Carolina Arricau juró como nueva diputada nacional, en reemplazo de Jimena López, quien renunció a su banca para ocupar el lugar de Diego Giuliano en el Ministerio de Transporte de la Nación. 

La salida del ministro Alexis Guerrera por motivos de salud, precipitó una serie de enroques entre el Ejecutivo y la Cámara baja, que, en definitiva, no le restaron poder al massismo. Así, la banca de la diputada del Frente Renovador Jimena López, que reemplazará al actual secretario de Transporte Diego Giuliano, será ocupada por una representante de la misma fuerza política. 

El último servicio de la diputada López fue justamente aportar para el quórum. Como despedida, Cecilia Moreau le deseó éxito mientras se alejaba de su banca.

Carolina Arricau, nacida en General Las Heras el 30 de junio de 1980, es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires recibida en el año 2004. 

Su inicio en la función pública se dio, en su ciudad, de la mano de Javier Osuna, Intendente y referente local del Frente Renovador, desempeñándose como directora Legal y Técnica y luego como secretaria de Asuntos Legales desde el 2016 hasta el 2019.  

En el año 2019, fue candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista del Frente de Todos y ocupaba el número 29 de la. En febrero de 2020 fue designada sindico de Autopistas de Buenos Aires SA. Desde 2021, se desempeña allí como Subgerente de Asuntos Legales. 

Por razones de salud deja el Ministerio de Transporte de la Nación, y en su lugar asume su segundo, Diego Giuliano. Quien reemplazaría precisamente al flamante ministro sería una mujer, actual diputada nacional.

Hablamos de Jimena López, quien tiene mandato hasta 2023 y es en el Congreso justamente vicepresidenta primera de la Comisión de Transportes.

En caso de confirmarse la asunción de Jimena López al Frente de la Secretaría de Transporte de la Nación, el mandato de López sería completado por Marina Alejandra Moretti, quien ocupaba en 2019 el vigésimo cuarto lugar de la lista del Frente de Todos. En esa oportunidad, Jimena López ocupaba el vigésimo puesto.

Nacida el 17 de octubre de 1974, Moretti tiene 48 años, nació en San Andrés de Giles e integra La Cámpora. Fue senadora provincial y actualmente es presidenta del IPS. Especialista en el tema transportes, Jimena López tuvo destacada participación en la discusión del Alcohol Cero al volante.

La Comisión de Cultura de la Cámara baja, presidida por el diputado Hernán Lombardi (Pro), se reunió este jueves para aprobar una batería de proyectos de resolución y declaración.

Entre las iniciativas se trató un beneplácito por la elección de “Ficciones”, de Jorge Luis Borges, y “Facundo o civilización y barbarie”, de Domingo Faustino Sarmiento, entre los mejores libros de la literatura universal; además de un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con el estado de conservación y mantenimiento del Palacio San José en Entre Ríos.

La reunión fue breve, ya que estaba citada la sesión especial a las 11. En el encuentro, diputado Juan Martín (UCR) abogó por una iniciativa de creación de un organismo “equivalente al de Parques Nacionales”, para la preservación del sepulcro donde exgobernadores santafesinos están sepultados. En tal sentido, la vicepresidenta Gisela Marziotta (FdT) le confirmó que será tratado en la próxima reunión de asesores.

Por otro lado, la diputada Sabrina Ajmechet (Pro) solicitó el beneplácito a un libro que recoge iniciativas y experiencias de intelectuales -“Memoria y Cultura por la Democracia en Cuba”- que “no tienen voz propia en su país”, y agregó: “Con esto quiero hacer un pedido de solidaridad democrática”.

A su turno, la diputada Jimena López (FdT) cuestionó como “un exceso” que “referentes de Juntos por el Cambio hayan avalado pedidos de informes sin haber estado presente”, en referencia al proyecto sobre “reformas edilicias en el Palacio San José por más de 200 millones de pesos”. “No lo vamos a acompañar”, avisó López.

Al tomar la palabra, el diputado Fernando Iglesias (Pro) anunció que iba a firmar en disidencia el proyecto de resolución que declara al 13 de junio como el Día del Escritor Argentino, en conmemoración del natalicio de Leopoldo Lugones. “Fue una figura siniestra de nuestra tradición, que con su obra ‘La hora de la espada’ anticipó golpes de Estado en Argentina”, apuntó.

Entre los 45 proyectos aprobados se destacaron: la declaración como Personalidad Destacada de la Cultura a la profesora de teatro Lucía Irma Lucy Melo; un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la situación de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario y el Convento de Santo Domingo; declaraciones de interés del edificio que pertenece a la sede de la Sociedad Italia en Zárate y del Ciclo de radioteatro Vargas de la Compañía teatral Libélula sur del Calafate; y la declaración de interés de la obra “Eva y las mujeres: Historia de una Irreverencia”, de Julia Rossemberg.

Además, se despacharon varias iniciativas relacionadas a la Guerra de Malvinas: beneplácito por la publicación del libro “El altar y la guerra. Los capellanes de la gesta de Malvinas”, escrito por Sebastián Sánchez, en conmemoración del 40° aniversario del conflicto bélico; la publicación del libro “Malvinas, Cuatro viajes”, escrito por Rafael Wollmann; y la muestra fotográfica “Los medios de la guerra”, inaugurada el 19 de septiembre pasado en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego.

La diputada nacional Jimena López (FdT) ponderó la media sanción que la Cámara baja le dio al proyecto de su autoría que crea un registro nacional de deudores alimentarios y expresó: “Será un gran paso”, al tiempo que explicó: “Busca limitar la vida de quien no se hace responsable de sus hijos/as”.

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la creación de un registro nacional de deudores alimentarios con 225 votos afirmativos y 1 negativo que establece que “quien figure en esta base de datos no accederá a la apertura de cuentas bancarias, otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito o débito; inscripciones en el registro de propiedad de inmuebles y de automotor, otorgamiento de pasaporte y de licencia de conducir, Concesiones o adjudicaciones de licitaciones a nivel nacional  o de jurisdicciones locales, habilitaciones de comercios, alta laboral en cualquier empleo del sector público, entre otros”.

Para la autora del proyecto: “La cobrabilidad de las cuotas alimentarias dependen de la justicia ordinaria y queda en discrecionalidad de los jueces y juezas que tardan más de 1 año para que las infancias no tengan vulnerado el derecho. Hay que cambiar el hecho de que miles de mujeres que reclaman la cuota alimentaria son también quienes deben demostrar la calidad de vida que lleva el deudor”.

“Lo que hay que traer al recinto es la inversión de la carga, tener un Estado presente en relación con las deudas alimentarias. Chile viene siendo pionero en el tema y creó la pensión alimentaria y la sancionó con la posibilidad incluso de retener los aportes jubilatorios como forma de adelanto de esa deuda alimentaria”, comparó la oficialista.

En ese sentido, remarcó que “el incumplimiento de la obligación alimentaria vulnera los derechos de las niñeces. Hay un nivel de violencia económica que se da sobre las mujeres, pero todos los proyectos que hablan sobre cuota alimentaria tienen una mirada adulto centrista y nadie habla de las consecuencias en el desarrollo de las niñeces cuando hay una ausencia de la responsabilidad parental. No pagar la cuota alimentaria es una ausencia de responsabilidad parental”.

“No podemos validar que haya varones que deciden no ejercer la responsabilidad parental. Es un delito que puede ser fraudulento –si se esconden ingresos- o doloso. Y no tiene que ver con lo mucho o poco que gane el señor. Porque hay gente que ganando muy poco igualmente paga la cuota. Tiene que ver con asumir que nuestros hijos no se alimentan del aire”, agregó.

Además, señaló que “es un hecho, por cómo funciona hoy la justicia según los miles de sentencias que dicta sobre cuota alimentaria, y entiende que la mujer tiene que sí o sí cumplir con el derecho alimentario de los hijos e hijas, mientras que el hombre puede evitarlo durante años y no tiene ningún tipo de consecuencias”.

“Creo que este Registro si bien no va a resolver la cuestión central que es la cobrabilidad de la cuota. Es un gran paso, porque busca limitar un poco la vida de quien no se hace responsable de sus hijos/as”, fundamentó la diputada.

La diputada nacional del Frente de Todos Jimena López presentó un proyecto de ley para crear un Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Hasta ahora solo existe a nivel provincial y no están conectados entre sí.

“Es inconcebible que el incumplimiento del pago de una tarjeta de crédito o de la patente de un auto genere mayores consecuencias, goce de mejores mecanismos de protección y con mayor efectividad para el cobro, que el alimento debido a un niño o niña por parte de sus progenitores”, expresó la diputada López.

“La creación de un único Registro de Deudores Alimentarios a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, proporcionará uniformidad en todo el territorio del país a los fines de compeler al cumplimiento de las obligaciones alimentarias y evitar la utilización de subterfugios para eludirlas”, fundamentó la autora del proyecto.

En el registro estará la información que deberán obligatoriamente remitirle los mediadores que actúen en todas las jurisdicciones del país en reclamos tendientes a la fijación o aumento de cuota alimentaria, e inscribir los datos de la persona obligada al pago de la prestación alimentaria. También deberá estar aquella información en la que actúe el Poder Judicial de la Nación y los poderes judiciales provinciales.

En el registro figurarán los datos correspondientes a la persona que resulte judicialmente condenada como obligada al pago de prestación alimentaria.

El Registro Nacional de Deudores Alimentarios será público y expedirá certificados con las constancias que obren en sus registros o un certificado de “libre de deuda registrada”, previo pago de las tasas correspondientes.

Los trámites ante el Registro serán gratuitos para el alimentado.

¿Cuáles son los trámites que la persona que figure en el registro como deudor alimentario no podrá realizar?

Las instituciones y organismos públicos nacionales, provinciales o municipales no darán curso a los siguientes trámites o solicitudes sin certificado de “libre de deuda registrada”:

a)    Solicitudes de apertura de cuentas bancarias y de otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito, y cualquier otro tipo de operaciones bancarias o bursátiles;

b)    Habilitaciones para la apertura de comercios y/o industrias;

c)    Concesiones, permisos y/o licitaciones;

d)    Expedición o renovación de la Licencia Nacional de Conductor;

e)    Expedición o renovación de pasaporte

El certificado de “libre de deuda registrada” se exigirá como recaudo de admisibilidad a los proveedores o contratistas de todos los organismos nacionales, provinciales, municipales o descentralizados y empresas con participación estatal.

Los registros de la propiedad inmueble, el Registro Nacional de Buques, y los Registros Seccionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios no tomarán razón en forma definitiva de ningún acto jurídico en que sea parte una persona que figure como deudor alimentario en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios.

Antes de disponer la entrega de bienes, fondos o efectos, los jueces/juezas nacionales o provinciales requerirán la exhibición del certificado de “libre de deuda registrada”.

La Dirección Nacional de Migraciones no autorizará la salida del país de personas que figuren como deudor alimentario en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios.

El Estado Nacional y las provincias solicitarán, con la periodicidad, el certificado de “libre de deuda registrada” para proceder al pago de cualquier tipo de beneficio previsional, asignación o pensión honorífica.

