Para el autor, aunque las PASO fueron diseñadas con la intención de abrir el sistema político y garantizar la representación de las minorías, han tenido el efecto contrario en muchos casos.
Desde su instauración en 2009, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) han sido objeto de debates y controversias. Aunque inicialmente se las promovió como una herramienta para democratizar la selección de candidatos y fomentar la participación ciudadana, en la práctica han demostrado ser un mecanismo costoso, ineficaz y perjudicial para el sistema político argentino. En este contexto, el proyecto de ley que propondría su eliminación para las elecciones legislativas de 2025 se presenta como un paso necesario para fortalecer la democracia y la representación política.
Uno de los principales argumentos en contra de las PASO es su elevado costo económico. Organizar un proceso electoral de estas características implica un gasto significativo de recursos públicos. En un contexto de crisis económica y urgencias sociales, destinar miles de millones de pesos a una elección que muchas veces no cumple con su objetivo parece injustificable.
A esto se suma que, en muchas ocasiones, las PASO han sido utilizadas de forma estratégica por los partidos para confirmar listas únicas, vaciando de contenido su propósito original. En lugar de ser un espacio de competencia interna, en la mayoría de los casos se han convertido en una simple formalidad que replica la lógica de las encuestas previas. Este uso desvirtuado del sistema genera una contradicción insalvable: se obliga a toda la ciudadanía a participar en un proceso que, en la práctica, no tiene impacto real en las candidaturas finales.
Aunque las PASO fueron diseñadas con la intención de abrir el sistema político y garantizar la representación de las minorías, han tenido el efecto contrario en muchos casos. El requisito de obtener al menos el 1,5% de los votos válidos para acceder a las elecciones generales funciona como un filtro que perjudica especialmente a los partidos pequeños y emergentes. Esto no solo limita la diversidad de opciones electorales, sino que refuerza la hegemonía de las grandes coaliciones, consolidando un sistema bipartidista de facto.
Para los partidos minoritarios, no superar este umbral implica no solo la exclusión de las elecciones generales, sino también la posible pérdida de la personería electoral, lo que los deja fuera de competencia en futuros procesos. Esta situación es particularmente grave porque no responde a un rechazo directo de la ciudadanía en elecciones generales, sino a un mecanismo que favorece a los partidos establecidos y debilita la renovación política.
Además, las PASO han concentrado aún más el poder en las dirigencias partidarias. En lugar de fomentar la competencia interna, estas instancias se han utilizado para cerrar listas únicas y evitar disputas que podrían fortalecer la democracia interna. Este fenómeno no solo desvirtúa la esencia del sistema, sino que también deja a los votantes sin alternativas reales en el proceso de selección.
La obligatoriedad de las PASO para todos los ciudadanos es otra de sus grandes falencias. En un sistema donde muchas veces no hay competencia real, obligar al electorado a participar en una elección que no elige cargos definitivos resulta innecesario y alienante. Este aspecto ha generado descontento en amplios sectores de la sociedad, que perciben las PASO como una imposición más que como una herramienta democrática.
El voto obligatorio en las PASO también genera un desgaste en el compromiso ciudadano con el sistema electoral. La reiteración de procesos eleccionarios en un corto período de tiempo contribuye al agotamiento de los votantes, lo que puede traducirse en mayores niveles de apatía e indiferencia en las elecciones generales, las únicas que realmente definen el futuro político del país.
Argentina cuenta con un sistema democrático representativo consolidado, en el cual los partidos políticos tienen los mecanismos necesarios para resolver sus internas sin necesidad de recurrir a un proceso electoral abierto y obligatorio.
El argumento de que las PASO son necesarias para evitar la discrecionalidad en la selección de candidatos pierde peso cuando se analiza su implementación práctica. Algunos partidos han utilizado las PASO para reforzar acuerdos internos y cerrar listas únicas, lo que desvirtúa su propósito de democratización. En este sentido, la eliminación de las PASO permitiría a las fuerzas políticas concentrarse en fortalecer su organización interna y en promover liderazgos genuinos en lugar de depender de un mecanismo que ha demostrado ser ineficaz.
Derogar las PASO no significa retroceder en términos democráticos, sino avanzar hacia un sistema más eficiente, transparente y representativo. Los recursos que se destinan a este proceso podrían invertirse en iniciativas que fortalezcan la participación ciudadana, como la educación cívica, la digitalización de procesos electorales o el financiamiento equitativo de los partidos políticos.
