Luego de que el expresidente de la Nación Mauricio Macri se enterara en Chile que el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, lo procesó por presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, el diputado nacional Jorge Enríquez (Pro – Ciudad de Buenos Aires) le atribuyó ese “perseguimiento” por “orden de Cristina Kirchner”.

“El juez Bava persigue a Mauricio Macri por orden de Cristina Kirchner”, encabezó el mensaje Enríquez en su red social de Twitter y siguió: “Cumplió, como todos esperábamos, la orden que le llegó desde el Instituto Patria y procesó a Macri por el supuesto espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan”.

En ese mismo sentido, denunció que “lo hizo sin la menor prueba que vincule al expresidente con esas acciones”, y agregó que “Macri no fue procesado por lo que hizo, sino por quién es, en violación de los más elementales principios del derecho penal liberal”. “Si esto no es Lawfare, ¿el Lawfare dónde está?”, se preguntó el legislador del Pro.

A su vez, calificó como “mamarracho jurídico” el procesamiento y advirtió que “no pasará el test de ninguna revisión de un tribunal superior, mientras queden jueces en la Argentina. Es un claro ejemplo del desprecio del kirchnerismo por el Estado de Derecho y una advertencia de los peligros que correrán nuestras libertades si no les hacemos frente”.

El diputado nacional Jorge Enríquez presentó este lunes un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura de la Nación a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5, doctores Daniel Horacio Obligado y Adrián Federico Grünberg, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, de conformidad al artículo 53 de la Constitución Nacional, por sus votos en el fallo que sobreseyó a Cristina Kirchner y otros en la causa “Hotesur-Los Sauces” sobre lavado de dinero.

Para Enríquez, el momento procesal en que se dictó la resolución “no admite una resolución de fondo, porque ya varias instancias judiciales definieron que la instrucción era correcta y solo falta el juicio oral. Queda claro que se buscó definir el caso con un juez que se va del Tribunal y evitar que se ventilen las pruebas en un juicio público”.

La presentación del diputado del Pro va en el mismo sentido que otra similar presentada este lunes también por el diputado nacional electo Ricardo López Murphy.

En el caso de Enríquez, sostiene el legislador que “la intencionalidad de favorecer a CFK y familia, surge de que el análisis jurídico de los delitos involucrados, por el que concluyeron que los hechos por los cuales se obtuvo el dinero lavado no son delictivos, no lo podían hacer en esta etapa porque son materia de juzgamiento en otros tribunales (obra pública y Oil Combustibles), de modo que debieron esperar esos fallos antes de sobreseer. Al dictar el sobreseimiento ahora se entrometieron en la labor que corresponde a otros jueces”.

“Comprendo que el juicio político a magistrados es algo grave y que, como regla general, no debería tener como fundamento el contenido de sus fallos, que pueden ser impugnados de acuerdo a los recursos que ofrece el ordenamiento jurídico -sostiene Enríquez-. Sin embargo, esa regla no es absoluta. Los jueces ejercen su labor a través de resoluciones y estas pueden evidenciar la existencia de mal desempeño cuando no se traducen en una postura meramente equivocada, con la que se pueda discrepar, sino en ‘el desconocimiento inexcusable del derecho’, la ‘negligencia grave en el ejercicio del cargo’ o ‘la realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones’ (art. 25, incisos 1, 3 y 4 de la Ley de Consejo de la Magistratura). Es lo que inequívocamente ha sucedido en el caso que denunciamos, que constituye un escándalo jurídico de enorme magnitud.

La intención de estos jueces de favorecer a los imputados en un caso de corrupción pocas veces visto en la historia argentina es evidente. Carecen, por lo tanto, de las condiciones de idoneidad e independencia necesarias para desempeñar la misión de impartir justicia. Su permanencia en el cargo es una afrenta a la República”.

“Ya sabíamos que Martín Bava era un juez militante. Sabíamos también que sus conocimientos jurídicos eran módicos: en el examen para juez había obtenido un dos. Ahora toda la Argentina sabe también que es torpe”. De esa manera el diputado nacional del Pro Jorge Enríquez analizó el episodio registrado el jueves pasado, cuando Mauricio Macri llegó al juzgado de Dolores para declarar sobre las supuestas escuchas telefónicas a familiares de víctimas del ARA San Juan, y el juez no pudo indagarlo por no haber pedido antes que lo autorizaran a responder secretos de Estado.

Para Enríquez, “el Instituto Patria y CFK le encargaron la persecución judicial de Mauricio Macri y su procesamiento judicial a pocos días de las elecciones, para montar un show circense que distraiga de los rotundos fracasos del gobierno kirchnerista, y lo hizo mal. En un acontecimiento bochornoso, debió suspender la audiencia por un error suyo”. Aclaró que “la declaración indagatoria ya era un disparate porque la imputación a Macri no se sostiene en la más mínima prueba. Y además el juez es incompetente porque los falsos hechos que dan origen a la causa habrían supuestamente tenido lugar en Buenos Aires”.

Por esas razones, el diputado nacional anticipó que “solicitaré al Consejo de la Magistratura que abra el juicio político de ese juez, que es una vergüenza para la República. Necesitamos magistrados idóneos, probos e independientes, que sean la garantía del Estado de Derecho y no sus sepultureros”.

El diputado nacional Jorge Enríquez presentó junto a otros diputados de Juntos por el Cambio, una denuncia penal  para que se investigue a Alberto Fernández, Aníbal Fernández y otros funcionarios nacionales por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita calificada, usurpación, incumplimiento de los deberes de funcionario público y sedición, ya sea en calidad de autores, cómplices  y/o partícipes, con relación a los hechos de terrorismo provocados en la Patagonia por un grupo autodenominado RAM.

La actitud del Gobierno nacional fue por lo menos pasiva al rechazar irresponsablemente el pedido de auxilio formulado por la gobernadora de Río Negro, pero podría ser también de mayor entidad si se comprueba que se facilitó el accionar terrorista de personas que usurpan la identidad mapuche para sembrar la violencia en el sur argentino, desconocido la soberanía nacional y la Constitución.

“El hecho excede los parámetros de una política equivocada para ingresar en el terreno penal”, sostiene Enríquez, para quien resulta “imperioso que la justicia actúe con firmeza y celeridad antes de que el avance terrorista se extienda como una mancha de aceite sobre vastos sectores de nuestro territorio, alentado por un kirchnerismo en retirada que quiere dejar tierra arrasada”.

Juntos por el Cambio hizo uso de una herramienta política legítima como es la de no prestar el quórum. La misma de la que abusó el kirchnerismo en muchas oportundidades durante la presidencia de Mauricio Macri. Empleada de modo sistemático puede ser obstructiva, pero en ciertas oportunidades no solo es un derecho sino un deber de la oposición para defender las ideas y valores de quienes la han votado.

No estamos en contra de una ley de etiquetado, sino del proyecto que el kirchnerismo quería aprobar sin aceptar modificaciones.

Por otra parte, la ley de etiquetado no es lo más acuciante para una Argentina en la que la mitad de la población es pobre y el 60% de los niños argentinos están mal alimentados y padecen hambre.

No somos Noruega, sino un país cada día más subdesarrollado y marginal. Esta es la principal etiqueta que nos deberíamos colocar: “Pobres, desorientados, sin futuro”.

Es una prioridad para los argentinos que debatamos la ley de alquileres, la emergencia y esencialidad educativa, la boleta única de papel, ficha limpia y tantos temas de sumo interés para una sociedad que se atrevió a decir basta en las urnas, y por eso votó por un cambio profundo.

No pasó desapercibida la dura advertencia del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, que este miércoles expresó durante un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof, pidió a los medios “que tengan piedad. Son todas pálidas… Un día el pueblo se va a levantar contra los medios, no tengo dudas”.

Ante ello, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó que “la triste frase (del intendente) desconoce el rol crítico del periodismo en la democracia e ignora el valor de la libertad de expresión”.

Previsiblemente desde el Congreso también reaccionaron. El diputado nacional Alberto Asseff señaló que “ese discurso es netamente antidemocrático y da señales de un problema que va más allá de lo sucedido en las PASO. Muestran la poca voluntad por parte de ciertos sectores del oficialismo de respetar el mandato popular y de recoger lo que dijeron las urnas”.

El diputado de JxC dijo que “creer que una elección se gana o se pierde por un periodista más o menos o por un título de un diario es no entender a la población y sus necesidades”. Y agregó “no se trata de los medios, sino de cómo se ha gobernado pésimo hasta ahora”.

A su vez, el diputado del Pro Jorge Enríquez señaló que Ishii “debería aclarar si incluye entre los medios que siembran desesperanza en el ‘pueblo’ a los que difunden las duras críticas al gobierno de Cristina Kirchner y los insultos al presidente de la diputada Vallejos”.

El diputado santafesino Federico Angelini tuiteó: “Populismo en su máxima expresión. Nunca una autocrítica, siempre en busca de la culpa ajena. Como se dieron cuenta de que ya no pueden culpar a la oposición, ahora van por los medios. ¿Y si prueban con gestionar?”.

“Yo en su lugar estaría preocupado cuando los padres se levanten contra los que permiten vender falopa. Sin vergüenzas”, tuiteó por su parte Waldo Wolff.

Luego de una semana caliente en materia política en la cual trascendió un picante audio de la legisladora nacional Fernanda Vallejos contra Alberto Fernández en donde lo trató de “ocupa, enfermo y mequetrefe”, el diputado nacional Jorge Enríquez (Pro – Ciudad de Buenos Aires) pidió la remoción de Vallejos y también la derogación de la Ley Previsional vigente que ella votó.

“He presentado un proyecto de exclusión de la Cámara de Diputados de la diputada Fernanda Vallejos, por inhabilidad moral sobreviniente en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional”, afirmó el dirigente del Pro.

Por consiguiente, explicó que “las palabras pronunciadas por esa legisladora en unos audios que tomaron estado público son de una gravedad inusitada, no solo por su lenguaje soez, impropio de quien ejerce una función pública relevante, sino por el grado de cinismo que exhiben al revelar que sus discursos públicos de defensa del Gobierno eran opuestos a lo que verdaderamente pensaba”.

En esta línea, Enríquez exigió la derogación de la Ley Previsional por “la inmoralidad de reconocer que votó una Ley a sabiendas de que perjudicaba enormemente a los jubilados”, y agregó: “No hacía falta que ella lo dijera para saber que así es”.

“Ante ese reconocimiento infame he presentado junto a los diputados Luis Juez, Cristian Ritondo, Waldo Wolff; entre otros, un proyecto de derogación de la actual fórmula de movilidad y el restablecimiento de la anterior, notoriamente más favorable a los beneficiarios previsionales”, precisó el diputado que integra el interbloque de Juntos por el Cambio.

Por último, enfatizó que “la permanencia de Vallejos en la Cámara de Diputados sería un escándalo que afectaría la credibilidad del Poder Legislativo y socavaría todavía más la confianza pública en las instituciones. También lo es la permanencia de una norma previsional deliberadamente destinada a hambrear a los jubilados.

El domingo pasado los argentinos votamos diciéndole basta a la desastrosa gestión económica, sanitaria, social, educativa e institucional que viene llevando a cabo el gobierno nacional. Lejos de escuchar el mensaje de las urnas, la frágil coalición gobernante del Frente de Todos, constituída para garantizar la impunidad de CFK y consagrar un régimen hegemónico vitalicio, incapaz de gobernar pone en vilo al país por sus grotescas peleas internas. 

Cristina Kirchner hizo un apriete a cielo abierto, que desnuda también su impotencia. La Argentina está a la deriva, pero hay una oposición responsable y respetuosa de las instituciones republicanas que les exige que trabajen para solucionar los problemas de la gente, respetando el mandato que tienen que cumplir hasta el 2023. 

Senadores y diputados nacionales de Juntos por el Cambio denunciaron penalmente al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, por el supuesto delito de fraude en perjuicio de la administración pública y mal desempeño en el ejercicio de sus funciones (artículos 174, inciso 5 y 248 del Código Penal), en relación a su actuación en el marco de la quiebra de Correo Argentino S.A.

“El procurador del Tesoro es el principal abogado del Estado y tiene la obligación de defender sus intereses. En el proceso de quiebra del Correo Argentino S.A., la empresas SOCMA S.A., que es su propietaria, ofreció el pago total de la deuda en la forma y monto que la justicia determinara, pero Carlos Zannini por oscuros intereses políticos y personales ajenos a su deber de objetividad y a la protección de los intereses del Estado, la rechazó, sin fundamentos válidos. En ese caso, el Estado argentino no cobrará la deuda cuyo pago total se le ofreció”, señalaron los legisladores en un comunicado.

En ese sentido, consideraron que “el propósito evidente de esa absurda actitud es perjudicar a Mauricio Macri, en el marco de una clara maniobra persecutoria, ya que su familia es dueña de SOCMA S.A.”.

“El rechazo de la oferta de pago, que sería cancelatoria del crédito, es absolutamente ilegal e importa un claro desvío de poder, porque Zannini pretende convertir un proceso concursal en un arma política aunque con ello perjudique los intereses del Estado, que se le han confiado”, agregaron.

E insistieron que “esta bochornosa conducta constituye el delito de administración fraudulenta cometido en perjuicio de los intereses pecuniarios que se encuentran a su cargo, con la sola intención de causar daño al expresidente Mauricio Macri”.

La denuncia, encabezada por el diputado Jorge Enríquez, fue firmada por 49 legisladores nacionales, entre ellos los diputados Mario Negri, Omar De Marchi, Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Luciano Laspina; y los senadores Laura Rodríguez Machado, Humberto Schiavoni, Esteban Bullrich, Alejandra Vucasovich.

Diferentes diputados nacionales de distintos sectores que componen el frente Juntos por el Cambio salieron este viernes a respaldar al exmandatario Mauricio Macri y tildaron de “ridicula” la afirmación del kirchnerismo que acusó al expresidente de “golpista” porque afirmar en radio Mitre Córdoba que “el Gobierno cambia o se va a tener que ir”.

