Se torna delicada la situación en distintos lugares de la geografía nacional. La inseguridad y el narcotráfico hicieron pie hace un tiempo largo ya, de distintas formas y con diferentes consecuencias.

En algunos lados aumenta el delito en todas sus variantes, desde los más simples a los más horrendos, y en otros los delitos se mantienen, altos, pero la violencia en su concreción se eleva a formas inimaginables que hace una década atrás no se observaban.

Hurtos, robos, robos automotores, robos a domicilios, lesiones graves, con o sin armas de fuego o con claras intimidaciones para llevaros a cabo, dentro de los especímenes que se dedican al delito común o bandas de delincuentes “desorganizados”. Extorsiones, amenazas, cobros compulsivos, homicidios, sicariato, y toda otra aberración que les provea dinero a los clanes o narcos de baja estopa que pululan por la amplia geografía nacional.

Esta alteración del orden público que se produce con el delito callejero se observa a cualquier hora del día, en cualquier barrio ya sea de estratos altos, medios o bajos. Las víctimas son desde estudiantes de escuelas secundarias, pasando por familias que están tranquilamente finalizando un día de ocio y están guardando se automóvil, familias que están dentro de su casa descansando, motos delivery, ancianas y transeúntes en general. Todos pueden llegar a ser cadáver al final del día.

Los grupos armados, o esos ejércitos de dos encapuchados montados en una moto que salen a atracar, robar, lesionar, y eventualmente matar, saben que dominan el territorio, saben que la fuerza pública perdió el dominio del terreno, y se hacen fuertes en ese pensamiento. Creen que pueden vulnerar nuestro derecho a vivir sin pagar consecuencias graves, policiales o judiciales. Están en lo cierto.

Tenemos que entender que la desidia, la falta de inteligencia y coraje, la corrupción y la ineptitud de parte de la política, la justicia y la propia policía como brazo armado, son en parte responsables en gran medida de lo que está sucediendo.

Hoy, a cualquier edad y en cualquier lugar, desde menores de edad empuñando un arma de fuego, hasta doña Rosa de 70 años vendiendo papelitos de cocaína o picadura de marihuana por la ventana de su almacén, son exitosos en estas mini pymes del delito.

¿Quiénes, dónde y por qué?

No hay solución mágica a lo que nos viene sucediendo.

No se puede caer en la ingenuidad de creer que estos delincuentes solitarios, bandas de delincuentes organizados, desorganizados, narcos de poca monta y en chancletas, son pobres personas que les tocó una vida de privaciones en su niñez y que por ese motivo lo que sucede hoy debemos naturalizarlo.

Se avecinan varias batallas, muchas de ellas en forma simultánea, si un nuevo gobierno decide tomar esta problemática con seriedad. A nivel de seguridad pública nacional en la república y de seguridad ciudadana en la localía. Mucho por hacer.

Más políticas de seguridad pública y menos política con la seguridad es lo que debemos realizar, lo que los políticos con responsabilidad deben llevar a cabo. Debemos exigir y debemos exigirnos ser atentos observadores de la realidad que van a desplegar en pos de cuidar nuestros bienes, salud y vida.

Ciudad de Rosario, ciudad de Santa Fe, la provincia toda, Gran Buenos Aires, Gran Córdoba y Mendoza, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes, son esos lugares muy visibles donde los ojos bien cerrados y las palmas de las manos bien abiertas y extendidas de los funcionarios con responsabilidad, más las puertas y ventanas de la causa judicial y policial, hicieron que el desembarco narco fuera efectivo y ahora cada día más difícil de erradicar.

¿Hacia dónde vamos?

Con el actual gobierno nacional, y varios provinciales del mismo signo, no vamos a playa segura en cuanto a políticas de seguridad y lucha contra el narco. No podemos pretender que aquellos que nos gobiernan y que siempre están del lado de la delincuencia nos cuiden o que desarrollen políticas o coberturas de seguridad que nos favorezcan.

Para muestra de la inexistente lucha contra el narcotráfico de este gobierno nacional, el mismo nunca recurrió en apoyo a la mala y horrible gestión en seguridad que llevó adelante el gobierno de Santa Fe, que todas las semanas supera su marca interanual de homicidios relacionados a los clanes de la droga.

