La paradoja de los 40 años

En nuestro país, en tanto, la insatisfacción se asienta en un dato irrefutable: el estancamiento y la alta inflación, que se explican por la ausencia de un patrón productivo sostenible, luego del agotamiento del esquema de industrialización sustitutiva de importaciones a mediados de los setenta.

Por Jesús Rodríguez

“No hay, no puede haber, buenas finanzas públicas donde no hay buena política “ L.N. Alem (13/4/1890)

Una paradoja inesperada se combinó con el aniversario de los 40 años de democracia ininterrumpida en la Argentina, el período más extenso de nuestra vida institucional.

En efecto, en un desaire a la historia, asistimos a la asunción de un legítimo presidente que carece de partido; que solo cuenta con dos años de experiencia personal en la acción política y que, dueño de una personalidad extravagante, llama la atención de los observadores y analistas del exterior.

Además, la nueva administración se postula como iniciadora de un cambio revolucionario y sostiene que repondrá a la Nación en una posición de liderazgo extraviada desde hace más de cien años.

En lo que sigue se intenta, eludiendo razonamientos simplistas y el falso atajo de las frases hechas, analizar las causas de ese imprevisto resultado electoral y, a continuación, se identifican los puntos nodales  de la estrategia oficial que puede conducir a los argentinos a una mayúscula frustración colectiva.

 

¿Avanza la libertad?

 

Una de las características que distingue a la situación global, particularmente desde la crisis financiera del 2008, es la inestabilidad sistémica y, también, la erosión de los consensos vigentes tanto domésticos como internacionales.

Somos parte de un mundo violento, caracterizado por la debilidad de los organismos multilaterales, y con muchos estados que, con el argumento de la soberanía, atropellan los derechos humanos. Un claro ejemplo de la realidad de ese mundo de hoy, es la invasión de la Rusia de Putin a Ucrania, a contramano de los principios y reglas del orden internacional.

Una consecuencia de los déficits de gobernanza global es que el impacto económico y social de la crisis -en esta etapa de la globalización caracterizada por la llamada “financierización”- abrió las puertas a movimientos políticos que canalizaron la insatisfacción y el descontento con liderazgos emergentes de cuño antisistema.

En el contexto del deterioro global de la salud de las democracias que, según Freedom House un centro de pensamiento basado en Washington DC, viene deteriorándose de manera consecutiva en los últimos 17 años, surgen experimentos políticos conocidos como “gobiernos iliberales” que se caracterizan por ignorar o eludir los límites constitucionales de su poder.

En nuestra región de América Latina, en tanto, el desempeño en los primeros veinte años del siglo es similar al de la llamada, en términos económicos, “década perdida de los años 80”.

Ese estancamiento económico de la región -la más violenta y desigual del planeta- reforzó los déficits de calidad democrática y así, de acuerdo al análisis del World Justice Project, 18 de los 32 países de América Latina exhibieron un retroceso en la solidez del estado de derecho.

Ese global clima de época, con democracias acosadas y que se deterioran desde adentro antes que ser tumbadas por golpes de estado, le puso marco a la competencia electoral argentina.

Con ese contexto global y regional de liderazgos políticos novedosos -algunos, de tipo prepotente con rasgos autoritarios, que descreen del ordenamiento republicano como Donald Trump en Estados Unidos, Nayib Bukele en El Salvador, Jair Bolsonaro en Brasil, y otros, en cambio, respetuosos del mismo, como Gabriel Boric en Chile- se desarrolló la décima elección presidencial desde 1983.

En nuestro país, en tanto, la insatisfacción se asienta en un dato irrefutable: el estancamiento y la alta inflación, que se explican por la ausencia de un patrón productivo sostenible, luego del agotamiento del esquema de industrialización sustitutiva de importaciones a mediados de los setenta.

Ese retroceso relativo, resultado de una tasa de crecimiento del PBI por habitante de sólo 0,6% anual acumulativo en el periodo 1974-2023, no se detuvo en la gestión del gobierno peronista del Frente de Todos -Unión por la Patria liderado por Alberto Fernández- Cristina Fernández de Kirchner.

Al contrario, el desesperado intento en los finales del gobierno, cuando el fracaso impedía a los integrantes del binomio presidencial ser candidatos, con la nominación de Sergio Massa y su capitalismo de compinches le costó a los argentinos un incremento del gasto público de alrededor de dos puntos del Producto Interno Bruto.

En realidad, los resultados de esa gestión, la peor desde la inauguración democrática de 1983, pueden sintetizarse en:

  • Inflación de tres dígitos por primera vez en el siglo, que cuadriplica la del periodo presidencial
  • Caída del ingreso por habitante en relación al registrado al inicio de su gestión.
  • Mayor regresividad de la distribución funcional del ingreso y un aumento de la pobreza con más de 3,3 millones de personas que se incorporan al contingente de ciudadanos con ingresos menos que mínimos.
  • Récord histórico de endeudamiento. La cuarta experiencia kirchnerista es el gobierno que desde Bernardino Rivadavia más aumentó la deuda pública, a razón de casi 30 mil millones de dólares promedio anual en los 4 años de su gestión.

A ese estado de “recesión democrática” a escala global y regional y a las objetivas consecuencia sociales del estancamiento secular de la economía argentina, es necesario agregar el impacto sobre las conductas individuales, en particular los jóvenes, de la pésima gestión del Covid por parte de la administración peronista que concluyó en diciembre del año pasado.

Algunos pocos datos para ilustrar la afirmación precedente:

  • Argentina integra el lote de quince países del mundo con peor registro de fallecidos por millón de habitantes.
  • Las restricciones provocaron en los cinco continentes caída en la actividad económica y aumento de la pobreza pero, según el FMI, en el año 2020 el derrumbe de la actividad en nuestro país fue tres veces el promedio global y el incremento de la pobreza en ese mismo año, según la CEPAL, triplicó el promedio de los países de la región de América Latina.
  • De acuerdo a un estudio de la Universidad de Oxford, las restricciones a la vida social de nuestro país fueron un 40% más rigurosas que las verificadas en el promedio de los países del mundo.
  • La extensión injustificada de las restricciones, muchas veces con absurdas e ideologizadas excusas, afectó de manera dramática la vida social, en particular la relación de los jóvenes con la educación. Argentina tuvo las escuelas cerradas el doble de días que Europa y los EEUU y, al estar los alumnos distanciados de afectos y relaciones, potenció sentimientos de miedo, angustia y depresión que contribuyó a gestar en vastos sectores sociales reacciones de cuestionamiento “in totum” al orden social y político establecido.

Los argumentos precedentes -el clima de época, la extendida  insatisfacción social y el impacto de la pandemia, particularmente en los jóvenes- son ciertos y válidos pero no alcanzan a explicar el resultado electoral.

En efecto, corresponde que sea complementado con el análisis del desempeño político de la coalición Juntos por el Cambio (JxC) que llegó al comicio presidencial habiendo ganado tres de las cuatro elecciones precedentes con registros electorales en el entorno del 40%.

Las razones que explican porqué JxC no fue el principal cauce para expresar la voluntad mayoritaria de cambio de la sociedad argentina se encuentran en las propias debilidades exteriorizadas por la coalición:

  • El programa común trabajado durante meses por los equipos de técnicos, expertos y profesionales no fue asumido plenamente como propio por ninguno de los candidatos.
  • La conducción nacional de la coalición careció de una estrategia integral y compartida para abordar las 17 elecciones provinciales que se desarrollaron antes que el comicio presidencial.
  • La dirección nacional de la coalición no se propuso, a diferencia de las otras dos elecciones presidenciales, concretar listas comunes de legisladores nacionales en las 24 jurisdicciones del país.
  • Las autoridades nacionales de la UCR menospreciaron la importancia de competir con candidatos propios en la contienda presidencial.
  • Las ambiguas, equívocas y persistentes manifestaciones públicas y actitudes políticas del Presidente Mauricio Macri en relación a sus preferencias electorales.

