pero luego lo que hace es establecer las reglas procedimentales para decidir sobre las cuestiones sustantivas”, evaluó.
También participaron de la jornada de este martes Margarita Bosch, doctora en Ciencias Químicas; Carolina Comaleras, licenciada en Obstetricia; Siro de Martini, doctor en Ciencias Jurídicas; María de Urraza, médica obstetra; Magui Fernández Valdéz, directora ejecutiva del Observatorio de Acceso al Misoprostol; y SégoleneDu Closel, docente de Bioética y doctorada de la Universidad del Salvador.
Otros de los disertantes fueron Pablo Garat, decano de la Facultad de Derecho de la UCA; Gisela Reynaga, médica tucumana; Sonia Terragona, subsecretaria de Medicamentos del Ministerio de Salud de la Nación; Cecilia Ousset, médica tocoginecóloga; Fernando Toller, profesor de Derecho Constitucional; Débora Rainieri, docente investigadora de la Facultad de Derecho de la UCA; y Marisa Herrera, doctora en Derecho e investigadora del CONICET.
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad se refirió a los aspectos de la despenalización y modificaciones al Código Penal en la iniciativa.
Con una exposición centrada en explicar las modificaciones que se prevén en el Código Penal, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, defendió el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo y dijo que “desestresa el sistema de salud” y “disminuye los abortos”.
Al exponer en el arranque del debate en la Cámara de Diputados, la funcionaria afirmó que la iniciativa “viene a dar una respuesta concreta a un problema de salud pública que existe en nuestro país y que no podemos seguir escondiendo o mirando para otro lado”.
“El proyecto disminuye la mortalidad materna, quiere decir que salva vidas de mujeres todos los días; elimina riesgos para la salud de las mujeres; disminuye los abortos, que es algo que deseamos todos y todas; no estresa al sistema de salud, sino por el contrario lo desestresa; y no implica más costos, sino implica un ahorro”, enumeró.
Gómez Alcorta abogó por un debate, tanto dentro del Congreso como en las calles, que sea “respetuoso” y con “ideas”. “Creemos que tenemos que estar a la altura de las circunstancias para que, si se sanciona esta ley, nunca más muera una mujer en nuestro país por el aborto clandestino”, enfatizó.
La ministra indicó que la práctica se legaliza hasta la semana 14 inclusive y “mantiene la penalización de quien causare un aborto” sin consentimiento de la mujer. Además, ponderó la inclusión del término “personas gestantes” para “adaptar el texto legal” a la Ley de Identidad de Género, porque “no solamente las mujeres podemos embarazarnos, sino también los varones trans, bisexuales, intersex o no binarias”.
Además, apuntó que se incorpora un nuevo tipo penal con penas de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para quienes dilaten injustificadamente, obstaculicen o se nieguen a practicar el aborto en los casos autorizados, lo que abarca tanto a médicos como a las autoridades del establecimiento de salud.
Este punto se introduce porque el proyecto prevé “el derecho a la objeción de conciencia”, porque reconoce como “un derecho a la IVE, y a requerir y acceder a la práctica”, y finalmente porque se contempla el “plazo de 10 días que se establece desde el momento en que la persona la requiere y el momento en que se tiene que efectivizar”.
Sobre ello, aclaró que el nuevo artículo -85 bis- se establece entonces “de acuerdo a las previsiones que establece el proyecto” y para que “no se obstaculice el acceso a este derecho”.
También, la ministra manifestó que la nueva redacción tiene como fin “mejorar los déficit de redacción que tenían (los artículos del Código Penal), y que a lo largo de estos años tanto problemas ha traído la interpretación de estos textos”.
Entre las cuestiones que se agregan, la funcionaria hizo mención a que “la declaración jurada no será requerida para las personas menores de 13 años” y que “podrá eximirse de la pena (a la persona gestante) cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta”.
El ministro de Salud hizo un llamado en ese sentido a los legisladores oficialistas que están en contra del proyecto. Aseguró que regular la práctica reduce costos para el sistema.
El ministro de Salud, Ginés González García, defendió este martes el proyecto de legalización del aborto, cuestión que consideró como un tema de “justicia social”. En ese sentido, hizo un llamado a los legisladores del oficialismo que están en contra de la iniciativa.
“Este no es un problema igual para todas las argentinas”, señaló, para agregar que “este es un problema donde la injusticia se ve claramente”. El funcionario dijo que “además de ser un proyecto del Poder Ejecutivo”, hay que tener en cuenta que “la genética del movimiento nacional es la justicia social”.
El titular de la cartera de Salud aseguró que “hay demasiada evidencia que esto tiene solución como para no resolverlo”, por eso pidió a los diputados que “piensen cuando tengan que decidir sobre lo que sufren estas mujeres cuando están en condiciones -clandestinas- de todo tipo”.
González García informó que por día hay unos “1.100, 1.200 abortos” y “unas 100 a 120 internaciones, sólo en los hospitales públicos”. “Esto no es un problema que no tenga solución, como nos pasa hoy con la pandemia”, expresó y resaltó que “la solución” es “técnica” y “se aplica en todo el primer mundo”.
“Hace 50 años que el mundo lo empezó a resolver”, insistió y remarcó el “enorme impacto económico que tienen las miles de internaciones que tienen las consecuencias de que el aborto sea un hecho clandestino”.
Sostenido en su discurso por una serie de gráficos con datos, el ministro precisó que en los últimos años disminuyeron los egresos hospitalarios por aborto en el sector público por una “innovación” que “se llama misoprostol” y es “una técnica novedosa” que “simplifica notablemente y hace que desaparezcan los riesgos”.
Si bien “no presenta ningún problema desde el punto de vista terapéutico”, el funcionario indicó que “cuesta 2.800 pesos” en una farmacia, lo que crea “una barrera de acceso a muchas argentinas”, que además pueden no saber que existe ni tener la información adecuada sobre su uso.
En referencia al costo, González García aseveró que además de costar “en vida, en infecciones, en trauma, en injusticia”, un aborto clandestino “cuesta 10 veces más el costo hospitalario de la post-internación que el costo previo de utilizar tecnología preventiva”.
