Pocos temas como la seguridad generan una reacción tan inmediata de parte de la sociedad. Tiene sentido entonces que, ante un hecho conmocionante, ese impacto repercuta en la caja de resonancia de la sociedad, la política y la opinión pública, como es el Congreso de la Nación. De ahí que los delitos más graves generen una inmediata reacción legislativa, ya no solo de los legisladores que suelen presentar proyectos en función de lo que dicen los diarios, sino también de los gobiernos, siempre atentos a reclamos de ese tipo.

Prueba de ello fueron las leyes Blumberg, un conjunto de reformas al Código Penal impulsadas tras el secuestro y asesinato de Axel Blumberg en 2004. Ese caso generó la reacción social más impactante que se recuerde en los últimos tiempos ante un crimen —más incluso que el caso Nisman—. Aquel episodio derivó en la histórica marcha del 1 de abril de 2004, convocada por Juan Carlos Blumberg para exigir justicia y el endurecimiento de las penas contra la inseguridad. Esa masiva movilización impuso el tema en la agenda pública y derivó en la aprobación de una serie de leyes. Tal protesta, que llegó a inquietar seriamente al Gobierno de Néstor Kirchner, se concentró frente al Palacio Legislativo.

En los tiempos que corren, con un gobierno particularmente enfocado en la cuestión de la seguridad, los crímenes cometidos por menores fueron el detonante inmediato de anuncios para ya no endurecer penas sino bajar la edad de imputabilidad. Está claro que el Gobierno de Javier Milei no tendría reparos en aplicar modificaciones de ese tipo mediante decretos de necesidad y urgencia, pero la propia Constitución Nacional establece en el inciso 3 del artículo 99 limitaciones que lo impiden. Entre las materias vedadas para legislar por DNU figuran las penales.

La presentación del proyecto original por parte del Gobierno de Milei.

Lo cierto es que, verano tras verano, el gobierno libertario realizó anuncios sobre modificaciones al Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad. Sucedió por primera vez en 2024, aunque en esos comienzos de la gestión mileísta el tema no parecía figurar entre las prioridades, tal como sugirió el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en una entrevista cuando su gobierno apenas llevaba un mes en el poder. En aquella oportunidad dijo tener el tema en estudio, aunque habló de manera general y sin precisiones que anticiparan un tratamiento inmediato. Señaló la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. En Radio Rivadavia explicó: “Hay dos sistemas en el mundo. Tenés el criterio suizo, o inglés, que divide según los delitos y te hace graduaciones según la edad. Empieza hasta con los 10 años. Pero en principio, de todo lo que llevo leído, prefiero algo sin tanto vericueto. ¿Por qué? Porque, al margen del delito en particular cometido, el chico muestra ya una conducta desviada, una conducta socialmente disvaliosa. A partir de los 14, por ejemplo, que es la edad que me gusta. Y es la que sostienen casi los 30 proyectos que tengo sobre mi escritorio que se han presentado y no han tenido acogida legislativa. Casi todos toman 14 años como edad de imputabilidad”, precisó.

“El que la hace, la paga”

Un hecho gravísimo volvió a impulsar la iniciativa. Fue el crimen de un playero en Rosario a manos de un menor de edad. Ocurrió en marzo de 2024, cuando Bruno Bussanich fue asesinado de un tiro por un adolescente de 15 años, solo para enviar un mensaje en el marco de la guerra narco en esa ciudad. Entonces el vocero presidencial, Manuel Adorni, posteó en su cuenta de X: “Delito de adulto, pena de adulto”. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad por esos días, anunció que el Gobierno enviaría al Congreso una ley de imputabilidad “para que nunca más crímenes como estos queden impunes”.

Acaba de ser detenido por la Policía de Santa Fe el asesino del playero Bruno Bussanich, de Rosario. Asesinato que destruye toda una familia. Es nuestra obligación que, en casos como estos, se haga justicia. Ya está entrando al Congreso de la Nación la Ley de Imputabilidad, para… pic.twitter.com/fEZ9El54Cw

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 29, 2024

Ese mensaje fue reposteado por el propio presidente Milei, quien agregó: “EL QUE LA HACE, LA PAGA…”.

