El diputado nacional Jorge Rizzotti (UCR – Jujuy) presentó un proyecto de Ley de empleo joven en donde propone la creación y preservación de puestos de trabajo registrado para las generaciones jóvenes mediante fuertes incentivos fiscales a micro, pequeñas y medianas empresas.

Las personas a las que se propone beneficiar son las que tienen entre 16 y 30 años, con menos de 48 meses de aporte (continuos o discontinuos); sin aportes aún de empleo debidamente registrado; y monotributistas sociales (a quienes no se les tomará como aporte los que se hayan realizado en este régimen).

Las micro, pequeñas o medianas empresas que, entre otros requisitos, no hayan efectuado despidos en un período mínimo de seis meses desde la sanción de la ley serán adheridas al programa. Tampoco podrán sustituir trabajadores vinculados con un contrato laboral por beneficiarios de la iniciativa.

Además, deberán incorporar a jóvenes por un período mínimo de 24 meses, y con eso tendrán derecho a una reducción del 100% de las contribuciones patronales, y podrán deducir a cuenta del Impuesto a las Ganancias por 24 meses un equivalente al 30% del salario mínimo, vital y móvil por cada persona contratada.

Hay puntos clave para la inclusión de jóvenes en el régimen que plantea el proyecto de ley: éste será compatible con la percepción de prestaciones de seguridad social que las personas tuvieren al momento del inicio de la relación laboral; los beneficios de la ley estarán condicionados al cumplimiento de la obligación de concluir sus estudios secundarios; y recibirán capacitación por parte de las empresas.

En tal sentido, Rizzotti expresó: “La problemática del desempleo juvenil es un desafío en nuestro país, en cada provincia, y eso impacta en sus proyectos de vida y en el presente y futuro de toda la sociedad; y las condiciones laborales precarias en las etapas iniciales pueden perjudicar de manera permanente las perspectivas laborales futuras”.

 “En Argentina más de la mitad de la población desempleada son personas menores de 30 años. La tasa de desempleo en este grupo es considerablemente mayor que en otros grupos, y la informalidad laboral también afecta a más del 60% de los jóvenes, y eso contradice el desarrollo laboral equitativo”, indicó

El proyecto lleva también las firmas de los diputados Martín Arjol, Víctor Hugo Romero, Manuel Aguirre, Pedro Galimberti, Marcela Coli y Fernando Carbajal.

El diputado nacional Jorge Rizzoti (UCR-Jujuy) presentó un proyecto de ley que busca fomentar la modernización del actual sistema SUBE, de manera de permitir el pago del servicio de transporte mediante tarjetas digitales con tecnología NFC.

De acuerdo a la propuesta, los usuarios podrán adquirir tarjetas digitales a través de una aplicación móvil oficial -denominada SUBE Digital-, que deberán estar debidamente registradas y vinculadas a su documento de identidad. Estas tarjetas digitales tendrían la misma validez y condiciones de uso que las tarjetas físicas actuales.

“La iniciativa no sólo mejora la comodidad y agilidad en los pagos, sino que también ofrece un nivel adicional de seguridad mediante mecanismos de autenticación y encriptación de datos de usuarios, y garantiza una mejor trazabilidad y control de los pagos”, explicó el legislador jujeño.

Además, el presidente de la Comisión de Transportes consideró que “la implementación de SUBE Digital mediante tarjetas digitales con tecnología NFC es una medida oportuna y beneficiosa ante la escasez de tarjetas físicas en el mercado y las dificultades que esto genera para los usuarios del transporte público”.

También agregó que este cambio “contribuirá a mejorar la movilidad urbana, a brindar una experiencia más satisfactoria a los usuarios y a promover la eficiencia y la innovación en el sistema de transporte público en Argentina”.

Previsiblemente el conflicto en Jujuy repercutió este miércoles en el recinto de la Cámara baja. Fue a la hora de las cuestiones de privilegio, y el primero en enarbolarlo fue el radical jujeño Jorge Rizzotti, quien la planteó contra el presidente de la Nación. “Por los hechos acaecidos en la provincia de Jujuy, con acciones ilegales e ilícitas ejecutadas por violentos que no fueron hechos aislados, sino planeados, orquestados y ejecutados por personas y organizaciones sociales y/o políticas que habiendo sido rechazadas en las urnas en procesos democráticos, tratan de quebrar el estado de derecho, con un uso extremo de violencia, con delitos y oscuros métodos extorsivos y sediciosos”.

Rizzotti sostuvo a continuación que durante la segunda quincena del mes de junio “nos vimos los jujeños con hechos que hacía mucho tiempo no veíamos. Más de 8 años que los jujeños habíamos aprendido a vivir en paz”, remarcó, asegurando que Jujuy “es la provincia en donde en 2015 le dijimos basta al modelo más duro, violento y corrupto del kirchnerismo, a través de Milagro Sala. Jujuy ha puesto presa a la corrupción y la violencia”.

Rizzotti alertó que lo que se vivió en su provincia es lo que Aníbal Fernández había anticipado al hablar de “calles regadas de sangre” si gana la oposición, como así también hizo referencia a dichos del diputado Eduardo Valdés. “No les tenemos miedo, vamos a ir por el cambio que los argentinos necesitan”, exclamó el jujeño en tono de campaña.

Y agregó: “So pretexto de un reclamo legítimo de los trabajadores de la educación, y la modificación de la Constitución, han salido a desestabilizar a un gobierno”. Luego aclaró qué es lo que establece la nueva Constitución provincial, y concluyó advirtiendo que “el pueblo le dijo que no a Milagro Sala. En la provincia de Jujuy van a tener que respetar el estado de derecho”, recordó que ganaron allí las elecciones recientes y enfatizó: “No queremos la violencia, ni los corruptos, y así va a pasar en Chaco, porque eso es Milagro Sala”, dijo, comparándola con Emerenciano Sena.

“No vamos a tolerar los jujeños que con plata del Estado nacional se financie la violencia en nuestra provincia. Vamos por el cambio en el país”, cerró.

A continuación, la jujeña Leila Chaher (FdT) salió a contestarle recordando que “hace más de un mes que en la provincia se viven marchas masivas en contra de la reforma constitucional”. Y para desacreditarla dio los tiempos que mereció ese debate: “Comenzó a sesionar el 22 de mayo y el 3 de junio recién apareció el texto de reforma. Es como si nosotros nos convocáramos en esta Cámara a debatir un proyecto que no existe. Eso hicieron los convencionales”.

“El 15 de junio se lo aprobó de manera exprés, en paralelo a las manifestaciones y reclamos genuinos salariales de la docencia jujeña”, agregó, apuntando además que por esos días se vivía lo que definió como “el tercer malón de la paz”, de pueblos originarios jujeños que caminaron desde la Puna 3 días para que los convencionales los escucharan.

Chaher sostuvo que el gobernador Gerardo Morales “adelantó la votación y entre gallos y medianoche se votó”. Habló entonces de “un rechazo masivo a una reforma inconsulta, de espaldas al pueblo”, y al que el gobernador “respondió con represión”. “Hay un pueblo que quiere ser escuchado”, dijo, y enarboló a continuación una foto donde se veía a un adolescente de 17 años que perdió un ojo “porque la policía de Gerardo Morales reprimía con órdenes de apuntar y disparar a los ojos de los manifestantes”.

La diputada jujeña aseguró que la Legislatura provincial se convirtió en un centro de detención y denunció la existencia de camionetas sin patente dando vueltas por la provincia, y alertó que “este es el modelo que Juntos por el Cambio quiere llevar a la Argentina. La violencia del Estado no puede volver a nuestro país”, dijo y advirtió que “una circunstancial victoria electoral no avala las atrocidades que están cometiendo”.

Concluyó pidiendo que “no dejemos que Juntos por el Cambio vuelva a gobernar nuestro país. El patrimonio de los violentos, nunca más”.

Más allá de las intervenciones de Myriam Bregman y Nicolás del Caño, su compañera Romina del Plá puso énfasis en celebrar “la rebelión popular que está ocurriendo allí, un pueblo que se ha rebelado contra la reforma constitucional de Morales, y una docencia que se ha rebelado contra los salarios de hambre”.

“La cuestión que importa son las relaciones sociales; lo que se quiere imponer es el saqueo de los recursos, el saqueo de las tierras de los originarios. La población se rebela, ¿a qué le tiene miedo Morales? A que se han unificado los trabajadores con las comunidades originarias. Morales no puede explicar el contenido de esa reforma reaccionaria, por eso se tiene que aprobar a las escondidas de la población”.

A continuación intervino la diputada Natalia Sarapura, que en su primera cuestión de privilegio desde que es diputada (hace menos de un mes) denunció que “a 40 años de democracia hemos vivido en Jujuy un intento de golpe de Estado, un golpe institucional”. Resaltó que hace ocho años habían logrado “sacar a Jujuy de la violencia que se vivía en la provincia; salir del piquete que se vivía todos los días; sacar a Jujuy de la provincia inviable, a la provincia de las oportunidades”.

“Por eso llama la atención que se diga que en Jujuy no se respeta el derecho a las mujeres”, dijo, detallando a continuación todas las cosas que se hicieron durante la gestión Morales en favor de ese género. Consideró “contradictorio” que “aquellos que en 30 años no hicieron nada, ahora se acuerden de los pueblos indígenas. Somos el gobierno de provincia que más políticas públicas tienen para con los pueblos indígenas. No avanzamos en el litio en ninguna comunidad que no haya dado su consentimiento. Respeten las causas; usan la lucha docente para desestabilizar, cuando son responsables del proceso inflacionario más alto de la historia”.

