En pleno debate por el Súper RIGI, el diputado nacional José Luis Garrido cruzó a La Libertad Avanza y advirtió con un fuerte mensaje explícito: “Soy un hombre que cumple acuerdos y he fijado siempre una cuota de crédito para el Gobierno para garantizarles gobernabilidad, pero que sea la última vez que en este recinto se le falta el respeto a Santa Cruz y al espacio político que conduce mi provincia”.

El monobloquista reaccionó a las palabras del libertario Jairo Guzmán, quien una hora antes había señalado que “Santa Cruz necesita una reactivación económica urgente”, y confundió: “En el gobierno de Alicia Kirchner no hay clases”. Las palabras del integrante del oficialismo no cayeron nada bien en el hombre del gobernador Claudio Vidal, quien consdieró que esos dichos fueron una falta de respeto de parte del oficialismo.

El propio Guzmán había mencionado un reclamo salarial de las fuerzas de seguridad en la provincia de Santa Cruz a lo que Garrido contestó: “Hizo mención a los reclamos de la Policía y lo veo haciendo posteos, pero no lo veo acompañando reclamos docentes y universitarios para mejoras salariales, ni siquiera para los empleados de la Casa”.

El libertario Guzmán chicaneó a José Luis Garrido al decir que a Santa Cruz todavía la gobierna Alicia Kirchner.

Y agregó: “Hay que tener cuidado con la doble moralidad, mucho cuidado, porque vale recordar que hoy llegaron al quórum con 129 diputados y no voy a dejar pasar la oportunidad de decirles que no voy a permitir que se agravie a la provincia de Santa Cruz, ni al espacio político donde pertenezco porque ya la vez pasada se cometió un error”.

“Si esto continúa, les puedo asegurar que van a tener 128 y no 129”, advirtió José Luis Garrido, quien despertó los aplausos espontáneos de todo Unión por la Patria. Incluso, la diputada massista Jimena López celebró su comentario al grito de “bienvenido”. Notoriamente enojado, el legislador de Fuerza del Cambio reiteró: “Lo digo con el respeto que no tuvieron conmigo para la próxima sesión les aseguro que van a tener 128 y no 129”.

En virtud de los acuerdos, el presidente de la Comisión de Industria remarcó que “siempre he acompañado creyendo que hay que garantizar gobernabilidad sea con mi 'voto leyes' y aportando ideas, pero no midieron a Santa Cruz con la misma vara y los santacruceños sabemos pelear con la adversidad”. “Empiecen a tener cuidado porque esto no lo voy a dejar pasar”, concluyó.

Después del envío de cuatro proyectos de ley, la Cámara de Diputados convocó al plenario de Presupuesto y Hacienda; Industria; y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para abordar el Súper RIGI. Según trascendió en los pasillos del Congreso, este texto es el único que podría encontrar despacho antes del receso mundialista.

La cita entre las tres comisiones se llevará a cabo el próximo miércoles 3 de junio a las 15 en el Anexo C. El encuentro será moderado por Bertie Benegas Lynch, titular de Presupuesto y cabecera de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, junto al santacruceño José Luis Garrido, a cargo de Industria, y de Martín Yeza del Pro, quien preside la Comisión de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva.

A pocos días del Mundial 2026, se prevé que las actividades legislativas empiecen un letargo que hilvane, también, el mes de julio, utilizado para el receso invernal. Sin embargo, una fuente del oficialismo reveló a este medio que al Súper RIGI, particularmente, buscarán llevarlo al recinto a mediados de junio cuando obligadamente se ponga en debate el Acuerdo de Conciliación con los holdouts que aún no se trató en el recinto del Senado, pero que tiene como fecha límite el próximo 30 de junio.

El santacruceño Garrido acompañará a Benegas Lynch en el estrado de autoridades.

Los puntos centrales del proyecto impositivo

La propuesta se presenta como una evolución del actual RIGI aprobado con la Ley 27.742, aunque con un alcance más acotado: estará dirigido exclusivamente a “actividades económicas genuinamente nuevas en el país, con un impacto transformador en la estructura productiva nacional”.

El texto establece que podrán acceder al régimen proyectos con una inversión mínima de 1.000 millones de dólares, con la obligación de ejecutar al menos el 20% en los primeros dos años. Además, las iniciativas deberán canalizarse a través de Vehículos de Proyecto Único (VPU), creados exclusivamente para cada emprendimiento.