Las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en comandita simple o por acciones, las sociedades de economía mixta, los fideicomisos constituidos conforme a la ley 24.441, y los fondos comunes de inversión, así como los establecimientos comerciales, industriales, agropecuarios, mineros o de cualquier otro tipo, organizados en forma de empresa estable, pertenecientes a asociaciones, sociedades o empresas, solicitarán el certificado de “libre de deuda registrada” como recaudo previo al pago de dividendos, beneficios o distribución de utilidades, en dinero o en especie.

Las personas que se encuentren inscriptas no podrán solicitar la devolución de percepciones en concepto de tributos nacionales ni utilizarlas como pagos a cuenta de ningún gravamen, mientras dure esa situación.

La Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Jorge Rizzotti (UCR – Jujuy), recibió al secretario de Transporte del Consejo Federal de Transporte (COFETRA), Franco Mogetta, quien expuso y reclamó por “la falta de equidad” en la distribución de subsidios en el servicio público de pasajeros en el interior del país.

Mogetta se refirió, en primer lugar, a la urgencia de resolver el problema respecto a las medidas de fuerza que enfrenta el servicio de transporte en el interior (UTA anunció paro de 72 horas la semana entrante por falta de aprobación de paritarias acordadas), a un incremento en lo estipulado Presupuesto 2023 y a la necesidad de crear un sistema único de subsidios al transporte.

“Debemos resolver el problema de la medida de fuerza que dejará a 27 millones de personas durante tres días sin poder viajar”, señaló el funcionario, quien recordó que “para lo que resta del 2022 se acordó un incremento de fondos de 59.500 millones de pesos para solucionar este problema y solo se han recibido 36.000 millones, que son necesarios para cubrir la paritaria en cuestión”.

Además, brindó datos acerca de la situación presupuestaria y la falta de equidad: “En AMBA se subsidia el 80% de las tarifas, por lo que el boleto cuesta 25 pesos, mientras que en el interior solo se subsidia el 32%y el boleto llega a valores de 100 pesos”, explicó. A su vez informó que “el 40% de los costos del sistema de transporte es solventado por los estados municipales y provinciales”.

Por otro lado, Mogetta expuso los datos oficiales de la web del Ministerio de Transporte: “Por cada peso que se destinó al interior en subsidios durante el 2021, 3.37 fueron para el AMBA, y por habitante, cada un peso destinado al interior, correspondían 6.26 al Área Metropolitana”, indicó.

En tal sentido, el funcionario detalló que “por cada coche hay 1.425.000 pesos invertidos del Gobierno nacional y en el interior solo 272.000, lo que hace una diferencia de 5.23”. En esa línea, afirmó que “los números no mienten porque la diferencia es abismal”.

Respecto a la conformación del presupuesto, Mogetta sostuvo que en AMBA, el valor estipulado “implica un piso con actualizaciones trimestrales”, mientras que en el interior, “el valor es un techo sin ninguna actualización durante el año”. Tras esta declaración, el funcionario sentenció que “el piso para el interior en transporte debe ser de 113.000 millones de pesos”.

“Pedimos un trato igualitario. El litro de combustible estaba 95 pesos y ahora se paga por encima de los 200 pesos cuando se estipularon los valores para este 2022”, además remarcó la importancia de la creación del Sistema Único para la distribución equitativa de fondos.

El titular de la comisión Jorge Rizzotti remarcó que el proyecto presupuestario de declaración de emergencia donde se solicita un incremento para este año 2022 de 46.000 millones a 59.500.000 para los fondos del transporte del interior, tuvo dictamen, pero no ha sido tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. “Esperemos tener novedades en estos días”, señaló.

También estuvo presente el diputado nacional Ignacio García Aresca (Córdoba Federal), quien se mostró a favor de lo expuesto por el representante del COFETRA y advirtió que “la base presupuestaria debe rondar los 100.000 millones como piso, teniendo en cuenta una inflación estipulada del 60 por ciento”.

Asimismo, el legislador cordobés llevó a la reunión al secretario de Transporte de Córdoba, Marcelo Rodio, quien expuso lo mismo que Mogetta y agregó que las ciudades más perjudicadas son “Córdoba, Rosario, Santa Fe y Mar del Plata”. Además, pidió por la solución urgente del conflicto con UTA porque “quedarán 30 millones de personas sin servicio”.

Las autoridades de la comisión, Jorge Rizzotti y la vicepresidenta Jimena López (FdT – Buenos Aires) discreparon de García Aresca por la presencia del funcionario cordobés, al considerarlo como “una falta de respeto por no respetar las reglas de juego al invitar a un funcionario sin que se sepa oficialmente”. El legislador de Córdoba Federal afirmó “haber avisado”.

Respecto a la creación de un sistema único de subsidios al transporte para todo el país, los legisladores Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro), Jimena Latorre (UCR – Mendoza) y Alejandro Rodríguez (Identidad Bonaerense) coincidieron en que “es necesario sentarse a debatir para la creación del sistema único de subsidios al transporte que iguale a las demás jurisdicciones con el AMBA”.

En tal sentido, el diputado Eduardo Toniolli (FdT – Santa Fe) sostuvo que “el proyecto de reparto equitativo sería un principio de solución y además aportará transparencia en la gestión de esos fondos por cada una de las jurisdicciones”. A su vez, relató que el ministro de Economía Sergio Massa se reunió con gobernadores del Norte Grande “para formalizar un acuerdo de 85.000 que no alcanza, pero sí, es un avance”.

Así también, el diputado Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) destacó el consenso logrado entre los diputados presentes y responsabilizó a los legisladores del oficialismo y la oposición por “dejarse llevar por sus funcionarios”, a la hora de confeccionar los fondos para el interior.

En consecuencia, pidió la palabra la diputada María Luján Rey (Pro – Buenos Aires) para responderle al legislador rionegrino. “Ningún legislador de nuestro bloque votó algo que no haya sido consensuado con los demás integrantes del consejo federal. Nadie se dejó llevar por nadie”, señaló.

El diputado Jorge Romero (FdT – Corrientes) propuso realizar un plenario con la Comisión de Presupuesto y Hacienda para resolver “urgentemente” el incremento de 59.500 millones que faltan en el interior, y para tratar el incremento en más de 100.000 millones sobre el presupuesto 2023. En esa línea, Walberto Allende (FdT – San Juan) consideró “realizar una Bicameral con el Senado”.

En una breve exposición, el diputado Florencio Randazzo (Identidad Bonaerense) ratificó que “se deben establecer parámetros sobre los valores y las distancias”, y agregó que “debe haber una tarifa única en todo el país y determinar qué porcentaje va a subsidiar el estado nacional”.

El presidente del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, valoró el consenso logrado en la reunión por parte de los presentes y remarcó que “los sistemas tecnológicos que se usan en Córdoba deben continuar, como el sistema SUBE”. La diputada Latorre le respondió que en su provincia “la SUBE trajo problemas” y recordó la escasez de plásticos que transcurre actualmente.

La vicepresidenta de la comisión remarcó que, a partir del sistema SUBE, “se puede constatar la transparencia en los fondos”. Además, adhirió su posición a todas las exposiciones al relatar la situación de su provincia de origen, Neuquén, donde el valor del boleto es de 112 pesos.

En el cierre, Rizzotti remarcó lo mencionado por Toniolli “sobre el acuerdo de 85.000 millones para transporte en el interior en el Presupuesto 2023” y recordó que, el dictamen para solicitar los 59.500.000 para cubrir lo que resta del año en el interior, está siendo tratado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Para hacer frente al notable incumplimiento del pago de cuotas alimentarias en parejas separadas con hijos, se realizó en la Cámara de Diputados un “conversatorio” organizado por la diputada Jimena López, autora del proyecto de “Prestación Alimentaria Básica Parental”, y la Dirección de Igualdad.

La iniciativa de la diputada López (Frente de Todos – Buenos Aires) promueve la creación de un sistema nacional para garantizar el derecho fundamental a una prestación alimentaria básica para niñas, niños y adolescentes. Para ello crea un registro de deudores alimentarios a nivel nacional, establece que sea el empleador quien retenga la cuota alimentaria y fija un monto universal en función de la canasta básica.

El proyecto surge en respuesta a que, al separarse, muchas madres se ven impedidas de acceder a la justicia para garantizar una prestación alimentaria básica, mientras que las que llegan tienen que reclamar judicialmente durante mucho tiempo para poder fijar una cuota o lograr su actualización.

Según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), en Argentina solo 1 de cada 4 mujeres que no convive con el padre de sus hijos recibe los ingresos de la cuota alimentaria.

Desde Trenes Argentinos se sumaron a esta campaña de visibilización y en las pantallas de diferentes trenes exhiben un video con información y para concientizar sobre las implicancias en los hogares, ante incumplimientos del deber alimentario.

Durante el conversatorio realizado en el Salón Delia Parodi del Congreso Nacional, estuvieron exponiendo y participando la diputada  Mónica Macha; la titular de AySA, Malena Galmarini; Josefina Kelly, del Ministerio de la Mujer, y las organizaciones “Mamás de hogares marentales” y “Familias monomarentales Argentinas”.

La diputada López abrió el encuentro señalando que “hemos presentado este proyecto hace un año y hoy estamos tratando de movilizar el tema y visibilizarlo. De hecho, en Chile se adelantaron con esta propuesta y plantean una pensión alimentaria. Hay miles y miles de niños y niñas que se crían a cargo de una sola adulta que se ve sobre-endeudada; con dos o tres roles laborales para poder llegar a fin de mes; que termina abandonando la pelea judicial porque no la puede sostener, y que incluso para quien la sigue, muchas veces la justicia no es justa. Por eso este proyecto viene, entre otros puntos, a automatizar al menos un “piso” inmediato y eficiente, para la fijación y cobro de cuota”.

“No podemos seguir teniendo familias que pasan años para conseguir una cuota, eso es violencia”, cerró Jimena López.

La diputada Mónica Macha (FdT-Buenos Aires) expresó que “estamos llevando una batalla cultural para poder ubicar un lugar distinto para los varones. Muchos se corren de esa responsabilidad afectiva. Quienes se corren de la responsabilidad económica también se están corriendo del rol o responsabilidad emocional frente a sus hijos; y esta situación pone a la mujer en el rol de poder con todo”.

Por su parte, Josefina Kelly, del Ministerio de la Mujer, expresó que “el incumplimiento de estas corresponsabilidades claramente es violencia económica y hasta me animaría a decir que es difícil escindirla de la violencia psicológica. Porque estar detrás de insistir para poder percibir esta cuota genera mucha angustia y no es un tema personal, sale en todos los encuentros y foros que es un problema colectivo”.

Para Maru Breard, directora de Equidad de Género de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, “es importante remarcar que lo que sufren las mujeres cuando se incumple la cuota alimentaria, es violencia económica. Ninguna mujer puede salir de una situación de violencia si no sabe cómo va a llenar la heladera al día siguiente”.