Agregó que “en Jujuy se castiga a los violentos. Díganme si no es violencia tomar edificios públicos, quemar la Legislatura… El proceso de Jujuy es de respeto a la institucionalidad. De dejar la patria del caos”.

Sarapura concluyó su encendido discurso asegurando que “no vamos a permitir que se nos acuse de que no somos demócratas. El gobernador es un demócrata y va a la Justicia; Jujuy abraza el proceso que hace. No se desalojó una comunidad en nuestro gobierno; no vamos  por el agua, somos el gobierno que estatizó la empresa del agua. Democracia sí, violencia no. Respeto a la ley. No nos acusen de no respetar los derechos; llegamos a mejorar el Estado, para democratizar derechos”.

La última en hablar sobre el tema jujeño fue la diputada del Frente de Todos Carolina Moisés, que presentó una cuestión de privilegio contra el gobernador Gerardo Morales “por amenaza personal”, contra ella y contra “todos los jujeños por expresar nuestras opiniones libremente en la provincia”.

Luego la emprendió contra la diputada Sarapura al señalar que lamentaba “que algunas diputadas estrenen su banca mitiendo, más si son originarias. No son 80 comunidades, sino 430 registradas por el INAI, de las cuales el 85% están en tierras fiscales y el nudo del problema en Jujuy son el agua y la tierra, que han sido declaradas de uso exclusivo de la provincia. La trampa es que las tierras que son de las comunidades que tienen personería jurídica, pasan a ser propiedad del Estado provincia. Y si alguien se queja, automáticamente el Poder Ejecutivo les saca la personería jurídica y dejan de tener derechos sobre esas tierras”.

“El gobernador ejecutó como gobernador, constituyente y presidente de la Convención Constituyente: tres cargos. Lo que tiene esta reforma es la concentración absoluta del poder en manos del Ejecutivo”, cuestionó, alertando contra la “persecución de cualquier ciudadano que se le ocurra expresarse y reclamar contra el Estado provincial”.

Moisés agradeció al presidente “porque escuchó a las comunidades originarias; al ministro de Seguridad porque se negó a reprimir a los jujeños; al ministro de Justicia porque ya presentó la acción de inconstitucionalidad de la reforma; a la ministra de Trabajo, porque fue la primera que denunció ante la OIT que esta reforma jamás podría haberse aprobado; y al secretario de Derechos Humanos porque estuvo cinco días en la provincia y no fue atendido por ningún funcionario provincial”.

Moisés concluyó calificando al gobernador Morales como “violento, extorsionador y mitómano, porque hoy está mostrando su verdadero rostro, para que Larreta lo ponga de vicepresidente. Los jueños no le tenemos miedo al gobernador… Los argentinos tendrían que tenerle miedo a Morales”.

En la provincia de Jujuy aún persisten los cortes de ruta, como consecuencia de la reforma constitucional provincial de hace unas dos semanas y los reclamos docentes por los salarios. En ese marco, el diputado nacional Jorge Rizzotti y la senadora nacional Silvia Giacoppo, ambos de la UCR, denunciaron a la legisladora oficialista Carolina Moisés de dar planes sociales a cambio de que no se levanten los cortes.

Rizzotti recordó en sus redes que presentó un proyecto de resolución expresando su repudio al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por la “falta de acción institucional en un conflicto en jurisdicción nacional: los cortes en RN9 y RN52 en Jujuy”.

“Sí actuaron por fuera de las instituciones, como lo hizo y hace Carolina Moisés”, disparó y precisó: “La diputada elige actuar con formas clientelares cliché de épocas que en Jujuy ya dejamos atrás: dando planes sociales para consolidar cortes de ruta; usando fondos públicos -QUE LE DA NACIÓN- (y el derecho de cientos de argentinos) para intentar beneficiar a su espacio político”.

En el mismo sentido se pronunció la senadora Giacoppo que, sin dar nombres, denunció: “Una diputada de la Nación, oficialista ella, va a los cortes a entregar planes sociales a cambio de que no se levante la medida. Extorsión y violencia con los dineros públicos. Una vergüenza”.

“Una muestra más de que nos les interesa la gente, sólo les interesa un pequeño rédito político, una ventajita. El pueblo jujeño ya los conoce y no les cree más”, expresó.

Además, planteó que “está claro que el tono que le quieren dar a la campaña es la de generar caos y malestar en el pueblo. Pero hay memoria. Y los jujeños no queremos volver a los años en los que no se podía circular y los piquetes de Milagro Sala eran violentos y constantes”.

“Jujuy eligió la paz y de esa manera recuperó al turismo. No podemos permitir que la violencia vuelva a nuestras calles y nuestras rutas. Seguiremos apostando al diálogo para resolver los conflictos y acercar posiciones”, cerró.

De la vereda de enfrente, Moisés salió a defenderse: “Jajajaja!!! Colo realmente me hiciste reír! ¿Acusarme a mí de tener planes sociales? permitime que me siga riendo! La unidad de gestión del Gobierno de Jujuy sostiene 46 mil planes Potenciar más infinitos “Planes de Contingencia” sin control de Gerardo Morales”

“En todo caso la diferencia es 1 de alguna orga frentetodista cada 10 mil planes de ustedes y por decisión JAMAS administre ninguno. El mayor planero, clientelista y extorsionador que hay en Jujuy es tu jefe Gerardo Morales”, remató.

Los diputados nacionales Carlos Zapata (Ahora Patria – Salta), Jorge Rizzotti y Natalia Sarapura (ambos de la UCR por Jujuy) le preguntaron al jefe de Gabinete, Agustín Rossi, en la sesión informativa de este martes respecto de las decisiones a tomar por parte del Gobierno nacional ante el conflicto docente en ambas provincias que ya llevan varios días de reclamo.

El primero en referirse al tema fue el salteño Zapata quien remarcó que “el conflicto docente en Salta lleva 7 semanas y amenazan con extenderse”, por lo que planteó que “hace falta que se tomen medidas, pero desde el Gobierno provincial no lo hacen y no llegan a un acuerdo”.

“Los chicos no merecen estar pasando esta situación por la ineptitud de los funcionarios. Salta viene siendo favorecida por arriba de la media en materia de transferencia de recursos”, cuestionó Zapata y pidió: “¿Van a hacer de mediadores?  Vengo a pedirle por favor que intervengan”.

Luego fue el turno del radical Rizzotti quien se refirió a  las críticas acerca de establecer principios para la protesta y dijo que “a aquellos que quieren ensuciar un reclamo justo y utilizan una protesta para justificar y argumentar violencia donde no la hay, les compartimos que en Jujuy, en justo reclamo, han manifestado miles de docentes, que sin ninguna contravención y en paz fueron escuchados y el Gobierno de la provincia anunció una liquidación para el haber mínimo del docente que recién inicia en 179 mil pesos, uno de los de mayor valor en el territorio nacional”.

Su coterránea Natalia Sarapura preguntó: “¿Qué hace el Gobierno nacional para mejorar los salarios de los docentes?”, y sostuvo que “el Gobierno provincial ha hecho una propuesta que supera la paritaria nacional”.

Pese a que se trata de dos provincias diferentes, Rossi evitó hablar del tema en profundidad y reiteró que “el último acuerdo paritario que se estableció en el Gobierno nacional es de $165.000 a partir de julio y el Gobierno nacional tiene un programa de compensación salarial docente”

Los diputados nacionales de la UCR Fernando Carbajal y Jorge Rizzotti presentaron un pedido de informes al Gobierno nacional por la decisión de abandonar el organismo crediticio FONPLATA.

FONPLATA es un Banco de Desarrollo conformado por cinco países: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Su principal misión es apoyar la integración de los países miembros para lograr un desarrollo armónico e inclusivo mediante operaciones de crédito y recursos no reembolsables del sector público.

Con fecha 21 de abril de este año, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, envió una nota al organismo crediticio solicitando retirar a la Argentina del mismo. Según la nota, este proceder “se sustenta en la voluntad de la República Argentina de reorganizar y canalizar los recursos aportados en organismos multilaterales de crédito con la finalidad de optimizar el acceso al financiamiento internacional y profundizar la integración económica y financiera a nivel continental”.

Frente a estos hechos, los legisladores radicales presentaron un pedido de informes al ministro para que explique las razones que justifican la decisión del Poder Ejecutivo de solicitar el cese de la membresía en FONPLATA.

También piden que informe sobre las consecuencias que fueron previstas ante la retirada del organismo crediticio desde el punto de vista de las obligaciones ya asumidas por el Estado Nacional para con FONPLATA y “las consecuencias que esta decisión producirá sobre las obras en ejecución con financiamiento parcial o total de este organismo”.

Asimismo, solicitan conocer “el estado actual de todos los proyectos y/u obras financiadas total o parcialmente por FONPLATA en Argentina, precisando en dónde se encuentra localizado cada proyecto, el monto total de financiamiento, año que se otorgó y porcentaje de ejecución a la fecha”.

En los fundamentos del proyecto, Carbajal destaca que “desde su creación, FONPLATA ha sido un instrumento clave para impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional de los países miembros”. Y señala que “en el caso de Argentina, el organismo ha contribuido a la financiación de numerosas obras y proyectos de infraestructura, como la construcción y mejora de carreteras, puentes, aeropuertos, ferrocarriles, obras hidroeléctricas, de saneamiento básico y tratamiento de aguas residuales, entre otros”. “Estas inversiones han sido fundamentales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y promover el crecimiento económico del país”, resaltó.