Al respecto, el jefe de bloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, manifestó: “Si el Gobierno tuviera alguna fortaleza que mostrar no hablaría todos los días de Macri. Pero la gestión es pésima en lo económico, social y sanitario”.

“Si Juntos por el Cambio hubiera cometido la mitad de los errores que el actual gobierno ¿qué habría hecho el kirchnerismo? Militaron 4 años el helicóptero”.

Por su parte, el diputado porteño Jorge Enriquez publicó: “Cafiero, el limitado, ve un intento de golpe donde no lo hay. El que los echará será el pueblo en las elecciones de 2023. También podría ser destituido el presiente por el mecanismo constitucional del juicio político.

A su turno, el diputado bonaerense Waldo Wolff opinó: “Nadie quiere que se vaya. Es más, queremos que venga cada 60 días al Congreso a dar informes tal lo establece el art. 101 de la constitución. Acuérdese de venir como corresponde el 8/9. La última vez que vino se tomó 343 días para volver”.

Con ironía, el diputado porteño Fernando Iglesias disparó: “No seas ridículo, Santi. El club del helicóptero fueron, son y serán ustedes”.

En tanto, el diputado porteño Alvaro de Lamadrid consideró que “el kirchnerismo es golpista la Constitución Nacional no. Hay causas de juicio político a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner”.

“Manejo criminal y delictivo de las vacunas, muertes evitables, usar la pandemia de excusa para agredir el orden democrático y buscar la suma del poder público”, concluyó.

El diputado del Pro Jorge Enríquez salió al cruce del presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por sus dichos sobre el delito que se le imputa al mandatario tras su participación en el cumpleaños de Fabiola Yáñez, realizado en la Quinta de Olivos durante la cuarentena del año pasado.

A las declaraciones de Cafiero, sobre que él cree que “no fue un delito”, el legislador macrista lanzó: “Cafierito, el delito que se le imputa a @alferdez no se configura por el resultado del contagio, sino por una conducta peligrosa”.

“Y en todo caso, ¿en el presidente no sería delito lo que en los demás ciudadanos sí, como nos amenazaban con el dedo levantado?”, agregó el opositor a través de su cuenta de Twitter.

Así, Enríquez se sumó a la polémica sobre este tema, que también se había reflejado en un intercambio virtual entre su par Luis Petri y el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández.

Luego, en otro tuit, el diputado salió a contestarle al presidente, al compartir una imagen de él con la frase: “Como está probado que no hubo contagios durante el brindis, no hay configuración de la figura penal”.

“Ahora sabemos la fuente de la burrada de @SantiCafiero de ayer: ¡era nada menos que el profesor de derecho penal! Pobres sus alumnos si les enseña que los delitos de peligro abstracto requieren un resultado. Salvo que eso sea solo si el delito lo comete él”, escribió el porteño.

No esperábamos nada de Alberto Fernández, pero su miserabilidad y cinismo superó nuestras expectativas. Como antes le había echado la culpa a un muerto, el ministro Meoni, ahora le echa la culpa nada menos a su mujer, después de llamarla “mi querida Fabiola”. Nunca asume su responsabilidad, como nunca asumió el gobierno.

Si intentó una disculpa, fue tibia y poco clara. Pero ni siquiera una disculpa categórica podría borrar los efectos de su conducta: violó en forma manifiesta una norma que él mismo dictó. Se puso por encima de la la ley. Violó la igualdad, que es la base de la República.

Por eso solicité, con otros diputados de Juntos por el Cambio, su juicio político. Ha cometido un delito en el ejercicio de su función y ha actuado con mal desempeño. El Congreso tiene el deber constitucional de ejercer su rol de control político y la justicia deberá determinar su responsabilidad penal.

Los diputados del ala dura de Juntos por el Cambio en Diputados primero y luego el jefe del interbloque, Mario Negri, coincidieron en que este viernes 13 impulsarán el juicio político al presidente Alberto Fernández por considerar que ha cometido un delito en ejercicio de sus funciones y mal desempeño (art. 53, CN), debido “a haber violado groseramente las restricciones que por DNU les impuso al resto de los argentinos” durante la pandemia al celebrar el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos en julio de 2020.

Al respecto, Negri (UCR) sostuvo que “este es el final de un camino de obscenidades. Yo no soy francotirador que pide juicios políticos todos los días. Por eso he analizado esto con cuidado. Hoy vemos que la gota rebalsó el vaso. Estamos trabajando en el pedido de juicio político al Presidente. Hablé recién con Cristian Ritondo (PRO) y me dijo que está de acuerdo en acompañar”, adelantó el diputado cordobés en una entrevista televisiva con La Nación+.

En ese sentido, expresó: “Tengo la decisión tomada porque, aunque sé que no tenemos número, porque se precisan dos tercios y el kirchnerismo bloqueará todo, queremos que el Congreso debata esto. Que se den explicaciones, que se defienda el accionar del Jefe de Estado si es que pueden”, agregó el jefe del interbloque JxC.

“Se ha deshonrado al país. Si un presidente no peronista hacía todo esto lo estarían rajando”, finalizó Negri.

Por su parte, el diputado porteño Jorge Enriquez manifestó que “el doctor Alberto Fernández ha deshonrado el cargo para el que fue elegido, no solamente porque su administración es un ejemplo permanente de mala praxis, sino porque, en momentos tan dolorosos, se ha colocado por encima de la ley, usufructuando privilegios inmorales que vulneran el principio de igualdad ante la ley. Quien debía dar el ejemplo usaba la Quinta de Olivos para celebraciones indecorosas. Ha sobrepasado todos los límites. Se tiene que ir”, sentenció.

En tanto, el diputado bonaerense Waldo Wolff -denunciado por dichos misógenos contra la actriz Florencia Peña- también se sumará al pedido de juicio político tras afimar: “Habiéndome auto denunciado por tweet atemporal e impersonal poniéndome a disposición del Congreso y la justicia como debe hacer todo funcionario espero que aquellos que se indignaron, me acompañen con el mismo ahínco en el pedido de juicio politico al Presidente”.

El diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires Jorge Enriquez (Juntos por el Cambio) no dudó y salió a respaldar a su compañero de bancada Fernando Iglesias en la polémica con la actriz Florencia Peña, a quien le dedicó varias publicaciones en Twitter en la que son consideradas como un ataque “misógino” y “violencia de género” por el Frente de Todos y algunos legisladores de Juntos por el Cambio.

Sin embargo, Enriquez fue tajante en la defensa de Iglesias: “Las visitantes VIP desvían la atención haciéndose las víctimas. Florencia Peña dice que no entiende porque le critican sus visitas a Olivos. Si no lo entiende, se lo tenemos que explicar. No es una crítica a su vida privada. Es la indignación de quienes no pudieron trabajar, estudiar ni despedir a sus seres queridos muertos mientras una casta hacía fiestas nocturnas en Olivos y eludía las restricciones generales”.

“La pretensión de la diputada (Gabriela) Cerruti de que la Cámara de Diputados sancione a los diputados Iglesias y (Waldo) Wolff por hacer chistes con ese escándalo es en sí misma escandalosa. El humor es una válvula de escape pacífica ante tantos abusos de poder”, aseguró.

Respecto a los mensajes de Iglesias, sostuvo que “no hay en esto nada de misoginia. Quien participa de la vida política o del debate público acepta que se le responda con dureza y a veces con mordacidad, sea hombre o mujer”.

“Estas victimizaciones sobreactuadas y falsas solo tratan de desviar la discusión de lo que la generó, que son las prebendas del círculo gobernante”, cerró Enriquez.

Siguen los ecos disparados por la difusión en el diario La Nación de una carta que la asesora presidencial Cecilia Nicolini le mandó a Anatoly Braverman, mano derecha del CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa, y ahora diputados del Pro hicieron una presentación ante la Justicia a partir de este episodio.

En rigor, se trata de una ampliación de denuncia la que hicieron los diputados Waldo Wolff y Jorge Enríquez, para que comparezca Nicolini al Congreso, a explicar la carta en la que para ambos legisladores ella confiesa que las vacunas Pfizer “no llegaron por cuestiones geopolíticas”.

Enríquez explicó que ellos habían iniciado ya varias acciones legales relacionadas con el tema vacunas, y en este caso ameritaba una nueva presentación a partir de una carta que calificó de “escandalosa”.

El legislador se quejó porque “algunos de nuestros jueces parece que actúan conforme la teoría de la ‘defección estratégica’; es decir, caminan a dos velocidades según cual sea el Gobierno de turno”. En diálogo con Diputados TV, Enríquez recordó que en algunos casos han rechazado las denuncias, como es el de la jueza María Eugenia Capuchetti, que “rechazó prácticamente todos los casos de los vacunados VIP, cuando esto es una cuestión que conoce todo el mundo y nadie puede dejar de pensar que estos vacunatorios existieron”.

En este caso, agregó el diputado del Pro, “hemos iniciado esta causa porque nos parece vergonzosa esta carta escrita por una asesora presidencial, (Cecilia) Nicolini, y también avalada por (la ministra) Carla Vizzotti. Por eso hemos pedido nosotros una denuncia penal contra ellos, porque a nuestro juicio hay por lo menos cinco delitos: abuso de autoridad, abandono de persona, propagación de enfermedad, propagación de enfermedad contagiosa/epidemia, y también malversación de bienes públicos, porque las vacunas son bienes públicos y por supuesto unas negociaciones incompatibles con la función pública”.

Para Enríquez, esa carta es “la más humillante que he visto en mi vida”. Y agregó: “Por eso cuando escuchaba a Máximo Kirchner diciendo que jamás nos íbamos a arrodillar ante un laboratorio extranjero, vemos que la señora Nicolini en esa carta nos está diciendo: ‘hemos hecho los máximos esfuerzos, hemos luchado por ustedes’… Está diciendo que lucharon por un país ajeno a nosotros. Lucharon por ‘el proyecto’… ‘Proyecto’, sabemos lo que significa: está hablando por un proyecto político, y parecería que fuera una amante despechada”.

“Porque después dice (algo así como) ‘no nos queda otro remedio que entregarnos a los brazos de los americanos’. Le están diciendo ahí que la inclusión de la palabra ‘negligencia’ fue puesta para abortar la posibilidad de cualquier negociación con el laboratorio Pfizer”, agregó el legislador. Y concluyó aclarando que él no está “enamorado” de Pfizer. En su caso puntual dijo que él ya fue vacunado con las dos dosis de Sinopharm, pero aclaró que lo que no puede admitir es que “hoy tenemos más de seis millones de personas que están esperando una segunda dosis, habiéndoseles vencidos ya las famosas 12 semanas de las que se hablaba” para recibir la segunda dosis.

El diputado nacional Jorge Enríquez anunció este viernes su decisión de dar un paso al costado en la puja por la reelección. Lo hizo a través de una carta en la que anuncia su decisión de “seguir defendiendo la República”, agradece a quienes vienen reclamando su continuidad en el Congreso, pero anticipa que con el fin de evitar “tensar las disputas internas” declina en la búsqueda de una candidatura.

El mandato de Enríquez concluye el 10 de diciembre próximo, luego de haber asumido en su banca en 2017 en reemplazo de Joanna Picetti, quien fue excluida en ese momento por sus propios compañeros del frente Vamos Juntos ante las denuncias en su contra por maltrato infantil. Picetti era octava en la lista de candidatos que encabezó en esa elección Elisa Carrió y la reemplazó entonces Enríquez, que estaba noveno en la lista.

“En las últimas semanas, numerosos ciudadanos, en forma individual o como integrantes de diversos grupos de personas que defienden la República, han expresado a través de las redes sociales su deseo de que integre la lista de candidatos a diputados nacionales de Juntos por el Cambio en un lugar que permita mi reelección”, señala Enríquez en la declaración pública que hizo este viernes, mostrándose “conmovido profundamente” por las mismas, muchas de las cuales provienen “de compatriotas a los que no conozco”.

¿Por qué declina entonces de buscar su reelección? Porque para Enríquez el primer reclamo de “los ciudadanos republicanos” es que Juntos por el Cambio mantenga su unidad, y más allá de eso “es necesario ampliar esa coalición, tanto como sea posible sin desvirtuar sus postulados esenciales”. Así las cosas, Enríquez sostiene que deben ser “rígidos en los principios, pero flexibles en la estrategia, porque enfrente tenemos un proyecto autoritario”.

“Hay, por lo tanto, que admitir una apertura que ofrezca a la sociedad, en el futuro inmediato, un límite a las tendencias hegemónicas del oficialismo y, a partir de 2023, un gobierno sólido que comience el camino de las grandes transformaciones que la Argentina exige”, puntualizó el diputado nacional del Pro, quien en ese contexto cree que contribuye mejor a los grandes objetivos descriptos “declinando la búsqueda de una candidatura que hoy requeriría, por la necesaria amplitud de la coalición, tensar las disputas internas de un modo que podría perjudicar esas metas. Es el ejemplo que ha dado hace muy poco Patricia Bullrich, presidenta nacional del Pro, con generosidad y desprendimiento”.

Enríquez concluyó dejando claro que su paso a costado “no es un abandono de la lucha. Todo lo contrario: luego de cumplir hasta el último minuto con mis deberes de diputado nacional, continuaré trabajando cada día por el fortalecimiento de nuestra fuerza para que gobierne con firmeza y con un vasto respaldo popular con el claro objetivo, después de tantos desvaríos de los populismos empobrecedores, de que renazca la Argentina del trabajo, la producción y las oportunidades; esa Argentina que conocieron nuestros abuelos y que nos sigue enorgulleciendo”.

El jefe de Gabinete se dignó a venir a la Cámara de Diputados a cumplir la obligación que le impone la Constitución Nacional. Hoy nos dimos cuenta de los motivos de su renuencia: es incapaz de dar la menor explicación racional de la marcha del gobierno.

Fue programado para repetir la palabra “Macri” cada 30 segundos. No tiene idea de la realidad y carece de cualquier programa para salir del desastre en el que esta desastrosa administración nos sumió.

Nunca hemos tenido un jefe de Gabinete tan poco preparado para el cargo. Su insoportable levedad es la contracara de la extrema gravedad sanitaria, económica y social del país.