“Si esto fuera masculino estaría resuelto hace mucho tiempo”, opinó y añadió: “Es un tema histórico, de muchos años y que tenemos la responsabilidad de resolver y cambiar una historia de la que nadie puede estar orgulloso”.
La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, redactora del proyecto, valoró que “el presidente recoge una lucha histórica de miles de mujeres” y resaltó que se trata de atender a aquellas que están en condiciones de vulnerabilidad.
La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, fue la primera oradora en abrir este martes el debate del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, enviado por el Gobierno nacional, y sostuvo que en Argentina “ha fracasado la política de penalización del aborto”.
La funcionaria, quien estuvo a cargo de la redacción del texto, destacó el envío de la iniciativa junto a otra, la del “Programa de los Mil Días”. “Son dos proyectos que dialogan, que van conjuntamente”, señaló y, sobre el referido a acompañar a la madre y los niños en los primeros años de vida, expresó que tiene como objetivo mostrar que “el Estado está allí acompañando los proyectos de maternidad, que el Estado los valora”.
“No queremos que ninguna mujer decida interrumpir su embarazo por condiciones de vulnerabilidad o escasos recursos”, resaltó.
Ibarra recordó que el proyecto de aborto legal fue una promesa electoral del Frente de Todos y, además, se anunció en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso este año. “El presidente de la Nación recoge una lucha histórica de miles de mujeres que nos precedieron”, valoró.
En su exposición, la secretaria Legal y Técnica hizo un especial reconocimiento a las “mujeres pioneras” en el tema y a las militantes de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que “han llevado adelante una lucha importantísima en nuestro país”.
La funcionaria destacó que el proyecto “fue redactado en una comisión interministerial” y “es fruto de un trabajo en equipo”. Al enviar esta iniciativa al Parlamento, el Poder Ejecutivo busca “visibilizar el enorme problema que tenemos en la Argentina con los abortos clandestinos”, indicó.
“Para abordar este tema no va a alcanzar con esta ley solamente”, aclaró y enumeró que será necesario también “reforzar la educación sexual integral en todo el territorio en forma accesible”, al tiempo de implementar políticas de prevención de la violencia de género y el abuso, y de acceso acceso a métodos anticonceptivos.
Ibarra subrayó que “ha fracasado la política de penalización del aborto, la política de amenazar a la mujer de cárcel ante la decisión de tomar la decisión de interrumpir su embarazo”.
Asimismo, habló de “un mundo clandestino de miles y miles de abortos que se suceden día a día en Argentina” con “mujeres allí invisibilizadas con sus cuerpos, sus embarazos, sus miedos”, y que incluso algunas de ellas recurren en condiciones de clandestinidad con “límites insospechados”.
“Sabemos que en Argentina el aborto puede ser seguro si uno tiene forma de costearlo”, manifestó, pero hizo hincapié en aquellas que “no pueden, están más solas y más vulnerables de derechos”. “Hay un nivel de crueldad del que queremos hacernos cargo”, aseveró la secretaria de Legal y Técnica y agregó: “Queremos recibirlas en los sistemas de salud, tratarlas, cuidarlas; que tengan el derecho de ser atendidas y recibir información”.
En otro tramo, la funcionaria apuntó que “en los países donde se ha legalizado, después de un período los abortos empiezan a disminuir notoriamente”, y mencionó a Alemania, España, Italia, Canadá, Estados Unidos, Uruguay, entre otros. “Acá nadie puede promover el aborto, lejos de ello, queremos disminuirlo”, insistió.
También se refirió a puntos centrales del proyecto, al que calificó como “un texto cuidado, que recoge consensos históricos y es respetuoso de derechos”.
“Si se aprueba este proyecto todos podrán seguir pensando y decidiendo según sus convicciones”, sostuvo, al tiempo que observó que “algo habrá cambiado: podremos disminuir la cantidad de embarazos no intencionales, los abortos, ahorrar sufrimientos a miles de mujeres y evitaremos muertes evitables”.
Se permite el aborto voluntario hasta las catorce semanas, pero solo en situaciones de “exclusión y vulnerabilidad”. Incluye la objeción de conciencia. Lo encabeza Alejandra Vigo, que se abstuvo en 2018.
En 2018, los tres senadores por Córdoba (Carlos Caserio, Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez) se unieron para presentar su propio proyecto sobre el aborto, que contenía diferencias respecto a la media sanción de la Cámara de Diputados (entre otras cosas, bajaba a doce semanas el plazo para la Interrupción Voluntaria del Embarazo). Ahora, diputados de esa provincia que responden Juan Schiaretti también se plantaron con una alternativa, encabezada por la propia esposa del gobernador, Alejandra Vigo, la única que se abstuvo en la votación hace dos años.
El proyecto fue dado a conocer por el bloque Córdoba Federal en las redes sociales, en la previa del comienzo del debate en comisiones de la Cámara baja. “Esperamos que sea incluido junto a los otros expedientes presentados. Sostenemos la importancia del debate democrático y el respeto a todas las posiciones en el tratamiento en esta materia”, expresaron los legisladores Vigo, Carlos Gutiérrez, Paulo Cassinerio y Claudia Márquez.
La propuesta consiste en modificaciones al Código Penal y su objetivo es, según el artículo primero, “la adecuación de las disposiciones de derecho interno y procedimientos de actuación institucional a los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, a los fines de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible en relación a personas en situación de interrupción del embarazo”.
Se propone modificar el artículo 86 del Código Penal, estableciendo que el aborto practicado por profesional de la salud con el consentimiento informado de la mujer no es punible si se da alguno de estos tres supuestos: “si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para su vida o su salud y si este peligro no puede ser evitado por otros medios”; “si el embarazo proviene de una violación”; o “si se ha practicado antes de la semana catorce, cuando el embarazo resultare de una especial circunstancia de exclusión y vulnerabilidad de la persona gestante, acreditada ante el personal de salud con un informe social, emitido dentro de los cinco días de solicitado por la gestante”.
