El escritor analiza el escenario con el que se encontrará el partido centenario ante la posibilidad de que el Pro arme un interbloque con el oficialismo.
Los avances en las negociaciones para que el Pro y la Libertad Avanza se fusionen en una alianza para gobernar la Argentina es casi un hecho y lo que falta para terminar de cerrarla es una cumbre en la que Mauricio Macri y Javier Milei le den la puntada final de los alcances de ese acuerdo.
Se habla como un paso prácticamente casi dado de una alianza parlamentaria en donde los bloques tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores articulen las estrategias a seguir en el Congreso Nacional y sumar de esta forma volumen político en el ámbito legislativo.
Lo que aún falta saber es si esta nueva alianza política implicaría la incorporación de nuevos funcionarios provenientes de las filas del PRO al gobierno nacional tal como ya sucedió con la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich pero esta vez como consecuencia de un acuerdo global entre los partidos y no por la decisión unipersonal de eventuales nuevos funcionarios del Pro que se quieran sumar al gabinete nacional.
En este contexto, ya es un hecho que la alianza que fuera creada en 2015 y que hasta el año pasado integraban un mismo frente electoral entre el PRO, la UCR, el Peronismo Federal y la Coalición Cívica bajo la denominación de Juntos por el cambio esta fracturada y prácticamente herida de muerte.
Pero habiendo definido el Pro su nuevo rumbo, aún falta saber qué hará el centenario partido fundado por Alem e Yrigoyen que hoy se encuentra dividido entre aquellos radicales que están decididos a dialogar con el nuevo gobierno y llegar a acuerdos básicos con algunas de las propuestas impulsada por los libertarios. Y quienes consideran, por el contrario, que la Unión Cívica Radical tiene que cumplir un rol más claro de oposición.
Sin dudas, que estamos frente a una oportunidad para que el radicalismo recupere su identidad y cumpla un verdadero y activo rol de oposición a las políticas que nada tienen que ver con el ideario de la UCR poniendo un freno a la liberalización y dolarización de la economía, al ajuste sobre la clase trabajadora, los jubilados y la clase media, la ola privatizadora y la tendencia autoritaria que surge de la impronta gubernamental.
Por Jorge Cuello. El docente le atribuyó responsabilidades al ser humano y al cambio climático.
El 2 de febrero ha sido instaurado por las Naciones Unidas como el día Mundial de los Humedales con el objetivo de concientizar a la humanidad acerca de la importancia que tienen estos ecosistemas para la protección de la naturaleza y la supervivencia de la especie humana.
En esta fecha resulta fundamental que exijamos desde la ciudadanía y desde diferentes movimientos políticos, sociales y ambientales que el Congreso Nacional Argentino apruebe un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección de los humedales.
Porque no podemos seguir esperando más tiempo para regular un recurso estratégico como el agua.
Máxime en un contexto donde es evidente su importancia en un momento en donde la sequía está haciendo estragos en nuestro sistema productivo y económico y donde la fragilidad a la que están expuestos estos ecosistemas los pone en jaque mate muchas veces por diferentes razones.
Por un lado, por las acciones productivas que desarrolla el ser humano y que muchas veces impactan de manera directa sobre nuestras cuencas hídricas.
Y por el otro, porque es indudable que el cambio climático está alterando el ciclo hidrológico y ello genera enormes consecuencias negativas muchas veces imposible de revertir.
Esta situación conspira contra la posibilidad de que las comunidades puedan hacer un uso racional de los servicios ecosistémicos que brindan los humedales.
Y además conspira contra la posibilidad de que se puedan utilizar con fines recreativos por las comunidades aledañas como así también por los turistas que llegan a las ciudades donde se encuentran ubicados estos reservorios de agua dulce que en el caso argentino llegan a cubrir casi un 20% de todo nuestro territorio nacional.
Los tiempos de la política y los intereses económicos que muchas veces defienden nuestros representantes del pueblo impiden que se adopten medidas serias de protección de los humedales y retrasaron durante más de 10 años la sanción de una ley nacional para su protección la cual resulta fundamental y absolutamente necesaria para garantizar la existencia y conservación de estas fuentes de vida.
Por Jorge Cuello. El abogado y docente de la facultad de Derecho de la UBA recuerda que la Constitución ordena al Congreso a tomar medidas para garantizar el respeto a la identidad indígena y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.
El artículo 75 ubicado en el capítulo IV de la segunda parte de la Constitución Nacional está dedicado a establecer las atribuciones del Congreso de la Nación. Y es en cierto modo un programa de acción positiva que debe realizar el Congreso de la Nación para garantizar a través de la sanción de normas las bases de la organización nacional y el reconocimiento de los principios, garantías y derechos reconocidos en la Constitución Nacional.
El artículo 75, inc. 17 establece como una de las atribuciones del Congreso Nacional, la de dictar normas que favorezcan el reconocimiento cultural y de derechos de los indígenas como una forma más y especifica de preservar el patrimonio cultural, en este caso, de las comunidades y antepasados de los pueblos originarios.