Hace tiempo presenté un proyecto de moción de censura para que sea removido. Su permanencia en esa función es una afrenta a los argentinos.

Desde hace mucho tiempo los diputados de Juntos por el Cambio solicitamos que se modifique la ley de vacunas para que puedan ser adquiridas la Pfizer, Moderna y otras. Yo mismo presenté, con algunos colegas, proyectos destinados a suprimir la negligencia como límite a la indemnidad de los laboratorios. El FDT se negó siempre a tratarlos. No solo eso, se burlaba de nuestras iniciativas como si nos animaran intereses espurios. Hasta el jefe de Gabinete, ese que ahora explica el cambio de postura del gobierno en el aprendizaje adquirido, nos trató de visitadores médicos de Pfizer. En la última sesión, ayer nomás, pedimos que se trataran esos proyectos. Volvieron a negarse.

Ahora, en forma intempestiva, se anuncia un DNU por el que el Poder Ejecutivo va a modificar la ley de vacunas en el mismo sentido de esas propuestas. El presidente cree que al saltear inconscientemente al Congreso, se llevará el mérito de la llegada de nuevas vacunas. No advierte que lo único que revela esta acción tardía y contradictoria con los propios actos del oficialismo es que si se hubiera obrado como lo pedía la oposición se habrían salvado miles de vidas, tronchadas por la ineptitud y la irresponsabilidad de quienes anteponen a la salud pública vetustas miradas ideológicas y la preferencia por el capitalismo de amigos.

El presidente debería pedir perdón a los argentinos por su injustificable torpeza, que nos ha ubicado entre loa países que peor gestionaron la pandemia en el mundo.

Este decreto es manifiestamente inconstitucional, porque el Congreso está en funciones y porque la propia oposición solicitaba que se modificara la ley, por lo que el trámite habría sido de una enorme celeridad. Pero lo más trascendente ahora es que se vacune la mayor cantidad de personas posible, y en especial los niños con comorbilidades. Nosotros no hacemos politiquería con la muerte y el luto.

La polémica generada en torno al aplauso pedido hace dos semanas por el presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados al conmemorarse el 35° aniversario del gol de Maradona a los ingleses en el Mundial 86, sigue dando tela para cortar. En esa oportunidad el protagonista de esa escena, el diputado Carlos Heller, fue criticado por los medios, pero ese mismo día había sido increpado por su par del Pro Jorge Enríquez. Ahora contra él Heller pidió una cuestión de privilegio sobre el final de la maratónica sesión de la Cámara baja.

Fue la primera de más de una decena de cuestiones de privilegio presentadas cuando ya se habían votado todos los proyectos de la jornada, tal cual lo acordado en Labor Parlamentaria. Y al iniciar su exposición, Heller aclaró que nunca había hecho una cuestión de privilegio, pero ahora sí iba a hacerlo contra el diputado Enríquez.

Detalló entonces cómo se había dado esa situación en la que terminó pidiendo ese polémico aplauso en plena reunión de comisión. Contó que había sido su par José Luis Gioja el de la idea de evocar lo de Diego, a las 16.09. “Yo le dije que me parecía que podíamos interrumpir unos minutos, aplaudimos y seguimos. Nadie se opuso, todo lo tengo documentado”, recordó. Y así fue como algunos segundos después de las 16.09, luego de la intervención del santafesino Luis Contigiani, Heller pidió el aplauso acordado y luego la reunión continuó “con absoluta normalidad”.

Heller detalló entonces que a las 16.50 pidió la palabra Jorge Enríquez, quien “durante 8 minutos habló de todo lo que se le ocurrió; tiene derecho, pero no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando”, señaló Heller, para referenciar entonces que luego Enríquez lo criticó duramente por haber pedido ese aplauso. Aclaró que no le había dado importancia entonces, pero sí lo hizo más tarde cuando a los pocos días Enríquez publicó una nota en el diario Clarín, donde “no solo me agrede a mí, sino también a usted, presidente”. Hacía referencia a Sergio Massa, de quien dijo que había mentido al señalar que no había votado una ley por estar mirando un partido de River. Según Heller, Enríquez “falsea la realidad”, porque en realidad votó, sí, pero porque Massa se lo había pedido.

Y entonces Heller detalló minuto a minuto cómo había sido la participación de Enríquez en esa reunión de comisión. Según el presidente de la Comisión de Presupuesto, Enríquez se había comunicado por el sistema Webex recién a las 16.13, o sea después del aplauso. “El no lo presenció, no sufrió ninguna amargura, es un invento total… -aseguró-. Se logueó a las 16.38 para pasar a dar quórum. Ha mentido, no estaba presente cuando sucedió esto”, afirmó respecto del aplauso en cuestión.

Previsiblemente Enríquez pidió luego una interrupción por haber sido tratado de “mentiroso” y presentó entonces su propia cuestión de privilegio contra Heller señalando que sí había presenciado la situación que había cuestionado, mas no integrando la reunión de la comisión, sino que la vio por Diputados TV. Así que “claramente es una mentira de él”, aseguró.

El diputado nacional Jorge Enríquez junto a otros legisladores de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley para prohibir el lenguaje inclusivo en los documentos oficiales y actos y establecimientos educativos. El legislador porteño tildó a la práctica de “deformar la lengua” y llamó a atenerse a las reglas de la Real Academia Española y la Academia Argentina de Letras.

Enríquez opinó que el lenguaje inclusivo “deforma la lengua oficial de la Argentina, que es el castellano, y que si bien todo idioma evoluciona con el tiempo, la pretensión de imponer de manera artificial y prepotente esa jerga sólo tiende a confundir a la mayoría de los habitantes”. 

“En todo caso, como el lenguaje es una convención, corresponde atenerse a las entidades especializadas que fijan los usos correctos del castellano en general y de sus modalidades en nuestro país, que son la Real Academia Española y la Academia Argentina de Letras“, consideró el diputado de la oposición.

Por último, agregó: “Cada persona puede hablar como quiera en ejercicio de su libertad de expresión, pero el uso oficial del idioma no puede estar sujeto a modas efímeras que, además, quieren ser un instrumento para distribuir discrecionalmente la pauta publicitaria y condicionar así la línea editorial de los medios de comunicación”.

En estos días ya se había gestado una iniciativa similar de la mano de las abogadas Cynthia Ginni y Patricia Paternesi, que presentaron un proyecto para prohibir el uso del lenguaje incluso en los tres órganos del Estado. Argumentaron que su uso “implica redundancias de los vocablos que debilitan su valor jurídico y social”.

Sin embargo, el lenguaje inclusivo gana cada vez más espacio en la esfera oficial. Por ejemplo, la Ley de Equidad de Género en los Medios de Comunicación, reciente sanción, fija, entre las múltiples funciones de la autoridad de aplicación, que será determinada por el Poder Ejecutivo, el impulso al uso del lenguaje inclusivo en la producción y difusión de contenidos.

El diputado nacional Jorge Enríquez (Pro – CABA) presentó un proyecto de declaración por el cual reclama que la Cámara de Diputados exprese su repudio hacia el comentario antisemita realizado por Alberto Samid en la red social Twitter, en donde indicó que “lo mejor que nos puede pasar es que los judíos no nos compren más carne. Que esta ‘amenaza’ la realicen. El mundo no les quiere vender nada. Son un desastre como clientes”.

Para Enríquez eso implica insultos hacia la población judía en función de “inadmisibles prejuicios culturales y religiosos”.

Asimismo, el proyecto expresa la preocupación del cuerpo ante “la pasiva complicidad del presidente (o presidido) de la República, Alberto Fernández, del INADI y de su titular, Victoria Donda, en la investigación de los hechos”.

“No se trata solo del exabrupto de un personaje marginal, ya que ha sido un importante funcionario del gobierno kirchnerista”, sostuvo Enríquez que agregó además que “sus expresiones coinciden con la inexplicable postura del Gobierno nacional ante la agresión sufrida por el Estado de Israel por parte de la organización terrorista Hamas. Son hechos que no podemos pasar por alto, porque se corre el riesgo de naturalizarlos”.

Un día después de la aprobación de la Ley de Equidad en los Medios de Comunicación, el diputado nacional Jorge Enríquez afirmó que “la ley que condiciona la publicidad oficial a ciertos criterios ideológicos es manifiestamente inconstitucional, porque restringe la libertad de expresión. Es también una clara muestra de la vocación totalitaria del oficialismo”.

“Voté en contra”, aclaró el legislador, uno de los que permaneció en su banca a la hora de la votación, para expresar su rechazo, y afirmó: “Ahora la debe frenar la justicia”.

Enríquez precisó que “de acuerdo a lo que determinó la Corte Suprema en los fallos ‘Río Negro’ y ‘Perfil’, el Estado no está obligado a otorgar publicidad oficial, pero si lo hace debe ser en base a criterios equitativos para garantizar la libertad de prensa”.

Por otra parte sostuvo que “la imposición del ‘lenguaje inclusivo’, que no es el idioma oficial de la Argentina y ni siquiera está definido en la ley, como condición para recibir esa pauta, excede los parámetros fijados por el alto tribunal y es sin duda alguna un recurso para privilegiar a los medios amigos y ahogar financieramente a los independientes”. En síntesis, para Jorge Enríquez, lo aprobado en la madrugada de este viernes es “una ley que nos acerca varios pasos más a Venezuela, a tono con los alineamientos que está tendiendo el Gobierno nacional con los regímenes autoritarios”.

“La condena al policía Luis Chocobar es arbitraria porque no se sustenta en las constancias de la causa”, expresó el diputado nacional del Pro Jorge Enríquez, para quien “la conducta heroica de un servidor público es sancionada con prisión”.

Enríquez considera que “el mensaje que reciben los policías ante este fallo es que deben trabajar a reglamento para no exponerse a condenas similares”.

Así las cosas, Enríquez advierte que “un mal entendido garantismo favorece a los delincuentes y deja indefensas a las víctimas”.

“En un país serio Chocobar hubiera recibido una distinción por su coraje y vocación de servicio”, afirmó Enríquez, que concluyó afirmando que “hay jueces penales que están atrapados en la torre de marfil de las teorías jurídicas y han perdido el sentido común, lo que los separa cada vez más de la sociedad, que mira estas decisiones sin poder comprenderlas”.

“Vamos a esperar a los diputados que estaban en los pasillos. Muchos se fueron a ver los últimos minutos del partido de River”, contó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el viernes a eso de las 23, cuando se iba a votar el proyecto de ley de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina.

El partido ya había terminado y en un resultado calificado como “épico” el Millonario ganó 2 a 1. Lo cierto es que justo en ese momento el diputado Jorge Enríquez protagonizó un episodio con Sergio Massa al llegar tarde al recinto. “Diputado, usted estaba viendo el partido. ¿De qué equipo es?”, le preguntó el titular del Cuerpo al legislador del Pro, un reconocido hincha de River que sonrió y votó a favor, tal cual reseñó parlamentario.com la noche del miércoles.

Lo cierto es que el legislador se enojó con Sergio Massa, al que le atribuyó haber dicho que no había votado por estar mirando el partido. “Eso es falso -remarcó-. Basta ver el acta de la votación. Solo me retiré unos 15 minutos para ir al baño y comer algo rápido en el bar debajo del recinto después de muchas horas de sesión, pero permanecí logueado con mi celular”.

Mientras los argentinos sufrimos sus desastrosas políticas en materia económica, social y sanitaria, el Gobierno nacional aprovecha para acelerar su objetivo primordial: subordinar a la justicia para tener impunidad y para profundizar el autoritarismo.

El propósito más inmediato es conseguir un procurador militante, que no defienda la legalidad ni los intereses de la sociedad, sino los de sus patrones, con Cristina Kirchner a la cabeza.

Por eso pretenden reformar la ley de Ministerio Público. Con un procurador militante el futuro que nos espera es impunidad para los amigos y persecución para los adversarios y el periodismo independiente.

Solo un procurador independiente puede servir a la sociedad en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.

El kirchnerismo está comprando las voluntades de algunos diputados que fueron electos por la ciudadanía para ser opositores. Es una claudicación moral que todos deben conocer.

Sin independencia judicial no hay República.

Sin República no hay libertad.

El martes próximo se ha citado a una reunión conjunta de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para tratar un proyecto de modificación a la ley de Ministerio Público. “Así expresado, puede no parecer algo trascendente para la vida cotidiana de los argentinos. Y sin embargo, es crucial”, alertó este sábado el diputado Jorge Enríquez.

“El kirchnerismo quiere suprimir por ley la independencia que la Constitución le otorga a ese órgano. Rebajando la mayoría necesaria para su designación, el procurador General será un mero militante que no velará por la legalidad sino por la impunidad de Cristina Kirchner y sus secuaces”, afirmó el diputado nacional del Pro.

Agregó Enríquez que “como jefe de los fiscales federales sin dudas impulsará la persecución de quienes se opongan a la construcción de un populismo autoritario. Hay que impedirlo antes de que sea tarde”.

El diputado nacional Jorge Enríquez se sumó a las críticas contra el INADI, que junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación iniciaron una campaña para que se pueda denunciar a aquellos colegios que obliguen a la presencialidad.

El legislador del Pro publicó en su cuenta de Twitter: “Pensé que era unchiste, pero me aseguran que es verdad: el INADI de Victoria Donda, la que le pagaba en negro a su empleada, persigue a las escuelas que dan clases”.

Y concluyó: “Para eternizarse en el poder, el kirchnerismo necesita ignorantes”.

El legislador publicó también la información que incluye el mensaje del INADI: “La exigencia de mandar a les hijes al colegio puede ser considerado discriminación”.

El fallo de un juez federal que suspende la medida cautelar dispuesta por la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Tributario de la Ciudad “es un disparate jurídico”, sostuvo este martes el diputado nacional del Pro Jorge Enríquez.

Para este legislador de Juntos por el Cambio, “el juez no es competente. Él mismo lo declara en su resolución. Y sin embargo suspende la ejecución de un fallo de un tribunal de otra jurisdicción. La justicia federal no es superior a las locales. Se trata de distintas competencias”.