En lugar de mantener un mecanismo costoso, innecesario y perjudicial para las minorías, Argentina debiera apostar por alternativas que promuevan una democracia más inclusiva y efectiva. La eliminación de las PASO representa una oportunidad para corregir un error y construir un sistema político más acorde a las necesidades y expectativas de la sociedad actual.
Jorge Giorno fue diputado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en dos oportunidades, fue presidente de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), actualmente preside el Partido de las Ciudades en Acción.
Una de las reformas más urgentes es la eliminación de las elecciones primarias, abiertas y obligatorias.
La transparencia en el sistema electoral es esencial para fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y garantizar que los procesos electorales reflejen fielmente la voluntad popular. La adopción de la boleta única ha sido un avance significativo en este sentido, ya que simplifica el proceso de votación, reduce el riesgo de manipulación y mejora la accesibilidad. Sin embargo, a pesar de este progreso, todavía queda mucho por hacer para lograr una verdadera transparencia y eficiencia en el sistema electoral argentino.
Una de las reformas más urgentes es la eliminación de las elecciones primarias, abiertas y obligatorias (PASO). Este sistema, instaurado en 2009, fue diseñado originalmente para democratizar la selección de candidatos dentro de los partidos políticos y permitir una mayor participación ciudadana en el proceso electoral. No obstante, en la práctica, las PASO han demostrado ser un mecanismo ineficaz y costoso, que no solo genera un gasto público innecesario, sino que también distorsiona el desarrollo natural del proceso democrático.
El carácter obligatorio de las PASO impone a los partidos políticos, incluso a los más pequeños, participar en una instancia electoral que muchas veces no es necesaria, ya que en muchos casos no existen disputas internas significativas para resolver. Este sistema se ha vuelto funcional únicamente para las grandes estructuras partidarias, que utilizan las PASO para dirimir sus diferencias internas y medir su apoyo entre el electorado. Sin embargo, somete a todo el sistema político y a la ciudadanía a una suerte de encuesta previa a las elecciones generales, lo que condiciona de manera peligrosa la opinión pública y el voto en las elecciones definitivas.
El kirchnerismo, al instaurar las PASO, no buscó democratizar las elecciones internas, sino que actuó de manera perversa al utilizar este sistema como una herramienta para consolidar su poder y perpetuarse en el gobierno. Bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, las PASO se integraron al sistema electoral en un contexto de creciente control sobre las instituciones democráticas, con el fin de crear un mecanismo que permitiera medir el pulso electoral antes de las elecciones generales. Así, el oficialismo podía anticiparse a los resultados y, en base a esos datos, posicionar mejor a sus candidatos, lo que dejaba en desventaja a las fuerzas opositoras. Más que una instancia democratizadora, las PASO se convirtieron en una forma de controlar y limitar la competencia electoral, reforzando la polarización y dificultando surgimiento de nuevas fuerzas políticas.
Este tipo de estrategias no es exclusivo de Argentina. En países como Venezuela, el régimen de Hugo Chávez utilizó reformas electorales para afianzar su poder. Lo que en principio parecían ser mecanismos democráticos para ampliar la participación, en la práctica se convirtieron en herramientas para manipular los resultados y garantizar la continuidad del chavismo. Chávez creó un sistema en el que la oposición quedó desarticulada y las elecciones se volvieron un simple trámite, sin posibilidad real de alternancia en el poder. Rusia bajo Vladimir Putin también ofrece un ejemplo similar. A través de un sistema electoral manipulado, Putin ha logrado perpetuarse en el poder, eliminando la competencia y marginando a sus opositores, convirtiendo las elecciones en una formalidad vacía de contenido democrático.
Al obligar a los ciudadanos a participar en las PASO, se genera una falsa sensación de competencia que no siempre refleja las verdaderas intenciones del electorado. En muchos casos, los votantes se ven influenciados por los resultados de las primarias, lo que condiciona su comportamiento en las elecciones generales, favoreciendo a los candidatos que lograron mayor exposición o mejores resultados en las PASO. Esta situación atenta directamente contra el principio de representatividad proporcional que nuestra Constitución Nacional garantiza, ya que favorece una polarización que puede marginar a las minorías y a las fuerzas políticas emergentes.
