Por Leandro Goroyesky. El coordinador de Eco Educativo advierte por las consecuencias de la pandemia y la inflación en estas instituciones, además del crecimiento de establecimientos clandestinos.
El Gobierno provincial incorpora por ley a los jardines maternales dentro del sistema educativo nacional como educación oficial no obligatoria, pero aquellos cuya gestión es privada no reciben subsidios estatales. Los maternales cerraron un año 2022 muy complicado, en especial los que atravesaron la pandemia, pero ahora padecen los efectos de la inflación con serias dificultades; los propietarios advierten sobre el aumento de los maternales blue o clandestinos en suelo bonaerense.
No es un problema aislado
Pese a que desde el comienzo de la pandemia por coronavirus piden con urgencia ser escuchados por el gobierno provincial, ahora los jardines maternales de enseñanza oficial de nuevo atraviesan serias dificultades por la crisis económica. Aquellos que están autorizados por la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP) siguen cerrando mientras continúan surgiendo espacios clandestinos, sin habilitación y sin supervisión, para abordar la asistencia de menores, desconociendo que los maternales oficiales privados no solo deben brindar una asistencia, sino que además tienen que estar registrados y formar parte de la educación pública oficial, por el momento no obligatoria.
Primero fue la pandemia y ahora es la inflación
Aunque los jardines maternales privados dedicados al cuidado de niños y niñas desde los 45 días hasta los 2 años ofrecieron actividades a las familias durante la pandemia de coronavirus, un alto porcentaje dejó de pagar las cuotas; y prácticamente sin ayuda estatal, tuvieron que endeudarse y afrontar serias dificultades económicas. En el 2020, el Gobierno nacional lanzó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que contempló desembolsos a las empresas del sector privado para hacer frente al pago de sueldos en las actividades en crisis o afectadas por el coronavirus. Sin embargo, la medida no alcanzó a todos y fue insuficiente para impedir el gran endeudamiento del sector y el cierre de una gran cantidad de jardines maternales oficiales, muchos de ellos con una larga trayectoria en el rubro.
Incrementos escalonados e insuficientes
En la actualidad el panorama es muy complejo y los jardines oficiales de enseñanza maternal le piden al Gobierno de la provincia de Buenos Aires que preste atención a su situación; la mayoría son instituciones chicas que deben hacer frente a muchas exigencias. En un jardín maternal en regla todo tiene un costo: pagar sueldos de docentes y de maestranza con aportes jubilatorios, cumplir con los estándares de habitabilidad y seguridad, mantener la infraestructura y en muchos casos pagar alquiler, por lo que el aumento general de los precios los coloca en dificultades.
Los jardines maternales oficiales de gestión privada atravesaron la pandemia y ahora sufren otra crisis por la inflación
En febrero, la inflación se ubicó en el 6,6%, el nivel más alto desde agosto del 2022, cuando el IPC trepó hasta el 7% y muy por encima de lo proyectado por el mercado (+6,1%). Además, en un año superó el 100% por primera vez en más de tres décadas, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Las cuotas de los maternales subieron en incrementos escalonados, pero los mismos no se ajustan a los gastos que los propietarios deben afrontar para actualizar los sueldos del personal y pagar los servicios; la matrícula de los jardines tiende a bajar por la pérdida en el poder adquisitivo familiar promedio, incluso en un rubro de alta demanda social.
Las reglas nos cuidan como sociedad
Para muchas familias donde ambos padres trabajan, el servicio que brindan los jardines maternales es esencial.
Hay jardines maternales oficiales que cuentan con una estructura organizada y un proyecto educativo que valoriza el rol de los docentes, pero la actualización de los precios de las cuotas propicia que muchas familias tengan que elegir otras alternativas para dejar a sus hijos al cuidado de terceros como tías o abuelas, entre otras opciones como los denominados jardines taller, ‘jardines blue’ o ‘espacios de juego’ que no se encuentran debidamente autorizados. Mientras las autoridades no den una respuesta adecuada para esta situación, los jardines maternales oficiales de gestión privada seguirán en crisis.
"Sostengo fehacientemente que las reglas nos cuidan. Por eso, es tan importante que las escuelas maternales estén supervisadas y autorizadas no solo por la DIEGEP sino por cada municipio, en donde se brinde un clima de constante armonía, asistencia y extremo cuidado. El docente a cargo de cada grupo debe tener compromiso, responsabilidad y ética pedagógica, siendo fiel al proyecto educativo de cada espacio escolar y enmarcado en el diseño curricular de cada jurisdicción”, expresó Adriana Etcheverry, propietaria de escuelas maternales en Vicente López y miembro fundadora de ECO-Escuelas Comprometidas de la provincia de Buenos Aires.