“Solo la Corte pudo haber resuelto la cuestión de competencia. Mientras tanto, los chicos son rehenes del kirchnerismo, los sindicatos docentes y jueces que no quieren molestar al poder político”, concluyó.

El resultado de la cadena nacional es uno de los más fuertes cacerolazos de los últimos años. Los ciudadanos se hartaron de la ineptitud, los privilegios y el autoritarismo. 

Frente al rotundo fracaso sanitario de un gobierno perdido, que deambula sin rumbo, Alberto Fernández le echa la culpa a la gente. Y ha tenido la osadía inaudita de culpar en especial nada menos que a los médicos y al personal de salud, que son algunos de los mayores héroes de este tiempo. La debacle los lleva a adoptar medidas autoritarias. 

A falta de soluciones han optado por la represión. Enviarán al Ejército a castigar a los ciudadanos pacíficos que necesitan trabajar para vivir. Atropellan también la autonomía porteña, creyendo que el presidente tiene en la Ciudad de Buenos Aires un poder superior al que las urnas les han dado a las autoridades locales. 

Represión, encierro, autoritarismo, cercenamiento de derechos fundamentales, avasallamiento de las autonomías provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires: este es todo el menú que ofrece un gobierno fracasado que es ya una ignominia para todos los argentinos. 

El diputado nacional Jorge Enríquez pidió este lunes la expulsión de la Cámara baja del diputado Rodolfo Tailhade. Motivan esa drástica medida “las manifestaciones agraviantes e injuriantes” del citado legislador kirchnerista contra los periodistas Joaquín Morales Solá, Alfredo Leuco, Luis Majul y Johnatan Viale, que para el diputado del Pro “son de una gravedad inusitada”.

“Sus expresiones recurrentes, cargadas de violencia y agravios, constituyen actos ciertos, graves y manifiestamente injuriosos que lo demuestran indigno de integrar uno de los poderes del Estado”, expresó Enríquez a través de un comunicado.

Este legislador ya solicitó este año el desplazamiento de los diputados Eduardo Valdés, Juan Benedicto Vázquez y Martín Soria. Ahora considera “imprescindible” remover a Tailhade “por inhabilidad moral sobreviniente, en los términos del art. 66 de la Constitución Nacional”. A su juicio, “su  inconducta política compromete la honorabilidad de la Cámara ante los restantes poderes del Estado y ante la sociedad argentina en su conjunto, y tiene como único fin  amedrentar al periodismo independiente de nuestro país”.

Acompañan los diputados Fernando Iglesias, Carla Piccolonini, Martín Grande, Héctor Stefani, Pablo Torello y Gonzalo del Cerro.

El diputado nacional Jorge Enríquez sostuvo este lunes que la agresión física ejecutada por el diputado Carlos Alberto Vivero  contra su colega Fernando Iglesias es “de una gravedad inusitada”.

“Tolerarla significaría legitimar la violencia como mecanismo válido de resolución de disputas políticas. De ahí que sea imprescindible remover a dicho legislador por inhabilidad sobreviniente, en los términos del art. 66 de la Constitución Nacional”, expresó el legislador de Juntos por el Cambio, para quien no hacer algo así “llevaría al Poder Legislativo a la ley de la selva”.

Para Enríquez, los diputados que se nieguen y consideren que el episodio referido es meramente anecdótico estarán enviando a toda la sociedad un claro mensaje: avalan la violencia y el patoterismo, y descreen del Estado de Derecho, que es el único camino para lograr la convivencia pacífica”.

El diputado nacional Jorge Enríquez pidió la exclusión de la Cámara de Diputados de Martín Soria, basándose en el artículo 66 de la Constitucion Nacional y atribuyéndole “inhabilidad moral sobreviniente”.

Sostiene el diputado del Pro que desde el anuncio de su designación como futuro ministro de Justicia, “Soria se embarcó en un torneo de febriles declaraciones que exhiben su desprecio por el Estado de Derecho y su pretensión de subordinar completamente al Poder Judicial, a tal punto que ha conminado a los jueces a que absuelvan a Cristina Kirchner en las numerosas causas en las que está siendo procesada por delitos de corrupción, entre otros”.

Para Enríquez, esas manifestaciones “traslucen una conducta inmoral, que ofende los valores de la Constitución Nacional”. Lo cierto es que se descuenta que la Cámara de Diputados votará esta semana su renuncia como diputado, pero el diputado considera que “mientras no renuncie a su banca, por más que pida licencia, Soria está sujeto a la potestad disciplinaria de la Cámara, que a mi juicio debe ejercerse en este caso con sus efectos más severos, por la gravedad de las faltas cometidas”.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Jorge Enríquez se refirió a la publicación de una investigación periodística que da cuenta de que dentro de los vacunados en Formosa “figuran varios fallecidos”, y señaló: “Sería humor negro si no se tratara de algo gravísimo: en Formosa, tiene presos a los vivos y vacunan a los muertos”. 

El legislador se refiere a una investigación elaborada por La Cornisa, que advierte la existencia de un listado de 80 personas, en donde 7 estaban muertas. “Por si algo faltaba para ahondar el drama de Formosa, ahora nos enteramos, por una investigación periodística, de que entre quienes figuran como vacunados hay varios que están muertos”, expresó el legislador al respecto. 

Y continuó: “A estos desatinos se llega por la permanencia de un sistema feudal, autoritario, personalista, en el que no rige en forma efectiva el Estado de Derecho”. 

“Insfrán es puesto como un ejemplo por el presidente Fernández. El Secretario de Derechos Humanos, Pietragalla, condena las violaciones de derechos humanos producidas en Formosa por… ¡los medios de comunicación! Parece cómico. Es trágico”, concluyó Enríquez. 

A poco más de un mes desde que el juez subrogante del juzgado de la Seguridad Social N°10, Edmundo Ezequiel Pérez Nami, aceptara la intervención de un grupo de diputados de Juntos por el Cambio en la causa por la cual se favoreció a Cristina Fernández de Kirchner para que pueda cobrar dos asignaciones mensuales vitalicias (la suya como expresidenta y la derivada de su esposo), el magistrado cambió su decisión y decidió rechazar la intervención como terceros de los legisladores.

Ante la falta de actuación de la ANSeS, que hasta ese momento no había apelado la sentencia por la cual se favorecía a la vicepresidenta, los diputados, entre los cuales se encuentra el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, y Alejandro Cacace -vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social-, presentaron un pedido de intervención y la apelación con sus fundamentos el pasado 4 de febrero, pidiendo que se revoque dicha sentencia.

“La ANSeS, a raíz de la presentación y para suplir su inacción, se dispuso a actuar y rápidamente presentó un escrito apelando la sentencia media hora después el mismo día”, recordaron los legisladores.

También relataron, mediante un comunicado, que ese mismo día el juez “emitió un decreto aceptado la intervención de los diputados de Juntos por el Cambio en la causa y concediendo los recursos de apelación planteados por aquellos y por la ANSeS”.

“Sin embargo, Pérez Nami luego revocó su propia resolución a raíz de una presentación del abogado de la vicepresidenta, quien incluso amenazó en ese escrito de iniciar acciones penales contra el magistrado”, señalaron.

Ahora, el juez resolvió rechazar la intervención de los diputados opositores en la causa, alegando que ANSeS ha actuado ya apelando la resolución. “Sin embargo, al momento de aceptar la intervención, ANSeS ya había apelado también”, aseguraron los legisladores.

“La vicepresidenta denuncia permanentemente persecución judicial, lawfare y demás, pero resulta que los jueces fallan a su favor en la causa de su doble pensión y su retroactivo millonario”, advirtió Cornejo.

Por su parte, Cacace manifestó: “El juez, en solo unas semanas, primero nos concedió la intervención al considerar acreditado nuestro interés para actuar, luego anuló su decisión y, finalmente, rechazó nuestra actuación en la causa por considerarla innecesaria”.

“Puede llegar a asombrarnos la actitud de Nami, pero frente a los embates contra la Justicia por parte del gobierno, los jueces empiezan responder a favor de Cristina Fernández de Kirchner”, sentenció el presidente de la UCR.
Ahora resta una instancia más para los diputados, que anticiparon apelarán la decisión del juez ante la Cámara Federal de la Seguridad Social.

“Una jubilada VIP protegida por la justicia”

Sobre la decisión judicial se expresó también el diputado del Pro Jorge Enríquez, que apuntó: “Por presión de Cristina Kirchner, el mismo juez que había admitido la intervención de algunos diputados en la causa del cobro de sus jubilaciones, ahora revoca su decisión”.

“Como hay vacunados ‘VIP’, hay jubilados ‘VIP’. O jubilados por abajo de la mesa. Desprecian la igualdad ante la ley. Son, bajo el disfraz del progresismo, profundamente reaccionarios. Al jubilado común, recorte de haberes; a la emperatriz del Instituto Patria, dos jubilaciones”, cargó el macrista y agregó que “ya empezó la nueva etapa para la que no servía (Marcela) Losardo”.

El diputado nacional del Pro Jorge Enríquez exigió a través de un proyecto la remoción del jefe de Gabinete Santiago Cafiero “por voto de censura” y “conforme lo establece el artículo 101 de la Constitución Nacional”. “Su absoluta inoperancia, el pésimo manejo de la pandemia, los escándalos de vacunados VIP, entre otras razones, justifican con creces esa decisión política del Congreso”, apuntó Enríquez.

Más allá de eso, Enríquez ya había repudiado el vacunagate en varias ocasiones en su cuenta de Twitter bajo el lema: “El Gobierno le roba las vacunas a quien más lo necesita”.

Tras el escándalo de las vacunas privilegio, el diputado del Pro ya había presentado una denuncia penal contra Cafiero, así como también contra el exministro de Salud Ginés González García y su reemplazante, Carla Vizzotti, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de bienes, entre otros.

Su nombre llegó a circular poco después de la renuncia de Alejandra Gils Carbó como candidato a reemplazarla al frente de la Procuración General de la Nación. De hecho, en esos días estaban hablando del tema el entonces presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y el que en esos días era jefe de la oposición en el Senado, Miguel Pichetto. Fue justo cuando el presidente Mauricio Macri sorprendió anunciando en el programa de Mariana Fabbiani, de Canal 13, que había elegido a Inés Weinberg de Roca  para ese puesto estratégico. Ya se sabe que lo de la entonces titular del Tribunal Superior de Justicia porteño no prosperó; a lo mejor hubiera sido suficiente con el entonces fiscal federal Raúl Pleé, el nombre que barajaban por esos días del Gobierno de Cambiemos en el Senado de entonces.

Lo cierto es que ese fiscal es quien hoy está a cargo de llevar adelante la causa “dólar futuro” que involucra a Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Y esta última semana, el mismo día en que la vicepresidenta diera un difundidísimo alegato político en su defensa, él insistió en pedir sentarla en el banquillo de los acusados, en el marco de un juicio oral.

Inmediatamente después, la Asociación del Fútbol Argentino suspendió al fiscal Raúl Pleé como presidente del Tribunal de Etica de la entidad, en el marco de una reunión consultiva convocada de urgencia de los miembros del Comité Ejecutivo de la AFA. ¿El motivo? Incompatibilidad de cargos, pues el fiscal federal mantiene su condición de socio y dirigente de Boca.

Ante ello, el diputado nacional Jorge Enríquez reaccionó con su dureza habitual, endilgándole “vocación totalitaria” al kirchnerismo, convencido de la relación entre uno y otro hecho. “No dejan resquicio de la sociedad sin contaminar”, advirtió el diputado de CABA, señalando que “ahora presionó a la AFA, que en una reunión “de urgencia” suspendió como presidente de su Tribunal de Ética al ejemplar fiscal Raúl Pleé, luego de que este acusara a CFK en la causa del dólar futuro. Fútbolfare”.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Jorge Enríquez presentó una ampliación de la denuncia penal formulada contra Santiago Cafiero, Ginés González García, Carla Vizzoti, y otros por “malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abandono de persona y propagación de pandemia”,  para que se investigue la vacunación irregular de dos jueces de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Luis Esteban Genoud e Hilda Cogan, y del diputado provincial Julio Pereyra, en el “Hospital El Cruce”, con “la complicidad de su directora”, cuando solo estaba permitido vacunar con el producto Sputnik V al personal de salud. 

El legislador sostuvo que, en un contexto de escasez de vacunas “se privilegió a personas vinculadas al poder político y por relaciones familiares y de amistad”. 

Recibir la vacuna irregularmente, “no es la mera avivada de saltear la cola, significa aumentar el riesgo de quienes deberían recibirla conforme los protocolos”, argumentó. 

En este sentido, señaló que “lejos de ser una mera falta ética, configura el delito previsto y reprimido por el art. 261 del Código Penal, cometido en violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, poniendo con ello en riesgo de vida a la población generando potencialmente un peligro de propagación de la pandemia”. 

“Le roban la vacuna a la gente que más lo necesita, inventan categorías legales que no existen como el ‘personal estratégico del estado’, defienden lo indefendible, y encima de toda la culpa es de la oposición y de la prensa. No vamos a quedarnos callados mirando mientras se aprovechan de su posición para sacar ventaja en contra de la vida y la salud de la gente”, concluyó el diputado del Pro. 

El diputado nacional del Pro Jorge Enríquez presentó un proyecto para expresar su “más enérgico repudio” ante las expresiones del presidente Alberto Fernández contra el fiscal Carlos Stornelli durante su discurso ante la Asamblea Legislativa. El argumento es que esos dichos representan “un claro acto de amedrentamiento dirigido a someter a la Justicia y condicionar su accionar”.

“Obviamente, esto sólo responde a un interés concreto de su facción —y, especialmente dentro de ella a la jefa de la banda— que no es otro que el de eliminar cualquier atisbo de libertad en las investigaciones, para que el kirchnerismo pueda seguir cometiendo sin disimulo el plan de desfalco al que nos viene sometiendo desde hace más de una década y avanzar en su plan de impunidad”, agregó con dureza el diputado del Pro.

