Nuestros Mapuches 

Jorge Horacio Gentile, profesor emérito de las Universidades Nacional y Católica de Córdoba y exdiputado de la Nación. El autor repasa la historia del pueblo mapuche en nuestro territorio.

Los Mapuches son el pueblo indígena más numeroso de Argentina y de Chile. Según el Censo Nacional de 2010 en Argentina habitaban 205.009 mapuches. 

Los Mapuches originariamente son un pueblo indígena que habita en La Araucanía en Chile y que hablan la lengua mapuche o mapudungún, que incluye a varios grupos que cruzaron la cordillera de los Andes, hacia Argentina. Los mismos tenían relaciones, desde antes de mediados del siglo XVIII, con pueblos nativos que habitaban al este de la cordillera de los Andes, como los Tehuelches, después de la independencia de Chile (1818). Una parte de las fuerzas Mapuches, que lucharon principalmente en el bando realista, emigraron hacia Argentina. 

La Campaña de Rosas al Desierto, en 1833 permitió a las tropas argentinas ocupar casi todo el territorio al norte del Río Negro; unos 14.500 km² que quedaron fuera del dominio indígena. Los Mapuches se rehicieron, de modo que en 1870 estos pueblos realizaban sus correrías casi hasta las ciudades de Mendoza, San Luis, Río Cuarto, el sur de la provincia de Santa Fe y parte de la de Buenos Aires, llegando hasta cerca de la ciudad de Buenos Aires. 

A fines del siglo XIX los gobiernos de Chile y de Argentina, emprendieron las campañas militares por la Ocupación de la Araucanía y la Conquista del Desierto, en las que murieron miles de personas, los Mapuches perdieron territorios y fueron desplazados hacia terrenos menos extensos. En los siglos XX y XXI, se vivió un proceso de asimilación de los mismos a las sociedades de ambos países y existen, desde entonces, manifestaciones de resistencia cultural, conflictos por la propiedad de la tierra y por el reconocimiento de sus derechos. Los Mapuches sufren discriminación en Chile y Argentina, padecen pobreza y desocupación y menores índices de educación e ingresos. La recuperación de sus tierras históricas no se termina de concretar. 

En 1830, atravesó los Andes desde Chile, y penetró en la llanura pampeana, un grupo de araucanos liderados por el cacique Juan Calfucurá, que se radicó allí y levantó sus tolderías a 60 kilómetros al norte de Bahía Blanca. 

En 1834 Calfucurá masacró a los caciques de las pampas en Masallé, cerca de la laguna de Epecuén. Convocó a una gran reunión a todos los caciques y capitanejos de la Patagonia argentina. Los invitó a comer, los embriagó y los asesinó a todos., alrededor de mil caciques e indígenas. Calfucurá tomó el poder de todas las tribus. Hasta 1872 sus tropas eran poderosas, y le ganaron las primeras batallas al Ejército Nacional. En marzo de 1872, Calfucurá devastó con 6.000 lanceros los pueblos de 25 de Mayo, Alvear y 9 de Julio en la Provincia de Buenos Aires. Finalmente, fue derrotado en la batalla en Bolívar en marzo de 1872, por el general Ignacio Rivas. 

Durante el sitio de Río Cuarto en 1831, ejecutado por Mapuches chilenos aliados de Rosas, se produjo la reacción del Gobierno patrio que le puso fin con la muerte de Calfucurá. 

Canto sagrado 

Le fue mejor a su hijo Manuel Namuncurá, a quien Roca, después de vencerlo, lo nombró coronel del Ejército. Su hijo Ceferino Namuncurá, nieto de Calfucurá y de Rosario Burgos, una cautiva chilena, nacido en Chimpay, provincia de Rio Negro; el 26/8/1886 y fue beatificado el 11/11/2007 por el Sumo Pontífice; conoció en 1901 a Carlos Gardel, que nació el 11/12/1890, en el Colegio Salesiano Pío IX ubicado en el barrio porteño de Almagro, donde estudiaban e integraban juntos el coro de la iglesia. Ceferino le ganó a Gardel un concurso de canto individual en la fiesta anual del Colegio organizada por el padre José Spadavecchia. 

