Lisandro Nieri encabeza la fórmula de JxC, mientras que en UP la interna será entre la lista encabezada por el intendente de Tunuyán Aveiro y la del legislador provincial José Ramón.
Con el apoyo del candidato a gobernador Alfredo Cornejo, el Frente Cambia Mendoza presentó este sábado a sus precandidatos a diputados nacionales: Lisandro Nieri (busca renovar su banca), Patricia Giménez, Víctor Ibáñez, Hebe Vázquez Viera y Pablo Zapata.
Como parlamentario del Mercosur (Parlasur) el nombre es el de Roberto Ríos, actual jefe de gabinete de la ciudad de Mendoza. Esta lista, acompañará la boleta de ambos precandidatos de Juntos por el Cambio: la de Horacio Rodríguez Larreta y la de Patricia Bullrich.
Nieri es diputado nacional por Mendoza desde que reemplazó la banca de Cornejo cuando fue elegido senador nacional en 2021. Secunda la lista Giménez, exdiputada radical cercana a Luis Petri (precandidato a vicepresidente de Bullrich); Ibáñez, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de la provincia; Vázquez Viera, una “bullrichista” fundadora de Unión por Todos Mendoza; y Zapata, concejal de San Rafael.
En tal provincia, Juntos por el Cambio se partió en dos cuando el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Omar De Marchi, quien dejará su banca en el recinto, formó su propio partido conocido como “La Unión Mendocina”. La diputada radical Jimena Latorre también dejará su banca este 10 de diciembre.
La coalición opositora pone en juego a tres de las cinco bancas que deben renovarse, mientras que Unión por la Patria tiene a dos legisladores, Marisa Uceda y Eber Pérez Plaza.
Por el lado del peronismo mendocino habrá interna. Desde Unión por la Patria, los designados para ir como precandidatos son: Martín Aveiro (intendente de la localidad de Tunuyán) y María Amalia Granata (economista y asesora de la senadora Anabel Fernández Sagasti); mientras que José Luis Ramón (diputado provincial de Mendoza) irá por su lista propia conocida como Protectora.
La nómina de postulantes a la Cámara de Diputados la completan María Martina Corvalán, Mario Riccio, Belén Cortinez y Homero Di Bernardino. En tanto que la lista precandidatos al Parlasur la liderará Eber Pérez Plaza, actual diputado nacional peronista que concluye su mandato en diciembre.
Desde La Libertad Avanza, el espacio conducido por el candidato libertario Javier Milei, los precandidatos a diputados nacionales serán Mercedes Llano y Facundo Correa Llanos, dos economistas de la actividad privada en el ámbito del sector inmobiliario. Lourdes Arrieta, Pablo Rubio y Myriam Villordo completan la lista. Mientras que Jorge Santilli será el precandidato al Parlasur.
En Libres del Sur, aliado de la alianza oficialista a nivel provincial, la lista de precandidatos a diputados nacionales estará liderada por el coordinador del movimiento social Barrios de Pie, Adrián Bonada y lo acompañarán Paola Giménez, Matías Robledo, Alejandra Rojas y Pablo Reyes.
El Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U) tendrá competencia interna en las PASO. Por un lado, se presentó la lista del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) encabezada por la docente Laura Espeche y que completan Esteban Darío Rodríguez, Ana Victoria Maya, Mauricio Andrés López Monte y Micaela Blanco Minoli.
A su vez, el Partido Obrero (PO) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) llevan como precandidatos a Martín Rodríguez, Marcia Marianetti, Gerardo Ramón Bustamante, Verónica Haydee Torres y Víctor Hugo Da Vila.
Se trata de una iniciativa impulsada por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, que dio detalles este jueves en una reunión realizada en el Senado.
Se presentó este jueves el proyecto para crear el Código de Protección de los Consumidores y Usuarios de la Nación, que establece nuevos sistemas para ayudar jurídicamente a consumidores perjudicados.
La iniciativa fue girada a la Comisión de Legislación General del Senado para su tratamiento, y de la presentación participó el secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini.
La iniciativa, presentada en el Salón Azul de la Cámara alta, pertenece a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana) y al diputado provincial José Luis Ramón (Protectora-FdT), ambos de la provincia de Mendoza.
El texto, ya presentado en Diputados durante el año 2021, busca establecer una representación y un cuerpo normativo que ampare a los consumidores y consumidoras en los ámbitos público y privado.
“La mayoría de las veces, nuestra relación con el consumo tiene que ver con la dignidad de la persona, pensemos en los servicios públicos, en los medicamentos, en los alimentos, en nuestra vestimenta, por ejemplo. Esta iniciativa constituye un cambio de paradigma con una visión humana, transversal y profundamente federal”, expresó Sagasti.
Al referirse a los temas de endeudamiento familiar y de las mujeres y la manipulación de la publicidad, Sagasti concluyó que ” la medida es una gran herramienta para estos problemas reales”.
Por su parte, Ramón destacó que ” los consumidores no podemos estar sometidos a las reglas del mercado que nos conducen a las desigualdades que ya tenemos”, y agregó que la medida busca obtener “un derecho autónomo y fuerte que nos proteja a todas y a todos”.
Los puntos principales del proyecto se refieren al patrocinio de los consumidores, a los servicios públicos, el etiquetado de los alimentos y a la participación del Estado en la asistencia a los consumidores perjudicados, entre otros.
El exdiputado nacional por Mendoza remarcó a través de su cuenta de Twitter que la Ley fue sancionada en 2020 y les pidió a los legisladores de la oposición que “no insistan con argumentos vacíos y lobbistas”.
El exdiputado nacional y actual diputado provincial José Luis Ramón (Mendoza) criticó a través de su cuenta de Twitter a los legisladores de la oposición – Gerardo Milman (Pro) y Mariana Zuvic (Coalición Cívica)- que presentaron proyectos para derogar la Ley de Manejo del Fuego, que fue sancionada en diciembre del 2020 e impulsada por el exjefe del bloque del FdT Máximo Kirchner, ante tragedia por los incendios en Corrientes.
“Semanas de incendios sin control, y hoy nos encontramos con la propuesta de dos diputados nacionales para DEROGAR, si leen bien, derogar la Ley de Control del Fuego que votamos hace poco más de un año”, cuestionó el diputado mendocino y agregó: “A esos colegas representantes del frente Juntos por el Cambio no me queda decirles nada, pero a quienes leen estos tweets si. Primero, hay que dejar en claro que los incendios son un problema ambiental y mucho después, es un problema económico”.
En tanto, detalló: “Las consecuencias ambientales son claras. Argentina representa el 4,5% del desmonte a nivel global. Estamos entre los 10 países con mayor cantidad de bosques perdidos por año según la FAO”.
En ese sentido, señaló que “sabemos perfectamente que no se dan en cualquier lugar los incendios y los intereses económicos, y la especulación inmobiliaria, no pueden venir a empañar o empeñar el bien común”, y les pidió que “no insistan con los argumentos vacíos y lobbistas que sostuvieron en 2021”.
“Nuestro país es una reserva natural enorme a nivel mundial y eso no solo es un orgullo, es una responsabilidad”, precisó el exdiputado nacional y le sugirió a la oposición: “Pongan lo que hay que poner y dejen de pensar en individualidades y negocios, piensen en el futuro del país y la urgencia de proteger el medio ambiente”.
Se avanzó en una agenda que pone a la obra pública como eje para reactivar la economía local e impulsar la generación de empleo.
El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur, encabezó este martes en el Salón de Científicos de Casa Rosada, junto al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, una reunión con senadores, diputados e intendentes de la provincia de Mendoza, con el objetivo de armar una agenda de trabajo de cara a los próximos meses.
Del encuentro participaron la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, los diputados nacionales José Luis Ramón y Omar Félix; la diputada nacional Marisa Uceda; los intendentes de Maipú, Matías Stevanatto; San Rafael, Emir Félix; Santa Rosa, Flor Destéfanis; Lavalle, Roberto Righi; La Paz, Fernando Ubieta y el presidente del Concejo Deliberante de Tunuyán, Emir Andraos.
“Estamos retomando una agenda de trabajo con objetivos a corto y mediano plazo que tienen que ver con obras estructurales que necesita la provincia de Mendoza y los distintos municipios, en las que el Gobierno nacional tiene un rol central como dinamizador de la obra pública y generador de empleo, para así aportar desde la Nación, a una mejora de la calidad de vida de los mendocinos y las mendocinas”, indicó Manzur, al término del encuentro.
Tras la reunión, Fernández Sagasti declaró: “Planteamos temas estratégicos de la provincia pero también cuestiones locales de los municipios y de los intendentes que vinieron para armar una agenda de trabajo”, y en esa línea destacó que “tenemos que trabajar más unidos que nunca pero también recuperar algunos lazos que hemos perdido con sectores de la sociedad mendocina y para eso estuvimos dialogando de diferentes estrategias”.
Y agregó: “Queremos trabajar en equipo, tenemos un sueño de una provincia distinta mucho más inclusiva y productiva”.
Por su parte, el diputado Ramón, que en las últimas elecciones se alineó con el oficialismo nacional expresó: “Fue una reunión muy positiva porque reunió a todas las fuerzas que integramos el Frente de Todos en la provincia de Mendoza y le planteamos, al jefe de Ministros, cuales son las necesidades de aquellas partes que no han sido resueltas en nuestra provincia”.
“Es central que le llegue, a cada uno de los mendocinos, las medidas que se toman en el Gobierno Nacional y que influyen directamente, en la economía de las familias de los mendocinos”, concluyó el diputado nacional.
De cara a la nueva conformación de la Cámara baja, la bancada pasará a estar comandada por el diputado del oficialismo rionegrino. Sale José Luis Ramón, quien concluye su mandato el próximo 10 de diciembre.
Todavía no se definió la nueva composición del Congreso pero los movimientos ya comenzaron. En la Cámara de Diputados, se conoció este viernes que el rionegrino Luis Di Giacomo será el nuevo presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, compuesto actualmente por seis miembros.
El diputado de Juntos Somos Río Negro, fuerza gobernante en esa provincia, reemplazará así al mendocino José Luis Ramón, a quien se le vence el mandato el próximo 10 de diciembre y espera a acceder a una banca como legislador provincial, tras un acuerdo electoral que su partido (Protectora Fuerza Política) selló con el Frente de Todos en Mendoza.
Actualmente, esta bancada -apodada gracias al apellido de su extitular como “los ramones”-, está compuesta los citados Di Giacomo y Ramón, más el bonaerense Pablo Ansaloni y los tres misioneros Flavia Morales, Ricardo Wellbach y Diego Sartori, quienes responden al oficialismo provincial del Frente de la Concordia Misionero.
De esos seis miembros, a cuatro se les vence el mandato y solo dos son los que continuarán hasta 2023 en la Cámara baja: Di Giacomo y Sartori.
Según se expresó en una nota firmada por todos los integrantes del espacio, atentos a la experiencia de trabajo que como interbloque han transitado y con la intención de continuar funcionando constituidos como tal para el próximo período de sesiones, se decidió el recambio.
“La perspectiva es la de poder sumar, a partir de la nueva composición de la Cámara, a la mayor cantidad de diputados posibles”, aseguraron desde el interbloque, que a lo largo de estos dos años funcionó como aliado del Frente de Todos.
En tanto, Di Giacomo sostuvo que “la unidad de representantes federales que se encuentren por fuera de la grieta es absolutamente necesaria”. “La recuperación de la Argentina va a empezar a verse cuando el crecimiento se dé desde el interior hacia el AMBA, y no como hasta ahora”, agregó.
Eso aseguró el diputado nacional José Luis Ramón sobre el tratamiento del proyecto de ley de etiquetado frontal que tendrá lugar este martes y remarcó que “protege la economía, el medio ambiente y el derecho a los consumidores”.