Entre los principales beneficios contempla una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de inversiones, deducción de quebrantos sin límite temporal y una tasa del 3,5% sobre dividendos luego de cuatro años.  También prevé exenciones de derechos de importación y exportación, junto con un esquema de certificados de crédito fiscal para el IVA.

En materia cambiaria, el régimen habilita la libre disponibilidad progresiva de divisas generadas por exportaciones y elimina la obligación de liquidar dólares vinculados a financiamiento o aportes de capital.  A esto se suma una estabilidad normativa —tributaria, aduanera, previsional y cambiaria— por un plazo de 30 años desde la adhesión.

El proyecto también contempla incentivos laborales, como una alícuota única del 10% en contribuciones patronales para nuevos empleos generados por los proyectos.

Otro punto central del esquema es la exigencia de adhesión por parte de provincias, la Ciudad de Buenos Aires y, eventualmente, municipios. El Gobierno plantea que el éxito del régimen depende de un compromiso coordinado de todas las jurisdicciones para garantizar “condiciones tributarias razonables, estabilidad regulatoria y estándares de desarrollo acordes a las mejores prácticas internacionales”.

En su mensaje al Congreso, el Ejecutivo subrayó que el país necesita “emitir una señal institucional inequívoca hacia los inversores” y sostuvo que la iniciativa busca posicionar a la Argentina “como un destino de inversión de primer nivel mundial en industrias del futuro”.

Martín Yeza también ser parte de la tríada que debate el Súper RIGI.

Asimismo, defendió el enfoque promercado del proyecto al señalar que “su lógica no es la de favorecer al capital en abstracto, sino la de vincular los incentivos que se otorgan con resultados tangibles para las comunidades donde los proyectos se radican: empleo genuino y sostenido, transferencia de tecnología y desarrollo de cadenas productivas locales”.

El “Súper RIGI” forma parte del paquete de iniciativas anunciado el viernes pasado (cuatro, junto con la ley de lobby, Etiquetado Frontal y ludopatía) y quedará ahora bajo análisis de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará avanzar con una de las principales apuestas económicas de su agenda legislativa, con el objetivo de atraer inversiones en sectores considerados clave para el desarrollo de largo plazo.

Tal cual lo anunció durante la sesión de este miércoles en la Cámara baja, el diputado nacional José Luis Garrido presentó un proyecto de ley en el Congreso para declarar la intervención federal del Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz, en virtud de lo establecido por el artículo 6° de la Constitución Nacional. La iniciativa busca garantizar la forma republicana de gobierno, la independencia judicial y la recta administración de justicia, ante lo que se considera una grave crisis institucional en ese distrito.

El texto declara en comisión a los miembros del Tribunal Superior de Justicia y al resto de los integrantes del Poder Judicial santacruceño, y faculta al Poder Ejecutivo Nacional a designar un Interventor Federal, quien no podrá ejercer funciones jurisdiccionales pero sí tendrá amplias atribuciones administrativas.

Facultades del interventor

Entre las facultades previstas, el interventor podrá remover, ratificar o suspender magistrados, funcionarios y empleados judiciales; dictar reglamentos para establecer subrogancias y designaciones de conjueces; y ejercer todas las atribuciones necesarias para cumplir los objetivos de la ley.

La iniciativa presentada por el legislador de Por Santa Cruz establece que las designaciones que realice serán consideradas “en comisión” hasta que se normalice institucionalmente el Poder Judicial de Santa Cruz. El Ministerio de Justicia de la Nación será el encargado de impartir instrucciones al Interventor, mientras que el Ministerio de Seguridad deberá garantizar el apoyo operativo mediante la Policía Federal y la Gendarmería Nacional.

La intervención tendrá un plazo inicial de 180 días, prorrogables por igual período mediante decreto del Poder Ejecutivo. Los gastos que demande la medida serán imputados al presupuesto judicial de la provincia.

El proyecto denuncia una “sistemática pérdida de independencia judicial” en Santa Cruz, atribuida a la subordinación política de los órganos jurisdiccionales al ex Poder Ejecutivo provincial. Entre los hechos mencionados se destacan la paralización de causas por corrupción, el nombramiento discrecional de jueces y fiscales, y la designación de un vocal del Superior Tribunal sin cumplir los requisitos legales.