El conflicto continúa en Argentina y Chile. En 2014 un comunicado de la llamada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), liderada por el argentino Jones Huala, condenado a 9 años de prisión en Chile y prófugo, declaró la guerra a los dos países, considerando ilegal la conquista que ambos Estados hicieron de los territorios Mapuches. Desde 2017 este grupo es considerado terrorista, por sus actos de violencia. 

El Estado debe respetar y garantizar sus costumbres, tradiciones y modos de vida, así como los Mapuches deber considerarse parte de nuestra Nación. 

Soñar un mejor destino 

Por Jorge Horacio Gentile, profesor emérito de Derecho Constitucional y exdiputado nacional. A propósito de las elecciones en Brasil, el autor advierte la necesidad de proponer objetivos y hacer planes con propuestas concretas.

Pablo Gianera afirmó: “Feliz el que espera. Y duerme”, algo que está ausente del conversatorio político, donde el tema central, casi siempre, es lo que ocurrió, la historia, la nostalgia de lo bueno o el “nunca más” de lo malo que ya se hizo, y se lo trata de unir con las necesidades presentes, para proponer reproducirlo o no realizarlo. Poco y nada se discute sobre la propuesta y los sueños a realizar y de los caminos para alcanzarlos. La negativa a hablar del futuro nos trae incertidumbre, nos angustia y decepciona. 

Para consuelo del tonto, una de las similitudes que encontré en los discursos de los políticos de la reciente elecciones de Brasil con los de nuestros políticos, es que en ellos hay más pasión que definiciones, y más agravios que propuestas de futuro, como se vio en el último debate por la televisión entre Jair Bolsonaro y José Ignacio Lula da Silva. Se habló más, o exclusivamente, del pasado; de lo que se hizo o se dejó de hacer, de lo que habría que reiterar, mejorar o no repetir; qué errores reconocer y tratar de no volver a cometer; o que agravios o mentiras enrostrarle al rival; y que aciertos olvidar o negar reconocerle, al contrario. En Brasil ello se explica porque se trataba de una elección que resultó casi empatada, dentro de un país estable, sin inflación, y donde no se vaticinaban cambios en las políticas económicas, ni en las relaciones internacionales después de los comicios. Ello se explica porque el ganador era poco lo que podía prometer de reformar o innovar porque todo tendría que negociarlo. Pero en nuestro país donde la incertidumbre, la inestabilidad, la corrupción y el desorden están generalizados lo que más deseamos todos es saber a dónde vamos y cómo llegar a destino, y ello nos parece oportuno recordarlo en vísperas de un año electoral, donde puede haber un cambio gobierno. No alcanza con prometer repetir los éxitos o no reiterar los fracasos, porque lo que queremos saber es hacia dónde vamos. 

Cumplir con los dispone nuestra Constitución es algo que parece haberse olvidado, como dictar la postergada ley de coparticipación federal; el cubrir las vacantes de un juez de la Corte Suprema de la Nación, del Procurador General de la Nación, del treinta por ciento de las magistraturas que tiene la Justicia Federal y la del Defensor del Pueblo, postergada desde hace doce años. También debe traspasarse la Justicia Nacional a la ciudad de Buenos Aires a la CABA y que financiamos todos los argentinos. Crear la Policía Judicial y la que se ocupe del narcotráfico a nivel federal, como ya existe en Córdoba. Hay que convocar a un tercer Congreso Pedagógico Nacional para poner al día nuestro sistema educativo. Hay que dictar una ley federal de salud, para ordenar un sistema que es caótico. Debemos cambiar nuestro sistema electoral por el del voto electrónico, como tiene Brasil. Hay también obras públicas demoradas como el Gasoducto de Vaca Muerta o la construcción de la ruta nacional que uniría Brasil con Chile, pasando por Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y San Juan. 

Si los discursos políticos en vez de hablar del pasado y de agudizar las grietas del presente, se dedicaran a proponer objetivos y hacer planes con propuestas concretas, como las antes señaladas, nos ayudarían a reconstruir la fe y la esperanza de los argentinos, especialmente de los jóvenes, que sueñan con irse del país. 