Sin embargo, las expresiones de la ministra quedaron en eso: simples declaraciones. Al menos de momento, pues el proyecto tardó en llegar al Congreso. Recién el 1° de junio de 2024, el ministro de Justicia anticipó que la propuesta oficial bajaría la edad de punibilidad a 13 años, “sobre todo teniendo en consideración que, en los últimos dos meses, en los que estábamos trabajando en la materia y estábamos inclinados por los 14, sucedieron muchos hechos de chicos de 13 años”.

La presentación pública del proyecto tuvo lugar el 28 de junio de 2024. Patricia Bullrich y Cúneo Libarona encabezaron la exposición de la iniciativa que el Gobierno enviaría al Congreso y que alcanzaría a adolescentes de entre 13 y 18 años imputados por delitos previstos en el Código Penal. “Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia”, sostuvo la entonces ministra.

El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 16 de julio con el objetivo de “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.

Los diputados dieron señales de avanzar rápidamente: se convocó a un plenario de todas las comisiones involucradas —Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda— y el debate comenzó el 31 de julio de 2024. En total hubo siete reuniones, con etapas de explicación de proyectos, exposiciones de especialistas invitados y análisis fiscal. Este último arrojó un costo estimado de más de 200 mil millones de pesos, que contemplaba la designación de equipos interdisciplinarios y supervisores para intervenir en futuros procesos penales.

No hubo más reuniones ese año y el tema no fue incluido en extraordinarias.

El pedido presidencial

En enero de 2025, el tema volvió a la agenda pública luego de que se conociera el caso de una jubilada de 93 años víctima de un violento robo en su casa de Vicente López. Los delincuentes —cuatro en total, tres de ellos menores— se sacaron una selfie con la mujer maniatada y la subieron a redes, lo que facilitó su detención. Los menores recuperaron rápidamente la libertad.

Un mes después ocurrió un caso aún más grave: dos adolescentes de 14 y 17 años robaron en un semáforo un auto en el que viajaban una mujer y su hija de 7 años, llamada Kim Gómez. Tras bajar a su madre a punta de pistola, los ladrones escaparon con el vehículo y la niña, que murió al quedar colgada del cinturón de seguridad cuando intentaron arrojarla del auto en movimiento.

El crimen de Kim Gómez llevó al Presidente a pedir públicamente por la edad de imputabilidad en la apertura de sesiones.

El caso reavivó el debate y motivó al presidente Milei a ocuparse del tema en la apertura de sesiones ordinarias de 2025. Exigió “bajar la edad de imputabilidad” y “agravar todas las penas del Código Penal”, y propuso “la reforma más importante de los últimos cien años”. Criticó de paso al gobernador Axel Kicillof por su enfoque en materia criminal.

Tras el pedido presidencial, el plenario retomó el debate el 12 de marzo. Hubo cuatro reuniones más y el 6 de mayo se logró un dictamen que bajaba la edad a 14 años. Fue producto de la unificación de proyectos del Ejecutivo, del massismo, de Pro, de LLA, de la Coalición Cívica, de Democracia para Siempre y de otros bloques.

El dictamen eliminó la figura de los “inimputables” y redujo la pena máxima de 20 a 15 años. Preveía que las penas privativas de libertad se cumplieran en el domicilio, en institutos abiertos o especializados, o en secciones separadas de cárceles. La Coalición Cívica y Democracia para Siempre firmaron en disidencia por considerar que no debía dictarse ninguna prisión efectiva hasta que los institutos estuvieran adecuados.

Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron el dictamen. Encuentro Federal presentó uno propio, avalado por Margarita Stolbizer y Natalia de la Sota.

El dictamen alcanzado el año pasado modificó de 13 a 14 la edad de punibilidad propuesta por el Ejecutivo.