El último supuesto es la diferencia más importante respecto del proyecto del Poder Ejecutivo: si bien se habilita el aborto hasta las catorce semanas de gestación, no será por simple voluntad de la mujer, sino que estará limitado solo a situaciones de “exclusión y vulnerabilidad” que deberán ser acreditadas por la mujer para poder acceder a la práctica.
Si existen funcionarios, autoridades de la institución sanitaria o profesionales médicos que impiden u obstaculizan “por sí o por otros” la realización de abortos no punibles en los tres casos citados tendrán una prisión de entre seis meses y dos años.
Para la mujer que cause su propio aborto o consienta que otro se lo practique por fuera de las tres excepciones, se bajará la pena de prisión, que será de tres meses a un año (actualmente va de uno a cuatro años), es decir que será excarcelable.
El proyecto establece que la interrupción del embarazo deberá realizarse dentro de los diez días posteriores a su requerimiento (igual que la iniciativa del Ejecutivo) y se garantiza el acceso a la información y el acompañamiento integral de la persona gestante, así como la provisión de métodos anticonceptivos.
El aborto no punible deberá contar con cobertura integral en el sistema de salud, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga. Además, el proyecto obliga al cumplimiento efectivo de distintas leyes, como la de Salud Sexual y Procreación Responsable, y la de Educación Sexual Integral.
Otro aspecto destacado de la propuesta cordobesa es que habilita la objeción de conciencia para el profesional de la salud que actúe “de manera directa”, aunque en esos casos deberá “derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones y garantizando el acceso a la práctica”, y además “cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas”.
En su artículo 11, el proyecto crea un “Programa para la Prevención y Asistencia a Personas Gestantes en Situación de Interrupción del Embarazo”, y por último, se dispone la elaboración de un protocolo nacional de aborto no punible para las excepciones previstas, a ser cumplido en todo el país.
Los presidentes de las comisiones que tratarán el tema acordaron cómo será el tratamiento: arranca el martes y apuntan a firmar dictamen el próximo viernes. Se convocará a medio centenar de expositores.
Por Carolina Ramos
Mientras todo el país vive una conmoción por la muerte del ídolo futbolístico Diego Armando Maradona, en la Cámara de Diputados hubo una reunión clave donde se definió el cronograma de tratamiento del proyecto de aborto legal: arrancará el próximo martes y los “verdes” buscarán firmar dictamen el viernes, con posible fecha de sesión el 10 de diciembre.
Así se acordó en una videoconferencia de la que participaron los presidentes de las comisiones que intervendrán, Cecilia Moreau (Legislación General), Pablo Yedlin (Salud), Carolina Gaillard (Legislación Penal) y Mónica Macha (Mujeres y Diversidad), junto a los vicepresidentes y -por un rato- el titular de la Cámara, Sergio Massa.
Con la intención de sancionar la ley antes de fin de año, los titulares de las comisiones -todos a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo- decidieron que habrá tres jornadas maratónicas la semana próxima, con la participación de 50 expositores, 25 a favor y 25 en contra, agrupados por temáticas.
El tratamiento iniciará entonces el martes, en dos tandas: de 10 a 13 asistirán a la reunión virtual funcionarios del Poder Ejecutivo, mientras que de 14 a 19 hablarán los invitados, con un tiempo de siete minutos cada uno -el listado definitivo se terminará de cerrar en los próximos días-.
Por el Gobierno se espera que defiendan el proyecto los ministros de Salud, Ginés González García, y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, además de Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Ténica y redactora de la iniciativa.
El miércoles se repetirá el mismo esquema, con la participación de expositores de 10 a 13 y de 14 a 19, y el jueves por la tarde habrá una nueva reunión dedicada al debate entre los diputados.
Finalmente, los “verdes” esperan dictaminar el viernes, para dejar el proyecto en condiciones de ser tratado en el recinto posiblemente el jueves 10 de diciembre, junto con el denominado “Programa de los 1.000 días”, que obtendría dictamen también la semana próxima tras una ronda informativa con funcionarios.
Como adelantó parlamentario.com, los diputados a favor del aborto legal tienen prácticamente asegurado el dictamen de mayoría en las comisiones, donde el panorama está bastante definido, con tan solo cinco legisladores indefinidos que integran esos cuerpos.
En Legislación General, la comisión cabecera, hay 15 miembros a favor, 12 en contra y cuatro indefinidos; en Salud, 21 a favor, 13 en contra y un indefinido; en Legislación Penal hay empate 14 a 14 y dos indefinidos; y en Mujeres y Diversidad, 26 a favor, cinco en contra y ningún indeciso.
En 2018, primera vez que se habló de la legalización del aborto en profundidad, el tratamiento en comisiones insumió más de 20 reuniones informativas, que totalizaron más de 130 horas de debate con la participación de 738 expositores.
En una reunión virtual encabezada por Sergio Massa, se acordó que el proyecto será tratado en Legislación General (cabecera), Salud, Legislación Penal y Mujeres y Diversidad. El jueves se avanzará en un esquema de tratamiento.
El oficialismo comenzó a ajustar este martes cómo será el debate sobre el aborto legal en la Cámara de Diputados. En una reunión virtual encabezada por Sergio Massa, se determinó el giro a comisiones y se acordó iniciar el tratamiento con exposiciones de funcionarios del Poder Ejecutivo, aunque recién el jueves se clarificará el cronograma.
El proyecto, que ingresó a la Cámara baja el martes pasado, será tratado en Legislación General (cabecera), Salud, Legislación Penal y Mujeres y Diversidad, tal como se preveía. Sus presidentes -todos a favor de la ley- participaron del encuentro virtual con Massa: Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carolina Gaillard y Mónica Macha, respectivamente.
Dado que la intención de los diputados “verdes” es alzarse con la ley antes de fin de año, ya se comenzó a diagramar un esquema de debate, que será participativo pero no tan extenso como el que se dio en 2018, cuando el tema se discutió en profundidad por primera vez.
En ese sentido, los presidentes de las comisiones intervinientes darán a conocer este jueves un acta con los detalles del tratamiento. Evalúan convocar a entre 30 y 60 expositores, divididos en cuatro grupos: científicos, profesionales de la salud, representantes religiosos y juristas.