Como anhela Gianera, esta reflexión “bien podría definirse como una nostalgia del futuro”. 

Empate electoral en Brasil

Por Jorge Horacio Gentile*. El análisis de los comicios brasileños da pie al autor al debate sobre la implementación de la boleta única en nuestro medio.

El 2 de octubre pasado, en el quinto país más extenso de la tierra, Brasil, utilizando urnas electrónicas, se realizaron en forma impecable elecciones, donde se elegían presidente y vicepresidente de la República, gobernadores y vicegobernadores, diputados y senadores federales y legisladores de los 26 estados que conforman dicha federación, y en su capital, Brasilia.

Un empate fue el inesperado resultado; entre dos veteranos políticos, que se postulaban para la presidencia, junto a otros 7, que no alcanzaron el 10 % de los votos.  Por un lado, Luiz Ignacio Lula da Silva; un ex presidente, que lo fue dos veces, de 77 años, de centro izquierda y que estuvo 580 días preso por una causa del “Lava Jato” (auto lavado) que luego fue anulada por razones formales por el Supremo Tribunal Federal; y, por otro, por el actual presidente, Jair Messías Bolsonaro, un derechista de 67 años, capitán retirado del ejército, que fue diputado federal entre 1991 y 2019. Lula triunfó en 14 estados y Bolsonaro en 11 y en el Distrito federal.

Las encuestas preelectorales, ya que no hubo en “boca de urna”, pronosticaban el triunfo de Lula en primera vuelta por más del 10 % de los votos, pero sólo obtuvo el 48,4% contra el 43,2% del actual presidente, y, por no haber obtenido la mitad de los sufragios positivos, ambos disputarán la primera magistratura en una segunda vuelta, el próximo 30 de octubre.

Bolsonaro tendrá mayoría en el Congreso, entre los electos por primera vez hay 3 diputadas “trans”, 2 indígenas y un joven diputado de 26 años, Nicolás Ferreira, que obtuvo 1,4 millones votos, el mayor número de la historia.

Este sistema electoral electrónico, que funciona a la perfección desde hace más de 25 años, le permitió votar a 123.682.372 personas, el 79,05% de la población, donde los sufragistas presionaban botones que indican en la urna electrónica un número que identificaba a los candidatos. Por ejemplo, para presidente, el de Lula era el número 13 y el de Bolsonaro el 22. Luego de apretado, podían utilizar el botón que decía: “anulado”, si se hubieran equivocado o deseaban cambiar por otro, o el de “confirmado”, que daba por emitido el voto.

Hubo solo 2,82% votos nulos y el 1,59 en blanco. La organización y el control estaba a cargo de eficientes tribunales y policías electorales, como pudimos comprobar, lo que se parece mucho al que tiene la India, la democracia más poblada del mundo, donde cada 5 años votan hasta 900 millones de persona, también con urnas electrónica.

Como argentino me gratificó la jornada cívica que pude vivir, donde no estuvo ausente lo emocional, porque pudimos apreciar el entusiasmo de las manifestaciones que apoyan a los dos candidatos principales. Si lo comparamos con nuestras elecciones, donde se sigue votando con millones de boletas de panel, en comicios que terminan con escrutinios cuyos resultados recién se conocen al día siguiente, cuando no hay impugnaciones que lo retrasen aún más.

Es inconcebible que sigamos discutiendo en nuestro país si se adopta la “boleta única”, que ya tienen Córdoba y Santa Fe, y que fue proyectada por primera vez por el diputado provincial de Córdoba Teodosio Pizarro en el año 1959. El voto electrónico parece imposible.

La Constitución de Córdoba en su artículo 78,2, innovó en 2001, al establecer el voto de preferencia, que permite, como en Brasil, que el elector pueda cambiar el orden de las listas de legisladores que proponen los partidos, para luego hacer el reparto proporcional; porque, casi siempre, los que confeccionan dichas boletas las encabezan con parientes o punteros para favorecerlos, relegando a los más capaces y honestos. Es de lamentar, esto nunca se aplicó por no ser reglamentado.

