Los bloques aliados mantienen posturas distintas y se especula con que algunos monobloques formen parte del quórum. La división de Provincias Unidas, espacio firmante del pedido de sesión, y quiénes están en duda.
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Después de elevar el pedido formal, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, oficializó este martes la sesión especial de este jueves a las 11. La oposición buscará, primero, lograr el quórum reglamentario, y luego el emplazamiento de una serie de pedidos de informes, de interpelación y la moción de censura sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Detrás del telón, Unión por la Patria, bloque opositor que no firmó la petición encabezada por Esteban Paulón, conversa para incorporar otros emplazamientos vinculados al esquema de desendeudamiento familiar. La bancada peronista cuenta con 93 integrantes y es quien hará el mayor aporte de legisladores que se sentarán en sus bancas desde las 11. De todos modos, la confección del quórum está frío aún.
El temario, por el momento, está compuesto por el pedido de informes verbales sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos que presentó Germán Martínez, titular de bancada de UP; los informes del Poder Ejecutivo sobre la situación patrimonial y la declaración jurada del ministro coordinador, de Pablo Juliano; la moción de censura impulsada por el Frente de Izquierda; y un pedido de informes a Manuel Adorni de Paulón.
En la oposición saben que con la composición actual de integrantes no les alcanza. A los espacios firmantes del pedido de sesión -un sector de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Defendamos Córdoba- se sumarán con seguridad Unión por la Patria, Coherencia de Marcela Pagano y tal vez Primero San Luis del monobloquista Jorge “Gato” Fernández.
Se especuló que el Pro podría tener una intención de avanzar con la interpelación a Manuel Adorni, luego del comunicado elevado por el partido este domingo por la noche donde criticó se desmarcó de la gestión libertaria. De todas maneras, desde la conducción del bloque, a cargo del bonaerense Cristian Ritondo, dejaron trascender que no tuvieron incidencia en el texto y que la estrategia parlamentaria es la misma: seguir siendo aliados de La Libertad Avanza.
Por su parte, está claro que nadie de La Libertad Avanza dará quórum. Lo mismo ocurrirá con la Unión Cívica Radical, que preside la mendocina Pamela Verasay; ninguno de los integrantes de Innovación Federal, que tiene como titular al misionero Alberto Arrúa; los tres tucumanos de Independencia; los sanjuaninos de Producción y Trabajo; y el santacruceño José Luis Garrido.
La incógnita pasa por los monobloques como Adelante Buenos Aires de Karina Banfi; La Neuquinidad de Karina Maureira; y el MID integrado por Oscar Zago y Eduardo Falcone, quienes pese a ser aliados del oficialismo, vienen siendo muy críticos de la situación de Manuel Adorni y el Gobierno nacional.
Provincias Unidas ha marcado un división explicita desde el momento de su creación. A los cinco legisladores firmantes del pedido de sesión especial se le sumarán Martín Lousteau y Lourdes Arrieta. También hay chances que lo haga el jujeño Jorge Rizzotti.
Lo que no está garantizado es la presencia de la presidenta del bloque, Gisela Scaglia, ni tampoco de los diputados cordobeses Carolina Basualdo, Juan Brügge, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti y Alejandra Torres. Los otros tres nombres en duda serán los del chubutense Jorge “Loma” Ávila ni de José Núñez y Sergio Capozzi, estos últimos cercanos a Patricia Bullrich.
El temario contempla cuatro proyectos impulsados por diferentes bloques de la oposición en los que exigen informes verbales al jefe de Gabinete. El pedido de cita en el recinto lleva las firmas de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Defendamos Córdoba.
A una semana de recibir el informe de gestión, integrantes de diferentes bloques de la oposición elevaron un pedido formal ante Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, para llevar a cabo una sesión especial el próximo jueves 14 de mayo a las 11 con el objetivo de emplazar los expedientes para interpelar a Manuel Adorni, jefe de Gabinete.
Los cuatro proyectos del temario no cuentan con despacho de comisión puesto que si la oposición logra reunir el quórum, el objetivo será emplazarlos para debatirse en las comisiones de Asuntos Constitucionales -presidida por el oficialista Nicolás Mayoraz- y Peticiones, Poderes y Reglamento, de Giselle Castelnuovo. Desde luego, no corre la búsqueda de la mayoría calificada para tratamiento sobre tablas.