El diputado nacional José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal – Mendoza) se refirió al proyecto de ley de etiquetado frontal que será tratado este martes en Congreso de la cual afirmó que “apunta a la protección de los intereses económicos de los consumidores” y le advirtió a la oposición que “no se van a salir con la suya” porque “tiene dictamen de cinco comisiones y va a ser ley”.
En declaraciones por la AM1030, el diputado mendocino destacó: “Si hay algo que el Congreso de la Nación ha tenido, es que han tratado y sancionando leyes que otorgan beneficios directos para las personas, para la economía de la familia y sobre todo para aquellos que representamos desde nuestros boques, el derecho de los consumidores”.
“La ley de etiquetado va directamente al bolsillo de los consumidores porque tiene que ver con el sobreendeudamiento, con la protección del medio ambiente y por sobre todo con la protección del derecho al consumidor de poder tener toda la información adecuada y veraz que nos permita y nos de la posibilidad de elegir entre un producto que es sano, saludable y otro que tiene, como en este caso, una etiqueta negra que diga que tiene exceso de azúcares, de grasas o sal que tanto daño provoca en la salud de las personas”, detalló Ramón.
En este sentido, comparó: “En la política de países desarrollados del mundo el cuidado de la salud de las personas es central porque no es solamente ingerir 13 cucharadas de azúcar cuando toma una Coca-Cola o Pepsi, y los nombro porque son empresas grandes que han hecho el lobby para tratar de evitar que esto sea ley en el Congreso”.
Por este motivo, el legislador mendocino remarcó que “hay que cuidar la salud individual y cuidar las arcas del Estado para que ese dinero se pueda utilizar en patologías que se pueden prevenir porque ninguno de nosotros como consumidores tiene en su cabeza “no me importa nada”.
“El exceso de sal produce hipertensión, los azúcares despiertan diabetes, todo eso conlleva a atención de salud pública. Todos esos dineros que subvencionan la ganancia extraordinaria de un grupo de empresas alimenticias que no quieren perder eso, incluso de la política porque en la provincia de Tucumán es gran productora de azúcar y políticamente se manifestó en contra”, agregó.
Además, el diputado de Unidad y Equidad Federal señaló que “las grandes empresas alimenticias que producen estos productos tienen una campaña de marketing que entra por los ojos, entonces compramos eso como si fuese de alta calidad cuando tiene grandes males, genera el sobreendeudamiento familiar”, y ratificó: “Son leyes que apuntan a la protección de los intereses económicos de los consumidores que permite levantar el estándar de calidad de vida de la familia”.
En relación a conseguir el quórum con los votos de JxC, apuntó: “Se quieren sacar el collar del cogote, muchas empresas que provocan el lobby tienen muchos representantes de Juntos, pero hay muchos del radicalismo o de la coalición cívica apoyan la ley de etiquetado frontal, pero como estamos en un proceso electoral las empresas que están presionando el lobby están intentando utilizar un justificativo que no tiene fundamento para no dar el quórum”.
“A mis compañeros que están haciendo esta mala jugada que no se van a salir con la suya y como tiene dictamen de cinco comisiones, mañana va a ser ley”, avizoró el diputado nacional y concluyó: “JxC están poniendo muchas trabas para el funcionamiento de la Cámara, pero le va a salir el tiro por la culata, porque habrá quórum y una ley de etiquetado frontal”.
El diputado nacional aseguró que le quedó un “sabor amargo” al no haberse presentado para renovar su mandato, pero no descartó la posibilidad de ser gobernador. También habló de la alianza con el FdT y le pegó fuerte a la UCR.
El diputado nacional José Luis Ramón (Protectora – Mendoza) habló sobre la alianza que estableció con el Frente de Todos porque “para gobernar la provincia no se hace en la soledad, sino que hay que formar parte de un frente”. Además, expresó su deseo de “Ramón gobernador” y de una posible fórmula “Ramón- Sagasti”, pero mostró su disgusto de no haber podido presentarse a renovar su mandato. Por otro lado, criticó las medidas que tomó oficialismo provincial durante la pandemia.
En diálogo por la AM530, el legislador mendocino vio “positivo” la alianza que hizo su fuerza política Protectora con el Frente de Todos porque es “volver a los orígenes de nuestro partido en la provincia”, lo cual “va a permitir que lo desarrollemos y avanzar en mira de participar en las próximas elecciones para gobernar la provincia”.
“Quedaron ganas de volver a renovar el mandato, me quede con mucho sabor a tratar temas que nosotros hemos presentado en la Cámara de Diputados para que se discutan, como el código de protección de los y las consumidores de la Argentina que en su cuerpo normativo pueda seguir su tratamiento en los próximos años”, agregó.
En esta línea, Ramón explicó que “desde mi partido político y la discusión interna en la provincia no fue una sorpresa sino una proyección hacia delante de mi partido”. No obstante, se mostró optimista: “Todo el relacionamiento que tuvimos con el presidente y con todo el Frente, la expectativa en lo personal era seguir en Congreso por la cantidad de temas que dejamos pendiente como por ejemplo participar en el tratamiento de la matriz energética, los vehículos eléctricos, toda la gama de proyectos que veníamos tratando, pero no perdemos la expectativa que va a haber diputados de nuestro Frente que impulsaran esos proyectos”.
“Ramón gobernador es una de las expectativas más importantes como partido político”, señaló el diputado de Protectora y contó que “en 2017 la construcción de nuestro partido fue sobre las bases de 5 puntos centrales que tienen como objetivo ser las bases de una Mendoza de pie y ser gobernada”, lo que fue conversado con la líder del partido Anabel Fernández Sagasti y es algo que “lo planteamos siempre, la idea es que para gobernar la provincia no se hace en la soledad, sino que hay que formar parte de un frente. Sobre todo, en la provincia que viene gobernada hace 6 años un radicalismo asociado al Pro que tomo mucha fuerza y necesita detener al Frente”.
Por consiguiente, apuntó contra el oficialismo: “Creemos que este radicalismo asociado al Pro logró cooptar todos los sectores del poder político e institucional y captar también los medios de comunicación que solo comunican los aspectos que les interesan y dejan de lado aquellos que son letales para la economía de las familias”, y ejemplificó: “Como en la pandemia que adoptaron medidas de flexibilización que pusieron en riesgo la salud y la vida de miles de vecinos”.
“El gobernador aumento un 40 por ciento el valor del transporte público, un 30 por ciento el valor del agua potable, el 30 porciento de la electricidad, eliminó las paritarias y nada de eso se conoce e incluso se minimiza puertas adentro a la opinión pública”, añadió con cierta indignación el legislador mendocino.
A su vez, remarcó que “el poder está concentrado en los departamentos centrales de la ciudad capital y creo que obedece a que ellos han tenido esa manera de comunicar que no comunican”, y precisó que “tener un Frente de Todos que no participó de la política en aquellos lugares más alejadas, se nota hoy como fue los resultados de las elecciones PASO”.
“Por eso este impulso que propusimos de volver a la base que consolide la justicia social, el derecho de los consumidores, un Estado fuerte que se haga presente que se construya de abajo hacia arriba. Es un tema delicado y tratamos de comunicarlo y se va a potenciar dentro del Frente”, prometió Ramón y concluyó entre risas que “seria muy bueno la fórmula Ramón-Sagasti porque es importante seguir en este proyecto que es fuerte y volver a la legislatura de Mendoza desde el Congreso significa sentar las raíces de un proyecto político que tiene esta idea de gobernar”.
El pedido fue presentado por el diputado José Luis Ramón por lo que dicha institución deberá otorgar información detallada sobre los fallecidos por Covid-19 en la provincia durante el año 2021.
El Tribunal de Gestión Asociada-Tercero de la provincia de Mendoza admitió formalmente la acción de amparo presentada por el diputado nacional José Luis Ramón (Fuerza Política Protectora), cuyo objetivo es obligar al Ministerio de Salud a dar información detallada sobre el registro de fallecimientos por covid-19 en la provincia.
El pedido surgió a raíz de las graves inconsistencias que hubo en relación a los datos oficiales publicados durante este año, y ante la ausencia de respuestas por parte del ministerio a una solicitud previa realizada por Ramón y el diputado provincial Pablo Cairo, de su misma fuerza política.
Al respecto el líder de Protectora afirmó que “la ausencia de respuesta no hace más que confirmar que la provincia incumple de manera flagrante un claro mandato constitucional que consagra a la información pública como un derecho humano. La ministra Ana María Nadal carece de toda voluntad de cumplir esa obligación”.
“La información solicitada tiene que ver con el detalle del procedimiento de registro de muertes por coronavirus, señalando el plazo en que deben registrarse y el plazo en el que deben informarse al Poder Ejecutivo Nacional”, detalla el falló y agrega “el tiempo y las causas de la demora en promedio para los meses de enero a julio de este año, entre la emisión del certificado de defunción y su registro en el sistema; y los datos diarios y mensuales sobre la cantidad de fallecimientos por covid-19 en lo que va de este año”.
Por este motivo y ante la gravedad de los hechos la justicia mendocina dio lugar al recurso de amparo (artículo 43 de la Constitución Nacional) y requirió el informe al Ministerio de Salud de la provincia “en un plazo perentorio de tres días” y “vencido ese plazo, se dará intervención a la Fiscalía de Estado”.
El artículo 43 de la Constitución Nacional contempla “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio”.
La denuncia realizada meses atrá por el legislador mendocino afin al Frente de Todos cobró mayor dimensión al conocerse el desfasaje en la carga de los muertos por coronavirus en esa provincia cuyana. Ramón apuntó contra Suárez.
El diputado nacional por Mendoza José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal) recordó sus dichos en el recinto semanas atrás cuando denunció el manejo de datos del gobierno provincial de Rodolfo Suárez (Juntos por el Cambio) respecto a la carga de fallecidos por Covid-19.
Al conocerse que existe un defasaje en los datos del año pasado que es reconocido por el Gobierno del mandatario radical, Ramón publicó en Twitter sus declaraciones en la Cámara baja y escribió: “El gobierno de Rodolfo Suárez está ocultando los datos de fallecidos por Covid-19”.
“Algunos dudaron cuando lo dije meses atrás, pero ahora la información oficial nos da la razón”, remarcó el líder de la fuerza provincial Protectora que se sumó al Frente de Todos pero no logró que el diputado nacional busque renovar su banca.
Tambié Ramón pidió al Ejecutivo provincial “mayor responsabilidad, porque no son números, sino familiares, amigos y seres queridos”.
“Carga en SISA, reportados con fechas anteriores”, así el Gobierno mendocino informa de manera general cada día a las personas que fallecieron por Covid y habían sido mal registradas. Pero lo que no se aclara es de cuánto es el retraso y allí está el problema, según reportan medios provinciales, ya que “aún hoy se cargan fallecidos del año pasado, generando una diferencia tan grande que cambiaron algunos datos que son clave para el análisis del impacto de la pandemia”, afirman desde MDZOnline.com
Entre los datos observados es la letalidad, que el 31 de diciembre del año pasado se informaron 1250 muertos en total, según los partes diarios. Pero al día de hoy en el sistema Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SISA) hay registrados 1.727. Por eso la letalidad por covid en Mendoza pasó del 2,1% al 3%. La mortalidad también cambia, aunque de una manera menos significativa, señalaron.
Ya no quedan dudas luego del cierre de listas operado el fin de semana. Solo en dos provincias todos los legisladores a los que se les vence el mandato tendrán la posibilidad de seguir en el Congreso. En la mayoría prima el recambio.
El misterio abierto respecto del destino de los 127 diputados nacionales y 24 senadores que terminan sus mandatos este año se cerró en parte este fin de semana, al confirmarse qué diputados y senadores nacionales ya no tendrán la oportunidad de seguir en sus bancas, a partir de los datos que surgen del cierre de listas. Claro que estar en las listas no es garantía de continuidad, pero al menos les deja abierta la esperanza.