El listado final dependerá de las propuestas que se formulen al interior de los bloques, aunque ya se determinó que para la primera reunión informativa, que sería este viernes, se citará a funcionarios del Ejecutivo.
Asistirían a esa convocatoria el ministro de Salud, Ginés González García; su par de Desarrollo Social, Daniel Arroyo -quien votó a favor de la ley como diputado- y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, redactora del proyecto.
Lea también: Aborto voluntario, objeción de conciencia y cambios al Código Penal: qué dice el proyecto del Ejecutivo
La intención de Massa es garantizar un debate “serio y respetuoso”, según confiaron en su entorno, y para eso tomará medidas concretas. Una de ellas es solicitar a los legisladores, a través de una resolución, que “eviten adjetivaciones personales y calificaciones peyorativas”.
Pero además, promoverá que ante cualquier escrache a domicilios de diputados o acoso en sus teléfonos celulares, por parte de uno u otro sector, serán denunciados penalmente por la Cámara, “dado que se vería afectado el fuero y la libertad de opinión de los las legisladores”.
Este fin de semana sufrió un escrache en su domicilio el diputado Facundo Suárez Lastra (UCR), a favor del aborto legal, y en las redes ahora circula una segunda convocatoria frente a la casa de otra diputada “verde”, Laura Russo (Frente de Todos).
El proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) habilita a la persona gestante a realizarse un aborto de forma legal, segura y gratuita hasta la semana catorce de gestación, y luego de ese plazo, si el embarazo es producto de una violación o si están en riesgo la salud integral de la mujer.
En paralelo, la Cámara baja tratará el denominado “Programa de los mil días”, que prevé la creación de una nueva asignación, la provisión gratuita de insumos y modelos de atención especial a grupos vulnerables. En este caso, el debate pasará por las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda, y se buscará dictaminar en los próximos 15 días para tratar conjuntamente ambos temas en el recinto, llegado el momento.
De acuerdo al conteo realizado por parlamentario.com, el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo reúne 35 votos en contra y 33 a favor. Hay además dos senadores en el rubro “indecisos”; una que se abstuvo en la votación de 2018; y uno de licencia.
Con una diferencia más estrecha que la registrada en la votación de hace dos años atrás, en el Senado se presenta, hasta el momento, un escenario abierto para la legalización del aborto: según un conteo realizado por parlamentario.com, en la Cámara alta persiste el rechazo al proyecto solamente por dos votos.
Según el relevamiento de este medio, la iniciativa de Interrupción Voluntaria del Embarazo, impulsada esta vez desde el propio Gobierno, reuniría 35 votos en contra y 33 a favor. Hay, además, una senadora que se abstuvo en el debate de hace dos años atrás, la neuquina Lucila Crexell.
La legisladora del interbloque Parlamentario Federal, que está favor de la despenalización hasta la semana 12 de gestación -tiene un proyecto en ese sentido-, expresó este jueves que quiere ser “prudente” respecto de anunciar su postura porque “realmente la pasamos muy mal, fue muy fuerte el agravio a los senadores y diputados” en el debate de 2018.
En declaraciones a la radio La Red Neuquén, Crexell deslizó: “Ya que yo esté a favor de la despenalización es un indicio de cuál es mi posición respecto del tema”. Si bien dijo que la cuestión de las semanas es un “punto central”, se calificó como una “persona flexible”.
“Yo creo que hay una tendencia, y esto no es por la decisión que yo vaya a tomar, pero creo que esta vez hay mayor vocación de gente a favor del aborto en el Senado que hace dos años”, agregó, y consideró que el presidente Alberto Fernández “no hubiera mandado el proyecto si no tendría los votos”.
Desde aquel anuncio presidencial en marzo pasado, durante la Asamblea Legislativa, en el que había un puñado de senadores en la categoría “indecisos” o “sin pronunciarse”, hoy solo quedan dos. Y se trata de representantes de la misma provincia, Entre Ríos.
En el caso de Edgardo Kueider, del Frente de Todos, el senador todavía no anunció públicamente su postura, pero según pudo saber este medio estaría en contra del proyecto. Por su parte, la radical Stella Maris Olalla “en principio no va a tomar ninguna postura pública porque no sabe en qué condiciones va a llegar al Senado” la redacción del texto, indicaron a parlamentario.com desde fuentes cercanas a la legisladora.
Horas antes de que la iniciativa sea girada al Congreso, el santiagueño José Neder, del Frente de Todos, confirmó su posición en contra del aborto, develándose así otro de los nombres que figuraba en incógnito. El oficialista declaró que es “religioso, católico y mis convicciones no me lo permiten”, según publicó el Diario Panorama de Santiago del Estero.
Por el contrario, el que ratificó su postura a favor fue el santafesino Roberto Mirabella, también del bloque Frente de Todos. El legislador señaló que en febrero pasado presentó un proyecto de despenalización y sostuvo que hay que “buscar salidas que tengan como cuestión principal la salud pública”.
No obstante, remarcó que “es un tema complejo” y por lo tanto “no se debe tomar a la ligera”. “Hay muchas mujeres que asumen este tema como un reconocimiento de derechos y me parece que está bien. También entiendo que hay personas que por convicciones personales no estén a favor de que se despenalice ni que se legalice, pero no es un tema para simplificarlo”, subrayó este jueves en diálogo con la radio Aire de Santa Fe.
En agosto de 2018, el proyecto de aborto legal fue rechazado en la Cámara alta con 38 votos en contra, 31 a favor y una abstención -de la mencionada Crexell-. Uno de los votos negativos fue del tucumano José Alperovich, actualmente de licencia hasta fin de año, a raíz de la denuncia en su contra por presunta violación a una sobrina segunda.
El mapa del Senado encuentra a la mayoría de los senadores “verdes” dentro del Frente de Todos, aunque hay un número importante de oficialistas que también se oponen. Entre ellos, el caso emblemático es nada más y nada menos que el del jefe de la bancada, el formoseño José Mayans.
