Tanto el actual procurador del Tesoro, como Jesús Rodríguez y María Cristina Guzmán fueron convencionales constituyentes del ’94. Participaron del conversatorio “Constituyentes: 30 años después”, organizado por Fundación Éforo. Destacaron el valor de los consensos para alcanzar acuerdos políticos estables.
Tres constituyentes de la reforma del 94 disertaron sobre los alcances, logros y desafíos pendientes de la Constitución Nacional aprobada hace tres décadas. El actual procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, quien fue convencional por la provincia de Buenos Aires; Jesús Rodríguez, expresidente de la Auditoría General de la Nación (AGN) y representante por CABA y María Cristina Guzmán, ex diputada nacional, quien hizo lo propio por Jujuy.
“Iniciamos el siglo XXI con un fracaso lamentable, que después lo continuamos con un ida y vuelta del populismo y eso fue lo que nos mató. Lo cierto es que estamos en una situación económica muy grave que viene de lejos y que nos va a costar mucho esfuerzo y sacrificio salir”, afirmó Barra, quien además aseguró que “con criterio, sentido común y aplicando la Constitución vamos a salir adelante”.
El encuentro se realizó en el marco del conversatorio Constituyentes: 30 años Después, que organizó Fundación Éforo en el espacio El Obrador Centro Creativo, de la Ciudad de Buenos Aires.
“Estos espacios de discusión y reflexión que generamos desde Fundación Éforo son para fomentar la participación ciudadana. En este caso puntual escuchamos a los protagonistas que participaron en la construcción de consensos para lograr la reforma constitucional de 1994, que creó la figura del Defensor del Pueblo, la del jefe de gabinete de ministros y la consagración constitucional de la Auditoría General de la Nación”, sostuvo el presidente de Fundación Éforo, Federico Recagno.
Por su parte, Jesús Rodríguez destacó que “la reforma del ’94 no fue una reforma de unos contra otros, como las de 1949 y 1957, fue votada por unanimidad por todas las fuerzas políticas. Por esto es la Constitución de todos los argentinos.”
“En aquel momento buscábamos los acuerdos más allá de cualquier partido político al que pertenecíamos, valía la pena el esfuerzo, no estábamos en la búsqueda de un interés personal ni sectorial”, aseguró María Cristina Guzmán.
Durante el encuentro también se presentó un informe del Observatorio de Control Público, coordinado por la vicepresidenta de Fundación Éforo, Carla Pitiot.
"Desde el Observatorio elaboramos informes sobre el estado de nuestro sistema de control público. En este caso, presentamos un diagnóstico con logros y desafíos de la Auditoría General de la Nación, a 30 años de la Reforma Constitucional. Creemos que es importante acercar a la ciudadanía información precisa sobre los organismos que garantizan el fortalecimiento de la democracia.", sostuvo Pitiot.
*Fundación Éforo genera, a partir del cumplimiento de los 40 años del retorno de la Democracia en Argentina #AccionesEnDemocracia, una iniciativa para reflexionar y debatir sobre diversos ejes de política pública con el objetivo de alcanzar nuevos acuerdos que nos permitan fortalecer la práctica democrática y la participación ciudadana).
Con la presencia de quien fuera presidente de la Convención Constituyente de 1994, Eduardo Menem, Horacio Rosatti, Jesús Rodríguez y Augusto Alasino, entre otros, se desarrolla la jornada de conmemoración en el Salón de Pasos Perdidos.
A 30 años de la reforma constitucional realizada en nuestro país en 1994, protagonistas de la Convención Constituyente de entonces recuerdan lo que fue esa tarea y analizan los desafíos pendientes.
La “Jornada Aniversario de la Reforma Constitucional 1994-2024”es organizada por la Cámara de Diputados de la Nación (HCDN) y el Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICaP), con el propósito reflexionar acerca del camino que condujo a ese hecho histórico, concibiéndolo como producto del consenso político y programático entre las dos principales fuerzas partidarias de aquel entonces.
Con la presencia del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, durante el primer panel expusieron Eduardo Menem, quien fue presidente de la Convención Constituyente del '94, y los convencionales constituyentes Horacio Rosatti, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Jesús Rodríguez y Augusto Alasino, entre otros.
El presidente de la Cámara baja dio las palabras de bienvenida este lunes por la mañana.
Los oradores previstos para esta jornada son los citados Eduardo Menem, Horacio Rosatti, Jesús Rodríguez, Augusto Alasino, más Tomás Figueroa, secretario Parlamentario de la HCDN; Rodolfo Barra -actual procurador del Tesoro-, Julio César Aráoz, Elva Barreiro de Roulet y Antonio Hernández, entre otros.
Asistieron como invitados Juan Carlos Maqueda, Juan Carlos Romero, Rafael Pascual y José Estabillo; representantes de las embajadas de Japón, Palestina, Arabia Saudita, Paraguay, China, Francia, Argelia, Kuwait, Armenia, Marruecos y Filipinas.
También asistieron los diputados nacionales Silvia Lospennato (Pro), Gabriel Bornoroni (LLA), Nicolás Mayoraz (LLA), Lorena Villaverde (LLA), Maximiliano Ferraro (CC), Karina Banfi (UCR), Guillermo Snopek (UP), Lisandro Almirón (LLA) y Lilia Lemoine (LLA).
Las exposiciones
Al abrir el evento, Martín Menem recordó "la sanción por unanimidad de tal vez la Constitución más legítima y democrática en toda la historia de nuestro país". "Esta reforma constituyó una bisagra en la historia de nuestras instituciones, porque se pudo demostrar que era posible modificar nuestra ley fundamental por el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas", sostuvo.
El riojano mencionó que "si bien es cierto que representantes de otros partidos no estaban de acuerdo" con la reforma o algunos puntos de ésta, "se respetó la regla de oro de las mayorías" y la votación resultó unánime.
El titular de Diputados destacó que en la Constitución del '94 "se trató de establecer un equilibrio de los poderes del Estado, mediante la atenuación de las facultades del Poder Ejecutivo y una mayor eficacia en el funcionamiento del Poder Legislativo".
"Este Congreso tiene una deuda con la Constitución porque no se han sancionado varias leyes, entre las cuales cabe mencionar una muy importante, y creo que en el futuro próximo presente va a ser de trascendental importancia, que es la bendita Ley de Coparticipación de Impuestos", señaló.
También se refirió a que "hace más de 15 años que no se cubre el cargo del Defensor del Pueblo". Menem agregó: "Me comprometo, con el apoyo de todos los diputados, a que se cumplan todos los mandatos pendientes y que sancionemos las leyes que quedaron en deuda".
En el final de su discurso, rememoró vivencias personales, a sus 18 años en 1994, cuando su padre Eduardo Menem era el presidente de la Convención Constituyente y él como estudiante de Derecho estudiaba en medio de ese proceso que "los derechos de Malvinas son inalienables e imprescriptibles por parte de la Argentina". "Tengo el recuerdo de haberlo visto a mi viejo redactarla de puño y letra. Yo estudié los apuntes de puño y letra de esa cláusula (primera), que va a ser letra viva por los siglos de los siglos en nuestra Constitución".
Tras tomar la posta, el diputado libertario Nicolás Mayoraz como moderador, en su rol de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, abrió el primer panel Eduardo Menem. "Esta reforma fue única en la historia. Aprobada por unanimidad y jurada por todos los convencionales en aquella histórica jornada del 24 de agosto de 1994 en el Palacio San José de Urquiza", ponderó.
El expresidente provisional del Senado valoró el "trabajo extraordinario" que realizaron hace 30 años los convencionales constituyentes y luego repasó que en Argentina "tuvimos una historia constitucional muy complicada".
"Dos constituciones sancionadas que no se pusieron en vigencia, la de 1819 y la de 1826" porque "eran muy unitaristas"; después "la de 1853, que fue la de los padres fundadores, una Constitución de avanzada, pero que se hizo sin la participación de la provincia de Buenos Aires. Además no fue tan democrática porque los convencionales eran elegidos a dedo", dijo.
Más tarde se dio una reforma en 1860, donde "se incorpora Buenos Aires y otras normas importantes"; la reforma de 1866 "fue muy breve" y "no hubo más reformas hasta 1949, la cual fue cuestionada porque la convocatoria no se había sancionado por dos tercios del total de los presentes de ambas cámaras". "En la Convención hubo un retiro masivo de los convencionales de la oposición", recordó.
Menem señaló que esa última reforma "fue derogada por un bando militar" que derrocó a Juan Domingo Perón, quienes "tuvieron además la audacia de convocar a una convención constituyente, con la proscripción del peronismo, que se hizo en 1957". En esa ocasión, "hubo también un retiro masivo, pero se alcanzó a sancionar el artículo 48 bis que era la incorporación de los derechos sociales, que en el '94 lo ratificamos".
"La reforma de 1994 significó un quiebre en esa especie de maleficio en nuestra historia constitucional, donde no se podía sancionar una reforma con el consenso de las fuerzas políticas. Fue como un exorcismo", expresó el hermano del fallecido expresidente Carlos Saúl Menem, en cuyo gobierno se sancionó la última Carta Magna.
Menem aseguró que "tanto el peronismo como el radicalismo eran partidarios de la reforma constitucional, aunque diferían en algunos detalles". "Los políticos argentinos somos muy difíciles, somos muy pasionales en las disputas", expresó. Por eso, sobre la Constitución, insistió que "fue la más democrática y legítima de la historia, porque se integró con el pluralismo de 19 bloques políticos".
En el primer panel, ante un Salón de Pasos Perdidos colmado de asistentes, el convencional constituyente Jesús Rodríguez aseveró -en relación al Pacto de Olivos- aseveró que "es un error grave señalar que la Constitución del '94 es el resultado de los intereses particulares y personales de dos personas”.
“Una Constitución aprobada sin los dos tercios de la Cámara de Diputados de los presentes, como la Constitución establecía, o forzada por una consulta popular, hubiera llevado a la Argentina a un riesgo de convivencia pacífica afectada seriamente en la vida social”, apuntó el radical.