Así las cosas, numerosas figuras conocidas y varios “pesos pesado” dejarán el Congreso este año. En muchos casos hubo sorpresa por esa decisión, como es con Fernanda Vallejos en el oficialismo, o Carmen Polledo y Brenda Austin en Juntos por el Cambio. Hay figuras que no se aseguraron la continuidad, como los mendocinos Claudia Najul, Luis Petri, Omar Félix y José Luis Ramón, el misionero Luis Pastori o la diputada Gabriela Cerruti. Tampoco seguirán Jorge Sarghini ni “Bali” Bucca. O en el Senado, históricos como Juan Mario País, la pampeana Norma Durango o el catamarqueño Dalmacio Mera.
Lo cierto es que la gran mayoría de los legisladores de ambas cámaras que tienen mandato hasta el 10 de diciembre se volverá a sus casas ese día. Puntualmente solo el 37% de esos diputados nacionales actuales “con fecha inmediata de vencimiento” figura en las listas que competirán en las PASO para revalidar sus mandatos, y el 25% de los senadores está en la misma condición.
Algunos seguirían en el Congreso, enroque mediante: cinco diputados nacionales competirán para ir al Senado, en tanto que cuatro senadores nacionales probarán el camino inverso.
Conste que estamos hablando solo de aquellos a los que les concluye el mandato, pues hay quienes sin ese plazo perentorio están dispuestos a cambiar de Cámara. Es el caso del diputado Ignacio Torres (Pro – Chubut), que tienen mandato hasta 2023, pero competirá para ir al Senado. Lo mismo hará el cordobés Luis Juez que confrontará nada menos que con el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, por una banca en el Senado, cuando aún tienen mandato por dos años más. Lo mismo que presidente del radicalismo, el mendocino Alfredo Cornejo. En el oficialismo, tenemos el caso de la diputada camporista Gabriela Estévez, que tiene también mandato hasta 2023 y acompañará a Carlos Caserio en la lista cordobesa para el Senado. O al revés, como sucede con el puntano Claudio Poggi y el santafesino Roberto Mirabella, dispuestos a pasar del Senado a la Cámara baja a partir de diciembre.
En definitiva, 48 de los 127 diputados nacionales en cuestión tendrán la oportunidad de participar de las PASO para ver si continúan otro período, lo cual significa que 79 actuales diputados nacionales ya “tienen el boleto picado”.
En el caso del Senado, solo 6 senadores tienen chances de continuar; 18 ya pueden comenzar a vaciar los cajones de sus despachos.
En el principal distrito del país, 11 de los 35 diputados nacionales a los que les vence el mandato figuran en las listas.
Por el oficialismo son los siguientes: Claudia Bernazza, Walter Correa, Mónica Macha, Leopoldo Moreau, Vanesa Siley y Hugo Yasky.
De Juntos por el Cambio, están los radicales Josefina Mendoza y Fabio Quetglas; Marcela Campagnoli, de la Coalicióin Cívica y Graciela Ocaña, de Confianza Pública.
Juan Carlos Giordano tiene chances pues participará de la interna de la izquierda.
La lista de los que se quedaron sin chances es extensa: son 24. Diez del oficialismo: José Ignacio de Mendiguren (que ya lleva un año y medio de licencia, pues está al frente del BICE), Héctor Fernández, Marcelo Koenig, Carlos Ortega, Nicolás Rodríguez Saá, Laura Russo, Liliana Schwindt, Mirta Tundis, Romina Uhrig y Fernanda Vallejos.
Otros diez son de Juntos por el Cambio: Juan Aicega (Pro), Hernán Berisso (Pro), Adriana Cáceres (Pro), Javier Campos (CC), Carlos Fernández (UCR), Ezequiel Fernández Langan (Pro), Héctor “Toty” Flores (CC), Martín Medina (Pro), María Carla Piccolomini (Pro) y Natalia Villa (Pro).
Precisamente esta última legisladora, perteneciente al sector de Jorge Macri, figuraba inicialmente en el séptimo lugar de la lista que encabeza Diego Santilli, pero finalmente será primer candidata a concejal en Vicente López.
Tampoco renovarán mandatos Pablo Ansaloni, Eduardo “Bali” Bucca (Justicialista), Jorge Sarghini (Consenso Federal) y Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista).
Tres diputados nacionales renuevan en esta provincia, y de ellos los dos oficialistas están anotados para continuar: Silvana Micaela Ginocchio y Dante López Rodríguez figuran en las listas, en tanto que Eduardo Brizuela del Moral, del Frente Cívico y Social, no participará de las PASO.
Solo la diputada nacional Aída Ayala participará de las elecciones primarias de septiembre, en el marco de una de las listas que presenta el radicalismo.
Su compañera de bancada Alicia Terada (CC) irá como candidata a diputada provincial, en tanto que los peronistas Juan Mosqueda y Elda Pértile no están en las listas presentadas el sábado pasado.
En esta provincia los dos diputados que concluyen sus mandatos tienen chances de seguir, mas no en la misma Cámara. Sí es el caso del radical Gustavo Menna, anotado para competir en septiembre; en tanto que Rosa Muñoz figura segunda en la lista que presentará el Frente de Todos para el Senado.
En este distrito se renuevan 13 escaños este año. De Juntos por el Cambio tienen chances de continuar Carla Carrizo (UCR), Fernando Iglesias (Pro), Juan Manuel López (CC) y Paula Oliveto (CC) y Facundo Suárez Lastra (UCR), este último tercero en la lista encabezada por Adolfo Rubinstein.
Por el Frente de Todos están anotados en la lista oficial Gisela Marziotta y Carlos Heller.
Quedaron sin chances Gabriela Cerruti, del Frente de Todos, y Alvaro de Lamadrid (UCR), Jorge Enríquez (Pro), Alejandro García (Pro), José Luis Patiño (Pro) y Carmen Polledo (Pro).
Los únicos diputados nacionales anotados para continuar en sus bancas por esta provincia son el oficialista Pablo Carro, Héctor Baldassi (Pro) y María Soledad Carrizo (UCR).
Quedaron sin chances Brenda Austin (UCR), Gabriel Frizza (Pro) y Diego Mestre (UCR), como tampoco están los diputados de Córdoba Federal Paulo Cassinerio, Claudia Márquez y Alejandra Vigo. No obstante, esta última está en la lista de su espacio, encabezando para ser senadora nacional.
De los tres diputados nacionales que terminan el 10 de diciembre en esta provincia, solo la radical Estela Regidor Belledone no está en las listas. Sí figuran Sofía Brambilla (Pro) y Jorge Antonio Romero (Frente de Todos).
Dos de los cinco diputados nacionales a los que les vence el mandato en esta provincia buscarán su reelección: el radical Atilio Benedetti y la peronista Ana Carolina Gaillard. No tendrán reelección Mayda Cresto (FdT), Alicia Fregonese (Pro) y Jorge Lacoste (UCR).
En esta provincia el peronista Gustavo Fernández Patri figura para reelegir, no así el radical Mario Arce.
En esta provincia gobernada por el radical Gerardo Morales ninguno de los tres diputados a los que se les vence el mandato seguirán en sus bancas. Es el caso de la radical Gabriela Burgos, que ya había sido elegida el mes pasado diputada provincial, y tampoco continuarán el peronista José Luis Martiarena, ni Osmar Monaldi (Pro).
Dos de los tres diputados pampeanos que concluyen el 10 de diciembre están anotados para seguir. El peronista Ariel Rauschenberger y Martín Maquieyra (Pro).
La diputada nacional Melina Delú no está en la lista para reelegir.
De los riojanos, el oficialista Danilo Adrián Flores no podrá reelegir; en cambio sí tiene chances Julio Sahad, del Pro.
Esta provincia es otra en la que ninguno de los diputados a los que se les vence el mandato reelegirán.
En el caso de la radical Claudia Najul y José Luis Ramón, tendrán su lugar en la Legislatura provincial. Se irán a sus casas los radicales Luis Petri y Federico Zamarbide y el peronista Omar Félix.
Tampoco reelegirá ninguno de los tres misioneros. Es el caso de Flavia Moralesl y Ricardo Wellbach, del Frente Renovador de la Concordia, y el radical Luis Pastori.
Solo el oficialista Carlos Alberto Vivero tiene chances de seguir en la Cámara baja. No así Alma Sapag (MPN) y David Schlereth (Pro).
La diputada nacional Ayelén Spósito figura en las listas del Frente de Todos, aunque está en el lugar de los candidatos suplentes. La radical Lorena Matzen, será en cambio reemplazada.
Tampoco en Salta tienen chances los tres diputados nacionales a los que se les vence el mandato. Es el caso de Alcira Figueroa (Frente de Todos), Martín Grande (Pro) y Andrés Zottos (Justicialista).
En esta provincia solo Walberto Allende (Frente de Todos) se asguró un lugar en las listas. No pasó lo mismo con su compañero de bancada Francisco Guevara, ni con el diputado del Pro Eduardo Cáceres.
El radical José Luis Riccardo figura en una de las listas para competir en las PASO. No es el caso de sus pares del FdT Karim Alume Sbodio y Victoria Rosso.
Solo la radical Roxana Reyes competirá en las PASO por este distrito. Se irán a sus casas Antonio José Carambia (Acción Federal) y Juan Benedicto Vázquez (FdT).
En esta provincia la mayoría buscará revalidar sus mandatos. Por el oficialismo volverán a competir las diputadas nacionales Josefina González y Patricia Mounier, en tanto que de Juntos por el Cambio estarán Luciano Laspina (Pro), María Lucila Lehmann (CC) y Gisela Scaglia (Pro).
Quedaron fuera de las listas Esteban Bogdanich (FdT), Luis Contigiani (Frente Progresista) y los radicales Albor Cantard y Gonzalo Del Cerro.
En esta provincia buscarán su reelección los oficialistas Bernardo José Herrera y María Luisa Montoto, no así Norma Abdala de Matarazzo, que pondrá fin así a una dilatada trayectoria en la Cámara baja.
La provincia más austral es la única donde todos los diputados que concluyen sus mandatos buscarán seguir. Son dos, pero son todos. Carolina Yutrovic (FdT) y Héctor Stefani (Pro).
También en esta provincia todos sus diputados tienen chances de continuar en el Congreso. Mas no en la Cámara baja. Esto es, Gladys Medina es la única diputada que irá por la reelección por el Frente de Todos, mientras que Pablo Yedlin encabeza la lista oficialista para el Senado, y José Cano (UCR) y Beatriz Avila (Partido de la Justicia Social) competirán con listas distintas para la Cámara alta, dentro de Juntos por el Cambio.
Ninguno de los actuales senadores de esta provincia continuará en la Cámara alta. Estamos hablando de los oficialistas Inés Blas y Dalmacio Mera, sucediendo lo mismo con Oscar Castillo (Frente Cívico y Social).
Ana Claudia Almirón y Carlos Mauricio Espínola (Frente de Todos) competirán para continuar en sus bancas a partir del 10 de diciembre. No así Néstor Pedro Braillard Poccard, de Juntos por el Cambio, que en realidad competirá este año como compañero de fórmula del gobernador Gustavo Valdés, que irá por su reelección.
En esta provincia los tres senadores pertenecen al Frente de Todos, y ninguno de ellos continuará en la Cámara. No figuran en las listas Juan Mario Pais, Nancy Susana González, ni Alfredo Luenzo.
Tal cual se anunciaba, Carlos Alberto Caserio (Frente de Todos) buscará su reelección por un nuevo período. En el caso de Juntos por el Cambio, Ernesto Martínez Carignano es candidato a senador suplente por la lista que encabeza Luis Juez para la interna de ese espacio, mientras que Laura Rodríguez Machado irá por una banca en la Cámara baja.
Fin de ciclo en esta provincia, donde se renovarán todos los escaños. No competirán en esta elección Norma Durango y Daniel Lovera (Frente de Todos), ni el radical Juan Carlos Marino, que es senador desde 2003.
Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) encabeza la lista de su espacio para buscar su reelección. En cambio los representantes de Juntos por el Cambio Julio Cobos y Pamela Verasay no continuarán en sus bancas de la Cámara alta, pero sí encabezan la lista de Cambia Mendoza para Diputados.