Sin embargo y pese a la premura pedida por el propio Javier Milei para tratar el tema, el dictamen para modificar la edad de imputabilidad no llegó al recinto en todo el año y terminó perdiendo estado parlamentario. Sucede que, ante la presión opositora, el oficialismo optó por cerrar el Congreso y resistir todo tipo de sesiones, prescindiendo de los temas propios. Así, dos semanas después del dictamen sobre el Régimen Penal Juvenil, el 21 de mayo, fracasó una sesión pedida por la oposición para tratar una serie de temas incómodos para el Gobierno: jubilados, Comisión Investigadora del caso $LIBRA y, sobre todo, la integración de la AGN. Se sabía que si había sesión, a través de un acuerdo de Unión por la Patria y Encuentro Federal intentarían designar a dos miembros para la AGN: Juan Ignacio Forlón y Emilio Monzó. La sesión no consiguió quórum.

A pesar de la insistencia de Milei, el dictamen no llegó al recinto y perdió estado parlamentario. La parálisis se profundizó cuando el oficialismo decidió bloquear las sesiones para evitar que la oposición impulsara temas incómodos, como jubilaciones, la comisión investigadora del caso Libra y la integración de la AGN.

¿La tercera es la vencida?

Caído el dictamen, el Gobierno hizo un llamado a sesiones extraordinarias en diciembre que incluía ya no la reforma del Régimen Penal Juvenil, sino una completa modificación del Código Penal. Sin embargo el tema no se trató y cuando se llamó a sesionar para el mes de febrero, el tema ya no apareció. Pero en un segundo llamado incluyeron la baja de edad de imputabilidad. Claro está, previamente había sucedido otro episodio sangriento que involucró a menores y generó un repudio generalizado.

Esta vez, el disparador fue el asesinato de Jeremías Monzón, de 15 años, en Santa Fe. El crimen, cometido entre el 18 y el 22 de diciembre de 2025, fue grabado por los agresores —una adolescente de 16 años y dos varones de 14 y 15— y viralizado. La instigadora está detenida; los varones, no punibles, fueron sobreseídos.

Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón.

La secuencia se repite: un crimen sacude a la sociedad, el Gobierno anuncia reformas y el Congreso retoma el debate. Con el caso Jeremías aún fresco y una nueva convocatoria que incluye la baja de la edad de imputabilidad, la pelota vuelve a quedar en la cancha de los legisladores. La incógnita, como siempre, es si el clima social y político alcanzará esta vez para quebrar el patrón de los últimos años y transformar finalmente las intenciones en ley.

En la antesala de iniciar las extraordinarias donde uno de los temas fuertes será el debate del proyecto de ley penal juvenil que baja la edad de imputabilidad, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se reunió este viernes al mediodía con familiares de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue asesinado por menores de edad en Santa Fe.

Al cabo de la reunión con la madre de Jeremías que se realizó en la Cámara alta cerca de las 12, la exministra afirmó que trabajarán en conjunto con la familia de la víctima para que la reforma del Régimen Penal Juvenil salga y el caso será tomado como testigo a partir de febrero, durante el debate del tema, más allá de que la justicia no será retroactiva para ese caso.

“Fue un acto de alevosía, impunidad, sadismo, de placer por matar algo que nos conmueve como sociedad”, expresó Bullrich y agregó que vio a la mujer “como a cualquier mamá que le torturan y le matan a su hijo de esta manera, y por supuesto que el Gobierno, que ya venía trabajando con la Ley Penal Juvenil, decidió el lunes pasado ponerlo (en consideración del Congreso) para que la sociedad entera sepa que no podemos seguir así, no podemos seguir teniendo Jeremías que sean asesinados por otros menores, menores matados por menores o menores matados por mayores. Menores que matan y vuelven a su casa como si nada”.

Realmente no hay palabras que alcancen. Escuchar a Romina hablar de Jeremías y de lo que le hicieron te revuelve el estómago.