Rodríguez afirmó que "la reforma del '94 fue un ejemplo de amistad cívica y de civilidad política. Una Asamblea que recogía la diversidad social, ideológica, cultural, política y regional de la Argentina”.
“Señores constituyentes este es un triunfo de la política; la política en grande, la que hicimos por consenso”, destacó Augusto Alasino, quien además observó que "esta Constitución es antidiscriminatoria y el resultado se ve a la vista: el matrimonio igualitario, la igualdad de mujeres y varones, las políticas de género y la protección de los chicos”.
A su turno, Horacio Rosatti evocó los días de la Convención Constituyente donde él fue vicepresidente del bloque mayoritario, que presidía Augusto Alasino. “Nosotros éramos convencionales constituyentes reformadores. No éramos revolucionarios, sino que debíamos modificar algo que debía ser una continuidad con transformaciones. Es decir, debíamos llevar adelante una serie de reformas culturales y luego jurídicas sin alterar el espíritu de la Constitución. Además teníamos prohibido, por la ley de convocatoria, tocar los primeros 35 artículos de las declaraciones de derechos y garantías”.
El presidente de la Corte reivindicó el acuerdo político previo, “porque uno no le puede dar a un convencional reformador un cheque en blanco y decir: ‘Mirá, hacé lo que te parezca’”. En ese sentido destacó como ejemplo que no se puede pasar de un sistema presidencialista a un sistema parlamentario “por un voto”.
“Que se conozca el contenido del acuerdo previo parlamentario supone que quien vota al partido que vota, sabe por lo menos en trazos generales qué es lo que va a votar el convencional. No puede tener un mandato absolutamente libre, sino en gran medida debe estar condicionado por un programa, un proyecto conocido por la comunidad, porque la Constitución no se reforma todos los días y en consecuencia los contenidos deben ser conocidos por la población. Y mientras más amplio sea ese consenso, mejor”, evaluó.
Sobre el final de su exposición, Horacio Rosatti dijo que, sin exagerar, le parecía que la Convención Constituyente “fue el último gran acto de la política con mayúsculas en la Argentina. Porque grieta había antes y hubo después, sin embargo pudimos poner entre paréntesis en esos tres meses la grieta y tomar conciencia de que la obra que íbamos a hacer estaba destinada a perdurar por varias generaciones”.
No temerle al debate
Del segundo panel participaron Alberto García Lema, Enrique Paixao, Alberto Pierri y Juan Carlos Romero.
El constitucionalista García Lema planteó que “no hay que tenerle miedo al debate parlamentario, porque el pasaje entre las cámaras de Diputados y Senadores enriquece”.
“La tarea parlamentaria termina siendo un elemento de perfeccionamiento de la actividad política y, sobre todo, de políticas que duren a mediano y largo plazo, que es la única manera de que conseguir que haya inversiones en el país, que se necesitan urgentemente para generar un crecimiento nacional con distribución económica como se necesita en este momento”, señaló García Lema.
A continuación, Enrique Paixão señaló que “el núcleo central de la reforma es la limitación del poder presidencial, la revalorización del poder del Congreso y de los jueces. Fue un esfuerzo para salir del hiper presidencialismo. El desequilibrio de poderes llevó a una situación donde el poder presidencial creció más allá de lo razonable”.
Para el abogado, “el empoderamiento del Congreso se enriqueció además con la incorporación de la Auditoria General de la Nación, generando la presencia opositora para evitar la constitución de un poder monolítico. Lo que significó, además, dotar al Congreso de la Nación de una herramienta para ejercer una de las dos funciones sustanciales del Congreso que es la de controlar a los demás poderes del Estado. Además, se generó la delimitación de los decretos de necesidad y urgencia”.
A su turno, el expresidente de la Cámara baja Alberto Pierri expresó: “Quiero poner la mirada desde el punto de vista político para intentar determinar cuáles fueron las condiciones de esos tiempos que nos permitió llegar a la reforma de la Constitución de 1944. Una reforma histórica porque tuvo una gran amplitud y diversidad de colores políticos que estuvo cuestionada en su momento, intervinieron en su redacción las figuras de ese tiempo y orgullosamente hoy la mayoría están aquí".
Agregó Pierri que “la reforma no se inició a partir del Pacto de Olivos, comenzó mucho tiempo antes, ya en el 1973 el General Juan Domingo Perón dejó abierta la posibilidad de encarar esa reforma e imaginó algunos temas como el ambientalismo, la creación de la figura del ministro coordinador, como un antecedente de lo que después sería el Jefe de Gabinete”.
A su turno, la exdiputada jujeña Cristina Guzmán recordó que “estábamos viviendo épocas de confraternidad política, de respeto a las ideas diferentes, una reforma no se puede hacer en cualquier tiempo. Era necesaria y oportuna. Vivíamos en tiempos políticos con convivencia democrática excepcionales. Podíamos tener ideas diferentes, pero compatibilizamos criterios”.
“Esta es una reforma federal, por ejemplo, en el art 124 se establece que las provincias pueden establecer regiones para el desarrollo económico y social. En el Parlamento, hemos vivido las votaciones que trasvasan a los partidos políticos, son más regionales”, agregó.
Por último en ese panel, el senador nacional Juan Carlos Romero señaló que “en la reforma el diálogo político fue fundamental en la búsqueda de acuerdos, en ese consenso que se alcanzó. Lamentablemente hoy no podemos ponernos de acuerdo, por lo menos acá en el Congreso, ni para constituir e integrar una comisión. En el Senado el año pasado hubo cuatro sesiones, hay Comisiones que ni siquiera se constituyeron. En los últimos 20 años se intentó imponer una agenda única, donde quienes gobernaban imponían el número y los caprichos. La búsqueda del interés sectorial primó sobre el interés general”.
El tercer panel
Elva Pilar Barreiro de Roulet, Antonio Hernández, Marcela Ruiz y Miguel Esteban López cerraron la jornada de exposiciones.
La primera vicegobernadora bonaerense de la recuperación democrática sostuvo que “la reforma constituyó un paso a la modernización de nuestro pacto social. Los nuevos derechos y garantías incorporados fueron sobre la preservación del medio ambiente, defensa del consumidor, habeas data y habeas corpus, así como la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas”.
A juicio de Elva Roulet, “las comunidades tienen derecho a una educación bilingüe e intercultural. La comunidad está estrechamente relacionada con la tierra, sobre todo, por el vínculo espiritual que representa”. Y cerró: “La norma sancionada prevé la participación de las comunidades en temas de recursos naturales y cualquier tema de interés que los afecte”.
El exdiputado nacional y constitucionalista Antonio María Hernández señaló que “la integración es otra idea fuerza de la Reforma, es una integración nacional. En federalismo comparado el diseño de 1994 es incomparable a nivel mundial”.
Para el radical cordobés, “la Constitución buscó la igualdad real de oportunidades: un Estado que trate de garantizar los derechos de mujeres, de niños, de discapacitados, en una idea muy clara y potente, de profundizar el concepto de la igualdad, que es absolutamente decisivo cuando se habla de derechos fundamentales, libertad e igualdad son términos absolutamente fundamentales, a ellos se une la solidaridad”.
A su turno, la doctora Marcela Ruiz consideró que “hemos pasado de un estado legal de derecho a un estado constitucional de derecho que implica que la Constitución es la fuente fundamental del derecho".
“El juez deja de ser la boca de la ley, tiene un rol activo, y busca la mejor solución al caso que se presenta. También puede recurrir a las normas supranacionales”, agregó.
“Me siento muy afortunado porque me ha tocado trabajar, conocer y ser testigo de 40 años de democracia. La reforma fue algo valioso, único y distinto, nos tocó a nosotros transformar las decisiones políticas en soportes documentales”, planteó por su parte el doctor Miguel Esteban López
“La sociedad cambió con esta Constitución. Como amanuense, guardo y atesoro este tipo de cosas porque son las que nos enriquecen como comunidad, más allá de la grieta y de los enfrentamientos”, cerró.
El cierre del evento
El doctor Alfonso Santiago señaló que “la Constitución organizó el sistema institucional y configura el sistema normativo. Cuando se pone en marcha el proceso de Reforma, el foco estaba puesto en las reformas institucionales”.
Sin embargo, agregó, “las reformas más significativas no se han dado tanto a nivel institucional, como en la reconfiguración del sistema jurídico”.
Para Santiago, “la reforma creó cuatro nuevas instancias normativas: una instancia jurídica suprema, integrada por la Constitución y catorce tratados internacionales; un segundo nivel normativo que predomina sobre las leyes conformado por los tratados ordinarios y por los tratados de integración; la ley; y se agregan los reglamentos delegados y de necesidad y urgencia”. Y cerró: “Esto es una profunda transformación, que tuvo mayor impacto real en el sistema normativo que en el institucional”.
A su turno, el exministro de la Corte Suprema y actual procurador del Tesoro Rodolfo Barra expresó: “Una de las innovaciones que trajo la reforma es esta bifurcación de las figuras del presidente de la Nación y el jefe de Gabinete. Creo que recién se está poniendo en práctica concreta, no fue así durante 30 años, porque costó mucho pasar de esa figura presidencial que todo lo hacía a una figura que es el conductor”.
“La convención constituyente fue una experiencia extraordinaria de convivencia democrática, estímulo intelectual e intensidad política”, señaló Barra.
El exministro de la Corte agregó que “las constituciones están hechas de política, no de palabras. El esfuerzo constitucional es una práctica que consiste en convertir relaciones de poder en relaciones de derechos, para someter el poder al derecho”.
Por su parte, Alberto Dalla Vía, juez de la Cámara Nacional Electoral, consideró que “la convención constituyente fue un momento inolvidable. Fue una reforma política y electoral. Nosotros empezamos una transición democrática con la memoria, miramos al pasado. La Constitución en 1983 era una prenda de unidad nacional”.