Son senadores en esta provincia Roberto Mario Mirabella y María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) y María Alejandra Vucasovich (Santa Fe Federal). De ellos, solo Sacnun tiene chances de seguir, pues figura en la lista que encabeza Marcelo Lewandoski y que competirá contra Agustín Rossi en la interna del Frente de Todos.
Mirabella será candidato a diputado nacional.
El exgobernador José Alperovich lleva un año y medio de licencia en la Cámara alta por la grave denuncia judicial que pesa en su contra, y se sabe que ya no volverá a la Cámara alta. Tampoco figura para reelegir su compañera de bancada Beatriz Mirkin.
A su vez, radical Silvia Elías de Pérez no continuará en el Senado, pero sí figura como candidata a diputada nacional por JxC.
El diputado mendocino propone aplicar el Coeficiente de Variación del Salario en lugar del UVA, lo que garantizaría el equilibrio entre los salarios y las cuotas a pagar.
El diputado nacional José Luis Ramón, jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, presentó un proyecto que apunta a recuperar las medidas que tomó el Estado para corregir las consecuencias de la Circular 1.050, al tiempo de brindar una solución definitiva a todas las personas endeudadas en UVA, sean créditos hipotecarios como prendarios o personales, que sean tanto de bancos públicos, privados o del Pro.Cre.Ar.
La principal medida que apunta la iniciativa es aplicar el Coeficiente de Variación del Salario (CVS) en lugar del UVA (inflación minorista), desde el inicio del contrato. Este cambio implicaría la reducción de las cuotas pendientes, el equilibrio entre la evolución de los salarios y las cuotas, y un saldo a favor de las y los deudores, que se imputa al capital a efectos de reducir la deuda vigente, así como los intereses.
“Nosotros siempre dijimos que el esfuerzo para salir de este problema debía ser compartido, y lo único que vemos desde hace años es que el único esfuerzo lo hacen las familias engañadas por una publicidad mentirosa”, resaltó el mendocino.
El proyecto contempla que el aumento mensual del CVS nunca podrá ser superior al del UVA, decisión que protege a los deudores de un aumento extraordinario en los meses de paritarias o en casos de recuperación del valor del salario. Esta medida se complementa con un límite de 12% a la tasa de interés, la posibilidad de cancelar cuotas sin multas abonando solo capital, y la posibilidad para las personas actualmente en mora de refinanciar su deuda bajo estas condiciones.
Además, en los casos que esta medida no sea suficiente, se contempla un límite a la cuota de 30% del ingreso familiar, con posibilidad de transferir el excedente a cuotas al final del crédito. Sin embargo, para que los deudores no queden obligados eternamente, se establece un plazo máximo o máximo de cuotas después del cual se liberan absolutamente.
Ramón precisó que, con este proyecto, “el Estado Nacional asume su responsabilidad en la promoción de estos créditos nocivos y contribuye económicamente a la solución en el ajuste por CVS, cancelando la deuda en los casos que se hayan diferido cuotas y quede deuda pendiente cuando se llegue al momento de la liberación absoluta”.
“Desde hace mucho tiempo venimos trabajando en diferentes estrategias para abordar y dar solución a los UVA, y creemos que este es el camino para dar el alivio que tantas familias están esperando hace tanto tiempo”, concluyó Ramón.
A días de los cierres de listas, el diputado mendocino Joseé Luis visitó la Rosada. Hubo foto con Alberto Fernández. Busca integrar la lista del Frente de Todos por Mendoza. Llegó a la reunión en patineta.
El presidente Alberto Fernández recibió este lunes en Casa Rosada al diputado nacional José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal), aliado al bloque del oficialismo, quien busca renovar su banca integrando la nómina del Frente de Todos en la provincia de Mendoza.
En su cuenta de Twitter, Ramón escribió: “Si de consensos se trata, hoy tuvimos una charla con Alberto Fernández para profundizar la agenda de la alianza en Mendoza hacia el futuro, con el objetivo de gobernar la provincia y sostener la defensa de usuarios y consumidores a lo largo y ancho del país”.
Al retirarse del encuentro con el mandatario, el legislador mendocino aseguró: “Tengo toda la intención (de formar parte de la lista de candidatos del Frente de Todos), pero estamos en plena negociación en la provincia de Mendoza”.
También afirmó que además de la situación de Mendoza, hablaron de la campaña para la provincia de Buenos Aires: “Hablamos de la campaña que se va a hacer en la provincia de Buenos Aires y en Mendoza. Buenos Aires tiene un caudal electoral muy importante y (el Presidente) siente que está muy bien posicionado para encarar la próxima elección”, comentó.
El dirigente busca encabezar, o al menos integrar en una posición alta la lista de candidatos en Mendoza, mientras que en el apartado de senadores Anabel Fernández Sagasti liderará la nómina a fin de renovar su banca por esa provincia.
La virtual alianza que mantiene en el Congreso de la Nación se extenderá a lo electoral y competirá dentro del frente que el peronismo encabezará en Mendoza.
Justo al filo del cierre de alianzas para las elecciones legislativas de este año, se firmó en Mendoza una con especial significancia en el Congreso de la Nación: la que estableció el diputado nacional José Luis Ramón con el Frente de Todos, y que fue confirmada este miércoles por las partes.
Lo anunció la senadora Anabel Fernández Sagasti a través de su cuenta de Twitter, en la que le da la bienvenida a su comprovinciano y a la agrupación que él conduce, Protectora, y señala: “Seguimos fortaleciendo nuestro espacio con ideas y propuestas para los mendocinos y las mendocinas”.
Precisamente respecto de la presidenta del Partido Justicialista mendocino, Ramón señaló este miércoles por FM Aurora que “con Anabel Fernández Sagasti compartimos la lucha por la Zona Fría en Mendoza, más allá de no coincidir en todos los temas. Lo importante es que queremos gobernar la provincia con ideas claras y transformar la realidad del ciudadano de a pie”.
El mandato de Ramón como diputado nacional vence el próximo 10 de diciembre. Su acuerdo con el PJ no significa en sí mismo que vaya a tener la reelección asegurada. Con el acuerdo ahora anunciado se abre una serie de negociaciones que deben concluir a más tardar el sábado 24, cuando se produzca el cierre de listas. Por lo pronto, según medios mendocinos, el primer lugar de la lista para diputados está reservado al actual diputado nacional Omar Chafi Félix, o bien Adolfo Bermejo, quien fue senador nacional por esa provincia entre 2009 y 2015 y actualmente es senador provincial. En ese caso, Ramón debería ir cuarto en la lista -ley de Paridad de Género mediante- y sin posibilidades reales para entrar. Mendoza renueva cinco escaños, tres de los cuales corresponden al radicalismo, uno al Frente de Todos (Félix) y la banca de Ramón. También se renuevan las bancas para el Senado, donde Fernández Sagasti buscará su reelección. Las bancas por la mayoría son de Juntos por el Cambio (Julio Cobos y Pamela Verasay).
Optimista, Ramón no pierde la esperanza de terminar encabezando él. Lo cual se da de bruces con la posición del peronismo local, que no quiere perder un lugar en la Cámara, aunque desea la tracción de votos que Ramón pueda aportar. Este a su vez tiene buena relación en el Congreso de la Nación con Sergio Massa y Máximo Kirchner, y confía en que eso amplíe sus posibilidades.
José Luis Ramón preside un interbloque de seis miembros, Unidad y Equidad para el Desarrollo, que ha sido clave estos dos años para el oficialismo, tanto para el quórum, como para garantizar las principales leyes que ha necesitado el Frente de Todos. El dice que no modificará su accionar parlamentario. “Mi trabajo legislativo no tendrá cambios a partir de este acuerdo político, porque mi convicción es mejorarle la vida al trabajador y gobernar la provincia. Desde Protectora hemos demostrado al pueblo de Mendoza que representamos sus intereses”, señaló en sus declaraciones radiales.
En sesiones recientes se mostró activamente alineado con el Frente de Todos, celebrando a viva voz la aprobación de le ley de Zona Fría (revoleando su frazada emblemática); o en la sesión del fin de semana del 227 y 28 de marzo, cuando sobre el final del debate sobre Ganancias pidió un aplauso para el presidente de la Cámara por haber impulsado ese proyecto, que extendió para todos los diputados que lo votaron.
La iniciativa es del diputado José Luis Ramón, quien ofrece ese mecanismo “moderno” para que el salario pueda conservar el poder adquisitivo.
Con la idea de conservar el poder adquisitivo del salario, el diputado nacional José Luis Ramón presentó en la Cámara baja un proyecto de ley que propone que aquellos trabajadores argentinos en relación de dependencia y los exportadores de servicios puedan cobrar su sueldo en Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas.
Según el diputado mendocino, la propuesta “nace de la necesidad de promover una mayor autonomía y gobernanza del salario, sin que esto implique una pérdida de derechos o una exposición a situaciones de abuso en el marco de la relación laboral”.
En los fundamentos del proyecto Ramón argumenta que se le ofrecería al trabajador “un mecanismo moderno para conservar el poder adquisitivo de su remuneración sin que implique su conversión en divisas como la Ley 27.541 busca desalentar”.
Y para el caso de los trabajadores que brindan servicios al exterior, la iniciativa aclara que “debido a que las monedas electrónicas no se consideran divisas extranjeras, no deberían convertir sus ingresos a pesos argentinos según la cotización oficial en el Mercado Único de Cambios, tal como lo exige la ley”.
De este modo, la propuesta establece que “será el empleado quien, de forma expresa, deba informarle al empleador que desea percibir su salario en monedas digitales y así podrá decidir si desea cobrar de forma completa o no en base a cuál”.
El diputado mendocino terminó su discurso durante el debate del proyecto de “Zona fría” revoleando la frazada con la que tantas veces se lo vio promoviendo esa iniciativa.
Durante su discurso más temprano, la diputada oficialista Liliana Schwindt -autora de uno de los proyectos que dieron vida al de Zonas frías- recordó haber hecho campaña por esa ley en Mendoza, acompañada por su par José Luis Ramón, munido de su frazada.
Y resultó que esa frazada tenía su historia, pero el gran público no la conocía. Hasta que a la hora de los cierres, el diputado de Unidad y Equidad Federal dio su discurso con la famosa frazada al hombro. Pero literalmente “se sacó” al finalizar su mensaje, que se transformó en arenga, al alzar la voz y clamar: “¡Lo que está claro hoy es que el Congreso de la Nación está de fiesta! Terminemos con los agoreros que hablan de temas técnicos, ¡esta es una ley de la política! ¡Para todos aquellos que estén cenando en su casa, levante una copa, brinde, porque el Congreso de la Nación está dictando una ley que es para el pueblo, mi amigo!”.
Y comenzó a revolear fervoroso su frazada, gritando: “¡Vamos con esto!”.
Presidía en ese momento su comprovinciano Omar De Marchi, quien muy divertido le dijo: “Hemos conocido finalmente de quien era la frazada… ¿De quién era finalmente? Porque había una discusión en Mendoza…”.
Le volvieron a poner el micrófono a Ramón para que contara que “esta es la frazada de Sebastiana, que me dijo: ‘Usala hasta el día que tengamos una ley para proteger el derecho de los mendocinos’. ¡Hoy son 3 millones de argentinos que están repartidos en esta frazada!”.
El diputado de Unidad y Equidad para el Desarrollo acusó a Rodolfo Suárez de ocultar cifras de muertos para mantener la presencialidad en las clases.
En la sesión maratónica del Congreso de la Nación, el diputado José Luis Ramón criticó al gobernador mendocino Rodolfo Suárez por el manejo de la pandemia, sobre todo por la presencialidad de las clases y los datos. Según expresó durante la sesión de este miércoles, el mandatario provincial “oculta los datos de los muertos”, con el fin de evitar suspender las clases presenciales.