La balanza terminará de inclinarse definitivamente en contra o a favor una vez reveladas todas las posiciones, o en el caso de que haya senadores que reviertan sus votos para un lado o para el otro. O que alguno se ausente en la sesión.
En tanto, en caso de empate, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá la decisión en sus manos y se estima, de acuerdo a lo que decidió dos años atrás, que avale la ley.
Se trata de la correntina Sofía Brambilla, del Pro. “Es una bola de humo para evitar hablar de los problemas más relevantes”, argumentó. También la chaqueña Aída Ayala modificó su postura.
A medida que avanzan los días se ajusta el sondeo en la Cámara de Diputados en torno al proyecto de despenalización y legalización del aborto. Pero las novedades no provienen solo de la definición de indecisos: también se comienzan a vislumbrar cambios de postura de diputados que votaron el proyecto en 2018.
El primero fue el de la chaqueña Aída Ayala (UCR), que tras votar a favor hace dos años ahora confirmó que lo hará en contra, y lo mismo sucederá con otra diputada, la correntina Sofía Brambilla (Pro), quien este jueves anunció que rechazará la iniciativa, la cual calificó como un “mecanismo de distracción”.
“Me parece una barbaridad que mande este proyecto al Congreso. Es una bola de humo para evitar hablar de problemas más relevantes, más graves, para los argentinos. Me parece totalmente desafortunado el momento”, sentenció Brambilla en una entrevista a Radio Dos de Corrientes.
La legisladora argumentó: “Este tema generó mucho debate y mucho conflicto. Creo que no es momento. Tenemos problemas mucho más severos con la pandemia y la cuestión económica, para ponernos a discutir un tema tan sensible que prácticamente quebró al Congreso”.
Brambilla sostuvo que el Gobierno “busca distracción, que nos empecemos a pelear unos con otros, tanto la sociedad como dentro del Congreso”, para que, entre otras cosas, “pase desapercibida la ley de movilidad jubilatoria, que perjudica notablemente los haberes de los jubilados”, o “que quieran meter la reforma tributaria en extraordinarias”.
“Yo nunca milité el proyecto, de hecho me estaba por abstener y lo resolví una semana antes”, dijo Brambilla sobre su apoyo en 2018
“Es un mecanismo de distracción. No voy a acompañar, por supuesto. Voy a votar en contra del proyecto, porque quedó claro después de 2018 que los correntinos y las correntinas en su mayoría no acuerdan con ningún tipo de proyecto de legalización del aborto, con lo cual le debo a quienes me pusieron en la banca”, explicó.
La diputada reconoció que “lo bueno del proyecto fue que puso sobre la mesa un tema muy sensible, pero hizo discutir a la sociedad entera”. “Se tiene que hacer política pública en esta materia, pero podemos ir por el lado de la prevención, que por otra parte siempre fue mi postura”, aclaró.
En ese sentido, llamó a trabajar para “hablar de educación sexual integral en los colegios”, “prevenir los embarazos no deseados” y trabajar sobre la falta de acceso a mecanismos de anticoncepción”, al considerar que “el Estado tiene que proveer mejores sistemas”.
La correntina insistió: “Me parece totalmente desafortunado el momento y creo que es un mecanismo de distracción”.
Consultada sobre su voto a favor en 2018, respondió: “Uno va leyendo lo que el electorado, a quien uno representa, le va pidiendo. Yo nunca milité el proyecto, de hecho me estaba por abstener, y lo resolví una semana antes, porque pensé que blanqueando el asunto, el Estado podía activar los mecanismos. Ocultando el tema no salvamos las dos vidas, porque los abortos clandestinos suceden”.
“Me parecía que el Estado tenía que hacerse cargo de este problema, por eso acompañé el proyecto, pero es más que obvio que la sociedad argentina lo rechaza. Y a mi me sostienen en la banca los correntinos, con lo cual soy leal a mis principios de no traición a quienes me han puesto y han confiado en mi”, finalizó.
El presidente envió este martes al Congreso el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En qué consiste la letra chica.
Por Carolina Ramos
El proyecto de aborto legal enviado por el Poder Ejecutivo mantiene -al igual que en 2018- el plazo de catorce semanas dentro de las cuales se podrá interrumpir voluntariamente el embarazo, e incluye la objeción de conciencia para profesionales de la salud. Son algunas de las claves de la iniciativa que ingresará en las próximas horas por la Cámara de Diputados, donde hay una mayoría inicial a favor.
A continuación, parlamentario.com repasa los puntos principales del proyecto:
En el caso de violación, las personas gestantes a partir de los 13 años de edad deberán presentar una declaración jurada ante el personal de salud.
De todos modos, el profesional no podrá negarse a interrumpir el embarazo si la vida o las salud de la persona gestante está en peligro y requiere una “atención inmediata e impostergable”.
No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria posterior al aborto.
Si el profesional obra con consentimiento y el aborto se produce después de la semana catorce y sin que existan los supuestos previstos (violación o peligro para la mujer), la pena será de tres meses a un año -actualmente es de uno a cuatro años-.
A su vez, se establecen penas de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para quienes dilaten injustificadamente, obstaculicen o se nieguen a practicar el aborto en los casos autorizados. Esto abarca tanto a los médicos como a las autoridades del establecimiento de salud.
En el punto medular del proyecto, se modifica el artículo 86 del Código autorizando el aborto voluntario hasta la semana catorce.
En el artículo 87 se aumenta el máximo de la pena para quienes “con violencia” causen un aborto -sin haber tenido ese propósito- a una persona con un embarazo “notorio”. La nueva pena será de seis meses a tres años -actualmente son seis meses a dos años-.
Por último, en el artículo 88 se reprime con prisión de tres meses a un año a la persona gestante que cause su propio aborto o consienta que otro se lo provoque, por fuera de las causales habilitadas. Actualmente, esa pena es de uno a cuatro años, es decir que ahora se reduce. Se indica además que “podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta”, y se mantiene, como hasta hoy, que “la tentativa de la persona gestante no es punible”.