“La desconfianza pública en las decisiones judiciales erosiona no solo la credibilidad institucional, sino también los derechos de los ciudadanos y el acceso real a la justicia”, señala el texto. Y agrega que la intervención federal, aunque excepcional, debe estar disponible como remedio constitucional frente a la quiebra de garantías elementales.

La propuesta incluye salvaguardas para evitar arbitrariedades, establece límites en las facultades del interventor y prevé mecanismos de control parlamentario. “La restauración de una justicia independiente, transparente y funcional es imprescindible para preservar la democracia”, concluye.

En pleno receso invernal, la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados recibió a ocho representantes de diferentes áreas vinculadas a alto rendimiento, deporte federado, del fútbol femenino y clubes de barrio, entre otros. Todos los invitados alertaron sobre los impactos negativos que hubo tras el ajuste del Gobierno nacional.

La reunión fue meramente informativa y estuvo presidida por la diputada nacional Magalí Mastaler, integrante de Unión por la Patria. Durante las exposiciones fue mencionado el fallo de la Corte Suprema de Justicia contra Cristina Kirchner y el santacruceño José Luis Garrido protestó: “No tengo problemas en acompañar el proyecto sea de Unión por la Patria o de La Libertad Avanza, pero no me gusta escuchar que esto es un problema relacionado a que Cristina está presa”.

El primer expositor fue Jon Uriarte, deportista de Alto Rendimiento y medallista olímpico en Vóley en los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988, quien enumeró una serie de aspectos negativos durante la gestión del actual Gobierno: Primero, lo llamó “un daño muy importante”, y amplió que “todo lo que vemos es un abandono como estrategia de desarrollo del sistema de deporte argentino”.

Crítico de la situación, el excentral argentino vinculó el contexto actual a la ausencia de la sanción de la Ley de Presupuesto: “El deporte tiene un 56% menos de ejecución presupuestaria en estos dos años; hay una ejecución al 64%; se perdieron más de mil escuelas deportivas; y los Juegos Evita fueron desfinanciados con 40 disciplinas menos porque se pasó de 21.000 finalistas a 7.000”.

En otro tramo de su intervención, Uriarte se refirió al DNU por el que el Gobierno nacional habilitó el arribo de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al cual consideró de ser un “ataque” a los clubes. Luego de eso, afirmó que genera “orgullo en el mundo a través de la red de asociaciones civiles”.

“Somos los campeones del mundo de fútbol y sacamos los jugadores de los clubes y con las SAD se quiso romper el paradigma de lo mejor de la argentinidad versus el paradigma del lucro económico”, señaló Uriarte. También destacó la labor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por “encabezar la resistencia”.

Del mismo modo, el primer expositor denunció un grave desfinanciamiento de la Secretaría de Deportes, y relató que “han mandado al director de Deporte Adaptado a estar confinado en Ezeiza porque desarticularon esa Dirección y el Enard, también, está en situación de desfinanciamiento”.

Expusieron también Claudio Morresi, exsecretario de Deportes durante la gestión de Cristina Kirchner; Mónica Santino, presidenta de La Nuestra - Fútbol Femenino; Daniel Pacin, secretario general de la Confederación Nacional de Clubes; Nicolás Mellino, tesorero de la Federación Argentina de Deporte Universitario; Alberto Rodríguez, presidente de la Federación Argentina de Deportes sobre Sillas de Ruedas; Rodolfo Paverini de la Confederación Argentina de Deportes; y Marina Lesci, vicepresidenta Unión Nacional de Clubes de Barrios.

El diputado santacruceño José Luis Garrido presentó un proyecto de ley para crear la asignatura “educación financiera” dentro del plan de estudios de nivel secundario a nivel público y privado. “El propósito es el de dotar a los estudiantes de conocimientos, habilidades y herramientas para la toma de decisiones en la gestión de sus finanzas personales y colectivas”, explicó en el 2° artículo.

Dentro de la materia, el legislador del bloque Por Santa Cruz propone el desarrollo de conceptos claves en el tema como “ahorro”, “inversión”, “presupuesto”, “planificación”, “administración financiera”, “seguros”, “inflación”, “crédito”, “tipos de cambio” y “riesgo”, entre otros. También establece una introducción al conocimiento de los marcos legislativos vigentes en esta área.