La nota fue firmada por Esteban Paulón, Pablo Juliano, Pablo Farías, Mariela Coletta y María Inés Zigarán de Provincias Unidas; Myriam Bregman, Nicolás Del Caño, Romina Del Plá y Néstor Pitrola del Frente de Izquierda; Mónica Frade y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica; Nicolás Massot de Encuentro Federal; y Natalia de la Sota de Defendamos Córdoba.
Sin rúbricas de Unión por la Patria en la petición formal, las bancadas firmantes -y el bloque peronista- suman un total de 120 legisladores. Cabe aclarar que Provincias Unidas tiene 18 integrantes, pero a los 5 que firmaron el pedido, en principio, se le sumarían Martín Lousteau y Lourdes Arrieta.
De todas maneras, hay legisladores que integran monobloques como Marcela Pagano de Coherencia y Jorge "Gato" Fernández de Primero San Luis que podrían estar en el recinto en tiempo y forma.
La incógnita pasa por saber qué harán los integrantes del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, la bonaerense Karina Banfi y la neuquina Karina Maureira, quienes suelen ser dialoguistas, pero que en las últimas horas han opinado de forma contundente sobre la situación de Adorni.
El primer texto de la sesión especial solicitada es un pedido de informes verbales por las presuntas irregularidades en el uso de los bienes del Estado presentado por Unión por la Patria y avalado por todos los espacios que componen la bancada de Germán Martínez.
SI TIENE TODO EN REGLA, QUE INFORME EN EL CONGRESO
Junto a Diputadas y Diputados de diversos bloques solicitamos una SESIÓN ESPECIAL para el jueves 14 de mayo a fin de tratar todos los expedientes de INTERPELACIÓN al Jefe de Gabinete Manuel Adorni.
Luego de las mentiras y… pic.twitter.com/s7HJ6RZfcx— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) May 7, 2026
El segundo ítem está vinculado a un pedido de informes al Poder Ejecutivo de la Nación relacionadas a la situación patrimonial de Manuel Adorni. Este texto fue presentado por Esteban Paulón y Pablo Juliano de Provincias Unidas; y por Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.
El tercer proyecto de resolución del temario es la moción de censura contra el ministro coordinar impulsado el 30 de marzo por el Frente de Izquierda; y completa la lista un pedido de informes verbales de Esteban Paulón.
En su Informe 145 ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete evitó explicar el crecimiento de su patrimonio y el rol económico de su esposa, y se amparó de forma reiterada en la confidencialidad legal y en la existencia de causas judiciales en trámite. Frente al escándalo del criptoactivo $LIBRA, el Ejecutivo negó acuerdos o pagos y sostuvo que no puede responder por hechos bajo investigación.
El Informe 145 que Manuel Adorni envió a la Cámara de Diputados dejó al descubierto una estrategia defensiva clara: frente a las preguntas más sensibles sobre su situación patrimonial, la de su esposa y el episodio del criptoactivo $LIBRA, el jefe de Gabinete evitó dar explicaciones de fondo y trasladó la responsabilidad casi por completo al Poder Judicial.
Las consultas de la oposición apuntaron, entre otros puntos, al incremento del patrimonio del funcionario durante su paso por la función pública, a posibles bienes no declarados y a la participación de su entorno familiar en operaciones patrimoniales relevantes. Sin embargo, el informe no incluye ningún detalle concreto sobre montos, fechas, origen de fondos ni evolución patrimonial.
En cambio, la Jefatura de Gabinete sostuvo que esas cuestiones se encuentran alcanzadas por regímenes legales de reserva. En relación con los bienes del grupo familiar, el texto señala que “los bienes correspondientes al cónyuge y al grupo familiar se encuentran incorporados en un anexo reservado de la declaración jurada patrimonial, de carácter confidencial conforme a la legislación vigente”, y agrega que esa información “solo puede ser examinada por los organismos competentes y por la Justicia”.
El mismo criterio se aplica a las preguntas referidas al crecimiento patrimonial del propio Adorni. El informe no niega la existencia de investigaciones ni cuestionamientos, pero evita explicarlos: no hay referencias a ingresos, actividades previas, préstamos, donaciones ni mecanismos de financiación. La respuesta oficial se limita a remarcar que el asunto está bajo análisis judicial y que cualquier ampliación podría afectar derechos individuales.