Estas evidencias llevaron a que buena parte de la sociedad que reclamaba el cambio percibiera la propuesta de JxC como confusa, endogámica y endeble.

En efecto, antes de ser reconocidos como portadores de una  propuesta clara y compartida de cambio viable formulada por los equipos de la coalición, con los matices y énfasis de cada candidato, ofrecimos ideas propias de cada candidato y nos enredamos en una discusión acerca de si el cambio “es todo o es nada”, o sobre “la necesaria construcción del 70% de apoyo”.

En muchos distritos las chances electorales de los candidatos oficiales de la coalición se vieron severamente afectadas por declaraciones o decisiones de dirigentes nacionales.

La ausencia de la voz radical en la competencia relativizó la condición coalicional de la fuerza política y, en la percepción social, la redujo a una disputa interna de un partido integrante de la coalición.

Así, la opción a la continuidad de la fracasada combinación de  populismo político y facilismo económico recargado fue la candidatura libertaria -una creación del gobierno para dividir a la oposición- que, además del apoyo financiero y logístico del oficialismo, consiguió patente de legitimidad con los confusos pronunciamientos del ex presidente Macri.

Debilidades, riesgos y peligros del nuevo gobierno

El nuevo gobierno inicia su gestión con la legitimidad provista por la mayoría obtenida en la segunda vuelta electoral y, también, con las limitaciones que la voluntad popular y las reglas electorales le impusieron. Así, su menguado contingente legislativo se reduce al 15% y al 10% en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, respectivamente. Asimismo, ninguno de los 24 titulares de los gobiernos subnacionales pertenece a su fuerza política y solo 3 intendentes de ciudades de menos de 3000 habitantes cada una, sobre las más de 2000 del territorio nacional, obtuvieron sus triunfos electorales en representación de su partido.

La posibilidad de afrontar con éxito los desafíos mayúsculos a los que se enfrenta la sociedad argentina exige la combinación virtuosa de varias dimensiones: la formulación de un diagnóstico acertado y preciso; la articulación de un programa integral con prioridades claras y equipos cohesionados; la construcción del suficiente respaldo político que provea legitimidad para las transformaciones necesarias y, finalmente, el acompañamiento internacional para remover los obstáculos al progreso individual y social.

Para quienes estamos convencidos, por razones doctrinarias confirmadas por las mejores prácticas de nuestro países vecinos, de la asociación positiva entre la calidad y fortaleza de la instituciones y el desarrollo económico es imposible coincidir con que el camino de superación del estancamiento pasa por la convalidación de un decreto de necesidad y urgencia y la aprobación a libro cerrado de  un proyecto de  ley que, en conjunto, suma en sus partes dispositivas 251 páginas con 1030 artículos que derogan centenares de leyes.

Por otro lado, la incomprensible ausencia de prioridades se patentiza cuando los temas relevantes se confunden en una lista que incluye la autorización para la reventa de entradas en espectáculos deportivos o la prescripción a los magistrados en el  uso de la toga.

Las designaciones pendientes en los equipos de gobierno, así como los funcionarios nombrados que renuncian y la continuidad de cargos claves de la administración saliente, habla de preocupantes signos de improvisación y conflictos en el centro de decisiones del poder.

En el mismo registro de signos preocupantes, las falsas imputaciones a los legisladores y la sintonía ideológica con presidentes de otras naciones que agredieron sus parlamentos, afectan negativamente la reputación de nuestro país en el mundo occidental, democrático y capitalista.

El nuevo presidente, que propone una reformulación profunda de las interrelaciones entre la sociedad, el Estado y el mercado, se proclama como el “primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad”.

Ese posicionamiento pretende que el populismo anacrónico, pero hegemónico con cuatro gobiernos en los últimos 20 años, sea  sustituido por una “autocracia de mercado” que recurre a la  tercerización en estudios privados para la formulación de las nuevas normas jurídicas, lo que redunda en una inaceptable captura del estado por intereses corporativos que se agrega a la larga lista de políticas públicas contaminadas por conveniencias particulares.

Esa autoimpuesta misión fundacional a escala planetaria, al tiempo que reconoce la falta de antecedentes, ignora que la principal razón que explica el extendido estancamiento argentino es la anomia que distingue al comportamiento social en nuestro país.

Esa ajuridicidad, que está en la base de nuestra decadencia, nos obliga a la construcción de un orden político alejado de los modos populistas o autocráticos.

Esa definición es relevante y, cuando se la relativiza -como sucedió tras la implosión de la Unión Soviética- las consecuencias son peligrosas para la convivencia social.

Ese orden político funcional al desarrollo económico y el progreso social debe asentarse en tres pilares: uno que concibe a la  democracia como única fuente legítima de poder en elecciones limpias y verificables; otro de naturaleza republicana donde la división y la independencia de los poderes asegure el control recíproco y la rendición de cuentas y, también, uno de raigambre liberal que asegure derechos para cada ciudadano, especialmente para todas las minorías.

Ese diseño institucional exige, además, un talante acorde de parte de las autoridades. No es admisible que desde el vértice del poder se agravie o acuse falsamente a los opositores. Tampoco es deseable que este nuevo tiempo replique las peores actitudes del anterior presidente, acusando ahora a los que dudan o discrepan con sus propuestas de cercenar la libertad de los ciudadanos, como antes se imputaba a los que cuestionaban la acción oficial, en la época de la pandemia, de atentar contra la vida de los argentinos.

Un peligroso desvío democrático del nuevo presidente, al suponer  que un triunfo electoral concede derechos por sobre las normas constitucionales y legales, es pretender que el Congreso le conceda una amplísima delegación de facultades, superando a todos los mandatarios justicialistas de estos cuarenta años, los que gobernaron desde el primero hasta el último día de su gestión con poderes extraordinarios.

Otro ejemplo de regresión democrática es cuando se pretende reformar el sistema electoral y las normas que regulan las campañas políticas. Los cambios que se proponen -al promover las circunscripciones uninominales-  abren las puertas a  la manipulación de los distritos, limitan la representación de las mayorías, conspiran contra la renovación dirigencial y eliminan los criterios de paridad con perspectiva de género.

En relación al financiamiento de la actividad política, al eliminar cualquier limitación a los aportes privados y al suprimir los espacios gratuitos en medios audiovisuales a cargo del estado, el peligro es que se consolide en nuestro país lo que el Presidente James Carter denunció en los Estados Unidos: “ el sistema político se ha convertido en una recompensa para los mayores contribuyentes de las campañas”.

La superación del estancamiento económico con alta inflación que condena a la mayoría de los argentinos a la pobreza exige disponer de un sistema político con capacidad de procesar los necesarios cambios y transformaciones estructurales.

En ese sentido es imperioso que los actores políticos sean capaces de aprender de las mejores prácticas internacionales que en nuestra región de América Latina enseñan que solo las democracias plenas exhiben resultados socioeconómicos satisfactorios.

Y que todos los protagonistas políticos y sociales, y sobre todo quienes tienen la responsabilidad de gobernar, recuerden a Tzvetan Todorov, el filósofo e historiador búlgaro radicado en París, cuando enseñó que “las causas nobles no excusan actos innobles”.

El Congreso y el Fondo: crisis profunda, alta responsabilidad

Por Jesús Rodríguez. El presidente de la Auditoría General de la Nación se refirió al principio de entendimiento con el FMI, el papel del Parlamento, el rol de la oposición y se preguntó: “¿Es necesario pagar el acuerdo?”.

