A horas de la sesión clave en el Senado por la ley Bases y el paquete fiscal, una mala noticia surgió para el oficialismo con el llamado de los senadores santacruceños José Carambia y Natalia Gadano a no dar quórum este miércoles y, además, de manera implícita dar a entender que no acompañarán ambos proyectos en la votación en general. Asimismo, consideraron que antes que la ley de Bases debe tratarse el paquete fiscal en conjunto con el proyecto de la fórmula de movilidad jubilatoria, que recibió media sanción la semana pasada. 

A través de videos compartidos en sus redes sociales, los legisladores que forman el bloque llamado “Por Santa Cruz” y que eran mirados dentro del grupo de votos definitorios, hablaron de “la gran trampa legislativa que tiene la ley Bases y el paquete fiscal”, que contienen dentro “centenares de leyes”. 

“En el eventual caso que tenga una aprobación en general, por más cambios que hagamos en algunos articulados, como por ejemplo que no se privatice Aerolíneas Argentinas en la ley Bases, que no se privatice el Correo, o lo que fuese, todo cambio que hagamos va a volver a la cámara de origen y Diputados puede ratificar el texto original, es decir, pueden volver a hacer otra vez que se privaticen y todos los cambios eventuales que hagamos senadores van a ser completamente en vano. Esa es la gran trampa que tiene esta ley”, sentenció Carambia, acompañado a su lado por Gadano.

Además, denunció: “Hace varios días que estamos sufriendo presiones del Gobierno nacional”. “Ya quieren cambiar lo que habíamos acordado, ya quieren cambiar el artículo de minería”, dijo el senador, en alusión a una de las modificaciones que había tenido el dictamen -por pedido de su bloque- para que las provincias pasen a recibir de 3% a 5% en concepto de regalías mineras. 

“Sabemos que el lobby minero es muy grande, que las empresas mineras deben estar intentando manipular el voto de los senadores y quieren cambiar seguramente el artículo que habíamos hablado”, expresó y reveló que incluso la marcha atrás con ese cambio fue algo que le transmitieron a Gadano. 

Carambia recordó que “hace una semana el Gobierno nacional necesitaba los dictámenes para poder tratarse las leyes”, y allí él acordó firmar en disidencia “a cambio de que se incorpore un artículo que permita a las provincias cobrar más regalías mineras, pero hoy lamentablemente ya lo quieren cambiar. Es decir, lo que habíamos hablado en su momento ya no lo quieren cumplir”. 

También, el santacruceño reafirmó la postura en contra de ambos respecto de la reforma laboral, las privatizaciones y las facultades delegadas “a un presidente que dice que viene a destruir el Estado”. 

“Creemos que hoy la prioridad no es la ley Bases, son los jubilados”, afirmó el senador y consideró que “primero debemos tratar el tema de los jubilados con el paquete fiscal para que, en el eventual caso que sea aprobado, el Gobierno nacional no tenga ninguna excusa para pagarle a los jubilados”. “Le pedimos a nuestros compañeros que mañana no den quórum”, remató. 

El anuncio de los santacruceños, que ya han demostrado no moverse de forma lineal bajo las órdenes de su gobernador, Claudio Vidal, complica los votos para el oficialismo, dado que el rechazo a ambas leyes agrupa a los 33 senadores de Unión por la Patria, sumado al radical Martín Lousteau, quien si bien no confirmó cómo votará, presentó un dictamen de minoría y su nombre en el “poroteo” no está dentro de los positivos. 

Para la aprobación de ambas leyes, con la totalidad de los presentes, La Libertad Avanza -con un bloque de 7- requiere de 37 votos para la aprobación en general. En caso de empate, es decir si hubiera 36 votos a favor y 36 en contra, debería definir Victoria Villarruel, si es que se encuentra presidiendo en ese momento, pues este miércoles está previsto que asuma a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente Javier Milei. Así, la sesión pasaría a manos de Bartolomé Abdala, el presidente provisional, quien votará primero como senador. 

Las firmas de los dictámenes de las leyes de Bases y Medidas Fiscales les devolvieron el alma al cuerpo a los legisladores y funcionarios libertarios que trabajaron las últimas semanas para garantizar que esas normas que ya tienen media sanción de Diputados se conviertan en ley próximamente.

No pudo ser el 25 de mayo, como había pedido el presidente de la Nación en su mensaje ante la Asamblea Legislativa, es verdad; pero la disposición que mostró el propio Javier Milei en las últimas intervenciones en las que habló del tema, permitieron relajar la tensión, camino al recinto. Ya sin la presión de conseguir a como diera lugar la aprobación antes de la fecha prevista para el Pacto de Mayo, se ajustaron más las clavijas necesarias para garantizar no solo la aprobación en general, sino también -y muy especialmente- que el debate en particular no termine siendo una “carnicería” para los textos puestos a consideración.

Tal cual informara oportunamente este medio, los legisladores libertarios que participaban de las discusiones tenían especial preocupación por conseguir las firmas para el dictamen que, remarcaban, garantizarían la posterior aprobación en general.