“Cambiamos la forma de elección del presidente, antes teníamos colegio electoral. La elección directa del presidente con doble vuelta, implico fortalecer la figura presidencial. También cambiamos la elección de los senadores. Pusimos el sufragio, no estaba en la constitución. El constituyente del 94 replico los términos de la Ley Sáenz Peña”, agregó Dalla Vía.
Para el doctor Rodolfo Díaz, la reforma constitucional “fue la persuasión social de que la transición democrática argentina requería una culminación de ese nivel lo que da razón de una convención constituyente en la que estuvieron representados 25 partidos políticos, en la que se presentaron 1593 proyectos de reformas, que tuvo 11 comisiones temáticas que realizaron 51 reuniones y produjeron 34 despachos, y una comisión de redacción que realizo 25 reuniones y produjo 17 órdenes del día”.
“Una convención que realizo 38 sesiones plenarias, algunas de varios días para, finalmente, sancionar trascendiendo largamente la cuestión de la reelección casi un centenar de modificaciones al texto histórico. Lo que sí tuvo una función causal determinante fue la contundente manifestación de la soberanía popular en las elecciones de legisladores nacionales de 1993 en las que voto más del 80% del padrón”, agregó Rodolfo Díaz.
Cerró la jornada el diputado nacional de La Libertad Avanza Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja. “La reforma fue un punto donde se reducían las cuestiones a una ambición personal, según decían los malintencionados que nunca falta, de Menem y Alfonsín, donde uno quería la reelección y otro quería una representación en el Senado. Sin embargo, la reforma realmente tuvo un aporte significativo que se vivió mucho en los últimos años: el fortalecimiento institucional”, dijo el actual legislador.
“La Argentina tiene una historia de presidencialismo fuerte, me atrevo a decir que a los presidentes que han ejercido un liderazgo fuerte les ha ido mejor que a los que han tenido un liderazgo débil, la sociedad percibe el liderazgo fuerte y lo valora, los últimos 20 años nos han dado muestra de esto”, cerró el legislador.
En nuestro país, en tanto, la insatisfacción se asienta en un dato irrefutable: el estancamiento y la alta inflación, que se explican por la ausencia de un patrón productivo sostenible, luego del agotamiento del esquema de industrialización sustitutiva de importaciones a mediados de los setenta.
“No hay, no puede haber, buenas finanzas públicas donde no hay buena política “ L.N. Alem (13/4/1890)
Una paradoja inesperada se combinó con el aniversario de los 40 años de democracia ininterrumpida en la Argentina, el período más extenso de nuestra vida institucional.
En efecto, en un desaire a la historia, asistimos a la asunción de un legítimo presidente que carece de partido; que solo cuenta con dos años de experiencia personal en la acción política y que, dueño de una personalidad extravagante, llama la atención de los observadores y analistas del exterior.
Además, la nueva administración se postula como iniciadora de un cambio revolucionario y sostiene que repondrá a la Nación en una posición de liderazgo extraviada desde hace más de cien años.
En lo que sigue se intenta, eludiendo razonamientos simplistas y el falso atajo de las frases hechas, analizar las causas de ese imprevisto resultado electoral y, a continuación, se identifican los puntos nodales de la estrategia oficial que puede conducir a los argentinos a una mayúscula frustración colectiva.
¿Avanza la libertad?
Una de las características que distingue a la situación global, particularmente desde la crisis financiera del 2008, es la inestabilidad sistémica y, también, la erosión de los consensos vigentes tanto domésticos como internacionales.
Somos parte de un mundo violento, caracterizado por la debilidad de los organismos multilaterales, y con muchos estados que, con el argumento de la soberanía, atropellan los derechos humanos. Un claro ejemplo de la realidad de ese mundo de hoy, es la invasión de la Rusia de Putin a Ucrania, a contramano de los principios y reglas del orden internacional.
Una consecuencia de los déficits de gobernanza global es que el impacto económico y social de la crisis -en esta etapa de la globalización caracterizada por la llamada “financierización”- abrió las puertas a movimientos políticos que canalizaron la insatisfacción y el descontento con liderazgos emergentes de cuño antisistema.
En el contexto del deterioro global de la salud de las democracias que, según Freedom House un centro de pensamiento basado en Washington DC, viene deteriorándose de manera consecutiva en los últimos 17 años, surgen experimentos políticos conocidos como “gobiernos iliberales” que se caracterizan por ignorar o eludir los límites constitucionales de su poder.
En nuestra región de América Latina, en tanto, el desempeño en los primeros veinte años del siglo es similar al de la llamada, en términos económicos, “década perdida de los años 80”.
Ese estancamiento económico de la región -la más violenta y desigual del planeta- reforzó los déficits de calidad democrática y así, de acuerdo al análisis del World Justice Project, 18 de los 32 países de América Latina exhibieron un retroceso en la solidez del estado de derecho.
Ese global clima de época, con democracias acosadas y que se deterioran desde adentro antes que ser tumbadas por golpes de estado, le puso marco a la competencia electoral argentina.
Con ese contexto global y regional de liderazgos políticos novedosos -algunos, de tipo prepotente con rasgos autoritarios, que descreen del ordenamiento republicano como Donald Trump en Estados Unidos, Nayib Bukele en El Salvador, Jair Bolsonaro en Brasil, y otros, en cambio, respetuosos del mismo, como Gabriel Boric en Chile- se desarrolló la décima elección presidencial desde 1983.
En nuestro país, en tanto, la insatisfacción se asienta en un dato irrefutable: el estancamiento y la alta inflación, que se explican por la ausencia de un patrón productivo sostenible, luego del agotamiento del esquema de industrialización sustitutiva de importaciones a mediados de los setenta.
Ese retroceso relativo, resultado de una tasa de crecimiento del PBI por habitante de sólo 0,6% anual acumulativo en el periodo 1974-2023, no se detuvo en la gestión del gobierno peronista del Frente de Todos -Unión por la Patria liderado por Alberto Fernández- Cristina Fernández de Kirchner.
Al contrario, el desesperado intento en los finales del gobierno, cuando el fracaso impedía a los integrantes del binomio presidencial ser candidatos, con la nominación de Sergio Massa y su capitalismo de compinches le costó a los argentinos un incremento del gasto público de alrededor de dos puntos del Producto Interno Bruto.
En realidad, los resultados de esa gestión, la peor desde la inauguración democrática de 1983, pueden sintetizarse en:
A ese estado de “recesión democrática” a escala global y regional y a las objetivas consecuencia sociales del estancamiento secular de la economía argentina, es necesario agregar el impacto sobre las conductas individuales, en particular los jóvenes, de la pésima gestión del Covid por parte de la administración peronista que concluyó en diciembre del año pasado.
Algunos pocos datos para ilustrar la afirmación precedente:
Los argumentos precedentes -el clima de época, la extendida insatisfacción social y el impacto de la pandemia, particularmente en los jóvenes- son ciertos y válidos pero no alcanzan a explicar el resultado electoral.
En efecto, corresponde que sea complementado con el análisis del desempeño político de la coalición Juntos por el Cambio (JxC) que llegó al comicio presidencial habiendo ganado tres de las cuatro elecciones precedentes con registros electorales en el entorno del 40%.
Las razones que explican porqué JxC no fue el principal cauce para expresar la voluntad mayoritaria de cambio de la sociedad argentina se encuentran en las propias debilidades exteriorizadas por la coalición:
Estas evidencias llevaron a que buena parte de la sociedad que reclamaba el cambio percibiera la propuesta de JxC como confusa, endogámica y endeble.
En efecto, antes de ser reconocidos como portadores de una propuesta clara y compartida de cambio viable formulada por los equipos de la coalición, con los matices y énfasis de cada candidato, ofrecimos ideas propias de cada candidato y nos enredamos en una discusión acerca de si el cambio “es todo o es nada”, o sobre “la necesaria construcción del 70% de apoyo”.
En muchos distritos las chances electorales de los candidatos oficiales de la coalición se vieron severamente afectadas por declaraciones o decisiones de dirigentes nacionales.
La ausencia de la voz radical en la competencia relativizó la condición coalicional de la fuerza política y, en la percepción social, la redujo a una disputa interna de un partido integrante de la coalición.
Así, la opción a la continuidad de la fracasada combinación de populismo político y facilismo económico recargado fue la candidatura libertaria -una creación del gobierno para dividir a la oposición- que, además del apoyo financiero y logístico del oficialismo, consiguió patente de legitimidad con los confusos pronunciamientos del ex presidente Macri.
Debilidades, riesgos y peligros del nuevo gobierno
El nuevo gobierno inicia su gestión con la legitimidad provista por la mayoría obtenida en la segunda vuelta electoral y, también, con las limitaciones que la voluntad popular y las reglas electorales le impusieron. Así, su menguado contingente legislativo se reduce al 15% y al 10% en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, respectivamente. Asimismo, ninguno de los 24 titulares de los gobiernos subnacionales pertenece a su fuerza política y solo 3 intendentes de ciudades de menos de 3000 habitantes cada una, sobre las más de 2000 del territorio nacional, obtuvieron sus triunfos electorales en representación de su partido.
La posibilidad de afrontar con éxito los desafíos mayúsculos a los que se enfrenta la sociedad argentina exige la combinación virtuosa de varias dimensiones: la formulación de un diagnóstico acertado y preciso; la articulación de un programa integral con prioridades claras y equipos cohesionados; la construcción del suficiente respaldo político que provea legitimidad para las transformaciones necesarias y, finalmente, el acompañamiento internacional para remover los obstáculos al progreso individual y social.
Para quienes estamos convencidos, por razones doctrinarias confirmadas por las mejores prácticas de nuestro países vecinos, de la asociación positiva entre la calidad y fortaleza de la instituciones y el desarrollo económico es imposible coincidir con que el camino de superación del estancamiento pasa por la convalidación de un decreto de necesidad y urgencia y la aprobación a libro cerrado de un proyecto de ley que, en conjunto, suma en sus partes dispositivas 251 páginas con 1030 artículos que derogan centenares de leyes.