El 28 de enero, el presidente Alberto Fernández anunció un acuerdo con el FMI y ese mismo día hizo efectivo un desembolso de U$S 731 millones, que complementa los U$S4.491 millones pagados en concepto de intereses, cargos y sobre tasas del préstamo del año 2018.

El convenio es, a diferencia del “stand by” del año 2018, un Acuerdo de Facilidades Extendidas de 24 meses de duración. El financiamiento convenido -por el total desembolsado en el programa anterior- incluye la reprogramación de los vencimientos que se repagan en 10 años con un periodo de gracia de 4 años y medio.

Cuando este acuerdo se concrete, será el número 22 de la lista iniciada en el año 1958 y el primero diseñado y firmado por una administración kirchnerista.

Los anuncios del ministro de Economía (Martín Guzmán) en relación a lo que podríamos denominar “principio de acuerdo” se refieren a las trayectorias esperadas de algunas variables clave como el déficit fiscal, la emisión monetaria y la acumulación de reservas internacionales.

Los anuncios indican que el déficit primario (esto es, descontando el servicio de los intereses de la deuda) esperado en este año es del 2,5% del PIB y un 1,9% en el año 2023. Si comparamos estas metas con los resultados fiscales bien medidos, esto es considerando el déficit inercial del año 2021, entendido como el que se produciría de no mediar correcciones en el gasto, el desequilibrio fiscal de este año debería reducirse en más de dos puntos porcentuales del PIB en relación al año anterior. Es así, además, porque este año no estarán disponibles los ingresos extraordinarios de los DEG’s, resultado de la ampliación de capital del FMI, y del llamado impuesto a las grandes fortunas que rindieron 1,4% del PBI el año pasado.

Es obvio que el sendero de consolidación fiscal pone en el centro de la escena de la política pública a los subsidios económicos, energéticos y del sector transporte. Estos explican más del 80% del déficit primario del sector público. En ese terreno la cuesta es muy empinada. El facilismo económico de la administración y la grosera manipulación de los instrumentos regulatorios hizo que los subsidios energéticos que en diciembre de 2019 se habían reducido a 4.700 millones de dólares, puedan alcanzar 15.500 millones a fines de este año, si no hubiera actualizaciones de tarifas. Casi se igualaría la cifra del último año del gobierno de la presidente Fernández de Kirchner.

El “principio de acuerdo” también requiere, además del compromiso de tener tasas de interés positivas en términos reales, que la emisión del Banco Central para cubrir el déficit primario se reduzca de un equivalente al 3,7% del PIB a tan solo 1% este año y que las reservas internacionales se incrementen en 5.000 millones de dólares.

No sabemos las hipótesis de crecimiento, inflación, la secuencia y magnitud de la corrección tarifaria, cómo será el sendero para incrementar las tasas de interés ni el movimiento del tipo de cambio, entre otros parámetros que fundamentan esas metas. Por lo tanto, es imposible hacer un juicio de valor sobre la pertinencia y probable grado de cumplimiento de las mismas.

A continuación, comparto algunos comentarios que pueden ser útiles para el análisis.

 ¿Es necesario el acuerdo?

La economía argentina está estancada y exhibe desequilibrios notables. El PIB por habitante a fines de este año será casi un 15% inferior al de una década atrás. La evidencia de desequilibrios macroeconómicos fundamentales es que la inflación esperada supera el 50% anual, la brecha en la cotización cambiaría es de tres dígitos y el riesgo país está alrededor de los 1800 puntos.

En ese contexto, la regularización de las relaciones financieras con el exterior es una condición necesaria, no suficiente, para encarar los problemas estructurales de nuestra economía.

El “principio de acuerdo” evita el desastre, pero no garantiza el acceso al mercado voluntario de capitales, condición necesaria para posibilitar la inversión privada y la consiguiente creación de puestos de trabajo de calidad.

Por el contrario, la falta de acuerdo con el FMI asegura, ciertamente, la ampliación de la brecha cambiaria, el incremento del riesgo país, la aceleración de la inflación, el cierre de líneas de crédito privadas y oficiales de los países desarrollados, el cese de desembolsos de los organismos multilaterales de crédito y la caída del “swap” con el Banco de Ajuste de Basilea, entre otras derivaciones que conducen al derrumbe de la actividad económica, la destrucción de empleo y la pérdida de eslabones de las cadenas productivas de valor. Además de profundo y generalizado, el ajuste económico sería, muy probablemente, caótico.

Por otro lado, la falta de acuerdo con el FMI no es inocua. A diferencia de las obligaciones desatendidas con los acreedores privados, no hay “default” con el FMI, sino que, de acuerdo a sus estatutos, se incurre en “arrears”, que puede traducirse como atrasos. La diferencia es tan simple como complejas sus consecuencias: los atrasos con el FMI no admiten ser refinanciados y, por lo tanto, para poder negociar un nuevo acuerdo con la institución deben ser, con antelación, cancelados totalmente.

¿Por qué se demoró el acuerdo?

La matriz populista del cuarto gobierno kirchnerista conlleva la necesidad de identificar “culpables” y, desde el primer día, la cuestión de la deuda y el acuerdo con el FMI del año 2018 fue, junto con el “lawfare”, la esencia y el núcleo de la formulación de su acción política.

Para ello, diseñó una estrategia sostenida en dos pilares: responsabilizar de manera exclusiva al gobierno de Cambiemos en el tema deuda pública, ignorando los orígenes y las causas de su crecimiento y, por otro lado, denunciar judicial y políticamente una complicidad entre funcionarios argentinos y el FMI, al tiempo que se exigió durante dos años, como condición previa, la ampliación de plazos y mejora de condiciones que no están contempladas en los estatutos del organismo.

El camino elegido respondía a una necesidad: la ilusoria búsqueda de ganar tiempo hasta después de las elecciones de renovación parlamentaria para evitar tomar decisiones que el gobierno no podía asumir sin poner en riesgo la estabilidad, o la propia existencia, del consorcio oficialista.

Así, otra vez, el exótico dispositivo de poder oficial -caracterizado por la debilidad del vértice del poder por la anomalía de su origen y, por otro lado, por la existencia de múltiples actores con capacidad de veto y bloqueo-, conspiró contra una solución técnicamente eficiente y políticamente viable al problema.

Pero, como nada es para siempre, el gobierno es enteramente responsable de haber desperdiciado la oportunidad de negociar en tiempos más propicios, incurriendo en costos evitables y quedando, al final del camino, con reservas netas de menos de 500 millones de dólares.

El papel del Congreso

El relato oficial sobre la deuda y el FMI incluyó el supuesto apartamiento del Congreso en la decisión, que en el caso del préstamo del año 2018 obedecía a favorecer la “fuga de divisas de los amigos de Macri”, por lo que se propició la sanción de una norma legal que, con el voto de la oposición, incluyó el requisito de la aprobación legislativa previa a eventuales acuerdos con el FMI.

En términos generales, la autorización al Ejecutivo a contraer endeudamiento está incluida de manera obligatoria en todos los presupuestos anuales. Pero en el caso de ser con organismos internacionales, el artículo 60 de la Ley 24.156 de Administración Financiera excluía de manera explícita esa obligación. Así, ninguno de los 21 acuerdos anteriores tuvo tratamiento en el Congreso, ni antes ni después de la sanción de la Ley 24.156 promulgada en el año 1992.

Con la nueva norma, sancionada en el año 2021 y aún no reglamentada, el Congreso debe aprobar el acuerdo y se entiende que, después de ese trámite legislativo, el Directorio del FMI consideraría la Carta de Intención y el resto de los documentos trabajados y acordados por el Ministerio de Economía y el Banco Central con el staff del organismo.