Como es posible que ciudades como la misma Rosario en Santa Fe, tengan hoy muchos más homicidios que la propia Medellín, que a la fecha intenta mostrarse como una nueva ciudad renacida entre las balas y sangre de las décadas del 80 y 90. Eso se llama políticas de Estado, cosa que aquí nadie entiende. Políticas que trascienden los gobiernos de turno.

Vamos hacia un colapso en un coctel difícil de digerir, aun a las seis de la mañana cuando ya se terminó el baile y no queda mucho por tomar.

Parte de la justicia y la policía corrupta (esta última mal paga y con falta de formación y capacitación), políticos y punteros financiando campañas en forma espuria sin importar el origen del dinero, un inagotable ejército de soldaditos para el narco que fluyen de la cantera de la pobreza, de la falta de educación y de la falta de horizontes, y una inoperancia manifiesta entre otras cosas en la falta de efectividad en el secuestro de estupefacientes en nuestro país, que según la ONU es el país donde más creció el consumo de drogas, son algunos de los muchos culpables.

Es tiempo que los próximos gobiernos salgan al ruedo muy rápidamente, y que con políticas efectivas de aplicación inmediata concurran en acción efectiva a defender a los ciudadanos y sus bienes, y dar lucha frontal al narco que hoy no se visualiza.

Estamos muy cerca que pobladores de distintas zonas geográficas de barrios trabajadores se armen en defensa coordinada de sus vidas, patrullando y vigilando sus áreas de desarrollo y vida. Las armas pasarían de estar en poder del estado a manos del ciudadano armado en patrulla. Modelos duales de seguridad se le llama. México y algunos lugares de otros países de América latina son lugares donde observar esta desviación.

Hay una seria batalla que librar. Se necesita coraje, profesionalismo, inteligencia y honestidad.

Al haber conocido profundamente y en su propio territorio colombiano el manejo y estructura de los carteles de la droga (ahora por su atomización lenta y paulatina denominados clanes de droga) se me permite llamar la atención sobre algunas consideraciones que tanto los gobiernos como la prensa dan como ciertas. 

Aquí en Argentina escuchamos hablar del desbaratamiento de bandas narcos, bandas criminales narcos, peligrosas bandas desarticuladas y fuertemente armadas que comercializaban drogas, por ejemplo. También llega a nuestros oídos la información de la destrucción de infinidad de lugares denominados bunkers de droga, dando a entender que serían lugares fuertemente protegidos y armados donde se lleva a cabo una serie de ilícitos relacionados a la venta y comercialización de estupefacientes. 

Ante esto, vale una aclaración basada en la experiencia en el terreno y mis contactos profesionales con la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia (DIRAN), en la tierra que fue otrora del Patrón Pablo Escobar y de los hermanos Rodríguez Orejuela. 

Ni nuestros narcos criollos tienen la categoría y peligrosidad de los exportados por Colombia, ni los bunkers son tales, quizás más parecidos a kiosquitos de paredes de ladrillo hueco donde venden papelitos o dosis de cocaína estirada. 

Hace una década, cuando comencé a interiorizarme y aprender de las experiencias colombianas, nuestro país dormía o se hacía el dormido ante tal flagelo transnacional. Me dijeron allí mismo, conociendo la real situación de su país y lo que es más sorprendente la nuestra propia, que “hiciéramos algo ya, que estábamos inactivos, que pusiéramos manos a la obra, que si no lo hacíamos cuando el narco se decidiera a desembarcar en nuestro país, no estaríamos preparados y seriamos presa fácil de ellos y su accionar… que estos tenían el poder económico de ‘doblar’ voluntades de todo tipo y obtener mediante el dinero o el terror lo que quisieran…”. Desde hace tiempo trato de volcar esas lecciones recibidas y volcarlas en los oídos que desean escuchar y hacer las cosas en el sentido correcto. 

En su paso por Argentina, el General José Mendoza Guzmán (quien venía de ocupar recientemente el cargo de subdirector Nacional de la Policía de Colombia y con anterioridad a ello director nacional Antinarcóticos de esa misma policía) dio una exposición magistral en el marco de la Primera Jornada Internacional sobre Políticas Públicas de Seguridad y Lucha Contra el Narcotráfico, que impulsé en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero. 

