Se trata de empresas a las que Cammesa reclama importantes deudas por energía despachada y nunca cobrada. El diputado Jorge Araujo presentó un pedido de informes.
Según ha tomado dominio público, el Poder Ejecutivo Nacional intervendría siete cooperativas eléctricas a las cuales la empresa Cammesa (administradora del Mercado Eléctrico Mayorista-MEM) le reclama una deuda total de $325.000 millones por energía despachada que nunca se cobró. Las instituciones involucradas, según Cammesa, son las cooperativas eléctricas de Villa Gesell, Las Flores, Olavarría, 9 de Julio y Tres Arroyos, todas de la provincia de Buenos Aires; más la de Gualeguaychú, en Entre Ríos, y la de Río Grande, en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
En tal sentido, el diputado nacional del bloque UP Jorge Koky Araujo, presentó un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo Nacional que informe de manera precisa y detallada respecto de la situación de las cooperativas eléctricas a quienes la empresa Cammesa les reclama importantes deudas por energía despachada que nunca se habrían cobrado. Asimismo, solicita se incluya detalle del monto adeudado por cada una de ellas y periodo de la mora, así como las medidas previstas para el efectivo cobro de esos pasivos y garantías para continuar con la prestación del servicio eléctrico brindado por las cooperativas.
Según el diputado, “la situación que enfrentan las cooperativas eléctricas, según Cammesa, es de suma gravedad. Estas cooperativas no solo fijan el costo de la distribución de la energía eléctrica en pequeñas localidades del interior del país, gravemente afectadas por la disparidad entre el costo del servicio y los ingresos de los hogares, sino que su formato cooperativo puede conducir a una crisis que impactaría no solo a la empresa, sino a toda la comunidad local”.
Entre los fundamentos del proyecto se detalla que “ante la magnitud de las deudas reclamadas por Cammesa a las cooperativas eléctricas, surge la necesidad de conocer los lineamientos y estrategias que se implementarán para garantizar la viabilidad de estas instituciones vitales dentro del sistema de distribución de energía eléctrica y la equidad en el cumplimiento de las obligaciones de pago”.