Sabrina Cartabia, jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Políticas de Género de PBA, sostuvo que “es un problema que atraviesa a todas las clases sociales y a mujeres de todo el país. Frente tantos los obstáculos sistemáticos para acceder a la obligación alimentaria, se trata de un caso discriminación porque la mayoría de las que litigan alimentos son mujeres por la división del trabajo que tenemos en nuestro país”.

Laura Gomez Vizzoni, de la organización Hogares Marentales, expresó: “Venimos varias compañeras de Salta, Catamarca y también de Buenos aires, creemos que es importante que se esté visibilizando porque es violencia económica. Maternar es toda una tarea y se hace en condiciones muy desfavorables. Fundamos Hogares Marentales porque ni siquiera existía el término. Las leyes son tendenciosas e ir a denunciar a un deudor alimentario, acceder a la justicia,  es una misión imposible”.

Claudia Hasanbegovic, de  XFEM, dijo esperar que “el proyecto de Jimena López sea sancionada, sería un avance. Y quiero señalar algunos desafíos que tenemos: Debería crearse una oficina estatal encargada de llevar adelante los juicios de alimentos; No teniendo que ser las mujeres y las abogadas quienes investiguemos cuales son los ingresos de los señores. Ya sea por inasistencia alimentaria o porque estos sujetos ocultan sus bienes”.

También participaron del encuentro la directora de Género del Congreso Gisela Manero, y las dirigentes Marcela Durrieu y Virginia Franganillo, entre otras.

A un año de la presentación del proyecto de garantizar alimentos a hijos de parejas separadas, la diputada del Frente de Todos y autora del proyecto Jimena López busca visibilizar e impulsar el tema, llevando a cabo una serie de actividades. 

La iniciativa promueve la creación de un sistema nacional para garantizar el derecho fundamental a una prestación alimentaria básica para niñas, niños y adolescentes. 

Así, este martes 23, a las 19 Jimena Lopez conversará en vivo por Instagram con la periodista, escritora y activista Luciana Peker-https://www.instagram.com/mariajimenalopezok/- . 

Y el jueves 25 de agosto a las 17 se realizará un conversatorio en la Cámara de Diputados del que participarán diputadas y especialistas. 

El proyecto de ley promueve un registro de deudores alimentarios a nivel nacional, establece que sea el empleador quien retenga la cuota alimentaria y fija un monto universal en función de la canasta básica. 

La iniciativa surge en respuesta a que, al separarse, muchas madres se ven impedidas de acceder a la justicia para garantizar una prestación alimentaria básica mientras que las que llegan tienen que reclamar judicialmente durante mucho tiempo para poder fijar una cuota o lograr su actualización. 

Según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), en Argentina solo una de cada cuatro mujeres que no convive con el padre de sus hijos recibe los ingresos de la cuota alimentaria. 

El próximo 23 de agosto la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación volverá a reunirse para avanzar con la iniciativa de Alcohol Cero al volante.

Lo que se impulsa es la modificación del artículo 48 de la Ley de Tránsito N° 24449, con la finalidad de prohibir la conducción de vehículos en la vía pública con cualquier concentración de alcohol por litro de sangre, equiparando a los conductores de vehículos destinados al transporte de pasajeros y de carga al resto de los conductores.

A 25 años de la entrada en vigencia de la ley que prohíbe conducir con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre, nuevos estudios han confirmado la desactualización de esta norma y ha quedado demostrado que conducir un vehículo con una concentración de alcohol en sangre entre 0.1 y 0.5 g/l genera un riesgo 3 veces más alto que un conductor sobrio.

En la reunión realizada el 9 de agosto de la que participaron el director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano y representantes del colectivo “Madres del Dolor” coincidieron en que los datos de la realidad son concretos y es necesario poner fin a esta situación que genera entre 14 y 20 muertes diarias por siniestros viales, afectando en su mayoría a jóvenes entre 15 y 34 años de edad siendo 6 de cada diez víctimas usuarios vulnerables de la vía pública. El compromiso es con esos usuarios, las víctimas y sus familias.

La diputada nacional oficialista Jimena López -vicepresidenta de la Comisión de Transporte- señaló que “en Argentina ya son 10 las provincias y más de 20 los municipios que han prohibido la circulación en vía pública con alcohol en sangre y las estadísticas refuerzan el sentido de la modificación propuesta, puesto que ha quedado demostrado no solo la reducción de siniestros viales, sino que además se ha reducido notablemente el consumo de alcohol de los conductores”, y agregó:  “Respecto de la experiencia internacional, podemos citar a países vecinos como Brasil, Paraguay y Uruguay que ya han implementado políticas de Alcohol Cero al volante y los resultados han sido tan prometedores como los conseguidos por las provincias argentinas que lo han implementado.  Por todo ello es que vamos a insistir por la modificación de la ley de tránsito. Es imperiosa la necesidad de la prohibición de consumo de alcohol para quien conduce en la vía pública lo antes posible”.

La OMS estima que el 23,8% de los siniestros viales son  provocados por presencia de alcohol en sangre y los propios datos de consumo del alcohol en CABA (a 2010) demostraban que el  23,8% de las/los conductores que participaron en un siniestro vial tenía alcohol en sangre, y el  83% lo poseía en concentraciones entre 0,01 y 0,5.

La diputada nacional Jimena López (Frente de Todos – Buenos Aires) junto a la organización socioambiental juvenil Consciente Colectivo realizarán un plenario sobre gestión menstrual este viernes 27 de mayo a las 17 en la Sala del Anexo “C”, segundo piso de la Cámara de Diputados de la Nación.

Del evento participarán legisladores, organizaciones y diferentes especialistas en la temática y se abordará el tema con los siguientes ejes: género, social, económico, ambiental, educación y ciencia.

La diputada López es autora del proyecto “PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD A PRODUCTOS DE GESTIÓN MENSTRUAL REUTILIZABLES”, cuyo objetivo es asegurar el acceso a productos de gestión menstrual esenciales para la población sin cobertura de salud y en situación de pobreza.

También busca promover desde el Estado opciones sostenibles y respetuosas del medioambiente tales como reutilizables y garantizar el acceso a la información de manera clara, didáctica y respetuosa de las opciones de gestión menstrual.

“En Argentina, más de 12 millones de niñas, adolescentes, mujeres, varones trans y no binaries menstrúan. Existen tabúes – que reducen el tema a una cuestión íntima o vergonzosa- y obstáculos en el acceso a los productos de gestión menstrual. La menstruación entonces resulta un factor de desigualdad”, explicaron.

La Cámara baja de la Nación realizó una jornada por el Día Internacional de la Endometrosis, coorganizada por la Dirección de Igualdad de la Cámara de diputadas, la diputada del Frente de Todos Jimena López y de EndoHermanas Argentina. 

López abrió el encuentro expresando que “las mujeres y cuerpos menstruantes llegamos tardíamente a la atención en salud, es necesario que empecemos a tensionar por qué nuestras corporalidades siempre están de manera tardía en los debates tanto legislativo como de la política pública”. 

La legisladora agregó que: “Es necesario que se entienda que la menstruación no tiene que doler, y si aparecen dolores agudos hay que ir al médico. #SiDueleNoNormal. La idea es que se empiece a trabajar sobre enfermedades que padecemos las mujeres que hoy ni siquiera tenemos medidas ni estudiadas en profundidad. Tenemos el derecho al placer, al amor propio, a cuidarnos y a que nos cuiden. Hay que empezar a tensionar las políticas públicas porque no somos solo la policía de la natalidad del sistema de salud, tenemos más funciones y también más dolores”. 

López es autora de dos proyectos vinculados a la temática: uno de ley que propone que se incluya en el Programa Médico Obligatorio (PMO) la detección y tratamiento de la Endometriosis y otro que impulsa el etiquetado en los productos de menstruación y analgesia de venta libre con la inscripción #SiDueleNoEsNormal. Estos proyectos los viene trabajando con de Endohermanas que son quienes desde hace tiempo estan promoviendo la ley y la visibilidad de la enfermedad. 

La Cámara de Diputados llevará a cabo “Endometriosis en la Agenda Legislativa” el próximo 14 de marzo a las 16.30 una jornada de concientización y visibilización, impulsada por la diputada oficialista Jimena López (Buenos Aires) con la co-organización de la dirección de igualdad de la Cámara baja y de EndoHermanas Argentina.

La actividad contará con la presencia y la exposición de profesionales de la salud, entre ellos el doctor Javier Del Longo, presidente de la Sociedad Argentina de Endometriosis; Gustavo Lioy, jefe de Fertilidad Y Planificación Familiar del Servicio de Ginecología del Hospital Posadas; Nicolás Andrés Basanta, Ginecólogo, Obstetra y Docente UBA; la licenciada Romina Domenech Kinesióloga y Fisiatra (miembro de la Sociedad Argentina de Endometriosis); la doctora María Ángeles Gómez, especialista en diagnóstico por Imágenes (miembro de la Sociedad Argentina de Endometriosis); la licenciada Alejandra Salvo, Nutricionista especializada en Endometriosis; la licenciada Solange Epelman, Ginecóloga y Sexóloga (autora del libro “Todas las infancias son diferentes. Y la tuya ¿cómo es?”); la doctora Fabiana Cornejo, Psiquiatra y Especialista en Evaluación y Tratamiento del Dolor; Inés Barañao, Investigadora principal del CONICET y doctora en Ciencias Biológicas. Como invitada especial estará Josepha Coetz-Collinet (Relaciones Internacionales EndoFrance).

Cabe recordar que la diputada López presentó dos proyectos de ley en relación a dicha patología crónica: el primero la inclusión en el PMO y el segundo la exigencia de etiquetado #SiDueleNoEsNormal en productos de gestión menstrual y analgesia de venta libre.

El 14 de marzo fue declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el Día Internacional de la Endometriosis. Es por ello que el mes de marzo es conocido como el mes amarillo, color de referencia internacional establecido para visibilizar la realidad de las personas menstruantes que atraviesan esta enfermedad.

Durante ese mes, distintas organizaciones realizan acciones para dar a conocer esta enfermedad y las dificultades que tienen que atravesar quienes la padecen como así también concientizar a la población en su conjunto.

Entre las organizaciones de nuestro país se encuentra “Endohermanas Argentina – Mujeres Autoconvocadas con Endometriosis”, compuesta por un grupo de mujeres autoconvocadas, pacientes de endometriosis que desde noviembre del 2017 se manifiestan para solicitar una Ley que ampare sus derechos a una salud sexual digna e igualitaria.

La endometriosis se define como la implantación y crecimiento benigno de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina como, por ejemplo, en el pélvico y los ovarios.

En Argentina, si bien no existen datos oficiales, se estima que existen alrededor de 1.000.000 de mujeres afectadas-diagnosticadas.

Si bien es la segunda patología ginecológica más frecuente del mundo se encuentra subdiagnosticada. Ello se debe a la falta de información respecto a la enfermedad, la dificultad de detectarla en el examen pélvico, las dificultades de acceso a la salud de las mujeres con mayor vulnerabilidad y, en especial, la falsa concepción pública en relación a que el dolor en la menstruación es normal. Esta aceptación de normalidad del dolor durante la menstruación puede generar la ausencia de consulta especializada y por ello, el transcurso de varios años hasta que la endometriosis sea diagnosticada. La demora en su diagnóstico se estima en 7 u 8 años desde el inicio de los primeros síntomas.