Ante la requisitoria de los medios periodísticos dijo: “Argentina puede convertirse en un paraíso narco, deben seguir trabajando para que ello no suceda”. 

En síntesis, no creamos que estamos luchando contra “los narcos” y sus clanes transnacionales. Los que denominamos en estas pampas como narcos o bandas narcos -los monos en Rosario, entre otros-, no son más que delincuentes comunes que se dedican a la venta de estupefacientes, y así y todo complican la existencia de nuestras fuerzas de seguridad. 

Estemos atentos, en breve tendrán la necesidad de desembarcar con toda la flota en nuestro país. Sería terrible no actuar y que ellos lleguen, utilicen y/o desplacen en estos negocios a los locales, con un mayor despliegue y violencia. 

Nuestra policía hoy en el GBA pierde a las claras contra delincuentes comunes y tumberos que ni se acercan a tener características de organizaciones criminales o narco organizaciones. Es decir, nuestra policía está perdiendo contra delincuentes merenderos, como se les podría llamar. Mal presagio, mal futuro. 

Lo interesante, no por ello menos hipócrita, es observar también ahora a los intendentes caudillos del GBA acompañar a sus ciudadanos en el reclamo, haciendo alusión a los millones de pesos que integran mes a mes para mantener la policía en sus jurisdicciones. 

¿Por qué lo de hipócrita? Porque ellos son artífices del negocio horrible que se armó en la gestión del exgobernador Daniel Scioli con la creación de las policías locales. 

Cada uno de ellos quería tener su propio ejército local uniformado para hacer política territorial, y se negoció con ese gobernador la creación de esas policías faltas de capacitación, formación, faltas de articulación operativa, donde el tamiz de ingreso tenía agujeros muy grandes por el que pasaba la selección para la incorporación. 

Hoy luego de varias administraciones ministeriales desastrosas, y con un actual ministro que directamente no se ocupa de la seguridad y solo lo hace en cultivar su imagen para posterior salto a cargo de senador o futuro gobernador, la población tiene toda la razón de protestar y de tener miedo de lo que puede pasar. 

Esta policía actual no está en capacidad de brindar una seguridad como corresponde para prevenir delitos, ya que le queda grande el territorio, aunque tiene un pie de fuerza superior al requerido como ideal, pero carece de medios logísticos, formación, capacitación, y ganas de hacer como corresponde su trabajo. 

Ya esta fuerza de la provincia de Buenos Aires no tiene policías con vocación, sino que la mayoría de ellos son personas que se colocan un uniforme de trabajo para hacer de policías. 

Hoy que la seguridad le juega en contra por ineptitud y falta de resultados, los intendentes quieren dejar de aportar y tirar por la ventana el monstruo que ellos forzaron a crecer. 

La provincia no tiene más dinero para mantener a la policía por la difícil situación económica en la que se encuentra, y los intendentes no quieren seguir poniendo dinero para sostener una fuerza policial que no le suma nada a la seguridad de sus territorios, en donde la misma población reclama por la inseguridad. Lo que en su momento era negocio político, hoy es como se dice, pianta votos. 

No hay que hacer política con la seguridad, debemos hacer seriamente políticas de seguridad. 

La coincidencia de los más de cuatro meses de cuarentena en diversas formas y grados de control, con posterior relajamiento y deshilachamiento por desobediencia y hastío, nos permiten hacer una evaluación somera de lo acontecido con la seguridad pública en el distrito más poblado del país, la provincia de Buenos Aires. 

En el terreno judicial, la feria generalizada y extendida excepto para fiscalías y juzgados especializados. La inexistencia de un sistema digitalizado plenamente, salvo algún caso de alguna fiscalía de La Plata -fiscalía 17- que implementó de motus propio en forma artesanal y exitosamente el teletrabajo judicial, la generalidad fue de un trabajo a menos de media máquina. 

No se buscaron a los prófugos más peligrosos, sabiendo que sería más fácil que estuvieran en los domicilios conocidos. La señal para la sociedad que cada vez observa más fue la contraria: se proveyó de celulares a los presidiarios y se liberaron a varios de ellos. 