Alberto Fernández anunció que este martes enviará al Congreso la iniciativa para autorizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo. En paralelo, mandó otro que crea el “Programa de los Mil Días” para acompañar a mujeres embarazadas.
Los rumores que crecieron a lo largo de la jornada terminaron por develarse: el presidente Alberto Fernández anunció finalmente el envío del proyecto para despenalizar y legalizar el aborto, una demanda creciente del movimiento feminista que se movilizó al Congreso en reclamo por la ley.
En paralelo, el Poder Ejecutivo mandó otra iniciativa que crea el “Programa de los Mil Días” para acompañar a mujeres embarazadas, tal como había anunciado Fernández en la apertura de sesiones ordinarias.
El presidente realizó ambos anuncios a través de un video que fue publicado en sus redes sociales, mientras la Cámara de Diputados discutía el proyecto que crea un aporte solidario por única vez para mitigar los efectos de la pandemia del Covid-19.
En su mensaje, Fernández dijo dar cumplimiento a la “palabra empeñada” y llamó a un debate “respetuoso” en el Congreso, donde los diputados “verdes” en principio son mayoría, aunque hay 27 indefinidos, según las estimaciones de parlamentario.com.
A continuación, el discurso presidencial completo:
Querido pueblo argentino:
Desde hace mucho tiempo vengo planteando la necesidad de que la palabra empeñada recupere su valor en la política argentina. Esa palabra que empeño es siempre la expresión de mis más firmes convicciones, aquellas que me guían y conducen permanentemente.
A lo largo de toda la campaña electoral, al momento de asumir esta Presidencia y al dar inicio a este período parlamentario, tomé un compromiso ante ustedes que hoy vengo a cumplir.
He enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral.
El primero de ellos legaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida.
El segundo instituye el Programa de los Mil Días, con el objeto de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida.
Mi convicción, que siempre he expresado públicamente, es que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad. Pero también estoy convencido que es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo.
La criminalización del aborto de nada ha servido. Solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes. Cada año se hospitalizan alrededor de 38.000 mujeres por abortos y desde la recuperación de la democracia murieron más de 3.000 mujeres por esa causa.
La legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas, muchas veces afectadas por abortos inseguros. No aumenta la cantidad de abortos ni los promueve. Solo resuelve un problema que afecta a la salud pública.
La legalización del aborto permite además, como ocurrió en Ciudad de México y Uruguay, que disminuyan los abortos y las muertes que ellos causan. Brindando cobertura en el sistema de salud también se facilita el acceso a métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no intencionales.
La legalización del aborto no implica una carga extra para el sistema de salud. Los procedimientos validados y que se utilizan con estándares de la OMS, son en su mayoría ambulatorios, no quirúrgicos y farmacológicos.
El debate no es decirle “sí” o “no” al aborto. Los abortos ocurren en forma clandestina y ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres que a ellos se someten. Por lo tanto, el dilema que debemos superar es si los abortos se practican en la clandestinidad o en el sistema de salud argentino.
Las mujeres más vulnerables y en situación de pobreza son las mayores víctimas de nuestro sistema legal. Ellas deben someterse a prácticas inseguras por no poder costear lo que un aborto implica. Muchas de ellas mueren en el intento o quedan afectadas en su salud por siempre.
Por otra parte, el Programa de los Mil Días busca bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los 3 años de vida.
Este proyecto establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a pagarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.
También se extiende el pago de la Asignación Universal por Embarazo (AUE). Hasta la fecha se perciben seis mensualidades; con este proyecto se extiende a nueve mensualidades, abarcando la totalidad del embarazo.
Finalmente, se amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que hasta ahora estaban excluidas de este beneficio.
Se prevé asimismo la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y también para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes.
De este modo, buscamos establecer un abordaje especial para la detección oportuna de riesgos durante el embarazo, tal como el caso de presunción de trombofilia. Para estos casos se prevé el acceso gratuito a estudios diagnósticos y un modelo de atención específica.
Aprovechamos también para crear el Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos. El DNI es una herramienta central para el ejercicio efectivo de derechos.
Finalmente, se proponen políticas prioritarias de género fundamentales para prevenir y detectar de manera temprana situaciones de violencia de género y violencia sexual o abusos en personas embarazadas, niños, niñas y adolescentes.
Cumplo así con mi compromiso de enviar ambos proyectos de ley para su debate parlamentario siguiendo las reglas constitucionales. Propongo un debate franco que se desarrolle en el marco del diálogo democrático.
Finalmente les pido, como presidente de todos los argentinos y argentinas, que cuidemos el respeto hacia quien piensa de una manera distinta a la propia. Las diferencias nos hacen una sociedad plural y enriquecen la democracia que tanto esfuerzo nos costó consolidar.
Por convicción personal, estoy seguro que estamos dando respuesta a una realidad que afecta a la salud pública y que con ello estamos ampliando derechos en una sociedad que así lo demanda.
Que sea ley.
Muchas gracias.
La secretaria legal y técnica del Gobierno, Vilma Ibarra, anunció que el Ejecutivo enviará el proyecto este mes y se tratará en extraordinarias. Cómo están los números en la Cámara baja.
Por Carolina Ramos
Se acabaron las dudas: a tan solo tres semanas del final del período ordinario, y fruto del reclamo cada vez más fuerte del movimiento feminista, se confirmó que el Poder Ejecutivo enviará el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto. Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica, fue la encargada del anuncio. Y en principio, en la Cámara de Diputados, los votos están.
Si bien Ibarra no confirmó que la iniciativa ingresará por la Cámara que preside Sergio Massa, todo apunta a que así será, no solo por la experiencia de 2018 sino también por los números apretados que presenta la actual conformación del Senado. Aunque en esta oportunidad hay una gran diferencia: el empuje que la vicepresidenta Cristina Kirchner pueda darle a la ley.
Lo cierto es que, según el sondeo que parlamentario.com lleva adelante desde la renovación parlamentaria, la balanza está inclinada a favor de los “verdes”: hay 121 votos afirmativos y 106 negativos. No obstante, tal como sucedió hace dos años, la llave de la votación está en los indefinidos, 29 en total.