Enríquez señaló que “uno de los integrantes del Ministerio Público Fiscal que resiste las presiones del oficialismo es el fiscal Stornelli, cuya eficacia investigativa y carácter incorruptible llevan a la coalición gobernante a guardarle un especial encono”.

Así las cosas, consideró que “este reprochable acto por parte del presidente no puede ser soslayado por el Congreso, que no debe consentir un nuevo avasallamiento a las instituciones de la República”.

El Gobierno intenta cubrir su conducta ilícita mediante una norma posterior que supuestamente define el concepto de personal estratégico. Pero no se trata de una definición, por la vaguedad de los términos empleados, sino más bien de una autorización que se conceden a sí mismos para colocar en esa categoría a quienes quieran, que ya sabemos que son sus amigos.

Esta resolución vergonzosa no borra, además, los delitos ya cometidos. No se trata de una ley penal más benigna, porque los delitos solo los puede tipificar, modificar y derogar el Congreso Nacional. Esas conductas deberán juzgarse a la luz de la ley vigente cuando se cometieron.

No podíamos esperar nada mejor de quien representa la continuidad de la desastrosa gestión de Ginés González García, pero es claro que no hay entendido la indignación social y que mantienen el rumbo.

El diputado nacional Jorge Enríquez presentó una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el exministro de Salud Ginés González García y su reemplazante, Carla Vizzotti, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de bienes, entre otros.

Enríquez sostuvo que “en el escándalo derivado del ‘vacunatorio VIP’, no solo se incurrió en groseras faltas éticas, sino que se cometieron delitos”.

Para el diputado, “se han usado recursos públicos para favorecer a los amigos, mientras cientos de miles de adultos mayores y otros grupos de riesgo siguen sin estar vacunados. Es una vergüenza que merece una rápida investigación judicial y la imposición de las penas correspondientes, ya que de otro modo el mensaje es que quien gobierna está por encima de la ley”.

Pedido de interpelación

Además de la denuncia penal, Enriquez presentó un proyecto para que tanto Cafiero como Vizzotti concurran al Congreso a informar sobre la marcha del plan de vacunación contra el Covid y los casos fuera de protocolo conocidos en los últimos días.

“Estos hechos  lamentables son de una gravedad institucional inusitada si se tiene en cuenta la emergencia sanitaria que atraviesa  el país  debido a la escasez actual de vacunas  para el personal médico y la población de riesgo”, insistió el legislador.

Y agregó que “es imperdonable que el  ministro a cargo de la política en materia de salud haya montado un ‘vacunatorio VIP’ en sede del propio ministerio para los amigos del poder, estableciendo un sistema perverso y discriminatorio de privilegios en un tema de alta sensibilidad  social y directamente vinculado a los derechos humanos a  la salud y a la vida”.

El diputado nacional Jorge Enríquez presentó un proyecto para remover  por “inhabilidad moral sobreviniente”, en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional, al diputado nacional por la provincia de Santa Cruz Juan Benedicto Vázquez quien “obtuvo el indebido privilegio de vacunarse con la primera dosis de la vacuna Sputnik el 6 de febrero pasado”, según reza el texto aportado por el hombre del Pro.

“Como es sabido, Vázquez accedió a ese beneficio no por integrar ningún grupo de riesgo, sino lisa y llanamente por su condición de político de larga trayectoria en esa provincia, en la que ocupó diversos cargos”, advierte Enríquez, quien sostiene que “mientras la enorme mayoría de los argentinos vive con angustia el demorado arribo de las vacunas a nuestro país, que revela una vez más la impericia e irresponsabilidad del Gobierno nacional, es inaceptable que algunos políticos, que deberían con su conducta dar el ejemplo, aprovechen su influencia para el logro de prebendas que los sitúan en un plano de superioridad respecto del resto de los ciudadanos a los que deberían representar en forma digna”.

Por todo ello, agrega Enríquez, “en el marco de una pandemia en la que el Gobierno nacional y muchos gobiernos provinciales someten a los ciudadanos a restricciones, privaciones y carencias, la inmoralidad de esa actitud justifica una sanción ejemplar”. La exposición del legislador concluye señalando que “un sistema republicano no debe tolerar que sus propios representantes se erijan titulares de privilegios indebidos con la protección cómplice del propio Gobierno nacional”.

El diputado Jorge Enríquez se manifestó en contra de las afirmaciones del ministro  Ginés González García, quien consideró “un riesgo innecesario” en el contexto de pandemia realizar las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) en agosto, y que “todo lo que pueda ser evitable, debe ser evitable” en relación a la concentración de personas.

Enríquez viene alertando desde hace tiempo sobre los intentos del oficialismo de “querer manipular las reglas electorales con la excusa de la pandemia”.

“Las declaraciones de Ginés no hacen más que  confirmar que no tienen miedo al virus, le tienen miedo a los votantes.  Ese es el verdadero riesgo para el gobierno  y por eso mandan al ministro de Salud a tratar de dar cobertura a una operación antidemocrática”, estimó el legislador del Pro.

Enríquez recordó que “todos los países democráticos han votado con total normalidad en la pandemia no hay excusa para no hacerlo en nuestro país. Usan la salud contra la democracia y esconden detrás de la pandemia su miedo a las urnas”.

Enríquez, concluyó señalando que “es un pésimo mensaje institucional pretender modificar de apuro, sin consenso y por mera conveniencia partidaria las reglas electorales. Pero ni esa manipulación grosera le servirá al kirchnerismo para ocultar su irremediable fracaso. La sociedad ya lo sabe. Es mucho más madura de lo que ellos creen”.

El diputado nacional Jorge Enríquez presentó un proyecto para derogar el inciso f del art. 366 del Código Procesal Penal que permite revisar una condena firme cuando media una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos. 

Esta iniciativa surge en respuesta a la resolución de la comisión bicameral que dispuso activar una serie de artículos del Código que permitirán revisar sentencias firmes y que beneficiarían a exfuncionarios kirchneristas condenados por corrupción. 

Para el legislador, es claro que la Corte Interamericana no constituye una instancia superior de los tribunales locales: “Esencialmente porque esta no es una de las funciones adjudicadas por la Convención que la creó. En efecto, en ‘Fontevecchia’, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que no correspondía que ante el dictado de un fallo de la Corte Interamericana de Justicia revisara una condena firme”, indicó. 

El alto tribunal consideró que el fallo del tribunal internacional no constituye una cuarta instancia en nuestro país, ya que esa interpretación “constituiría una alteración de la estructura del sistema Interamericano de derechos humanos y de los principios de derecho público de nuestra Constitución Nacional”, agregó en este sentido Enríquez. 

“Más peligroso es todavía habilitar la revisión de una sentencia firme en virtud de una decisión de un órgano de aplicación de un tratado, lo que llevaría al absurdo de vulnerar la cosa juzgada por simples recomendaciones de órganos no jurisdiccionales que hasta pueden estar subordinados al poder político. Lo único que falta es que Pietragalla revise sentencias de la Corte Suprema”, manifestó. 

Finalmente, para Enríquez “la pretensión de poner en vigencia el inciso cuya derogación propongo es un capítulo más del plan de impunidad del kirchnerismo que vengo denunciando hace muchos meses. Quieren que los juicios por corrupción se eternicen para que el clan Kirchner y sus secuaces eviten la cárcel. Esta es la simple verdad. Todo el resto es relato”. 

El diputado Jorge Enríquez (Pro – CABA) se manifestó en contra de la iniciativa del Gobierno de pretender modificar el calendario electoral y querer instalar una suerte de ley de lemas, como implicaría hacer votar PASO y generales en el mismo día.

Enríquez señaló que “con la excusa de la pandemia, el oficialismo pretende alterar las reglas durante un año electoral e imponer en la sociedad el falso dilema entre salud y democracia”.

“La ley de lemas es claramente inconstitucional y tramposa, permitió que Gildo Insfrán en Formosa y los Kirchner en Santa Cruz se perpetuaran en el poder y las provincias se transformen en feudos. Es la manera más antidemocrática de confundir al votante”, expresó el diputado del Pro, que agregó que “la verdad es que el Gobierno busca embarrar la cancha y no quiere las PASO, porque le teme a su resultado”.

Enríquez concluyó pidiéndole al oficialismo que “dejen de mentirle a la gente y vayan a las urnas. La democracia no es un juego. Nuevamente el kirchnerismo queriendo cambiar las leyes para adaptarlas a sus oscuros intereses. Exigiremos el cumplimiento de la ley electoral”.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Jorge Enríquez reaccionó frente al pedido de citación a una audiencia del juez Roberto Gallardo dirigida a los ministros de Educación y Salud de la Ciudad Soledad Acuña y Fernán Quirós, a efectos de conocer los protocolos frente al Covid-19 previstos para el regreso de las clases presenciales programado para el 17 de febrero.

Para Enríquez, “son conocidas las intenciones del magistrado de querer entorpecer una vez más la gestión de la Ciudad y en esta oportunidad parece ignorar que las clases son un derecho constitucional de los chicos. Es inadmisible plantear la discusión de clases sí o clases no, luego de prácticamente un año sin que los chicos puedan asistir a la escuela, circunstancia ésta que deteriora no solo el aprendizaje sino también la sociabilización, en especial de los más vulnerables, sin contar el disloque que se provoca en las familias cuyos progenitores tienen la necesidad imperiosa de salir a trabajar”.

El diputado del Pro adelantó que las autoridades de la Ciudad pondrán a disposición de la Justicia toda la información relacionada con el plan de testeos para el personal docente y no docente, “como lo hace cada vez que un juez lo requiere”.

Enríquez concluyó: “Señor Juez, no hay nada que ocultar. Deje trabajar a la Ciudad por la educación, el futuro y el bienestar integral de los chicos. Sólo en la lógica kirchnerista la educación ha dejado de ser un valor y es lamentable que todavía prevalezca la vieja consigna de alpargatas sí, libros no”.

El titular de la cartera de Educación, Nicolás Trotta, salió al cruce de Juntos por el Cambio en general y Mauricio Macri en particular, respecto de la necesidad de la vuelta de las clases presenciales, al caracterizar como “tardía” la preocupación del expresidente en ese sentido. “¿Por qué no la tuvo antes?”, se preguntó, afirmando que el ex oficialismo es responsable de “lo que fue la ruptura de los consensos educativos”.

En diálogo con El Destape Radio, el ministro consideró que ““es una discusión falaz decir que la educación debe ser un servicio esencial”, como proponen algunos referentes de Juntos por el Cambio”, y consideró que ese planteo “tiene como objetivo “poner a los docentes como parte del problema y no de la solución””.

Le contestó el presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, quien consideró que “la educación es esencial ministro Trotta, sin discusión. Si quiere discutimos el porqué su gobierno prefiere los casinos abiertos y las escuelas cerradas”.

En el mismo sentido se expresó su comprovinciano Luis Petri: “No hay nada más esencial para el desarrollo de un país que la educación, salvo para el Ministro de Educación que la baradeliza”.

Desde el Pro, Jorge Enríquez ironizó llamando a Trotta “ministro de Lucha contra la Educación”. Djo que el ministro “cree naturalmente que la educación no es un servicio esencial. Es un funcionario que nos llena de vergüenza. Su permanencia en el cargo es una afrenta a las familias argentinas”.

El diputado de Juntos por el Cambio Jorge Enríquez se manifestó en contra del “uso político” que se le está dando a la campaña de vacunación contra el Covid-19 en la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, señaló que “quieren que la gente asocie a La Cámpora y al Frente de Todos con la cura del Covid-19. Tienen que llegar al extremo de jugar con el inconsciente de la gente porque cada vez estamos peor y el Gobierno no tiene plan ni discurso. Lo peor es que igualmente esta jugada no les salió porque no lograron conseguir las vacunas”.

El diputado expresó que “es el mismo pensamiento totalitario que vemos desde hace años y consiste en confundir el Estado con el partido. Nuevamente el kirchnerismo muestra su cara más oscura, queriendo transformar un operativo sanitario en un acto partidario. Por suerte la gente es inteligente y está cansada del oportunismo político”.

“El sistema sanitario debe ser el encargado de distribuir las vacunas. Es una irresponsabilidad absoluta del ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, permitir que circulen vacunas sin el control adecuado, con responsables de entregar las vacunas a quienes corresponde. En este contexto de incertidumbre sobre la cantidad de vacunas que van a llegar al país, esta falta de profesionalidad  y control es casi delictivo”, sostuvo el legislador del Pro.

Finalmente, Jorge Enríquez le recordó a Alberto Fernández que al principio de la pandemia le había propuesto a todos los gobernadores enfrentar este desafío de manera conjunta. “Dicen que la salud es una política de Estado y después se apropian de las vacunas, no cambian más”, sentenció.

El diputado Jorge Enríquez de JxC presentó una denuncia penal contra el presidente de la Nación y los ministros de Salud y Seguridad, por abandono de persona en la gestión del Covid, según lo establece el art. 106 del Código Penal, que impone penas de hasta 15 años, por “poner en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte”(…) y de ello resulten muertes, como es el caso. Jurídicamente, se aplica la teoría de la infracción de un deber, porque la conducta está claramente tipificada y la omisión es evidente.

Enríquez sostuvo que “un millón y medio de contagios y 41.000 muertes no son el resultado de la letalidad del virus, sino de la incapacidad del Gobierno para implementar la cuarentena anunciada, que hubiera disminuido enormemente la cantidad de muertos.

La gestión de la vacuna, principal herramienta para el combate de la enfermedad ha demostrado que la incapacidad de este gobierno pone a la población en una situación de abandono de persona.

En múltiples apariciones públicas, tanto Alberto Fernández como el ministro Gines anunciaron presuntos convenios con diversos laboratorios para la provisión de vacunas. Pero finalmente ninguna de estas opciones se concretó”.

Enríquez, concluyó: “la gravedad de la incapacidad del Gobierno está llevando exponencialmente a mayores muertes. Y espero que la justicia atribuya las responsabilidades que le caben a los funcionarios, como fueron los casos de Cromañón y del Sarmiento.