El miércoles 29 de mayo, fecha clave para el dictamen, hubo cierta zozobra en el seno del oficialismo a medida que los discursos postreros expresados en el plenario mostraron resquicios que abrieron fuertes dudas en el oficialismo. Así las cosas, el flamante jefe de Gabinete -designado, mas no oficializado- se apersonó una vez más en el Congreso para conceder las ¿últimas? concesiones que permitieran firmar el dictamen de mayoría.

A lo largo de esa jornada, el santacruceño José María Carambia había abierto un mar de dudas al anticipar en su discurso la posibilidad de emitir su propio dictamen. Luego oficializó esa postura a través de una nota que le envió al titular de la Comisión de Legislación General, en la que le expresaba que teniendo en cuenta que el dictamen elaborado por el oficialismo no incluía ninguna de las propuestas que él había solicitado, y considerando que él estimaba que “algunas cuestiones específicas del proyecto deben mejorarse”, estaba trabajando en la elaboración de “un dictamen propio que se presentará oportunamente integrando el texto original con las propuestas de cambios, modificaciones y agregados que considero relevante hacer respecto del proyecto ley de Bases”.

A ese anuncio le siguió el de Martín Lousteau confirmando que él también elaboraría un dictamen propio. Al presidente del radicalismo, con el que semanas atrás se buscó abrir un canal de negociación, ya no le ofrecieron nada. Sí al santacruceño, al que le concedieron una suba en la percepción de las regalías mineras provinciales del 3 al 5%. Fue suficiente para asegurarse ese voto clave.

También durante esa jornada se habían garantizado el voto en disidencia del entrerriano Edgardo Kueider, quien fue además durante este plenario una de las cabezas visibles al frente del debate, por ser presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Entre las llaves que habrían inclinado finalmente el apoyo con disidencias del senador de Unidad Federal estaría la aceptación de que la represa de Salto Grande pase a ser administrada por la provincia de Entre Ríos. El insistirá además con una obsesión que tiene para eliminar la carga impositiva en las tarifas.

Con todo, al firmar el dictamen, lo hizo “en disconformidad”.

El senador había recibido fuertes presiones en los últimos tiempos, entre ellos la del PJ entrerriano, que salió después a repudiar “enérgicamente” su actitud, deslizando que podrían pedir su expulsión. Incluso el exgobernador y hoy diputado nacional Gustavo Bordet tomó distancia de quien fuera su ladero.

La porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro) era la tercera en discordia que el oficialismo necesitaba asegurarse para garantizarse el dictamen. Ella también firmó en disidencia, cuando muchos la daban firmando el dictamen de Lousteau. Ella después justificó su actitud, reivindicando que se opusieron a “callar y votar a libro cerrado”, y se mostró convencida de que habían logrado mejorar la ley.

Las adhesiones para la votación en general

El oficialismo cuenta obviamente con los votos propios de La Libertad Avanza (7), tres de los cuales firmaron el dictamen de la ley de Bases: Ezequiel Atauche, Bartolomé Abdala y Juan Carlos Pagotto.

También con los 6 del Pro, incluido el citado de Tagliaferri. Sin disidencias firmaron el dictamen Luis Juez y Carmen Alvarez Rivero.

Los radicales garantizan 12 de sus 13 votos. Incluido el del fueguino Pablo Daniel Blanco, que cumplirá con lo que había anunciado oportunamente: votará a favor en general. Lo dijo en su discurso del miércoles: “Yo represento orgulloso a la UCR y también debo escuchar -más allá de que no sean de mi zona- a los gobernadores de mi partido y las necesidades que ellos manifiestan… Así que bueno, estos son parte de los fundamentos por los cuales yo voy a acompañar en general esta ley Bases, porque me veo obligado por razones esencialmente partidarias, porque si fuera por mi propia decisión no acompañaría”.

También apoyarán, como lo hicieron con el dictamen, la monobloquista tucumana Beatriz Ávila; y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. Esta última firmó dictamen.

De los radicales, firmaron en disidencia el presidente del bloque, Eduardo Vischi, y Flavio Fama, Víctor Zimmermann y Pablo Blanco.

También apoyarán las senadoras chubutenses Andrea Cristina, que firmó el dictamen en disidencia, y Edith Terenzi. En este caso habría intercedido el expresidente Mauricio Macri, que habría hablado con el gobernador chubutense Ignacio “Nacho” Torres, para asegurar esos votos clave.

Uno de los votos que ofrecía más dudas era el de la neuquina Lucila Crexell, quien firmó también en disidencia, lo mismo que la cordobesa Alejandra Vigo y Guadalupe Tagliaferri.

Otro voto difícil que se garantizaron en el oficialismo -con disidencias- es el de la rionegrina Mónica Silva.

Se descuenta que el correntino Carlos Espínola votará igual que los dos compañeros del bloque Unidad Federal que él encabeza, Vigo y Kueider. Votará también a favor el presidente del bloque Cambio Federal, el salteño Juan Carlos Romero, que así lo adelantó durante el plenario, donde colaboró bastante con el oficialismo.