El diputado mendocino sostuvo que “el gobernador de mi provincia, conducido por el presidente del partido radical (Alfredo Cornejo), ¿qué hace? Dice: ‘Ah no, no vamos a sacar la presencialidad’ ¿Y saben lo que hizo? Oculta datos de los fallecidos en mi provincia”.
El legislador Luis Petri salió a contestarle más tarde, advirtiendo: “No puedo permitir que en mi provincia se diga que caprichosamente se suspenden las clases cuando había un consenso político y científico que decía que las escuelas debían ser lo primero en abrir y lo último en cerrar”.
Además, el radical manifestó: “Mi gobernador, Rodolfo Suárez, sostuvo la presencialidad y no se equivocó” y agregó que “a diferencia lo que ha ocurrido a nivel nacional, donde se contrapuso salud o economía, tenemos un gobernador que intentó todo el tiempo compatibilizar la salud, con economía y con la educación”. Incluso explicó que “hace 14 días el Gobierno nacional ponía a Mendoza en alerta epidemiológica, en el día de hoy, el mismo Gobierno nacional, saca a Mendoza de la alerta”.
También se diferenció y dijo: “En mi provincia no hay vacunados vip, ni se roban las vacunas”. Por otra parte, mencionó directamente a Ramón y le reclamó su decisión de acompañar al Gobierno en la Ley de Ministerio Público: “Los mendocinos tenemos una cultura que tiene que ver con la calidad institucional, con la alternancia, una cultura que tiene que ver con la independencia de los poderes”.
“Toda la vida ha sido caracterizada mi provincia por esa calidad institucional y esa calidad institucional es la que queremos defender en el Congreso de la Nación cuando se trata, entre otras cosas, la ley del Ministerio Público en donde se lo quiere tomar por asalto”, concluyó Petri.
Protagonista en el debate de la reforma del Ministerio Público por la importancia del voto de su bancada, el diputado mendocino la emprendió contra la exfuncionaria durante la gestión Cambiemos.
El diputado nacional por Mendoza José Luis ramón envió el martes una carta documento a la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso con motivo de sus expresiones en entrevistas y posteos en redes sociales en las que lo acusa de “traidor a la patria” y expresa en referencia suya “que no tengan paz”.
En la carta, Ramón intima a Alonso a retractarse “en el término perentorio e improrrogable” de 24 horas, ya que considera que sus expresiones atentan con el libre ejercicio de su mandato electoral “pretendiendo amedrentar a los representantes del pueblo para condicionar su voto”.
La extitular de la OA fue a través de Twitter, este miércoles: “Señor, opino lo que quiero. Soy una ciudadana privada y libre. Ud es diputado y tiene fueros y cumple una función pública. Rinda cuentas. No abuse de su posición porque el demandado va a ser Ud. Esto es temerario y la Constitución Nacional me ampara”.
¡Dale gas! Con celeridad, el oficialismo y bloques aliados pretenden avanzar con la iniciativa avalada por Máximo Kirchner para que esté aprobada antes de la llegada del invierno.
El proyecto de ley de Zonas Frías, que busca bajar los costos del servicio del gas en regiones del país que padecen bajas temperaturas, podría ser tratado en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para avanzar con rapidez para que la iniciativa sea aprobada antes de que el clima sea aún más frío.
Así lo aseguró el diputado aliado al Frente de Todos, José Luis Ramón (Unidad y Equidad), quien explicó en Diputados TV que espera que en los próximos días se pueda avanzar en la Comisión conjunta de Presupuesto y Energía en el análisis del proyecto.
“Se trata de un compromiso asumido por el presidente de la Cámara -Sergio Massa- en la presentación”, indicó el legislador mendocino respecto al lanzamiento de realizado este jueves junto al jefe de bloque del FdT, Máximo Kirchner y otros legisladores.
“Esperamos tener rápidamente el dictamen entendiendo que se vienen las bajan temperaturas y que contamos con el apoyo político del oficialismo en el Congreso”, dijo Ramón.
En ese sentido, sostuvo: “La verdad es que luego de mucho tiempo de golpear puertas, valoramos que se concretara este reclamo histórico en un trabajo conjunto porque de aprobarse va a beneficiar a 480.000 familias de mi provincia, ya que es un proyecto que viene a beneficiar directamente al bolsillo familias trabajadoras y de clase media”.
Otro de los que trabajó en el proyecto es el diputado de Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, quien planteó: “Estamos dando un paso importantísimo, que es unificar criterios y lograr el consenso de muchos sectores políticos para dar respuesta a un justo y antiguo reclamo. He dialogado con todos para lograrlo. Volveré a hacerlo las veces que sea necesario, si es en beneficio de Tandil”, remarcó.
Por su parte, la diputada bonaerense del Frente de Todos, Liliana Schwindt, expresó que “el acceso a la calefacción es un derecho y no puede ser que un jubilado, un trabajador independiente que la pelea todos los días en este contexto de pandemia tenga miedo de prender una estufa porque no sabe si lo podrá pagar, al implicar un amplio porcentaje de su salario”.
La iniciativa impulsada por el dipuado José Luis Ramón implicaría descuentos de entre 30 y 50% en las tarifas de gas en las Mendoza, San Luis, San Juan, y en 40 municipios bonaerenses.
El diputado nacional José Luis Ramón encabezó la presentación de un proyecto que busca subsidiar el consumo de gas domiciliario en las provincias de Mendoza, San Luis, San Juan, y en 40 municipios bonaerenses, zonas consideradas particularmente frías.
La iniciativa elaborada por los legisladores opositores José Luis Ramón y Alejandro “Topo” Rodríguez, junto a la diputada del FdT Liliana Shwindt, e integrantes de la bancada oficialista implicaría descuentos de entre 30 y 50% para los beneficiarios. Así, el proyecto pretende “equilibrar las desigualdades que se han generado por la exclusión de los territorios mencionados, en virtud del principio de igualdad y no discriminación y el derecho a la energía”, según se lee en los fundamentos.
La intención de la iniciativa es modificar el artículo 67 del presupuesto del 2021, y prorroga por 10 años el fondo fiduciario para subsidios de consumos residenciales de gas del artículo 75. Y en ese punto incorporar más de 45 municipios de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Mendoza completa, parte del sur de San Juan, y del departamento de General Pedernera, en San Luis.
La actual ley –que busca ser ampliada y prorrogada- propone una disminución del 30% sobre las facturas de gas correspondiente para usuarios residenciales y la amplía al 50% en el caso de usuarios beneficiarios de la AUH, la Asignación por Embarazo, beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a cuatro veces el salario mínimo vital y móvil.
La iniciativa, consensuada con bloques de la oposición, propone subsidiar el gas a toda la provincia de Mendoza, parte de San Luis y San Juan y 54 municipios bonaerenses, que se sumarían a la Patagonia. Son lo que se denominan “zonas frías”.
Con la firma del jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, se presentó este jueves en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de tarifas diferenciales de gas para más de tres millones de personas, que amplía el beneficio que actualmente rige para la región patagónica.
La iniciativa propone subsidiar el gas a toda la provincia de Mendoza, parte de San Luis y San Juan y 54 municipios bonaerenses, que por sus bajas temperaturas se consideran “zonas frías”.
El proyecto fue fruto de un trabajo en conjunto con la oposición, por el cual se unificaron propuestas de los diputados Liliana Schwindt (Frente de Todos), José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) y Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal).
La presentación formal, realizada en el Salón de Honor, fue encabezada por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y participaron la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, y las diputadas Cecilia Moreau, Cristina Álvarez Roríguez y Jimena López, además de los autores de los proyectos.
Massa destacó que la iniciativa “implica llevar alivio a los usuarios y usuarias de gas y eso genera un impacto directo en el bolsillo”.
Por su parte, Máximo Kirchner explicó que el proyecto significa “un cambio de paradigma en relación a lo que se hizo en cuatro años del gobierno de Juntos por el Cambio con las tarifas”.
“Quienes desconocen la realidad de la Argentina y hablaban de veredas calefaccionadas o de que los argentinos y argentinas malgastaban el gas le hicieron un gran daño al poder adquisitivo de nuestro pueblo”, agregó.
El oficialista explicó que “lo que (los usuarios) no destinen al gas, lo van a usar para mejorar sus calefactores, que en las zonas más frías además tienen más uso porque la temporada de bajas temperaturas dura más tiempo”.
Para Kirchner, “este proyecto está en línea con el compromiso que asumimos en 2019 junto con el presidente: buscar alternativas para, de a poco y a pesar de la pandemia, en un contexto complejo donde muchos han perdido a seres queridos, ir avanzando y salir del infierno en el que nos dejaron”.
“Es muy saludable que lo hagamos de manera conjunta con otros bloques y vamos a darle tratamiento lo más pronto posible porque es en beneficio de nuestra gente”, concluyó el titular de la bancada oficialista.
El proyecto da respuesta a una demanda histórica por parte de asociaciones de defensa de usuarios y consumidores de las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta y 54 municipios de la provincia de Buenos Aires que se suman al beneficio que ya tiene la región patagónica.
Lo que se establece es una disminución de entre el 30% y el 50% sobre las facturas de gas de usuarios residenciales, dependiendo de la situación de mayor o menor vulnerabilidad -se tomaron quienes están comprendidos en el decreto presidencial 311/20-.
En las nuevas localidades, la rebaja del 50% abarcará a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo; titulares de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a cuatro veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; y monotributistas sociales.
El beneficio también comprende a jubilados y pensionados; trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a cuatro Salarios Mínimos Vitales y Móviles; y monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en cuatro veces el SMVM.
Otros beneficiarios serán los usuarios que perciben un seguro de desempleo; electrodependientes; usuarios incorporados al Régimen de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares; usuarios exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza; y veteranos de guerra que perciban una pensión vitalicia.
En tanto, el resto de los usuarios residenciales de las zonas incorporadas accederá a la reducción del 30% de la tarifa de gas.
Además, se incluye a la garrafa para las mismas regiones, provincias, departamentos, municipios y partidos que se incorporan al beneficio.
Además de la Patagonia, quedarán comprendidos:
Descontando la segura media sanción en el Senado, el poroteo realizado por parlamentario.com en la Cámara baja sugiere un resultado “ajustadísimo”. En principio, los votos todavía no estarían. De quiénes depende el Frente de Todos.
El Poder Ejecutivo tiene especial prisa en lograr la aprobación del proyecto de ley de emergencia Covid, que otorga facultades especiales al Gobierno, de modo tal de poder evitar reveses judiciales como el que se generó en la Corte Suprema de Justicia a partir de la presentación hecha por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el tema de las clases presenciales. El objetivo oficial -difícil, por cierto- es conseguir su aprobación antes de que venza el decreto vigente, el próximo 21 de mayo. Así lo expresó el presidente Alberto Fernández antes de partir a Europa, pero está claro que los tiempos están demasiado acotados para lograr tal objetivo.
Por eso es que el oficialismo le dio un tratamiento “súper exprés” al proyecto este miércoles en el Senado, convocando a funcionarios y especialistas y firmando el dictamen en el plenario correspondiente, todo en el mismo día. El tema es que la mayoría con la que cuenta en el Senado le garantiza al oficialismo poder hacer esas cosas; no es el panorama que se presenta en cambio en Diputados.
Muy por el contrario, será complicado para el Gobierno forzar un tratamiento similar al de la Cámara alta la próxima semana. Eso implicaría el debate y segura aprobación del proyecto de ley el miércoles que viene, un eventual tratamiento en comisión al día siguiente y, dictamen en mano, llevarlo al recinto el viernes. Amén de la posibilidad demasiado hipotética de poder llevar adelante semejante tratamiento acelerado, la pregunta del millón es si el oficialismo cuenta con los votos suficientes para aprobar ese proyecto de ley. Los interrogantes se irán resolviendo con el correr de los días.
Pero la búsqueda de esos votos arrancó mal para el Gobierno, habida cuenta de que los cuatro votos que corresponden al bloque Córdoba Federal no están, según anticiparon desde esa bancada este jueves. Esos votos son clave para toda ley que se proponga aprobar el oficialismo en una votación ajustada.