Por otro lado, la incomprensible ausencia de prioridades se patentiza cuando los temas relevantes se confunden en una lista que incluye la autorización para la reventa de entradas en espectáculos deportivos o la prescripción a los magistrados en el uso de la toga.
Las designaciones pendientes en los equipos de gobierno, así como los funcionarios nombrados que renuncian y la continuidad de cargos claves de la administración saliente, habla de preocupantes signos de improvisación y conflictos en el centro de decisiones del poder.
En el mismo registro de signos preocupantes, las falsas imputaciones a los legisladores y la sintonía ideológica con presidentes de otras naciones que agredieron sus parlamentos, afectan negativamente la reputación de nuestro país en el mundo occidental, democrático y capitalista.
El nuevo presidente, que propone una reformulación profunda de las interrelaciones entre la sociedad, el Estado y el mercado, se proclama como el “primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad”.
Ese posicionamiento pretende que el populismo anacrónico, pero hegemónico con cuatro gobiernos en los últimos 20 años, sea sustituido por una “autocracia de mercado” que recurre a la tercerización en estudios privados para la formulación de las nuevas normas jurídicas, lo que redunda en una inaceptable captura del estado por intereses corporativos que se agrega a la larga lista de políticas públicas contaminadas por conveniencias particulares.
Esa autoimpuesta misión fundacional a escala planetaria, al tiempo que reconoce la falta de antecedentes, ignora que la principal razón que explica el extendido estancamiento argentino es la anomia que distingue al comportamiento social en nuestro país.
Esa ajuridicidad, que está en la base de nuestra decadencia, nos obliga a la construcción de un orden político alejado de los modos populistas o autocráticos.
Esa definición es relevante y, cuando se la relativiza -como sucedió tras la implosión de la Unión Soviética- las consecuencias son peligrosas para la convivencia social.
Ese orden político funcional al desarrollo económico y el progreso social debe asentarse en tres pilares: uno que concibe a la democracia como única fuente legítima de poder en elecciones limpias y verificables; otro de naturaleza republicana donde la división y la independencia de los poderes asegure el control recíproco y la rendición de cuentas y, también, uno de raigambre liberal que asegure derechos para cada ciudadano, especialmente para todas las minorías.
Ese diseño institucional exige, además, un talante acorde de parte de las autoridades. No es admisible que desde el vértice del poder se agravie o acuse falsamente a los opositores. Tampoco es deseable que este nuevo tiempo replique las peores actitudes del anterior presidente, acusando ahora a los que dudan o discrepan con sus propuestas de cercenar la libertad de los ciudadanos, como antes se imputaba a los que cuestionaban la acción oficial, en la época de la pandemia, de atentar contra la vida de los argentinos.
Un peligroso desvío democrático del nuevo presidente, al suponer que un triunfo electoral concede derechos por sobre las normas constitucionales y legales, es pretender que el Congreso le conceda una amplísima delegación de facultades, superando a todos los mandatarios justicialistas de estos cuarenta años, los que gobernaron desde el primero hasta el último día de su gestión con poderes extraordinarios.
Otro ejemplo de regresión democrática es cuando se pretende reformar el sistema electoral y las normas que regulan las campañas políticas. Los cambios que se proponen -al promover las circunscripciones uninominales- abren las puertas a la manipulación de los distritos, limitan la representación de las mayorías, conspiran contra la renovación dirigencial y eliminan los criterios de paridad con perspectiva de género.
En relación al financiamiento de la actividad política, al eliminar cualquier limitación a los aportes privados y al suprimir los espacios gratuitos en medios audiovisuales a cargo del estado, el peligro es que se consolide en nuestro país lo que el Presidente James Carter denunció en los Estados Unidos: “ el sistema político se ha convertido en una recompensa para los mayores contribuyentes de las campañas”.
La superación del estancamiento económico con alta inflación que condena a la mayoría de los argentinos a la pobreza exige disponer de un sistema político con capacidad de procesar los necesarios cambios y transformaciones estructurales.
En ese sentido es imperioso que los actores políticos sean capaces de aprender de las mejores prácticas internacionales que en nuestra región de América Latina enseñan que solo las democracias plenas exhiben resultados socioeconómicos satisfactorios.
Y que todos los protagonistas políticos y sociales, y sobre todo quienes tienen la responsabilidad de gobernar, recuerden a Tzvetan Todorov, el filósofo e historiador búlgaro radicado en París, cuando enseñó que “las causas nobles no excusan actos innobles”.
Por Jesús Rodríguez. El presidente de la Auditoría General de la Nación se refirió al principio de entendimiento con el FMI, el papel del Parlamento, el rol de la oposición y se preguntó: “¿Es necesario pagar el acuerdo?”.
El 28 de enero, el presidente Alberto Fernández anunció un acuerdo con el FMI y ese mismo día hizo efectivo un desembolso de U$S 731 millones, que complementa los U$S4.491 millones pagados en concepto de intereses, cargos y sobre tasas del préstamo del año 2018.
El convenio es, a diferencia del “stand by” del año 2018, un Acuerdo de Facilidades Extendidas de 24 meses de duración. El financiamiento convenido -por el total desembolsado en el programa anterior- incluye la reprogramación de los vencimientos que se repagan en 10 años con un periodo de gracia de 4 años y medio.
Cuando este acuerdo se concrete, será el número 22 de la lista iniciada en el año 1958 y el primero diseñado y firmado por una administración kirchnerista.
Los anuncios del ministro de Economía (Martín Guzmán) en relación a lo que podríamos denominar “principio de acuerdo” se refieren a las trayectorias esperadas de algunas variables clave como el déficit fiscal, la emisión monetaria y la acumulación de reservas internacionales.
Los anuncios indican que el déficit primario (esto es, descontando el servicio de los intereses de la deuda) esperado en este año es del 2,5% del PIB y un 1,9% en el año 2023. Si comparamos estas metas con los resultados fiscales bien medidos, esto es considerando el déficit inercial del año 2021, entendido como el que se produciría de no mediar correcciones en el gasto, el desequilibrio fiscal de este año debería reducirse en más de dos puntos porcentuales del PIB en relación al año anterior. Es así, además, porque este año no estarán disponibles los ingresos extraordinarios de los DEG’s, resultado de la ampliación de capital del FMI, y del llamado impuesto a las grandes fortunas que rindieron 1,4% del PBI el año pasado.
Es obvio que el sendero de consolidación fiscal pone en el centro de la escena de la política pública a los subsidios económicos, energéticos y del sector transporte. Estos explican más del 80% del déficit primario del sector público. En ese terreno la cuesta es muy empinada. El facilismo económico de la administración y la grosera manipulación de los instrumentos regulatorios hizo que los subsidios energéticos que en diciembre de 2019 se habían reducido a 4.700 millones de dólares, puedan alcanzar 15.500 millones a fines de este año, si no hubiera actualizaciones de tarifas. Casi se igualaría la cifra del último año del gobierno de la presidente Fernández de Kirchner.
El “principio de acuerdo” también requiere, además del compromiso de tener tasas de interés positivas en términos reales, que la emisión del Banco Central para cubrir el déficit primario se reduzca de un equivalente al 3,7% del PIB a tan solo 1% este año y que las reservas internacionales se incrementen en 5.000 millones de dólares.
No sabemos las hipótesis de crecimiento, inflación, la secuencia y magnitud de la corrección tarifaria, cómo será el sendero para incrementar las tasas de interés ni el movimiento del tipo de cambio, entre otros parámetros que fundamentan esas metas. Por lo tanto, es imposible hacer un juicio de valor sobre la pertinencia y probable grado de cumplimiento de las mismas.
A continuación, comparto algunos comentarios que pueden ser útiles para el análisis.
¿Es necesario el acuerdo?
La economía argentina está estancada y exhibe desequilibrios notables. El PIB por habitante a fines de este año será casi un 15% inferior al de una década atrás. La evidencia de desequilibrios macroeconómicos fundamentales es que la inflación esperada supera el 50% anual, la brecha en la cotización cambiaría es de tres dígitos y el riesgo país está alrededor de los 1800 puntos.
En ese contexto, la regularización de las relaciones financieras con el exterior es una condición necesaria, no suficiente, para encarar los problemas estructurales de nuestra economía.
El “principio de acuerdo” evita el desastre, pero no garantiza el acceso al mercado voluntario de capitales, condición necesaria para posibilitar la inversión privada y la consiguiente creación de puestos de trabajo de calidad.
Por el contrario, la falta de acuerdo con el FMI asegura, ciertamente, la ampliación de la brecha cambiaria, el incremento del riesgo país, la aceleración de la inflación, el cierre de líneas de crédito privadas y oficiales de los países desarrollados, el cese de desembolsos de los organismos multilaterales de crédito y la caída del “swap” con el Banco de Ajuste de Basilea, entre otras derivaciones que conducen al derrumbe de la actividad económica, la destrucción de empleo y la pérdida de eslabones de las cadenas productivas de valor. Además de profundo y generalizado, el ajuste económico sería, muy probablemente, caótico.
Por otro lado, la falta de acuerdo con el FMI no es inocua. A diferencia de las obligaciones desatendidas con los acreedores privados, no hay “default” con el FMI, sino que, de acuerdo a sus estatutos, se incurre en “arrears”, que puede traducirse como atrasos. La diferencia es tan simple como complejas sus consecuencias: los atrasos con el FMI no admiten ser refinanciados y, por lo tanto, para poder negociar un nuevo acuerdo con la institución deben ser, con antelación, cancelados totalmente.
¿Por qué se demoró el acuerdo?
La matriz populista del cuarto gobierno kirchnerista conlleva la necesidad de identificar “culpables” y, desde el primer día, la cuestión de la deuda y el acuerdo con el FMI del año 2018 fue, junto con el “lawfare”, la esencia y el núcleo de la formulación de su acción política.