Los últimos dos cambios en la conformación de la Cámara no alteraron el panorama, ya que los reemplazos fueron “verdes” por “verdes”: Guillermo Carnaghi por Darío Martínez -asumió en la Secretaría de Energía-, y Alcira Figueroa por Juan Ameri -renunció tras el escándalo de la escena erótica-.
En el mote de los indecisos, hay tres que en la campaña electoral de 2019 propusieron realizar una consulta popular: son los mendocinos Alfredo Cornejo -titular de la UCR- y su par Jimena Latorre, y el cordobés Carlos Gutiérrez, jefe del bloque que responde al gobernador Juan Schiaretti.
Hasta ahora hay 121 votos a favor, 106 en contra y 29 indefinidos
Entre los indefinidos también se encuentra Sebastián García De Luca (Pro-Buenos Aires), que estaría a favor de la despenalización del aborto pero tiene dudas con la legalización. También por Juntos por el Cambio, el pampeano Martín Berhongaray (UCR) siempre se mostró ambiguo.
Otros dos casos para señalar son los de la chaqueña Aída Ayala -votó a favor en 2018 pero luego dijo que se arrepintió- y la cordobesa Alejandra Vigo -la única que se abstuvo en aquella oportunidad-. También son incógnitas la exgobernadora catamarqueña Lucía Corpacci y el mendocino Alejandro Bermejo, ambos del Frente de Todos.
En la lista de diputados que no se pronunciaron públicamente sobre el tema figura Mariana Zuvic (Coalición Cívica), espada de Elisa Carrió, firme detractora del aborto legal. Tampoco se conoce la postura del “lavagnista” Jorge Sarghini y de los radicales Gerardo Cipolini, de Chaco; Ximena García, de Santa Fe; Jorge “Colo” Rizzotti, de Jujuy; y Víctor Hugo Romero, de Córdoba.
Finalmente, por el Frente de Todos hay 14 integrantes entre signos de interrogación, provenientes de provincias variadas. La tarea de juntar los votos al interior del bloque está cargo, principalmente, de su secretaria parlamentaria, Cristina Álvarez Rodríguez, y de la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades, Mónica Macha.
Entre los oficialistas que esquivaron pronunciarse está ni más ni menos que el titular de la Cámara, Sergio Massa, que la semana pasada recibió a la Campaña por el Aborto Legal, por un lado, y a Unidad Provida, por otro. El tigrense busca mostrar equilibrio y apertura en el debate, pero lo sigue de cerca su esposa, Malena Galmarini, que está a favor.
Los 257 diputados se completan con José Ignacio De Mendiguren, quien se encuentra de licencia por su cargo en BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior). En 2018, tras confesar que su postura original era otra, días antes de la sesión confirmó su acompañamiento. Llegado un caso extremo, podría volver a ocupar su banca.
Flanqueado por diputadas “verdes” y “celestes”, el titular de la Cámara baja se reunió con representantes de la Campaña por el Aborto y de Unidad Provida. Aseguró que la decisión está en manos del presidente.
Por Carolina Ramos
Sin definiciones sobre el envío del proyecto al Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió este jueves a militantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que exigieron el tratamiento urgente de la ley, y luego escuchó a representantes de la agrupación Unidad Provida, quienes pidieron evitar el debate durante la pandemia.
El primer encuentro se desarrolló al mediodía y tuvo como envión la caravana que marchó este miércoles desde Plaza de Mayo hacia el Congreso. Además de Massa, participaron las diputadas Silvia Lospennato -una de las figuras del grupo “sororo” formado en 2018-, Mónica Macha, titular de la Comisión de Mujeres y Diversidades, y la bonaerense Jimena López.
Un dato saliente fue, además, la presencia de Malena Galmarini, esposa de Massa y presidenta de AySA. En nombre de la Campaña participaron Julia Martino -una de las redactoras del proyecto de ley que fue presentado en 2019 por octava vez-, Marta Alanis, Monica Menini, Mariángeles Guerrero, Constanza Fosch, Pamela Martín García, Analía Más, Marcela Viura, Yamila Picasso y Jenny Durán.
Las activistas insistieron en que “es urgente el tratamiento y la aprobación de la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo” y recordaron que el proyecto de la Campaña todavía tiene estado parlamentario, más allá de la iniciativa que el presidente Alberto Fernández se comprometió a presentar.
“La criminalización del aborto agrava el acceso la salud y las complicaciones por abortos inseguros suman más demanda al sistema sanitario. Es esencial ampliar el marco de derechos y la legalización del aborto voluntario contribuirá a descomprimir los servicios de salud”, manifestó la Campaña en un comunicado.
En la reunión, Massa propuso conformar una “mesa de trabajo” para empezar a abordar el tema, lo que fue recibido con buenos ojos desde el colectivo. “Vamos a potenciar el trabajo con las diputadas adentro de la Cámara”, destacó una de las participantes, que además ponderó que “hay acuerdo en la transversalidad” con que se llevará adelante la discusión.
Massa se limitó a decir que “el mejor momento para discutir el tema” será cuando el presidente presente el proyecto del Ejecutivo. “Yo soy la rueda de auxilio de Alberto”, ironizó. De paso, deslizó que podría convocarse a sesiones extraordinarias para seguir adelante con la agenda parlamentaria, que tiene varios temas pendientes.
“Desde la Campaña intensificaremos la presión para que se inicie el tratamiento. No podemos esperar más y exigimos al Congreso de la Nación y al presidente Alberto Fernández hechos concretos para que tengamos aborto legal en 2020”, concluye el comunicado.
Después de las 15 fue el turno de Unidad Provida, el conglomerado formado en 2018 donde confluyen organizaciones como el Frente Joven y Abogados y Médicos por la Vida. En este caso, Massa estuvo flanqueado por Vanesa Massetani, una fiel suya, y Carmen Polledo, una de las abanderadas del pañuelo celeste.
“Hay muchísimas prioridades sanitarias por las que mantener a la sociedad unida y el aborto no es una de ellas. Van a provocar a millones de personas en todo el país a movilizarse”, fue el argumento principal que llevaron los antiabortistas a la reunión, también en el Delia Parodi.
