El diputado Jorge Araujo presentó dos proyectos para reconocer a la provincia como unidad insular y archipelágica y actualizar el régimen hidrocarburífero. Apuntan a impulsar un nuevo modelo de desarrollo basado en recursos estratégicos y fortalecer la soberanía.
Ingresó al Congreso una iniciativa de fuerte impacto geopolítico y económico. En rigor son dos proyectos de ley impulsados por el diputado nacional Jorge Araujo que proponen redefinir el estatus jurídico de Tierra del Fuego y adecuar el marco legal para la explotación de recursos en el Atlántico Sur. Las propuestas buscan, según su impulsor, sentar las bases de una nueva etapa de desarrollo para la provincia más austral del país.
Los expedientes, ya ingresados en la Cámara baja, plantean por un lado el reconocimiento de Tierra del Fuego como una unidad geográfica y jurídica de carácter insular y archipelágico, y por otro una reformulación del régimen hidrocarburífero para contemplar su particular configuración marítima. El objetivo central pasa por actualizar un marco normativo considerado desfasado frente a los desafíos actuales y potenciar el rol estratégico de la provincia.
En el entorno del legislador sostienen que el esquema productivo fueguino, históricamente sostenido por el régimen de promoción industrial, enfrenta signos de agotamiento en un contexto de cambios económicos, pérdida de competitividad y tensiones sobre el empleo. Frente a ese escenario, las iniciativas buscan diversificar la matriz y orientarla hacia el aprovechamiento de recursos naturales, en especial aquellos vinculados al mar.
Uno de los ejes principales propone reconocer formalmente la condición archipelágica de la provincia, integrando no solo sus territorios emergidos sino también los espacios marítimos que los conectan. De avanzar esta definición, se otorgaría mayor coherencia jurídica a la relación entre islas, mar y plataforma continental, en línea con criterios del derecho internacional.
Ese reconocimiento permitiría además fortalecer el principio constitucional que establece que las provincias son titulares de los recursos naturales en su territorio. Aplicado a este caso, implicaría consolidar la participación de Tierra del Fuego en la administración y explotación de recursos en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, incluso en su extensión hasta las 350 millas marinas.
El segundo proyecto complementa esa visión al introducir cambios en la legislación hidrocarburífera para adaptarla a las particularidades del sur argentino. La propuesta apunta a reconocer explícitamente la jurisdicción provincial sobre los recursos offshore en los espacios marítimos adyacentes, con el objetivo de dar mayor previsibilidad normativa e incentivar inversiones en uno de los sectores de mayor proyección.
El trasfondo económico no es menor. Según datos que maneja el autor de la iniciativa, actividades como los hidrocarburos y la pesca tienen un peso decisivo en la generación de divisas de la provincia, lo que refuerza la centralidad del enfoque marítimo para su futuro productivo. Proyectos energéticos en desarrollo, como los vinculados a la Cuenca Austral, también alimentan las expectativas sobre el potencial del offshore.
Más allá de lo económico, los proyectos incorporan una dimensión estratégica. La redefinición del estatus fueguino se vincula con la intención de fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur, consolidar derechos sobre áreas en disputa y potenciar el rol de la provincia como plataforma logística y científica, particularmente en relación con la Antártida.
En ese sentido, las propuestas incluyen entre sus objetivos reforzar la soberanía en espacios marítimos y territorios insulares, mejorar la participación provincial en decisiones de alcance nacional e internacional y posicionar a Tierra del Fuego como un nodo clave en la proyección regional del país y del Mercosur hacia el sur.
Además, se busca ordenar el régimen legal vigente para dotar de mayor claridad y estabilidad a la planificación estatal en materia de recursos estratégicos, política marítima y explotación energética. La intención es generar condiciones más previsibles tanto para el sector público como para eventuales inversiones privadas.
Desde el entorno del diputado Araujo remarcan que las iniciativas no alteran las competencias del Estado nacional ni contradicen el derecho internacional, sino que se encuadran en una interpretación moderna del federalismo, compatible con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
La iniciativa del diputado Jorge Araujo busca modificar la Ley de Provincialización de Tierra del Fuego. De aprobarse, la provincia tendría derechos originarios sobre el lecho y subsuelo marino, aguas interiores conforme los límites exteriores de la plataforma continental argentina.
El diputado nacional Jorge “Koky” Araujo (UP) presentó un proyecto para modificar La Ley N.º 23.775 que establece la provincialización de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y propone que se incorpore el principio de “provincia archipelágica” según el artículo 46 A) de la “Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar” (Parte IV Estados Archipelágicos)”.
Además, fundamenta que la ley de provincialización no refleja lo prescripto por la Ley 27.757 que definió la nueva demarcación del límite exterior de la plataforma argentina tras la aprobación por parte de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas.
De aprobarse la Ley, la provincia archipelágica de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur tendría derechos originarios sobre el lecho y subsuelo marino, así como sus aguas interiores conforme los límites exteriores de la plataforma continental argentina definido en la Ley 27.757 y fundamentó: “Esto significa una ampliación del 35% del lecho y subsuelo marinos que se encuentran bajo la soberanía argentina”.