La diputada nacional Jimena López se refirió al proyecto que busca derogar la ley que impide la reelección indefinida de intendentes en la provincia de Buenos Aires, y manifestó: “¿A quién le hace bien tener la misma figura en el ejercicio del poder? Hay que discutir los proyectos, no las personas”.  

López es del Frente Renovador que lidera Sergio Massa, impulsor de la ley que frenó la posibilidad de las reelecciones en 2016, e integra el Frente de Todos. 

En una entrevista radial, expresó: “Desde el Frente Renovador consideramos que las reelecciones impiden pensar un trasvasamiento, movilidad interna y el surgimiento de nuevos liderazgos. Más allá de que sean elegidos por un mandato popular, el mecanismo para elegir intendentes con reelección indefinida o por más de dos períodos, es una dificultad para pensar en una sucesión, en una alternancia en el poder como plantea la democracia. Y además considero que no es el momento para debatir este tema”.  

“Es complejo no dar alternancia, porque termina siendo una barrera para formar nuevos líderes, y en especial para las mujeres. La reelección indefinida complejiza el acceso de las mujeres al poder. Y por supuesto perjudica la calidad institucional de la democracia”, concluyó la legisladora. 

A cuatro años de la aprobación de la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política la Cámara de Diputados de la Nación, los ministerios del Interior y de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y EUROsociAL+ organizaron conjuntamente un seminario cuyo objetivo fue reflexionar sobre los desafíos en la construcción de una democracia paritaria en Argentina y en la región.

De la apertura del encuentro participaron, entre otras, Dora Barrancos, presidenta del Consejo Asesor del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, quien afirmó que “estamos en un cambio de época, donde los feminismos latinoamericanos están marcando rumbos fundamentales planetarios”. En ese sentido, subrayó: “La paridad sigue siendo la más importante interpelación”.

La diputada nacional Mónica Macha (FdT) y presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, sostuvo que “la paridad es un logro importante, pero se debe avanzar en una representación con mirada política transfeminista”.

Desde el Ministerio del Interior, Patricia García Blanco consideró que “la paridad es una condición instituyente para la protección de la democracia, que garantiza la igualdad y la justica, brindando una mejor distribución del poder”.

Luego, Ana Pérez Camporeale, de EUROsociAL+, ratificó que “la paridad requiere del compromiso de todos los poderes del Estado, de todos los niveles del gobierno, pero también del multilateralismo”.

Al exponer sobre los desafíos de la paridad en Argentina, la legisladora del Pro Silvia Lospennato manifestó que la ley de paridad “fue un hito gigante para las mujeres en el acceso al poder para cambiar la realidad a través de las leyes”, al tiempo que señaló que “legislar con perspectiva de género es, sobre todo, hacerlo sin la acción afirmativa”.

En tanto, Jimena López (FdT) ponderó que “para lograr una real paridad debemos tener poder desde la base, ya que más mujeres en la política, de verdad mejoran la política”. Por último, valoró que en Diputados: “Hay un recurso humano que es inconmensurable, quienes hacen un trabajo espectacular”.    

Durante la jornada, Gisela Manero, directora General de Igualdad de la Cámara de Diputados, realizó una presentación de las acciones desarrolladas por la dirección haciendo foco, principalmente, en los avances en la transversalización del enfoque de género. Asimismo, Beatriz Llanos e Izabel Belloc, expertas de EUROsociAL+, expusieron sobre el plan de acción para revertir las brechas de género en la Cámara baja.

A su vez, Catalina Cirio, subdirectora del Observatorio de Género y Equidad Parlamentaria de la Dirección General de Igualdad de la HCDN, presentó un estudio sobre la paridad en los distintos ámbitos de la Cámara de Diputados.

Cabe recordar, que el 23 de noviembre de 2017 el Congreso de la Nación aprobó la Ley Nº 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, la cual estableció como requisito que las listas que se presenten para las elecciones legislativas, como así también del Parlamento del MERCOSUR deberán “integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el primer candidato titular hasta el último candidato suplente”.

Tras el fracaso de la primera sesión de forma presencial post pandemia en la Cámara baja, ya que el Frente de Todos no obtuvo el quórum para dar tratamiento a los proyectos que estaban en agenda, la diputada nacional de ese bloque Jimena López (Buenos Aires) apuntó fuertemente contra la oposición y afirmó que “no se presentaron a tratar el proyecto de ley de etiquetado es porque respondieron al lobby que hicieron sus patrones”. También se refirió a las PASO que les permitió “hacer es una relectura de dónde estamos parados”.

“Los diputados de Juntos por el Cambio no se presentaron a tratar el proyecto de ley de etiquetado es porque respondieron al lobby que hicieron sus patrones, el comportamiento que tuvieron no fue intencional, es la regla que cumplen”, cuestionó la legisladora oficialista en diálogo por la AM650 y apuntó: “El tema de jugar con el quórum es algo con lo que juegan siempre en la Cámara y los argumentos que usan son confusos que quieren hacer creer que los proyectos que queremos tratar son proyectos que no sirven. El etiquetado fue pedido por ellos en algún momento para trabajarlo en recinto y no lo hicieron, siempre es el acto de irresponsabilidad”.

Por otro lado, habló sobre lo que dejo las PASO y aseguró que “más allá de los enojos en un Frente como el que tenemos, conviven varias expresiones y hay jefes políticos, en alguno lado no se abrió la interna es por un acuerdo de arriba. A veces más allá de lo que uno quería hay que respetar una orgánica y hay que volver a eso. No siempre nos gusta cómo quedamos en los resultados finales”.

“Lo que permitió las PASO es una relectura de dónde estamos parados y también el hecho de que el enojo de los compañeros hay que repararlo, hay que sentarse a charlar, que algunos compañeros no estén en las listas para las elecciones del 14 de noviembre no quiere decir que no puedan estar dentro del espacio político del Frente de Todos trabajando junto a quienes son candidatos”, reflexionó la diputada López y remarcó que “hay que generar las condiciones para que estén todos y hacerse cargo de los egoísmos. Estamos en plan de barajar y dar de nuevo, hay que salir a trabajar”.

En otra parte de la entrevista, explicó: “Quienes estamos en los distritos tenemos una obligación de agilizar la gestión, el Estado no puede ser tan complejo para que una persona acceda, eso se vio en la pandemia con el laburante, hay que generar las condiciones para que las personas puedan acceder fácilmente la cantidad de vueltas que se le da a una persona para que acceda a un medicamento no se puede creer”.

“Estamos en un contexto en el que los jubilados tienen cobertura del 100 por ciento de los medicamentos si están afiliados a PAMI, en el Gobierno de María Eugenia y (Mauricio) Macri era infernal la cantidad de personas que venían por una receta porque no podían pagar sus medicamentos”, finalizó la dirigente del FdT.

La diputada nacional Jimena López (Frente de Todos – Buenos Aires) presentó un proyecto de ley que busca jerarquizar el ejercicio de la profesión de licenciados y licenciadas en nutrición, promover el reempadronamiento de profesionales y crear un registro de sancionados e inhabilitados, para “contribuir al mantenimiento y mejoramiento de la salud de las personas”.

“Esta regulación establece el marco general del ejercicio de la profesión basado en los principios de integridad, ética, bioética, idoneidad, equidad, colaboración y solidaridad, aplicados a la contribución del mantenimiento y mejoramiento de la salud de las personas y de la comunidad, es decir, dar mayores certezas a los usuarios/as de los servicios de salud”, expresó López.

Entre los fundamentos, la diputada del FdT señaló que “esta es una actividad profesional en la que debemos hacer hincapié en su control, por las consecuencias que el ejercicio de un inhabilitado o sancionado podría provocar en la salud de la población y en las jurisdicciones que desconozcan dicha irregularidad”. Por este motivo, “se promueve el reempadronamiento de profesionales, para oficializar la situación del matriculado en el país y la creación de un registro de sancionados o inhabilitados a nivel nacional”.

Por un lado, la legisladora oficialista aclaró que “la creación del registro de sancionados e inhabilitados estará a cargo del Ministerio de Salud de la Nación interconectado entre todas las jurisdicciones, accesible solamente por las autoridades de aplicación, los colegios y asociaciones profesionales de cada jurisdicción, conforme lo determine la reglamentación”.

“Sin duda, que el ejercicio profesional en su reglamentación, en el control de la matrícula, y en los aspectos disciplinarios, corresponde a las provincias. Es por eso, que el proyecto deja sentado que sus normas -que no son reglamentarias- se aplican conforme a la legislación provincial vigente”, explicó López.

Con relación al reempadronamiento, detalló que “se propone que los organismos jurisdiccionales lo hagan en el plazo de sesenta (60) días de dictada la reglamentación y alcanzaría los y las que posean título o diploma de dietista, nutricionista o licenciado en nutrición y que ya estuvieran matriculados con anterioridad a la sanción de la presente ley, ante la autoridad nacional”.

“El proyecto amplía las áreas de competencia de los licenciados/as en nutrición. A saber: asesoramiento en la fabricación de alimentos, ejercicio de cargos y dirección de Servicios de Alimentación y Nutrición en instituciones de salud públicas y privadas – como empresas de catering- elaboración y evaluación de estadísticas nutricionales, intervención asistencial en catástrofes y en políticas de planificación alimentaria, etc.

En cuanto a las especialidades, la diputada nacional remarcó que “busca mayor reconocidas en su real dimensión y conforme al avance científico que han tenido y, por lo tanto, propone exigir por parte de los y las profesionales la correspondiente responsabilidad por su ejercicio”. En este sentido, “se establecen requisitos de acceso a las especialidades, debiendo quienes las ejerzan acreditar un tiempo continuo de ejercicio en su especialidad y demostrar su conocimiento con título o certificado expedido debidamente, tal como se le requiere al profesional con su título de grado. La iniciativa busca cubrir aquellos puntos ciegos en la legislación vigente la Ley 24.301 que data de 1994”.

“Conforme a las nuevas coyunturas que estamos atravesando social, política, económica y culturalmente, es menester acompañar con una legislación que responda a las necesidades que competen al campo de la salud nutricional”, señaló López y agregó que “nos encontramos frente a un cambio de paradigma de la alimentación y nutrición, que exigen abordajes e investigaciones innovadoras”.

En suma, agregó: “Una ley de ejercicio profesional que comprenda a los y las profesionales de la nutrición es regular una actividad de la medicina preventiva por excelencia que contiene al conjunto de conocimientos sobre el organismo humano en función de la alimentación”.

Por último, la dirigente oficialista precisó que “el campo de los y las nutricionistas abarca todas las áreas del conocimiento en que la alimentación y la nutrición sean necesarias, tanto para la promoción y protección de la salud, como para la prevención (primaria, secundaria y terciaria), rehabilitación y recuperación de patologías mórbidas o comórbidas en los individuos y grupos poblacionales”.