Es crucial entender que los partidos políticos, según la Constitución, tienen el monopolio de la propuesta de candidatos para los cargos electivos. Esto les otorga una responsabilidad significativa en la construcción y consolidación de la democracia representativa. No obstante, para que los partidos puedan cumplir efectivamente este rol, es necesario que el sistema electoral les brinde las condiciones adecuadas para desarrollar propuestas programáticas de manera autónoma, sin estar sujetos a mecanismos que, lejos de fomentar la competencia democrática, terminan beneficiando a las estructuras partidarias más grandes y mejor financiadas.
La eliminación de las PASO permitiría a los partidos políticos definir sus candidatos a través de procesos internos más acordes a sus propias dinámicas, sin la necesidad de someterse a una instancia electoral costosa y, en muchos casos, innecesaria. De esta forma, se reduciría el gasto público y se evitaría la confusión y el desgaste que genera la multiplicidad de instancias electorales.
La reforma del sistema electoral argentino no puede quedarse solo en la adopción de la boleta única. Es fundamental avanzar en la eliminación de las PASO para que el proceso electoral sea más eficiente, representativo y transparente. Solo así se fortalecerá el rol de los partidos políticos y se garantizará un sistema electoral que respete la pluralidad de ideas y la verdadera voluntad del electorado, principios fundamentales para el buen funcionamiento de nuestra democracia.
Jorge Giorno fue presidente de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), fue Diputado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en dos oportunidades, preside el Partido de las Ciudades en Acción y actualmente es Director General de Asuntos Federales del Gobierno de la Ciudad.
Las consecuencias del recorte en la coparticipación aplicado como una medida política de la gestión anterior no ha sido aún revertida, afetando la capacidad de la Ciudad de financiar servicios y proyectos.
En el contexto del federalismo argentino, la Ciudad de Buenos Aires (CABA) emerge no solo como la capital del país sino también como un actor dinámico e influyente. La autonomía de la ciudad se ha visto fortalecida desde la reforma constitucional de 1994, que le otorgó el estatus de entidad autónoma con facultades legislativas y jurisdiccionales propias. Sin embargo, su funcionamiento dentro del esquema federal argentino presenta desafíos y oportunidades significativas.
El rol activo de la Ciudad ante las provincias
Buenos Aires, al ser la capital administrativa y política del país, asume un papel crucial en el equilibrio del federalismo. Su posición estratégica y su relevancia económica hacen de la ciudad un puente vital entre el gobierno nacional y las provincias. La interacción constante con las provincias se ve reflejada en iniciativas de cooperación en áreas clave como el transporte, la salud y la seguridad. La colaboración interjurisdiccional es esencial para afrontar problemas compartidos y para el desarrollo de políticas públicas que beneficien a toda la nación.
Inteligencia emocional en la gestión
La gestión de una ciudad con la complejidad de Buenos Aires requiere un alto grado de inteligencia emocional. Los líderes locales deben ser capaces de comprender y gestionar sus propias emociones, así como las de sus ciudadanos y colaboradores. La inteligencia emocional en la gestión pública se traduce en una mayor empatía, mejor resolución de conflictos y una comunicación más efectiva. En un contexto donde las decisiones impactan a millones de personas, la capacidad de los dirigentes para conectar emocionalmente con los ciudadanos y responder de manera sensible a sus necesidades es crucial. Trascender la importancia de la cosa pública, el compromiso político de gestión en el marco del acta firmada en Tucumán por el Jefe de Gobierno y el justo reclamo de los recursos de la Ciudad, transformando todo ello en un sentimiento común, es el camino.
El primer Pacto de Mayo y la Coparticipación Federal
La historia de Buenos Aires está entrelazada con el "Pacto de Mayo" de 1852, un acuerdo fundamental para el federalismo argentino. Este pacto, que buscaba equilibrar las autonomías provinciales con la unidad nacional, sigue siendo un referente para la lucha por una distribución justa de los recursos. En este sentido, el reclamo de la ciudad por la coparticipación federal arrebatada durante el gobierno de Alberto Fernández es legítimo y necesario.
La coparticipación federal es un mecanismo mediante el cual se distribuyen los ingresos fiscales entre la nación y las provincias. La decisión del gobierno de Fernández de recortar la coparticipación de Buenos Aires fue vista por muchos como una medida política más que económica, destinada a debilitar a un adversario político. Sin embargo, este recorte ha tenido implicaciones reales para los ciudadanos, afectando la capacidad de la ciudad para financiar servicios públicos esenciales y proyectos de infraestructura.