La reducción grande e inicial de los delitos contra las personas fue mutando en el aumento de los delitos contra la propiedad. En contrario, las modalidades de estafas virtuales o la violencia doméstica tuvieron un rápido ascenso, con espasmódicas acciones estatales para prevenirlas. Más de un 44% de aumento de llamadas al 144 línea de asistencia a la mujer lo indican. Faltó planificación y asistencia a las víctimas. 

La máxima autoridad del área seguridad en la provincia, repitió sus apariciones mediáticas y circenses opinando de temas sanitarios, higiénicos, profilácticos, sociales, cual Wikipedia, sumado a despliegues de showman del lejano oeste. 

Poca -o nula- claridad en la conducción de una fuerza sin liderazgo que necesita urgente ser refundada, capacitada y adiestrada. Volver a ser parte y reconocida por la sociedad. Mal pagos, con menores ingresos por la suspensión de adicionales y horas extras, debieron poner el cuerpo para enfrentar a miles de personas mostrando papeles que podía o no, ser permisos de circulación. Mirar sin ver. 

La población se cansó de tanta economía mal administrada, de tanta cuarentena mal encarada, de tanto trabajo perdido, y de tanta inseguridad, sin plan, que se los lleva al cementerio. Hay hastío del encierro. Hay hambre. Ya hay armas dispuestas a ser usadas por la gente de bien común, ante la falta de respuesta de las autoridades legales que deben hacerlo, y por inutilidad manifiesta televisiva, no lo hacen. 

Tal como estaba previsto, la bomba del conurbano iba a explotar, y ninguno de estos científicos tienen la forma de desactivar algo que crearon hace 60 años. 

Mientras aumenta el delito, ¿qué hacen las autoridades? El martes 21, en una reunión del gobernador Kicillof y el ministro Berni con intendentes de la zona sur del conurbano, terminó a los gritos y con el ministro yéndose airado. 

Luego, la discusión fue con la ministra de seguridad de la Nación, Sabina Frederic, en presencia del gobernador que no puede mantener al perro atado a la cadena. 

Ese es el cuadro al cabo de estos 120 días: personas hastiadas y empobrecidas por el encierro, a merced de delincuentes. El personal policial también empobrecido, arriesgando su salud. El Poder Judicial ausente. Y las autoridades políticas, en riña pública por celos, egos y desplantes. 

Como dijo un gran periodista, en lugar de la inmunidad de rebaño se logró la impunidad de rebaño, se ven los primeros trazos de las malas decisiones y lo que será el reverdecer de la violencia. Los malhechores querrán recuperar el dinero y el tiempo perdido, porque las fuerzas del (des)orden ya mostraron que no tienen voluntad de encarar en serio la problemática. 

A nadie escapa que casi todas las naciones que sufren en sus territorios el flagelo de la producción, consumo, alojamiento, tránsito y posterior exportación de sustancias prohibidas tienen o están creando organismos centralizados y especializados en la lucha contra el narcotráfico y los cárteles que los dominan. 

Basado en mi experiencia con la Dirección Nacional Antinarcóticos de Colombia es que vengo haciendo escuchar mi voz para que de alguna manera se dé un puntapié inicial en la creación por Ley de lo que se podría dar en llamar Agencia Nacional Antinarcóticos, cuya misión primordial sería la de hacer inteligencia a nivel federal sobre temas relacionados a esa actividad ilícita, y a la lucha directa también en procedimientos de secuestro e incautación de todo tipo de drogas y alucinógenos, además de la incautación de dinero y bienes producto de las rentas ilegales de esos cárteles y clanes. 

Claro que, si no se tiene una clara idea e intención de avanzar contra este flagelo, todo cae en saco roto. Si nuestros legisladores o el propio PE no impulsan un proyecto de Ley que nos permita en un par de años ponernos de pie y de frente ante este negocio de los mercaderes de la muerte, nuestro destino será convivir a sangre y fuego con los narcos. 

Ya están aquí. Ya compraron, lavaron y exportaron desde nuestros aeropuertos y puertos del país, casi sin perder dinero por acciones de nuestras fuerzas de seguridad. El Clan del Golfo, Los Caparros, Los Urabeños, el Cartel Jalisco Nueva generación, Los Z, y hasta el PCC y el CV de Brasil, se sumaron a la fiesta. 