Según el diputado: “La decisión de modificar el artículo 2° de la Ley 23.775 responde a la necesidad de reconocer la soberanía sobre los espacios interiores dentro de los límites del archipiélago. Si bien la soberanía nacional, la capacidad de firmar tratados internacionales con potencias extranjeras y la facultad de ejercer las relaciones exteriores son del Estado Nacional, la provincia debe necesariamente participar en la discusión y negociación para la explotación de sus recursos naturales dentro de sus particulares límites como archipiélago ya que son parte integral del territorio provincial”.
“En nuestra Carta Magna se reconoce a las provincias por imperio del federalismo argentino su preexistencia jurídica. De esa interpretación surgió el artículo 124º de la Constitución Nacional que dispone que las provincias tengan dominio originario de los recursos existentes en su territorio”, argumentó.
Entre los fundamentos del proyecto se detalla que “la Ley N.º 23.775, sancionada el 26 de abril de 1990, estableció la provincialización del que fuera Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Posteriormente, mediante el Decreto PEN N.º 905/1990 se observan los límites definidos en la ley de provincialización, argumentando que éstos requieren de mayores precisiones para adecuarlo al orden jurídico vigente.
En tal sentido en PEN vetó el segundo párrafo del artículo 1º de la ley de provincialización el cual quedó formalmente sin límites definidos. Años más tarde, mediante lo dispuesto por Ley N.º 26.552 del año 2009, se incorpora un segundo párrafo con una demarcación del territorio provincial más definida. No obstante, esa demarcación no hace mención alguna a las características territoriales de la provincia que, por sus condiciones geográficas, es una provincia archipelágica”.
Según los fundamentos del proyecto “nuestra provincia como estado originario, tiene derecho pleno a ejercer decisiones autónomas sobre su territorio que le permitan la creación de regiones para su desarrollo económico y social y, en consecuencia, establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines incluyendo celebrar convenios de orden nacional e internacional en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación”.
Se trata del fueguino Jorge Araujo quien fue anfitrión del encuentro y afirmó: “Es para promover el intercambio cultural entre Argentina y Paraguay y fortalecer las relaciones bilaterales y enriquecer las culturas de ambos países”.
El diputado nacional Jorge “Koky” Araujo (UP – Tierra del Fuego) fue anfitrión del evento “Arte y Cultura de Paraguay en el Palacio Barolo - Buenos Aires” y presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para declararlo de interés cultural.
Por el lado de Argentina, el evento estuvo a cargo de la Dirección General de Ceremonial Bomberil de la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Justo José de Urquiza de la Provincia de Entre Ríos, con despacho descentralizado en el Monumento Histórico Nacional Palacio Barolo, cuyo máximo responsable es Monseñor Adrián Guedes Domínguez de Alzaga, y por Paraguay la embajadora de la Cultura Argentino - Guaraní, Alda Cardozo.
Además, participaron funcionarios y legisladores de ambos países. La delegación del Paraguay estuvo compuesta por la senadora Lilian Graciela Samaniego González, y por Argentina Arauho, quien integra el Grupo Parlamentario de Amistad con Paraguay, y el diputado del Parlasur por Tierra del Fuego Alejandro Deanes, entre otros.

El Palacio Barolo es un ícono arquitectónico y cultural de Buenos Aires que fue inaugurado en 1923. Este edificio no solo es una joya del patrimonio arquitectónico, sino también un espacio donde se celebran eventos culturales de gran importancia.
En el evento se presentó la actuación del elenco artístico Tetágua Kyre'y, el Grupo Nativas Internacional y el Grupo de Teatro, Madre Tierra. También se entregaron reconocimientos a Nicolás Latourrette, Margarita Franco, David Galeano, Nelly Martínez, Juan Aveiro, Lidia Giménez, Arturo Gómez Zayas, Julia Resquin, entre otros. Todos ellos máximos exponentes del arte y la cultura Guaraní, así como a Rodolfo Serafini, Osvaldo Paredes, al elenco Artístico Tetágua Kyre'y, Liza Godoy Verán, José Giménez y el elenco de Teatro.
Este evento fue declarado de interés cultural por la Secretaría Ejecutiva de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), dependiente de la Presidencia de la República del Paraguay, mediante la Resolución SNC N° 394/2024. Mismo proyecto que el fueguino presentó.
Al respecto, Araujo comentó: “La realización de ‘Arte y Cultura de Paraguay en el Palacio Barolo’ fue un evento de suma importancia para promover el intercambio cultural entre Argentina y Paraguay. La presentación del grupo de Teatro Madre Tierra y folclóricos que nos visitaron, nos conmovieron hasta las lágrimas”, y remarcó: “Estos intercambios son fundamentales para fortalecer las relaciones bilaterales y enriquecer las culturas de ambos países”.

El diputado de UP explicó que el proyecto, por su parte, también brinda una plataforma para que los artistas paraguayos muestren su talento y creatividad en un escenario internacional y argumentó: “La cultura es un vehículo para la educación y la transformación social. Al exponer a los ciudadanos de Buenos Aires a la cultura paraguaya, se promueve una educación más integral y se contribuye a la formación de una sociedad más inclusiva y consciente de la diversidad. Este evento también puede inspirar a nuevas generaciones a valorar y preservar su patrimonio cultural”.
“En el contexto de la integración regional del Mercosur, eventos de estas características son de suma importancia. Refuerzan los lazos de hermandad y cooperación entre los países miembros, promoviendo una identidad regional compartida. La cultura es uno de los pilares sobre los cuales se construyen las relaciones más sólidas y duraderas entre naciones”, cerró.