La legitimidad del reclamo
El reclamo de Jorge Macri en su rol de Jefe de Gobierno de la Ciudad, no solo es legítimo desde una perspectiva legal y constitucional, sino también desde un punto de vista ético y de justicia distributiva. La ciudad aporta significativamente al Producto Bruto Interno (PBI) nacional y, por ende, merece una compensación adecuada que le permita seguir desarrollándose y contribuyendo al bienestar de todos los argentinos. La lucha por una coparticipación justa es, en última instancia, una lucha por el respeto a los principios federales que sostienen nuestra república.
La Ciudad de Buenos Aires, en su rol activo dentro del federalismo argentino, destaca por su gestión inteligente y emocionalmente conectada con sus ciudadanos. La participación en el "Pacto de Mayo" de julio de 2024 y el reclamo legítimo de una coparticipación federal justa reflejan su compromiso con un federalismo equitativo y su búsqueda constante de justicia. La resolución de estos desafíos no solo fortalecerá a Buenos Aires, sino que también contribuirá a un Argentina más unida y próspera.
Jorge Giorno fue diputado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, preside el Partido de las Ciudades en Acción y actualmente es Director General de Asuntos Federales del Gobierno de la Ciudad.
Cuando las personas se aferran a sus dogmas políticos, se vuelven cada vez más intolerantes hacia aquellos que no comparten sus creencias.
En el complejo mercado político, las ideas se convierten en la moneda de cambio, la esencia misma de la lucha por el poder y la influencia. Pero cuando esas ideas se transforman en cuestiones de fe, cuando se dogmatizan y se sacralizan, el terreno de la política se convierte en un campo minado. Este fenómeno, lejos de ser exclusivo de una corriente política en particular, permea tanto las izquierdas como las derechas del escenario político de cualquier país.
En primer lugar, es esencial entender qué implica convertir las ideas políticas en cuestiones de fe. Cuando una idea se convierte en un dogma, se transforma en una verdad incuestionable, intocable, y cualquier desviación de esta verdad se considera herejía. Las personas ya no debaten, discuten o razonan sobre las políticas; simplemente las aceptan o las rechazan en función de su fe en la ideología que representan.
Este fenómeno no es exclusivo de ninguna posición política en particular. Tanto las izquierdas como las derechas han caído en la trampa de la dogmatización política. Por un lado, las izquierdas pueden aferrarse a ideales de igualdad y justicia social, convirtiéndolos en dogmas intocables que no admiten críticas ni análisis profundos. Por otro lado, las derechas pueden santificar conceptos como el libre mercado o la tradición, convirtiéndolos en verdades absolutas que no pueden ser cuestionadas.
El peligro de esta dogmatización es doble. En primer lugar, conduce al mesianismo político, donde los líderes y movimientos se presentan como salvadores que poseen la única verdad, la única solución a todos los problemas. Este mesianismo político es peligroso porque despoja a las personas de su capacidad de pensar críticamente y evaluar las políticas en función de su eficacia y sus repercusiones reales.
En segundo lugar, la dogmatización de las ideas políticas lleva inevitablemente a la polarización extrema y al conflicto constante. Cuando las personas se aferran a sus dogmas políticos, se vuelven cada vez más intolerantes hacia aquellos que no comparten sus creencias. El diálogo se convierte en imposible, y en su lugar, prevalecen la confrontación y la división. Esta polarización extrema puede socavar la estabilidad política y social de un país, debilitando sus instituciones y minando la confianza en el sistema democrático.
En ese contexto, la búsqueda constante de conflictos para ocultar la realidad o justificar el fracaso de las ideas propias de gestión es una estrategia peligrosa y perjudicial. En lugar de abordar los problemas reales que enfrenta una sociedad, los líderes políticos pueden optar por desviar la atención hacia disputas partidistas y enfrentamientos ideológicos. Esto no solo distrae del verdadero trabajo de gobernar, sino que erosiona la confianza del público en sus dirigentes y en el sistema político en su conjunto.