Para ello, diseñó una estrategia sostenida en dos pilares: responsabilizar de manera exclusiva al gobierno de Cambiemos en el tema deuda pública, ignorando los orígenes y las causas de su crecimiento y, por otro lado, denunciar judicial y políticamente una complicidad entre funcionarios argentinos y el FMI, al tiempo que se exigió durante dos años, como condición previa, la ampliación de plazos y mejora de condiciones que no están contempladas en los estatutos del organismo.
El camino elegido respondía a una necesidad: la ilusoria búsqueda de ganar tiempo hasta después de las elecciones de renovación parlamentaria para evitar tomar decisiones que el gobierno no podía asumir sin poner en riesgo la estabilidad, o la propia existencia, del consorcio oficialista.
Así, otra vez, el exótico dispositivo de poder oficial -caracterizado por la debilidad del vértice del poder por la anomalía de su origen y, por otro lado, por la existencia de múltiples actores con capacidad de veto y bloqueo-, conspiró contra una solución técnicamente eficiente y políticamente viable al problema.
Pero, como nada es para siempre, el gobierno es enteramente responsable de haber desperdiciado la oportunidad de negociar en tiempos más propicios, incurriendo en costos evitables y quedando, al final del camino, con reservas netas de menos de 500 millones de dólares.
El papel del Congreso
El relato oficial sobre la deuda y el FMI incluyó el supuesto apartamiento del Congreso en la decisión, que en el caso del préstamo del año 2018 obedecía a favorecer la “fuga de divisas de los amigos de Macri”, por lo que se propició la sanción de una norma legal que, con el voto de la oposición, incluyó el requisito de la aprobación legislativa previa a eventuales acuerdos con el FMI.
En términos generales, la autorización al Ejecutivo a contraer endeudamiento está incluida de manera obligatoria en todos los presupuestos anuales. Pero en el caso de ser con organismos internacionales, el artículo 60 de la Ley 24.156 de Administración Financiera excluía de manera explícita esa obligación. Así, ninguno de los 21 acuerdos anteriores tuvo tratamiento en el Congreso, ni antes ni después de la sanción de la Ley 24.156 promulgada en el año 1992.
Con la nueva norma, sancionada en el año 2021 y aún no reglamentada, el Congreso debe aprobar el acuerdo y se entiende que, después de ese trámite legislativo, el Directorio del FMI consideraría la Carta de Intención y el resto de los documentos trabajados y acordados por el Ministerio de Economía y el Banco Central con el staff del organismo.
Es cierto que es poco lo que se sabe del contenido del “principio de acuerdo”, ya que se desconocen las medidas para cumplir las metas y, además, el Presupuesto del año se ejecuta bajo criterios de máxima discrecionalidad y arbitrariedad, luego del rechazo en la Cámara de Diputados, cuando el entonces presidente del bloque oficialista insinuó su voluntad, luego concretada, de distanciamiento político respecto del Gobierno.
No obstante, esos desarreglos institucionales, debe quedar claro que reclamar la normalización de las relaciones financieras con el exterior y autorizar la negociación que implica un acuerdo con el FMI no supone, en ninguna circunstancia, aprobar el contenido de esa negociación. Es, en todo caso, replicar lo actuado en ocasión de la reestructuración de la deuda con tenedores privados de bonos soberanos, donde la oposición reclamó y apoyó el acuerdo, pero la negociación y sus particularidades quedó, como no puede ser de otra manera, en cabeza de la administración.
En este caso, además, hay que ratificar que el Congreso no formula la política económica que es responsabilidad del Poder Ejecutivo, pero, en cambio, es de toda lógica exigir transparencia y rendición de cuentas para la adecuada tarea de control a cargo del Poder Legislativo.
La actitud de la oposición
Las reglas de decisión no pueden estar guiadas por los resultados de los sondeos de opinión pública que, en este caso, son claramente mayoritarios en relación a la necesidad de formalizar un acuerdo con el FMI.
Tampoco pueden admitirse posiciones que se justifiquen exclusivamente en la necesidad de diferenciación política frente al gobierno.
Las bases para formar un criterio de acción tienen que estar fundadas en lo que creemos que corresponde y es necesario hacer en esta hora decisiva y, por otro lado, en la responsabilidad de una fuerza política que aspira a gobernar los destinos de la Nación.
Nuestro discurso político debe tener como destinatario a una sociedad que padece múltiples urgencias y que reclama de su dirigencia una orientación en el rumbo para superar la crisis.
Nuestra argumentación política debe interpretar a una ciudadanía que no se resigna frente a las adversidades, que no acepta la incompetencia del gobierno y que se indigna frente a las obscenas disputas de poder en un oficialismo que sólo puede ofrecer utopías regresivas.
Las buenas prácticas de la política democrática nos conducen a posibilitar y facilitar la concreción del acuerdo con el FMI, en el convencimiento que, si se frustrara, sería un salto al vacío, con consecuencias extremadamente gravosas para el país y sus ciudadanos.
En ese carril de oposición al gobierno, pero no al país, nuestro comportamiento debe distanciarse de conductas suicidas como las de dirigentes políticos argentinos que, en tiempos no tan lejanos, alentaron a los organismos internacionales a suspender los desembolsos de préstamos comprometidos, o cuando celebraron en el Congreso el anuncio presidencial de la cesación unilateral de pagos.
Por el contrario, nuestra posición debe estar alineada con el ejemplo de otras fuerzas políticas que, en situaciones de crisis equivalentes, actuaron con máxima responsabilidad política.
Es el caso de Obama, que se reunió con el presidente Bush y el aspirante republicano en los días previos a la elección presidencial para acordar las medidas que evitaran un crack financiero global y generalizado en la crisis de las hipotecas “subprime” en el año 2008. Ante la inminencia del pánico financiero los dos precandidatos suspendieron la campaña y, en un comunicado conjunto, coincidieron: “no importa cómo haya comenzado, todos tenemos la obligación de resolverlo”. Y agregaron: “el plan presentado al Congreso por el Gobierno de Bush tiene fallos, pero los esfuerzos por proteger la economía de EE.UU. no deben fracasar”.
Más cerca en la geografía, es la misma conducta que tuvo Lula quien, en su cuarto intento por acceder a la presidencia, redactó la “Carta ao povo brasileiro”, en ocasión de acompañar la decisión del presidente Cardoso en la negociación con el FMI en el año 2002.
Lula, que en el pasado había comparado la asistencia del FMI a su país con un “beso de la muerte”, se comprometió a obtener un superávit fiscal primario para 2003 del 3,75% del PIB, como mínimo, aunque finalmente en su gestión fue superior al 4%.
Y también fue similar la conducta del Frente Amplio en Uruguay, que no se permitió impedir ni obstaculizar los acuerdos con el FMI y la reprogramación de la deuda soberana del país hermano que afrontaba el contagio de la crisis argentina de principios de siglo. Esos acuerdos sentaron las bases de un crecimiento sostenido en los últimos 20 años, con reducción de la pobreza y la desigualdad, afirmados en una democracia de alta calidad institucional.
Es bueno recordar que esas conductas tuvieron reconocimiento social en las respectivas elecciones y, así como Obama y Lula fueron reelectos, el Frente Amplio gobernó durante tres turnos presidenciales.
La crisis estructural de la Argentina -evidenciada por el estancamiento económico y amplificada por una gestión oficial de la pandemia improvisada, vacilante, especulativa y prejuiciosa- no admite cálculo de conveniencia. Tampoco de mezquindad corporativa o egoísmo sectorial.
La primera y principal responsabilidad política de la dirigencia, en tiempos de miedos individuales y desconfianza social, es proveer certidumbre.
Eso, en estas horas decisivas, se traduce en evitar las permanentes recomendaciones para “agudizar las contradicciones” de los ultras de todas las épocas y de todas las ideologías.
Por ello, es bueno tener presente la reciente cita de Natalio Botana de la sentencia George Clemenceau: “La política de lo peor, es la peor de las políticas”.
Por Jesús Rodríguez. “Tiene la obligación de ofrecer un horizonte de certidumbre y esperanza para superar las consecuencias de la pandemia y del desgobierno que ejerce el oficialismo nacional”, opina el titular de la Auditoría General, que lanza duras críticas hacia la gestión actual.
Una hoja de ruta para el futuro de Juntos por el Cambio
La Argentina exhibe -como la matrioska, esa tradicional muñeca rusa- crisis envolventes que se agregan y superponen alimentándose unas a otras.
La primera, de raíz estructural, está dada por el estancamiento que distingue a nuestra economía desde el agotamiento del patrón productivo de la industrialización sustitutiva de importaciones, a mediados de la década del 70. Ese estancamiento, que se verifica en la dramática constatación de que la riqueza generada en el año 2021 es la misma que una década atrás, nos condujo a un retroceso relativo que puede medirse en en el dramático dato de que en los últimos cincuenta años nuestro país cayó del puesto 25 al 60 en el ingreso por habitante de los países del mundo.
A esa primera categoría se suman las consecuencias de una gestión oficial de la pandemia improvisada, vacilante, especulativa y prejuiciosa. Y con escaso apego al cuidado de la calidad democrática y de los derechos individuales. Si nos guiamos por la combinación de resultados sanitarios y económicos, la gestión de la pandemia por parte del gobierno nacional llevó a nuestro país a las posiciones menos honrosas en la región con tremendas consecuencias económico-sociales y educativas [1].
Abordar con éxito los desafíos de la pospandemia está condicionado por la evolución de dos variables decisivas: la dinámica de los asuntos globales y el desempeño del sistema político.
En relación a la primera, la “desoccidentalización” de la globalización abre las puertas a la intensificación de la disputa estratégica entre las dos superpotencias, incluida la competencia por la primacía tecnológica, que repercute en dos precios claves para nuestra estructura productiva: los “commodities” y la tasa de interés internacional, ahora puesta en jaque por el reaparición de tensiones inflacionarias desconocidas en los últimos 40 años. El proceso se desenvuelve además en un contexto de retroceso de las calidad democrática aún en países que creían haber consolidado sus instituciones. Los años venideros serán cruciales en los tres planos: la disputa por la hegemonía global, los vaivenes de la economía mundial y la solidez de los cimientos de la democracia.