Es cierto que es poco lo que se sabe del contenido del “principio de acuerdo”, ya que se desconocen las medidas para cumplir las metas y, además, el Presupuesto del año se ejecuta bajo criterios de máxima discrecionalidad y arbitrariedad, luego del rechazo en la Cámara de Diputados, cuando el entonces presidente del bloque oficialista insinuó su voluntad, luego concretada, de distanciamiento político respecto del Gobierno.

No obstante, esos desarreglos institucionales, debe quedar claro que reclamar la normalización de las relaciones financieras con el exterior y autorizar la negociación que implica un acuerdo con el FMI no supone, en ninguna circunstancia, aprobar el contenido de esa negociación. Es, en todo caso, replicar lo actuado en ocasión de la reestructuración de la deuda con tenedores privados de bonos soberanos, donde la oposición reclamó y apoyó el acuerdo, pero la negociación y sus particularidades quedó, como no puede ser de otra manera, en cabeza de la administración.

En este caso, además, hay que ratificar que el Congreso no formula la política económica que es responsabilidad del Poder Ejecutivo, pero, en cambio, es de toda lógica exigir transparencia y rendición de cuentas para la adecuada tarea de control a cargo del Poder Legislativo.

La actitud de la oposición

Las reglas de decisión no pueden estar guiadas por los resultados de los sondeos de opinión pública que, en este caso, son claramente mayoritarios en relación a la necesidad de formalizar un acuerdo con el FMI.

Tampoco pueden admitirse posiciones que se justifiquen exclusivamente en la necesidad de diferenciación política frente al gobierno.

Las bases para formar un criterio de acción tienen que estar fundadas en lo que creemos que corresponde y es necesario hacer en esta hora decisiva y, por otro lado, en la responsabilidad de una fuerza política que aspira a gobernar los destinos de la Nación.

Nuestro discurso político debe tener como destinatario a una sociedad que padece múltiples urgencias y que reclama de su dirigencia una orientación en el rumbo para superar la crisis.

Nuestra argumentación política debe interpretar a una ciudadanía que no se resigna frente a las adversidades, que no acepta la incompetencia del gobierno y que se indigna frente a las obscenas disputas de poder en un oficialismo que sólo puede ofrecer utopías regresivas.

Las buenas prácticas de la política democrática nos conducen a posibilitar y facilitar la concreción del acuerdo con el FMI, en el convencimiento que, si se frustrara, sería un salto al vacío, con consecuencias extremadamente gravosas para el país y sus ciudadanos.

En ese carril de oposición al gobierno, pero no al país, nuestro comportamiento debe distanciarse de conductas suicidas como las de dirigentes políticos argentinos que, en tiempos no tan lejanos, alentaron a los organismos internacionales a suspender los desembolsos de préstamos comprometidos, o cuando celebraron en el Congreso el anuncio presidencial de la cesación unilateral de pagos.

Por el contrario, nuestra posición debe estar alineada con el ejemplo de otras fuerzas políticas que, en situaciones de crisis equivalentes, actuaron con máxima responsabilidad política.

Es el caso de Obama, que se reunió con el presidente Bush y el aspirante republicano en los días previos a la elección presidencial para acordar las medidas que evitaran un crack financiero global y generalizado en la crisis de las hipotecas “subprime” en el año 2008. Ante la inminencia del pánico financiero los dos precandidatos suspendieron la campaña y, en un comunicado conjunto, coincidieron: “no importa cómo haya comenzado, todos tenemos la obligación de resolverlo”. Y agregaron: “el plan presentado al Congreso por el Gobierno de Bush tiene fallos, pero los esfuerzos por proteger la economía de EE.UU. no deben fracasar”.

Más cerca en la geografía, es la misma conducta que tuvo Lula quien, en su cuarto intento por acceder a la presidencia, redactó la “Carta ao povo brasileiro”, en ocasión de acompañar la decisión del presidente Cardoso en la negociación con el FMI en el año 2002.

Lula, que en el pasado había comparado la asistencia del FMI a su país con un “beso de la muerte”, se comprometió a obtener un superávit fiscal primario para 2003 del 3,75% del PIB, como mínimo, aunque finalmente en su gestión fue superior al 4%.

Y también fue similar la conducta del Frente Amplio en Uruguay, que no se permitió impedir ni obstaculizar los acuerdos con el FMI y la reprogramación de la deuda soberana del país hermano que afrontaba el contagio de la crisis argentina de principios de siglo. Esos acuerdos sentaron las bases de un crecimiento sostenido en los últimos 20 años, con reducción de la pobreza y la desigualdad, afirmados en una democracia de alta calidad institucional.

Es bueno recordar que esas conductas tuvieron reconocimiento social en las respectivas elecciones y, así como Obama y Lula fueron reelectos, el Frente Amplio gobernó durante tres turnos presidenciales.

La crisis estructural de la Argentina -evidenciada por el estancamiento económico y amplificada por una gestión oficial de la pandemia improvisada, vacilante, especulativa y prejuiciosa- no admite cálculo de conveniencia. Tampoco de mezquindad corporativa o egoísmo sectorial.

La primera y principal responsabilidad política de la dirigencia, en tiempos de miedos individuales y desconfianza social, es proveer certidumbre.

Eso, en estas horas decisivas, se traduce en evitar las permanentes recomendaciones para “agudizar las contradicciones” de los ultras de todas las épocas y de todas las ideologías.

Por ello, es bueno tener presente la reciente cita de Natalio Botana de la sentencia George Clemenceau: “La política de lo peor, es la peor de las políticas”.

¿Ir rápido o llegar lejos?

Por Jesús Rodríguez. “Tiene la obligación de ofrecer un horizonte de certidumbre y esperanza para superar las consecuencias de la pandemia y del desgobierno que ejerce el oficialismo nacional”, opina el titular de la Auditoría General, que lanza duras críticas hacia la gestión actual.

Una hoja de ruta para el futuro de Juntos por el Cambio

1. Introducción

La Argentina exhibe -como la matrioska, esa tradicional muñeca rusa- crisis envolventes que se agregan y superponen alimentándose unas a otras.

La primera, de raíz estructural, está dada por el estancamiento que distingue a nuestra economía desde el agotamiento del patrón productivo de la industrialización sustitutiva de importaciones, a mediados de la década del 70. Ese estancamiento, que se verifica en la dramática constatación de que la riqueza generada en el año 2021 es la misma que una década atrás, nos condujo a un retroceso relativo que puede medirse en en el dramático dato de que en los últimos cincuenta años nuestro país cayó del puesto 25 al 60 en el ingreso por habitante de los países del mundo.

A esa primera categoría se suman las consecuencias de una gestión oficial de la pandemia improvisada, vacilante, especulativa y prejuiciosa. Y con escaso apego al cuidado de la calidad democrática y de los derechos individuales. Si nos guiamos por la combinación de resultados sanitarios y económicos, la gestión de la pandemia por parte del gobierno nacional llevó a nuestro país a las posiciones menos honrosas en la región con tremendas consecuencias económico-sociales y educativas [1].

Abordar con éxito los desafíos de la pospandemia está condicionado por la evolución de dos variables decisivas: la dinámica de los asuntos globales y el desempeño del sistema político.

En relación a la primera, la “desoccidentalización” de la globalización abre las puertas a la intensificación de la disputa estratégica entre las dos superpotencias, incluida la competencia por la primacía tecnológica, que repercute en dos precios claves para nuestra estructura productiva: los “commodities” y la tasa de interés internacional, ahora puesta en jaque por el reaparición de tensiones inflacionarias desconocidas en los últimos 40 años. El proceso se desenvuelve además en un contexto de retroceso de las calidad democrática aún en países que creían haber consolidado sus instituciones. Los años venideros serán cruciales en los tres planos: la disputa por la hegemonía global, los vaivenes de la economía mundial y la solidez de los cimientos de la democracia.