Queda claro así expuesto, que la dogmatización de las ideas políticas es un peligro que acecha tanto a las izquierdas como a las derechas. Convertir las ideas en cuestiones de fe conduce al mesianismo político y la polarización extrema y la búsqueda constante de conflictos para justificar el fracaso de las políticas propias destruye la confianza del electorado. En lugar de aferrarse a dogmas políticos, es fundamental fomentar un debate abierto, inclusivo y basado en evidencia, donde las ideas puedan ser evaluadas críticamente y adaptadas a las necesidades cambiantes de la sociedad. Solo así se puede construir un sistema político más resiliente y capaz de abordar los desafíos del mundo moderno.
Cualquier semejanza con nuestra realidad no es pura coincidencia.
Jorge Giorno es diputado (MC) de la Ciudad, presidente del partido de las Ciudades en Acción y Director General de Asuntos Federales del Gobierno de la Ciudad.
A través de un comunicado firmado por los presidentes de cada distrito remarcaron su rechazo a las nuevas medidas del Gobierno Nacional.
El Partido de las Ciudades en Acción - Orden Nacional se reunieron esta semana para emitir un comunicado donde expresan que “no somos parte del deterioro de esa condición humana que ha generado la existencia de este DNU y sabemos que tampoco se remedia con un cheque en blanco al gobernante de turno, aunque apoyemos la revolución cultural que los cambios producen”.
Representado por los titulares del partido en cada distrito estuvieron: Jorge Giorno (CABA); Daniel Domínguez (Misiones); Daniel Coronel (Tucumán); Raúl Ruiz (Mendoza); Viviana Rodríguez (Córdoba); Héctor Cumplido (Buenos Aires); Ezio Cattáneo (Chubut); y Melisa Miño (Tierra del Fuego).
Allí, coincidieron que “somos esencialmente constitucionalistas y nuestra Constitución Nacional ha hecho un culto de las libertades individuales, las que durante mucho tiempo se han bastardeado”.
También, sostuvieron la necesidad de “consolidar el respeto irrestricto a la Autonomía de las Provincias, empezando con la autonomía plena a la Ciudad de Buenos Aires y el traspaso pleno de la Justicia, la Inspección General de Justicia (IGJ) y los fondos coparticipables”.
Antes del cierre, remarcaron que “defender el sistema democrático por sobre todas las cosas, además de reducir el déficit fiscal; sabido es que la privatización indiscriminada no es sinónimo de desregulación plena de la economía”.
Y agregaron que apoyan “alentar la apertura del país a las inversiones extranjeras, pero con seguridad jurídica y control parlamentario e impositivo”, y a “mantener la presencia del Estado para garantizar la división de poderes y el Federalismo como premisa de gobernabilidad democrática sin intervencionismos”.
Por último, Giorno señaló que “la opinión de los habitantes de las ciudades de nuestro país que hoy concentran el 90% de la población, se expresa hoy a través de esta nueva fuerza política, el Partido de las Ciudades en Acción, inaugurando una forma moderna y ágil de comunicación entre los ciudadanos y los poderes de turno”.
En una reunion con varios integrantes de diferentes provincias, señalaron que “hay que consolidar el respeto irrestricto a la Autonomía de las provincias, empezando con la autonomía plena a la Ciudad de Buenos Aires y el traspaso pleno de la Justicia, la Inspección General de Justicia (IGJ) y los fondos coparticipables”.
Los integrantes del Partido de las Ciudades se reunieron este jueves para rechazar el mega DNU del presidente Javier Milei, donde afirmaron que “no somos parte del deterioro de esa condición humana que ha generado la existencia de este DNU y sabemos que tampoco se remedia con un cheque en blanco al gobernante de turno, aunque apoyemos la revolución cultural que los cambios producen”.
Los distritos estuvieron representados por sus presidentes: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Giorno; Misiones, Daniel Domínguez; Tucumán, Daniel Coronel; Mendoza, Raúl Ruiz; Córdoba, Viviana Rodríguez; Buenos Aires, Héctor Cumplido; Chubut, Ezio Cattáneo; y Tierra del Fuego, Melisa Miño.
En la reunión señalaron que “somos esencialmente constitucionalistas y nuestra Constitución Nacional ha hecho un culto de las libertades individuales, las que durante mucho tiempo se han bastardeado”. Además, agregaron que “hay que consolidar el respeto irrestricto a la Autonomía de las provincias, empezando con la autonomía plena a la Ciudad de Buenos Aires y el traspaso pleno de la Justicia, la Inspección General de Justicia (IGJ) y los fondos coparticipables”.