La legalización del aborto sería una grave claudicación ética. Cuesta creer que haya personas que celebren la posibilidad de que el Estado permita la supresión de la vida de seres humanos. Pero aún si se tienen otros criterios éticos, existe una valla constitucional infranqueable.

En efecto, si bien el derecho a la vida no fue expresamente reconocido por la Constitución Nacional, ha sido siempre considerado uno de los derechos implícitos a que se refiere el artículo 33. Pero la reforma constitucional de 1994 despejó cualquier incertidumbre. Dispuso en el artículo 75, inciso 23 que el Congreso debía dictar un régimen de seguridad social que protegiera al niño desde el embarazo. Como no distingue etapas, es claro que rige desde la concepción. Asimismo, el artículo 75, inc. 22 les otorgó jerarquía constitucional a numerosos tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. La primera establece en el artículo 4.1: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

Respecto de la Convención sobre los Derechos del Niño, al momento de su ratificación la República Argentina formuló algunas reservas, entre ellas la siguiente: “Con relación al artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad”.

Al abortar no se ejerce el derecho a la intimidad (la disposición sobre el propio cuerpo), que tutela el artículo 19, CN, porque el niño por nacer no es un órgano de su madre, sino una persona distinta. Que los abortos suceden tampoco parece un argumento plausible para que se los legalice. Los homicidios, las violaciones, los robos también suceden y nadie en su sano juicio sostiene que se los deba despenalizar.

Con ese criterio, el Código Penal sería un cuerpo legal sobreabundante: ninguna conducta que ocurriera podría ser penada.

La sociedad debatió extensamente este tema hace dos años. Sus representantes rechazaron la legalización del aborto. Ahora se reedita la cuestión, pero sin debate, como si fuera una emergencia que debe tratarse con la mayor celeridad. Y el Poder Ejecutivo presiona indebidamente a los legisladores con el uso indebido de los recursos del gobierno central. ¿Cuál es la urgencia? Lanzar una cortina de humo que oculte por un tiempo el salvaje ajuste que pesa sobre los jubilados y la clase media.

¿Dónde quedó el discurso del diálogo y la convivencia que el presidente pronunció al asumir el cargo?

¿Tiene algún significado que no sea meramente retórico su apelación a que termine la grieta? ¿Es una contribución a ese objetivo sostener que quienes están en contra del aborto son hipócritas?

Espero que los legisladores que están a favor de las dos vidas no cedan a la extorsión. La dignidad de los seres humanos no es una mercancía que se pueda ceder en una mesa de negociaciones.

En una nueva arremetida contra la propiedad privada, el kirchnerismo proyecta modificar la Ley de Manejo de fuego para prohibir los cambios en el uso de suelo en zonas afectadas por los incendios durante un plazo de 60 o 30 años, dependiendo del área afectada.

La propiedad puede ser reglamentada y sometida a ciertas restricciones para armonizarla con otros derechos en conflicto y para alcanzar ciertas finalidades de bien público. En particular, la necesidad de proteger al ambiente justifica algunas limitaciones más intensas.  Pero tales restricciones deben ser razonables y no pueden conculcar los derechos reglamentados.

Esta iniciativa excede largamente esos parámetros y constituye, por lo tanto, una clara violación del derecho de propiedad. No se entiende cuál es la relación entre la necesidad de disminuir la ocurrencia de incendios y el virtual congelamiento del uso del suelo. Solo el fanatismo de la prohibición por la prohibición misma puede explicar semejante extravío.

Por otra parte, el proyecto vulnera el federalismo. El artículo 41 de la Constitución Nacional determina que corresponde a la Nación dictar las normas de presupuestos mínimos y a las provincias las necesarias para complementarlas. Por sobre esos presupuestos, comunes a todo el país, son los gobiernos locales los que deben decidir el ordenamiento ambiental de sus territorios, lo que esta iniciativa no permite.

En síntesis, el kirchnerismo avanza una vez más por dos caminos que suele recorrer: la violación de la propiedad privada y del federalismo. Y, lejos de promover una deliberación pública que permita llegar a las mejores soluciones concretas en cada caso, echa mano de otra de sus armas preferidas: las prohibiciones generales. De esa forma, da vuelta el principio liminar de nuestra Constitución. Llegará un día en que todo lo que no esté expresamente permitido estará prohibido, especialmente si se trata de actividades agropecuarias, las más dinámicas de la Argentina, a las que los Kirchner, por eso mismo, miran siempre como sospechosas.

El diputado nacional Jorge Enríquez afirmó que el llamado “impuesto a las grandes fortunas” que impulsa el Gobierno podría ser confiscatorio y puso en duda su carácter “excepcional” al anticipar su rechazo al proyecto que comenzará a debatirse esta semana en la Cámara baja.

“No se trata de ningún aporte solidario, como lo denomina el kirchnerismo, sino de un nuevo impuesto porque quienes estén alcanzados deberán hacer una contribución obligatoria, aunque se lo disfrace con otro nombre”, subrayó Enríquez, quien advirtió además que “los impuestos directos casi siempre han nacido como gravámenes de emergencia, que luego de pasada la referida emergencia, se instalan de manera permanente en el sistema tributario”. En ese sentido recordó el impuesto a los Réditos, que se creó en 1932 como un “gravamen de emergencia” y que sigue hasta hoy con la denominación de impuesto a las Ganancias, así como el impuesto sobre los bienes personales de 1991 y el impuesto a los débitos y créditos bancarios del 2001, implementados bajo una supuesta temporalidad que no se cumplió.

El diputado consideró, además, que de aprobarse este impuesto supondría una doble imposición tributaria, ya que el objeto imponible, el patrimonio, ya se encuentra alcanzado por el impuesto a los bienes personales. “Esta doble imposición puede llevar a la confiscatoriedad, ya que absorbería una parte sustancial de la renta o del patrimonio gravado –estimó Enríquez, y agregó–. Ambos tributos tendrán el mismo efecto nocivo sobre la inversión, el ahorro y además alentará la fuga de emprendedores con capacidad de generar empleo”.

Por otra parte, Enríquez cuestionó firmemente que el proyecto del Gobierno “de manera novedosa y llamativa introduce como elemento adicional de capacidad contributiva el de nacionalidad, ya que se establece que también estarán alcanzados, por sus bienes en el país o en el exterior, aquellas personas de nacionalidad argentina cuyo domicilio o residencia se encuentre en países no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación en los términos de la ley de impuesto a las Ganancias”.

Por último, el diputado opositor objetó que se gravarán las acciones y participaciones societarias de empresas argentinas, desalentando así la inversión en momentos en que ésta resulta indispensable para superar la gravísima crisis que atraviesa el país y que ha disparado los índices de pobreza e indigencia a niveles sin precedentes.

Los diputados nacionales (Juntos por el Cambio) Jorge Enríquez y Waldo Wolff presentaron un proyecto para extender la aplicación de la fórmula de ajuste jubilatorio propuesta por el Poder Ejecutivo a todos los funcionarios públicos.

La iniciativa surge como reacción al proyecto enviado al Congreso por el Gobierno para cambiar la fórmula de reajustes de haberes jubilatorios, dejando de lado la adoptada en 2017, basada en la actualización por el índice de inflación. “Es lo que permitió preservar las asignaciones jubilatorias de un deterioro mayor, pese a que al actual oficialismo se opuso tenazmente al cambio y llegó a promover inéditos disturbios en las inmediaciones del Congreso. Decían entonces que les preocupaba el ajuste a los jubilados, pero el verdadero ajuste es el que avalan ahora”, dijo Enríquez.

El proyecto, que también lleva la firma de otros legisladores de Juntos por el Cambio, sostiene que si se cree que el camino debe ser que los jubilados “sacrifiquen sus ya magros ingresos”, los funcionarios superiores del Poder Ejecutivo y los restantes poderes deberían ponerse “al menos simbólicamente” a la par y aplicarse a sí mismos esta fórmula a sus salarios e ingresos funcionales, de modo tal que también se vean sometidos a contingencias como las que pretenden imponerles a los jubilados.

Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Jorge Enríquez (Pro) y Álvaro de Lamadrid (UCR) le solicitaron a la Justicia que investigue la “responsabilidad” de los periodistas Roberto Navarro, Ari Lijalad y Franco Mizrahi por la difusión de información de la Agencia Federal de Inteligencia.

Los legisladores apuntaron contra la divulgación, en el portal El Destape Web, de datos de identidad de agentes del organismo. “Habiendo accedido a documentación e información cuyo carácter secreto resultaba evidente, la publicaron y pusieron a libre disposición del público en Internet”, señalaron.

Además, en la presentación denunciaron a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, al juez federal Juan Pablo Augé y a los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide -quienes tienen a su cargo la causa por espionaje ilegal durante el gobierno anterior-, por revelar “secretos de Estado” que comprometen la seguridad nacional.

“Si lo que se requería era un listado de resoluciones, no se comprende la razón por la que se remitieron copias de hojas completas sin testar del libro de registros en el que se transcribieron todas las resoluciones de la AFI durante tres años y medio, es decir el lugar donde se asientan todos los actos de mayor trascendencia del organismo”, sostuvieron.

Los diputados de la oposición acusaron a Caamaño por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, ya que era la “responsable de la custodia de la información secreta”. La interventora de la AFI envió al juzgado de Lomas de Zamora, donde tramita la causa, gran cantidad de información sensible “sin tomar ningún recaudo”, destacaron.

Los legisladores insistieron que los periodistas accedieron a información “cuyo secreto tenían obligación de guardar”, y mencionaron lo establecido por la Ley Nacional de Inteligencia para quien “por imprudencia o negligencia dieren a conocer los secretos, de los que se hallare en posesión en virtud de su empleo u oficio”.

La semana pasada, también un grupo de diputados del Pro habían denunciado al juez y los fiscales de la causa por la filtración de datos personales del expresidente Mauricio Macri.

El diputado nacional (Juntos por el Cambio) Jorge Enríquez junto a un grupo de legisladores de la oposición presentaron este martes una denuncia contra la defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Miriam Liliana Lewin, por la creación de “NODIO observatorio de la desinformación y la violencia simbólica”, violatorio del derecho a la libertad de expresión.

El 9 de octubre se informó en la página oficial de la Defensoría del Público sobre la creación de este organismo cuya finalidad es trabajar “en la detección, verificación, identificación y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión” y “como objetivo proteger a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falacias”. Esto supone que el Estado analice las expresiones vertidas en las redes sociales, desde su propia perspectiva defina que es verdad, mentira o malicioso y se dedique a desarticular estrategias argumentativas expuestas por otros. Implica entonces una búsqueda de poner límites a las ideas de otros y orientarlas en un sentido determinado por el funcionario de turno, con lo que se viola el derecho irrestricto a la libertad de expresión y se pretende conducir el pensamiento en un sentido preconcebido.

Para los denunciantes, ese objetivo “excede notoriamente” el rol de la Defensoría del Público previsto en la Ley 26.522. “La sola creación de un órgano estatal con tal finalidad es violatorio de los los arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (con jerarquía constitucional) que protegen la libertad de expresión y de prensa. Por lo tanto, encuadra en la figura del art. 248 del Código Penal, que sanciona al funcionario público que dicte órdenes o resoluciones contrarias a la Constitución o a las leyes que le compete aplicar”, se advierte.

Junto con Enríquez, firman la denuncia, radicada en el Juzgado Federal Nº5 de Eugenia Capuchetti, los diputados Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Graciela Ocaña, José Luis Patiño, Julio Sahad, Adriana Ruarte, Héctor Stefani, Martín Grande, Omar De Marchi y Alvaro De Lamadrid.

El diputado nacional Jorge Enríquez y un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio presentaron una denuncia contra la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, el juez Juan Pablo Auge, la fiscal Cecilia Incardona y el fiscal Santiago Eyherabide por revelar secretos políticos y militares (arts. 22 y 223 del Código Penal).

Es porque Caamaño envió al juzgado información secreta y clasificada que involucra la actividad de espías en el país y en el exterior con identificación de las personas involucradas, en el marco de la megacausa de espionaje ilegal.

Por principio, toda información o documentación que pudiera afectar las actividades de inteligencia debe ser secreta y, aun cuando fuera clasificada como pública, no debe trascender el ámbito oficial, por lo que cualquier documentación perteneciente a la AFI debe necesariamente contar con un acto de desclasificación dispuesto por el presidente de la Nación (art. 16) o el funcionario en quien se haya delegado tal facultad (director General de la AFI, conforme art. 11 Decreto 950/02), u orden judicial, fundamentan al impulsar la denuncia.

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“La doctora Caamaño no tiene facultades para desclasificar información, porque no le fueron delegadas por el presidente de la Nación, y sin embargo envió al juzgado copias sin testar del libro de registros en el que se transcribieron todas las resoluciones de la AFI durante tres años y medio, es decir, el lugar donde se asientan los actos de mayor trascendencia del organismo”, expresa la presentación.

Para Enríquez, “se trata de un hecho de una gravedad inusitada. Los agentes mencionados y sus familias han sido expuestos a potenciales represalias y silenciamientos en forma totalmente deliberada, injustificada e irresponsable”.

Además del diputado del Pro, acompañan la denuncia Waldo Wolff, Fernando Iglesias y Álvaro de Lamadrid.

Un grupo de diputados nacionales del Pro, encabezados por Jorge Enríquez, presentaron una denuncia en el Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora contra el juez Juan Pablo Auge y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, a raíz de la difusión de datos personales del expresidente Mauricio Macri, por los delitos de violación de secretos e incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículos 157 y 248 del Código Penal).

“El hecho tuvo lugar cuando en la megacausa del espionaje ilegal se secuestró el teléfono del secretario privado de Macri, Darío Nieto, se desgrabó su contenido y se subió al sistema informático al que tienen acceso unas 880 personas que son parte en el proceso”, explicaron los legisladores.

Los dirigentes del Pro señalaron que “de ese modo se hizo pública una serie importante de datos personales de Mauricio Macri, que nada tienen que ver con la investigación, cuando la ley procesal (artículo 235) establece que esa información debe ser reservada y restituida al titular”.