En cuanto al desempeño del sistema político, es claro el déficit de gobernabilidad democrática de nuestro país, en tanto no ha sido capaz de promover eficazmente progreso económico y social incluyente, sostenible y equitativo.
A continuación se discuten las capacidades del gobierno para enfrentar con éxito los desafíos que se nos presentan y luego se arriesgan algunos criterios para contribuir, desde la UCR, a la construcción de la alternativa de gobierno de Juntos por el Cambio (JxC) en la próxima elección presidencial.
Es evidente que cuando la pandemia termine nuestro país estará en peores condiciones económico – sociales e institucionales que al inicio de la crisis sanitaria. Ese resultado será también la derivación de un estilo de gobierno que no valoró las enseñanzas de las mejores prácticas internacionales, que no consideró relevante las opiniones científicas plurales y multidisciplinarias y que antepuso su voluntad de regimentar a la sociedad desde el poder a las fortalezas que siempre ofrecen los modos cooperativos de gobierno.
Ese modo del abordaje oficial a los desafíos que impuso la pandemia es propio de los gobiernos con registros populistas y que puede sintetizarse, tal y como sostuvo Felipe González, en que el populismo tiende a imaginar supuestas soluciones simples para problemas complejos los que, por otro lado, siempre están causados por actores, locales y/o internacionales, a los que se les atribuye la “culpabilidad” de la situación.
El populismo puede tener en términos económicos variantes muy amigables con el mercado, como ocurrió durante la presidencia de Carlos Menem, o una visión muy estadocéntrica como ocurre con la gestión de los Kirchner. Pero en lo que no hay diferencias, tanto en países desarrollados como en periféricos, es en la subestimación de la democracia representativa y en la relativización de la división de poderes. Uno de los casos extremos es el del Presidente Fujimori, un adalid del neoliberalismo, que en un autogolpe en el año 1992 cerró el Congreso del Perú.
En nuestro país, el peronismo concibe al poder como un sitio exclusivo a conquistar, en lugar de ser, esencialmente, una plural construcción política. Esa visión conduce a una lógica de suma cero, donde el adversario que no admite transformarse en un sujeto político a ser cooptado se convierte en un “cuasi enemigo”.
En las creencias de ese mundo, los contrapesos institucionales y la rendición de cuentas dejan de ser atributos imprescindibles de una república para convertirse en obstáculos formales al mandato popular que, por otro lado, tiene una única representación política: la propia.
Además, otro registro de este nuevo turno del peronismo en el gobierno es la crisis del dispositivo de poder oficial. Su notoria debilidad de origen -por la anomalía del proceso decisorio para la selección de las dos posiciones políticas más relevantes del país, el presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires- se ve aumentada desde la nítida derrota electoral, sin antecedentes para un peronismo unido y en el poder.[2]
Esa morfología del quinto gobierno peronista elegido en las urnas desde la inauguración democrática de 1983 es original: el titular del ejecutivo, que lo es también del Consejo Nacional del Partido Justicialista, ostenta dos carencias notables: no tiene la empatía con amplios sectores sociales que tuvieron Carlos Menem y Cristina Fernández y tampoco le es reconocido liderazgo partidario, que sí ejercían Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde.
Un resultado de aquella anomalía y de esta originalidad es una administración que, dada la abundancia de actores con capacidad de veto, sufre bloqueos a iniciativas propias originados en sectores del propio oficialismo. Por ejemplo, el Senado con amplia mayoría oficialista no le aprobó las nominaciones del Procurador General, del Presidente del Banco Central y de la Directora de la Agencia Federal de Inteligencia.
Otros ejemplos son la sanción de leyes relevantes -el llamado impuesto a las grandes fortunas es una muestra-, o los proyectos aprobados en el Senado y estacionados en Diputados de reformas a las leyes del Ministerio Público y de la Justicia Federal, ya que ninguno de ellos fueron iniciativas del Ejecutivo.
Esa vulnerabilidad manifiesta de la autoridad presidencial también se expresa en la política exterior de la administración, que es registrada por los otros actores globales y regionales como confusa y errática, cuando no extravagante.
En este marco de crisis superpuestas que se retroalimentan, resulta pertinente afirmar que el gobierno de Alberto Fernández no está en condiciones de afrontar con éxito los desafíos de la post pandemia.
En estos tiempos particularmente críticos, en un país con severos problemas crónicos, una administración debilitada y disociada que no cuenta con respetabilidad social -como lo muestran las encuestas de los índices de esperanza de los ciudadanos- ni con la confianza de los mercados -las tasas de riesgo país y la brecha en la cotización de las divisas son ejemplos válidos de ello- y que es, al mismo tiempo, tratada con distancia por relevantes protagonistas de la escena global, solo puede ponerse como máximo objetivo que la situación no empeore.
Para ello debe, al menos, dejar de emular a Donald Trump -que aún no reconoció, después de un año, el limpio triunfo del Presidente Joe Biden- y asumir que es legítimo referirse a opiniones propias pero que los “hechos propios” son inaceptables.
Con la presidencia de Raúl Alfonsín la sociedad argentina pudo dejar atrás las recurrentes interrupciones institucionales que jalonaron nuestra historia desde el primer golpe de estado en 1930. Sin embargo, aún está pendiente la superación de los modos populistas de gobierno y los estilos movimientistas en la acción política.
El punto es especialmente relevante porque existe suficiente evidencia de la asociación positiva entre la calidad de las instituciones y el progreso económico.
De ahí que la regeneración institucional, junto a una integración inteligente al mundo, sean los pilares de la creación de un marco contextual que aliente la inversión privada y la consiguiente creación de empleo de calidad, únicos caminos para avanzar en la competitividad económica sistémica y la imprescindible cohesión social.
En nuestra concepción, el régimen político ideal es el que se sostiene en tres pilares. Un componente democrático: elecciones libres, limpias y competitivas. Una base liberal: reconocimiento de los derechos individuales y de todas las minorías. Y un elemento republicano: división e independencia de los poderes con efectiva rendición de cuentas.
En nuestro caso, debemos reconocer el evidente retroceso, en los dos últimos años, en la calidad de nuestro funcionamiento institucional.
La administración del Presidente Fernández – que cuenta con un mayor número de facultades delegadas por el Congreso que en la crisis de principios del siglo XXI, sancionadas antes de la pandemia, pasará a la historia como el titular del Ejecutivo con más números de decretos de contenido legislativo firmados en un año. La máxima concentración de poder en el Ejecutivo, que incluye avances sobre la independencia del Poder Judicial, se grafica con el dato de que son más los DNU firmados en un año que leyes sancionadas en el Congreso en el mismo período.
A tal punto estos DNU crearon un estado de excepción, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos despachó, por algunos de estos casos y por la situación de Formosa, medidas cautelares contra nuestro país. A sabiendas de que estos DNU colisionaban con derechos reconocidos en normas internacionales de Derechos Humanos de los cuales la Argentina es parte, el Gobierno no tuvo otra opción que comunicar a la Secretaría General de la ONU, la suspensión de ciertos derechos y garantías del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hasta el 31 de diciembre del año pasado.
Aunque sorprenda, es así. El gobierno suspendió un Pacto Internacional porque ha dictado DNU que no sólo son incompatibles con la división de poderes y las atribuciones que la Constitución le acuerda al Congreso, sino que, además, en muchos de ellos, se lesionan y limitan derechos y garantías de las personas.
Hay que aceptar, también, que los déficits de gobernanza de la globalización económica imponen límites a la autonomía de los estados nacionales y, en consecuencia, de las capacidades de los ciudadanos para influir de manera efectiva en el curso inmediato de los asuntos públicos de cada uno de los países.
De allí la relevancia de la acción exterior de los estados nacionales para reforzar el papel de los organismos multilaterales: incentivar la integración, aumentar el intercambio comercial y promover la vigencia de valores fundamentales.
En nuestro caso la política exterior debe pasar por una integración inteligente al mundo. Basada principalmente en la asociación regional, en la promoción de los derechos humanos sin limitaciones impuestas por la geografía o los prejuicios, en avanzar en los acuerdos Mercosur/ UE y la incorporación a la OECD dado que son palancas decisivas del progreso social y ejemplo de las mejores prácticas internacionales y que, por otro lado, están asentados en los principios democráticos y de preservación del medio ambiente.
Así, en esta hora de las coaliciones políticas, en nuestro país y en la región, y con este “bicoalicionismo imperfecto” que caracteriza el sistema político argentino, la UCR tiene un papel relevante.
La coalición que integramos, JxC, ya demostró que puede ganar, como lo hizo en tres de las cuatro elecciones nacionales en las que compitió, y alcanzar un piso de representación de alrededor del 40% de la voluntad popular.
Por ejemplo, en la última convocatoria para la renovación legislativa -donde la UCR encabezó la lista en cuatro de las seis provincias y en siete de los trece distritos donde ganó nuestra coalición, para el Senado y para la Cámara de Diputados, respectivamente- el resultado fue homogéneo en toda la geografía del país. Si esos resultados se repitieran en la próxima elección, nuestra coalición sería primera minoría en Diputados, habría paridad en el Senado y estaría a escasos tres puntos porcentuales de ganar la candidatura presidencial en primera vuelta.
Con estos últimos resultados, JxC, con el decisivo aporte de la UCR, contribuyó a la estabilización y el reequilibrio del sistema político, condición necesaria para afrontar en la Argentina los desafíos crónicos y los derivados de la pandemia.
Por si hubiera dudas sobre la pertinencia de la afirmación precedente, basta con pensar en una oposición fragmentada y dispersa frente a un oficialismo rechazado por siete de cada diez electores. Ese eventual escenario de impotencia oficialista y de irrelevante dilución opositora sería garantía de frustración y fracaso social.