En el marco de estas responsabilidades, el articulo 75 inc. 17, incorporado tras la reforma de 1994, establece que le corresponde a Congreso Nacional “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”. Es decir, la Constitución reconoce que antes de la llegada de los colonizadores españoles y europeos a estas tierras existían otras culturas y sociedades humanas que entendían y se organizaban bajo formas distintas a la de los nuevos colonos. Y ello exigía el reconocimiento en la Constitución Nacional de la pluralidad para una coexistencia pacífica entre las distintas culturas.
La Constitución Nacional le manda al Congreso a tomar medidas para garantizar “el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural”. Es decir, los planes de estudio deben garantizar el respeto a la identidad, a su cultura y a una educación bilingüe.
“En la provincia de Formosa vive una gran cantidad de comunidades aborígenes provenientes de las etnias Wichi, Toba y Pilagas. La tasa de natalidad en la provincia es de 1.000 niños indígenas por año. Para garantizar la educación en estas comunidades en la actualidad hay 342 escuelas para aborígenes y cursan en ellas unos 17 mil niños y jóvenes indígenas.
Conforme el artículo 75, inc. 17 de la Constitución Nacional, el Congreso debe reconocer “la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”.
Teniendo en cuenta las tradiciones de las comunidades indígenas en torno al modo de entender al mundo y sus propias miradas sobre las relaciones con la naturaleza el Congreso debe “asegurar la participación de las comunidades indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”.
El último párrafo del Artículo 75, inc. 17, establece que “las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”. Es decir, faculta a las jurisdicciones provinciales a que contribuyan con su accionar a promover y garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas argentinos reconocidos en la Constitución Nacional.
Siendo Formosa una de las primeras provincias en dictar una ley de protección aborigen (Ley Provincial Nº 426) ha sido además pionera en el reconocimiento de los agentes sanitarios indígenas, en el fomento y promoción de las artesanías etnográficas, en la entrega de tierras a sus legítimos propietarios con títulos comunitarios e individuales, intransferibles e inembargables llegando el 98,8% de la población aborigen a tener su propia tierra mensurada y con títulos de propiedad.
Es importante señalar en este punto de análisis referido a las responsabilidades del Congreso de la Nación en materia de la cuestión aborigen que antes de la reforma constitucional de 1994 se había iniciado un proceso de avance en materia de normativización del reconocimiento de los Derechos Indígenas. Primero a través de reformas constitucionales y la sanción de leyes específicas en las provincias (Ley Nº 426 de Formosa; Ley Nº 6373 de Salta y la ley 2287 de Río Negro).
En el ámbito nacional en 1985 el Congreso sanciono la ley 23.302 sobre política indígena y apoyo a las comunidades y en 1992 aprobó la Ley Nº 24.071 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Como hemos visto en el párrafo anterior, antes de la reforma constitucional existía un amplio abanico de normas provinciales y nacionales en la Argentina pero la incorporación del artículo 75, inc, 17 permitió otorgarle rango constitucional a los derechos de los indígenas y generar el efecto cascada en las normas provinciales ya que con posterioridad a la reforma de la Constitución Nacional de 1994 muchas constituciones provinciales fueron reformadas y se introdujeron en su texto normas que prescriben y reconocen derechos a estas comunidades aborígenes.
Tal es el caso de las reformas constitucionales de las provincias de Buenos Aires, Chubut, el Chaco, La Pampa, Neuquén y Salta. Y además, muchas otras normas provinciales que fueron aprobadas con posterioridad a la reforma como es el caso de la ley 3258 del Chaco; la 2435 de Misiones, luego derogada y reemplazada por la 2727; la 3657 de Chubut y la 11078 de Santa Fe.
Por Jorge Cuello. Una visión sobre la llegada de galenos desde la isla que está generando cierta polémica en nuestro medio.
Se viene planteando en los debates en los medios de comunicación y en las redes sociales la oportunidad y conveniencia de que un contingente de médicos y técnicos cubanos pueda participar, mientras dure la emergencia sanitaria en nuestro país, en la prestación de servicios de salud en diferentes hospitales públicos de nuestro país y en particular en la provincia de Buenos Aires.
Entre los argumentos en contra de esta posibilidad, se sostiene que deberían revalidar sus títulos antes de ingresar al país, que nuestro país tiene miles de médicos bien formados, que a los médicos cubanos no le permitieron el ingreso a Uruguay, que parte de sus ingresos van a parar a las arcas del estado cubano y que los recursos que se van a destinar a pagar los servicios de este contingente medico deberían destinarse a comprar insumos o repatriar a los más de 100 médicos argentinos que están varados en diferentes países del mundo.
En primer lugar, es necesario aclarar que el Decreto 260/2020 que fue firmado por el presidente Alberto Fernández el día 12 de marzo de 2020 donde se prorroga la emergencia sanitaria en la Argentina a raíz del coronavirus, se faculta al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación, y en el marco de la emergencia declarada, a “autorizar, en forma excepcional y temporaria, la contratación y el ejercicio de profesionales y técnicos de salud titulados en el extranjero, cuyo título no esté revalidado o habilitado en la República Argentina”.