La diputada nacional Jimena López (Frente de Todos- Buenos Aires) impulsó un proyecto de ley que tiene como propósito principal que se cumpla con la cuota alimentaria a los hijos de parejas separadas porque “es una obligación” y, además, se trata de “acortar un camino que es muy largo y violento para las mamás”.

Durante una entrevista radial por Radiofónica, López aseguró que “la sentencia judicial puede estar, pero el incumplimiento también se puede dar”, ya que “nos encontramos con un montón de adultos, en general varones, que no depositan en tiempo y forma la cuota o directamente a veces ni la depositan”.

“Tiene que ver con que se pueda invertir la ‘carga de la prueba’ porque hoy en día se tiene que accionar la cuota alimentaria a nivel judicial, pagar al abogado, generar una litigiosidad. Que el incumplimiento se pueda denunciar y automáticamente puedan tener el depósito de un piso del 20 porciento del salario de la persona denunciada, esto está pensado más que nada para los que están formalizados”, explicó la legisladora y afirmó que “la idea es evitar la cuestión de meses pidiendo la cuota. Quien esta denunciado y este disconforme debe ir a la justicia a reclamar”.

A su vez, destacó que con este proyecto “tratamos de acortar un camino que es muy largo y violento para las mamás que están iniciando el tema de la cuota”, y ratificó “que se entienda que es una obligación por parte del adulto que no convive y que esta incumpliendo porque con este tema siempre hay mucho ruido”, debido a que “sigue habiendo mucho patriarcado y en principio es un derecho de los hijos”.

“Se convierte en una forma de violencia hacia las mujeres que es infernal porque terminamos reclamando un derecho que es para los hijos y el denunciado piensa que le reclamamos a título personal y se genera una tensión permanente”, manifestó la dirigente oficialista.

A su vez, contó que “en general las mujeres asalariadas no podemos acceder al patrocinio gratuito, es más complejo. Tenemos que arreglar con el abogado, tenemos que pagar las cargas”, y agregó que “en provincia de Buenos Aires si el juez o la jueza no lo determina, no se hace la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios (RDAM)”, motivo por el cual “también queremos centralizar en un registro único a nivel Nacional en donde la inscripción sea obligatoria”.

En relación a los sueldos en negro explicó que “es una discusión, en general el Código Civil prevé que puede irse sobre los ascendentes, es decir los abuelos y abuelas, aunque la jubilación sea la mínima porque entendemos que la crianza es corresponsable”.

“Todos los adultos que están alrededor de esos niños tienen responsabilidad sobre la crianza. Si el padre no tiene salario, entonces hay que buscar en los familiares quién puede hacerse responsable, pero acá se necesita criterio judicial”, señaló López y concluyó que “este proyecto es uno de los primeros, la idea es presentar otros más porque también se debe discutir qué pasa con el que no puede pagarla”.

La diputada nacional Jimena López (Frente de Todos- Buenos Aires) presentó un proyecto de ley para la implementación de lactarios en todas las dependencias u oficinas de organismos correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, que busca “no sólo asegurar el derecho del niño y niña, a ser amamantado y amamantada, ni el de las personas que puedan amamantar a hacerlo”, sino también promover “un ambiente de trabajo equitativo e igualitario”.

La iniciativa promueve “el establecimiento de un espacio limpio, cómodo y de uso exclusivo para que mujeres y/o personas que amamantan puedan extraer su leche y conservarla adecuadamente durante el horario laboral”, explica el texto y agrega que “dichos lugares deberán brindar privacidad y poseer una mesa, un sillón y una heladera para uso exclusivo de la leche materna. Además, debe contar con un lavabo cercano para facilitar la higienización de manos”.

“Los lactarios deben disponer, asimismo, con cartelería y folletería informativas sobre métodos de extracción y conservación de la leche materna, y beneficios del amamantamiento”, afirmó la legisladora y aseguró que “este proyecto de ley tiene como finalidad dar cumplimiento a lo normado en la ley 26.873 de Promoción y Concientización Pública de la Lactancia Materna y al compromiso asumido por el Estado en la Convención Sobre los Derechos de Los niños y niñas, permitiendo a las personas que puedan amamantar ejercer su derecho de alimentar a sus hijos o hijas, sin que esto afecte su desarrollo profesional y promoviendo un ambiente de trabajo equitativo e igualitario”.

A su vez, según el doctor y director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, “la lactancia es una práctica fundamental para el crecimiento saludable y el desarrollo de los niños y niñas. Es un derecho humano esencial protegido por una diversidad de instituciones a nivel mundial y nacional, incluido en manifiestos, declaraciones, resoluciones y leyes, entre otros cuerpos normativos”, porque “constituye la base de la vida, es la primera vacuna”.

esta ley no sólo busca asegurar el derecho del niño y niña, a ser amamantado y amamantada, ni el de las personas que puedan amamantar a hacerlo, sino que busca generar condiciones de igualdad de oportunidades para todas y todos”.

Para la diputada López, “esta ley no sólo busca asegurar el derecho del niño y niña, a ser amamantado y amamantada, ni el de las personas que puedan amamantar a hacerlo, sino que busca generar condiciones de igualdad de oportunidades para todas y todos”.

La diputada nacional Jimena López (Frente de Todos – Buenos Aires) presentó un proyecto de ley para garantizar alimentos a hijos e hijas de parejas separadas.

El proyecto surge en respuesta a que, al separarse, muchas madres se ven impedidas de acceder a la justicia para garantizar una prestación alimentaria básica mientras que las que llegan tienen que reclamar judicialmente durante mucho tiempo para poder fijar una cuota o lograr su actualización.

Según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), en Argentina solo una de cada cuatro mujeres que no convive con el padre de sus hijos cuenta con los ingresos de la cuota alimentaria. Esto genera que las mujeres deban hacerse cargo del 100% del costo económico que los alimentos de un niño o niña demandan, en muchos casos esto también configura violencia económica o patrimonial contra las mujeres.

Las cifras revelan, centralmente, la necesidad de regular una situación que pone en riesgo la calidad de vida de muchas niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, la iniciativa, que nace del trabajo conjunto de López con el equipo técnico del Frente Renovador sobre la temática, coordinado por Malena Galmarini, tiene como propósito asegurar el interés superior de quienes representan el futuro y más se debe proteger, garantizando el derecho alimentario a través de la creación de un Sistema Nacional de Prestación Alimentaria Básica Parental que de previsibilidad a madres y padres: una retención y transferencia inmediata a la persona a cargo de hijos e hijas de padres separados.

En esta línea, el proyecto, que ha venido sumando apoyo de distintos legisladores, busca asegurar que el sistema judicial y el Estado colaboren en el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los y las progenitores.

La diputada nacional Jimena López (Frente de Todos- Buenos Aires) presentó dos proyectos de ley sobre la endometriosis, de los cuales en uno propone que se incluya en el Programa Médico Obligatorio (PMO) la detección y tratamiento de la enfermedad, mientras que el segundo impulsa a la realización de campañas de difusión en los productos de gestión menstrual.

La primera propuesta tiene como objetivo incorporar en el PMO la detección, los métodos de diagnóstico y el tratamiento integral de la endometriosis, reconociéndose como una enfermedad ginecológica crónica no transmisible que afecta la calidad de vida de las personas que la padecen, su actividad social y sus relaciones familiares.

“La endometriosis es una enfermedad crónica, progresiva e invalidante que afecta aproximadamente a 1.000.000 de mujeres y personas menstruantes diagnosticadas en Argentina. Debido a que los síntomas son amplios y variados, no resulta fácil de diagnosticar”, argumentó la legisladora oficialista y agregó que “actualmente no se conoce ninguna forma de prevenir la endometriosis”, motivo por el cual “mejorar el conocimiento de la enfermedad y posibilitar su diagnóstico y tratamiento tempranos podría ralentizar o detener su evolución natural y reducir la carga a largo plazo de los síntomas, incluido posiblemente el riesgo de sensibilización del sistema nervioso central al dolor, como destaca la OMS”.

De aprobarse, quedarán obligados a brindar cobertura como prestación obligatoria en los términos de la presente ley las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga (Ley 26.682), el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y las entidades que brinden atención al personal de las universidades (Ley 24.741), así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados/as independientemente de la figura jurídica que posea.

“El proyecto también establece la implementación de Protocolos de Atención Primaria en los centros de salud, tanto públicos como privados, con la conformación de equipos de profesionales de distintas disciplinas, con el objetivo de lograr la detección temprana y eficaz de la enfermedad y derivar a las personas diagnosticadas a las áreas correspondientes para su tratamiento”, afirmó la diputada nacional.

A su vez, la propuesta incluye la creación del Registro Único Nacional de Endometriosis (RUNE), en función de la recolección, producción y publicación de datos y estadísticas sobre la enfermedad, en respeto al derecho a la privacidad y confidencialidad de las personas involucradas.

En esta misma línea, López también presentó un segundo proyecto de ley que tiene como propósito la realización de una campaña de prevención, difusión, sensibilización y concientización de la endometriosis, ya que “la iniciativa busca promover acciones de difusión que contribuyan a garantizar el derecho a la salud integral de las mujeres y/o personas menstruantes que padecen esta enfermedad ginecológica crónica no transmisible”.

La dirigente del FdT destacó que entre estas acciones de difusión “se encuentran los acuerdos que se impulsarán con empresas productoras y distribuidoras de productos de gestión menstrual para que incluyan información y difundan en la publicidad y promoción de sus productos a la endometriosis como enfermedad ginecológica crónica no transmisible”.

De este modo los productos de gestión menstrual entendidos como toallas higiénicas, tampones, esponjas marinas menstruales, paños absorbentes lavables, ropa interior absorbente y copas menstruales, deberán contar en su envase (recipiente, paquetes y/o envolturas) el mensaje sanitario que diga: “Si duele no es normal. Consulta a tu médica o médico”, el cual también deberá incluirse en toda forma de comunicación, recomendación o acción comercial con el fin, el efecto o el posible efecto de promover directa o indirectamente el consumo de productos de gestión menstrual.

“La campaña de difusión de este proyecto incluye la iluminación de los edificios públicos en color amarillo, conmemorando el 14 de marzo como el “Día Internacional de la Endometriosis”, concluyó la diputada nacional.

La diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires Jimena López presentó un proyecto para declarar de interés histórico, turístico y cultural el Faro de Quequén, uno de los símbolos emblemáticos de dicha ciudad, ubicada en el partido de Necochea, provincia de Buenos Aires, en ocasión de celebrarse este año el centenario de su construcción y su entrada en servicio.

El Faro de Quequén fue construido a partir de un proyecto que la División Hidrografía, Faros y Balizas presentó el 18 de setiembre de 1916. La construcción de la torre fue encomendada a la firma Dickerhoff & Widmann, a través de una licitación realizada cuatro años después, y entró en servicio el 1 de noviembre de 1921.

Su nombre deriva del río homónimo, que provendría de la voz de origen mapuche “Kem-Kem” o Quequén que significa barranca. Antiguamente al río lo llamaron Quemquén leuvú, es decir arroyo barrancoso.