El planteo se vuelve todavía más explícito cuando el informe aborda el caso del criptoactivo $LIBRA, episodio que derivó en una causa penal en la Justicia federal. Como “consideración preliminar de carácter general”, la Jefatura de Gabinete remarca que “los hechos vinculados al lanzamiento del criptoactivo $LIBRA son objeto de una investigación judicial en curso”, identificada como la Causa Nº 574/2025 y sus acumuladas. En ese marco, advierte que “la divulgación de determinada información por parte del Poder Ejecutivo podría comprometer la integridad de la investigación y los derechos de las personas involucradas”.
A partir de esa premisa, el informe rechaza responder una serie de preguntas clave. En primer lugar, niega la existencia de acuerdos, contratos, memorandos o cartas de intención entre el Estado, el Presidente o funcionarios del Ejecutivo y los empresarios vinculados al proyecto. “En los registros y documentos de la Administración Pública Nacional no existen constancias de ningún instrumento de esa naturaleza”, afirma el texto, y sostiene que tampoco hay documentación que acredite pagos, honorarios o contraprestaciones.
Respecto de los documentos, chats o facturas mencionados en distintos pedidos de informes, la respuesta oficial es tajante: se trata, según el Ejecutivo, de “filtraciones periodísticas de material agregado a la causa judicial, cuya autenticidad, integridad y contexto no han sido verificados”. Por ese motivo, concluye que “no es procedente que el Poder Ejecutivo Nacional formule respuestas oficiales sobre la base de material de origen incierto”.
El informe también se pronuncia sobre las reuniones mantenidas en Casa Rosada y en la Quinta de Olivos con personas que luego fueron vinculadas al caso $LIBRA. Allí señala que esos encuentros “han sido debidamente informados en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública” y que las audiencias “fueron registradas conforme los procedimientos establecidos por la normativa de transparencia”.
Uno de los pasajes más relevantes aparece cuando se consulta directamente por la conducta personal de Adorni en su anterior rol de vocero presidencial, incluidas comunicaciones privadas y su eventual presencia en reuniones clave. En ese punto, la Jefatura de Gabinete se corre del eje y afirma que esas preguntas “no se encuadran en las funciones y deberes propios del Jefe de Gabinete de Ministros establecidos en el artículo 100 de la Constitución Nacional”. Según el informe, se trata de “cuestiones de carácter estrictamente personal ajenas a su actual rol institucional”, además de estar bajo investigación judicial.
Sobre la eventual percepción de pagos, ventajas económicas o beneficios por parte de funcionarios, el Ejecutivo vuelve a cerrar filas: “en los registros y documentos de la Administración Pública Nacional no existe información que acredite tales extremos”, y será la Justicia —señala— la que determine “la existencia, autenticidad y alcance de cualquier prueba”.
En las consideraciones finales, el informe reivindica la actuación del Gobierno y asegura que se adoptaron medidas administrativas para colaborar con el esclarecimiento del caso, como la intervención de la Oficina Anticorrupción, la creación de una Unidad de Tareas de Investigación y la remisión de información al juzgado interviniente. “El Poder Ejecutivo Nacional no ha obstruido ni entorpecido en modo alguno la labor de los órganos judiciales”, afirma el texto.
Lo que el Informe 145 no hace es dar respuestas políticas sustantivas sobre el origen del patrimonio del jefe de Gabinete, la participación económica de su esposa o las inconsistencias señaladas por la oposición. En todos esos puntos, la estrategia es la misma: confidencialidad, incompetencia funcional y, sobre todo, una remisión constante al expediente judicial que todavía se encuentra en trámite.
El senador radical aseguró: “No voy a parar hasta que el radar sea desmantelado por completo”, tras recibir la respuesta de la cartera que conduce Agustín Rossi sobre el funcionamiento del radar de capital inglés de la empresa LeoLabs.
El senador nacional Pablo Blanco (UCR – Tierra del Fuego) informó que recibió respuesta al pedido de acceso a la información pública, que oportunamente remitiera a la Jefatura de Gabinete de Ministros encabezada por el Ingeniero Agustín Rossi, sobre diversos aspectos ligados a la habilitación y puesta en funcionamiento del radar de capitales irlandeses e ingleses de la empresa LeoLabs en las cercanías de Tolhuin.
Entre los requerimientos, Blanco había preguntado si se había dispuesto alguna medida tendiente a investigar la conducta administrativa de los funcionarios y agentes involucrados que tomaron parte del proceso (por acción u omisión) y consecuente control de legalidad de la actividad del Estado y sus funcionarios.
Asimismo, el senador había solicitado, a criterio de esa dependencia, cabría responsabilidad resarcitoria por parte de la Nación o la provincia de Tierra del Fuego ante un eventual reclamo patrimonial que pudieran tener que enfrentar.