En segundo lugar, nadie discute la cantidad de médicos bien formados que tiene nuestro país, entre otras cosas, gracias al sistema público universitario que permite que miles de jóvenes en la Argentina estudien diferentes carreras asociadas a la gestión de la salud en forma gratuita. Pero la realidad, es que ante un eventual pico de contagios y personas que tengan que ser asistidas en los hospitales públicos, sobre todo en el ámbito del gran Buenos Aires, va a resultar necesario reforzar la cantidad de los recursos humanos para afrontar la emergencia.
En tercer lugar, creo que el hecho de que los médicos o técnicos de salud que vienen a nuestro país sean cubanos, hace ruido en muchas personas tal vez por el solo hecho de provenir de un país comunista, desvalorizando incluso su formación profesional. Me da la sensación que sí vinieran de EEUU, el principal centro político, económico y financiero del capitalismo global, los países que antes rechazaron la asistencia sanitaria no lo hubieran hecho y muchos argentinos estarían orgullosos de recibir a esos médicos del país del norte aun sin revalidación de sus títulos.
Estuve en Cuba en el 2009 y tuve un problema de salud que fue resuelto en un hospital de La Habana con una atención increíble por parte de los profesionales que me atendieron en esa oportunidad. Según dicen, en la isla caribeña, se encuentra uno de los sistemas de salud más importantes y de calidad de la región y el acceso igualitario a toda la población es una de las características que lo diferencia de países como EEUU donde millones de ciudadanos están privados de acceder al sistema de salud por no tener dinero, aun hoy frente a la emergencia que azota a ese país.
En cuarto lugar, se sostiene que el estado argentino deberá pagar por los servicios prestados y que el estado cubano percibirá parte de esos ingresos. Por un lado, no está mal que estos trabajadores de la salud cobren una remuneración por la tarea realizada como lo haría cualquier trabajador por las horas dedicadas a una determinada actividad más aun cuando previamente invirtieron muchos años en el proceso de formación profesional.
Y por el otro, así como la Argentina cobra impuestos a las exportaciones de materias primas, bienes o servicios para generar divisas porque sería incorrecto que parte de los ingresos de estos médicos vayan a parar a las arcas del estado cubano. Este país caribeño, tras el bloqueo económico impuesto por EEUU desde hace más de 50 años, decidió entre otras cosas como una de sus políticas de desarrollo nacional junto al turismo, exportar conocimientos a través de los servicios de salud que prestan a otros países y a las personas que visitan la isla para recibir tratamientos médicos de excelencia. Qué bueno sería que en la Argentina hubiera un plan de desarrollo nacional para exportar conocimientos y generar divisas a través de la labor de sus profesionales, científicos e investigadores.
En quinto lugar, el motivo por el cual otros países como Uruguay no aceptaron la colaboración cubana, tal vez obedezca a razones políticas influenciadas por la necesidad de congraciarse con el país de norte que como ya dijimos mantiene un bloqueo desde hace años sobre Cuba. Este rechazo de colaboración humanitaria también existió en el 2005 cuando Fidel Castro le ofreció ayuda a George W. Bush para enfrentar los desastres en medio de las consecuencias producidas por el huracán Katrina. Y ahora sus aliados, tras el viraje político en nuestro vecino país con el triunfo de la derecha, actúan de la misma manera y se colocan más cerca del calor de los EEUU que de cualquier proyecto integracionista latinoamericano.
Por último, nadie niega la necesidad de que deberían ser repatriados los médicos que están en el exterior, pero el problema es que no están en un solo país y la logística para poder hacerlo de manera inmediata sería muy compleja a diferencia de chartear un solo avión desde la isla. Y tampoco se niega la necesidad de destinar recursos económicos para poder importar o producir en nuestro país los insumos médicos necesarios para enfrentar la crisis sanitaria, en todo caso, esta decisión es complementaria porque si no hay personal de salud de nada sirve que tengamos insumos médicos.
En fin, en medio de una pandemia que no reconoce fronteras hay que actuar globalmente y en forma solidaria más allá de las diferencias ideológicas que puedan existir entre los gobiernos de cada país, tal como ya lo ha expresado el ex presidente uruguayo José Pepe Mujica, en diferentes declaraciones realizadas en los medios de comunicación nacionales e internacionales.
O como bien predicaba el popular músico inglés, John Lennon, en su tema como solista Imagina, donde hablaba de un mundo imaginario o ideal en el que tal vez nunca llegaremos a vivir pero al que la humanidad debería aspirar. Ese mundo de paz, solidario y sin fronteras, es la filosofía en la que se inspiran mis reflexiones y las razones por las que adhiero a la idea de que puedan venir a trabajar a nuestro país en medio de la crisis sanitaria los médicos o técnicos cubanos así como también puedan hacerlo los miles de venezolanos, colombianos o brasileros que residen actualmente en nuestro país.
El autor es abogado y docente de la UBA.