En los datos difundidos se encontraban sus teléfonos, contraseñas de diferentes cuentas, número de documento, CUIT y clave fiscal, y hasta el número de calzado, entre otros.

“Es inadmisible que se haya violado de esta manera la intimidad, revelando información irrelevante para cualquier causa, lo que solo demuestra la intención de hostigar a un líder opositor”, enfatizó Enríquez.

La denuncia fue firmada por los macristas Jorge Enríquez, Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Héctor Stefani, Alfredo Schiavoni, Pablo Torello, Carla Picolomini, Adriana Ruarte, Soher El Sukaria, y el radical Álvaro de Lamadrid.

El diputado nacional Jorge Enríquez junto al senador nacional Juan Carlos Marino realizarán este jueves, a partir de las 19, una charla informativa online sobre el proyecto de “Ley de Reactivación Nacional”.

El encuentro será moderado por el presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina (UERA), Rodolfo Llanos.

El proyecto de ley, que cuenta con el aporte y acompañamiento de la UERA, establece fuertes beneficios para la creación de empresas y alivios para los emprendimientos más jóvenes, en particular, relativos al Impuesto a las Ganancias y Contribuciones Laborales, entre otros. Está destinado a contribuir con las micro, pequeñas y medianas empresas con vistas a la creación de nuevos puests de trabajo, como modo de paliar las consecuencias de la pandemia del coronavirus (Covid-19).

El diputado nacional Enríquez presentó el proyecto de ley en la Cámara baja y tiene el número de expediente PL-3117-D-2020 y el senador nacional Marino presentó el proyecto en el Senado con número de expediente PL-1314-S-2020.

El link de inscripción es el siguiente:

El diputado nacional Jorge Enríquez presentó ante la Justicia una denuncia penal contra el exjuez federal Rodolfo Canicoba Corral y el funcionario Félix Crous en orden al delito tipificado en los artículos 54, 274, 269, 271 y 272 del Código Penal, la que quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 6.

El entonces juez Canicoba Corral, ya cuestionado ante el Consejo de la Magistratura por un supuesto enriquecimiento ilícito, adoptó, en medio de la paralización que sufrió la actividad judicial por la pandemia de Covid-19, una serie de resoluciones que a juicio del legislador del Pro “sistemáticamente contribuyeron a pretender justificar el sobreseimiento del exfuncionario del gobierno kirchnerista Ricardo Echegaray, medida que resolvió estando pendiente un peritaje contable clave en la causa que se le seguía a este también por enriquecimiento ilícito.

Por su parte, Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción, desistió en su momento de un recurso de apelación en el marco del mismo proceso, lo que permitió que la decisión de sobreseer al acusado, en principio, quedara firme.

“Todas estas circunstancias coexistieron llamativamente con ciertos hechos de sospechosa coincidencia, como la falta de tratamiento por el Consejo de la Magistratura de las acusaciones contra el referido juez, lo que permitió su jubilación e impunidad, hechos que autorizan a pensar que no fueron producto de la casualidad”, señaló el diputado del Pro.

Enríquez concluyó afirmando que “el plan sistemático para lograr la impunidad de la familia Kirchner y sus cómplices es muy claro. Sólo hay que unir las distintas acciones que describimos en la denuncia, las que, vistas en conjunto, adquieren el sello inconfundible de una operación destinada a sepultar las causas de corrupción contra copartícipes del kirchnerismo”.  

El diputado Jorge Enríquez presentó un proyecto de ley estableciendo la obligación para los dirigentes sindicales de presentar una declaración jurada patrimonial antes de iniciar su gestión y otra al finalizar el mandato. Para Enríquez “es necesario garantizar la transparencia en los sindicatos que representan a los trabajadores y evitar el enriquecimiento ilícito de sus representantes”.

Tal cual lo indica el diputado Enríquez, la medida busca “terminar con una larga historia en la que los sindicatos han permanecido fuera del control de la ciudadanía en cuanto a la publicidad de su patrimonios personales, pese a tener a su cargo la administración de ingentes recursos económicos, que provienen muchas veces del aporte obligatorio de los trabajadores”.

“La falta de transparencia constituye un privilegio inadmisible a esta altura del desarrollo del derecho colectivo del trabajo”, concluyó Enríquez.

El diputado Jorge Enríquez respaldó a Diego Santilli -titular del área Seguridad en CABA- por el accionar de la policía de la Ciudad durante una marcha por Santiago Maldonado y Facundo Astudillo,  y en respuesta a las críticas formuladas por Cristina Kirchner y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, se preguntó: “¿Que cualquier forajido tenga el derecho de atacar con violencia y sin motivo alguno a la policía será parte de la reforma judicial?  El Estado democrático debe asegurar el cumplimiento de la ley. Los violentos no pueden ser privilegiados”.

 “Es curioso que quienes están postulando un Estado policial a través de las grotescas ‘brigadas antifiestas’ crean que los policías deben aceptar que se los ataque físicamente, siempre -claro está- que los atacantes cuenten con la simpatía del Instituto Patria”, agregó el legislador del Pro.

El diputado concluyó señalando que “para Max Weber lo que caracteriza al Estado es el monopolio de la fuerza pública. Renunciar a esa atribución no es progresista: “es sustituir el Estado de Derecho por la ley de la selva”.

En vísperas del anunciado ingreso de la reforma judicial al Parlamento, el diputado del Pro Jorge Enríquez sostuvo que “no es necesario esperar los proyectos para advertir cuál es su propósito: lograr la impunidad de la familia Kirchner y sus cómplices, y subordinar al Poder Judicial a ese clan. Sería de una enorme ingenuidad pensar que quienes gobernaban Santa Cruz dinamitando cualquier forma de control republicano van a convertirse de buenas a primeras en adalides de la independencia judicial”.

Para Enríquez, “es probable que pretendan ampliar el número de miembros de la Corte Suprema, como hizo Menem (cuando ellos eran menemistas) para tener una cómoda mayoría adicta y también dividir la Corte en salas para designar en la de competencia penal a jueces de Justicia Legítima e instrumentar su absolución para el pasado y hacia el futuro. Ello se complementaría con una posible modificación del recurso extraordinario, principal vía de acceso a la Corte, de una forma que ignoramos, pero que seguramente irá en la misma dirección”.

“Otro aspecto es la revisión de algunos traslados de jueces a otros cargos judiciales que tuvieron lugar en los últimos años al amparo de criterios establecidos por la Corte. Otra vez, el propósito es colonizar a la Justicia con jueces militantes”, insistió Enríquez.

El diputado concluyó: “Mi posición es que hay que rechazar en bloque todas esas iniciativas. Discutirlas en términos teóricos, como si viviéramos en Suecia, sería caer en la trampa. Sabemos lo que quieren”. “La sociedad viene dando muestras cabales de su repudio al retorno a prácticas que creíamos superadas. Juntos por el Cambio, que es el canal natural de expresión política de los valores de quienes ansían vivir en democracia, libertad y progreso, debe estar al frente de ese rechazo”, agregó el legislador del Pro.

El diputado nacional Jorge Enríquez advirtió por una embestida oficialista contra Eduardo Casal, y salió en defensa del procurador general interino, al señalar que el funcionario “se ha caracterizado por su idoneidad jurídica y su independencia”.

Para el legislador, a raíz que en el oficialismo “no consiguen los votos en el Senado para designar a un procurador militante como (Daniel) Rafecas, buscan el atajo del juicio político para sacar de la cancha a Casal”.

“En su constante lucha en favor de la impunidad de sus dirigentes y de la sumisión de jueces y fiscales a sus dictados, el kirchnerismo quiere ahora promover el juicio político del procurador general, Eduardo Casal, cuestionando y poniendo bajo sospecha la Resolución 70/2018 por la cual se creó la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT). Ni hace falta aclarar que son acusaciones que carecen de todo fundamento”, sostuvo.

Mediante un comunicado, el porteño señaló que “dicha secretaría es un área administrativa, no operativa, creada mediante reasignación de funciones concretas en el marco de la Procuración General, para atender de una manera ordenada a los requerimientos a nuestro país en materia de terrorismo internacional”.

Además, “no se la dotó de personal extra, pues se dieron más funciones a funcionarios existentes sin promoción ni recompensa salarial, ni estructura física -oficinas, computadoras, etc.- o económica. Además, carece de facultades para realizar seguimiento de personas físicas o instituciones no vinculadas al terrorismo internacional y/o para realizar actuaciones propias de una fiscalía o procuraduría”, explicó.

El diputado de Juntos por el Cambio aseguró que “el doctor Casal es un funcionario de carrera de la Procuración General que se ha caracterizado por su idoneidad jurídica y su independencia”.

“Es, además, un hombre probo y un excelente profesor, muy querido por sus alumnos de la Facultad de Derecho de la UBA y del Colegio Nacional de Buenos Aires, aunque no se saca fotos en las aulas porque las usa para enseñar, no para hacer marketing”, continuó, haciendo referencia indirecta a la actividad como profesor del presidente Alberto Fernández.

Para Enríquez, “son esas virtudes las que resultan intolerables para una fuerza política que concibe al Poder Judicial y al Ministerio Público como meros apéndices del presidente o, en este caso, de la vicepresidente”.

“Dado que no consiguen los votos en el Senado para designar a un procurador militante como (Daniel) Rafecas, buscan el atajo del juicio político para sacar de la cancha a Casal. Pero tampoco lo van a lograr. La sociedad está harta de la impunidad y el autoritarismo”, completó.

La semana pasada, la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público, presidida por el senador oficialista Martín Doñate, decidió convocar a una audiencia con representantes de organizaciones civiles que solicitaron el juicio político contra Casal.

Los diputados nacionales Jorge Enríquez y Luciano Laspina, acompañados por otros integrantes de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto de ley destinado a reformar la reciente Ley 27.551, sobre locaciones urbanas, que, sostienen, “atenta claramente contra el principio que establece el Código Civil y Comercial en cuanto a la autonomía de la voluntad de las partes”. 

El proyecto modifica diversas materias que afectan el mercado de las locaciones, para lo cual elimina regulaciones sobre modos y tiempos de la devolución del depósito de garantía, vuelve a los plazos mínimos y máximos según el destino de la locación, y también a las anteriores normas sobre rescisión anticipada. 

Asimismo, incorpora cláusulas sobre el ajuste del valor de los alquileres, volviendo a dejarlo al arbitrio de las partes, aunque remite a los índices oficiales como los únicos que las partes podrán considerar a estos efectos. 

La parte más importante del proyecto promueve la inversión en inmuebles para locación con destino habitacional, estableciendo deducciones y exenciones impositivas a los inversores.   

En suma, “la reforma presenta soluciones a una compleja problemática que afectó durante décadas el mercado inmobiliario de locaciones en la Argentina y perjudicó a aquellos a quienes se dice proteger: los locatarios”, señalan los autores al respecto.

Los diputados Jorge Enríquez y Luis Tonelli, junto a otros diputados nacionales de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto destinado a modificar la Ley 26.122, que regula el trámite y los efectos de las disposiciones legislativas del Poder Ejecutivo, como los DNU. 

“Es necesario -sostuvo Enríquez- dar un giro copernicano a la ley que promovió en 2006 la senadora Cristina Fernández de Kirchner para fortalecer -antes que atenuar, como fue el objetivo de la reforma de 1994 que reguló estos decretos- el presidencialismo”. 

Para Enríquez, ese giro se obtiene, fundamentalmente, a través de la modificación del artículo 24, estableciendo la caducidad del decreto de que se trate si no es aprobado expresamente por ambas Cámaras dentro de un plazo determinado (que el proyecto fija en noventa días). 

De esta forma, sostiene que “se termina con el sistema actual, que mantiene la vigencia de los decretos que no sean expresamente rechazados por ambas Cámaras, lo que en la práctica equivale a otorgarle un sentido ratificatorio al silencio del Congreso y a permitir que el Poder Ejecutivo sancione leyes con el apoyo de una sola de las Cámaras, en abierta contradicción con el procedimiento de formación y sanción de las leyes, con el artículo 82, que veda la sanción ficta de las leyes, con el propósito de atenuar el presidencialismo que guió al constituyente de 1994 y, en fin, con la forma republicana de gobierno (art. 1°, C.N.) que se expresa, entre otros elementos, en el principio de la división de poderes”. 

Enríquez sostiene que es este criterio “el único compatible con el principio republicano de la división de poderes (art. 1°, CN), y con la expresa previsión que incluyeron los constituyentes de 1994”, y recordó el artículo 82, que indica: “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta”.

Finalmente, señaló que también se ha previsto que la caducidad se produzca por el rechazo de una sola de las Cámaras, aún antes de vencido el plazo legal. “Con la regulación proyectada, se termina con la deriva autoritaria de presidentes que pretenden convertirse en supremos legisladores y vacían al Congreso de su función esencial”, concluyó.

Un sector del periodismo reaccionó muy alterado en las últimas horas ante las versiones de la posible detención de periodistas, ante lo cual no tardaron en llegar reacciones desde el Congreso.

El presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, salió a alertar sobre el peligro que corre la libertad de expresión, haciéndose eco de las versiones periodísticas que indican que un juez podría imputar y detener a periodistas. “La esencia de un gobierno autoritario se desnuda cuando buscan meterle miedo a los periodistas para que acallen sus voces o revelen sus fuentes. Así comienzan y luego van por el resto”, tuiteó este jueves por la noche el diputado radical.

“Estemos en alerta si se confirma la versión que indican la persecución criminal de periodistas”, sostuvo.

Por su parte, el diputado nacional Jorge Enríquez advirtió: “Es muy grave la versión difundida por Marcelo Longobardi sobre la posible detención de periodistas.  La sociedad debe permanecer alerta.  El clima generado por el gobierno nacional torna verosímil esa versión”.

El diputado del Pro sostuvo que “son constantes los  ataques del oficialismo al periodismo libre. El Ministerio de la venganza quiere poner fin a la libertad de expresión”, concluyó.