*Observador en Brasilia y San Pablo de las últimas elecciones de Brasil, profesor emérito de las UNC y la UCC, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario y fue diputado de la Nación.

A propósito del odio  

Por Jorge Horacio Gentile, exdiputado nacional. El autor se refiere al debate respecto a las manifestaciones “de odio”, y la posibilidad de su legislación.

“Una costumbre detestable” es odiar, y “la ofensa -según Séneca- “exige un odio a la par”. El odio es “una emoción humana que consiste en desear el mal”. Las grietas, que se han instalado en la política argentina, hacen que no falten quienes utilizan injustificadamente expresiones odiosas para capitalizar la tensión que profundiza el surco que agrandan las divisiones y hace más violenta las querellas.  

Estos procederes, que se utilizan de los dos lados de las grietas, son contrarias a la Constitución Nacional (CN), que, en nueve palabras de las cien de su preámbulo, resumen su razón de ser cuando invoca la “protección de Dios fuente de toda razón y justicia”, lo que abre un ancho camino que busca, desde nuestra ley fundamental, alcanzar la Verdad y el Derecho, propósitos contrarios a las ofensas que implican las “conductas detestables” y muchas veces violentas que se producen cuando se odia.  

Sancionar estas acciones, más allá de lo que ya dispone nuestro Código Penal, puede atentar contra el derecho humano la libertad de expresión, que la CN y los tratados internacionales con jerarquía constitucional garantizan y que es esencial para hacer posible la convivencia democrática.  

La amplia difusión del juicio de “Vialidad”, donde está procesada la señora vicepresidente de la Nación, ha avivado las ofensas de los dos lados de la grieta. Unos, amparados en sus privilegios como legisladores, proponen aplicarle la pena de muerte a Cristina Fernández de Kirchner (CFK), como lo declaró el diputado del PRO José Sánchez; y otro lado, el senador José Mayans, pidió que “se pare” el juicio de “Vialidad”, por haber sido el que “generó la violencia extrema”; lo que, en ambos casos, es detestable.  

Los medios de prensa y las redes sociales se han hecho eco de estas odiosas expresiones y las críticas de ambos lados se han multiplicado e intensificado en su virulencia. El juicio donde se ventila la corrupción en que está acusada CFK debe continuar, de la misma manera que debe tramitarse la causa que investiga el grave y, gracias a Dios frustrado, atentado que sufrió la señora vicepresidente.  

CFK y el ex presidente Mauricio Macri han sido y son los que en los medios han liderado los dos extremos de las ofensas que producen los odios, lo que nos afecta a todos los argentinos, ya que lo ideal sería que ambos ex presidentes, y muchos de sus seguidores, como por ejemplo Lázaro Báez o, el prófugo, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, no estén procesados, ni que fueran condenados por causas de corrupción, ya que ello nos ofende a todos en nuestro honor de argentinos. Pero si son culpables, como algunos ya lo han sido y tienen condena firme (como el ex vicepresidente Amado Boudou), y otros, a los que se les llegue a probar su culpabilidad, deben ser condenados y penados como cualquier hijo de vecino. En esto no puede ni debe haber privilegios.  

Los juicios por corrupción, que no son pocos, y donde hay implicados políticos e influencer, que están en ambos lados de la grieta, algunos que ya tienen sentencias, y en otros donde hay acusados, deben continuar y ser juzgado, siguiendo lo que dispone la CN para encaminarnos, cuanto antes, por el camino de la “razón y justicia” como indica su preámbulo.  

Para Aristóteles el odio era lo opuesto a la amistad y al amor, que es lo que necesitamos para realizarnos como personas en una comunidad más fraternal, y para que nuestros jóvenes dejen de pensar en emigrar a otros países.  

¿25 jueces para la Corte Suprema? 

Jorge Horacio Gentile, exdiputado nacional. El autor analiza el proyecto de reforma del oficialismo y objeta las razones por las que entiende que no es viable.

