El diputado nacional Jorge Araujo Hernández presentó un proyecto de resolución para exigir que la Secretaría de Energía informe detalles sobre el traspaso de áreas hidrocarburíferas Lago Fuego y Los Chorrillos de YPF a la firma Terra Ignis Energía SA.

Según explicó el fueguino Terra Ignis Energía es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria creada por la provincia de Tierra del Fuego mediante la Ley Provincial 1.423, con el objeto de intervenir en actividades vinculadas a la exploración, explotación, transporte y comercialización de hidrocarburos, así como en otros proyectos energéticos estratégicos.

En tal sentido, remarcó que “la Provincia mantiene el control accionario de la empresa, concebida como una herramienta de gestión destinada a promover la participación pública en el aprovechamiento y desarrollo de los recursos energéticos provinciales”.

Entre varios puntos, Araujo Hernández busca saber, por medio de pedido de informes, si las áreas transferidas conservaban valor económico relevante al momento de la cesión, cuáles eran las expectativas de producción futura y cuál es la relación entre los activos recibidos y las obligaciones económicas y ambientales eventualmente asociadas a ellos.

Mientras la media sanción a la modificación del Régimen de Zona Fría se congela en el Senado, el diputado fueguino Jorge Araujo Hernández presentó un proyecto de ley para establecer un n régimen de promoción y sostenimiento de los clubes deportivos y sociales sin fines de lucro ubicados en zonas frías. La propuesta abarca a todas las asociaciones civiles sin fines de lucro, principalmente a las que están en la Patagonia.

La iniciativa establece la creación del Programa de Adecuación y Eficiencia Energética para Clubes y tiene como objetivo la promoción de la reducción del consumo, la mejora en la infraestructura energética y la incorporación de tecnologías sustentables. También crea el Certificado de Crédito Fiscal para el Desarrollo Deportivo en Zonas Frías, destinado a estimular la participación del sector privado.

En los fundamentos, el integrante de Unión por la Patria sostuvo que, si se sancionan los cambios al Régimen de Zona Fría, se generará “un impacto directo en la estructura de costos de las instituciones comunitarias”. También alertó que “la progresiva reducción de subsidios y el consecuente incremento de tarifas proyectan un escenario de creciente presión económica que amenaza la sostenibilidad de estas entidades, muchas de las cuales ya operan en condiciones de alta vulnerabilidad financiera”.

Araujo Hernández es secretario en Deportes y vocal en Energía y Combustibles.

A partir de esto, la propuesta presentada y con giro a las comisiones de Deportes, Energía y Combustibles, y Presupuesto y Hacienda crea un beneficio tarifario condicionado en los servicios de gas natural y energía eléctrica. El mismo estará identificado en bonificaciones parciales sobre los consumos facturados y se otorgará en la medida en que las entidades acrediten la implementación de acciones de optimización energética.

Otro de los ítems mencionado por el proyecto de ley son las fuentes de financiación. Araujo Hernández propone que el Ejecutivo reasigne partidas correspondientes a gastos no prioritarios de la Administración Pública, en particular aquellos vinculados a funcionamiento administrativo; un cupo fiscal anual limitado para los beneficios impositivos; aportes del sector privado; esquemas de financiamiento mixto basados en ahorro energético; y convenios provinciales y municipales.

“Este enfoque no solo busca aliviar la situación económica de las instituciones, sino transformar de manera estructural sus condiciones de funcionamiento, reduciendo costos de manera permanente y promoviendo mejoras en infraestructura sin exigir esfuerzos financieros iniciales por parte de los clubes”, reiteró el diputado nacional de Unión por la Patria.

Los diputados nacionales por Tierra del Fuego Carolina Yutrovic, Jorge Araujo Hernández y Andrea Freites presentaron un proyecto de resolución en la Cámara baja para repudiar las declaraciones del candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza Miguel Rodríguez. El dirigente fueguino se expresó públicamente a favor de la presencia militar permanente de Estados Unidos en la Base Naval Integrada de Ushuaia, durante una entrevista en el programa “Buenas Tardes China”, emitido el 30 de septiembre.