En cuanto al desempeño del sistema político, es claro el déficit de gobernabilidad democrática de nuestro país, en tanto no ha sido capaz de promover eficazmente progreso económico y social incluyente, sostenible y equitativo.

A continuación se discuten las capacidades del gobierno para enfrentar con éxito los desafíos que se nos presentan y luego se arriesgan algunos criterios para contribuir, desde la UCR, a la construcción de la alternativa de gobierno de Juntos por el Cambio (JxC) en la próxima elección presidencial.

2. El Gobierno

Es evidente que cuando la pandemia termine nuestro país estará en peores condiciones económico – sociales e institucionales que al inicio de la crisis sanitaria. Ese resultado será también la derivación de un estilo de gobierno que no valoró las enseñanzas de las mejores prácticas internacionales, que no consideró relevante las opiniones científicas plurales y multidisciplinarias y que antepuso su voluntad de regimentar a la sociedad desde el poder a las fortalezas que siempre ofrecen los modos cooperativos de gobierno.

Ese modo del abordaje oficial a los desafíos que impuso la pandemia es propio de los gobiernos con registros populistas y que puede sintetizarse, tal y como sostuvo Felipe González, en que el populismo tiende a imaginar supuestas soluciones simples para problemas complejos los que, por otro lado, siempre están causados por actores, locales y/o internacionales, a los que se les atribuye la “culpabilidad” de la situación.

El populismo puede tener en términos económicos variantes muy amigables con el mercado, como ocurrió durante la presidencia de Carlos Menem, o una visión muy estadocéntrica como ocurre con la gestión de los Kirchner. Pero en lo que no hay diferencias, tanto en países desarrollados como en periféricos, es en la subestimación de la democracia representativa y en la relativización de la división de poderes. Uno de los casos extremos es el del Presidente Fujimori, un adalid del neoliberalismo, que en un autogolpe en el año 1992 cerró el Congreso del Perú.

En nuestro país, el peronismo concibe al poder como un sitio exclusivo a conquistar, en lugar de ser, esencialmente, una plural construcción política. Esa visión conduce a una lógica de suma cero, donde el adversario que no admite transformarse en un sujeto político a ser cooptado se convierte en un “cuasi enemigo”.

En las creencias de ese mundo, los contrapesos institucionales y la rendición de cuentas dejan de ser atributos imprescindibles de una república para convertirse en obstáculos formales al mandato popular que, por otro lado, tiene una única representación política: la propia.

Además, otro registro  de este nuevo turno del peronismo en el gobierno es la crisis del dispositivo de poder oficial. Su notoria debilidad de origen -por la anomalía del proceso decisorio para la selección de las dos posiciones políticas más relevantes del país, el presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires- se ve aumentada desde la nítida derrota electoral, sin antecedentes para un peronismo unido y en el poder.[2]

Esa morfología del quinto gobierno peronista elegido en las urnas desde la inauguración democrática de 1983 es original: el titular del ejecutivo, que lo es también del Consejo Nacional del Partido Justicialista, ostenta dos carencias notables: no tiene la empatía con amplios sectores sociales que tuvieron Carlos Menem y Cristina Fernández y tampoco le es reconocido liderazgo partidario, que sí ejercían Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde.

Un resultado de aquella anomalía y de esta originalidad es una administración que, dada la abundancia de actores con capacidad de veto, sufre bloqueos a iniciativas propias originados en sectores del propio oficialismo. Por ejemplo, el Senado con amplia mayoría oficialista no le aprobó las nominaciones del Procurador General, del Presidente del Banco Central y de la Directora de la Agencia Federal de Inteligencia.

Otros ejemplos son la sanción de leyes relevantes -el llamado impuesto a las grandes fortunas es una muestra-, o los proyectos aprobados en el Senado y estacionados en Diputados de reformas a las leyes del Ministerio Público y de la Justicia Federal, ya que ninguno de ellos fueron iniciativas del Ejecutivo.

Esa vulnerabilidad manifiesta de la autoridad presidencial también se expresa en la política exterior de la administración, que es registrada por los otros actores globales y regionales como confusa y errática, cuando no extravagante.

En este marco de crisis superpuestas que se retroalimentan, resulta pertinente afirmar que el gobierno de Alberto Fernández no está en condiciones de afrontar con éxito los desafíos de la post pandemia.

En estos tiempos particularmente críticos, en un país con severos problemas crónicos, una administración debilitada y disociada que no cuenta con respetabilidad social -como lo muestran las encuestas de los índices de esperanza de los ciudadanos- ni con la confianza de los mercados -las tasas de riesgo país y la brecha en la cotización de las divisas son ejemplos válidos de ello- y que es, al mismo tiempo, tratada con distancia por relevantes protagonistas de la escena global, solo puede ponerse como máximo objetivo que la situación no empeore.

Para ello debe, al menos, dejar de emular a Donald Trump -que aún no reconoció, después de un año, el limpio triunfo del Presidente Joe Biden- y asumir que es legítimo referirse a opiniones propias pero que los “hechos propios” son inaceptables.

3. La alternativa

Con la presidencia de Raúl Alfonsín la sociedad argentina pudo dejar atrás las recurrentes interrupciones institucionales que jalonaron nuestra historia desde el primer golpe de estado en 1930. Sin embargo, aún está pendiente la superación de los modos populistas de gobierno y los estilos movimientistas en la acción política.

El punto es especialmente relevante porque existe suficiente evidencia de la asociación positiva entre la calidad de las instituciones y el progreso económico.

De ahí que la regeneración institucional, junto a una integración inteligente al mundo, sean los pilares de la creación de un marco contextual que aliente la inversión privada y la consiguiente creación de empleo de calidad, únicos caminos para avanzar en la competitividad económica sistémica y la imprescindible cohesión social.

En nuestra concepción, el régimen político ideal es el que se sostiene en tres pilares. Un componente democrático: elecciones libres, limpias y competitivas. Una base liberal: reconocimiento de los derechos individuales y de todas las minorías. Y un elemento republicano: división e independencia de los poderes con efectiva rendición de cuentas.

En nuestro caso, debemos reconocer el evidente retroceso, en los dos últimos años, en la calidad de nuestro funcionamiento institucional.

La administración del Presidente Fernández – que cuenta con un mayor número de facultades delegadas por el Congreso que en la crisis de principios del siglo XXI, sancionadas antes de la pandemia, pasará a la historia como el titular del Ejecutivo con más números de decretos de contenido legislativo firmados en un año. La máxima concentración de poder en el Ejecutivo, que incluye avances sobre la independencia del Poder Judicial, se grafica con el dato de que son más los DNU firmados en un año que leyes sancionadas en el Congreso en el mismo período.

A tal punto estos DNU crearon un estado de excepción, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos despachó, por algunos de estos casos y por la situación de Formosa, medidas cautelares contra nuestro país. A sabiendas de que estos DNU colisionaban con derechos reconocidos en normas internacionales de Derechos Humanos de los cuales la Argentina es parte, el Gobierno no tuvo otra opción que comunicar a la Secretaría General de la ONU, la suspensión de ciertos derechos y garantías del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hasta el 31 de diciembre del año pasado.

Aunque sorprenda, es así. El gobierno suspendió un Pacto Internacional porque ha dictado DNU que no sólo son incompatibles con la división de poderes y las atribuciones que la Constitución le acuerda al Congreso, sino que, además, en muchos de ellos, se lesionan y limitan derechos y garantías de las personas.