Ana Belén Mármora, una de las presentes, señaló que “en 2018 nadie imaginó que millones de personas iban a salir a las calles en todo el país para salvar las dos vidas, y el Congreso rechazó el proyecto. La situación es demasiado delicada para abrir un nuevo frente de conflicto que divida aún más al país por un proyecto que nunca fue prioritario y menos ahora”.
Los antiabortistas pidieron que el Gobierno “no ceda ante la presión de sectores radicales que representan a la industria del aborto” y advirtieron que un debate “exprés” en medio de la pandemia “es antidemocrático, porque impide la participación de todos”.
En el encuentro se repartió el libro “Hermana, date cuenta”, de Guadalupe Batallán, quien denunció que “el aborto no es ni fue una prioridad de salud. El aborto inducido causa menos del 0,01% de las muertes femeninas. Hay más de 100 causas antes. Mueren 15 veces más embarazadas que quieren tener a sus hijos, 20 veces más por desnutrición o HIV, 30 veces más por suicidio y 300 veces más por cáncer de mama”.
El presidente ratificó su intención de promover el debate. “Es un tema que la Argentina debe resolver”, dijo, luego de que trascendiera que el debate quedaría para el año próximo.
“En cuanto pueda lo voy a mandar”, garantizó este martes el presidente Alberto Fernández en relación al proyecto para despenalizar y legalizar el aborto, luego de que se difundiera la versión de que el Poder Ejecutivo postergaría su envío al Congreso debido a la pandemia del Covid-19.
“Es un tema que tenemos que resolver. En cuanto pueda lo voy a mandar. Es un tema que la Argentina debe resolver”, remarcó el mandatario nacional, y agregó: “Tengo muy en claro que cualquier momento sirve a otros para dividir a la sociedad en un momento en que tenemos que estar unidos por la pandemia”.
En declaraciones a Futurock, el jefe de Estado insistió: “Es una convicción que yo tengo y en cuanto pueda lo voy a mandar. Después tendrá la discusión parlamentaria, pero es un tema que la Argentina debe resolver”.
Luego de que se cumplieran dos años del rechazo de la ley en el Senado, el portal Infobae publicó que el Gobierno tendría decidido posponer el envío del proyecto al Congreso a causa de que el Ministerio de Salud está abocado por completo a la atención de la emergencia sanitaria.
Esta noticia encendió luces de alarma en diputadas a favor de la legalización y en la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que emitió un comunicado exigiendo no dilatar el debate.
El titular de la Comisión de Salud no descartó que la iniciativa del Ejecutivo sea debatida con la modalidad estrenada este miércoles.
El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, consideró este jueves que el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto podría ser tratado sin inconvenientes mediante sesiones virtuales, aunque reconoció que “va a ser un tema muchísimo más complejo” que los tratados en la jornada de este miércoles.
“Vamos a tener la llegada desde el Poder Ejecutivo del proyecto sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo. El presidente dijo el otro día que es uno de los tres proyectos que tiene listos, preparados, y los van a mandar ahora, porque estaba esperando que reabra el Congreso”, sostuvo el legislador tucumano.
En declaraciones radiales, Yedlin afirmó que “va a ser un tema muchísimo más complejo que la sesión de ayer, porque va a haber mucha más discusión”.
Al ser consultado sobre si se podía avanzar en el debate sobre el aborto legal, seguro y gratuito a través del sistema de sesiones virtuales, respondió: “Sí, ¿por qué no?”.
A su vez, el diputado del Frente de Todos destacó que en la Cámara baja hay “mejores números que hace dos años” para aprobar la iniciativa, debido al recambio de legisladores del año pasado.
“En Senado mejoró también, pero siempre es más complicado en estos temas. Pero ahora hay una diferencia importante y es que el Poder Ejecutivo es el que está impulsando la ley”, añadió.
Finalmente, el diputado también sostuvo que “la sociedad va entendiendo que esto no va a favor de la interrupción del embarazo, sino que va a favor de que no haya interrupciones clandestinas”.
Pasaron más de diez días desde que el presidente de la Nación anunció que enviaría al Parlamento en ese plazo el proyecto para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Y si bien se esperaba que el proyecto ingresara a la Cámara de Diputados el viernes pasado, eso no sucedió, y se entiende la […]
Pasaron más de diez días desde que el presidente de la Nación anunció que enviaría al Parlamento en ese plazo el proyecto para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Y si bien se esperaba que el proyecto ingresara a la Cámara de Diputados el viernes pasado, eso no sucedió, y se entiende la razón: el estallido de la crisis por el coronavirus, que alteró los tiempos y monopolizó la atención general, lo que ha puesto el tratamiento parlamentario del tema en un cono de sombras.
Atento a ello, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito emitió un comunicado reclamando que la irrupción del Covid 19 no modifique los planes respecto del prometido tratamiento del proyecto IVE en el Congreso.
“Respetamos esa prioridad en la atención y prevención en la salud de toda la población”, dice la Campaña respecto de las prioridades que plantea al Poder Ejecutivo el estallido de esta crisis del coronavirus, pero aclaran que esperan que se haga efectiva la presentación de la propuesta legislativa sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo de parte del Ejecutivo en el Congreso de la Nación “lo más pronto posible”.
Como así también, agregan, “el tratamiento urgente y la aprobación de nuestro proyecto de ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que hemos presentado por octava vez en el 2019”.
“Son momentos en que la solidaridad debe primar -agregan-, es por ello que nos ponemos a disposición en colaborar con la difusión de los mecanismos de prevención para frenar el avance del virus Covid-19”.
Así las cosas, plantea la Campaña que seguirán trabajando y activando “por los derechos de todas, todos, todes y difundiendo nuestros argumentos en las redes, en las calles y en el ámbito legislativo para que este 2020 tengamos una Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo acorde a la demanda popular y terminar con la discriminación y la criminalización atendiendo a la salud integral y la garantía de nuestra libertad, autonomía y el ejercicio pleno de derechos”.