No son guarderías ni espacios de juego
El nivel de educación inicial cuenta con diseños curriculares para el ciclo maternal y para el jardín de infantes, en articulación con los diferentes niveles y modalidades, conforme lo establece la Ley de Educación Provincial N°13.688 en sus artículos 24 y 25. Además, se deben garantizar todas las medidas de seguridad dentro de un marco regulatorio por parte del Estado. Sin un Estado provincial presente seguirán cerrando los jardines maternales autorizados por la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP) y continuarán surgiendo nuevos espacios no registrados que funcionarán sin ningún control por parte del Estado para velar por la seguridad de la primera infancia y por la calidad de los aprendizajes.
Los jardines maternales oficiales deben incorporar personal docente capacitado para brindar una atención adecuada dentro de instituciones que se encuentren autorizadas por el Ministerio de Educación. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene el rol indelegable de hacer cumplir la normativa vigente.
LEY PROVINCIAL 13688/2007 CAPÍTULO II NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO ARTÍCULO 24.- Son Niveles del Sistema Educativo Provincial: Educación Inicial: Organizado como unidad pedagógica y constituido por Jardines Maternales, para niños desde los cuarenta y cinco (45) días a dos (2) años de edad inclusive; y Jardines de Infantes, para niños de tres (3) a cinco (5) años de edad inclusive, siendo los dos últimos años obligatorios.
CAPÍTULO III EDUCACIÓN INICIAL ARTÍCULO 25.- El Nivel de Educación Inicial constituye una unidad pedagógica que brinda educación a los niños desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco (5) años de edad inclusive, siendo obligatorios los dos últimos años. El Nivel de Educación Inicial define sus diseños curriculares, en articulación con los diferentes Niveles y Modalidades conforme lo establece la presente Ley.
Leandro Goroyesky es Coordinador General de Eco Educativo y exdirector Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).
El legislador nacional Federico Zamarbide presentó un proyecto solicitando un aporte no reintegrable mensual equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada empleado de su nómina de personal docente y no docente registrado, por el plazo de 90 días.
El diputado nacional radical Federico Zamarbide presentó un proyecto para la creación de un “Fondo de asistencia financiera” a los jardines maternales no incluidos en la enseñanza oficial de gestión privada, social y cooperativa, que brindan educación y cuidado a la primera infancia. Se solicita un aporte no reintegrable mensual equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada empleado de su nómina de personal docente y no docente registrado, por el plazo de 90 días.
“A partir del Aislamiento Preventivo Obligatorio debido a la pandemia del Covid 19, los jardines maternales en todo el país atraviesan una grave situación, provocada por la baja en la matrícula y en el pago de las cuotas, llegando en varios casos al cierre definitivo por la imposibilidad de afrontar los gastos de alquiler, impuestos, servicios y salarios”, explicó el diputado mendocino.
En este sentido, advirtió que, según el Observatorio Argentino por la Educación, uno de cada tres niños argentinos va a un jardín privado, aumentando este porcentaje en las edades de lactantes y deambuladores, que son precisamente quienes asisten a jardines maternales. Con el correr del aislamiento social, se ha producido un proceso de refamiliarización de las tareas de cuidado, en la mayoría de los casos, suspendiendo el pago de la cuota de los jardines, dada la delicada situación económica que afronta la mayoría de la población.
El diputado Zamarbide justificó este pedido con datos concretos: “Según el registro elaborado por la Junta Nacional de Educación Privada (JUNEP), los jardines maternales y de infantes que cerraron por la crisis económica durante la emergencia sanitaria suman 146 instituciones en 15 provincias de todo el país, pero que, al estimar los datos de las jurisdicciones faltantes y aquellas instituciones en proceso de cierre, probablemente se acerquen a los 300 jardines que no pueden continuar con su actividad. La mayoría si bien solicitaron la Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP) para poder solventar el 50% del salario del personal afectado, no pudieron acceder a tales beneficios”.
“Creemos necesaria la creación de un fondo específico que atienda la grave situación que atraviesan los jardines maternales, asistiéndolos tanto en el pago de los sueldos como en las contribuciones patronales, y capacitándolos a su vez para la paulatina reanudación de las actividades, con los protocolos adecuados para garantizar la seguridad e higiene en el marco de la pandemia por el Covid”, concluyó Zamarbide.
El proyecto también solicita la eximición del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino a los jardines maternales no incluidos en la enseñanza oficial de gestión privada, social y cooperativa por el plazo de noventa días. El Estado nacional establecerá las erogaciones necesarias para el pago de las mismas. Se pide al Ministerio de Educación el dictado de una capacitación virtual de protocolos de seguridad e higiene para la actividad en jardines maternales de carácter obligatorio para e lpersonal de los jardines maternales que accedan a los beneficios de la presente ley.