Hay que aceptar, también, que los déficits de gobernanza de la globalización económica imponen límites a la autonomía de los estados nacionales y, en consecuencia, de las  capacidades de los ciudadanos para influir de manera efectiva en el curso inmediato de los asuntos públicos de cada uno de los países.

De allí la relevancia de la acción exterior de los estados nacionales para reforzar el papel de los organismos multilaterales: incentivar la integración, aumentar el intercambio comercial y  promover la vigencia de valores fundamentales.

En nuestro caso la política exterior debe pasar por una integración inteligente al mundo. Basada principalmente en la asociación regional, en la promoción de los derechos humanos sin limitaciones impuestas por la geografía o los prejuicios, en avanzar en los acuerdos Mercosur/ UE y la incorporación a la OECD dado que son palancas decisivas del progreso social y ejemplo de las mejores prácticas internacionales y que, por otro lado, están asentados en los principios democráticos y de preservación del medio ambiente.

Así, en esta hora de las coaliciones políticas, en nuestro país y en la región, y con este “bicoalicionismo imperfecto” que caracteriza el sistema político argentino, la UCR tiene un papel relevante.

La coalición que integramos, JxC, ya demostró que puede ganar, como lo hizo en tres de las cuatro elecciones nacionales en las que compitió, y alcanzar un piso de representación de alrededor del 40% de la voluntad popular.

Por ejemplo, en la última convocatoria para la renovación legislativa -donde la UCR encabezó la lista en cuatro de las seis provincias y en siete de los trece distritos donde ganó nuestra coalición, para el Senado y para la Cámara de Diputados, respectivamente- el resultado fue homogéneo en toda la geografía del país. Si esos resultados se repitieran en la próxima elección, nuestra coalición sería primera minoría en Diputados, habría paridad en el Senado y estaría a escasos tres puntos porcentuales de ganar la candidatura presidencial en primera vuelta.

Con estos últimos resultados, JxC, con el decisivo aporte de la UCR, contribuyó a la estabilización y el reequilibrio del sistema político, condición necesaria para afrontar en la Argentina los desafíos crónicos y los derivados de la pandemia.

Por si hubiera dudas sobre la pertinencia de la afirmación precedente, basta con pensar en una oposición fragmentada y dispersa frente a un oficialismo rechazado por siete de cada diez electores. Ese eventual escenario de impotencia oficialista y de irrelevante dilución opositora sería garantía de frustración y fracaso social.

Ahora bien, hay que reconocer que construir una oposición con capacidad de gobierno es más complejo que armar una propuesta exitosa en la arena electoral.

Es necesario -además de contar con presencia territorial, estructura organizativa, propuestas de campaña y candidatos atractivos- ser idóneos para formular una visión de país que exprese un modelo de sociedad deseado y una prestigiada inserción internacional, en un todo coherente con los principios fundantes de nuestra doctrina: los ideales permanentes de libertad e igualdad, pero actualizados a nuestros días.

Un primer aporte a ese desafío crucial lo constituye el trabajo de cientos de académicos, profesionales y dirigentes políticos de todo el país que formularon desde la Fundación Alem, antes de la última elección legislativa, el documento “Visión y propuestas para la Argentina” que contiene una serie de propuestas de política pública para el periodo 2021/2023.[3]

En suma, es indispensable ser competentes para ofrecer un sueño socialmente compartido de cumplimiento colectivo como el que fuimos capaces de protagonizar en el amanecer democrático, dejando atrás las más de cinco décadas de golpes, autoritarismos y proscripciones.

Ese sueño socialmente compartido requiere, en primer término, de un renovado fortalecimiento de la confianza social. Debemos ser capaces de transmitir que es factible construir una Argentina inclusiva y en condiciones de resolver los enormes desafíos que tiene por delante. Esa construcción del horizonte colectivo no puede apoyarse sólo en la voluntad. Requiere señalar con claridad el contorno de las dificultades a superar y el camino a seguir. Es el llamado a un trabajo que sabemos que es arduo, pero para el cual no existen atajos ni soluciones simples.

Este punto requiere reconocer dos dimensiones: la primera es la distancia entre los ciudadanos y las instituciones como consecuencia de las expectativas frustradas de amplios sectores sociales que se expresan en el desinterés por los asuntos públicos y la desafección política.

Pero otra distancia, no menos importante, es la que trasciende la saludable confrontación de ideas y la diferenciación política y se expresa en una tóxica polarización social que contamina la discusión pública y conduce a una enemistad cívica peligrosa para la convivencia democrática.

Esos objetivos requieren de un liderazgo político de nuevo tipo -ausente en lo que va del siglo- que con austera ejemplaridad democrática, se proponga ser custodio del interés público antes que protector de ventajas corporativas o intereses sectoriales.

Ese liderazgo político de nuevo cuño, necesario en todos los niveles de gobierno, debe entender que no hay democracia sin deliberación pública y que las reformas para ser tales deben ser duraderas y que ello exige no solo acuerdos políticos sino también consensos culturales para construir una verdad plural y compartida.

Un buen ejemplo de la extendida y peligrosa confusión entre “actuar rápido” y “llegar lejos”, en relación al cumplimiento de los objetivos, fue la designación por decreto, en los inicios del gobierno de Cambiemos, de dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Luego, finalmente, juraron tras la aprobación de sus respectivos pliegos, como corresponde, en el Senado de la Nación.

Ese enorme trabajo político exige un radicalismo comprometido en la identificación de la agenda. En la discusión de los problemas. En la claridad de los diagnósticos y las propuestas programáticas. En el planteo de los dilemas que es necesario resolver. Y en la docencia política que haga posible un nuevo gobierno que encare con éxito no solo las cuestiones estructurales pendientes sino también los desafíos de la nueva era.

Para terminar, en un presente lleno de incertidumbres sociales y, también, de miedos y angustias personales, la UCR tiene la obligación de ofrecer un horizonte de certidumbre y esperanza para superar las consecuencias de la pandemia y del desgobierno que ejerce el oficialismo nacional. En esa línea debe asumir el compromiso de competir en JxC con candidatos propios en todas las categorías y en todas las jurisdicciones, en el convencimiento de que ese es el camino para ampliar, desde la base social, la representación política de nuestra coalición.

Para ello debemos evitar caer en algunos vicios y desviaciones de la sana acción política: tenemos la obligación de desterrar el sectarismo, el dogmatismo y el individualismo, verdaderos virus que pueden contaminar la imprescindible contribución de la UCR en esta hora decisiva de nuestro vida como nación independiente.

[1] Para mayores datos se puede consultar el documento de la Fundación Alem “Pandemia en Argentina: memoria de un desgobierno” en http://fundacionalem.org.ar/actividades/126-pandemia-en-argentina-memoria-de-un-desgobierno

[2] Más datos en “Tercer triunfo”: https://www.jesusrodriguez.com.ar/tercer-triunfo/#more-3679

[3] Visión y propuestas para la Argentina. http://fundacionalem.org.ar/actividades/97-vision-y-propuestas-para-la-argentina

Para Jesús Rodríguez hoy el desafío de la oposición es “construir esperanza”

El auditor general de la Nación participó de un encuentro del Club Político Argentino y se refirió al rol de la oposición frente a la crisis socioeconómica actual.

El presidente de la Auditoría General de la Nación Jesús Rodríguez se refirió al rol de la oposición frente a la crisis socioeconómica actual, y señaló que se trata de un componente crucial para el funcionamiento de la democracia: “Es la oposición la que tiene el poder de mover al gobierno y a la sociedad en una dirección diferente”. 