El proyecto advierte sobre la gravedad de estas declaraciones, en un contexto marcado por versiones periodísticas que vinculan la reciente visita del presidente Javier Milei a Estados Unidos con negociaciones que incluirían la instalación de tropas norteamericanas en territorio fueguino como parte de un acuerdo financiero con el Tesoro estadounidense.

“Una vez más la población de nuestra provincia se ve amenazada por las tratativas que realiza el Gobierno Nacional, pretendiendo nuevamente instalar tropas extranjeras en territorio nacional”, señala el texto, que recuerda que la aceptación de fuerzas militares de una potencia extranjera —aliada del Reino Unido, ocupante ilegal de las Islas Malvinas— constituye una violación directa a la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional.

Los diputados fueguinos remarcan que Tierra del Fuego no es una provincia más, sino un enclave estratégico para la soberanía argentina en el Atlántico Sur, la proyección antártica y la defensa de los recursos naturales. “Su cercanía con las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur impone una política clara, firme y coherente de resguardo de nuestra soberanía, libre de injerencias militares extranjeras de cualquier tipo”, sostienen.

El proyecto también critica la postura del candidato Rodríguez, quien justificó su apoyo a la presencia militar estadounidense por su alineamiento con las políticas del gobierno nacional. “Estas declaraciones no sólo desconocen el carácter estratégico y soberano del territorio fueguino, sino que evidencian una profunda desconexión con los intereses, la historia y la voluntad del pueblo de Tierra del Fuego”, afirman los legisladores.

Finalmente, los autores del proyecto solicitan el acompañamiento de sus pares de otras provincias, en defensa de la soberanía nacional y el respeto por la integridad territorial argentina.

El diputado nacional Jorge Neri Araujo Hernández, representante del bloque Unión por la Patria, presentó un proyecto de resolución ante la Cámara de Diputados de la Nación para crear una comisión investigadora en el ámbito de la Comisión Permanente de Acción Social y Salud Pública.

El objetivo es determinar las responsabilidades de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en la distribución de fentanilo contaminado, un hecho que, según registros preliminares, causó la muerte de al menos 68 personas en distintas provincias argentinas.

El proyecto, que busca esclarecer las fallas en los controles sanitarios, propone evaluar la actuación de la ANMAT en la supervisión de los laboratorios productores, analizar el circuito de distribución del medicamento en hospitales y clínicas, y verificar si se cumplieron los protocolos de control de calidad y seguridad. Además, se plantea determinar el número exacto de víctimas y establecer la relación causal entre el fentanilo contaminado y los fallecimientos.

La iniciativa establece que la comisión estará integrada por dos representantes de cada bloque o interbloque de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, quienes elegirán a sus autoridades y dictarán su propio reglamento, con aplicación supletoria del Reglamento Interno de la Cámara.

Para sesionar, se requerirá la mayoría de los miembros, aunque podrá funcionar con un tercio de ellos tras media hora de espera. La comisión tendrá un plazo de tres meses para presentar un informe final con conclusiones y recomendaciones, que será publicado en el Boletín Oficial del Congreso Nacional.

En los fundamentos del proyecto, Araujo Hernández destaca la gravedad de la crisis desatada por la distribución de fentanilo contaminado, un analgésico opioide de uso hospitalario que requiere estrictos controles debido a su alto riesgo toxicológico. “La sospecha de que el medicamento contaminado logró ingresar y distribuirse en hospitales y clínicas sin detección oportuna exige una investigación exhaustiva”, sostiene el diputado.

El texto también subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sanitario para prevenir futuros episodios y restituir la confianza en el sistema de salud.

El proyecto propone cinco objetivos clave: evaluar la supervisión de la ANMAT, analizar la trazabilidad del medicamento, verificar el cumplimiento de protocolos de calidad, cuantificar las víctimas y proponer medidas normativas para evitar nuevos casos. “Este hecho ha conmovido profundamente a la sociedad argentina y constituye una grave crisis de salud pública con implicancias sanitarias, legales y políticas”, señala el diputado en los fundamentos.

La creación de esta comisión investigadora busca no solo esclarecer las responsabilidades en este caso particular, sino también garantizar que las autoridades regulatorias cumplan eficazmente sus funciones, protegiendo el derecho a la salud consagrado en la Constitución Nacional.