Me importan dos ovarios si son 50 menores o 500 los que cometen delitos. Saben lo que hacen. Matan y vuelven a su casa como si nada, mientras una familia… pic.twitter.com/8Fl9Z1o5Ix

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 30, 2026

“Se va a trabajar en febrero en Diputados. La legisladora Laura Rodríguez Machado lo impulsó y lo trató durante el año pasado, pero se complicó en el Congreso", recordó y lamentó que "ley penal no es retroactiva y no va a caber, pero ya estuvimos hablando con abogados y la fiscal general de la provincia de Santa Fe para que haya algunas consecuencias y no sea como si nada hubiera pasado”.

“Hubo muchos casos en los que intentamos y no por los casos ni por la convicción, hace más de 20 años que estamos trabajando en esto. Este Gobierno ha tomado la decisión de enviar el proyecto y de trabajarlo y de impulsarlo. Ahora vinimos por todo para tratarlo y va a ser ley en el corto plazo. Sé que esto no le va a traer la justicia que necesitaría Jere, pero va a dejar un legado que va a interpelar a todo el país para educar mejor a los chicos, ara que actuemos antes. Tenemos que trabajar para que no haya chicos asesinos ni violentos”, planteó la senadora.

Por su parte, Romina -la madre de Jeremías Monzón- también dialogó con la prensa acreditada para señalar su apoyo a la baja de edad de imputabilidad. “Necesitamos que no vuelva a suceder. Ver como los asesinos de mi hijo están libre es terrible. Saber que estamos luchando por una ley que no será retroactiva es terrible. Si esto se hubiera votado antes, los asesinos de mi hijo estarían presos en este momento”.

“Es horrible que haya gente que, aun viendo lo que sucede, se opongan porque se siguen acumulando hijos nuestros en nichos y no van a tener ningún tipo de responsabilidad penal los asesinos”, expresó entre lágrimas y agregó: “Espero que salga la ley justamente para evitar estas cosas. Nosotros tuvimos que salir de la audiencia sabiendo que ellos (los autores del crimen de su hijo) iban a volver a sus casas, sabiendo que no iban a tener ni siquiera el antecedente penal… Y eso es terrible… Entonces, lo que exigimos con la ley es que ellos se hagan cargo de lo que hacen. Ellos hicieron algo atroz, se filmaron, lo disfrutaron, lo divulgaron…Es todo muy perverso”.

Bullrich retomó la palabra y se dirigió a sus pares legisladores para que apoyen el proyecto: “Los que nos han elegido no es actuar cuando las cosas pasan, sino por la convicción de tener una justicia penal que ayude a las víctimas, que impida que los casos sucedan, que actúe antes y que no tengamos que lamentar esto. Actuar por la convicción de tener un país que tiene que tener normas como todos los países. No puede ser que tenemos que actuar por un asesinato con alevosía con ese nivel de perversidad, sino por la convicción de qué necesita el país”.

“Me pongo en su lugar como mamá, no podemos tener gente en la Argentina que siga avalando y aplaudiendo y acompañando chicos que matan. Tenemos que terminar con esa cultura”, planteó y agregó: “Tenemos que trabajar en el sistema educativo y social acompañando cada lugar. La teoría de la tolerancia cero es decir al primer acto violento hay que actuar antes para evitar estas situaciones”.

Bullrich explicó: “Algunos dicen que son 50 casos, pero una vida es una vida no importa si son 40 o 50 los menores asesinos. Lo importante es que ese menor que roba o comete un delito a los 13 años o a los 14 y no le pasa nada, va a seguir. A los 18 va a terminar preso o matar a alguien. Entra en una carrera delictual por impunidad”.

El asesinato de Jeremías

Jeremías Monzón, de 15 años, fue asesinado entre el 18 y el 22 de diciembre de 2025 en la ciudad de Santa Fe. Su cuerpo apareció el día 22 en un galpón o fábrica abandonada frente a la cancha de Colón, en la zona del barrio Chalet. Lo más espeluznante de este horrible crimen, fue que el mismo fue filmado por sus propios agresores, un material que luego se viralizó en redes y servicios de mensajería.