Invitado a debatir sobre “Los desafíos de la oposición” en la reunión de socios del Club Político Argentino, el dirigente radical expuso junto a Miguel Ángel Pichetto y Hernán Lombardi

Sobre el papel de la oposición en el contexto actual, manifestó que en primer lugar se debe definir el papel opositor: “Hay que tener un diagnóstico adecuado sobre la situación en la que se encuentra el gobierno actual. Tres situaciones definitorias atraviesan su gestión: una virtual parálisis política, incertidumbre recargada y un marcado bloqueo institucional”. 

En este sentido, indicó que “las razones de este estado de las cosas son por todos conocidos y van más allá de las limitaciones impuestas por la pandemia: liderazgo ejecutivo débil y legitimidad relativa, mando político bicéfalo y múltiples actores con capacidad de veto. La oposición ante este escenario debe constituirse como una fuerza política capaz de transmitir esperanza en un contexto de apatía ciudadana”.

Consultado sobre las características que debe tener la oposición en esta coyuntura sostuvo que debe construirse “una fuerza opositora diversa, donde puedan verse representados amplios sectores sociales unidos bajo valores comunes que sirvan para cohesionar”, y que “parecería evidente la necesidad de constituir reglas precisas dentro del juego opositor, evitando así, desconfianzas, malos entendidos y posibles fracturas; con los mecanismos institucionales adecuados, la amplitud de opiniones actúa como combustible en la movilización ciudadana”. 

Finalmente, respecto a la crisis actual, Rodríguez expresó: “No sabemos cuándo podremos decir que la pandemia ha terminado o está bajo control a nivel local y global, pero sí sabemos que -por de pronto, en Argentina- saldremos de esta crisis más débiles que al comienzo; en virtud de ello es imperioso estructurar la coalición opositora sobre la base de cinco pilares fundamentales que sostengan la esperanza ciudadana: calidad institucional, integración al mundo, competitividad económica, cohesión social, ejemplaridad dirigencial”. 

Para el dirigente, estos pilares “pueden actuar como un faro de esperanza colectiva; es la oposición quien debe -de forma inteligente y plural- marcar el camino hacia una Argentina integrada al mundo democrático, tomando como premisas fundamentales el respeto por los Derechos Humanos y la mejora continua de la calidad institucional”. 

Los miembros de la AGN se presentaron ante la Bicameral Mixta Revisora de Cuentas

Asistieron el titular del órgano de control, Jesús Rodríguez, y los seis auditores generales. Para el próximo año se incluirán en el plan de acción auditorías relacionadas a la pandemia.

comision mixta revisora de cuentas mario pais

La Comisión Bicameral Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas recibió este miércoles, durante una reunión virtual, a los miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN). Durante el encuentro se acordó el pedido de auditorías relacionadas a la pandemia de Covid-19, para ser incluidas en el plan de acción del próximo año.

En su exposición, el titular de la AGN, Jesús Rodríguez, señaló que “estamos frente a un desafío extraordinario que nos impone la pandemia”, a la cual el organismo le “hizo frente, a nuestro juicio, de manera satisfactoria”.

“Fuimos capaces, gracias a los empleados y funcionarios, de producir cambios normativos que nos permitieron el trabajo remoto” y “avanzamos en la digitalización de los procedimientos”, destacó. Además, informó que se realizaron, desde el comienzo del aislamiento obligatorio, “nueve colegios virtuales”.

Por otra parte, el titular del órgano de control resaltó que “el plan de acción anual tiene temas de vanguardia” como “el control del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible”, con “al menos cinco proyectos de auditoría todos los años que atiendan a ese objetivo”.

También reveló que se están atendiendo “requerimientos de la sociedad civil, donde distintas organizaciones formulan propuestas que son discutidas y que finalmente son aprobadas”.

Rodríguez detalló que que este año se aprobaron 75 proyectos de auditoría, mientras que el año pasado para el mismo período fueron 110.

comision mixta revisora de cuentas jesus rodriguez
Foto: Comunicación Senado

Tras su exposición, la auditora Graciela de la Rosa enfatizó que “la cuestión de género en la AGN es fundamental, estamos haciendo auditorías de género”. En ese sentido, indicó que se realizó “una global con todos los países del mundo” y “ahora está en ejecución una coordinada con varios países de Latinoamérica sobre la feminización de la pobreza”.

La exsenadora agregó que “el tema de Reparación Histórica lo tenemos casi terminado” pero “todavía nos queda en estos meses el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en los períodos 2017, 2018 y 2019”. “Es un tema muy importante que vamos a tratar de acelerar”, dijo.

A su turno, el auditor Miguel Ángel Pichetto subrayó que “el Congreso está también con una deuda en la aprobación de las cuentas (de inversión) de 2014, 2015 y 2016”. “El año pasado habíamos avanzado en la construcción de un diálogo en ambas Cámaras para la aprobación”, recordó el exsenador y consideró que sería bueno tratarlas en conjunto para avanzar con este “tema pendiente”.

Tomó la palabra entonces el jefe de la bancada oficialista en el Senado, José Mayans, que mencionó que la cuenta de 2014 se aprobó en el Senado, pero no en la Cámara de Diputados.

En tanto, Jesús Rodríguez repasó que las cuentas de 2015 y 2016 tienen despacho “pero no han sido considerados por ninguna de las dos Cámaras”. Abogó por el próximo dictamen de la de 2017 y sostuvo que para la cuenta de 2018 “hemos solicitado un plazo de 90 días para entregarla”.

Pedidos de auditoría sobre la pandemia para 2021

El presidente de la comisión, el senador chubutense Mario Pais (FdT), informó que se recibieron pedidos de auditoría -uno ingresado este mismo miércoles- que “tienen que ver con la emergencia sanitaria por Covid-19”. Al recordar que en menos de un mes la AGN deberá presentar su plan anual para el próximo año, sugirió que estas auditorías se incluyan para 2021 y no se “altere” el plan de este año.

“Seguramente no va a prosperar el tema de los gastos de la pandemia en el transcurso de este año y se podrá presentar en el plan de acción para el año que viene”, coincidió Pichetto.

En esta línea, el auditor consideró que “le hacemos un favor al Gobierno; porque estoy seguro que la AGN va a tener una mirada más conocedora de los mecanismos de la contratación directa, de la urgencia, de los componentes que llevan al Estado a afrontar este tipo de situaciones dramáticas y complejas”.

Sobre esto, opinó que “a veces los jueces y peritos judiciales no tienen esta compresión”, cuando se manda a investigar las contrataciones del Estado.

Desde la oposición, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, adelantó que por nota, y “atento a la excepcionalidad, había solicitado auditar cortes y actos y lo tomé por preocupación pública del propio presidente (Alberto) Fernández, que pidió colaboración por la pandemia para adquirir remedios, recursos y bienes; que hicieran comisiones de legisladores o que la propia AGN contribuyera y lo ayudara a controlar para que no existiesen desvíos en ese tiempo”.

El radical explicó que “con nueve leyes de emergencias aprobadas y prestos a recibir el Presupuesto para 2021 en septiembre, y según algunos hechos ocurridos que el propio Gobierno ha hecho públicos por situaciones de sobreprecios en compras, en nada obsta que la AGN pueda verificar actos administrativos por cortes, mientras tanto”.

“No se puede desconocer la excepcionalidad de un hecho inimaginable y que la temporalidad se va extendiendo por encima de las expectativas que el propio Gobierno y la sociedad argentina tenían. Sería de vital importancia y enorme contribución al Poder Ejecutivo ayudar en este proceso de transparencia y excepcionalidad que estamos viviendo”, concluyó.

“Las contrataciones de la pandemia merecen y deben ser auditadas”, afirmó Pais, que manifestó se remitirán a la AGN los pedidos.

comision mixta revisora de cuentas miguel pichetto
Foto: Comunicación Senado

En otro orden, el senador oficialista planteó que el presupuesto que prepara la AGN y remite al Ministerio de Economía y a la comisión mixta debería ser remitido primero a la bicameral, y luego ser ésta la que lo eleve al Ministerio. “Es lo que corresponde”, expresó Mayans.