En el proyecto se advierte que “la decisión del Poder Ejecutivo de retirar a Argentina de FONPLATA plantea interrogantes sobre las razones que motivaron dicha decisión y sus consecuencias a corto y largo plazo”.

La Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Jorge Rizzotti (UCR – Jujuy), recibió al secretario de Transporte del Consejo Federal de Transporte (COFETRA), Franco Mogetta, quien expuso y reclamó por “la falta de equidad” en la distribución de subsidios en el servicio público de pasajeros en el interior del país.

Mogetta se refirió, en primer lugar, a la urgencia de resolver el problema respecto a las medidas de fuerza que enfrenta el servicio de transporte en el interior (UTA anunció paro de 72 horas la semana entrante por falta de aprobación de paritarias acordadas), a un incremento en lo estipulado Presupuesto 2023 y a la necesidad de crear un sistema único de subsidios al transporte.

“Debemos resolver el problema de la medida de fuerza que dejará a 27 millones de personas durante tres días sin poder viajar”, señaló el funcionario, quien recordó que “para lo que resta del 2022 se acordó un incremento de fondos de 59.500 millones de pesos para solucionar este problema y solo se han recibido 36.000 millones, que son necesarios para cubrir la paritaria en cuestión”.

Además, brindó datos acerca de la situación presupuestaria y la falta de equidad: “En AMBA se subsidia el 80% de las tarifas, por lo que el boleto cuesta 25 pesos, mientras que en el interior solo se subsidia el 32%y el boleto llega a valores de 100 pesos”, explicó. A su vez informó que “el 40% de los costos del sistema de transporte es solventado por los estados municipales y provinciales”.

Por otro lado, Mogetta expuso los datos oficiales de la web del Ministerio de Transporte: “Por cada peso que se destinó al interior en subsidios durante el 2021, 3.37 fueron para el AMBA, y por habitante, cada un peso destinado al interior, correspondían 6.26 al Área Metropolitana”, indicó.

En tal sentido, el funcionario detalló que “por cada coche hay 1.425.000 pesos invertidos del Gobierno nacional y en el interior solo 272.000, lo que hace una diferencia de 5.23”. En esa línea, afirmó que “los números no mienten porque la diferencia es abismal”.

Respecto a la conformación del presupuesto, Mogetta sostuvo que en AMBA, el valor estipulado “implica un piso con actualizaciones trimestrales”, mientras que en el interior, “el valor es un techo sin ninguna actualización durante el año”. Tras esta declaración, el funcionario sentenció que “el piso para el interior en transporte debe ser de 113.000 millones de pesos”.

“Pedimos un trato igualitario. El litro de combustible estaba 95 pesos y ahora se paga por encima de los 200 pesos cuando se estipularon los valores para este 2022”, además remarcó la importancia de la creación del Sistema Único para la distribución equitativa de fondos.

El titular de la comisión Jorge Rizzotti remarcó que el proyecto presupuestario de declaración de emergencia donde se solicita un incremento para este año 2022 de 46.000 millones a 59.500.000 para los fondos del transporte del interior, tuvo dictamen, pero no ha sido tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. “Esperemos tener novedades en estos días”, señaló.

También estuvo presente el diputado nacional Ignacio García Aresca (Córdoba Federal), quien se mostró a favor de lo expuesto por el representante del COFETRA y advirtió que “la base presupuestaria debe rondar los 100.000 millones como piso, teniendo en cuenta una inflación estipulada del 60 por ciento”.

Asimismo, el legislador cordobés llevó a la reunión al secretario de Transporte de Córdoba, Marcelo Rodio, quien expuso lo mismo que Mogetta y agregó que las ciudades más perjudicadas son “Córdoba, Rosario, Santa Fe y Mar del Plata”. Además, pidió por la solución urgente del conflicto con UTA porque “quedarán 30 millones de personas sin servicio”.

Las autoridades de la comisión, Jorge Rizzotti y la vicepresidenta Jimena López (FdT – Buenos Aires) discreparon de García Aresca por la presencia del funcionario cordobés, al considerarlo como “una falta de respeto por no respetar las reglas de juego al invitar a un funcionario sin que se sepa oficialmente”. El legislador de Córdoba Federal afirmó “haber avisado”.

Respecto a la creación de un sistema único de subsidios al transporte para todo el país, los legisladores Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro), Jimena Latorre (UCR – Mendoza) y Alejandro Rodríguez (Identidad Bonaerense) coincidieron en que “es necesario sentarse a debatir para la creación del sistema único de subsidios al transporte que iguale a las demás jurisdicciones con el AMBA”.

En tal sentido, el diputado Eduardo Toniolli (FdT – Santa Fe) sostuvo que “el proyecto de reparto equitativo sería un principio de solución y además aportará transparencia en la gestión de esos fondos por cada una de las jurisdicciones”. A su vez, relató que el ministro de Economía Sergio Massa se reunió con gobernadores del Norte Grande “para formalizar un acuerdo de 85.000 que no alcanza, pero sí, es un avance”.

Así también, el diputado Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) destacó el consenso logrado entre los diputados presentes y responsabilizó a los legisladores del oficialismo y la oposición por “dejarse llevar por sus funcionarios”, a la hora de confeccionar los fondos para el interior.

En consecuencia, pidió la palabra la diputada María Luján Rey (Pro – Buenos Aires) para responderle al legislador rionegrino. “Ningún legislador de nuestro bloque votó algo que no haya sido consensuado con los demás integrantes del consejo federal. Nadie se dejó llevar por nadie”, señaló.

El diputado Jorge Romero (FdT – Corrientes) propuso realizar un plenario con la Comisión de Presupuesto y Hacienda para resolver “urgentemente” el incremento de 59.500 millones que faltan en el interior, y para tratar el incremento en más de 100.000 millones sobre el presupuesto 2023. En esa línea, Walberto Allende (FdT – San Juan) consideró “realizar una Bicameral con el Senado”.

En una breve exposición, el diputado Florencio Randazzo (Identidad Bonaerense) ratificó que “se deben establecer parámetros sobre los valores y las distancias”, y agregó que “debe haber una tarifa única en todo el país y determinar qué porcentaje va a subsidiar el estado nacional”.

El presidente del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, valoró el consenso logrado en la reunión por parte de los presentes y remarcó que “los sistemas tecnológicos que se usan en Córdoba deben continuar, como el sistema SUBE”. La diputada Latorre le respondió que en su provincia “la SUBE trajo problemas” y recordó la escasez de plásticos que transcurre actualmente.

La vicepresidenta de la comisión remarcó que, a partir del sistema SUBE, “se puede constatar la transparencia en los fondos”. Además, adhirió su posición a todas las exposiciones al relatar la situación de su provincia de origen, Neuquén, donde el valor del boleto es de 112 pesos.

En el cierre, Rizzotti remarcó lo mencionado por Toniolli “sobre el acuerdo de 85.000 millones para transporte en el interior en el Presupuesto 2023” y recordó que, el dictamen para solicitar los 59.500.000 para cubrir lo que resta del año en el interior, está siendo tratado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Finalmente al Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados avanzó este miércoles con el dictamen sobre la modificación de la Ley 24.449, que propone que la cantidad permitida de 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre en conductores pase a ser “cero” en todo el territorio nacional. Pero no hubo un solo dictamen, sino dos. El de minoría, propuesto por la diputada nacional Jimena Latorre (UCR), representante de Mendoza -región vitivinícola- sugiere mantener el 0,5 g/l de alcohol en sangre, pero con un endurecimiento de las penas y sanciones de aquellos infractores que no cumplan con la normativa.

El titular de la comisión, Jorge Rizzotti (UCR-Jujuy), anunció que el dictamen por mayoría unifica la postura de 16 proyectos del oficialismo y la oposición. Además, la semana que viene el tema será abordado por la Comisión de Seguridad Interior, la otra encargada de dictaminar sobre este tema.

En la reunión estuvo presente Pablo Carignano, director de Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), quien expresó que “actualmente hay controles viales diarios en todas las rutas nacionales, llevados a cargo por agentes de tránsito a lo largo del país”.

El legislador Ramiro Gutiérrez (FdT-Buenos Aires), presidente justamente de Seguridad Interior y autor de uno de los proyectos en análisis, contó que “Argentina tiene una cultura de Alcohol Cero hace tiempo”. Asimismo, sostuvo que “no podemos dejar que las leyes locales nos superen, porque hay provincias que prohibieron el alcohol al volante”.

En ese sentido, la diputada Eugenia Alianiello (FdT-Chubut) manifestó: “Es fundamental llevar al recinto, proyectos que se transformen en leyes y que transformen la realidad. No es una Ley Seca, pero debemos ser responsables aquellos que conducimos”.

Desde otra perspectiva, el oficialista Eduardo Toniolli (Santa Fe) aclaró que “el proyecto no busca darle un golpe al sector gastronómico ni a la productividad” y afirmó: “Las jurisdicciones que adoptaron esta legislación lograron bajas sensibles en la siniestralidad vial”.  

Impulsora del dictamen de minoría, la mendocina Jimena Latorre expresó que “es una discusión de responsabilidad y respeto por las víctimas”. Además, remarcó que el objeto de la norma es evitar muertes por accidentes de tránsito. “No es una ley en contra de nadie, es a favor de la vida”, expuso, para plantear luego: “Los números muestran que las provincias que tienen alcoholemia cero redujeron sus siniestros, pero esto no es así. Los siniestros bajan en las provincias que tienen sanciones fuertes. Hay que avanzar con el endurecimiento de las sanciones para tener ley que garantice el cumplimiento”.