“Defender el sistema democrático por sobre todas las cosas, además de reducir el déficit fiscal, sabido es que la privatización indiscriminada no es sinónimo de desregulación plena de la economía”, manifestaron, y agregaron que “se debe alentar la apertura del país a las inversiones extranjeras, pero con seguridad jurídica y control parlamentario e impositivo”.
También, proponen “mantener la presencia del Estado para garantizar la división de poderes y el Federalismo como premisa de gobernabilidad democrática sin intervencionismos”.
En el final, Jorge Giorno expresó: “La opinión de los habitantes de las ciudades de nuestro país que hoy concentran el 90% de la población, se expresa hoy a través de esta nueva fuerza política, el Partido de las Ciudades en Acción, inaugurando una forma moderna y ágil de comunicación entre los ciudadanos y los poderes de turno”.
El dirigente porteño planteó los beneficios de la decisión del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El presidente de Partido de las Ciudades en Acción, el diputado (MC) Jorge Giorno, aseguró este lunes que “la iniciativa de que las elecciones porteñas sean concurrentes tiene tres aspectos sumamente positivos para los vecinos de la Ciudad”.
“Por un lado, permite separar los debates dando oportunidad a la discusión de ideas de la Ciudad, además de ahorrar tiempo y dinero. Sino, los porteños deberíamos ir 6 veces a votar en 2023”, sostuvo.
Jorge Giorno es un pionero en la separación de las elecciones, ya que siendo diputado de la ciudad fue el autor en el año 2003, de la ley que obligó ese desdoblamiento.
Jorge Giorno comparó el discurso del jefe de Gobierno con el del presidente de la Nación en el Congreso.
El presidente del Partido de la Ciudad y diputado porteño (MC) Jorge Giorno aseguró que “todos asumen y reconocen que la Ciudad se ha transformado y representa un modelo de gestión que hay que proyectarlo a la Nación, para sacar a nuestro país de la postración”.
“Argentina necesita un presidente que la transforme y que tenga probada una gestión de calidad, tal como lo tiene Horacio Rodríguez Larreta”, explicó Jorge Giorno.
“Mientras el presidente Alberto Fernández abrió las sesiones del Parlamento con un discurso de odio. Larreta hacía un discurso de unidad nacional y de superación de la grieta”, finalizó Giorno.
Partidos de centro y centroderecha analizaron la estrategia electoral para este año y se escucharon algunos reproches de partidos disconformes con el tratamiento que reciben de JxC. Algunos exploran otras alternativas.
Un encuentro de la mesa política de Demócratas en Acción, convocado para analizar el inicio de este año electoral que consideran “bastante complejo”, derivó en una fuerte discusión donde se advirtieron posturas bien distintas y algunas críticas hacia Juntos por el Cambio, espacio donde hoy por hoy están alojados.
En la interna de ese espacio, los referentes del Partido de las Ciudades y el Partido Demócrata se manifestaron alineados con JxC, mientras que los referentes de la UCeDé y la Democracia Cristiana mostraron su disconformidad y la necesidad de buscar una alternativa política que refleje su pensamiento.
La discusión se puso acalorada cuando Martín Pascual, presidente de la Convención de la Capital de UCeDé manifestó que “el verticalismo en Juntos por el Cambio es preocupante”, que no son “tenidos en cuenta” para la toma de decisiones y que no se los respeta. Asimismo manifestó que “pareciera que cualquier otro sector de la política estaría más abierto a la discusión y a proyectar ideas en conjunto”.
Muy por el contrario el presidente del Partido de las Ciudades en Acción, Jorge Giorno, defendió el armado de Juntos por el Cambio y manifestó al actual jefe de Gobierno porteño como el candidato que mejor puede representar los intereses de los integrantes de esta mesa política. Manifestó a su vez que “lo que la sociedad necesita es un gran administrador, como lo es (Horacio) Rodríguez Larreta.
Cuando tomó la palabra el secretario general de la Democracia Cristiana porteña, Carlos Traboulsi, adelantó que se encuentra en conversaciones avanzadas con el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, de quien dijo que “está decido a dar participación en la toma de decisiones y que sin lugar a dudas es una alternativa anti grieta”.
Según asistentes al encuentro, la situación fue muy tensa, pero en ese marco el presidente de la UCeDé, Andrés Passamonti, expresó que si bien las elecciones 2023 se encuentran a la vuelta de la esquina, este espacio debe mantener la unidad priorizando el trabajo futuro y no las necesidades electorales inmediatas.