“El Faro de Quequén es un símbolo emblemático de la ciudad, que posee una relevante actividad portuaria debido al funcionamiento en sus costas de uno de los puertos cerealeros más importantes del país. La actividad pesquera también sobresale en la actividad económica local”, expresó la diputada López, que agregó: “Más allá de ser parte esencial de la vida cotidiana de los quequenenses, el Faro constituye un atractivo turístico para miles de visitantes y con su mirador se pueden disfrutar las imágenes panorámicas más bellas del Quequén y Necochea”.

El Faro de Quequén también forma parte de la historia cinematográfica nacional, ya que aparece en algunas escenas de los films “La Dama y el Mar”, del director Mario Soffici, con la actuación de Zully Moreno; y “El camino de los sueños”, del director Javier Torres, entre otros.

La diputada nacional del Frente de Todos Jimena López presentó un proyecto de ley que establece un Régimen de Tarifa Inclusiva para Personas con Discapacidad con el fin de garantizar el acceso a los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas natural en red a los hogares en los que resida una persona con discapacidad sea o no titular del suministro.

Fue elaborado en conjunto la Subcomisión de Salud y Discapacidad del Enargas, integrada por asociaciones civiles e instituciones y el diputado nacional José Luis Ramón, presentado el 3 de noviembre del año 2020.

Para darle un impulso y lograr que avance, se viene difundiendo un video en las redes sociales del que participaron los actores Gustavo Garzón, Julieta Díaz, Teto Medina;  Marcela  Gómez y Leticia Escalante, de la Asociación Argentina de Electrodependientes; Silvina Santa Cruz, de la Asociación tu Aire Mi Esperanza; Ariel Camacho, de la Secretaría de Discapacidad de ATE Congreso; Milagros Pedro, Karina, Florencia, Natalia, Estefanía y María, de Fibrosis Quística Argentina.

⭕Proyecto de ley de tarifa inclusiva para personas con discapacidad#Gas#TarifaInclusivaYa pic.twitter.com/glTXV65XGB

— Jimena López (@MaJimenaLopezOk) May 30, 2021

Las empresas prestatarias no podrán cortar el suministro del servicio por falta de pago a los beneficiarios del presente Régimen. En los casos en que el servicio haya sido suspendido con anterioridad a la promulgación de la ley por falta de pago, se les reconectará automáticamente. Los costos de reconexión tendrán que ser asumidos por los prestadores. Respecto a la deuda de las facturas impagas de los beneficiarios del Régimen generada con anterioridad a la promulgación de la presente ley, se calculará a valores históricos, sin intereses ni cargos punitorios, y será abonada en planes de financiación adecuados a la capacidad de pago de los usuarios.

Actualmente el beneficio de la tarifa social de gas  por red alcanza a 100.000 usuarios por “contar con certificado de discapacidad”, criterio de inclusión establecido en la Resolución N° 28/16 del Ministerio de Energía y Minería (MINEM). Considerando que el subsidio mencionado alcanza a un millón de hogares, el colectivo de personas con discapacidad representa solamente el 10% del registro de beneficiarios.

La diputada López expresó que “entre los motivos de tan bajo alcance, nos encontramos con que solo alcanza al titular del suministro, es decir que, si un familiar directo cuenta con certificado de discapacidad, pero no es el titular del suministro, no lo recibe. Al mismo tiempo, desde enero de 2019 solamente se otorga mediante solicitud a través del portal “MI ANSES”, anteriormente se realizaba el cruce automático mediante bases de datos (SINTYS), y se redujeron los subsidios mediante  la Resolución 474/2017 del MINEM y la Resolución 14/2018 de Secretaría de Gobierno de Energía”.

#TarifaInclusivaYa

– Lograr la ampliación de derechos e inclusión de las personas con discapacidad.

– Garantiza el acceso a los servicios públicos.

– Evita cortes por faltas de pago.

– Acceso al beneficio cuando el titular sea un integrante del grupo familiar de la PCD pic.twitter.com/NBD0RzdRTb

— Jimena López (@MaJimenaLopezOk) May 30, 2021

Y agregó Lopez: “El Régimen de Tarifa Inclusiva para Personas con Discapacidad (TIPCD) tiene por objetivo mejorar los derechos actuales de las personas con discapacidad, dotándolos de previsibilidad en la facturación hogareña de los  servicios públicos  supra mencionados, a los cuales accederán a un cargo fijo y variable que son los más económicos de los usuarios residenciales.

El proyecto fue girado para su análisis a las comisiones de Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda.

La diputada nacional Jimena López (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley para la creación del Instituto Nacional del Tango con el objetivo de promover, proteger, fomentar y difundir de forma integral toda la actividad de tango en general.

La iniciativa fue elaborada y consensuada con distintas asociaciones y colectivos representantes de la danza, la música, organizadores de milongas y eventos y comunicadores y promotores de tango de todo el país.

“El Instituto Nacional del Tango tendrá como objetivo defender y difundir nuestro tango con inclusión, perspectiva de género y mirada federal, generando para ello espacios de participación en la divulgación, conocimiento y propagación de esta manifestación cultural”, expresó en los fundamentos la diputada oficialista.

La ley propuesta aplica a toda actividad de tango vinculada con su música, danza, composición, eventos, actividades vinculadas a la comunicación del tango, enseñanza y divulgación, estudios e investigaciones artísticas e históricas y a cualquier otra manifestación artística o modalidad tangible o intangible del tango existente o que se cree en el futuro.

La aplicación de la ley estará a cargo del Ministerio de Cultura de la Nación, pero el instituto, como ente público no estatal, estará conducido y administrado por un directorio, un consejo ejecutivo, un consejo federal y seis consejos regionales.

El consejo ejecutivo tendrá que gestionar, percibir y administrar el fondo de financiamiento, los ingresos que pudiera percibir por cualquier concepto y administrar los bienes del Instituto Nacional del Tango; instrumentar las convocatorias para la presentación de proyectos nacionales e internacionales y constituirse en comité evaluador de las mismas. También promover las distintas expresiones multidisciplinarias del tango en todas sus manifestaciones y todas las acciones, programas y proyectos elaborados por el consejo federal. 

Por otro lado, también tendrá la tarea de crear el Registro Nacional de los/as trabajadores/as del tango. La inscripción en el registro se efectuará por medio de una declaración jurada sobre su condición de trabajador o trabajadora del tango. Dicha inscripción será obligatoria a los efectos de obtener los beneficios que pudieran otorgarse a partir de la presente ley. Elaborar programas de formación y perfeccionamiento de los trabajadores y trabajadoras de tango en todas sus expresiones y especialidades y estimular la enseñanza y la práctica del tango en todas sus modalidades en todo el territorio nacional.

Además, se ocupará de otras tareas abocadas a promover el desarrollo del tango como industria cultural de exportación, impulsando y desarrollando todos los proyectos y acciones necesarias para instalar al tango como marca

En cuanto a los consejos regionales, pertenecerán al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), región Centro, región Cuyo, región NEA, región NOA y región Patagónica.

La diputada nacional Jimena López (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley que modifica el artículo 69 del Código Civil y Comercial de la Nación, ampliando la aplicación del justo motivo para que las personas víctimas de abuso sexual intrafamiliar y las personas travestis, transexuales y transgéneros en entornos familiares hostiles puedan realizar la modificación o supresión del/los apellido/s filiales en un trámite administrativo sin necesidad de un proceso judicial.

“El nombre y apellido constituye un derecho personal que configura un atributo de la persona”, expresó la legisladora oficialista.

En los fundamentos de la iniciativa, explicó que “la norma contenida en el artículo 69 del Código Civil y Comercial aborda la cuestión estableciendo las excepciones para los cambios de apellido, y en este orden atribuye al juez la potestad de otorgar la autorización con apego al estándar de ‘justo motivo'”.

“Es importante resaltar que un alto porcentaje de personas travestis, transexuales y transgéneros sufren expulsión de sus hogares en diferentes etapas de sus vidas, y es por esta razón que el vínculo filial queda nulo, o que en otros casos generan violencias irreparables”, resaltó.

López señaló que “hoy se continúan presentando solicitudes en todo el territorio argentino de personas que desean poder acceder a la modificación de sus apellidos por carecer de vínculos con sus familias, por el daño perpetrado por las mismas”.

“Es necesario contemplar las particularidades y obstáculos que persisten en el acceso a la justicia y a los derechos por parte de las personas travestis, transexuales y transgéneros, quienes han sido víctimas de delitos contra la integridad sexual por parte de sus progenitores y/o parientes cercanos en muchos casos que portan ese mismo apellido”, agregó la diputada, autora del proyecto que se trabajó en conjunto con el colectivo Hombres Trans argentinos.

La diputada nacional Jimena Lopez (Frente de Todos) presentó un proyecto para que se instituya el Día de la Mujer de la Armada Argentina, en la fecha del natalicio de quien fuera la Capitana de Corbeta Eliana María Krawczyk, jefa de Armas del submarino ARA San Juan y primer mujer oficiala submarinista de la República Argentina y Sudamérica, que falleció en el naufragio del buque junto a sus 43 camaradas el 15 de noviembre de 2017.

La iniciativa establece que será celebrado el 5 de marzo en todo el país, y en el transcurso de dicho mes en las escuelas se deberán dictar actividades curriculares para recordar la carrera militar de Krawczyk y la labor destacada de las mujeres en la institución.

También, en todas las dependencias de la Armada Argentina se hará un minuto de silencio en las correspondientes lecturas del orden del día, para honrar su memoria, y se incorporará en el libro de efemérides navales la fecha 5 de marzo de 1982, como natalicio de la submarinista.

El miércoles 25 de octubre de 2017, el submarino ARA San Juan zarpó desde la Base Naval, cuna del COFS “Comando de Operaciones de la Fuerza de Submarinos”, con destino a la Base Naval de Ushuaia, con el objetivo de realizar tareas de patrullaje y control del mar en la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina.

Arribó al muelle de la base naval de Ushuaia el sábado 4 de noviembre y, cuatro días más tarde, zarpó de regreso al apostadero naval Mar del Plata. Exactamente un mes después de su salida, el miércoles 15 de noviembre, el hundimiento del submarino ARA San Juan provocó la pérdida de la totalidad de la tripulación, formada por 44 oficiales y suboficiales de la Armada Argentina. Eliana María Krawczyk era la única tripulante mujer a bordo.

Al cabo de un año de búsqueda de la nave, resultaron localizados sus restos a más de novecientos metros de profundidad en el Mar Argentino, en un cañón submarino del talud continental.

En Argentina entre 1.300 y 1.400 niñas y niños menores de 15 años son diagnosticados con cáncer, lo que equivale en promedio a casi 4 casos por día. El tipo de cáncer pediátrico más frecuente es la leucemia, con un 37 por ciento de los casos, seguidos por tumores del Sistema Nervioso Central, linfomas y tumores sólidos.

El 74 por ciento fueron registrados por hospitales públicos, el 16 por ciento por centros privados y el 10 por ciento por otras fuentes (registros poblacionales, servicio de patología, certificados de defunción), según la Fundación Pediátrica Argentina (Fupea).