Por su parte, Florencio Randazzo (Identidad Bonaerense) recordó su gestión como ministro de Transporte cuando subrayó la importancia de normalizar los controles, y propuso que “la Agencia de Seguridad Vial tenga poder sancionatorio” para no depender de las fuerzas de seguridad ante los controles rutinarios en vía pública.

Sobre el final, Jorge Rizzotti anunció que “ambos dictámenes pasaron a la firma” y relativizó señalando que “el eje no está en si es Alcohol Cero; el eje es bajar las muertes por siniestros por alcohol al volante. La idea es dictaminar para avanzar con el tema”.

Finalmente, la vicepresidenta de la comisión, Jimena López (FdT-Buenos Aires), concluyó que “falta lograr el dictamen de la Comisión de Seguridad Interior, lo cual es fundamental avanzar con cuestiones de la vida cotidiana de las personas”.

La Comisión de Transportes de Diputados, presidida por el radical Jorge Rizzotti (Jujuy), tenía previsto reunirse en conjunto con la de Seguridad Interior, a cargo del oficialista Ramiro Gutiérrez, este martes a las 14 con el fin de apurar los trámites para emitir dictamen unificado sobre la problemática de alcohol cero al volante, pero la cita se postergó para la próxima semana.

Según las fuentes consultadas por parlamentario.com, la reunión se reprogramará por “complicaciones” de agenda de los integrantes de las comisiones para la semana siguiente, debido a que después de las dos sesiones de la semana pasada “hay muchos diputados que no están en Buenos Aires”, indicó otra fuente consultada quien, a su vez, bregó para que el encuentro sea “lo antes posible” para emitir dictamen.

El debate en torno a la problemática de alcohol cero al volante contó con tres reuniones informativas que comenzó el pasado 9 de agosto con los miembros de la Comisión de Transportes, el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano; y miembros de la fundación “Madres del Dolor” de expositores.

En la misma, la titular de la fundación, Viviam Perrone, informó que “hoy en Argentina se pierden entre 14 y 20 vidas por día en hechos viales”. A su vez, aclaró en todo momento que no se trata de una Ley seca y resaltó la necesidad de educación vial.

En un segundo encuentro, que se realizó el 23 de agosto, asistieron representantes de Asociaciones Civiles y familiares de víctimas, y el jefe médico especializado en toxicología del Hospital Fernández, Carlos Fabián Demín, quien advirtió que “en Argentina se consumen 10 litros de alcohol puro por habitante por año. Eso nos ubica terceros en América Latina. En lo que corresponde a la franja etaria de 12 a 17 años, estamos primero, porque un 54% consume alcohol”.

En tanto, el especialista resaltó que “es indispensable tener una ley de alcohol cero, no estamos pidiendo una ley seca ni que no se venda alcohol”, pero remarcó que “no solo es la ley, tiene que haber controles y que se controle psicofármacos, el éxtasis y la marihuana”.

El último encuentro informativo se llevó a cabo al día siguiente en la que los funcionarios que expusieron manifestaron su rechazo a la tolerancia de alcohol cero porque “no va a solucionar nada”. Sin embargo, todos coincidieron en que “la educación vial, los controles y las sanciones”, son esenciales.

En la actualidad en el país hay nueve provincias que tienen alcohol cero: Chubut, Jujuy, La Pampa, Rio Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Legisladores nacionales de las provincias de Córdoba, Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, Entre Ríos y Santa Cruz viajaron a Jujuy para conocer en profundidad las políticas que el Gobierno provincial despliega desde fines de 2015 en sentido de objetivos de desarrollo sostenible tales como la diversificación de la matriz energética con camino creciente en energías limpias, la producción de litio y la investigación y desarrollo para la electromovilidad, el cannabis medicinal y la industria del cáñamo, y la gestión y participación estatal en la generación de valor agregado a los recursos.

Julio Cobos, Gabriela Lena, Pedro Galimberti, Roxana Reyes, Fernando Carbajal, Manuel Aguirre, Francisco Monti, Marcos Carasso y Jorge Vara visitaron la planta solar de los proyectos Cauchari I, II y III, emplazada en el sur del salar de Olaroz-Cauchari, donde, a 4.020 msnm y en 800 hectáreas, 960 mil paneles fotovoltaicos logran una potencia de 315.79 MWP y evitan generar 780.000 toneladas de CO2 al año.

Los visitantes fueron recibidos por los diputados Jorge Rizzotti y Gustavo Bouhid. “Conociendo Cauchari, los diputados y diputadas de otras provincias se adentraron en la política de diversificación energética de Jujuy, que es parte del gran cambio de la matriz productiva de la provincia”, expresó Bouhid.

“Cauchari es una muestra de cómo nuestra querida provincia transforma la energía del sol en energía sana, limpia, renovable, que se inyecta al sistema interconectado nacional que provee al país; o sea: es la forma en que los jujeños hemos tomado la decisión, representado en la gestión del gobernador Gerardo Morales, de transformar la matriz productiva en beneficio de todos los jujeños, del país y del mundo”, valoró.

En esa línea amplió que “es una planta que es propiedad de todos los jujeños, y toda la utilidad que recibe el pueblo de Jujuy por la venta de energía al Estado nacional es invertida en 258 nuevas escuelas, de las cuales ya hemos inaugurado varias, con un sistema e infraestructura educativa óptimo en cada punto del territorio, con conectividad digital y capacitación docente en toda la provincia”.

“Cauchari es tan grande como el orgullo enorme que sentimos el pueblo de Jujuy por nuestra tierra, y es una demostración de que Jujuy es hoy un norte de desarrollo para el país”, enfatizó Rizzotti.

Por su parte, el legislador entrerriano Galimberti sostuvo en Cauchari que “la visita era un encuentro pendiente, y hoy estar aquí, viendo esta magnífica obra muestra que las ideas magníficas se pueden ejecutar, que lo que significó efectuar una gran inversión técnica, económica y financiera, una vez puesto en marcha en este parque solar, el más grande de Latinoamérica, significan pasos importantísimos para la provincia de Jujuy pero que también podemos verlo como un espejo en el cual reflejarnos en otros lugares, que implique el cambio en la matriz energética de la República Argentina”.

“Esto implica obviamente una mejora sustancial en el modo de producir energía respecto a la vinculación con el ambiente”, continuó Galimberti y destacó que “son todas políticas positivas, que las estamos viendo, que se pueden reflejar, y que han significado obviamente decisión política para transitar el camino; estoy muy conforme con la experiencia”.

Los legisladores continuarán su visita a Jujuy con recorridos hasta la jornada del día sábado por la planta de litio de EXAR S.A., Cannava S.E. y Xuma S.E.

El diputado nacional Jorge Rizzotti (UCR-Jujuy) retomó los fundamentos y propósito de su proyecto de ley de “Presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales, modificación de ley 26.815 garantizando un piso mínimo de los recursos presupuestarios que se asignan anualmente al Fondo Nacional de Manejo del Fuego” al presentarle la iniciativa a la Brigada Provincial de Incendio Forestales de Jujuy. El equipo de brigadistas, a su vez, le presentó al legislador un informe sobre el crecimiento de riesgo por el cambio climático en la región y le señaló lo clave y urgente de que lleguen a las provincias del Noroeste argentino (NOA) los fondos que debieran fortalecer su trabajo.

Rizzotti expresó que “nuestro proyecto de ley para modificar la 26.815 plantea criterios para que los recursos del Fondo Nacional de Manejo del Fuego sea lo que pretende ser, para todo el territorio nacional, con un piso mínimo que llegue a las provincias”; “actualmente ese Fondo se distribuye a discreción y con especial beneficio a la región patagónica, que claro también requiere toda la atención ambiental, siendo que el NOA contiene el 70% de los bosques nativos del país, mayor temporada de riesgo de incendios y efectos del cambio climático como la suba de temperatura, mayor cantidad de masa combustible o lluvias menos distribuidas con mucha evidencia en los últimos años, como lo ha comprobado la Brigada Provincial de Incendios Forestales de Jujuy, que además de una gran tarea permanente en los territorios, construye conocimiento”, indicó también.

“El objeto ahora es adaptar la normativa al escenario actual respecto a riesgos, obligaciones y necesidades que tenemos en todo el territorio argentino en esta materia; la redacción de la Ley 26.815 no considera suficientemente la distribución federal de nuestro país y sus implicancias legales, operativas y en materia de recursos, lo que provocó que se produzcan incendios sin una política pública que esté a la altura de las circunstancias y que habilite una respuesta contundente por parte del Poder Ejecutivo Nacional y los gobiernos provinciales”, argumentó Rizzotti, y amplió sobre su proyecto que “la modificación propuesta fortalece el federalismo del sistema y los organismos encargados del manejo del fuego en cada una de las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Asimismo, continuó el diputado, “señalamos que la reglamentación mediante la Resolución 93/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible incurrió en un exceso, ya que se omitió que podrá utilizarse el Fondo de Manejo del Fuego para solventar los gastos que demande el Sistema Federal de Manejo del Fuego, lo que sirvió como excusa para centralizar todos los recursos derivados de la ley en el Ejecutivo Nacional, y omitir así el envío de fondos para el manejo del fuego a las jurisdicciones provinciales”.

La modificación propuesta en la iniciativa de Rizzotti plantea establecer un sistema automático de distribución de los ingresos provenientes del Fondo del Manejo del Fuego, para otorgarle a las jurisdicciones provinciales herramientas concretas para enfrentar los nuevos escenarios que pueden producirse. Dicha distribución contiene parámetros objetivos para establecer criterios tales como promedios de superficies afectadas por incendios con valoración de bosque nativo, bosque cultivado, arbustal y pastizal, la peligrosidad o probabilidad de ocurrencia del siniestro, como así también la ponderación del cumplimiento de la normativa ambiental por parte de cada jurisdicción, entre otros.