La presidenta del Partido Demócrata de la Capital, Mónica Alonso, propuso continuar dialogando en esa mesa dentro de dos semanas y solicitó a los que se encuentran conversando con los distintos espacios que vengan con “propuestas sólidas”.
Por Jorge Giorno. Para el autor, están dadas las condiciones para comenzar la tarea de formar la primera Ciudad Autonómica del siglo XXI.
La República Argentina ha consolidado su perfil agro productor y ha desarrollado pequeños nichos respecto a las industrias no convencionales como la del calzado, el diseño, la moda y el software. Ésta es la base económica de nuestro país. Nuestro posicionamiento geopolítico y la capacidad de nuestro mercado interno nos imposibilitan asumir procesos industriales de escala. Pero esta base resulta suficiente para generar los recursos que garanticen el desarrollo de los centros urbanos.
En el negocio del desarrollo de los centros urbanos es donde identificamos el ingreso de capitales y la generación de valor económico de las ciudades. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, único territorio totalmente urbano del país, ya ha asumido esta realidad encarando proyectos urbanísticos con relativo éxito, más allá de las decisiones macroeconómicas de los últimos tiempos, de las autoridades nacionales.
Lo cierto es que el entramado comercial de la ciudad se ha desarrollado. Los organismos internacionales han manifestado su apoyo a la reconstrucción de los centros comerciales. La conciencia ciudadana ha comenzado a comprender que la automatización del expendio de los productos perecederos atenta directamente contra el trabajo de los habitantes de la ciudad.
En definitiva, están dadas las condiciones para comenzar la tarea de formar la primera Ciudad Autonómica del siglo XXI. Es nuestro deber generacional aceptar el desafío.
Es en este contexto que la economía urbana adquiere características especiales, porque es el lugar común donde los habitantes del mundo buscan la forma de generar trabajo, crear empleo y satisfacer sus necesidades, todo ello contribuyendo al crecimiento de la economía global.
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) define al Desarrollo Económico Local (DEL) como “el proceso estructural y de crecimiento que, mediante el máximo aprovechamiento de los recursos locales, permite que las personas que viven en un área local o una región de un país experimenten un incremento continuo de su bienestar”.
El proceso estructural abarca tres dimensiones: la económica (incluye los medios de producción por los que las empresas locales pueden usar eficazmente los recursos locales, generar economías de escala que tienda a acrecentar la productividad y competitividad en el mercado); la sociocultural (comprende la red social y económica en que los valores y las instituciones apoyan el proceso de DEL), y la dimensión política y administrativa (establecen las iniciativas que crean un entorno local y comercial favorable al fomento del DEL).
Por otra parte, la cohesión social (CS) según la CEPAL “se refiere tanto a la eficacia de los mecanismos instituidos de inclusión social como a los comportamientos y valoraciones de los sujetos que forman parte de la sociedad... Se define como la dialéctica entre mecanismos instituidos de inclusión y exclusión sociales y las respuestas, percepciones y disposiciones de la ciudadanía frente al modo en que ellas operan”.
La convergencia entre los conceptos de DEL y el de CS se logra mediante la adecuada sinergia de los aspectos económicos y sociales que, a su vez, refuerzan la estabilidad económica y social, lo que posibilita generar un clima adecuado para el desarrollo de las actividades productivas generando así un círculo virtuoso.
La economía capitalista que hoy prima en el mundo, se caracteriza principalmente por la diversidad en la oferta y la innovación constante en ideas, productos y procesos. La concentración del capital humano en los centros urbanos alimenta y potencia estas características económicas multiplicando las oportunidades. Esta forma de generar posibilidades de crecimiento es lo que torna atractivas a las ciudades, aún al costo de soportar la congestión y la contaminación.
El desarrollo económico de los centros urbanos tiene su eje principal en el consumo. La producción, expulsora de mano de obra, ha cedido lugar a la intermediación de los bienes como el lugar de incorporación de valor agregado. Las cadenas de comercialización y prestación de servicios se han tornado en el eje principal del sustento de la actividad económica de las ciudades.
Entender este proceso es lo que nos va a permitir generar trabajo, empleo y oportunidades para la mayoría de nuestra población que, hoy, ya vive en ciudades.
*Diputado en la Legislatura de la Ciudad (m.c.)
Presidente del Partido de las Ciudades en Acción