Ahora bien, hay que reconocer que construir una oposición con capacidad de gobierno es más complejo que armar una propuesta exitosa en la arena electoral.
Es necesario -además de contar con presencia territorial, estructura organizativa, propuestas de campaña y candidatos atractivos- ser idóneos para formular una visión de país que exprese un modelo de sociedad deseado y una prestigiada inserción internacional, en un todo coherente con los principios fundantes de nuestra doctrina: los ideales permanentes de libertad e igualdad, pero actualizados a nuestros días.
Un primer aporte a ese desafío crucial lo constituye el trabajo de cientos de académicos, profesionales y dirigentes políticos de todo el país que formularon desde la Fundación Alem, antes de la última elección legislativa, el documento “Visión y propuestas para la Argentina” que contiene una serie de propuestas de política pública para el periodo 2021/2023.[3]
En suma, es indispensable ser competentes para ofrecer un sueño socialmente compartido de cumplimiento colectivo como el que fuimos capaces de protagonizar en el amanecer democrático, dejando atrás las más de cinco décadas de golpes, autoritarismos y proscripciones.
Ese sueño socialmente compartido requiere, en primer término, de un renovado fortalecimiento de la confianza social. Debemos ser capaces de transmitir que es factible construir una Argentina inclusiva y en condiciones de resolver los enormes desafíos que tiene por delante. Esa construcción del horizonte colectivo no puede apoyarse sólo en la voluntad. Requiere señalar con claridad el contorno de las dificultades a superar y el camino a seguir. Es el llamado a un trabajo que sabemos que es arduo, pero para el cual no existen atajos ni soluciones simples.
Este punto requiere reconocer dos dimensiones: la primera es la distancia entre los ciudadanos y las instituciones como consecuencia de las expectativas frustradas de amplios sectores sociales que se expresan en el desinterés por los asuntos públicos y la desafección política.
Pero otra distancia, no menos importante, es la que trasciende la saludable confrontación de ideas y la diferenciación política y se expresa en una tóxica polarización social que contamina la discusión pública y conduce a una enemistad cívica peligrosa para la convivencia democrática.
Esos objetivos requieren de un liderazgo político de nuevo tipo -ausente en lo que va del siglo- que con austera ejemplaridad democrática, se proponga ser custodio del interés público antes que protector de ventajas corporativas o intereses sectoriales.
Ese liderazgo político de nuevo cuño, necesario en todos los niveles de gobierno, debe entender que no hay democracia sin deliberación pública y que las reformas para ser tales deben ser duraderas y que ello exige no solo acuerdos políticos sino también consensos culturales para construir una verdad plural y compartida.
Un buen ejemplo de la extendida y peligrosa confusión entre “actuar rápido” y “llegar lejos”, en relación al cumplimiento de los objetivos, fue la designación por decreto, en los inicios del gobierno de Cambiemos, de dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Luego, finalmente, juraron tras la aprobación de sus respectivos pliegos, como corresponde, en el Senado de la Nación.
Ese enorme trabajo político exige un radicalismo comprometido en la identificación de la agenda. En la discusión de los problemas. En la claridad de los diagnósticos y las propuestas programáticas. En el planteo de los dilemas que es necesario resolver. Y en la docencia política que haga posible un nuevo gobierno que encare con éxito no solo las cuestiones estructurales pendientes sino también los desafíos de la nueva era.
Para terminar, en un presente lleno de incertidumbres sociales y, también, de miedos y angustias personales, la UCR tiene la obligación de ofrecer un horizonte de certidumbre y esperanza para superar las consecuencias de la pandemia y del desgobierno que ejerce el oficialismo nacional. En esa línea debe asumir el compromiso de competir en JxC con candidatos propios en todas las categorías y en todas las jurisdicciones, en el convencimiento de que ese es el camino para ampliar, desde la base social, la representación política de nuestra coalición.
Para ello debemos evitar caer en algunos vicios y desviaciones de la sana acción política: tenemos la obligación de desterrar el sectarismo, el dogmatismo y el individualismo, verdaderos virus que pueden contaminar la imprescindible contribución de la UCR en esta hora decisiva de nuestro vida como nación independiente.
[1] Para mayores datos se puede consultar el documento de la Fundación Alem “Pandemia en Argentina: memoria de un desgobierno” en http://fundacionalem.org.ar/actividades/126-pandemia-en-argentina-memoria-de-un-desgobierno
[2] Más datos en “Tercer triunfo”: https://www.jesusrodriguez.com.ar/tercer-triunfo/#more-3679
[3] Visión y propuestas para la Argentina. http://fundacionalem.org.ar/actividades/97-vision-y-propuestas-para-la-argentina
El auditor general de la Nación participó de un encuentro del Club Político Argentino y se refirió al rol de la oposición frente a la crisis socioeconómica actual.
El presidente de la Auditoría General de la Nación Jesús Rodríguez se refirió al rol de la oposición frente a la crisis socioeconómica actual, y señaló que se trata de un componente crucial para el funcionamiento de la democracia: “Es la oposición la que tiene el poder de mover al gobierno y a la sociedad en una dirección diferente”.
Invitado a debatir sobre “Los desafíos de la oposición” en la reunión de socios del Club Político Argentino, el dirigente radical expuso junto a Miguel Ángel Pichetto y Hernán Lombardi.
Sobre el papel de la oposición en el contexto actual, manifestó que en primer lugar se debe definir el papel opositor: “Hay que tener un diagnóstico adecuado sobre la situación en la que se encuentra el gobierno actual. Tres situaciones definitorias atraviesan su gestión: una virtual parálisis política, incertidumbre recargada y un marcado bloqueo institucional”.
En este sentido, indicó que “las razones de este estado de las cosas son por todos conocidos y van más allá de las limitaciones impuestas por la pandemia: liderazgo ejecutivo débil y legitimidad relativa, mando político bicéfalo y múltiples actores con capacidad de veto. La oposición ante este escenario debe constituirse como una fuerza política capaz de transmitir esperanza en un contexto de apatía ciudadana”.
Consultado sobre las características que debe tener la oposición en esta coyuntura sostuvo que debe construirse “una fuerza opositora diversa, donde puedan verse representados amplios sectores sociales unidos bajo valores comunes que sirvan para cohesionar”, y que “parecería evidente la necesidad de constituir reglas precisas dentro del juego opositor, evitando así, desconfianzas, malos entendidos y posibles fracturas; con los mecanismos institucionales adecuados, la amplitud de opiniones actúa como combustible en la movilización ciudadana”.
Finalmente, respecto a la crisis actual, Rodríguez expresó: “No sabemos cuándo podremos decir que la pandemia ha terminado o está bajo control a nivel local y global, pero sí sabemos que -por de pronto, en Argentina- saldremos de esta crisis más débiles que al comienzo; en virtud de ello es imperioso estructurar la coalición opositora sobre la base de cinco pilares fundamentales que sostengan la esperanza ciudadana: calidad institucional, integración al mundo, competitividad económica, cohesión social, ejemplaridad dirigencial”.
Para el dirigente, estos pilares “pueden actuar como un faro de esperanza colectiva; es la oposición quien debe -de forma inteligente y plural- marcar el camino hacia una Argentina integrada al mundo democrático, tomando como premisas fundamentales el respeto por los Derechos Humanos y la mejora continua de la calidad institucional”.
Asistieron el titular del órgano de control, Jesús Rodríguez, y los seis auditores generales. Para el próximo año se incluirán en el plan de acción auditorías relacionadas a la pandemia.
La Comisión Bicameral Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas recibió este miércoles, durante una reunión virtual, a los miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN). Durante el encuentro se acordó el pedido de auditorías relacionadas a la pandemia de Covid-19, para ser incluidas en el plan de acción del próximo año.
En su exposición, el titular de la AGN, Jesús Rodríguez, señaló que "estamos frente a un desafío extraordinario que nos impone la pandemia", a la cual el organismo le "hizo frente, a nuestro juicio, de manera satisfactoria".
"Fuimos capaces, gracias a los empleados y funcionarios, de producir cambios normativos que nos permitieron el trabajo remoto" y "avanzamos en la digitalización de los procedimientos", destacó. Además, informó que se realizaron, desde el comienzo del aislamiento obligatorio, "nueve colegios virtuales".
Por otra parte, el titular del órgano de control resaltó que "el plan de acción anual tiene temas de vanguardia" como "el control del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible", con "al menos cinco proyectos de auditoría todos los años que atiendan a ese objetivo".
También reveló que se están atendiendo "requerimientos de la sociedad civil, donde distintas organizaciones formulan propuestas que son discutidas y que finalmente son aprobadas".
Rodríguez detalló que que este año se aprobaron 75 proyectos de auditoría, mientras que el año pasado para el mismo período fueron 110.
Tras su exposición, la auditora Graciela de la Rosa enfatizó que "la cuestión de género en la AGN es fundamental, estamos haciendo auditorías de género". En ese sentido, indicó que se realizó "una global con todos los países del mundo" y "ahora está en ejecución una coordinada con varios países de Latinoamérica sobre la feminización de la pobreza".
La exsenadora agregó que "el tema de Reparación Histórica lo tenemos casi terminado" pero "todavía nos queda en estos meses el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en los períodos 2017, 2018 y 2019". "Es un tema muy importante que vamos a tratar de acelerar", dijo.
A su turno, el auditor Miguel Ángel Pichetto subrayó que "el Congreso está también con una deuda en la aprobación de las cuentas (de inversión) de 2014, 2015 y 2016". "El año pasado habíamos avanzado en la construcción de un diálogo en ambas Cámaras para la aprobación", recordó el exsenador y consideró que sería bueno tratarlas en conjunto para avanzar con este "tema pendiente".
Tomó la palabra entonces el jefe de la bancada oficialista en el Senado, José Mayans, que mencionó que la cuenta de 2014 se aprobó en el Senado, pero no en la Cámara de Diputados.