Pasa que con el previsible rechazo anticipado por Juntos por el Cambio, la suerte de esta ley queda en manos -como tantísimas otras veces- del universo intermedio compuesto por 21 diputados. Esto es, los diputados ajenos al Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y a los dos de la izquierda, Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano.
El oficialismo suele apostar al interbloque Federal, integrado por 11 miembros, pero el mismo no suele mostrarse homogéneo. Sí en general el interbloque de 6 denominado Unidad Federal para el Desarrollo. También conocido como “los Ramones”, por ser conducido por el mendocino José Luis Ramón. Pero en esta oportunidad hay un dato que preocupa al Gobierno: de los tres sectores que componen este interbloque, el rionegrino Luis Di Giácomo, que tiene una bancada unipersonal, votaría en contra. Esa presunción surge de la postura expuesta el miércoles por el senador Alberto Weretilneck durante el debate en el Senado. En el plenario que analizó el proyecto, el exgobernador rionegrino advirtió su rechazo por considerar que el proyecto “no resuelve nada”, por lo que sugirió “volver al camino de los consensos entre el presidente y los gobernadores”.
Así las cosas, los apoyos del bloque de los Ramones se reducirían a 5 -Ramón, Juan Ansaloni, y los tres del Frente de la Concordia Misionero-.
El oficialismo confía en contar con el voto de dos exCambiemos que hoy componen el bloque Acción Federal, el riojano Felipe Alvarez y el santacruceño Antonio José Carambia, mas no se ilusiona con otra exCambiemos que suele alinearse con el voto opositor, razón por la cual se despegó hace tiempo de Unidad Federal para el Desarrollo, la tucumana Beatriz Avila.
Sí cuenta el oficialismo con la neuquina Alma Sapag, y con eso estaría sumando 125 voluntades. Le restaría conseguir 4 votos más, que debería encontrar dentro del ya citado interbloque Federal, que -repetimos- tiene 11 miembros.
Si no puede contar con los 4 de Córdoba Federal y ya los 3 de Consenso Federal anticiparon su rechazo, quedan solo 4 votos en los que, como se ve, se juega el todo por el todo. Descuenta el Frente de Todos que puede contar con los dos del bloque Justicialista –Eduardo “Bali” Bucca y el salteño Andrés Zottos-. No es seguro en cambio con los dos santafesinos restantes: Luis Contigiani y el socialista Enrique Estévez.
Como están las cosas, el oficialismo necesitaría “sí o sí” contar con esos cuatro votos para aprobar, con lo justo, esa ley en Diputados.
A menos que durante la semana que resta hasta el tratamiento del proyecto en el Senado, se produzcan modificaciones que alteren el escenario que a priori se presenta. Esto es, que se le abra el juego al rionegrino Weretilneck para que cambie su postura, como sucedió el año pasado con el tema del aborto, cuando le garantizaron modificaciones en la reglamentación para que votara afirmativamente como hizo, luego de adelantar reparos en el último debate en comisión. Desde el Frente de Todos mostraron disposición en ese sentido.
En el oficialismo piensan en los radicales que responden a sus gobernadores. Particularmente el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Mario Fiad, que responde al gobernador jujeño Gerardo Morales, hizo conocer su posición durante el debate en el plenario del miércoles, en el que señaló que “esta ley se podría llegar a salvar en lo constitucional si fuera de adhesión y no de orden público”. Es lo que expresaron oportunamente los gobernadores Morales y Rodolfo Suárez, de Mendoza. Con todo, no es lo que en principio estaría dispuesto a ceder al Gobierno.
Más probable es que avancen con la negociación de “cambios” que habiliten consensos. Consultado al respecto el diputado Enrique Estévez, uno de esos cuatro de los que depende la suerte del Gobierno, fuentes cercanas al legislador santafesinos señalaron a parlamentario.com que “estamos dispuestos a trabajar para encontrar acuerdos dentro de los límites que establece la Constitución”.
El diputado mendocino defendió el proyecto de Emergencia Covid-19 del Ejecutivo pero propuso algunos cambios.
El diputado nacional titular del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo José Luis Ramón (Mendoza) defendió el proyecto del Ejecutivo para regular las restricciones sanitarias por la pandemia. El mendocino declaró: “Ojalá la ley de Emergencia covid-19 se pueda aprobar“. Justificó su postura al denunciar que en los hospitales de Mendoza “salen bolsas negras que no es basura ni residuos patológicos, son seres humanos”.
Ramón presentó argumentos a favor del proyecto, que obtuvo dictamen favorable este jueves en el Senado, aunque instó a “discutir aspectos técnicos”. “Se necesitan restricciones a la circulación, debe haber un criterio objetivo que de parámetros para ello”, aseguró, y agregó que “debemos acompañar esta discusión, no podemos negarnos a discutirlo como están haciendo el radicalismo y el Pro. Debemos discutir aspectos técnicos”.
Sin embargo, advirtió que sólo dará acompañamiento a la iniciativa si se atiende a las modificaciones que propondrá Unidad Federal para el Desarrollo . “Si el presidente de la nación atiende el reclamo técnico que le hacemos desde nuestro interbloque, como que se establezca una vigencia de la ley, van a tener nuestro acompañamiento”.
Sobre la situación sanitaria en su provincia, denunció: “Verificamos que en San Rafael hubo más fallecimientos de los que dicen, el gobernador Suárez está negando”. Además, añadió que “esto supera la estadística, acá estamos hablando de política. Suárez, que responde a los radicales, tal como Larreta, desconoce la pandemia y hablan de presencialidad“, en una crítica hacia el gobernador mendocino Rodolfo Suárez y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.
“Se está yendo a contramano del mandato del pueblo que lo ha votado. No saben lo que ocurre en los hospitales y se manejan con estadísticas y encuestas electorales”, opinó el diputado, que concluyó: “Salen bolsas negras de los hospitales que no es basura ni residuos patológicos, son seres humanos. Al gobernador Suárez no le está importando“.
El radical Luis Petri y el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo tuvieron un intercambio a través de Twitter.
Dos diputados mendocinos se cruzaron este martes, a través de Twitter, por el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para establecer “parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios” de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid.
Para el radical Luis Petri, la iniciativa “supone un brutal avance sobre el federalismo, desconociendo el fallo de la Corte”, que la semana pasada le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires sobre las clases presenciales.
El legislador de Juntos por el Cambio consideró que “quienes voten a favor después no digan que luchan por el federalismo o que van al Congreso a defender a sus provincias porque las están entregando con moño con esta ley”, y mencionó en el tuit a su par José Luis Ramón.
El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo le respondió: “Mi querido @luispetri si la intención de su frente estuviera puesta en la protección de la ciudadanía tendrían la vocación de leer los proyectos primero y negarse después. Pero como se manejan por capricho, primero niegan y después ven qué hacen”.
“El doble discurso se ve a la legua. @rodysuarez se lava las manos y le tira el fardo a Nación, pero ahora sus legisladores nacionales van en contra de que Nación se haga cargo. Primero debatamos el proyecto, unifiquemos los criterios sanitarios y pongámosle un tope de tiempo”, agregó Ramón, aliado del oficialismo en la Cámara baja.
Petri defendió entonces que el gobernador Rodolfo Suárez “ha sido un ejemplo en el manejo de la pandemia, buscando equilibrar razonablemente salud, economía y educación, algo que no ocurrió a nivel Gobierno nacional”.
Y completó que leyó el proyecto ingresado al Senado y “confirma nuestras sospechas, es una delegación de facultades que viola la Constitución y atropella las autonomías provinciales. La Corte se pronunció sin dejar dudas y el Gobierno utiliza al Congreso para desafiarla”.
El diputado presentó un proyecto que busca atender temas como las relaciones de consumo en entornos digitales y el sobreendeudamiento personal y familiar.
El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, presentó un proyecto de ley para crear un nuevo Código de Protección de Usuarios y Consumidores de la Nación.
El objetivo del Código, explicó el diputado, es “centralizar de manera independiente las regulaciones y mecanismos protectorios de manera federal” para atender las problemáticas de usuarios y consumidores en todo el país.
“También cuida a las pymes y controla fuertemente a las empresas proveedoras de bienes y servicios”, destacó el autor.
Ramón explicó que “el proyecto busca empoderar a estos sectores frente a un pequeño grupo de empresas con gran poder de lobby y a gobiernos débiles o cómplices”.
“Necesitamos generar mayores equilibrios en una economía concentrada, donde siempre sale desfavorecido el eslabón más débil de la cadena”, insistió.
Una de las novedades de la iniciativa, que consta de consta de 440 páginas y siete títulos, es la regulación de las relaciones de consumo en entornos digitales, así como la operatividad del principio de acceso al “consumo sustentable”.
Se establecen, además, reglas y mecanismos para prevenir el sobreendeudamiento personal y familiar de usuarios y consumidores.
El nuevo Código sistematiza el trabajo de Ramón en los cuatro años como legislador nacional y en sus años previos desde la sociedad civil.
El año pasado, recibió dictamen favorable en la Cámara baja la creación de una comisión bicameral para la elaboración de un nuevo Código de Usuarios y Consumidores, pero el proyecto -también de Ramón- no llegó al recinto.
Por José Luis Ramón. El diputado nacional advierte la necesidad de contar con una Justicia especializada, debido al creciente poder económico y de lobby de las empresas.
Los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri y los dos primeros de Alberto Fernández tienen algunos puntos en común, más allá de sus diferencias políticas. Uno de ellos se relaciona a que ninguno impulsó la creación de fueros especializados en derechos de usuarios y consumidores, quizá por falta de voluntad política, por desconocimiento o porque ninguno lo consideró importante.
Hace años asistimos a una fiesta de aumentos de la que sólo disfruta un pequeño grupo de empresas. El amiguismo es una continuidad entre un gobierno y otro, mientras los organismos de control siguen influenciados por las proveedoras y/o productoras, incumpliendo su función.
La crisis económica que hace años atraviesa nuestro país, sumado a las graves consecuencias de la pandemia y la concentración de las actividades, demuestran que establecer fueros especializados no es un tema menor. Recientemente tuvimos el ejemplo del ENACOM, sus idas y vueltas con relación a los aumentos tarifarios en servicios esenciales TIC. El organismo, lejos de posicionarse en defensa de los usuarios, facilita los incrementos y cede a las presiones empresariales.
Desde nuestra fuerza política, siempre luchamos por un mercado más justo y humano. Hace falta una justicia especializada y rápida, porque, como vemos hace tiempo, estas empresas se hacen justicia por sí mismas con sus bases de datos, su poder económico y de lobby. Los aumentos arbitrarios de DirecTV, Telecom, del impuesto automotor o las proveedoras de gas y electricidad son inaceptables.
Usuarios y consumidores gastan su tiempo y recursos reclamando a las diferentes empresas, y cuando pierden la paciencia – si tienen tiempo – acuden a Defensa al Consumidor. Pero ahí tampoco encuentran una respuesta favorable, porque esas oficinas no tienen poder real frente a una economía híper concentrada. Por eso, proponemos abogados gratuitos para los consumidores, y que los procesos se resuelvan rápido y de forma definitiva.
Otro abuso tiene que ver con la inflación en alimentos, que en lo que va del año fue del 17,23%. Es una locura si entendemos las necesidades de la ciudadanía. Por eso, para poner en pie de igualdad a los consumidores frente a las pocas empresas que acaparan la producción de bienes y servicios esenciales, debemos implementar un fuero del consumidor que tenga en cuenta las situaciones particulares de las personas. Hay que terminar con la indiferencia de los jueces frente a los problemas de los más débiles.
Es fundamental que los fiscales los defiendan en causas civiles y comerciales, controlando que no haya abusos en los procesos y que las protecciones dictadas por la Constitución Nacional sean efectivas. A eso podemos sumar fiscalías especializadas en delitos cuando afectan a grupos de consumidores (fraudes, robos, daños a la vida y a la propiedad). Así nos alejaremos del enfoque penal de los fiscales, dando prioridad también a las causas civiles.
