De esta manera, la intención del Ejecutivo es que la iniciativa sea tratada en la Cámara de Senadores bonaerense antes del próximo ciclo lectivo. Vale recordar que, a principios de septiembre, acompañado por el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, el mandatario anunció el cambio.

Durante la presentación, Axel Kicillof explicó que el proyecto significará “una transformación esencial” y que permitirá mejorar los índices de asistencia de los chicos y chicas de tres años a la educación inicial, cifra que está en 74% en la provincia de Buenos Aires.

“El último censo de 2022 marcó en el país una tasa de asistencia a la educación inicial de los 3 años de un 64% en el país. En la provincia la cobertura es mayor, 74%. Esta iniciativa nos va permitir superar ese porcentaje de cobertura. Lo venimos trabajando hace años”, sostuvo Kicillof.

Por su parte, Sileoni añadió: “El nivel inicial tiene un nuevo diseño curricular, estamos discutiendo el diseño curricular de los jardines maternales. Estamos haciendo un gran esfuerzo en términos de mejorar la lectura y la escritura y estamos extendiendo la escolaridad de 2.300 escuelas primarias”.

El subsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires, Pablo Urquiza, valoró la decisión del gobernador Axel Kicillof de enviar a la Legislatura bonaerense el proyecto para que la sala de 3 años sea obligatoria y remarcó que “están las condiciones dadas” para que la iniciativa sea acompañada por las distintas fuerzas políticas.

En ese sentido, Urquiza afirmó que la Dirección General de Cultura y Educación está “ocupada en trabajar para que la obligatoriedad de la sala de 3 años “se haga efectiva ni bien se pueda lograr el acuerdo legislativo”. “Hay un consenso muy amplio en toda la sociedad”, agregó.

Desde el gobierno destacaron que el ingreso a más temprana edad al sistema educativo “determina una mejor trayectoria educativa”, como así también permitirá que “una igualdad de condiciones para que los niños de 3 años, provengan de donde provengan, tengan el derecho de acceder a la educación”.

Debido a la dramática situación que atraviesan los jardines de infantes privados y tras el cierre de varios de ellos, la legisladora del Frente de Todos (FdT) Victoria Montenegro impulsó en la Legislatura de la Ciudad dos proyectos de ley para apoyar a esas escuelas de gestión privada independiente incorporadas y no incorporadas a la enseñanza oficial, con la intención de garantizar la supervivencia de esos establecimientos destinados a atender la primera infancia, en riesgo por la pandemia, a fines de sostener las fuentes laborales.

De esta manera, uno de los textos establece una ayuda económica no menor a 300 mil pesos, contemplando las dimensiones y particularidades de cada institución de niños entre 45 días y tres años. Mientras que, en el segundo proyecto, destinado a instituciones con salas de cuatro y cinco años, establece montos diferenciados por rubros, de entre los que “se destacan alquiler (100 mil pesos) y salarios (25 mil pesos por empleado registrado)”.

Con la presentación de estas iniciativas, Montenegro busca dar respuestas a los reclamos que viene llevando adelante la Cámara de Institutos de Educación de Nivel Inicial de la Ciudad, que pide ayuda estatal complementaria y compatible entre Nación y Ciudad para cubrir los salarios.“Hay muchos jardines maternales que cumplen el rol que el Estado no cumple. Desde marzo están sin trabajar y por ello están en riesgo”, aseguró la kirchnerista.

Asimismo recordó que se ha reunido “con muchas directoras y si no han cerrado hasta ahora es gracias a la ayuda del Gobierno Nacional con las ATP. Sin embargo, la Ciudad no da ninguna ayuda para sostenerse, por eso presentamos el proyecto de ley” y advirtió que “cuando el año que viene, vuelvan las clases y los padres y madres retornen al trabajo, muchos  jardines no van a estar porque estarán cerrados”.

