El diputado de Unión por la Patria (UP) Juan Manuel Valdés impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley mediante el cuál buscará regular los viajes que puede llevar a cabo el jefe de Gobierno porteño y la cantidad de días anuales que puede destinar a este tipo de actividades.

El texto establece que cada viaje debe ser autorizado por la Legislatura porteña y que cada año, al celebrarse la primera sesión, se establezca un límite de días autorizados para tal efecto. Además, prevé que el alcalde deberá informarle previamente al Parlamento sobre cada oportunidad en la que vaya a hacer uso de la autorización.

La iniciativa también plantea la creación de la “Comisión Especial de Seguimiento de los viajes oficiales del jefe de Gobierno”, la cuál será presidida por un legislador del bloque más numeroso de la oposición y estará conformada por tres miembros de la comisión de Presupuesto; dos de la Comisión de Asuntos Constitucionales; dos de la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales; y un representante de la Auditoría General de la Ciudad.

Dicha comisión tendrá la facultad de requerirle al jefe de Gobierno la agenda de viajes programadas y la rendición de los gastos del viaje, tanto para el alcalde como para su comitiva. Además, podrá solicitar el detalle de los miembros que conforman la misma.

Asimismo, la Comisión deberá elaborar un informe al cierre de cada año, el cuál será elevado a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y puesto a disposición de la ciudadanía a través de los mecanismos de transparencia y publicidad de actos de gobierno vigentes.

En los fundamentos de la medida, Valdés explicó que “la regulación de los viajes que realice el jefe de Gobierno y el control por parte de la Legislatura resulta de una vital importancia para la transparencia y el acceso a la información de la ciudadanía de los eventos y cuestiones que atañen al conocimiento que realiza la máxima autoridad del Poder Ejecutivo de la Ciudad” e indicó que “la Constitución Nacional Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Es en ese sentido que la división de poderes, uno de los pilares del republicanismo, se pone de manifiesto a través un sistema de frenos y contrapesos para evitar el uso arbitrario del poder público”.

A su vez, Valdés explicó que “el presente proyecto no es una novedad en el país, muy por el contrario. Por ejemplo, normas provinciales de Córdoba, San Luis, Salta, Jujuy, La Rioja, por hacer mención de algunos casos, regulan los mecanismos y períodos por los cuales los gobernadores y vicegobernadores pueden ausentarse temporalmente de sus respectivas provincias y/o solicitar licencias” y recordó que “a nivel nacional, es el Congreso de la Nación quien autoriza al presidente a ausentarse del país en la primera sesión de cada año”.

“En la sociedad de la información, el acceso a información fehaciente y clara, de forma simple y gratuita, es fundamental para fomentar la transparencia de los actos de gobierno y para fortalecer los lazos entre la ciudadanía y las instituciones gubernamentales”, sentenció.

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para modificar el Régimen de Asignaciones Familiares para el personal de la administración pública y crear una nueva asignación por violencia de género.

El texto recientemente presentado busca introducir modificaciones en la norma, a fin de hacerlo más inclusivo e incorporar las diversidades, dado a que “el sistema de asignaciones familiares actual tiene un fuerte arraigo en la composición familiar tradicional que necesita ser replanteado a la luz de las transformaciones sociales”, por lo que es “necesario reconocer los distintos tipos de conformaciones familiares que existen - parejas del mismo sexo, adoptantes, hogares monoparentales y otros tipos de configuraciones familiares no hegemónicas- así como contemplar las diversas necesidades de cuidado que tienen las familias. Por ello, introducir la perspectiva de género y diversidad”.

En este sentido, el presente proyecto propone modificar la redacción de algunos conceptos con un fuerte sesgo maternalista, como “maternidad” o “mujer embarazada” utilizando términos más inclusivos y como “nacimiento de hijo/a” o “persona gestante”, y eliminar ciertos condicionamientos y requisitos hoy vigentes como, por ejemplo, la acreditación del vínculo conyugal para la persona no gestante en el caso de la asignación por embarazo, o la presunción de que uno de los/las progenitores/as se ocupa del cuidado de los hijos en el hogar para el caso de la asignación por hijo menor de cuatro años.

Asimismo la iniciativa propone la creación de una asignación especial por violencia de género, que consiste en un apoyo económico para afrontar gastos generados por una situación de violencia por razones de género en el ámbito familiar, “con el objetivo promover la autonomía de todas las mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ víctimas de violencia de género que trabajan en el Gobierno de la Ciudad”, sostiene la misma.

La propuesta del jefe de Gobierno también se propone la creación de un nuevo régimen de carácter progresivo, dotado de bandas determinadas por rangos mínimos y máximos de ingresos, así como un tope o límite máximo de ingresos que determinen tanto el acceso como la cuantía de las asignaciones a percibir para cada trabajador.

En los fundamentos del texto, Larreta sentenció que “la ley de asignaciones familiares cuyo proyecto se eleva en el presente, busca reemplazar el régimen actual con una versión superadora, que contemple a cada uno de los trabajadores en su contexto particular, no sólo en relación a sus ingresos, sino también a su configuración familiar, que busque una distribución proporcionada de los recursos priorizando a quienes más lo necesitan”.