Estas son las propuestas que impulsamos hace años desde el Congreso Nacional. Argentina necesita con urgencia de una justicia especializada para alcanzar un equilibrio verdadero, consumidores empoderados y PyMEs con mayor igualdad frente a las grandes empresas.
El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo lo planteó ante el ministro de Justicia, Martín Soria.
Durante la exposición del ministro de Justicia, Martín Soria, ante diputados de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales, el mendocino José Luis Ramón planteó su idea de que fiscales y jueces sean elegidos por el pueblo.
El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, uno de los dos opositores que participó este lunes de la reunión virtual en la que se presentó el funcionario -el otro fue el misionero Diego Sartori-, arrancó: “Es un gustazo que esté de visita en nuestra casa, en su casa hasta hace tan pocos días, y me da cosa esto de tratarlo de usted, pero bueno es ministro de la Nación”.
El legislador aclaró que respecto a la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, “tenemos algunas diferencias”, pero señaló que “más allá de las especulaciones mediáticas y de algunos diarios que son afín a nuestros colegas de Juntos por el Cambio”, el proyecto “tiene dos sentidos que a nosotros nos interesan: intentar la mayor transparencia del Ministerio Público y una mayor rendición de cuentas”.
A continuación, Ramón consideró que es necesario incorporar “mayores controles, que haya mayor información a la sociedad”, al tiempo de una “mayor participación popular”. “Debemos avanzar hacia un sistema de elección popular de los fiscales”, propuso.
Para el diputado, “la verdadera justicia que va a lograr transparentar el verdadero rol que tiene que tener” es la que tenga a “fiscales elegidos por el pueblo” y “jueces elegidos con mandato popular”.
Por otra parte, al momento de realizar las consultas sobre la iniciativa, el mendocino mencionó que se crean fiscalías sobre seguridad social y violencia de género, “sin embargo no se incluyó una procuraduría especializada en derechos del consumo”. “Es uno de los temas centrales en la economía de nuestra Nación y que esta pandemia lo ha demostrado fuertemente”, resaltó.
El diputado José Luis Ramón presentó un proyecto de ley para reducir la feria fiscal y ampliar el horario de atención con el argumento de que la demora en las causas judiciales es “excesiva”.
El diputado nacional José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo-Mendoza) presentó en el Congreso un proyecto de ley “para mejorar el servicio de justicia en el país, reduciendo la feria judicial y ampliando el horario de atención” bajo el argumento de que el Poder Judicial “no está actuando como corresponde” a causa de “la demora excesiva a la hora de resolver las causas a nivel nacional”.
“Durante el año 2020, y debido a la pandemia por Covid-19, el Poder Judicial tuvo siete meses totales de feria contabilizando enero, que es la feria tradicional, y seis meses más por la pandemia. Todo esto sin tener en cuenta que ante la necesidad de volver a una cierta normalidad laboral, redujo su horario de trabajo a cinco horas, profundizando los problemas y demoras en los diferentes fueros”, apuntó Ramón.
La iniciativa planteada por el legislador “apunta a acelerar los procesos judiciales y la resolución de casos, entendiendo que se trata de un Poder del Estado que a pesar de tener cada vez mayores demoras, aún así suspende su trabajo durante un mes y medio todos los años, y sólo dispone de un horario de atención de seis horas diarias”, señaló el mendocino.
Para el legislador “si bien es cierto que faltan juzgados, presupuesto, o que existe una centralización de expedientes en algunos fueros (como el de la Capital Federal), hay un factor importante que no puede justificarse: el horario de atención y la feria judicial”.
“Este mal desempeño fue motivo de sentencias desfavorables para la Argentina ante tribunales internacionales de DDHH, que condenaron al país y lo ordenaron a tomar cartas en el asunto”, manifestó Ramón.
Para un funcionamiento más eficiente de la justicia, la iniciativa del diputado propone específicamente: “Ampliar la franja horaria de atención a ocho horas; acotar la feria de invierno y verano a la mitad, cumpliendo con límites y horarios mínimos de atención; promover una rápida respuesta jurisdiccional con mayor transparencia y control de la gestión, entre otras cuestiones que hacen al derecho ciudadano”.
Los bloques que no participaron de la primera reunión con el ministro De Pedro fueron convocados por Sergio Massa a una videoconferencia que se realizará este viernes al mediodía.
El debate sobre el corrimiento de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) sumará un nuevo capítulo este viernes, en una reunión virtual gestionada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con jefes de los bloques minoritarios de la oposición.
La videoconferencia fue citada para el mediodía y participarán los líderes de las fuerzas políticas que fueron excluidas del primer encuentro realizado con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, quien también se sumará en esta oportunidad.
“El presidente nos pidió avanzar en el diálogo con todos los sectores, con todas las fuerzas, para seguir articular acciones, porque transitamos una segunda ola y necesitamos del compromiso de todos para seguir cuidando la salud de los argentinos y argentinas”, destacó de Pedro.
A la vez, el titular de la cartera de Interior señaló que, al igual que la semana pasada, “se discutirán algunos de los proyectos presentados ante el Congreso para introducir cambios en el proceso electoral, dado que ese es el único ámbito habilitado por la Constitución para hacer reformas electorales”.
Massa busca sumar apoyo al proyecto del Gobierno -todavía en instancia de borrador- para posponer las PASO del 8 de agosto al 12 de septiembre, y las elecciones generales del 24 de octubre al 14 de noviembre, debido al aumento exponencial de casos de coronavirus.
Se espera que en la reunión participen el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón; su par del Interbloque Federal, Eduardo “Bali” Bucca; Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano por el Frente de Izquierda; y Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, entre otros.
El mendocino Ramón tiene presentado un proyecto de ley para suspender las PASO por este año debido a la emergencia sanitaria, pero dado que esa posibilidad ya fue descartada por el propio ministro del Interior, la bancada de diputados aceptaría mover la fecha.
En el Interbloque Federal, en cambio, hay posturas más duras: en el entorno de Bucca advierten que no se puede predecir una mejoría de la situación epidemiológica para septiembre; y en Consenso Federal -bloque presidido por Alejandro “Topo” Rodríguez- insisten en colar la implementación de la boleta única de papel para 2023.
La izquierda, en tanto, no tiene aún una definición sobre la modificación del calendario electoral, pero sí cuestionamientos históricos al sistema de las PASO, como el piso “proscriptivo” del 1,5% de los votos para poder participar de la elección general.
“Además, estamos en contra del cambio de las reglas de juego en medio del proceso electoral para conveniencia de uno u otro sector político, porque este planteo no sólo parte de gobernadores del signo oficialista, sino también de opositores como Gerardo Morales en Jujuy”, señalaron Del Caño y Giordano.
Por otra parte, se esperaba que este miércoles la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se expidiera sobre el tema, pero la reunión estuvo abocada a analizar la situación sanitaria, y tras los últimos anuncios del presidente Alberto Fernández, la relación entre el oficialismo y la principal fuerza de la oposición se tensionó.
El borrador presentado desde el Ejecutivo propone, además de posponer las primarias y las elecciones generales, acortar los tiempos de la campaña y de la registración de candidatos proclamados en las PASO, y una modificación de todo el calendario electoral ya aprobado por la Cámara Nacional Electoral en función de las nuevas fechas de los comicios.
Ambos legisladores mendocinos mantuvieron un fuerte intercambio a través de Twitter por la cuestión de las vacunas.
Los diputados mendocinos Luis Petri y José Luis Ramón se cruzaron este martes fuerte en las redes sociales, a partir de un tuit que escribió el segundo cuestionando a su par radical.
Arrancó José Luis Ramón, hablando de la llegada de la segunda ola y cargando contra “los negacionistas de la pandemia y las vacunas”. Señaló en ese sentido a Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes –dijo-, “son algunos de los irresponsables que juegan con fuego emitiendo un doble mensaje peligroso a la sociedad”. Y siguió: “Ni Patricia Bullrich ni Luis Petri saben cómo salir del brete en que se metieron, porque el art.6 de la ley de adquisición de vacunas #COVID19 ya permitía a las provincias su adquisición. Dejen de hacer política berreta y trabajen para cuidar la salud de la ciudadanía”.
Previsiblemente, Petri no tardó en contestarle con dureza: “Berreta es pedir que se vacunen los diputados antes que los médicos y los adultos mayores. Lo que reclamamos es que se habilite a las provincias y a los privados a adquirir vacunas que, hasta hace 2 semanas, el Gobierno Nacional, que vos tanto defendés, negaba la posibilidad”.
Ramón retrucó: “Para su información, Luis Petri, yo nunca pedí vacunar antes al personal de la Cámara. No confunda ‘prioritario’ con ‘excluyente’. Una cosa es reconocer el carácter esencial de la actividad legislativa, y otra hacer politiquería barata con la pandemia”.
El radical cerró la conversación cuestionando su cercanía al Gobierno Nacional: “En qué te has convertido @JoseLuisRamonOk? De Protectora a bufón del Gobierno Nacional! Votaste en contra la Comisión Investigadora del Robo de Vacunas!”.
Veremos si la siguen más tarde.
Con su llamado a una consulta popular, el diputado José Luis Ramón dobla la apuesta de Alfredo Cornejo.
Disruptivo en esa materia, el presidente del radicalismo Alfredo Cornejo dijo en su momento que los mendocinos debían empezar a pensar seriamente en la posibilidad de separarse del resto del país, “si el kirchnerismo sigue tirando las cuerdas sobre los sectores productivos argentinos y sobre algunas provincias en particular, metiendo tanta presión”.
Retomó el tema hace pocos días y otro diputado nacional de esa provincia, José Luis Ramón, le salió al cruce: “Ante la insistencia del exgobernador provincial, Alfredo Cornejo, de poner en agenda una posible ‘independencia’ de la provincia de Mendoza, desde Protectora Fuerza Política consideramos necesario y urgente convocar a una consulta popular no vinculante al respecto”, expresó.
¿En qué consistiría la consulta popular? Ramón propone dos opciones: “Ser argentino / Dejar de ser”. Con ello “pretendemos tener al fin la conclusión del pueblo de nuestra provincia al respecto de las ideas separatistas de Cornejo y compañía”. Incluso dio precisiones: “El plebiscito se realizaría en consonancia con las elecciones provinciales, adjuntando en todas las boletas la definición del espacio político”.
Ramón señaló que “nuestra fuerza está convencida de que el ser mendocino es una identidad por sí misma, pero que se contiene sobre las bases del patriotismo nacional. Entendemos que es necesario terminar con esta discusión que alimenta grietas y fantasías absurdas”.
“Quienes deben dirimir si Mendoza es Argentina o no, debe ser el pueblo mendocino. Los dueños de la provincia tienen que dejar de hablar por la ciudadanía de a pie, y enfrentarse a la decisión que tome el pueblo soberano”, concluyó.
Arrancó pidiendo aplausos y terminó brindando por la aprobación de la reforma sobre Ganancias, pero antes le dio duro a un par de diputados de JxC.
Había arrancado con todo el diputado mendocino José Luis Ramón en los cierres del debate sobre Ganancias. Pidiendo un aplauso para el presidente de la Cámara de Diputados por haber impulsado ese proyecto, pero también para los diputados que lo apoyaron, o sea todos. Y concluyó en el mismo tono, pero también emprendiéndola con legisladores que parecía que lo estaban fastidiando.
Ya al principio había mencionado de manera crítica al diputado de JxC Fernando Iglesias, pero en su cierre dijo enfáticamente: “La verdad que el diputado Iglesias me tiene harto; no tiene idea de qué trata esto… ¡Deje de vapulear a las personas, todos tenemos intelecto! ¡Usted no es el único!”.
