El diputado nacional Jorge Eduardo Chica presentó un proyecto de resolución para que la Cámara de Diputados exprese su “más enérgico repudio y profunda preocupación” por la decisión del Estado argentino de votar en contra de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reconoce a la trata transatlántica de personas esclavizadas y a la esclavitud racializada de africanos como el crimen más grave contra la humanidad.

La iniciativa parlamentaria solicita, además, que el Poder Ejecutivo revise su posicionamiento en materia de política exterior y reafirme el compromiso histórico de la Argentina con la defensa de los derechos humanos, la memoria histórica, la igualdad y la no discriminación.

Según se detalla en los fundamentos del proyecto, la resolución cuestionada fue impulsada por una amplia coalición de más de 60 países de África, el Caribe y América Latina, con el liderazgo de la República de Ghana, y obtuvo un respaldo contundente en la Asamblea General: 123 votos afirmativos, 52 abstenciones y solo tres votos negativos, entre los que se contaron Argentina, Estados Unidos e Israel.

Chica subraya que el texto aprobado por la ONU tiene una trascendencia histórica, ya que reconoce que el sistema de trata transatlántica de personas esclavizadas constituyó un régimen de explotación sin precedentes, extendido durante más de cuatro siglos, basado en la cosificación absoluta de millones de seres humanos, considerados legalmente como propiedad hereditaria y perpetua.

El documento internacional también remarca que ese sistema de esclavización se sostuvo sobre estructuras jurídicas, económicas y sociales fundadas en la jerarquización racial, cuyas consecuencias —advierte el diputado— siguen manifestándose hoy en múltiples formas de desigualdad y discriminación estructural a escala global.

Además, la resolución de la ONU no se limita a un gesto simbólico: reafirma principios centrales del derecho internacional de los derechos humanos, como la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, y llama a los Estados a avanzar en procesos de reparación. Entre ellos se incluyen el reconocimiento histórico, las disculpas oficiales, la restitución de bienes culturales y el diseño de políticas públicas orientadas a combatir el racismo estructural.

El proyecto de Chica también pone el foco en el impacto diferenciado que la esclavitud tuvo sobre las mujeres y niñas africanas, víctimas no solo de explotación laboral, sino también de violencia sexual sistemática y prácticas de reproducción forzada, cuyas consecuencias se proyectan hasta la actualidad. Asimismo, destaca la importancia de fortalecer las políticas educativas vinculadas a la memoria histórica como herramienta clave para prevenir la repetición de prácticas de dominación y discriminación.

En ese contexto, el legislador considera “especialmente preocupante” que la Argentina haya adoptado una posición aislada y en disonancia con el amplio consenso internacional, lo que —según advierte— implica un alejamiento de los principios que históricamente guiaron la política exterior argentina en materia de derechos humanos.

El texto recuerda que el país ha sido reconocido a nivel internacional por su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, y por su protagonismo en la construcción de estándares internacionales en derechos humanos. Por eso, señala que esta votación genera una legítima preocupación sobre el rumbo de la política exterior y su coherencia con esos valores.

Finalmente, Chica enmarca este episodio en una serie de decisiones recientes en foros internacionales en las que la Argentina habría optado por apartarse de consensos mayoritarios en temas sensibles vinculados a igualdad y no discriminación, y sostiene que el Congreso no puede permanecer en silencio frente a una decisión que, a su entender, contradice la tradición democrática y los principios constitucionales del país.