“El sistema educativo argentino ha dado muchos pasos hacia el futuro, pero aun posee una deuda pendiente fundamental, enseñar a las nuevas generaciones a comprender y gestionar de manera responsable sus finanzas en un mundo digital, hiperconectado y desigual. El presente Proyecto de Ley tiene por finalidad saldar esa deuda con una propuesta de impacto estructural, federal y transformadora: La incorporación de la Educación Financiera en todas las escuelas secundarias del País”, presentó Garrido en los fundamentos.

El diputado santacruceño alertó por la "vulnerabilidad" de los jóvenes respecto al fraude.

La iniciativa define como autoridad de aplicación al Ministerio de Educación de la Nación, el cual deberá, en caso de que el texto prospere en el Congreso, establecer lineamientos y proveer recursos pedagógicos abiertos, actualizados y con enfoque digital e inclusivo, para su implementación progresiva y federal. Además, exige la coordinación del seguimiento y evaluación de calidad y alcance de la implementación en todo el país.

Entre los argumentos planteados por el diputado santacruceño, se alertó respecto a que “según la encuesta de conocimientos financieros -BCRA y CAF (2022), solo el 31% de los jóvenes comprendía correctamente el concepto de interés compuesto”. Y aseveró que “esta vulnerabilidad fomenta el sobreendeudamiento, la exclusión del sistema bancario y la exposición creciente a fraudes digitales, como el phishing, que según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) aumentaron un 200% entre 2021 y 2024”.

En el cierre, Garrido manifestó que “la educación financiera debe dejar de ser un privilegio y convertirse en un derecho educativo, no solo fortaleciendo la autonomía individual, sino también, la construcción de una ciudadanía más justa, informada y resiliente”.

“Esta ley propone un punto de inflexión en la historia de la escuela secundaria argentina: preparar a nuestros jóvenes no sólo para rendir exámenes, sino formarlos cómo ciudadanos capaces de tomar decisiones inteligentes en un mundo financiero complejo y desafiante”, concluyó.

Este prpoyecto de ley se suma a los que han presentado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal); Micaela Morán y Martín Aveiro -con sendos textos-(Unión por la Patria); Pamela Calletti (Innovación Federal); María Eugenia Vidal (Pro); y Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos).

Trascurridas siete horas de la sesión especial sobre la ley Bases y el paquete fiscal, el santacruceño Sergio Acevedo sugirió que las cuestiones de privilegio se hagan por escrito para que “las cuestiones importantes como las de hoy tener mayor disponibilidad para analizarlas y discutirlas”.

Así, señaló: “Acá se habló de patrones de acumulación, de distribución, que son cuestiones no menores y desde un lugar como la Patagonia nos interesa”. En esa línea, recordó la tragedia de Río Turbio a 20 años y cuestionó que “se hicieron importantes inversiones, pero no tuvieron frutos porque no producimos carbón, energía, está abandonado todo el proceso ferro portuario y no ha tenido ninguna figura jurídica”.

“En la Comisión de Labor anuncié que iba a pedir autorización para abstenerme, yo no comparto la ley Bases porque la desregulación petrolera es un crimen contra el interés nacional; el RIGI, tal cual está manifestado nos lleva a una economía extractiva sin desarrollo industrial, sin esquema fiscal o de equilibrio en balanzas comerciales”, anticipó.

“No estoy de acuerdo con lo regresivo y las decisiones que se han tomado en legislación laboral y empleo público y mucho menos con la delegación de facultades. De la misma manera, soy partidario de que todos aquellos que tienen ingresos tienen que tributar, pero tal cual como está redactado el dictamen sobre impuesto a las Ganancias no puedo acompañarlo, del mismo modo que todo el capítulo a Bienes Personales”, adelantó.

Por su parte, el diputado nacional José Luis Garrido se dirigió al presidente de la Nación, Javier Milei, y expresó: “Los problemas económicos y la excusa de no tener una ley nos han hecho perder calidad de vida a los argentinos”.

Sin embargo, el legislador patagónico habló del estado de Yacimiento Carbonífero Río Turbio y responsabilizó a la senadora santacruceña (exgobernadora) Alicia Kirchner por el estado en qué dejó la empresa estatal de esa provincia.

Del mismo modo, ironizó contra el diputado de UP Máximo Kirchner -ausente en la sesión- y recordó cuando participó de la inauguración de un yacimiento en el año 2015. “En esos años aumentaron el déficit, y por eso le pido al Gobierno Nacional que invierta”. Para cerrar, le dijo a Milei que “va a tener la ley que pidió y deberá hacerse responsable de los resultados”.