La documentación recibida por el senador dice textualmente que “con el dictado de este acto administrativo -en referencia a la cancelación del permiso precario que se otorgó- se agota el ámbito de actuación de la Jefatura, teniendo en cuenta las competencias asignadas por el marco normativo vigente. En ese sentido, cabe destacar que nadie tiene un derecho adquirido al sostenimiento de un permiso precario, y que la Autoridad de Aplicación puede en cualquier momento sustituirlos, modificarlos o cancelarlos, total o parcialmente, sin que ello dé lugar a derecho de indemnización alguna a favor del autorizado o administrado”.
El documento de Jefatura de Gabinete agrega que lLa cancelación total del permiso precario exige exclusivamente el apagado de la electrónica y las antenas, lo que fue inspeccionado y constatado por autoridades nacionales en oportunidad de la suspensión preventiva del permiso”.
Al respecto, el senador radical sostuvo: “La respuesta recibida no hace más que confirmar lo que vengo sosteniendo desde el principio. Aquí, por lo menos a nivel nacional, nadie se hace responsable y nadie va a ser investigado o sumariado. Y resulta poco creíble que, con una simple desconexión eléctrica que pudo ser acotada en el tiempo, se pueda afirmar que el radar definitivamente no funciona o no está en condiciones de funcionar”.
El documento fue suscripto por el Subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad, Hernán Lombardi y dice que “los asuntos relacionados con el desmonte físico de la estación terrena son de competencia exclusivamente provincial, tal como fueron siendo asignadas las autorizaciones ambientales, de obra, de provisión eléctrica e internet, como la constitución de la sociedad comercial en la I.G.J. fueguina. Todas estas autorizaciones fueron otorgadas con carácter previo a que la empresa solicite ante las autoridades nacionales la autorización precaria del uso del espectro. A su vez, se señala que la autorización precaria estaba condicionada a la homologación del equipamiento. Como esto último nunca llegó a ocurrir, el permiso no tuvo una vigencia efectiva y sólo fue hábil para pruebas de calibración, antes de la suspensión y posterior cancelación total”.
Blanco expresó: “Yo agradezco al jefe de Gabinete que haya mandado a responder mis inquietudes que, entiendo, son de todos los fueguinos”, y planteó: “Hay dos cosas que me quedan en claro. La primera es que la jurisdicción nacional se lava las manos y le pasa la pelota a la provincia; la segunda es que el huevo de la serpiente lo pusieron algunos vivos con la complicidad absoluta de la administración pública fueguina”.
“Lo dije una y mil veces: no voy a parar hasta que el radar sea desmantelado por completo. Y según informa el jefe de Gabinete esa es responsabilidad exclusiva del gobierno provincial quien fue el que le facilitó todo a LeoLabs para que pueda instalar este radar que es una afrenta para todos los fueguinos, un insulto a nuestros héroes de Malvinas y una amenaza material y concreta a nuestra seguridad y soberanía nacional”, cuestionó.
El radical cerró: “Basta de hacerse los distraídos y de jugar al yo no fui. Acá hay que hacerse cargo. El gobierno de Tierra del Fuego es el principal responsable de que este radar esté donde está y es quien debe desmontarlo de una buena vez. No lo digo solo yo, lo avala el propio Agustín Rossi”.
A 27 días de haber asumido en el cargo, el jefe de Gabinete de Ministros expone ante los diputados, en cumplimiento con el artículo 101 de la Constitución nacional.
Desde las 11 y 10 , el jefe de Gabinete Agustín Rossi se encuentra en la Cámara de Diputados para brindar su primer informe de gestión desde que está en el cargo.
Se trata del informe de gestión número 135 y lo da a 27 días de haber asumido en el Cargo. Está previsto que exponga inicialmente alrededor de una hora, para luego comenzar a escuchar y responder las preguntas de los legisladores.
Al respecto, este martes la Jefatura de Gabinete difundió el informe que contiene las respuestas a las 3.477 preguntas realizadas por los integrantes de la Cámara baja, abordando principalmente temas vinculados con las áreas de economía, seguridad y educación.
Según el análisis realizado por la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios, el Ministerio de Economía fue el organismo que más preguntas recibió, seguido por las carteras de Seguridad, Educación, Justicia y Derechos Humanos y Desarrollo Social.
La propuesta busca promover una reflexión amplia, plural y federal sobre el funcionamiento de los poderes democráticos, sus vínculos, déficits y desafíos en el sistema político argentino.
La Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación presentaron oficialmente el Concurso Federal de Ensayos “Cuatro décadas legislando en democracia: el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en el proceso de conformación y sanción de leyes”.
El acto, que tuvo lugar en el Salón de las Mujeres de la Casa de Gobierno, contó con la presencia de la subsecretaria de Asuntos Parlamentarios, Cecilia Gómez Mirada; el director nacional de Relaciones Parlamentarias, Nicolás Tereschuk; el presidente de la Agencia I+D+i, Fernando Peirano; y el coordinador de la Unidad de Servicios y Acciones Especiales (USAE) de la Agencia I+D+i, Federico Robert, entre otros funcionarios y funcionarias nacionales y provinciales.
Además, participaron autoridades de ambas cámaras del Congreso Nacional, investigadores, investigadoras y autoridades universitarias de todo el país.
Durante la apertura, Tereschuk señaló que la iniciativa "tiene como objetivo principal multiplicar las voces en torno al funcionamiento de nuestras instituciones democráticas".
"Estamos convencidos de que una investigación profunda, rigurosa y seria va a contribuir a una mejor democracia, con instituciones más sólidas y con mayor capacidad de dar respuesta a las demandas y necesidades de nuestros ciudadanos y ciudadanas", sostuvo a su turno Gómez Mirada.
Por su parte, Robert explicó las etapas de inscripción, evaluación y selección de los ensayos a través de la Plataforma Interinstitucional de Ideas de la Agencia I+D+i. Al respecto, subrayó que "la plataforma garantiza que el proceso sea totalmente transparente".
"Este concurso es una invitación a todos los que quieran participar de una conversación renovada sobre la articulación entre los poderes ejecutivos y los legislativos", apuntó, por último, Peirano. "Abrimos las puertas del sistema de ciencia, tecnología e innovación de la Argentina a quienes participan del debate y expresan sus ideas", concluyó.
La iniciativa busca promover una reflexión amplia, plural y federal sobre el funcionamiento de los poderes democráticos, sus vínculos, déficits y desafíos en el sistema político argentino.
Podrán participar estudiantes, graduadas y graduados universitarios, con hasta 7 años de recibidos/as, quienes deberán elaborar ensayos sobre la materia legislativa y su relación con el Poder Ejecutivo que aporten al análisis y al conocimiento del proceso político de producción de normas y de interacción institucional de poderes.
En ese sentido, se espera que el proceso mismo del Concurso conforme una instancia de debate, intercambio y construcción de espacios de conocimiento de la actividad legislativa y el relacionamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en estos 40 años de democracia y, en especial, a partir de la Reforma Constitucional de 1994.
El jurado estará integrado por Rodolfo Mariani, Mariana Berdondini, Miguel Barrientos, Gabriel Levita, Facundo Cruz, Victoria Ortiz de Rozas, Cintia Rodrigo, Paula Bertino, Mónica Cingolani y Sergio David Valenzuela.
El actual titular de la Cámara baja negocia las condiciones de su eventual asunción en la Jefatura de Gabinete. Las alternativas que se manejan y su eventual sustituto, si no le termina cerrando la oferta al tigrense.
Desde aquel fin de semana febril que se cerró con la sorpresiva designación de Silvina Batakis al frente del Palacio de Hacienda, luego de que esos dos días sonara insistentemente la posibilidad de que el presidente de la Cámara baja asumiera en el gabinete nacional, es que quedó claro que Sergio Massa tenía la certeza de que más temprano que tarde en el Gobierno se avendrían a aceptar sus condiciones y entonces sí desembarcaría en el Gobierno nacional.
“Hasta la próxima crisis”, interpretaron muchos cuando el tigrense apareció dos días después conduciendo la sesión de la Cámara baja. Sesión en la que no por nada, en un pasaje de la misma aprovechó Massa para señalarle a un interlocutor de la oposición que estaba muy conforme donde estaba, haciendo su trabajo.
Y en efecto, más temprano que tarde la posibilidad volvió a plantearse: ahora. De manera tal que el lunes ya muchos daban por seguro el desembarco de Sergio Massa en el gabinete; ya no al frente de un superministerio de Economía, sino de la Jefatura de Gabinete. Pero pasaron las horas y la novedad no fue confirmada. Al día siguiente volvieron los rumores -aún más intensos- y sonó fuerte el dato de que Massa se había cruzado al Senado por la tarde para reunirse con la vicepresidenta de la Nación. La información despertaba singular expectativa habida cuenta de que la opinión de Cristina Kirchner se interpreta como decisiva para la posibilidad o no de que su fugaz jefe de Gabinete de 2008/2009 vuelva a ocupar ese lugar.