Desde la Cámara que nuclea a los jardines maternales señalan que el actual Apoyo a la Primera Infancia de Ciudad (API) “es muy restrictivo” ya que deben demostrar no solo una baja en la matrícula de al menos un 30%, sino que son excluidos aquellos establecimientos que hayan percibido dos  ATP que Nación entrega.

Cabe destacar que en la Ciudad de Buenos Aires hay cerca de 260 jardines maternales de gestión privada independientes que representan el 54% de la matrícula del nivel.

Diputados nacionales de la oposición solicitaron al Gobierno nacional que amplíe los programas de asistencia económica a las instituciones de gestión privada, cooperativa y social que brindan educación y cuidado a la primera infancia, que desde que comenzó el aislamiento obligatorio por la pandemia del Covid-19 están atravesando una situación muy delicada.

Vale resaltar que la mayoría de este tipo de instituciones depende del pago de las cuotas para solventar gastos y pagar salarios, y desde que comenzó el aislamiento disminuyeron considerablemente sus ingresos, donde muchos de ellos se vieron obligados a cerrar, y otros cientos están en riesgo.

Se trata de un proyecto de declaración presentado por la diputada de Juntos por el Cambio Mercedes Joury, con el acompañamiento de sus pares Lorena Matzen, Francisco Sánchez, David Schlereth, Gisela Scaglia, Adriana Cáceres, María Luján Rey, Hernán Berisso, Natalia Villa, Victoria Morales Gorleri, Omar De Marchi, Claudia Najul y Camila Crescimbeni.

Al respecto, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Mercedes Joury sostuvo que “estamos pidiendo la ampliación de la cobertura, la flexibilización de los requisitos de acceso y el incremento del monto del subsidio del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para todos los jardines maternales y de infantes del país”.

Por su parte, Lorena Matzen (UCR-Río Negro) expresó que “estamos frente a una obligación indelegable de los responsables del Estado, el acompañamiento en el mantenimiento de una función que por sí mismo no cumple, y a la que deberán volver a recurrir miles de niños y niñas una vez superadas las actuales circunstancias pandémicas. El Estado debe estar presente y acompañar, con medidas reales para garantizar su  sostenimiento y futuro".

Los diputados del interbloque también solicitaron el desarrollo de líneas de créditos a tasa cero para todas las instituciones, y la implementación de un Fondo Especial de Ayuda Económica a partir de la finalización del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Durante estos más de 90 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio, como producto de dicha crisis, muchas familias vieron disminuidos sus ingresos por la imposibilidad de ejercer sus trabajos, y dejaron de pagar o se atrasaron en el pago de las cuotas de los jardines.

“Negar una respuesta, que debe darse urgentemente, podría implicar llevar a la quiebra a instituciones que en algunos casos llevan muchos años de servicio, con lo que la pérdida además de económica también podría ser en experiencia pedagógica y de vínculos con sus comunidades”, afirmó el diputado nacional por Neuquén Francisco Sánchez.

Este contexto crítico se repite en varias provincias de todo el país. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay aproximadamente 250 instituciones privadas en riesgo, y jardines maternales cerrados en Malvinas Argentinas, Quilmes, La Plata, Mercedes, Bahía Blanca, San Isidro y Vicente López, entre otros municipios. En Mendoza, por su parte, ya cerraron de manera definitiva 21 jardines maternales, y una situación similar se vive en la provincia de Neuquén, que cuenta con 45 jardines maternales en riesgo atravesando una grave situación económica. En Río Negro, existen más de 60 jardines maternales, muchos de los cuales están en riesgo de cierre, haciendo peligrar el trabajo de más de 1000 trabajadores y las vacantes de más de 4500 niños y niñas.

“Esta situación, de no solucionarse, terminará complicando aún más al sistema educativo inicial en los establecimientos de gestión estatal, por lo que miles de niños y niñas pueden llegar a correr el riesgo de quedarse sin vacantes en los jardines maternales y de infantes”, finalizó Joury.