Estamos ante un gran problema desde hace años. Pasamos de ser solamente un país de tránsito, a ser un gran centro logístico de distribución y acondicionamiento de drogas, como una gran autopista o carretera de salida de cocaína entre otros, cuyos socios locales del narcotráfico transnacional cobran en producto, es decir se les paga con la misma droga que se “enfría y acondiciona”, que luego es la que llega a mano de los consumidores adictos argentinos. 

Hubo muchas promesas del expresidente Macri de realizar esa tan mentada Agencia Nacional, como así también otros amagues del Senado en iniciar lo mismo. La Bicameral de Seguridad y Narcotráfico nunca logró activar totalmente una iniciativa seria y ponerla a disposición de la Cámara. 

Este es un delito que se combate en equipo. Necesitamos integrar la selección de los países que están luchando seriamente en Latinoamérica, y solicitar tanto de ellos (algunos países productores) y de otros europeos, la inteligencia criminal correspondiente para combatir con armas serias y profesionales. 

¿Es muy difícil? En lo absoluto. Debemos ser serios en el proyecto de creación de esta Agencia. Somos “fáciles” para los narcotraficantes. Les proveemos mano de obra armada, no muy calificada, de vidas baratas y de costo exiguo. Nos hemos entretenido en las últimas décadas en perseguir el narcomenudeo, dejando de lado el negocio grande. 

Las claras y sabidas necesidades del territorio bonaerense en seguridad pública son harto conocidas desde hace años. No es novedad que la provincia no encuentra por los más diversos errores, todos políticos, una clara, profesional y acertada Política Pública de Seguridad y Convivencia que pueda implementar y llevar a cabo. 

Menos aún pueden los gobernadores, desde la creación del Ministerio de Seguridad, acertar en poner frente al mismo a alguien que desde el liderazgo, el raciocinio, capacidad organizativa y operativa, pueda ordenar y poner de pie a esa fuerza policial de 94 mil hombres y entregar a la población el producto que tanto requiere y reclama, Seguridad. 

Mal momento para que nos obliguen a asistir a la obra de teatro cuyo actor principal es el médico abogado coronel Sergio Berni, que, con su impronta falaz de conocedor de la seguridad pública, olvida la letra del guion que todos esperábamos oír, la de actor principal de un Ministerio, capaz, centrado, respetuoso, ordenado, es decir profesional, que nos hable de lo que encontró y de lo que va a hacer, cuáles son sus objetivos a cumplir y como erradicará o al menos como combatirá el narcotráfico. Pero en cambio, la obra teatral, nos devuelve un personaje arrebatado, locuaz sin sentido, escaso de conocimiento, sin liderazgo, prepotente, histriónico, superhéroe en motocicleta, que no le resulta ni le sirve a la población. Al único que le sirve es a él mismo. 

Esta es una obra de teatro a la que, aunque fuera gratis, no quisiera asistir. El personaje que llegó al Ministerio empujado y obligado, pasó de ser algo pintoresco a un verdadero problema para quienes los soportan y para quienes deben soportarlo, es decir la clase política, la población, y hasta su propia policía que ya lo mira con extremada desconfianza, debido a que sus actos contrastan con lo que hace puertas adentro. No defiende a sus hombres, ellos siguen estando con los mismos sueldos paupérrimos de la gestión anterior, y en cuanto al accionar Covid, no les proveyó en cantidad y calidad de los elementos de prevención para luchar contra el enemigo invisible. 

Este actor, irreverente, torpe, escaso de conocimiento en seguridad y falto de condiciones de líder, y no acostumbrado a salir a escena cuando se trata de coordinar junto a los compañeros de elenco de Nación y Ciudad, se salió de la letra del guion, y a los ojos de todos nosotros, la población, se observa el desorden, la falta de capacidad y de organización, que nos hace pensar que mejor nos debemos levantar de las butacas y solicitar la devolución del dinero de la entrada. 

¿Quién será el director de la obra que se anime a poner las cosas en orden y que nos devuelva la tranquilidad y necesidad de ver actores coordinados en bien de la puesta en escena teatral?