Sin embargo desde el entorno de Massa negaron esa reunión. Lo cual, tampoco daba demasiadas certezas: se sabe de la tirria de la vicepresidenta a que trasciendan esos encuentros.
Se haya o no realizado la reunión, lo cierto es que las negociaciones para habilitar el desembarco de Sergio Massa en el gabinete se desarrollaron a lo largo de toda la jornada y hasta trascendieron detalles.
Muchos dieron por confirmado que el presidente de la Cámara baja asumiría en el lugar de Juan Manzur, quien pasaría a Cancillería, lo cual terminaría confirmando la poca relevancia que el Gobierno de Alberto Fernández le da a ese ministerio, donde ubicó en primer lugar a Felipe Solá -más como para garantizarle un cargo de relevancia a un aliado que por afinidad del exgobernador con ese puesto-. Y luego se usó como recambio Premium para Santiago Cafiero cuando hubo que correrlo de la Jefatura de Gabinete tras las PASO. ¿Y ahora? Cafiero volvería a la Casa de Gobierno -donde Alberto siempre lo quiso-, como secretario general de la Presidencia, en tanto que otro amigo de Fernández, Atilio Vitobello, pasaría a otro cargo: ¿jefe de asesores?.
Mientras muchos daban por cierta esta versión, el tucumano Manzur aclaraba que no pensaba ir a la Cancillería. Si bien ya no está cómodo en la Jefatura de Gabinete, es eso o nada, parece.
Según pudo saber parlamentario.com ya bien tarde, la llegada de Massa a la Jefatura de Gabinete estaría confirmada, pero no con la composición actual de esa dependencia. Se reviviría la experiencia que encabezó durante la gestión anterior Marcos Peña habilitando dos vicejefes de Gabinete. Uno sería más político y respondería al presidente Alberto Fernández, y otro a la vicepresidenta, del ala económica. Así, el experimento que pondría en marcha el Gobierno sería una suerte de “triada”.
El tema es que esta propuesta no le estaría cerrando a Sergio Massa, y las negociaciones continúan. “La charla sigue abierta”, deslizó una fuente consultada por este medio. La misma fuente aclaró que si no hay acuerdo, la Jefatura de Gabinete sería para otro gobernador: Jorge Capitanich, quien también ocupó ya ese cargo para Cristina Kirchner, entre 2013 y 2015. Se verá.
El documento remitido a la Cámara alta contiene las respuestas a 915 preguntas realizadas por los senadores y senadoras y aborda principalmente temas vinculados a las áreas de economía, ambiente y desarrollo sostenible y salud.
La Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación entregó a la Cámara alta su informe número 132, que tiene 856 páginas y es uno de los más extensos en la historia. El texto, con eje puesto en la recuperación económica, será presentado por el ministro coordinador, Juan Manzur, durante la sesión especial convocada para este jueves a las 14.
Según el análisis realizado por la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios, el Ministerio de Economía fue el organismo que más preguntas recibió con 236, seguido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con 85, el de Salud con 70 y los de Transporte y Obras Públicas, con 66 y 44 respectivamente.
En cuanto a los bloques legislativos, la bancada que remitió al Poder Ejecutivo la mayor cantidad de consultas fue la Unión Cívica Radical con 551, seguido por el Frente PRO con 139 y el Frente de Todos con 74.
Entre las respuestas se destacan las medidas impulsadas para fortalecer las economías regionales, acompañar el crecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPyMEs) argentinas y potenciar su capacidad exportadora.
A su vez, el informe desarrolla las principales políticas destinadas a la recuperación del trabajo registrado y el éxito de programas como PreViaje, que generaron una temporada de verano récord en nuestro país con más de 32,5 millones de personas movilizándose hacia los distintos destinos turísticos argentinos. También hace hincapié en el robusto plan de obra pública llevado adelante para profundizar la integración y el desarrollo nacional, con casi 5 mil obras, entre finalizadas y en curso.
Juan Manzur visitará el Senado el próximo jueves 2 de junio. Es la primera visita del funcionario al Congreso, para cumplir con lo que dispone la Constitución.
Finalmente el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, asistirá al Congreso de la Nación. Lo hará este jueves 2 de junio, tal cual fue confirmado el martes pasado por las autoridades del Senado, que dieron a conocer el decreto convocando a los senadores a sesionar.