“La lucha contra los incendios forestales es una acción prioritaria y transversal a la adaptación y a la mitigación del cambio climático”, reiteró Rizzotti, completando que “es momento de que desde Nación se considere el esfuerzo de las provincias contra los incendios, que es trabajo de acciones por el clima y, entonces, por el ambiente y por todos”.

El diputado nacional y presidente la Comisión de Transportes en Diputados, Jorge ‘Colo’ Rizzotti (UCR – Jujuy), presentó un proyecto de resolución para pedir al Ministerio de Transporte que informe sobre el destino de los fondos y la conformación de la asociación a la que se le delegó la administración del SUBE, como también lo hizo su equipo mediante un pedido de acceso a la información pública, a lo que Transporte respondió que no la dispone. Rizzotti incluyó tal solicitud en las preguntas al jefe de Gabinete de ministros, Juan Manzur, que se presentará en la Cámara baja en agosto.

El texto de la iniciativa reza: “Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional información referida a la efectiva implementación de la Resolución 161/2010 por parte de la Secretaría de Transporte, que aprobó el Protocolo de Participación y Funcionamiento del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE)”.

Rizzotti recordó que “por decreto de 2009, el Ejecutivo ordenó la implementación del SUBE como medio de percepción de la tarifa para los servicios de transporte público automotor, ferroviario y subterráneo de pasajeros urbano y suburbano, y en 2010, mediante Resolución de la Secretaría de Transporte, estableció pautas de los actos administrativos complementarios del sistema mediante el Protocolo, suscripto en 2009”, y señaló que allí “se regularon múltiples cuestiones de interés nacional y de las que es imperioso contar con información clara si lo que pretendemos es extender el sistema a todo el territorio nacional”.

“Es imprescindible conocer, entre otras cosas, a dónde van a parar los fondos percibidos por el uso de la tarjeta, quién administra la cuenta en la que se acumulan los fondos, cómo se encuentra conformada la asociación a la que se le delegó la administración y gestión del sistema, y de qué forma se utiliza y distribuye lo percibido”, argumentó el diputado radical

Además, contó que “al pedido que realizaron desde mi equipo, autoridades de Transporte respondieron que no cuentan con la información solicitada, y sólo informaron los números telefónicos de la Asociación”, en relación a la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.

La información solicitada en el proyecto refiere específicamente a saber: “¿Cuál es el monto mensual correspondiente al saldo total de los recursos que se acreditan a través de la recarga de tarjetas, nominadas o no, del SUBE; la composición actual de miembros, el patrimonio y el capital social de la ‘Asociación Civil del Transporte’ (ACTrans), creada por Resolución 161/2010; de dónde provienen los recursos de la ACTrans; auditorías externas realizadas sobre las cuentas de tesorería de la Asociación; y monto actual equivalente a los recursos que conformen la ‘Cuenta Global de Administración del SUBE’ y de qué forma son utilizados para financiar el fomento de la actividad de transporte público”, entre otros puntos.

Por otro lado, Rizzotti anticipó que ingresó tales necesidades de información a las preguntas que deberá responder Manzur en el informe a la Cámara de Diputados, ocasión para la que el diputado jujeño también dejó ingresadas preguntas acerca de medidas ante la situación del precio y falta de gasoil en el territorio nacional, cuánta nafta y gasoil se requiere para abastecer el sistema de transporte automotor terrestre, precio de importación y otros referidos a combustibles.

La Comisión de Transporte de la Cámara baja, presidida por el jujeño radical Jorge Rizzotti, se reunió este miércoles para retomar el debate por los subsidios al transporte público de pasajeros por automotor, urbano y suburbano del interior del país del interior y emitió dictamen para declarar la emergencia con plazo hasta el 31 de diciembre del corriente año, un monto destinado de $59.500 millones y la utilización del sistema SUBE.

En el despacho también se incluyó la modificación a la Ley 24.449 sobre la prórroga del vencimiento del plazo para circular para vehículos que presten servicio de autotransporte de pasajeros, un tema que surgió del último encuentro que mantuvieron.

El dictamen no fue unánime, ya que el bonaerense Florencio Randazzo no estuvo de acuerdo respecto al alcance de la emergencia y a la facultad delegada al Ejecutivo. La discusión sigue ahora en la Comisión de Presupuesto.

Las provincias reclaman que el reparto es muy desigual respecto al AMBA (Ciudad y Conurbano bonaerense), que concentra entre el 85% y 87% de los subsidios, dejando entre un 15% y 13% a repartir entre las distintas jurisdicciones. En el AMBA, donde las tarifas no se actualizan desde 2019, el boleto inicial es de 18 pesos, mientras que en las provincias van de los 24 hasta los 80 pesos, dependiendo también de los propios recursos que los distritos destinen a este sector.

✅ TRANSPORTE DEL INTERIOR. Hoy dictaminamos llevar a $ 59.500 millones los fondos. El Gobierno de Mauricio Macri y Rogelio Frigerio eliminó los aportes nacionales al interior en 2018, y pasó el problema a Provincias y Municipios,

📌 La nota de Télam 👇https://t.co/PVTWWARrA7 pic.twitter.com/yc5eEbjdhb

— Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) June 22, 2022

El debate

En el uso de la palabra el titular del interbloque Federal, Alejandro “Topo “Rodríguez, consultó sobre el compromiso de la comisión a “comenzar ya mismo el tratamiento de los proyectos que abordan la cuestión del Fondo, en el sentido de una nueva distribución de los subsidios, la equidad federal”.

En tanto, el radical Rizzotti le contestó: “No hay en el dictamen una inclusión del tema, pero es algo a tratar al poder establecer una agenda y tratar un proyecto de Fondo respecto del sistema de subsidios al transporte”.

A su turno, el diputado correntino Jorge Romero (FdT) sugirió incorporar en el artículo primero del dictamen “transporte urbano y suburbano hasta 60 kilómetros” porque “eso va a influir en la cantidad de móviles que tiene la CNRT que van a ser muchos más y vamos a entrar en un problema”.

En su alocución, el titular de la Coalición Cívica y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, expresó: “Estamos declarando la emergencia y eso puede habilitar la realización de contratos administrativos por emergencia y que eso conlleva a lo que os cuestiones de licitación, prórrogas de concesiones, entonces tendríamos cuidado en cómo redactamos esa parte. El propósito que habíamos establecido era declarar la emergencia para lo que es el objetivo del Fondo Compensador que necesitan las provincias del país y sería cuidadoso en la declaración de la emergencia en lo que conlleva después eso, porque es un tema que no es poca cosa para todo lo que es el sistema de transporte de automotores de la argentina”.

“Obviamente que estamos tratando de encontrar un punto de coincidencia que se había logrado. No tenemos márgenes de tipificación de una emergencia es decir emergencia uno, dos o tres, como para condicionar el funcionamiento, es algo imposible. Nosotros necesitamos tener en claro cuáles son las prioridades que es generar un fondo que atienda a las distorsiones que se han producido en el transporte público del interior y la herramienta que tenemos en la mano es esto. Y si la empezamos a mirar y a tironear no vamos a hacer nada para que esto tenga la ejecutividad que esto tiene que tener por los tiempos en los que estamos y la urgencia demandada”, sostuvo el diputado Carlos Selva (FdT).

De la vereda de enfrente, Ferraro le retrucó de forma pacífica: “En la definición que usted plantea se incorporan los micros de larga distancia en lo que es declaración de la emergencia y no guarda propósito con el objetivo que estamos debatiendo y tenemos que aclarar hacia dónde queremos declarar la emergencia. No digo que ese sector no la tenga, pero tratar de enfocarnos en el propósito”.

Silva le contestó: “En el acuerdo que se llegó, y en un proyecto que teníamos presentado de prórroga de la antigüedad de los micros de larga distancia, se determinó que ese proyecto de que exista la posibilidad de incluirlo dentro de la emergencia. La emergencia tiene un sentido que es el financiamiento para un determinado sector y tiene otro sentido que, le estamos dando al Ejecutivo, de prorrogar plazos de vencimientos por los dos años que no se trata en el proyecto. Son dos cosas complejas”.

Tomó el micrófono el presidente de la comisión y aclaró que para unificar el dictamen tuvieron “el proyecto de ley que es el tema de la emergencia en función al subsidio y al acompañamiento al transporte urbano del interior del país. Esa declaración se extiende al interjurisdiccional a efectos de que, si el Ejecutivo entiende dentro de la emergencia hacer una prórroga en la correspondiente, es su facultad”.

En tanto, el sanjuanino José Luis Gioja (FdT) sugirió que la facultad al jefe de Gabinete tenga un plazo hasta el 31 de diciembre del corriente año suponiendo que “vamos a sacar una ley definitiva que rija hasta el año que viene”.

En suma, Rizotti aceptó la propuesta y resaltó: “La emergencia hasta el 31 de diciembre entiendo que vamos a trabajar en la comisión con todos los proyectos presentados en un proyecto definitivo de redistribución del subsidio del transporte del interior de pasajeros y las condiciones que tiene que tener la misma”.

“Puede ser o no necesaria la declaración de la emergencia, pero si también entendiendo que este aumento que se hizo en función el proyecto de presupuesto, el monto que ponemos lo hacemos  afecto de la emergencia de la situación que tiene hoy el transporte interurbano del país”, sumó y agregó: “Los que venimos del interior queríamos más de 59 mil millones es probable que tengamos que exigirle al Ejecutivo hacerse cargo de algún tipo de tributo y por eso la exigencia de la implementación de la SUBE y evitar mayores inconvenientes que ya tenemos. En la declaración de emergencia estamos dando esa herramienta”.

