Un juez imputó y embargó a las ex autoridades del Banco Nación durante el gobierno de Macri, por presunto fraude contra el Estado en el caso Vicentin. La causa involucra a otros 16 ex funcionarios y empresarios del grupo agroexportador, en una trama que expone connivencia política y financiera por más de 300 millones de dólares.
Según la información periodística, el juez federal Ercolini imputó, embargó e inhibió los bienes de Javier González Fraga y de Lucas Llach por presunto fraude contra el Estado en el caso Vicentin. El presidente y el vice del Banco Nación durante el Gobierno de Mauricio Macri, aparecen enjuiciados junto a otros 16 ex funcionarios del banco y empresarios del Grupo Vicentín.
¿Será cierto? Sonará un tiro para el lado de la Justicia en este escenario donde la impunidad parece reinar? Como director del Banco Nación en el comienzo del Frente de Todos identifiqué inmediatamente la magnitud de la estafa que las autoridades anteriores habían posibilitado a un grupo empresario que había sido el principal aportante en la campaña presidencial de Macri, y donde uno de sus principales dirigentes era el presidente del Pro en la provincia de Santa Fe. Hicimos públicos tres informes que fueron el punto de partida de esta causa que hoy toma este vuelo y en la que presté testimonio frente al fiscal y en presencia de los abogados defensores de González Fraga a comienzos del 2020.
Hoy, seis años después, sería deseable que pese a que los desaciertos propios de la gestión del Frente de Todos, que no supo transformar este fraude en la oportunidad de crear una Empresa Publica Mixta (Productores/Estado) Testigo del Comercio Exterior de granos, hoy la Justicia castigue la connivencia de funcionarios y empresarios en desmedro del Estado y la sociedad argentina. Sería deseable que aquellos que violentaron las normas internas del Banco Nación, e incluso las del propio sistema financiero, paguen.
Aquellos que viabilizaron créditos en contextos de mora reiterada de pagos, que permitieron calificaciones crediticias vencidas y que posibilitaron que los dólares acumulados en la cuenta que operaba como garantía del crédito, y que duplicaban la deuda que el grupo Vicentín tenía con el Banco, se transfirieran a una cuenta de libre disponibilidad, aquellos que hicieron posible un fraude escandaloso de 304 millones de dólares paguen. Por cierto, uno de los costos que irremediablemente íbamos a pagar frente a la falta de orientación estratégica y la improvisación que caracterizó al gobierno de Alberto Fernández, ya está con nosotros.
Tal cual era esperable, la concentración y extranjerización de un sector clave como el Comercio Exterior de granos, se agravó. Pese a que las informaciones indican que es el Grupo Grassi quien se quedaría con Vicentín, lo cierto es que junto a él aparecen Bunge y Cargill. Bunge que, a nivel internacional se fusionó con Glencore, Grupo este que actúa aquí a través de Viterra, siendo Viterra socia histórica de Vicentin en la importante empresa Renova. Razón por la cual hasta podríamos sospechar que la conducción de Vicentin es parte de la maniobra.
La batalla que podría haberse dado para evitar una mayor concentración de un sector tan estratégico como el comercio exterior de granos se perdió. Pero aún queda la posibilidad de que quienes fueron artífices de esta maniobra delictiva paguen y que la conducción actual del Banco Nación defienda los intereses de todos recuperando el capital y los intereses que Vicentín le robó a todos los argentinos. La tarea que el directorio que integre durante 2 años desarrollo frente a lo ocurrido, dejó un Banco con todas las herramientas para poder defender nuestros intereses en la negociación que ahora se abrirá con el
Grupo Grassi/Bunge/Cargill. Cabe consignar que como Directorio podíamos sumariar (y de hecho lo hicimos) e incluso despedimos y suspendimos a varios de los funcionarios del Banco cuya conducta había posibilitado el fraude Vicentín. Lo que no podíamos hacer era sumariar a los principales responsables y que por cierto eran los integrantes del Directorio anterior que encabezaban González Fraga y Lucas Llach. Esa tarea le corresponde a la Justicia.
Hoy hay una oportunidad para que tal cosa ocurra. Que suene un tiro para el lado de la Justicia. Ojalá.
Claudio Lozano
La iniciativa fue presentada por Oscar Parrilli y se tratará este viernes en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.
Mientras se demora el envío del proyecto de expropiación de Vicentin, el oficialismo apura en el Senado una ley paralela. Se trata de un proyecto del kirchnerista Oscar Parrilli para crear una comisión bicameral donde se investiguen presuntas irregularidades en la relación crediticia entre el Banco Nación y la empresa intervenida.
La iniciativa será tratada este viernes a las 14, de forma virtual, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside María de los Ángeles Sacnun. El objetivo del Frente de Todos es indagar en los préstamos que el Banco Nación, entonces presidido por Javier González Fraga, le otorgó a Vicentin, que está en concurso de acreedores.
Al respecto ya hay una causa en la Justicia, que llevan adelante el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita. González Fraga está imputado en esa causa por presunto fraude al Estado, al igual que los ejecutivos de la empresa agroexportadora Gustavo Nardelli y Alberto Padoan. Sin embargo, el oficialismo pretende ir a fondo en el Congreso.
El proyecto de Parrilli propone la creación de una bicameral integrada por seis senadores y seis diputados, para investigar las presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco Nación y Vicentin, además de una posible “defraudación y estafa comercial a acreedores”.
La comisión también debería indagar si existieron desvíos de fondos a empresas vinculadas al grupo en el país o en el exterior, y si evadieron tributos u otros compromisos fiscales, advirtiendo además sobre la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por “incumplimiento en sus obligaciones de control”.
Mientras tanto, el Congreso aguarda el envío, por parte del Poder Ejecutivo, del proyecto de ley para expropiar Vicentin bajo la causal de utilidad pública. La iniciativa ingresará por el Senado, donde su mentora fue la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.
En la reunión de Asuntos Constitucionales también se tratarán otros proyectos, entre ellos tres iniciativas para otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la OEA el 15 de junio de 2015.
También se debatirán proyectos para crear dos nuevas comisiones en el Senado: la de Discapacidad, a propuesta de los senadores María Inés Pilatti Vergara y Dalmacio Mera; y la de Juventud, impulsada por Eugenia Catalfamo.