Araujo Hernández solicita a sus pares la aprobación del proyecto, considerándolo un paso esencial para garantizar la seguridad sanitaria y la transparencia institucional en el país.

El diputado nacional Jorge “Koky” Araujo Hernández (UP – Tierra del Fuego) rechazó el DNU 70/23 al calificarlo como “inconstitucional por donde se lo mire” y alertó que “si pasa va a provocar un daño irreparable a la democracia y a la división de poderes”, por lo que reclamó al Congreso su urgente tratamiento para intentar construir una mayoría parlamentaria para derogarlo en ambas cámaras.

“Desde el bloque presentamos un documento a los gobernadores patagónicos, en el que solicitamos al gobierno que los debates y discusiones entre Nación y Provincias se den a través de los órganos institucionales consagrados en la Constitución Nacional, incluyendo al Congreso Nacional por supuesto”, contó el fueguino.

En tanto, Araujo Hernández acusó al gobierno nacional de recurrir “sistemáticamente a prácticas extorsivas”, por lo que señaló que “hoy no hay diálogo político, lo vemos en la Cámara de Diputados. Solo vemos extorsiones en todos los niveles”.

En esa línea, recordó que este jueves se reunió la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para tratar el mega DNU 70/23 de desregulación de la economía y cuestionó que “de todos los funcionarios del gobierno invitados para explicarlo, no se presentó ninguno; no dio la cara ni el ministro de Economía, Luis Caputo, ni el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, ni ningún otro funcionario del Gobierno nacional convocado”.

“La falta de diálogo el gobierno la reemplaza con presiones mediante la no transferencia de recursos a las provincias, socavando el federalismo. Así vemos como avanzan en la suspensión de la obra pública, la retención de los fondos fiduciarios o fondos específicos creados por leyes específicas, como en Fondo de Incentivo Docente (FONID), las trasferencias al transporte, las reformas tarifarias, los recortes a la ciencia, la intención de privatizar empresas públicas, la modificación de leyes socioambientales, la ley de Bosques, entre otras”, manifestó.

Para el diputado opositor “en el DNU están justificadas todas estas medidas que atentan contra las actividades económicas que sustentan el desarrollo de las provincias patagónicas, como ser nuestra promoción industrial por la vía de la apertura indiscriminada de importaciones, la pesca y la explotación de hidrocarburos”.

Con respecto a los hidrocarburos, indicó que “el gobierno viene utilizando políticamente YPF para cerrar negocios con empresas extranjeras para beneficiarlos con retirar la empresa nacional de áreas emblemáticas en la producción de recursos convencionales, como por ejemplo, en la Cuenca del Golfo San Jorge que cubre porciones de Chubut y Santa Cruz”.

“El derecho constitucional argentino, en lo que respecta al formato de estado federal, se apoya en que las provincias son preexistentes a la Nación”, recordó y resaltó que “el gobierno debe respetar los recursos y los fondos que le corresponden por derecho a los territorios provinciales que hayan surgidos de acuerdos o leyes específicas”.

El legislador de UP explicó que “la Nación tiene sentido jurídico como sumatoria de las provincias que la componen”, y, en ese sentido, señaló que “no puede un gobierno de turno eliminar transferencias creadas en fondos específicos que se recaudan por medio de impuestos cobrados a todos los argentinos con destino a las provincias y retenerlos en su tesorería. Es literalmente un robo. No lo seria, a los sumos, si al menos eliminara los impuestos que todos los argentinos pagan para que existan estos fondos”.

“En nuestro documento también solicitamos a nuestros gobernadores patagónicos que consideren cómo la situación económica creada por este gobierno afecta negativamente la ocupación turística que cayó sensiblemente en los últimos meses, tanto en turismo nacional como internacional”, comentó.

Por último, el diputado Koky Araujo dijo que “creemos que el gobierno nacional tiene una actitud pusilánime y mendicante respecto al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Queremos ver mayor determinación en el gobierno nacional en la defensa y el sostenimiento del reclamo de soberanía sobre las Islas, tanto en el discurso como en los hechos”.