Por último aclaró: “Hay una definición respecto en el cual planteamos la declaración de la emergencia que tiene que ver con la situación puntual del tema del interior y que tiene que ver hasta tanto haya una redistribución que, entendemos nosotros también, es responsabilidad de la comisión en un plazo no mayor de 60 días a efectos de que tengamos un trabajo definitivo puesta a consideración el trabajo de la redistribución de los subsidios y a efectos de dar, a través de esto, la ayuda para la autorización y obligación al Ejecutivo del incremento del monto. También tiene que ver en la obligatoriedad de la implementación de la tarjeta SUBE para que tenga consideración sobre la demanda”.

En tanto, el radical mendocino Lisandro Nieri retomó el artículo 2 del dictamen y celebró el número al que se arribó, pero advirtió que los criterios de distribución la “dejaríamos para una ley más estructural de Fondo porque se planeta que sea el Ministerio de Transporte el que distribuya y podríamos tener sorpresas con esos criterios de distribución en algunas jurisdicciones”, y sugirió: “Deberíamos mantener las actuales y que Nación se haga cargo de la distribución de las tarjetas y sistemas de SUBE”.

EL DICTAMEN:

ARTÍCULO 1: Declárese la emergencia económica hasta el 31 de diciembre del 2022 del transporte público de pasajeros por automotor urbano, suburbano e interurbano del interior del país, excluidos los servicios definidos por el artículo 2 del decreto 656/1994 y en la resolución 168/1995 de la secretaria de Transporte del exministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Queda incluido dentro de la presente declaración de emergencia el autotransporte de pasajeros de carácter interurbano de jurisdicción nacional e internacional. Todo ello con el objeto de garantizar la prestación de los servicios a los usuarios y la conservación de las fuentes de empleo. Facúltese al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Transporte de la Nación y demás organismos descentralizados, a dictar las reglamentaciones correspondientes.

ARTÍCULO 2: Modifíquese el artículo 72 de la Ley 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2021 sus normas modificatorias y complementarias reconducido por el decreto 882/2021 el que quedará redactado de la siguiente manera: “Prorróguese el fondo de compensación al transporte público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país por la suma de 59.500 millones de pesos. El Ministerio de Transporte será el encargado de establecer los criterios de distribución. Las provincias y/o municipios que adhieran a dicho fondo deberán, conjuntamente con las empresas de transporte, implementar el sistema único de boleto electrónico”.

ARTÍCULO 3: Las jurisdicciones provinciales y municipales beneficiarias del fondo de compensación deberán continuar aportando al  sistema de transporte de pasajeros urbano y suburbano por automotor un monto que mantenga la proporción que se hubiera verificado por los aportes correspondientes al año 2021 entre los aportes girados por el Estado Nacional en concepto de Fondo Compensador y los aportes de las jurisdicciones locales procurando la sustentabilidad de los servicios de transporte automotor de pasajeros involucrados en la presente medida.

ARTÍCULO 4: Las jurisdicciones provinciales y/o municipales beneficiarias del Fondo de Compensación de transporte público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país deberán presentar las rendiciones de los fondos percibidos por este concepto hasta el último día hábil del mes liquidado, a efectos de su pago por la autoridad de aplicación dentro de los 10 días hábiles posteriores.

ARTÍCULO 5: Facúltese al jefe de Gabinete de ministros a disponer los ajustes presupuestarios que correspondan en el presupuesto general de la nación utilizando la mayor recaudación impositiva de la prevista en el presupuesto vigente”

ARTÍCULO 6: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

El diputado nacional por Jujuy Jorge Rizzotti (UCR) ingresó el proyecto para la ley de distribución equitativa del subsidio al transporte público de pasajeros, específicamente para que los subsidios correspondientes al Sistema Integrado de Transporte Terrestre (SISTRANS) sean dispuestos para las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las pautas de: a) unidades vigentes habilitadas y declaradas a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte; b) cantidad de empleadas y empleados activos declarados al Ministerio de Transporte de la Nación; y c) cantidad de kilómetros promedio recorridos por las unidades computables en el semestre anterior a la asignación del subsidio, con informe del Ejecutivo nacional al Congreso de la Nación y al Consejo Federal del Transporte de los montos distribuidos a cada jurisdicción.

La normativa propuesta por el legislador jujeño también contempla que Nación asegure mediante acuerdos con las provincias y municipios la condición de adoptar el sistema SUBE para lograr una coordinación tarifaria federal eficiente y equitativa y a efectos de que las distintas jurisdicciones mantengan el carácter de beneficiarias del SISTRANS.

Rizzotti explicó sobre el proyecto que “el objeto es eliminar las asimetrías existentes entre las distintas jurisdicciones del país en lo que concierne a la distribución de los subsidios del SISTRANS”.

“En 2020 ingresé un proyecto junto al diputado Cano en el que planteamos la necesidad de un Fondo Federal del Transporte Argentino Automotor ante la crisis y necesidad de buscar caminos para sostener la actividad que se evidenciaban por la pandemia, y allí ya señalamos lo desigual, centralista y hasta unitario que venía siendo, y hoy más aún, la distribución de subsidios: el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) concentra, con enorme brecha de diferencia, la mayoría del subsidio, en detrimento del resto de las jurisdicciones subnacionales”, señaló.

En los argumentos de su ley, Rizzotti reseñó: “En el año 2020, el monto total de los Subsidios al Transporte Automotor de Pasajeros fue de alrededor de 83 mil millones de pesos. El AMBA absorbió más del 74% de los subsidios nacionales al transporte automotor de pasajeros. De los cuales el 97% proviene del FFSIT (Fondo Fiduciario al Sistema de Infraestructura del Transporte) y un 3% del Subsidio al Gasoil. En cambio, la Provincia de Buenos Aires, recibió un 1,78%. El transporte de Larga distancia recibió del FFSIT, un 4,01%, y le siguen en importancia Córdoba (3,70%), Santa Fe (3,05%), Mendoza (2,29%), Tucumán (1,92%) y provincia de Buenos Aires (1,78%), Salta (1,24%), San Juan (1,03%) y Misiones (1,00%). La provincia de Jujuy recibió un 0,96% de los subsidios totales al Transporte Automotor de Pasajeros en el 2020. El resto del país suma un porcentaje del 4,60%. Hasta mayo del 2021, el monto total de los subsidios al Transporte Automotor de Pasajeros alcanzó 40.580 millones de pesos. El AMBA recibió nuevamente casi un 78% de los subsidios nacionales al transporte automotor de pasajeros”.

“(…) entre el AMBA y el interior del país existe una brecha abismal. El AMBA percibe hoy en día, alrededor del 90% de la totalidad de los subsidios nacionales a pesar de tener parque móvil, nómina de personal y estructura de costos equivalentes a un 60% de todo el sistema de transporte nacional”, concluyen los argumentos de la ley propuesta por el diputado nacional Rizzotti, a quien acompañaron con sus firmas sus pares Mario Negri, Francisco Monti, Pedro Galimberti, Fernando Carbajal, Martín Arjol, Lidia Ascárate, Gabriela Lena, Ximena García, Hugo Romero, Manuel Aguirre, Jorge Vara, Marcos Carasso, Marcela Coli, Julio Cobos, Ricardo Buryaile y Roberto Sánchez.

Los diputados nacionales de la UCR Jorge Rizzotti (Jujuy) y Fernando Carbajal (Formosa) reingresaron una iniciativa del jujeño de hace dos años, con nuevos aportes del formoseño, en la cual buscan “regular sobre un vacío grande acerca de la hoja de coca que en Argentina se consume mascada, en el coqueo, y en la cocina (infusiones y harina): cómo ingresa al país, cómo se vende y su trazabilidad”.

“La ley que proponemos inicia con el reconocimiento de la hoja de coca como patrimonio cultural de los pueblos originarios y del coqueo como el derecho que tiene toda persona a reafirmar una identidad cultural, con independencia de su nacionalidad o cualquier otra característica personal, teniendo en cuenta que en Argentina coqueamos personas de toda la diversidad cultural que hemos tenido en nuestra vida vinculación con matrices andinas, ya sea en el campo como en las grandes ciudades argentinas”, enmarcó Rizzotti

En ese marco, amplió que “por eso, buscamos autorizar la importación, la distribución, la venta minorista, la tenencia y el consumo de hojas de coca en estado natural destinadas a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo para infusión, y que el Ejecutivo nacional regule, autorice y fiscalice la importación, el transporte y la comercialización”.

La iniciativa firmada por Rizzotti junto a Carbajal considera la especificación de tales regulaciones, como un Registro de Importadores, entre otros puntos. Y “para el caso de la importación a granel de hojas de coca, establece que serán las provincias de Jujuy, Formosa y Salta las que tendrán plantas para el fraccionamiento y empaquetado como condición para que esa coca circule por el resto del país”, compartió el diputado jujeño.

Rizzotti detalló que el proyecto de ley contiene “establecer que la hoja de coca no será considerada como estupefaciente en las listas que se elaboren y actualicen por el Poder Ejecutivo Nacional, como también la sustitución del artículo 15 de la Ley 23.737 por uno que expresa que la tenencia, el consumo, la importación, la distribución y el comercio minorista de hojas de coca destinadas al coqueo o a su empleo como infusión, no serán actos considerados como tenencia, consumo, importación, distribución o comercialización de estupefacientes, y la derogación de un decreto de 1978, que prohibió en todo el país, tal como lo expresa el mismo texto, la importación de hojas de coca para el consumo habitual o coqueo”.