Un proyecto de ley del presidente del interbloque Frente de Todos, el senador José Mayans, y de la vice, Anabel Fernández Sagasti, de solo cuatro artículos, propone que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) esté “compuesta por veinticinco jueces y juezas” y que “una ley especial determinará el modo de organización y funcionamiento” de dicho tribunal con su nueva integración. En su tercer artículo dice que los actuales cuatro miembros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, “conservarán sus cargos” y que la cobertura de vacantes “tendrá en consideración la actual composición”, mientras que el resto de los nombramientos se irán produciendo “conforme sean designados”. 

En los fundamentos del proyecto no cuestiona a los actuales magistrados y señala que la ampliación tiene por objeto evitar los “altísimos niveles de delegación de trabajo jurisdiccional en personas que no son sus jueces” y “favorecer la inmediatez” en la resolución de expedientes. 

La CSJN, actualmente compuesta de cinco jueces, tiene una vacante por la renuncia, producida en el año 2021, de Elena Higthon de Nolasco, lo que se suma a la del Procurador General de la Nación desde 2017, y del Defensor del Pueblo, desde 2009. 

Las razones del proyecto y de las vacantes son políticas, ya que los fallos que dicta dicho tribunal no complacen a los que gobiernan, y temen que ello se repita cuando se resuelvan las causas de la corrupción de algunos de sus funcionarios, entre las cuales están la vicepresidenta, y sus dos hijos. Las condenas al exvicepresidente Amado Boudou, al exministro Julio de Vido y a Milagros Sala, les preocupan, como ya lo demostró el presidente Alberto Fernández cuando la visitó a ella en Jujuy. 

El proyecto no es viable porque: 

1. Si las sentencias son lerdas hoy al tener que ser estudiadas y firmadas por cuatro jueces, cuando tengan que hacerlo veinticinco la “inmediatez” será mucho más que imposible; 

2. Si se intentara, como algunos proponen, dividir al Alto tribunal, en ocho salas especializadas de tres miembros cada una, ello sería contrario a la Constitución Nacional (CN) que habla de “una Corte” (Art.108) y no de ocho, y porque sus fallos podrían ser contradictorios; 

3. La designación de los nuevos jueces, a propuesta de los gobernadores, también contradice la CN (art.99 inc. 4), que exige que la misma debe hacerla el presidente de la Nación con acuerdo del Senado; 

4. Si hoy, con solo cuatro integrantes, sus oficinas ocupan más de un piso del edificio de una manzana de calle Talcahuano de la CABA, con veinticinco tendría que ocupar cuatro pisos más, lo que significaría edificar un nuevo Palacio de Justicia; 

5. En momentos de crisis económica destinar más recursos fiscales para construir un nuevo edificio y para abonar sueldos millonarios, como tendrían los cinco magistrados, y la de secretarios letrados (que cobran un plus por antigüedad desde que son abogados y no desde que ingresaron a la Justicia) y demás personal que acompañan la labor de cada magistrado, hoy sería disparatado, y un pésimo ejemplo para los que padecemos este mal momento. 

Para reformar la justicia, antes que aumentar los miembros de la CSJN, hay que cubrir el 30 % de vacantes que tiene la Justicia Federal, y es imprescindible reducir el número de pleitos, que en su mayoría los genera el Estado al chicanear juicios en su contra, contrariando a la CN, a las leyes y a la jurisprudencia de los tribunales, como ocurre con los ciento de miles de pleitos que se tramitan por los recortes a las jubilaciones, pensiones y retiros. 

Esperemos que los que nos representan en el Congreso no conviertan en ley este proyecto. 

Facundo Manes, una decepción y un acierto

Jorge Horacio Gentile. El exdiputado nacional expone sus apreciaciones respecto al flamante precandidato por el radicalismo, y lo que significa su candidatura.

Conocí a Manes hace uno tiempo al compartir asientos en un viaje en avión a Brasil y de la conversación me quedó una buena impresión de este intelectual. Luego me enteré que nació en Quilmes hace 52 años; que se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires; se especializó en neurología, neurociencias y neuropsiquiatría en Massachusetts y Iowa en EE. UU.; y luego estudió y fue investigador en Cambridge, en Inglaterra. Fue rector y profesor de la Universidad Favaloro. Es afiliado a la UCR y ahora es precandidato a diputado nacional en las elecciones primarias de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, lo que lo ha convertido en el cisne negro de estos comicios. 