Acompañan el proyecto los diputados Carla Carrizo, Albor Cantard, Juan Martín, Lidia Ascarate, Ezequiel Langan, Federico Angelini, Roxana Reyes, Carmen Polledo, Lorena Matzen, Pablo Torello, Silvia Lospennato, Gabriela Lena, Estela Regidor y Camila Crescimben
Esas instituciones se encuentran en una delicada situación por el Covid-19 y el aislamiento social obligatorio consecuente.
Diputados nacionales de la oposición solicitaron al Gobierno nacional que amplíe los programas de asistencia económica a las instituciones de gestión privada, cooperativa y social que brindan educación y cuidado a la primera infancia, que desde que comenzó el aislamiento obligatorio por la pandemia del Covid-19 están atravesando una situación muy delicada.
Vale resaltar que la mayoría de este tipo de instituciones depende del pago de las cuotas para solventar gastos y pagar salarios, y desde que comenzó el aislamiento disminuyeron considerablemente sus ingresos, donde muchos de ellos se vieron obligados a cerrar, y otros cientos están en riesgo.
Se trata de un proyecto de declaración presentado por la diputada de Juntos por el Cambio Mercedes Joury, con el acompañamiento de sus pares Lorena Matzen, Francisco Sánchez, David Schlereth, Gisela Scaglia, Adriana Cáceres, María Luján Rey, Hernán Berisso, Natalia Villa, Victoria Morales Gorleri, Omar De Marchi, Claudia Najul y Camila Crescimbeni.
Al respecto, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Mercedes Joury sostuvo que “estamos pidiendo la ampliación de la cobertura, la flexibilización de los requisitos de acceso y el incremento del monto del subsidio del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para todos los jardines maternales y de infantes del país”.
Por su parte, Lorena Matzen (UCR-Río Negro) expresó que “estamos frente a una obligación indelegable de los responsables del Estado, el acompañamiento en el mantenimiento de una función que por sí mismo no cumple, y a la que deberán volver a recurrir miles de niños y niñas una vez superadas las actuales circunstancias pandémicas. El Estado debe estar presente y acompañar, con medidas reales para garantizar su sostenimiento y futuro".
Los diputados del interbloque también solicitaron el desarrollo de líneas de créditos a tasa cero para todas las instituciones, y la implementación de un Fondo Especial de Ayuda Económica a partir de la finalización del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).
Durante estos más de 90 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio, como producto de dicha crisis, muchas familias vieron disminuidos sus ingresos por la imposibilidad de ejercer sus trabajos, y dejaron de pagar o se atrasaron en el pago de las cuotas de los jardines.
“Negar una respuesta, que debe darse urgentemente, podría implicar llevar a la quiebra a instituciones que en algunos casos llevan muchos años de servicio, con lo que la pérdida además de económica también podría ser en experiencia pedagógica y de vínculos con sus comunidades”, afirmó el diputado nacional por Neuquén Francisco Sánchez.
Este contexto crítico se repite en varias provincias de todo el país. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay aproximadamente 250 instituciones privadas en riesgo, y jardines maternales cerrados en Malvinas Argentinas, Quilmes, La Plata, Mercedes, Bahía Blanca, San Isidro y Vicente López, entre otros municipios. En Mendoza, por su parte, ya cerraron de manera definitiva 21 jardines maternales, y una situación similar se vive en la provincia de Neuquén, que cuenta con 45 jardines maternales en riesgo atravesando una grave situación económica. En Río Negro, existen más de 60 jardines maternales, muchos de los cuales están en riesgo de cierre, haciendo peligrar el trabajo de más de 1000 trabajadores y las vacantes de más de 4500 niños y niñas.
“Esta situación, de no solucionarse, terminará complicando aún más al sistema educativo inicial en los establecimientos de gestión estatal, por lo que miles de niños y niñas pueden llegar a correr el riesgo de quedarse sin vacantes en los jardines maternales y de infantes”, finalizó Joury.
El Parlamento de la Ciudad acompañó un proyecto de declaración a través del cual le solicita al Gobierno local que se exceptúe a esas instituciones del pago de los servicios y condone las deudas contraídas durante la cuarentena.
Debido a que se trata de un servicio optativo y a que la recesión económica provocó una baja en sus matrículas, la Legislatura porteña aprobó una iniciativa que le solicita al Gobierno de la Ciudad que inicie las gestiones necesarias ante el Poder Ejecutivo nacional para que este condone las deudas y exceptúe del pago de los servicios públicos a los jardines maternales de gestión privada, cooperativos o sociales.