Además, señaló que “suma al reconocimiento de la interculturalidad que configura a la Argentina y, en eso, a la fuerte pervivencia de las matrices andinas originarias, como también a las economías regionales en el Norte argentino y a las políticas sanitarias sobre un producto que, en su estado natural de hoja, se consume como alimento”.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de los diputados Lidia Ascárate, Roberto Sánchez, Pedro Galimberti, Juan Polini, Favio Quetglas, Martín Arjol y Gustavo Bohuid.

Jorge Rizzotti, diputado nacional por la UCR de Jujuy, informó este miércoles sobre el incremento del 70% logrado junto a sus pares de otras provincias para el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros Automotor, que estaba previsto en $27 mil millones y ahora se estableció en  $46 mil millones. “Si bien no es el ideal, menos teniendo en cuenta los $219 mil millones que recibió el AMBA en 2021, de lo presupuestado para las provincias a lo que ahora se estableció hay una gran diferencia”, indicó.

Rizzotti explicó que “el incremento fue gracias al pedido que hicimos junto a pares de otras provincias del interior, ya que ningún otro legislador ni legisladora de Jujuy se expresó en ese sentido”, al tiempo que indicó que si bien “cada ministro que realizó las presentaciones del proyecto enunció acerca de un presupuesto federal, el proyecto original y todavía el que obtuvo dictamen está lejísimo de serlo”. “Lo expresé y lo seguiremos expresando: la reactivación del país y el país federal sólo será con obras y políticas igualadoras, que brinden condiciones para el despliegue de la potencia de los territorios”, sostuvo el diputado por Jujuy, y señaló asimetrías entre AMBA y el resto del país en cuanto a transporte que quedaron evidenciadas en la presentación que realizó el ministro de Transportes Alexis Guerrera.

“El ministro de Transportes de la Nación planteó que el objetivo principal de su gestión era ‘asegurar el federalismo’, pero el Presupuesto que estamos tratando parece no entender al federalismo como la responsabilidad del Estado Nacional de promover la igualdad de oportunidades entre toda la ciudadanía argentina”, describió Rizzotti, tras lo que puntualizó que “mientras hablaba de equidad, el ministro dejó en claro que la profunda asimetría entre el AMBA y el interior del país en relación con el pasaje urbano va a mantenerse: en 2021, Nación le transfirió al AMBA $219 mil millones, y el interior sólo recibió 28 mil millones, con lo que la Capital y una parte de la provincia de Buenos Aires recibieron el 89% del total de  los subsidios, mientras las provincias recibieron sólo un 11%”.

Rizzotti continuó: “si comparamos esta distribución con el total de colectivos urbanos en el país (31.570), correspondería el 57% para el AMBA y el 42% para el interior, y si nos centramos en otro parámetro, como la cantidad de choferes, el AMBA debería recibir el 60% y el interior, el 40%; con estos números se pone de manifiesto la brutal desigualdad que contradice cualquier definición posible de federalismo”. “Por otro lado, si pensamos en la cantidad de habitantes de cada región, el AMBA representa casi el 40%, mientras en el resto del país viven el 60% de los argentinos; sin embargo, los subsidios son tan injustos que los jujeños pagamos un boleto promedio de 50 pesos, mientras los porteños y bonaerenses abonan solamente 18 pesos (FATAP). Es una asimetría inadmisible, una desigualdad tiene raíces profundas en nuestra historia; es como si la lucha entre unitarios y federales no hubiera terminado nunca”, interpretó.

En las reuniones previas al dictamen que emergió de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, y que Rizzotti no acompañó, el diputado jujeño había expresado ante el ministro nacional de Obras Públicas Gabriel Katopodis que “los que somos de provincias del interior poco vemos en federal en algunos conceptos”, señalando “la actualización de apenas el 16,5% en concepto de obras públicas para Jujuy en el proyecto del Presupuesto 2022 significa la mitad de lo previsto como actualización del propio presupuesto”, como también la falta de previsión de obras para la travesía de la Ruta Nacional 40 en territorio jujeño, “la desigualdad en el apoyo a empresas estatales de servicios como el agua, lo que se ejemplifica comparando los casos de AySA SA, de Buenos Aires, con Agua Potable de Jujuy SE”, y sumando la solicitud de que se reactiven las obras en el bigote de la Ruta Nacional 66.

El diputado nacional Jorge Rizzotti (UCR – Jujuy) presentó el proyecto de ley promoción de la explotación de fibra de vicuña, cuyo objetivo principal es fomentar la producción y comercialización de la fibra del animal, así como también de productos y subproductos relativos a las economías de las regiones Noroeste y Cuyo de la Argentina.

“Primeramente, buscamos declarar el interés de la producción y comercialización de la fibra de vicuña, junto a reconocer a ésta como componente cultural de las comunidades originarias de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan”, comenzó explicando Rizzotti para resumir su iniciativa. Sobre este primer punto, señaló que “significa reconocer las prácticas culturales y productivas de mucha ciudadanía argentina que convive con la especie vicuña”.

Seguidamente, el diputado remarcó que también se establecen obligaciones para que el Estado se comprometa a regular la relación con productores, el desarrollo tecnológico para el valor agregado, capacitaciones, el repoblamiento de la especia en zonas autóctonas y a garantizar condiciones sanitarias y de trazabilidad. “Luego, crea el Programa de Fomento a la Explotación de Fibra de Vicuña, que contará con líneas de crédito con tasa preferencial para las comunidades originarias que realizan esquila en silvestría”, completó Rizzotti.

Entre los argumentos de su propuesta, el legislador nacional recordó algunos antecedentes específicos en la provincia de Jujuy para destacar cuán significativas resultan las prácticas relacionadas con la fibra del camélido en cuestión en numerosas comunidades originarias del país, como es el caso jujeño, donde la vicuña habita en más del 70% de la región altoandina de la puna conviviendo con poblaciones humanas.

En este sentido, Rizzotti rememoró una pionera ley similar de la que fue autor cuando era legislador de su provincia natal y que apunta a la conservación y al manejo sustentable de la vicuña en silvestría.

Los diputados jujeños Gabriela Burgos (UCR), Jorge Rizzotti (UCR) y Osmar Monaldi (Pro) celebraron la media sanción de la Cámara de Diputados al proyecto del oficialismo de Zona Fría para reducir las tarifas de gas en las denominadas zonas de baja temperatura de distintos puntos del país y beneficiar alrededor de a tres millones de usuarios. Aplaudieron el alcance de la ley en su provincia, ya que beneficiará a más de 80 mil jujeños.

“Es una iniciativa que viene a saldar un reclamo histórico generando igualdad de oportunidades en las zonas climáticas más difíciles y en los segmentos más postergados de la población”, comentaron los legisladores de la oposición.

Los diputados jujeños aclararon además que “el proyecto presentado por el oficialismo no incluía como ‘zona fría’ a nuestra provincia de Jujuy”, así que “por eso, en conjunto los diputados Jorge Rizzotti, Gabriela Burgos y Osmar Monaldi, presentamos un proyecto abarcando a la provincia de Jujuy respecto de localidades y poblaciones de la Quebrada de Humahuaca y de la totalidad de las localidades y poblaciones de la Puna jujeña, reflejando la misma iniciativa presentada en el Senado por la senadora Silvia Giacoppo y el senador Mario Fiad”.

“Nuestros argumentos eran considerar en esta ley la gran amplitud térmica de cada una de las localidades de las regiones de Quebrada y Puna jujeñas. Esto implica la posibilidad de abarcar con el beneficio a cerca de 80 mil argentinos y argentinas que habitan esas regiones. Es un avance en materia legislativa la ampliación del universo de beneficiarios y beneficiarias de la ‘Tarifa Diferencial’ y que nuestra provincia se vea favorecida por las condiciones climáticas que así lo requieren”, expresó el diputado Jorge Rizzotti.

Por su parte, la diputada Gabriela Burgos afirmó que “esta ley tiene como objeto cumplir con lo dispuesto por la Constitución Nacional en cuanto a garantizar un trato equitativo en todo el territorio y mitigar las desigualdades que padecen quienes viven en condiciones más desfavorables, sobre todo en épocas de temperaturas bajas y con este contexto sanitario”. 

La propuesta votada este miércoles incluye algunas modificaciones y extiende su aplicación a los departamentos de Yavi, Santa Catalina, Rinconada, Susques, Cochinoca, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya.

“El proyecto oficialista no incluía a la provincia de Jujuy, razón por la cual, presentamos un proyecto modificatorio, incluyendo y abarcando a todas las localidades y poblaciones de la Quebrada y Puna jujeñas, con lo que se logra beneficiar con esta tarifa diferencial y por los próximos 10 años,  a más de 80.000 jujeños que habitan en ellas . Este avance en materia legislativa nos llena de satisfacción y refuerza nuestro compromiso de seguir bregando y legislando en beneficio de nuestra provincia y nuestros comprovincianos” concluyó Osmar Monaldi.

El diputado nacional Jorge «Colo» Rizzotti  (UCR) ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación su proyecto de ley para declarar a Jujuy como Capital Nacional del Desarrollo Sostenible con el llamado a la acción climática como argumento inicial y “urgente”, y en ese sentido destacó que “Jujuy es una de las provincias que más ha trabajado en la lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible”. “La provincia sostiene una identidad asociada a la cuestión ambiental, basada en las nociones de integridad y reciprocidad que nos da la relación con la Pachamama: la Pacha brinda posibilidades para el buen vivir, y le retribuimos con respeto y cuidado, lo que asegura, a la vez, territorio sano y trabajo para hoy y para las generaciones que vienen”, valoró el diputado.