Natalia Gadano, la compañera del bloque santacruceño con Carambia, también aportará su voto. Emitido el dictamen, la senadora celebró “la nueva voluntad de diálogo demostrada por el Gobierno nacional para incorporar modificaciones que atiendan los intereses de los santacruceños”. “Este cambio de actitud es un paso positivo hacia la construcción de consensos y el fortalecimiento de nuestra democracia”, afirmó en relación al aumento de regalías mineras. Y adelantó que “continuamos trabajando incansablemente en las negociaciones para mejorar aún más las condiciones para nuestra provincia; es por eso que impulsamos un diálogo abierto y constructivo con todas las partes involucradas”. Eso sí, ya adelantó que no votará la privatización de Aerolíneas Argentinas y el Correo Argentino; el capítulo de reforma laboral, en la ley de Bases; y la restitución del impuesto a las Ganancias en el paquete fiscal.

En este contexto, el oficialismo tiene garantizada la aprobación en particular por 38 votos.

Todo indica que en la negativa se anotarán los 33 miembros del interbloque Unión por la Patria. Incluidos los que más dudas pueden sugerir: la tucumana Sandra Mendoza, muy presionada por su gobernador Osvaldo Jaldo, y el catamarqueño Guillermo Andrada. De esa provincia, donde el gobernador Raúl Jalil se ha mostrado abiertamente a favor de algunos de los aspectos más controvertidos de la ley (el RIGI, por caso) también es la exgobernadora Lucía Corpacci, quien ya aclaró hace tiempo que votará en contra.

En el interbloque que conduce José Mayans se cansaron de asegurar que no tendrán fugas a la hora de la votación en general. Nadie puede asegurar que pase lo mismo en la votación en particular, donde no llamaría la atención que los mencionados legisladores se diferencien del resto en el tema RIGI, y con Ganancias.

Una de las mayores dudas está en la actitud que adoptará Martín Lousteau, quien con dictamen propio está claro que no votará a favor el dictamen de mayoría. Pero muchos ponen en duda que vaya a ser el único voto alineado con los 33 negativos de UP. Probablemente entonces haga como los radicales disidentes que durante el debate en Diputados se abstuvieron en la votación en general, votando en contra luego de todo lo que objetaban en el debate en particular.

La semana extra que se toman para llegar a la votación en el recinto, el 12 o 13 de junio, será para afinar el lápiz garantizándose el oficialismo no sufrir de más en la votación en particular. Y sobre todas las cosas, evitar que en alguno de los temas no consensuados que el oficialismo pueda perder en la votación, el resultado sea por una mayoría especial que les impida revertirlo después en la Cámara baja.

La “guerra de despachos” en el Congreso es un clásico de cada recambio parlamentario y esta vez no fue la excepción. Este martes, en una protesta nunca vista, los dos senadores de Alianza por Santa Cruz José Carambia y Natalia Gadano, que asumieron hace nueve días, montaron un escritorio en uno de los pasillos de la Cámara alta para reclamar que todavía no les fueron asignados despachos. 

“Hay senadores que tienen tres y cuatro oficinas”, se quejaron ante la prensa acreditada y anticiparon que, de no resolverse la situación, sus asesores también se sumarán al reclamo que encabezan en el pasillo del primer piso del Palacio, a metros del despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel. 

Con una mesa de camping, mate, pan dulce y el cochecito de la hija de la senadora Gadano, los santacruceños revelaron que el tema había sido objeto de conversación en la reunión que los jefes de bloques tuvieron antes de la sesión en la que se eligieron autoridades y se votó la delegación a la presidenta del cuerpo para la conformación de las comisiones. 

La “negociación por despachos y cargos” fue algo que denunció la senadora de Unión por la Patria Juliana di Tullio, en alusión al acuerdo que el oficialismo alcanzó con todas las otras bancadas de la oposición para construir una mayoría que supere a la primera minoría peronista en esa sesión. 

“No están cumpliendo con lo que habíamos acordado de que los despachos de Santa Cruz queden para los senadores de Santa Cruz, y uno para el bloque dentro del Palacio”, denunció Carambia, que además contó que “para que nos den la oficina nos pidieron que contratemos a su gente”, en alusión a la exsenadora radical María Belén Tapia. 

El legislador confirmó que el pedido se planteó “en la reunión previo a la sesión y nos habían dicho que se iba a resolver”. Sin embargo, continúan sin respuestas. “Nos querían mandar a uno que está en planta baja, todo viejo, donde un poco más y se caen ratas”, agregó y dijo que incluso invitaron “para que pase” por el Senado al gobernador Claudio Vidal, presente en Buenos Aires por la reunión con el presidente Javier Milei. 

A través de un vídeo en Instagram, Carambia compartió: “¡Hola vecinos! Estoy en el palacio del Senado de la Nación, y cómo pueden ver, esta es mi oficina. Lamentablemente, aún no tengo un despacho asignado, por lo que tuve que improvisar uno”. 

“Es increíble ver cómo algunos senadores, de todos los espacios políticos, tienen hasta 3 o 4 oficinas, mientras nosotros nos esforzamos por organizarnos con lo poco que tenemos. Hasta que podamos contar con un espacio adecuado, junto a mi equipo seguiremos trabajando en estas condiciones”, aseguró.