Sin embargo, Jesús Rodríguez se comprometió a “abrir toda la información que sea requerida y necesaria”, pero aseveró: “No podemos ahora, hoy, cambiar un procedimiento fundado en reglas, normas y leyes así en una situación imprevista”.

Por eso, Pais aceptó que se continúe “respetando los usos y costumbres”, pero advirtió que “en los últimos ocho años” la comisión no ha revisado ni aprobado el presupuesto, y propuso que el año que viene se evalúe esta situación.

“Comparto con usted el criterio”, sostuvo el vicepresidente de la bicameral, el diputado macrista Álvaro González, que agregó le parece “mejor todavía recuperar atribuciones que son de la comisión, y no tengo duda que el colegio de auditores no tendrá ningún inconveniente en discutir con nosotros cuál es el presupuesto que necesita”. “Si hay algo que no vamos a hacer es hacerle faltar recursos al organismo que controla los actos de gobierno”, cerró.

Massa le tomó juramento a Pichetto como auditor general

El excandidato a vicepresidente asumió como auditor general en representación de Juntos por el Cambio para completar el mandato de Jesús Rodríguez.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, le tomó juramento este miércoles a Miguel Ángel Pichetto como auditor general de la Nación, en un breve acto formal realizado en el Salón de Honor.

El exsenador y excandidato a vicepresidente completará hasta 2023 el mandato del radical Jesús Rodríguez, quien asumió como titular del organismo.

La designación de Pichetto había sido aprobada en la sesión del pasado 25 de junio, donde el Frente de Todos se abstuvo y el Frente de Izquierda votó en contra.

Foto: HCDN

Además de Massa, estuvieron presentes en la ceremonia el jefe de bloque Pro, Cristián Ritondo, y los diputados Álvaro González y Alberto Asseff.

Asimismo, participaron el secretario general de la Cámara, Juan Manuel Cheppi; el secretario parlamentario, Eduardo Cergnul; y Miguel Giménez, secretario gremial de la Asociación del Personal de los Organismos del Control (APOC).

La AGN está conformada por siete miembros: por el oficialismo, María Graciela de la Rosa, Francisco Javier Fernández, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada; y por la oposición, Jesús Rodríguez -titular-, Miguel Pichetto y Alejandro Nieva.

Piden que la AGN controle la gestión pública durante la pandemia

Diputados de la UCR liderados por Carla Carrizo quieren que el organismo monitoree las acciones del PEN. “Es justo en situaciones como esta donde todas las instituciones democráticas deben funcionar más y mejor”, dijeron.

Diputados de la UCR encabezados por Carla Carrizo, vicepresidenta del bloque, solicitaron que la Auditoría General de la Nación (AGN) realice los controles a la gestión pública que la Constitución Nacional le encomienda durante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Carrizo presentó un proyecto para que el Congreso, a través de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas y las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras, incorpore el “Programa Especial de Control Concomitante de Emergencia Sanitaria”, con el fin de que la AGN monitoree la gestión de todas las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional para frenar la propagación  del Covid-19.

La legisladora pidió que también se contemple en este control el destino de los fondos de emergencia específicos y las donaciones realizadas en este contexto. 

“Celebramos que el presidente Alberto Fernández acepte las renuncias de funcionaros que no cuidaron el dinero público, porque la autoridad en democracia debe enseñar; y también que haya convocado a los líderes de la oposición para evitar que se reiteren problemas de sobreprecios en la Administración Pública Nacional. Pero ese control no debe ser ad hoc -por cada problema una solución- porque en este proceso, dada la velocidad decisional que requiere la emergencia, habrá mucho más que observar que en tiempos de normalidad”, razonó Carrizo.

El pasado 18 de marzo, el radical Jesús Rodríguez asumió la presidencia de la AGN, durante una reunión del Colegio de Auditores donde se tomaron medidas de prevención especiales por el coronavirus. Los restantes auditores son Graciela De la Rosa, Francisco Javier Fernández, Juan Ignacio Forlón y Gabriel Mihura Estrada por el peronismo; y Alejandro Nieva por el radicalismo.

Para la diputada Carrizo, cercana a Martín Lousteau, “la AGN es el organismo nacional que tiene el mandato constitucional de controlar desde el Congreso Nacional, y es justo en situaciones como esta donde todas las instituciones democráticas deben funcionar más y mejor”.

 “En la AGN están representados gobierno y oposición. La institución cuenta además con los recursos técnicos y económicos para hacerlo. De hecho, para este año tiene un presupuesto asignado de más de 2.500 millones de pesos. Ninguna comisión ad hoc podría hacerlo mejor. Para que así sea, necesitamos una decisión política del presidente y de los líderes de los partidos de la oposición en el Congreso”, consideró la autora del proyecto.

Finalmente, insistió en que “la emergencia es una oportunidad para que el Congreso esté a tono con lo que la ciudadanía  espera: que los organismos de control funcionen en tiempo y forma en Argentina”.

El proyecto fue presentado junto a los diputados de la UCR Emiliano Yacobitti, Dolores Martínez, Alejandro Cacace, Soledad Carrizo, Brenda Austin, Federico Zamarbide, Claudia Najul y Diego Mestre.

Jesús Rodríguez será el nuevo titular de la AGN

Las presidencias de ambas cámaras convalidaron el pedido de la UCR, que prevaleció en la pulseada con el Pro sobre ese tema.

La especie circuló durante buena parte del día y recién se pudo confirmar a última hora: el dirigente radical Jesús Rodríguez será el nuevo presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN). Así lo rubricaron los presidentes de las dos cámaras, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, que oficializaron la designación a instancias del pedido formulado el viernes pasado por el radicalismo, a instancias de su presidente, el diputado nacional Alfredo Cornejo.

Fue el corolario de una soterrada disputa interna entre la UCR y el Pro, partido que a instancias de su líder, Mauricio Macri, pugnaba por la designación de Miguel Angel Pichetto. Ambos aliados afirmaban tener la mayoría de legisladores necesaria para elegir quién sería el hombre que ocuparía el cargo que alguna vez encabezó el fallecido Leandro Despouy.

Cornejo sostenía que el radicalismo cuenta con más legisladores, que es lo que en definitiva define el tema. De acuerdo con el conteo del exgobernador mendocino, el radicalismo cuenta con 60 legisladores, a razón de 46 diputados y 14 senadores, mientras que el Pro suma 59 (51 diputados y 8 senadores). Pero en el macrismo hacían otras cuentas y consideran tener más, sumando aliados.

Lea también: Pichetto se bajó de la AGN para no dividir el frente opositor

Ante la indefinición, Mauricio Macri mandó a la flamante presidenta del Pro, Patricia Bullrich, a sostener a Miguel Pichetto. Conforme fue creciendo la polémica, se tensaron las relaciones en Juntos por el Cambio ante las fuertes sospechas de un acuerdo del radicalismo con el kirchnerismo para bajar a Pichetto. El viernes, el mendocino se cortó solo y presentó ante las presidencias de ambas cámaras la nota proponiendo en nombre de la principal oposición a Jesús Rodríguez, quien en la actualidad es auditor de la AGN.

Ante el clima tenso que se generó en la coalición opositora, el propio Pichetto salió a cortar por lo sano aclarando que “no voy a dividir el frente opositor por un cargo”. En declaraciones a FM Milenium, el exsenador sostuvo el sábado pasado que “no voy a dividir el frente opositor por un cargo”.

Con todo, concedió que el tema “debería haberse acordado en el conjunto de los tres partidos”.

Esta vez, los radicales se salieron con la suya.