El Hospital “Prof. Dr Juan P. Garrahan”, el centro pediátrico más grande del país, recibe aproximadamente 500 pacientes de cáncer infantil por año y las tasas de sobrevida a los tratamientos superan el 70 por ciento, una cifra que lo iguala con los mejores centros oncológicos mundiales.

En ese sentido, la diputada nacional Jimena López presentó un proyecto de ley para crear un régimen de protección integral y establecer un marco normativo específico de acompañamiento y seguimiento de la enfermedad del cáncer en los niños, niñas y adolescentes que lo padecen.

Lopez fundamentó su proyecto señalando que “la detección temprana es esencial para hacer frente a esta enfermedad potencialmente curable, así como la asistencia integral”.

El Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer tendrá las siguientes funciones:

El Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA lleva un registro de todos los casos de cáncer pediátrico diagnosticados en el país, y deberá brindar un registro anual actualizado.

El Instituto Nacional del Cáncer extenderá una credencial denominada Certificado Unico Oncopediátrico. El otorgamiento de la credencial es gratuito.

Cobertura. El Sistema Público de Salud, las obras sociales y las entidades de medicina prepaga deben brindar una cobertura del ciento por ciento (100%) en la provisión de medicamentos específicos y no específicos (de profilaxis), estudios diagnósticos como radioterapia, quimioterapia, traslados y prácticas de atención.

Asignación económica. El Estado nacional debe otorgar una asistencia económica equivalente al monto de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad.

a) Estacionamiento prioritario en zonas reservadas y señalizadas para los vehículos que trasladen a las personas beneficiarias de la presente ley.

b) Gratuidad en la utilización del transporte público.

c) Libre tránsito y estacionamiento para los vehículos que trasladen a las personas beneficiarias de la presente ley.

d) Exención del pago de la tarifa de peaje.

e) Otorgamiento de la tarifa social de gas y luz para la unidad familiar en donde reside el niño, niña o adolescente, para la misma será necesaria la gestión por parte de los pausibles beneficiarios en cada empresa prestaría del servicio.

Vivienda. La autoridad de aplicación debe garantizar al o la paciente y su acompañante, una vivienda digna con las condiciones edilicias y de seguridad sanitarias e idóneas para construir un hábitat propicio durante el tratamiento, de acuerdo a las condiciones particulares de cada situación. Para ello debe:Licencias. Los progenitores o representantes legales que sean empleados /as públicos o privados gozarán del derecho a una licencia laboral especial remunerada de hasta 180 días al año, que les permita acompañar a los niños, niñas y adolescentes a realizarse los estudios, rehabilitaciones y tratamientos inherentes a la recuperación y mantenimiento de su estado de salud, sin que ello fuera causal de pérdida de presentismo o despido de su fuente de trabajo.

La diputada nacional del Frente de Todos Jimena López salió al cruce de las críticas de la oposición hacia el manejo de la pandemia por parte del Gobierno, señalando que durante la gestión de Cambiemos “quienes hoy se ponen a cuestionar, obstruir y hacer una fuerte campaña antivacuna, cuando estuvieron a cargo de la salud de los argentinos, fracasaron”.

La diputada sostuvo que “el ministro (Adolfo) Rubinstein dejó vencer cuatro millones de dosis de vacunas, compradas durante la gestión de Cambiemos por un costo total de 1.400 millones de pesos.”.

Del mismo modo, agregó, “la ahora voz tan crítica de Graciela Ocaña, cuando fue  ministra de Salud, y mientras estuvo a su cargo gestionar frente a la pandemia H1N1 (Gripe A) se realizaron compras directas a través del Fondo Rotatorio y sin llamados a licitación por 2.500.000 USD aproximadamente. Se adquirieron tratamientos de manera directa (oseltamivir) por 38,7 millones de USD de los cuales el 80% fueron a Roche”.

“El Banco Mundial sólo reconoció el 40% de lo previsto, debiendo redestinar los fondos restantes del crédito internacional”, agregó.

Y siguiendo con Graciela Ocaña, Latorre le endilgó no haber comprado respiradores “por decisión u omisión”, ni haber optado por “fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud. Luego fue (su sucesor, Juan) Manzur el que los compró (aproximadamente 750 unidades). Solo se apostó por el medicamento como respuesta. Tampoco vacunas, ya que en ese momento no había disponibilidad”.

Para la diputada, “no hubo tampoco, políticas activas de refuerzo o recolocación de personal sanitario. No contrataron nada que tuviera que ver con recurso humano. Terminó siendo un problema de las provincias y los municipios”.

“Vale recordar también que hubo que realizar un esfuerzo importante por recuperar la situación de disponibilidad de medicamentos en el primer nivel: las compras de Remediar estaban demoradas luego de dos años de ‘revisión’ y dudas sobre las gestiones realizadas”.

La jueza Karina Zucconi benefició con la libertad bajo fianza a Irineo Garzón, el acusado de drogar y violar a una joven venezolana de 18 años en su local del barrio de Once. Luego de la apelación de la fiscal y la actitud de los querellantes, la magistrada dispuso el procesamiento del denunciado, que seguirá en libertad.

“El riesgo procesal y el peligro de fuga no son elementos suficientes para analizar situaciones concretas de abusos sexuales ultrajantes y sistemáticos”, expresó en ese marco la diputada nacional Jimena López. Y agregó que “los tribunales con perspectiva de género han tomado como herramienta de análisis perspectivas concretas y valoraciones correctas de las pruebas para considerar la libertad ambulatoria”.

“En ello, el riesgo debe considerar una noción más amplia que incluye la vida de las mujeres”, agregó.

La diputada del Frente de Todos sostuvo que “la lucha de los movimientos feministas en nuestro país ha generado múltiples conquistas en el aspecto normativo, en las políticas públicas y económicas y en el escenario sociocultural. El Poder Judicial no se encuentra apartado en sus funciones de este proceso y, aun ateniéndose a lo que netamente se espera de tal institución, bregar por el cumplimiento de las leyes incluye la finalidad de proteger eficazmente a las mujeres contra la violencia de género”.

“Esto no solo está reconocido por normativa internacional y la propia Constitución Nacional, sino que leyes como la Ley Micaela obligan la judicatura, incluido jueces, abogados, fiscales y defensores públicos a conocer los derechos de las mujeres y las obligaciones del Estado”, agregó.

La diputada Jimena López puntualizó que “independientemente de la carrera profesional y recorrido académico de jueces y juezas reconocidas a lo largo del país, una capacitación con perspectiva de género implica no solo un aprendizaje de las normas, sino el reconocimiento de la existencia de discriminación contra la mujer y las afectaciones que generan en éstas las ideas y valoraciones estereotipadas en lo que respecta al alcance y contenido de los derechos humanos”.

“El riesgo procesal y el peligro de fuga no son elementos suficientes para analizar situaciones concretas de abusos sexuales ultrajantes y sistemáticos, los tribunales con perspectiva de género han tomado como herramienta de análisis perspectivas concretas y valoraciones correctas de las pruebas para considerar la libertad ambulatoria; en ello el riesgo debe considerar una noción más amplia que incluye la vida de las mujeres”, concluyó López.

La diputada nacional Jimena López (Frente de Todos-Buenos Aires) presentó un proyecto de ley para crear un régimen de protección integral y establecer un marco normativo específico de acompañamiento y seguimiento de niños, niñas y adolescentes que padecen cáncer.

“La detección temprana es esencial para hacer frente a esta enfermedad potencialmente curable, así como la asistencia integral”, fundamentó López.

Según precisó, en Argentina entre 1.300 y 1.400 niñas y niños menores de 15 años son diagnosticados con cáncer, lo que equivale en promedio a casi cuatro casos por día.

El tipo de cáncer pediátrico más frecuente es la leucemia, con un 37% de los casos, seguidos por tumores del Sistema Nervioso Central, linfomas y tumores sólidos.

El Hospital Garrahan recibe aproximadamente 500 pacientes de cáncer infantil por año y las tasas de sobrevida a los tratamientos superan el 70%, una cifra que lo iguala con los mejores centros oncológicos mundiales.

El proyecto presentado por López propone, en primer lugar, crear el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA), que llevará un registro de todos los casos de cáncer pediátrico diagnosticados en el país, y deberá brindar un registro anual actualizado.

El Instituto Nacional del Cáncer, a su vez, extenderá una credencial gratuita denominada “Certificado Único Oncopediátrico”.

La iniciativa establece que el sistema público de salud, las obras sociales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar una cobertura del 100% en la provisión de medicamentos específicos y no específicos (de profilaxis), estudios diagnósticos como radioterapia, quimioterapia, traslados y prácticas de atención.

Además, el Estado nacional deberá otorgar a los beneficiarios una asistencia económica equivalente al monto de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad.

Otros beneficios que otorga el proyecto son la gratuidad en la utilización del transporte público, el libre tránsito y estacionamiento, y la exención del pago de la tarifa de peaje.

Por otra parte, se deberá garantizar al paciente y su acompañante una vivienda digna con las condiciones edilicias y de seguridad sanitarias e idóneas para construir un hábitat propicio durante el tratamiento, de acuerdo a las condiciones particulares de cada situación.

Por último, el proyecto indica que los progenitores o representantes legales que sean empleados públicos o privados gozarán del derecho a una licencia laboral especial remunerada de hasta 180 días al año, que les permita acompañar a los niños en los distintos tratamientos.

La diputada nacional del Frente de Todos por Buenos Aires Jimena López aseguró que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “confunde el diálogo con la necesidad del Gobierno nacional de organizar y definir prioridades en función de las necesidades de  todos los argentinos”.

En un comunicado, López destacó que 19 gobernadores apoyaron la medida del presidente Alberto Fernández y sostuvo: “El federalismo no es una opción para consensuar. Nuestro país ya es federal. Los recursos no son ilimitados y deben articularse en función de las diferentes prioridades y urgencias”.

“Larreta dice que la decisión que tomó el Gobierno nacional es inconstitucional. Pero no le pareció inconstitucional cuando por ser de su partido, (Mauricio) Macri le otorgó recursos adicionales con un decreto. Habla de diálogo pero dijo que lleva el tema a la Corte Suprema de la Nación”, lamentó.

López advirtió que “la Policía de la Ciudad gana el doble que la Policía de la provincia de Buenos Aires” y este último distrito “tiene millones de habitantes por arriba de la población porteña”.

“Larreta cuestiona la decisión de redireccionar fondos porque se tomó en medio de la pandemia. ¿Ni con una crisis sanitaria mundial como la actual, Larreta comprende las razones por las que se tomó esta medida?”, se preguntó la legisladora oficialista.

Además, dijo que “antes de la crisis sanitaria ya se había planteado el tema, pero tras seis meses esto se volvió imperativo”, y sin embargo el jefe de Gobierno, “en lugar de dialogar, exagera y actúa como si esto fuera sorpresa”.

“Es justo ahora cuando se necesita el diálogo, pero Larreta elige judicializar porque se le quita un 1% para asistir a la Policía bonaerense. La inseguridad es un tema central, y también el ordenamiento urbano en medio de esta pandemia”, finalizó López.