El gobernador tucumano en uso de licencia asumió el 20 de septiembre de 2021 y no brindó aún ni un solo informe. Solo concurrió a la Cámara de Diputados el 7 de marzo para exponer junto a Martín Guzmán sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Una semana después lo hizo en el Senado.
Cumplirá así Manzur con lo que dispone el artículo 101 de la Constitución, que establece que “el jefe de Gabinete de Ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus cámaras, para informar de la marcha del Gobierno”.
La información había sido adelantada por el jefe del interbloque Frente de Todos, José Mayans, hace dos semanas en declaraciones a la prensa, aunque recién este martes quedó confirmada.
El documento especifica todas las políticas públicas llevadas adelante durante el año pasado por los ministerios y organismos de la Administración Pública Nacional.
En el marco de la apertura de sesiones ordinarias que tendrá lugar este martes, la Jefatura de Gabinete de Ministros presentará ante el Congreso la Memoria detallada del Estado de la Nación, correspondiente al año 2021.
El documento reúne en sus más de 500 páginas las políticas públicas ejecutadas el último año por cada uno de los ministerios y organismos de la Administración Pública Nacional.
El informe destaca principalmente los resultados del paquete de medidas impulsado por el Poder Ejecutivo con el objetivo de lograr la recuperación económica y productiva tras el despliegue del Plan Estratégico de Vacunación contra la Covid-19.
El aumento del empleo registrado en un 12,2%, la reducción del desempleo en 3,5 puntos porcentuales y la incorporación de 48.000 nuevos puestos de trabajo en la industria -con respecto a 2019- son algunos de los datos más relevantes que recopila la Memoria, junto con el crecimiento de las exportaciones -el valor más alto desde 2009: 78 mil millones de dólares-, el superávit comercial -14.750 millones de dólares- y el incremento de la recaudación un 65,9%.
El documento resume, además, los ejes estratégicos sobre los cuales el Estado llevó adelante sus políticas: producción y empleo; inclusión con justicia social e igualdad de género; federalismo; desarrollo en ciencia, tecnología e innovación; educación y salud.
En ese sentido, el secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil, Fernando Navarro, señaló: "Durante 2022 profundizaremos la misma línea de trabajo que venimos teniendo, buscando permanentemente consensos entre todos los sectores, una cuestión que se vio reflejada en la gestión de la pandemia llevada a cabo junto con los gobernadores, oficialistas y opositores, y con el Congreso”.
“La articulación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en la elaboración de proyectos, los debates en las comisiones, la presencia de ministros y la relación con el presidente, Alberto Fernández, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, es nuestro compromiso diario", completó Navarro.
Los datos incluidos en la Memoria se completan con un aumento del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) y con los valores de recuperación de sectores claves como la industria, que creció un 16%, superando los niveles previos a la emergencia sanitaria.
Por su parte, la subsecretaria de Asuntos Parlamentarios, Cecilia Gómez Mirada, destacó que “las acciones reflejadas en la Memoria dan cuenta de la importancia del Estado, no sólo para atender las consecuencias de la pandemia y cuidar la vida de los argentinos y las argentinas, sino para generar una importante recuperación de la actividad económica con el foco puesto en el trabajo y la industria nacional”.
Por otro lado, el informe enfatiza que el diseño de las políticas de reactivación económica estuvo atravesado integralmente por una perspectiva de derechos y de justicia social.
Muestra de ello son los alcances del Programa “Casa Propia-Construir Futuro”, que permitió la entrega de 270.000 créditos individuales a tasa 0% para construir o refaccionar viviendas; el Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado, que llegó a más de 85.000 beneficiarias; y la Jubilación Anticipada, entre otras medidas.
Con la entrega de este documento a las autoridades y representantes del Congreso, tras la apertura del período 140 de sesiones ordinarias realizada por el presidente Alberto Fernández, el Poder Ejecutivo Nacional da cumplimiento a lo establecido en los artículos 100 y 104 de la Constitución Nacional.
El jefe de Gabinete se presentará en el recinto desde las 15.30. En el documento escrito, se explayó sobre las medidas tomadas por la pandemia.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, remitió a Diputados las respuestas a las 1.651 preguntas enviadas por legisladores y este jueves se presentará por primera vez ante esa Cámara a partir de las 15.30 para brindar su informe de gestión conforme lo indica la Constitución Nacional.
