En el Senado de la Nación se está tratando una modificación a la Ley de Impuesto a los Bienes Personales, que eleva los mínimos no imponibles a partir de los cuales se comienza a tributar. La iniciativa responde a una necesidad de no hacer caer dentro de esa tributación a personas que no tiene real capacidad contributiva, por lo que merece ser considerada. 

El problema es que el art 52 de la Constitución Nacional indica expresamente que las iniciativas en materia de contribuciones son resorte exclusivo de la Cámara de Diputados. Esta no puede ni debe tratar un proyecto que, al ser iniciado en la otra Cámara, es pasible de nulidad. 

Corresponde entonces que trate por propia iniciativa una medida similar. 

La cuestión tiene aristas políticas, porque si el Senado empieza a legislar forzando sus atribuciones, en caso de un resultado electoral el 14 de noviembre que otorgue una mayoría distinta a cada Cámara, el actual oficialismo puede basarse en este precedente para intentar seguir legislando cuestiones muy discutibles, como ser las retenciones al agro, y otras contribuciones, creándose un conflicto de poderes dentro del Congreso. 

Es por ello que lo sensato es congelar en Diputados el envío del senado y no reconociéndole poder de insistencia, y aprobar un proyecto propio, que contemple la equidad de la cuestión. 

La justicia debe obtenerse de acuerdo a las normas y no forzar la interpretación de las mismas, a fin de que quede preservada la coherencia institucional de la república. 

Hemos leído en estos días, una asombrosa opinión del presidente del BCRA,” descubriendo” que en país se mantienen atesorados billetes por valor de 170.000 millones dólares, y que estos constituirían una reserva importante para volcar a la inversión en nuestros innumerables proyectos pendientes. Se continúa así la deplorable inclinación de nuestros malhadados gobernantes, de pretender hacer política con lo ajeno.  

El funcionario sabe perfectamente que existe ese caudal, la mayor parte en cajas de seguridad, y no creemos decir nada nuevo si le agregamos que existe una masa importante todavía de depósitos bancarios a la luz del día en esa moneda, en cajas de ahorro bancarias. Y, además, es de público conocimiento que existen importantes ahorros líquidos pertenecientes a argentinos, depositados, legal o ilegalmente, en bancos del exterior.  

Me imagino como brillan los ojos de los que detentan el poder, cuando perciben ese enorme capital de argentinos que ellos, confusamente, creen que, de una u otra manera, les pertenecen y pueden disponer de ellos, si encuentran la triquiñuela que no parezca una confiscación. Señores, ese truco no existe: el Estado puede cobrar y hacer tributar a esos capitales, en cuanto sean propiedad de contribuyentes nacionales, pero nada más, como indica la Constitución Nacional. No estamos en un estado totalitario y la diferencia entre propiedad privada y pública subsiste y es, por lo menos hasta ahora, sostenida como puntal de nuestra organización económica y social, al menos por razones de eficiencia, si no éticas.  

Los interesados en promover inversiones y cambiar la estructura de nuestra economía, reciben continuamente advertencias de que lo primero que hay que hacer es crear un clima de confianza, para que los capitales se movilicen. No es con declamaciones épicas, ni con movilizaciones, ni con razonamientos técnicamente defectuosos, que se logrará ese objetivo. Tampoco aceptemos la costumbre de zafar, festejando una refinanciación de deuda como un logro fruto de nuestra picardía.  

Los estudiosos de los males económicos de nuestro país tienen claro hasta el cansancio que la causa de nuestro infortunio son la mala asignación de recursos, una de cuyas expresiones son los constantes déficits presupuestarios, con las consecuencias monetarias que provocan, y una estructura de producción que no genera las divisas suficientes para nuestro desarrollo, ocasionando estrangulamientos en la balanza de pagos y provocando devaluaciones. Ambas causas, quizás interrelacionadas en algún punto, crean las condiciones para nuestros constantes golpes inflacionarios, realimentados por la puja por la redistribución de los magros ingresos.  

Como no adherimos a las teorías tradicionalmente ortodoxas, creemos que la eliminación de la mayor parte de los déficits fiscales es condición necesaria, pero no suficiente, para encarar una reformulación del marco en que debe desempeñarse la actividad económica. Tampoco adherimos a la aplicación moderna de la teoría de la Ley de Say, desechada por falaz, que cree que la oferta crea su propia demanda, es decir, que las emisiones de moneda sin respaldo pueden justificarse si se aplican a inversiones reproductivas, muy conveniente si ignoramos el lapso temporal para que esas inversiones maduren y produzcan resultados, si los producen, porque son operaciones de riesgo.  

El actual gobierno había comenzado su función con promesas de buscar el consenso entre las fuerzas productivas, invitando a la creación de un Consejo Económico Social, al que algunos hemos propuesto amparar bajo un acuerdo político entre las principales fuerzas parlamentarias. Parece que las buenas intenciones quedaron en el camino, ya que las iniciativas económicas se están desplegando, con escasa fortuna, por cierto, en la insistencia en implantar un sistema dirigista ya caduco en el mundo libre, de neto corte burocrático, apoyado en empresarios privilegiados en cuanto responden al poder, que pretende reorientar el comercio exterior fuera de su cauces naturales, entorpecer la incorporación de las empresas digitales y las aplicaciones de la nueva tecnología y gravar con nuevas gabelas y controles lo poco que queda de actividad privada. Se insiste en el camino de la descapitalización y el atraso. Hemos retrocedido una vez más frente a los avances de nuestros vecinos y hermanos de la región.  

¿Qué nos queda entonces? Pues un largo y difícil camino, que cuesta mucho aceptar para las mentes de corto plazo, y que consiste en reformar el sistema político para dar un marco de estabilidad en el que puedan manejarse los agentes económicos. Son muchas las reformas necesarias, desde la fiscal, la tributaria, la laboral, la defensa de la competencia, la eficiencia y pureza de la Justicia, y tantas otras, pero si queremos una democracia de fines y de medios, que produzca y reparta equitativamente los resultados de la producción de riqueza, no busquemos los atajos del populismo, hidra de muchas cabezas, ni el centralismo chino, que te da, pero te quita, ni el capitalismo dogmático. Busquemos en lo mejor de nuestras tradiciones, de nuestros humanistas y científicos, y construyamos una economía racional, eficiente, apoyadas en bases sólidas morales, legales y de igualdad entre los ciudadanos.