El diputado nacional Jorge Enríquez presentó un proyecto de ley, elaborado en conjunto con el senador por la provincia de La Pampa Juan Carlos Marino y la Unión Empresaria de la República Argentina (UERA), destinado a contribuir con las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), con vistas a la creación de nuevos puestos de trabajo como modo de paliar las consecuencias de la pandemia de coronavirus. El mismo establece fuertes beneficios para la creación de empresas y alivios para los emprendimientos más jóvenes, en particular relativos a Impuesto a las Ganancias y Contribuciones Laborales, como así también en el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y otras Operatorias y en el Impuesto al Valor Agregado. 

Los legisladores explicaron que “vemos con especial preocupación la situación actual de las empresas de menor escala y el día después que deberán afrontar. Muchos emprendedores se ven obligados a cerrar y eso se traduce en numerosos puestos de trabajo que se pierden y en miles de familias que se quedan sin su principal fuente de sustento. Entendemos que la salud es lo primordial pero no podemos esperar, ya estamos trabajando para colaborar con las pymes, el sector productivo que contiene a la mayor parte de los empleos argentinos”. 

La iniciativa de los legisladores establece la implementación de programas de créditos y microcréditos; programas de formación profesional y capacitación; de reactivación de emprendimientos paralizados, modernización, adquisición de equipamiento y nuevas tecnologías; y la promoción entre las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y entre los municipios, para el otorgamiento de incentivos. 

También se prevé fomentar el desarrollo de las economías regionales, acordando beneficios en polos productivos según su actividad y ubicación geográfica. 

Otra de las importantes temáticas abordadas trata sobre la generación de empleo joven y destinado a otros segmentos de la población castigados por la falta de oportunidades laborales. 

En relación a los beneficiarios de planes sociales, como así también a los trabajadores de la economía informal, el proyecto introduce medidas para facilitar su ingreso al mercado laboral formal, a través de beneficios para el trabajador y para sus empleadores. 

Sobre la oportunidad de esta presentación conjunta, Enríquez y Marino coincidieron en que “impacta distintas realidades, pero apunta a problemas similares: la escasa creación de empresas y la falta de puestos de trabajo genuino. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la situación se ve notablemente acentuada por la pandemia por coronavirus, mientras que, en el de La Pampa, desde hace décadas su ámbito productivo está signado por una magra generación de nuevos emprendimientos y un mercado laboral donde el Estado es el principal empleador”. 

Se trata de un proyecto integral que acompaña tanto a empresas como a trabajadores y desocupados, abarcando las distintas aristas de lo que debe ser la actividad económica en la Argentina: federal, dinámica, moderna, inclusiva y, por sobre todas las cosas, con sentido común.  “Cada uno desde su lugar, haremos todo lo posible por sacar esta ley cuanto antes. Se lo debemos a millones de argentinos que hoy ven peligrar su trabajo, que lo han perdido o que siguen en la búsqueda”, concluyen los legisladores. 

El diputado Jorge Enríquez, acompañado por diputados de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto para terminar con, enfatizó, “la anomalía de que los fondos para el pago de haberes previsionales sean desviados del destino sustancial para el que han sido creados”.

Enríquez señaló que “dado que el mecanismo de inversión de tales fondos para su mejor preservación y rendimiento previsto en la ley en favor de los beneficiarios del sistema previsional, se encuentra suspendido hasta 2023 por un DNU de 2011, el proyecto propone restablecer su vigencia”.

Para el diputado, “el  kirchnerismo insiste en mantener un sistema que ha demostrado ser insostenible, sobre todo luego de la inconstitucional suspensión de la movilidad previsional, con el único fin de manejar discrecionalmente los fondos que no son del Gobierno sino de jubilados y pensionados, lo cual llevará a serios problemas de sustentabilidad del sistema con la necesidad permanente de aportes del Tesoro de la Nación, generando un perjuicio para los beneficiarios de jubilaciones y pensiones en particular y para los fondos públicos en general”.

“La ley debe proteger a un sector de la sociedad que ha sido víctima del ensañamiento del gobierno de los Fernández desde el primer día”, concluyó.

Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Jorge Enríquez, Álvaro de Lamadrid, Fernando Iglesias, Lidia Inés Azcarate, Gerardo Cipolini, Alberto Asseff, Julio Sahad y Tito Stefani, interpusieron una denuncia penal contra el diputado Leopoldo Moreau por infracción al artículo 157 del Código Penal que reprime al “funcionario público revelare hechos, situaciones, documentos o datos que por ley deben ser secretos”.

De acuerdo con la denuncia, Moreau se refirió en una entrevista del periodista Gustavo Sylvestre al contenido de declaraciones testimoniales prestadas en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Lomas de Zamora en la causa que investiga presuntos actos de espionaje, a las que tuvo acceso como integrante de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia, que preside.

Para los denunciantes, tal violación del debido secreto importa una conducta “muy grave” que no puede ser dejada sin sanción ya que se trataría de una flagrante violación al principio de igualdad ante la ley.

“Moreau se aprovechó de su condición de integrante de una comisión parlamentaria para vulnerar la reserva que tiene su fundamento en naturales razones de seguridad pública”, afirman los diputados respecto de su colega.

Agregaron que si bien no les extraña “ese comportamiento en quien procuró impedir por las vías de hecho el desarrollo de una sesión en la Cámara de Diputados en diciembre de 2017, es imperioso que la justicia actúe para que esta nueva transgresión no quede impune”.

El diputado nacional Jorge Enríquez denunció ante la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires un ataque de hackers que se infiltraron  en su sesión de zoom. Según se informó, los hackers irrumpieron en la reunión insertando imágenes pornográficas y mensajes de odio contra su espacio político.

Fue “con la única finalidad de impedir el diálogo que semanalmente mantiene con los ciudadanos”,  desde su espacio en redes #zoomateconEnríquez, en el que se tratan temas de actualidad política”, señaló el legislador a través de un comunicado.

El diputado sostuvo que “parece que el ciberpatrullaje comenzó a funcionar, pero este avasallamiento contra la libertad de expresión, no va a quedar impune y haremos todas las diligencias necesarias para que caiga sobre ellos el peso de la ley”, concluyó”.

Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio se presentaron ante la justicia para ampliar la denuncia efectuada contra el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous.

La denuncia fue suscripta por los diputados Jorge Enríquez, Waldo Wolff, Graciela Ocaña, Álvaro Lamadrid y Fernando Iglesias, quienes solicitaron que la investigación se enfoque sobre lo que definieron como “una trama de encubrimiento y protección sobre los actos de corrupción que involucran la gestión gubernamental de Cristina Fernández de Kirchner y su antecesor Néstor Kirchner”.

El plan se inicia, afirman, con “el desprestigio de las investigaciones”, al considerarlas una persecución política, “Lawfare”, y “se consolida con el nombramiento de funcionarios vinculados a los imputados en cargos claves, con el fin de desbaratar las decisiones judiciales”. Y citan puntualmente los casos de Carlos Zannini, Juan Martín Mena, Santiago Eguren, Horacio Pietragalla y el fiscal Javier De Luca.

“El plan sistemático para lograr la impunidad de la familia Kirchner y sus cómplices es muy claro. Sólo hay que unir las distintas acciones que describimos en la denuncia, las que cuando se las ve en conjunto adquieren el sello inconfundible de una operación destinada a sepultarlas causas de corrupción contra ese grupo político”, señaló el diputado Jorge Enríquez.

El presidente del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, junto a sus pares Jorge Enríquez, Sofia Brambilla, Julio Sahad, Francisco Sánchez, Fernando Iglesias y David Schlereth solicitarán al Poder Ejecutivo precisiones sobre la aplicación CuidAR, anunciada el pasado 7 de mayo por el presidente, Alberto Fernández, la cual, de acuerdo con lo anunciado, cumpliría la función de permiso de circulación para quienes deban ir a trabajar.

A través de un proyecto de resolución, los diputados del Pro solicitan saber cuáles han sido las medidas de seguridad y de resguardo de la información aportada a la aplicación; quién ha sido su desarrollador y cómo se hizo el proceso de selección; con qué recursos, protocolos y planes de seguridad informáticos cuenta la misma ante una posible intromisión de terceros; cuáles son las razones por las que se realiza un seguimiento de geoposicionamiento del usuario; y por cuánto tiempo se almacenan los datos recolectados.

Además, los legisladores del Pro preguntan quién o quiénes accederán a los datos recolectados por el software y qué se hará con ellos una vez finalizado el tiempo por el cual han sido recabados.

“Creemos que todas las medidas que se tomen para combatir la pandemia del coronavirus son necesarias en un marco de respeto a las libertades individuales y al Estado de Derecho. Sería nocivo para las instituciones que una medida que se presenta como positiva para preservar la salud de la sociedad resulte negativa para el respeto de las garantías constitucionales”, señalaron en el proyecto.

El diputado nacional Jorge Enríquez sostuvo que es imperioso que el Congreso vuelva a funcionar plenamente, y advirtió que “la pandemia no puede arrasar con la República”.

“La pandemia justificó inicialmente el dictado de algunos decretos de necesidad y urgencia, pero no podemos caer en la pandemia institucional de que el Poder Legislativo deje de sesionar y el presidente legisle a su arbitrio”, manifestó el legislador de Juntos por el Cambio.

Y en este sentido, considero que “el aislamiento no puede ser la excusa para terminar con la división de los poderes, esencial a la República”.

Por esto Enríquez presentó dos proyectos de reforma del reglamento de la Cámara de Diputados, para poder sesionar en forma virtual, “los que cuentan con el aval de constitucionalistas de la talla de Antonio María Hernández y Daniel Sabsay. Que el coronavirus no arrastre en su paso a la democracia”, concluyó.

El diputado nacional Jorge Enríquez presentó un proyecto de ley destinado a otorgar una serie de beneficios a las micro, pequeñas y medianas empresas mientras dure la emergencia pública decretada en materia sanitaria con motivo de la pandemia del Covid 19.

La iniciativa, que comprende además a emprendimientos de personas humanas, elimina el pago del impuesto al cheque y las cargas sociales mientras dure la emergencia.

Enríquez sostuvo que exceptuar a las micro PyMEs y emprendedores del pago del impuesto a los débitos y créditos bancarios y condonar la obligación de los aportes patronales a la Seguridad Social “busca compensar de alguna forma la falta de ingresos provocada por la enorme disminución de la actividad económica que tuvo lugar a partir de las medidas de aislamiento originadas en la emergencia sanitaria”. En este sentido, sostuvo que “es imprescindible que el Estado asuma un rol activo para paliar los efectos de la profunda crisis que atraviesa el sector”.

“La necesidad de preservar las fuentes de trabajo es un objetivo compartido por todos los argentinos. No es descalificando a los empresarios, comerciantes y emprendedores como ‘miserables’, ni advirtiéndoles que deben ganar menos como se alcanzará esa meta, porque no se trata de falta de buena voluntad. Nadie más que quien arriesga su capital en una actividad económica desea mantener el empleo de sus trabajadores. Por tal motivo, las políticas de asistencia al sector son en estos momentos urgentes”, concluyó Enríquez.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Jorge Enríquez presentó un proyecto declaración de repudio en solidaridad con su par Fernando Iglesias, por las agresiones sufridas al retirarse del acto de apertura de sesiones ordinarias, momento en el que fue increpado por un grupo de militantes oficialistas que lo amenazaron diciendo “asesino, tenés que ir preso”.

Sostiene Enríquez que “la democracia entendida en su máxima amplitud requiere repudiar y denunciar esta clase de actos violentos que en nada suponen la construcción de un país mejor”.

Y en este sentido, consideró que “lo que se pretende en última instancia es amedrentar a los legisladores de la oposición para eliminar la pluralidad de voces democráticas, con prácticas propias de un estado autocrático”, culminó Enríquez.

El diputado nacional Jorge Enríquez sostuvo que el proyecto de algunas senadoras kirchneristas referido a las prisiones preventivas por delitos de corrupción “es un mamarracho de tal envergadura que el solo el hecho de tener que comentarlo pareciera darle algún viso de seriedad”.

“Se trata, por una parte, de una iniciativa sobreabundante ya que el control de constitucionalidad y convencionalidad debe ser ejercido con carácter general, no sólo para casos de corrupción, y también con criterio general existen instancias recursivas y posibilidad de dictar nulidades si hay desvíos respecto del debido proceso”, precisó el legislador macrista, que agregó: “Pero todo ese fárrago de palabras está puesto para esconder lo único que les interesa a estas senadoras, que es lograr la impunidad de los corruptos que sean sus compañeros de ruta políticos. Es decir, se busca otorgarle un manto de protección a los políticos kirchneristas que se quedaron con recursos públicos y están detenidos por esa razón”.

Enríquez agregó que “lo más desfachatado aparece en la pretensión de restringir a la prensa y de otorgarle a la ‘sensación’ mediática supuestamente creada por ella, un efecto jurídico con relación a las prisiones preventivas. Si se aprobara este proyecto, poco quedaría del Estado de Derecho. Es imperioso y urgente que el presidente Fernández se pronuncie de modo categórico acerca de él, porque la mera sospecha de que lo comparta sería una pésima señal para los argentinos y para el mundo en momentos muy delicados como para jugar al chavismo”.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Jorge Enríquez expresó su “profunda consternación por los recientes accidentes ocurridos, que dejaron varias personas muertas y otras tantas heridas”, ante lo cual reclamó la prohibición lisa y llana de los ómnibus de doble piso.

Enríquez, destacó que “al margen de cuál haya sido el motivo específico de los vuelcos, es sabido que los micros de dos pisos son, a altas velocidades, más propensos a sufrir accidentes que los demás. Es por eso que en gran parte del mundo han sido prohibidos.

Por tal motivo, el 16 de enero pasado presenté un proyecto de ley que prohíbe para el transporte de pasajeros el uso unidades de ‘doble piso’ o ‘piso y medio’ en rutas, autopistas y semiautopistas nacionales”.

Sostuvo Enríquez que “estas tragedias son evitables. Cuando se trata de proteger la vida no puede haber consideraciones de intereses sectoriales, por legítimas que sean, que prevalezcan”.