La medida fue impulsada por la diputada Manuela Thourte (UCR-Ev), quien explicó en los fundamentos de la misma que en el caso de los jardines privados, el aislamiento obligatorio “ha redundado en la mora del pago de la cuota mensual en algunos casos y en otros en la caída de la matrícula para este año lectivo” y recordaron que “en el 2018, 56% de la matrícula de nivel inicial en la enseñanza oficial en la Ciudad acudía a instituciones del sector privado; este porcentaje es más alto para los estudiantes más jóvenes, llegando a 59% y 62% en el jardín maternal y la sala de tres años, respectivamente”.
“Debemos evitar la invisibilización de estas más de 250 instituciones de cuidado de gestión privada que acogen a una gran parte de los niños y niñas entre los 45 días y los tres años de edad, que en la Ciudad son más de 160 mil”, añadió y precisó que “las salas que trabajan con los niños que tienen edades que no están incorporadas a la enseñanza obligatoria cumplen con la función de proteger la integridad bio-psico-social de los niños; dado que la primera infancia es una etapa fundacional en la vida de las personas, es el momento de mayor desarrollo y de incorporación de aprendizajes que se aplicarán en el resto de la vida”.
Además señaló que “la falta de ingresos o la merma de los mismos, torna imposible a estas instituciones sostener una estructura de pagos de manera ordinaria” e insistió “por eso solicitamos se arbitren los medios para otorgarles algún auxilio económico para asegurar su subsistencia ya que, entendemos, cumplen una función esencial en nuestra sociedad. Como la competencia en materia de servicios es nacional es que solicitamos que desde el Poder Ejecutivo se arbitren los medios necesarios para poder hacer llegar esta solicitud a las empresas nacionales prestatarias de servicios”.
Al mismo tiempo que manifestó que “el horizonte de serias dificultades económicas para el sostenimiento de las actividades de las instituciones educativas para la primera infancia, creemos que es necesario que se adopten todas estas medidas para que se pueda garantizar la continuidad de sus servicios cuando se reinicien las clases, garantizando que las familias cuenten con una oferta educativa para sus hijos, y para no poner en riesgo los puestos de trabajo del personal docente y no docente de dichas instituciones” y concluyó considerando que “sería deseable que ante la posibilidad de estas reducciones se genere una sinergia positiva que permita que estas instituciones adopten medidas similares con aquellas familias que manifiesten dificultades económicas en el sostenimiento de la cuota o de la matrícula, para este año y el subsiguiente”.
Esas instituciones están pasando por serios problemas económicos debido a la cuarentena y la diputada Carla Carrizo pide incluirlas en las medidas de protección dispuestas.
La diputada nacional Carla Carrizo (UCR-CABA) pidió al Poder Ejecutivo nacional y a los gobernadores que intercedan para ayudar económicamente a los jardines maternales del país que se ocupan de la educación y el cuidado de la primera infancia. Es decir, de los niños y niñas desde los 45 días hasta 4 años.
“Proteger económica a los jardines maternales, como se protege a las Pymes o a los monotributistas en esta emergencia sanitaria, es clave porque en Argentina, la participación del sector privado en el nivel inicial es del 68% del espectro y la más alta dentro del sistema educativo argentino. Por lo tanto, necesitamos actuar urgente para proteger a estas instituciones en el contexto actual para evitar su desaparición”, indicó la diputada.
“Sin jardines maternales no hay salida posible para las familias que día a día salen a trabajar. Y la brecha de género se agrandará aún más si no los protegemos en Cuarentena. Si no los ayudamos ¿Cuántos quedarán?” Se preguntó la diputada, para concluir señalando que “en esta emergencia, corresponde que sostengamos a quienes nos sostienen todos los días en el cuidado de nuestros hijos y que el Estado entienda, en los tres niveles en que implementa políticas -Nación, provincias y municipios- que el cuidado es parte del sistema productivo de Argentina”.
El proyecto que acompañan 16 diputados radicales -Carla Carrizo, Dolores Martínez, Emiliano Yacobitti, Claudia Najul, Lidia Inés Ascarate, Estela Regidor, Gabriela Lena, Soledad Carrizo, Lorena Mazten, Ximena García, Brenda Austin, Luis Pastori, Niky Cantard, José Cano, Sebastián Salvador y Hugo Romero- solicita al Poder Ejecutivo que se arbitren los medios para generar auxilio económico a las instituciones del sector privado -cualquiera sea su formato- que gestionan jardines maternales de la educación inicial en Argentina, de modo que les permita continuar ejerciendo su función, esencial en nuestra sociedad. Solicitan que se los incluya como actores del sistema productivo para que puedan acceder a los distintos beneficios que el Gobierno está implementando para varios sectores (línea de créditos blandos para el pago de los salarios, postergación o reducción del pago de las contribuciones patronales, acceso a los beneficios del “Programa de Asistencia de Emergencia para empleadores y trabajadores” y exención de Ingresos Brutos sin necesidad de acreditar inclusión a la enseñanza oficial, entre otros).