Los fundamentos del proyecto de Rizzotti, que acompañaron las diputadas Josefina Mendoza y Gabriela Burgos y el diputado Osmar Monaldi, destacan desarrollos desde políticas públicas de Jujuy referidas a: energías renovables, generación distribuida, viviendas sociales eficientes ya habitadas y ahorrando, gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU), desarrollos para baterías y electromovilidad desde la minería y la investigación del litio, las empresas estatales Cannabis Avatara (CANNAVA SE) y Jujuy Energía y Minería (JEMSE), y currículas con la educación ambiental como saber transversal, entre otras.

Rizzotti enumeró esos avances mencionados en su iniciativa. Sobre energías renovables, compartió que “Jujuy le brinda al país tener la planta de energía solar fotovoltaica más grande de Sudamérica en Cauchari, que inyecta energía limpia para 160.000 hogares al sistema interconectado nacional. Cuatro pueblos de la puna, en el extremo norte argentino y que sólo disponían de electricidad por horas, apagaron sus ruidosas y contaminantes usinas a gas y hoy tienen energía las 24 horas, todo el año, gracias a sus parques solares y almacenamiento en baterías de ion-litio. Un plan para 33 escuelas rurales logró que hoy cuatro tengan parques solares, y las demás viven sus procesos de adecuación tecnológica. Con marco que regula la relación con la empresa distribuidora por la generación distribuida, dos establecimientos secundarios se abastecen con energía solar y suben excedente a la red convencional, como también hay edificios públicos en igual camino. Y en el campo jujeño hay boyeros solares autónomos que acompañan la producción agroganadera”.

En cuanto a eficiencia en viviendas sociales, el diputado contó que “Argentina ya tiene en Jujuy viviendas eficientes energéticamente, con medidas pasivas específicas desde su construcción para las regiones climáticas de Valles, Puna y Yungas (selva de montaña), en los que se están midiendo ahorros en gas, agua y electricidad, lo que construye conocimiento para políticas habitacionales”.

 “El programa ‘Jujuy Verde. Carbono Neutral 2050’ es otra política paradigmática: sectores sociales, económicos y ambientales se integraron en estrategias y acciones y se institucionalizó el abordaje del cambio climático como política de Estado a mediano y largo plazo”. “GIRSU Jujuy, también Sociedad del Estado, generó infraestructura y relaciones productivas que hoy brinda trabajo digno a quienes antes sobrevivían en los basurales, entre otras acciones que resuelven la problemática histórica de los residuos”, sumó Rizzotti.

“Y los desarrollos en la producción e investigación de litio y su valor agregado, con la injerencia del Estado a través de JEMSE, así como los desarrollos de CANNAVA, la primera empresa estatal del país que cultiva y procesa cannabis para obtener derivados medicinales, le abrieron a la Argentina camino para dos de los mercados más crecientes en el mundo actualmente: el almacenamiento de energía en baterías de litio, la electromovilidad y la producción de cannabis; en ambas empresas, las prácticas productivas son planteadas y monitoreadas en clave de sostenibilidad”, destacó.

La iniciativa, compartió asimismo Rizzotti, cierra sus fundamentos con “un llamado al país para reconocer a la columna andina del país como un espacio de saberes y prácticas que empezamos a recuperar para el buen vivir, por una conciencia global creciente que precisa espacio en las políticas públicas”.

Jorge “Colo” Rizzotti, diputado nacional por la UCR de Jujuy, argumentó el pedido por prórroga de la ley de biocombustibles en la sesión de este jueves y la necesidad de proseguir con el debate por un régimen que amplíe las posibilidades de desarrollo. Subir el mínimo de corte de biodiesel para el gasoil y de bioetanol para naftas al 15% y alcanzar progresivamente el 27,5% de bioetanol, entiende y propuso en su proyecto de ley, podría lograrse en el país en esta década.

“Este jueves se dará la sesión solicitada por el interbloque al que pertenezco, y allí el país entero y las provincias nos jugamos una gran oportunidad: la de configurar un desarrollo equilibrado de las regiones del territorio nacional”, expresó Rizzotti anticipando su postura en la sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación este 25 de marzo.

La postura de Rizzotti quedó expresa asimismo en un proyecto de ley de su autoría, ingresado en julio de 2020 a la Cámara y que el diputado nacional por la UCR sintetizó al expresar que “propusimos, en ese momento, prorrogar la Ley 26.093 por 15 años, con modificaciones: subir el mínimo de mezcla a 15% de biodiesel para gasoil o diésel oil, y también a 15% el bioetanol para la nafta; subir progresivamente el porcentaje de bioetanol hasta alcanzar el 27,5% en 2027; que tras cubrir el 75% de cuotas establecidas, el 25% quede para mercado de libre competencia; que los cambios en los precios sean con proceso público con participación de productoras y petroleras; y promover el desarrollo de vehículos de combustible flexible, entre otros puntos”.

“Ahora, a poco más de un mes para que se venza el régimen actual, y habiendo generado incertidumbre, lobby y hasta desesperanza, desde el oficialismo surgen proyectos apresurados, cuando todo este último año, así como el mío, ingresaron más de 15 proyectos de legisladores y legisladoras nacionales entre las dos Cámaras; ahora, es momento de darle tranquilidad al sector y a las provincias que lo abrazamos mediante prorrogar el Régimen actual y luego, de una vez, discutir con todos los aportes y lograr un nuevo régimen que signifique la política de desarrollo y ambiental que propician los biocombustibles”, expresó Rizzotti.

Acerca de las expresiones desde provincias del sur y del Gobierno de la Nación sobre impactos productivos y fiscales que no serían positivos, Rizzotti consideró que “el país debe comprenderse con su principio de federalismo, y así como desde Jujuy una vez disputamos que se propicie un mercado para la energía solar que podemos producir frente a otras provincias que pedían por la eólica, hoy pedimos por más biocombustibles para superar asimetrías con provincias petroleras”.

“Los biocombustibles, la agro-energía, son la posibilidad de cerca de la mitad de las provincias del país de un camino cierto de productividad y trabajo, al tiempo que para el país sustituyen importaciones, y para el planeta significan un aporte a la mitigación del cambio climático”, destacó finalmente el diputado nacional.

A las voces que provienen tanto desde la oposición como del propio oficialismo, diputados nacionales por Jujuy, que forman parte de Juntos por el Cambio, se sumaron este martes al pedido por el pronto tratamiento de la prórroga de la Ley de Biocombustibles.

En un comunicado titulado “Por las economías regionales, por el país y por el planeta”, los radicales Gabriela Burgos y Jorge Rizzotti y el macrista Osmar Monaldi sostuvieron que “profundizar la política de promoción y producción de biocombustibles es una necesidad que expresamos por el futuro del país”.

“Es urgente la aprobación de la prórroga de la Ley 26.093 de Biocombustibles, por eso exigimos su inmediato tratamiento en sesiones extraordinarias en Diputados, con la convicción de que su promoción y producción configuran la posibilidad de un crecimiento sostenido y equilibrado del Noreste y Noroeste argentino y, consecuentemente, en el desarrollo equilibrado del país”, expresaron.

Los legisladores explicaron que “los biocombustibles resultan de vital importancia para la diversificación de la matriz energética, cumpliendo de esa forma con el Acuerdo de París sobre Cambio Climático del año 2015, aprobado en nuestro país por Ley 27.270”.

“En nuestra provincia, desde 2016 transitamos el camino hacia Jujuy Verde, un programa con el que hemos establecido una meta de desarrollo con una política pública integral dirigida a mitigar el cambio climático, que tiene eje en las energías renovables, la gestión de residuos urbanos y el concepto de ciudadanía ambiental, y propone llegar a una huella de carbono neutral en la provincia para el año 2030”, destacaron.

Burgos, Rizzotti y Monaldi señalaron que “las bioenergías proponen un modelo de economía circular, en concordancia con la reciprocidad entre las personas y el ambiente que nos enseña la Pachamama, y que puede enmarcarse en el artículo 41 de la Constitución Nacional”.

“Tampoco puede desconocerse su impacto sobre las economías regionales y la creación de fuentes de trabajo, ya que hay 300.000 empleos directos e indirectos que dependen de la industria de los biocombustibles, con 54 plantas distribuidas en 10 provincias a lo largo del país. El régimen de promoción de la Ley 26.093 significó una verdadera política de Estado de industrialización de la ruralidad. Los biocombustibles sustituyeron importaciones de nafta y gasoil por más de 10.800 millones de dólares en el período 2010-2019, convirtiéndonos en los primeros años en el principal exportador a nivel mundial de biodiésel”, continuaron.

En ese sentido, los jujeños consideraron que “la prórroga del régimen no puede esperar, y por ello el proyecto en tratamiento es un paso adelante en el marco de esa transición. Estamos hablando de un recurso energético renovable que no busca reemplazar al diesel o a las naftas, sino complementar nuestra matriz energética mediante el aporte de un combustible de origen vegetal, menos contaminante y de producción nacional”.

“El desarrollo de la agroenergía y de los biocombustibles representa oportunidades en términos económicos, ambientales, sociales, laborales y estratégicos para toda la Argentina. Nos corresponde a nosotros como legisladores y legisladoras brindar las bases que puedan cimentar el desarrollo de estas nuevas fuentes energéticas”, concluyeron.