En tanto, Jesús Rodríguez repasó que las cuentas de 2015 y 2016 tienen despacho "pero no han sido considerados por ninguna de las dos Cámaras". Abogó por el próximo dictamen de la de 2017 y sostuvo que para la cuenta de 2018 "hemos solicitado un plazo de 90 días para entregarla".
Pedidos de auditoría sobre la pandemia para 2021
El presidente de la comisión, el senador chubutense Mario Pais (FdT), informó que se recibieron pedidos de auditoría -uno ingresado este mismo miércoles- que "tienen que ver con la emergencia sanitaria por Covid-19". Al recordar que en menos de un mes la AGN deberá presentar su plan anual para el próximo año, sugirió que estas auditorías se incluyan para 2021 y no se "altere" el plan de este año.
"Seguramente no va a prosperar el tema de los gastos de la pandemia en el transcurso de este año y se podrá presentar en el plan de acción para el año que viene", coincidió Pichetto.
En esta línea, el auditor consideró que "le hacemos un favor al Gobierno; porque estoy seguro que la AGN va a tener una mirada más conocedora de los mecanismos de la contratación directa, de la urgencia, de los componentes que llevan al Estado a afrontar este tipo de situaciones dramáticas y complejas".
Sobre esto, opinó que "a veces los jueces y peritos judiciales no tienen esta compresión", cuando se manda a investigar las contrataciones del Estado.
Desde la oposición, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, adelantó que por nota, y “atento a la excepcionalidad, había solicitado auditar cortes y actos y lo tomé por preocupación pública del propio presidente (Alberto) Fernández, que pidió colaboración por la pandemia para adquirir remedios, recursos y bienes; que hicieran comisiones de legisladores o que la propia AGN contribuyera y lo ayudara a controlar para que no existiesen desvíos en ese tiempo”.
El radical explicó que “con nueve leyes de emergencias aprobadas y prestos a recibir el Presupuesto para 2021 en septiembre, y según algunos hechos ocurridos que el propio Gobierno ha hecho públicos por situaciones de sobreprecios en compras, en nada obsta que la AGN pueda verificar actos administrativos por cortes, mientras tanto”.
“No se puede desconocer la excepcionalidad de un hecho inimaginable y que la temporalidad se va extendiendo por encima de las expectativas que el propio Gobierno y la sociedad argentina tenían. Sería de vital importancia y enorme contribución al Poder Ejecutivo ayudar en este proceso de transparencia y excepcionalidad que estamos viviendo”, concluyó.
"Las contrataciones de la pandemia merecen y deben ser auditadas", afirmó Pais, que manifestó se remitirán a la AGN los pedidos.
En otro orden, el senador oficialista planteó que el presupuesto que prepara la AGN y remite al Ministerio de Economía y a la comisión mixta debería ser remitido primero a la bicameral, y luego ser ésta la que lo eleve al Ministerio. "Es lo que corresponde", expresó Mayans.
Sin embargo, Jesús Rodríguez se comprometió a "abrir toda la información que sea requerida y necesaria", pero aseveró: "No podemos ahora, hoy, cambiar un procedimiento fundado en reglas, normas y leyes así en una situación imprevista".
Por eso, Pais aceptó que se continúe "respetando los usos y costumbres", pero advirtió que "en los últimos ocho años" la comisión no ha revisado ni aprobado el presupuesto, y propuso que el año que viene se evalúe esta situación.
"Comparto con usted el criterio", sostuvo el vicepresidente de la bicameral, el diputado macrista Álvaro González, que agregó le parece "mejor todavía recuperar atribuciones que son de la comisión, y no tengo duda que el colegio de auditores no tendrá ningún inconveniente en discutir con nosotros cuál es el presupuesto que necesita". "Si hay algo que no vamos a hacer es hacerle faltar recursos al organismo que controla los actos de gobierno", cerró.
El excandidato a vicepresidente asumió como auditor general en representación de Juntos por el Cambio para completar el mandato de Jesús Rodríguez.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, le tomó juramento este miércoles a Miguel Ángel Pichetto como auditor general de la Nación, en un breve acto formal realizado en el Salón de Honor.
El exsenador y excandidato a vicepresidente completará hasta 2023 el mandato del radical Jesús Rodríguez, quien asumió como titular del organismo.
La designación de Pichetto había sido aprobada en la sesión del pasado 25 de junio, donde el Frente de Todos se abstuvo y el Frente de Izquierda votó en contra.
Además de Massa, estuvieron presentes en la ceremonia el jefe de bloque Pro, Cristián Ritondo, y los diputados Álvaro González y Alberto Asseff.
Asimismo, participaron el secretario general de la Cámara, Juan Manuel Cheppi; el secretario parlamentario, Eduardo Cergnul; y Miguel Giménez, secretario gremial de la Asociación del Personal de los Organismos del Control (APOC).
La AGN está conformada por siete miembros: por el oficialismo, María Graciela de la Rosa, Francisco Javier Fernández, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada; y por la oposición, Jesús Rodríguez -titular-, Miguel Pichetto y Alejandro Nieva.
Diputados de la UCR liderados por Carla Carrizo quieren que el organismo monitoree las acciones del PEN. “Es justo en situaciones como esta donde todas las instituciones democráticas deben funcionar más y mejor”, dijeron.
Diputados de la UCR encabezados por Carla Carrizo, vicepresidenta del bloque, solicitaron que la Auditoría General de la Nación (AGN) realice los controles a la gestión pública que la Constitución Nacional le encomienda durante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.
Carrizo presentó un proyecto para que el Congreso, a través de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas y las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras, incorpore el “Programa Especial de Control Concomitante de Emergencia Sanitaria”, con el fin de que la AGN monitoree la gestión de todas las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional para frenar la propagación del Covid-19.
La legisladora pidió que también se contemple en este control el destino de los fondos de emergencia específicos y las donaciones realizadas en este contexto.
“Celebramos que el presidente Alberto Fernández acepte las renuncias de funcionaros que no cuidaron el dinero público, porque la autoridad en democracia debe enseñar; y también que haya convocado a los líderes de la oposición para evitar que se reiteren problemas de sobreprecios en la Administración Pública Nacional. Pero ese control no debe ser ad hoc -por cada problema una solución- porque en este proceso, dada la velocidad decisional que requiere la emergencia, habrá mucho más que observar que en tiempos de normalidad”, razonó Carrizo.
El pasado 18 de marzo, el radical Jesús Rodríguez asumió la presidencia de la AGN, durante una reunión del Colegio de Auditores donde se tomaron medidas de prevención especiales por el coronavirus. Los restantes auditores son Graciela De la Rosa, Francisco Javier Fernández, Juan Ignacio Forlón y Gabriel Mihura Estrada por el peronismo; y Alejandro Nieva por el radicalismo.
Para la diputada Carrizo, cercana a Martín Lousteau, “la AGN es el organismo nacional que tiene el mandato constitucional de controlar desde el Congreso Nacional, y es justo en situaciones como esta donde todas las instituciones democráticas deben funcionar más y mejor”.
“En la AGN están representados gobierno y oposición. La institución cuenta además con los recursos técnicos y económicos para hacerlo. De hecho, para este año tiene un presupuesto asignado de más de 2.500 millones de pesos. Ninguna comisión ad hoc podría hacerlo mejor. Para que así sea, necesitamos una decisión política del presidente y de los líderes de los partidos de la oposición en el Congreso”, consideró la autora del proyecto.
Finalmente, insistió en que “la emergencia es una oportunidad para que el Congreso esté a tono con lo que la ciudadanía espera: que los organismos de control funcionen en tiempo y forma en Argentina”.
El proyecto fue presentado junto a los diputados de la UCR Emiliano Yacobitti, Dolores Martínez, Alejandro Cacace, Soledad Carrizo, Brenda Austin, Federico Zamarbide, Claudia Najul y Diego Mestre.
Las presidencias de ambas cámaras convalidaron el pedido de la UCR, que prevaleció en la pulseada con el Pro sobre ese tema.
La especie circuló durante buena parte del día y recién se pudo confirmar a última hora: el dirigente radical Jesús Rodríguez será el nuevo presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN). Así lo rubricaron los presidentes de las dos cámaras, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, que oficializaron la designación a instancias del pedido formulado el viernes pasado por el radicalismo, a instancias de su presidente, el diputado nacional Alfredo Cornejo.
Fue el corolario de una soterrada disputa interna entre la UCR y el Pro, partido que a instancias de su líder, Mauricio Macri, pugnaba por la designación de Miguel Angel Pichetto. Ambos aliados afirmaban tener la mayoría de legisladores necesaria para elegir quién sería el hombre que ocuparía el cargo que alguna vez encabezó el fallecido Leandro Despouy.
Cornejo sostenía que el radicalismo cuenta con más legisladores, que es lo que en definitiva define el tema. De acuerdo con el conteo del exgobernador mendocino, el radicalismo cuenta con 60 legisladores, a razón de 46 diputados y 14 senadores, mientras que el Pro suma 59 (51 diputados y 8 senadores). Pero en el macrismo hacían otras cuentas y consideran tener más, sumando aliados.
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Ante la indefinición, Mauricio Macri mandó a la flamante presidenta del Pro, Patricia Bullrich, a sostener a Miguel Pichetto. Conforme fue creciendo la polémica, se tensaron las relaciones en Juntos por el Cambio ante las fuertes sospechas de un acuerdo del radicalismo con el kirchnerismo para bajar a Pichetto. El viernes, el mendocino se cortó solo y presentó ante las presidencias de ambas cámaras la nota proponiendo en nombre de la principal oposición a Jesús Rodríguez, quien en la actualidad es auditor de la AGN.
Ante el clima tenso que se generó en la coalición opositora, el propio Pichetto salió a cortar por lo sano aclarando que “no voy a dividir el frente opositor por un cargo”. En declaraciones a FM Milenium, el exsenador sostuvo el sábado pasado que “no voy a dividir el frente opositor por un cargo”.
Con todo, concedió que el tema “debería haberse acordado en el conjunto de los tres partidos”.
Esta vez, los radicales se salieron con la suya.