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, presidida por Pablo Yedlin, puso en agenda por primera vez el tema de la menstruación desde una perspectiva de género y como un factor de desigualdad económica y social.

Yedlin expresó que el objetivo de la reunión informativa, de la que participaron tres especialistas, fue plantear “una mirada de género” acerca de la menstruación como generadora de “una pobreza diferencial”.

La diputada Jimena López (Frente de Todos), autora de un proyecto para crear un “programa de accesibilidad a productos de gestión menstrual reutilizables”, sostuvo que la problemática “tiene que estar en la agenda pública”.

“Iniciamos un proceso de sensibilización que tiene que ver con un aspecto diferencial de los cuerpos menstruales. No somos solo las mujeres las que menstruamos, pero sí quienes estamos atravesadas por esta realidad. Y hay una diferencia en cuanto a la accesibilidad a información y a los productos”, describió.

La legisladora informó que en Argentina el 58% de los hogares tiene a una persona en edad menstruante, y el 64% de las personas menstruantes no puede pagar los suministros de la higiene menstrual.

López recordó que los proyectos presentados sobre reducción del IVA a los productos de gestión menstrual nunca avanzaron en el Congreso, y además “no está pensado como un temario dentro de la Educación Sexual Integral (ESI)”.

Eugenia Tarzibachi -psicóloga, doctora en Ciencias Sociales, y autora del libro Cosa de mujeres: menstruación, género y poder– enfatizó que “la menstruación como factor de desigualdad social y de género no es un tema menor” y es “una de las tantas deudas pendientes que tenemos con las mujeres”.

Tarzibachi aseguró que la menstruación es “no solo un hecho biológico sino también cultural”, y explicó sus estudios sobre la transición de productos reusables y caseros a productos descartables y manufacturados, como toallitas y tampones, hasta llegar a la copa menstrual.

“Al ocultarse más efectivamente el sangrado menstrual a través del uso de tecnologías más eficientes bajo el discurso de la liberación femenina, el tabú de la menstruación quedó mejor oculto, operando desde las sombras”, analizó.

Además de la problemática sobre el costo del acceso a los productos, Tarzibachi advirtió que “se educa muy poco sobre la menstruación” y además “no hay datos sobre a qué edad las mujeres argentinas tienen su primera menstruación”.

Por su parte, la ginecóloga y sexóloga Florencia Salort se refirió a una encuesta de la que participaron 5.000 mujeres de entre 15 y 50 años, donde la mitad confesó “no tener idea” sobre el tema cuando registraron la primera menstruación, y que además recibieron tratos denigrantes.

“Muchas mujeres se criaron con mucho miedo a que ‘eso no es normal’, al olor que podían provocar o a las manchas”, relató, y agregó: “Venimos de una desinformación total y absoluta”.

Salort, que cuenta con 112.000 seguidores en Instagram (@flordegineco), destacó que “las redes sociales son un gran espacio de educación” para las jóvenes.

En tanto, la comunicadora, científica y coordinadora de “Menstruacción”, Agostina Mileo, explicó que esa campaña nació en 2017 en el contexto del primer paro internacional de mujeres, y que busca “visibilizar que la menstruación es también un factor de desigualdad y proponer acciones para transformar la realidad”.

Mileo enumeró tres reclamos: la eliminación del IVA de los productos de gestión menstrual; la provisión gratuita en escuelas, universidades, comedores, cárceles, espacios comunitarios y refugios para personas en situación de calle; y la investigación y acceso a la información para promover políticas públicas.

Además de López, presentaron proyectos sobre el tema las diputadas Camila Crescimbeni (Pro) y Laura Russo (Frente de Todos), entre otras.

La diputada nacional Jimena López presentó un proyecto de resolución proponiendo que la Cámara de Diputados de la Nación reconozca al Equipo Argentino de Antropología Forense, en su “incansable búsqueda para Argentina y toda América Latina de la Memoria, la Verdad y la Justicia”. 

“Recuperar los cuerpos de nuestrxs desaparecidas y desaparecidos se convirtió primero en la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, luego de las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes llevan adelante la búsqueda de los nietos y nietas apropiadas durante este nefasto momento”, expresó la legisladora al respecto. 

El trabajo que el Equipo Argentino de Antropología Forense lleva desde hace 36 años apoyando esa lucha y también en la palpitación de luchas similares en otros países de Latinoamérica, “es un compromiso de construcción de nuestra historia, de valoración de la verdad, de respeto por la identidad y convicción de que la memoria que es constitutiva de la justicia”, fundamentó la diputada López. 

La iniciativa presentada también lleva la firma de los diputados: Cristina Álvarez Rodríguez, Mónica Macha, Cecilia Moreau, María Rosa Martínez, Verónica Cáliva, Mayda Cresto, Claudia Ormaechea, Claudia Bernazza Romina Uhrig, Mónica Mounier y Marisa Uceda. 

El Equipo Argentino de Antropología Forense es una institución científica, no gubernamental sin fines de lucro, que nació en el año 1984, por iniciativa de las organizaciones de derechos humanos luego de las desapariciones de la última dictadura militar cuando la CONADEP y Abuelas de Plaza de Mayo solicitaron la asistencia de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS) de EE.UU. En la delegación estaba el doctor Clyde Snow, uno de los más destacados antropólogos forenses del mundo. El Dr. Snow recurrió a arqueólogos, antropólogos y médicos para comenzar las exhumaciones y el análisis de los restos óseos con una metodología científica, dando origen a esta institución que es hoy orgullo nacional. 

Desde entonces vienen realizando un prestigioso trabajo por la Memoria, la Verdad y la Justicia en Argentina, América Latina y otros países del mundo. Este año fue postulado como candidato para el Premio Nobel de la Paz por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). 

En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres se presentó un proyecto de ley de la diputada nacional por el Frente de Todos Jimena López proponiendo que se exceptúe a los productos de higiene menstrual de la aplicación del impuesto al valor agregado.

Específicamente pide Incorporar al artículo 7 de la Ley 23.349 los productos de gestión menstrual tales como: toallas higiénica descartables y reutilizables, tampones, esponjas marinas menstruales, paños absorbentes lavables, ropa interior absorbente, copas menstruales y todo otro producto de contención que sea considerado apto para su utilización durante la menstruación.

“La menstruación implica un impacto económico por el valor de los productos de gestión menstrual. El costo anual en productos de higiene femenina puede llegar a $3,646 en toallitas y $4.022 en tampones si tenemos en cuenta 13 ciclos por año y el uso de 22 productos por ciclo”, expresó la diputada.

En los fundamentos se explica que “no se trata sólo de un gasto de género, sino que además ahonda desigualdades económicas”. Según estadísticas oficiales, las mujeres en la Argentina ganan en promedio 27% menos que los hombres y tienen un mayor grado de precarización laboral. Siete de cada diez personas en situación de pobreza son mujeres (INDEC), por lo que comprar toallitas o tampones implica un costo demasiado elevado para sus escasos ingresos.

La legisladora remarcó además que, Kenia abrió el camino en 2004 con la exención y asentó las bases para que luego Irlanda, Canadá, nueve estados de EE. UU. (Connecticut, Florida, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, New York y Pennsylvania), la ciudad de Chicago y las Islas Canarias realicen una quita total del impuesto a estos artículos. En Europa, Francia e Inglaterra mantienen un impuesto del 5,5% y el 5%, respectivamente, el mínimo permitido (según la normativa europea estos productos pueden tener tipo reducido siempre que no sea inferior al 5%).

En lo que respecta a Latinoamérica, Colombia es el único que realizó la quita del IVA con la intervención de la Corte Constitucional que eliminó el gravamen por considerar que era discriminatorio para las mujeres.

El caso más actual registrado en el mundo es el del Parlamento de Escocia que aprobó en febrero del 2020 una ley para la distribución gratuita de productos para la menstruación para todas las mujeres del país, convirtiéndose así en el primer país en tomar esa medida y poniendo a disposición los productos en farmacias, centros educativos y clubes.

“Frente a algunas declaraciones públicas de unos poquitos diputados de la oposición (pero ruidosos y además vecinos del propio Congreso, ya que viven en Capital Federal), es muy importante que, en esta situación de crisis sanitaria y económica mundial, no alentemos el caos”, expresó Jimena Lopez diputada del Frente de Todos.

“Los diputados pueden circular y concurrir al Congreso, de acuerdo con excepciones dispuestas por decreto 297/20 del Poder Ejecutivo. La resolución 615/20 firmada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, da licencia excepcional a todos los agentes de la Cámara de Diputados, con excepción de diputados nacionales y autoridades superiores”, sostiene la diputada.

López sostuvo que “Massa y las autoridades del bloque Frente de Todos trabajan diariamente en el Congreso. De hecho en estos momentos, Massa ultima detalles para poner en marcha el sistema para sesionar de manera remota en Diputados, asegurando garantías de seguridad y tecnológicas”.

“Para hablar, hay que tener fundamentos. Es evidente que el funcionamiento es diferente al habitual y estamos adecuándonos a las circunstancias, Pero hubo 14 trámites parlamentarios desde que se ordenó el aislamiento obligatorio y un total de 487 proyectos de ley, de resolución y de declaración presentados desde que se ordenó la cuarentena”, expresó la diputada del Frene de Todos.

Luego reivindicó que “como nunca, en un mes, 17 ministros y funcionarios dieron informes de gestión ante los diputados sobre las acciones que están desarrollando en sus áreas frente a la pandemia. Una cantidad inédita”.

En ese marco sostuvo que “nunca sucedió que los diputados tengan en el transcurso de menos de un mes un informe de todas las carteras del Ejecutivo, y mucho menos en momentos de crisis como estos”, y agregó: “Hubo tres reuniones de autoridades de Cámara y autoridades de los bloques.

Tras ello, López la emprendió contra quienes sostienen lo contrario: “Antes que salir a Twitter o romper la cuarentena para hablar pavadas en televisión, mejor es ponerse a trabajar y promover la armonía para poder entre todos construir la mejor salida posible”.

Y a continuación, a través de un comunicado detalló cómo funcionan otros parlamentos en el mundo en la actualidad.

– Parlamento Europeo: sigue funcionando a distancia. En el recinto se presenta un número simbólico de eurodiputados y el resto vota por correo electrónico. Cada eurodiputado recibe en su correo electrónico un certificado de voto, que debe imprimir, rellenar a mano y escanear, para posteriormente remitírselo a la secretaría general del Parlamento, que realiza el recuento.

– Chile: Los diputados y senadores chilenos aprobaron un proyecto de reforma constitucional que autoriza al Congreso Nacional a sesionar por medios telemáticos ante circunstancias de cuarentena sanitaria o un estado de excepción por calamidad pública.

– En parlamentos europeos, como España, Italia y Francia, se trabaja con un número reducido de parlamentarios en forma presencial (representativos de cada fuerza política) y el resto participa en forma telemática.

La diputada Jimena López concluyó afirmando que “la democracia no es solo la libertad de decir lo que se piensa, es también un trabajo colectivo de construcción de soluciones frente a los problemas que se presentan para que los sufrimientos colectivos puedan superarse”.