El video —de unos cuatro minutos— muestra torturas y más de 20 puñaladas, aplicadas con un cuchillo y un objeto similar a un destornillador. Le exigían que entregara “la clave y los videos” de su celular.

Los tres involucrados en el hecho fueron una chica de 16 años sindicada como instigadora y dos varones de 14 y 15 años. En la grabación se escucha a la adolescente ordenar: “Matalo… cortale el cuello”.

La chica está detenida en un centro de menores en Rosario, imputada como coautora por homicidio triplemente agravado (alevosía, ensañamiento y concurso de tres o más personas), en tanto que los dos varones fueron identificados como coautores, pero son no punibles según la ley vigente. La Justicia los sobreseyó y el Estado provincial realiza un seguimiento. También quedó detenida como partícipe secundaria la madre de la adolescente.

Jeremías Monzón, de 15 años, fue asesinado entre el 18 y el 22 de diciembre de 2025 en la ciudad de Santa Fe. Su cuerpo apareció el día 22 en un galpón o fábrica abandonada frente a la cancha de Colón, en la zona del barrio Chalet. Lo más espeluznante de este ya de por sí horrible crimen fue que el mismo fue filmado por sus propios agresores, un material que luego se viralizó en redes y servicios de mensajería.

El video —de unos cuatro minutos— muestra torturas y más de 20 puñaladas, aplicadas con un cuchillo y un objeto similar a un destornillador. Le exigían que entregara “la clave y los videos” de su celular.

Los tres involucrados en el hecho fueron una chica de 16 años sindicada como instigadora y dos varones de 14 y 15 años. En la grabación se escucha a la adolescente ordenar: “Matalo… cortale el cuello”. La chca está detenida en un centro de menores en Rosario, imputada como coautora por homicidio triplemente agravado (alevosía, ensañamiento y concurso de tres o más personas), en tanto que los dos varones fueron identificados como coautores, pero son no punibles según la ley vigente. La Justicia los sobreseyó y el Estado provincial realiza un seguimiento.

Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañas a las víctimas y a sus familias y evitas nuevas víctimas, o sostenes una posición pro-delincuentes.

¿Hacen falta cuántos casos más? Robos violentos, homicidios y hasta un chico de 15 años…

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 23, 2026

El reclamo de Patricia Bullrich

Este jueves la senadora nacional y exministra de Seguridad Patricia Bullrich se pronunció sobre el tema en redes sociales. “Jeremías tenía 15 años. Fue torturado y asesinado por menores que se filmaron haciéndolo. Hoy, dos de ellos están libres”, señaló, recordando que “la Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara”.

Para Bullrich, el resultado es este: “menores que cometen los peores delitos y salen impunes. Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir”, ante lo cual aseguró que “en este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa”.

Cabe recordar que la aprobación de la Ley Penal Juvenil fue pedida el año pasado por el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias, y si bien el proyecto tuvo dictamen, no llegó nunca al recinto, en un año muy complicado para el oficialismo.

Ahora fue incluido el tema en el marco de una profunda reforma del Código Penal que se proponía tratar el Gobierno en extraordinarias, pero si bien el proyecto figuró en el primer pedido hecho en diciembre pasado, para la reanudación de extraordinarias en febrero no figura el tema.

El video del crimen formaba parte de la causa judicial, pero terminó circulando masivamente en redes, WhatsApp y Telegram. La familia —representada por el abogado Bruno Rugna— denunció una grave vulneración de la dignidad del menor y exigió que se investigue cómo se filtró:

Se sospecha que pudo haber salido de organismos judiciales o policiales; o que el propio grupo de agresores lo difundió antes de ser detenido. La querella pidió una investigación interna al Ministerio Público de la Acusación, la Policía de Investigaciones y el Poder Judicial de Santa Fe.