Hace unos días en una librería encontré un libro titulado “Ser humanos”, publicado en julio de 2021, escrito por Manes, junto con Mateo Niro –un lingüista-, y lo compré con la idea de conocer su pensamiento político. Cuando comencé a leerlo me decepcioné porque se trataba de un estudio sobre el cerebro y la neurociencia. 

A pesar de ello, lo seguí leyendo y me enganché con su temática, porque estaba muy bien escrito y adornado con textos literarios, seguramente aportados por Niro, y en el que se explaya en temas tan cercanos al alma, como son el funcionamiento del cerebro –de los humanos y los animales-, su relación con el corazón, los intestinos y los riñones. 

Desarrolla, además, con solvencia, y en un lenguaje accesible, temas como la razón, los sentimientos, las emociones, el estrés, la violencia, la resiliencia, las memorias, la percepción, el olvido, el miedo, el sueño, la música, los pensamientos, el conocimiento, las decisiones, el libre albedrio, el cerebro social, la empatía, la creatividad, la felicidad, el amor, la amistad, la inteligencia colectiva, la confianza, la meditación, el rezo, el perdón, el juego, la risa, la neuroética, la conciencia, el lenguaje, el bilingüismo, y las relaciones entre cerebros, y, de estos, con las máquinas (inteligencia artificial), entre otros. 

El liderazgo 

Pero algo útil para política pude rescatar cuando se refiere a los líderes, que existen desde la revolución agrícola, hace 10.000 años. La psicología entiende, según Manes, que para ser líder hay que “posicionarse como uno 

más del grupo, pertenecer al conjunto más que estar por encima. Ser más la regla que la excepción (…) los rasgos personales más deseables dependen de la naturaleza del grupo liderado”. Además, “deben encajar en el grupo, sino también de dar forma a la identidad de éste.” Las cualidades como: “inteligencia, fuerza, determinación, autoridad y visión amplia, son en realidad insuficientes (…) también es necesaria la inteligencia emocional, (…) la habilidad de las personas para reconocer, comprender y manejar sus emociones como también reconocer, comprender e influenciar las emociones de los demás.” 

La “inteligencia emocional” necesita de cinco actitudes: “ser consciente de las emociones propias, autorregular las emociones, la motivación, la empatía y las habilidades sociales”. 

Otro aporte, útil en época electoral, es citar a Lord Owen cuando define el “síndrome de hubris como rasgos de personalidad adquiridos como consecuencia de ocupar cierto rol de poder por un período de tiempo prolongado (cuando más tiempo y más poder, peor).” Esta afirmación nos interesa porque vemos hoy a candidatos a legisladores que quieren ser reelectos, o aspiran a otros cargos que no es el que ejercen sin haber terminado sus mandatos, o quieren prolongarlos en sus distritos o en otros, o son solo testimoniales, o aspiran a futuros cargos ejecutivos que no se disputan en estas elecciones. 

Debemos aprender de esto, en épocas electorales, porque nuestro voto no es para engordar ambiciones, y satisfacer a aquellos que solo quieren poder y más poder, por mucho tiempo o para siempre, que luego se olvidan del bien común, y de lo que aspiran sus representados. 

Ello nos indica que debemos abrir los ojos, no tener miedo y exigirles a los candidatos humildad, que nos escuchen, que no se consideren superiores, y que alimenten la esperanza; por más dietas, fueros y privilegios que la Constitución les reconozca. 

Los legisladores que sabremos elegir

Jorge Horacio Gentile. El exdiputado nacional se refiere a la crisis derivada de la perdida de autoridad y desprestigio de las clases políticas.

El gobierno republicano es la autoridad investida democráticamente por la Constitución para dirigir el país. Dicho gobierno decide lo que se ajusta al “bienestar general” a través de sus tres poderes que lo componen, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. 