Cafiero asistirá al recinto acompañado por su segunda, Cecilia Todesca, y los secretarios de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro; de Hacienda, Raúl Rigo; y de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.
La sesión informativa se desarrollará bajo el formato virtual que se viene aplicando hasta ahora, es decir, con la presencia de autoridades y un grupo reducido de diputados en el recinto, y los demás conectados en forma remota.
En el informe escrito -que consta de aproximadamente 1.700 páginas y es el segundo en número de preguntas en la historia de la Jefatura de Gabinete-, Cafiero se explayó sobre las medidas tomadas por el Gobierno para enfrentar la pandemia del Covid-19.
En particular, señala que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) llegó, a través de la ANSES, a casi 9 millones de personas, y que hasta el momento se dispusieron dos pagos de 10.000 pesos, representando un desembolso de casi 180.000 millones de pesos.
Del total de beneficiarios, aproximadamente el 27% por ciento corresponde a titulares de la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo; un 8% a monotributistas de categorías inferiores; y un 2% a beneficiarios de otros programas sociales compatibles o trabajadoras de casas particulares.
El conjunto restante -es decir, casi dos de cada tres titulares del IFE- corresponde en consecuencia a trabajadores informales, desocupados o inactivos.
Sobre el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), el Ministerio de Economía señaló que en abril fueron alcanzados por esta ayuda unos 234.000 empleadores y en mayo unos 223.000.
Discriminado por tipo de empresas, se trata de más de 160.000 pymes y unas 62.000 empresas grandes; y en cuanto a la cantidad de trabajadores, el ATP superó en mayo los 2,3 millones de puestos de empleo, y en junio, los 1,9 millones.
A estas políticas se suman unos 431.000 créditos otorgados a tasa cero por un monto total de 47.746 millones de pesos.
También en el marco de la pandemia, el Gobierno dispuso la creación del Programa para la Emergencia Financiera Provincial, con el fin de asistir a las provincias mediante la asignación de 60.000 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y otros 60.000 millones para el otorgamiento de préstamos blandos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP), con lo cual el paquete de asistencia asciende a 120.000 millones de pesos.
En cuanto a los recursos transferidos vía ATN, y con un criterio análogo al de la distribución de los recursos coparticipables, la Administración Nacional transfirió a las provincias 40.000 millones de pesos (66% del total), según consta en el informe.
Se confirmó oficialmente la presentación del jefe de Gabinete a partir de las 15.30. En función de la cantidad de preguntas formuladas, es el segundo informe más extenso en la historia de la JGM.
La Cámara de Diputados oficializó este martes la convocatoria para la presentación del jefe de Gabinete este jueves en el recinto. A través de una nota suscripta por el secretario Parlamentario, Eduardo Cergnul, se confirmó la citación a la sesión informativa para este jueves a partir de las 15.30.
En la oportunidad, Santiago Cafiero ofrecerá su primer informe de gestión ante la Cámara baja, luego de que el mes pasado hiciera lo propio en el Senado.
Para esta presentación, la Jefatura de Gabinete de Ministros recibió más de 1650 preguntas de la Cámara de Diputados, en el marco del informe de gestión previsto por el artículo 101 de la Constitución Nacional. Se trata del segundo informe más grande en la historia de la Jefatura de Gabinete de Ministros, según informó esa dependencia.
Según la información relevada por la Secretaría de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil, el 2 de julio se recibieron más de 2300 requisitorias por parte de los integrantes de 16 bloques de la Cámara Baja, las cuales luego de su clasificación y depuración arrojaron un total de 1.651 preguntas consolidadas. Se trata del segundo informe en cantidad de preguntas de la historia de la Jefatura de Gabinete. Sólo fue superado por el informe 110 del 16 de mayo de 2018, con 1989 preguntas.
Entre los bloques que más consultas realizaron se encuentra el Pro con 736, seguido por la UCR con 510 y la Coalición Cívica con 101. En suma, el interbloque Juntos por el Cambio realizó 1.347 preguntas, casi el 82 por ciento del total. Además, se destaca la cantidad enviada por la titular del monobloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Romina del Plá, con 91 preguntas. En términos individuales, la sigue Ezequiel Fernández Langan (Pro) con 77 y Graciela Ocaña (Pro) con 69.
En cuanto a las áreas de gestión incluidas en las requisitorias de los diputados y diputadas, sobresalen el Ministerio de Salud con 190 consultas, seguido por el Ministerio de Desarrollo Social con 185 y un poco más atrás los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, con 112, y de Educación, con 107.