Leyes, decretos y sentencias hacen posibles que el estado reconozca y garantice nuestros derechos y nos indique que obligaciones tenemos los ciudadanos, las sociedades intermedias y los organismos del estado. De este modo los derechos humanos podrán ser ejercidos, incluso en momentos especiales como el que vivimos ahora con la pandemia. 

La autoridad, entonces, no es el presidente, ni los gobernadores, ni los intendentes, que solo ejercen los poderes o departamentos ejecutivos, sino que son los tres poderes del estado, cada uno en el ejercicio de sus competencias. 

Sin embargo, en situaciones excepcionales como que hoy vivimos, hay ejecutivos que se arrogan poderes que no les son propios, como ocurre con el Poder Ejecutivo Nacional, que en el último año y medio dictó más Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que las leyes que sancionó el Congreso, invocando la emergencia, supliendo muchas veces inconstitucionalmente las atribuciones del primero y más importante de los poderes, que es el Congreso, que en la próximas elecciones será renovado por el voto del pueblo. 

Crisis 

En este siglo se produjeron cambios vertiginosos en el mundo, no sólo por el coronavirus, sino también por el crecimiento de la información y su procesamiento, a través de las redes y los medios digitales, se acentuó la globalización, el crecimiento económico, la concentración de los poderes políticos, sociales, económicos, de la información y del conocimiento. Pero ello ha hecho crecer la desigualdad, la informalidad y la pobreza. Se ha dificultado la movilidad social y las clases medias reclaman viviendas y mejores servicios de salud y de educación. Gobernados y gobernantes se han divorciado, pocos conocemos a nuestros representantes. La corrupción, la inflación, el desempleo y la marginalidad han agrandado la brecha. 

Las llamadas clases políticas y los poderosos se han desprestigiado y han perdido autoridad. Los partidos políticos se han debilitado o desaparecido, los parlamentos legislan poco, no controlan a los ejecutivos, los bloques se multiplican al compás del transfuguismo y muchas veces delegan atribuciones a los ejecutivos. El prestigio y la ejemplaridad se han debilitado, y los órganos legislativos no canalizan los reclamos, protestas, movilizaciones que suceden a diario en Argentina, Cuba, Chile, Colombia, Perú, Sudáfrica, Hong Kong, etc. Los escraches, piquetes, tomas de tierras, nos muestran que estamos lejos del bien común y de la justicia. Ello debilita a la democracia y hace crecer el autoritarismo. 

La aparición de outsiders de la política –como Donald Trump (EEUU), Jair Bolsonaro (Brasil), Nayib Bukele (El Salvador) y Pedro Castillo (Perú); o nuevos dictadores –como Nicolás Maduro (Venezuela), Daniel Ortega (Nicaragua) y Miguel Díaz-Canel (Cuba)-, son otra consecuencia de ello. 

Las elecciones de medio término, donde elegiremos senadores y diputados nacionales, se muestran como una lucha desenfrenada por retener o lograr cargos legislativos, pero también como una suerte de primaria para posicionarse para alcanzar candidaturas ejecutivas para los comicios de 2023. El número de legisladores por distrito es el mismo de hace 40 años, Córdoba tiene 18 diputados, y la CABA y Santa Fe con menos habitantes tiene 25 y 19, lo que contradice a la Constitución. No hay voto de preferencia, ni se pueden tachar a los candidatos que no nos gusten, para poder cambiar el orden de las listas, las que son confeccionadas por los que mandan. Por ello es frecuente ver que son encabezadas por las esposa/os, hija/os, amantes, amiga/os, punteros, etc., y que están adornadas por personajes mediáticos, que poco saben de política. Los expertos, los estudiosos, los humildes, los que se juegan por los demás o que lucen trayectorias y conductas ejemplares, son la excepción. Desaparecieron las plataformas electorales, sobran las críticas a los rivales y no se proponen transformaciones. 

La elección es otra oportunidad para nuevos proyectos, renovar la política y a los políticos, terminar con los privilegios y alimentar la esperanza en el país, y convencer así a los desilusionados que quiere irse.