“Sí, siga… ¡Otra más! Diputada Sukaria… ay Dios mío, los vamos a llevar a todos”, agregó, para concluir en el tono que había arrancado: “Y para concluir con esto, y voy a hacer oídos sordos a eso: queridas familias argentinas de la clase media, consumidores, trabajadores, jubilados, ¡Salud! Con un mate, un café con leche, o con lo que tengan, porque hoy la Cámara de Diputados ha sancionado una ley para la familia”.
Con 237 votos positivos, la Cámara baja avaló la iniciativa elaborada por la AFIP. Habrá incentivos para los monotributistas que se conviertan en autónomos.
Con 237 votos a favor y solo dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en la sesión de este sábado el proyecto de ley que facilita la transición entre el régimen de monotributo y el general, a través de un alivio en la carga tributaria que deben afrontar los contribuyentes.
El proyecto, que ahora deberá ser tratado en el Senado, fue elaborado por la AFIP, y en el Congreso se hizo presente el director de Recursos de la Seguridad Social del ente recaudador, Carlos Catagneto, quien celebró la aprobación.
Se trata de la iniciativa para atender la situación de los contribuyentes que fueron excluidos del régimen simplificado y que al pasar al régimen general acumularon deudas fiscales difíciles de afrontar, por un total de 20.000 millones de pesos.
Lo que se busca es resolver el problema transitorio de actualización del monotributo durante 2021 como consecuencia de la suspensión del índice de movilidad previsional, subsanando cualquier inconveniente referido a las recategorizaciones de manera automática.
Miembro informante del proyecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller señaló que el proyecto interviene sobre tres planos distintos: aliviar la carga de los contribuyentes excluidos del régimen simplificado y que al pasar al régimen general acumulan deudas fiscales cuya magnitud las hacen difíciles de afrontar. “Para eso genera un puente entre el régimen simplificado y el régimen general con la intención de ayudar a resolver uno de los problemas más complejos que plantea el montributo. La diferencia de la carga tributaria entre ambos, el régimen simplificado y el general termina en la práctica actuando como una traba para que los contribuyentes puedan asumir la transición entre ambos regímenes”, señaló.
Habló de beneficios fiscales por tres años para aquellos que decidan pasar voluntariamente al régimen general con el claro objetivo de inducir a los contribuyentes a no esperar ser detectados por la AFIPR para cambiar de régimen. En definitiva, “se intenta igualar mediante la reducción proporcional del IVA y del impuesto a las Ganancias los montos a pagar entre los dos regímenes, en especial si el contribuyente decide voluntariamente la transición, que es algo que aparece como un diferenciador significativo”, destacó.
A continuación, el radical Luis Pastori señaló que “se trata de un proyecto no tan bueno como sí necesario”. Aclaró que no es una reforma a la ley de monotributo, como podría interpretarse, sino “una suerte de blanqueo hacia el pasado para determinados contribuyentes que se han excedido en los límites de facturación de su actividad, y es una suerte de aterrizaje suave hacia el futuro, al pasar de un régimen, el simplificado, al régimen general, para aquellos que por la aplicación que se llama exclusión de oficio, al excederse en sus parámetros automáticamente quedan incorporados al régimen general”.
Pastori se quejó de una redacción engorrosa de este proyecto. “La verdad que quienes lo redactaron no tuvieron piedad alguna para con quienes después tenemos que interpretar las leyes. No digo los legisladores solamente, los liquidadores de impuestos, los empresarios, los estudiantes de universidades… La verdad que una redacción farragosa”, dijo y advirtió que “o el monotributista está pagado un tributo demasiado barato, o el del régimen general está pagando un tributo demasiado caro. O ambas cosas a la vez, y esto es lo que en la jerga se conoce como enanismo fiscal: nadie quiere pasar del monotributo al régimen general, porque es pasar desde el cielo del monotributo al infierno del régimen general. Es un salto al vacío sin paracaídas”.
Sobre el final pidió a la AFIP un plazo prudencial para la recategorización de los contribuyentes, como así también expresó sus dudas respecto de la eficacia de este proyecto en cuanto al futuro. “No estamos promoviendo el paso del régimen simplificado al general, porque le hemos dado muchas facilidades en el IVA, más que en Ganancias, y el problema está en Ganancias, más que en el IVA, porque eso incide de manera muy gravosa. Es buena la ley para solucionar problemas del pasado, no tan buena para solucionar problemas que van a seguirse presentando en el futuro”.
Por último, el diputado José Luis Ramón planteó consideraciones políticas sobre el proyecto y ya no técnicas como los diputados que lo antecedieron. Señaló que “el sistema impositivo de nuestra Argentina termina siendo una traba al comercio, porque tenemos dos sistemas distintos, en donde la verdad que cuesta mucho lograr la justa distribución de la carga impositiva. Y lo que queremos en la Argentina es que la mayoría de las empresas pasen al sistema general, porque eso significa que las empresas han estado ganando dinero, han progresado”.
Con todo, advirtió que no quería basarse tanto en la salida del monotributo, sino en la entrada. “Y la consideración política que quiero hacer es en relación a la precarización laboral, porque si hay algo que ha traído del monotributo es que se desvirtuó la manera en la que fue creado, que tenía que ver con el desarrollo de los emprendedores, las PyMEs”. Con el tiempo, dijo, “se fue desvirtuando, sobre todo a partir de los años 90” y consideró “injusto” el sistema, porque se precariza a las personas e incomoda en la competencia a las empresas que cumplen con sus obligaciones patronales y aquellas otras que no lo cumplen y tienen a sus empleados en monotributo. Se transformó en regla general y de evasión”. Asimismo alertó que “el principal precarizador es el Estado”.
En síntesis, el diputado mendocino llamó a replantear el monotributo.
El proyecto contempla que los monotributistas que se conviertan en autónomos podrán experimentar un ahorro significativo en su carga tributaria con relación al monto que deberían pagar si no se introducen los cambios propuestos.
Así, aquellos contribuyentes con facturación excedida en hasta un 25% tendrán la opción de mantenerse en el monotributo por el período 2021.
En tanto, quienes tengan una facturación excedida en más del 25% y que pasaron voluntariamente al régimen general tendrán una deducción del IVA del 50% en el primer año, del 30% en el segundo y del 10% en el tercero.
Presente en el Congreso, Castagneto destacó que “la iniciativa beneficiará a miles de contribuyentes ya que ‘subsidia’ el paso de los monotributistas al régimen de autónomos a través de un ahorro significativo en su carga tributaria”.
“Lo que planteamos beneficia a todos los monotributistas porque establece un régimen permanente que hace menos gravoso pasar al régimen general y, al mismo tiempo, beneficia al Estado ya que se dispondrá de más información”, señaló el director de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP.
Finalmente, sostuvo: “Estamos convencidos de que es a través, no de la rebaja de impuestos, sino a través del canal del gasto y la inversión pública donde se logra los objetivos redistributivos de la riqueza, también en términos de desarrollo”.
“Hasta el momento ninguno se ha acercado a hablar con nosotros”, se limitó a decir el diputado mendocino, consultado sobre si dará quórum el próximo jueves.
El jefe del interbloque de diputados de Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, puso en duda el acompañamiento de su bancada a la sesión especial convocada por la oposición para este jueves con el fin de aprobar la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles.
Se trata del pedido que unificaron Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, presididos por Mario Negri y Eduardo “Bali” Bucca, para tratar el proyecto proveniente del Senado, que extiende beneficios impositivos para más de medio centenar de plantas productoras de biodiesel y bioetanol en todo el país.
“Mario Negri, Cristian Ritondo y ‘Bali’ Bucca tendrán que acercarse, conversar, plantearnos cuáles son sus intereses, y nosotros en consecuencia vamos a obrar. Hasta el momento ninguno se ha acercado a hablar con nosotros”, se limitó a decir Ramón en diálogo con Diputados TV.
Las dos principales bancadas de la oposición reúnen, con asistencia perfecta, 126 diputados, quedando a tan solo tres del quórum, por lo que la postura de Unidad Federal para el Desarrollo, que tiene seis integrantes, será clave.
De todos modos, el proyecto de ley requiere del voto de los dos tercios de los presentes para ser aprobado ya que no cuenta con dictamen de comisión.
Ramón sostuvo que hay “intereses económicos muy fuertes” en torno al tema: “Uno tiene que ver con la industria del petróleo, y el otro, con aquellos que siembran soja, caña de azúcar, y están intentando incorporarse a los combustibles de manera más amigable con el medioambiente”.
“El segundo tema es la caja de recaudación de los gobernadores de las provincias que gestan el petróleo o los biocombustibles, y en ese sentido hay fundamentalmente dos gobernadores que lo están empujando -el de Córdoba y el de Tucumán-, y gobernadores que pertenecen a la zona de producción petrolera, que en mi provincia genera, si no es el primero, el segundo origen de ingresos”, describió.
Y agregó: “Más allá de las consideraciones ambientales, de que necesitamos tener cada vez más energías limpias -sobre todo las que se consumen en gran cantidad, como los vehículos-, también hay un tema de hegemonía de provincias centrales como Córdoba, las llamadas “ricas”, que van a tener aún más hegemonía porque los ingresos que reporta este combustible son muy grandes”.
La iniciativa presentada por el diputado nacional Luis Ramón fue seriamente objetado desde la producción avícola, especialmente por la Cámara Argentina de Productores e industrializadores Avícolas (Capia).
El proyecto de ley de Etiquetado de Huevos presentado por el diputado nacional José Luis Ramón, en alianza con organizaciones ecologistas y de usuarios y consumidores, fue seriamente objetado desde la producción avícola, especialmente por la Cámara Argentina de Productores e industrializadores Avícolas (Capia).
Ramón, legislador mendocino y presidente del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, admitió ante Infobae que “con los años, tras tener el gallinero en el fondo de la casa, la producción de huevos de gallina ha ido mutando haciéndose cada vez una producción más industrializada. Esto trae como consecuencia sobre el bienestar del animal para la producción de huevos”.
“Hemos verificado que los huevos llegaban al consumidor manchados de materia fecal de los animales y eso ocurría porque en la industrialización de esta actividad comercial comenzó a tener la gallina encerrada en jaulas durante toda su vida útil. En ese encierro hemos visto cosas aberrantes para optimizar el espacio y en la capacidad de darle alimentos y la limpieza de los excrementos. Allí a cuenta del bienestar animal y la calidad del huevo nació la propuesta legislativa”, explicó el diputado nacional, quien aseguró que la iniciativa fue elaborada junto a la ONG internacional, Sinergia Animal y la Asociación de Usuarios y Consumidores (Accuc).
El proyecto tiene como objetivos centrales, “promover hábitos de producción y consumo sustentables para contribuir al fortalecimiento del bienestar animal en los procesos de producción de huevos, y a su vez garantizar el acceso a la información veraz por parte de los consumidores”. Según el legislador, se propone de “una forma más que Argentina se encamine a formas de producción y comercialización más amenas con los animales, en un contexto mundial de transformación hacia la protección del medio ambiente”.
Por último, el diputado dijo que también se plantea una actualización del Código Alimentario Argentino, mientras que Sinergia Animal planteó en sus informes que actualmente en el país hay más de 40 millones de gallinas que viven “en pésimas condiciones, sin poder caminar ni extender sus alas y que padecen problemas óseos crónicos”.
Javier Prida, titular de Capia, explicó que “el proyecto dispara mucha preocupación en el sector productivo. Estamos de acuerdo en que tenemos que ver de qué manera le indicamos al consumidor que tipo de huevo consume. Pero el método y camino que se eligió para hacerlo no es el más saludable, por varios factores, aunque destacamos dos: la cámara no fue consultada, ya que somos la parte más importante de esto. Será algo difícil de poder aplicar conceptos que solo conocemos por declaraciones. Resultan gravosas dichas declaraciones, y en un 95% no se ajustan a la realidad” de la producción avícola.
También Prida consignó que “no hay pruebas suficientes” para que tanto el legislador nacional como las entidades privadas que promueven la norma, en especial Sinergia Animal, los argumentos expresados se hacen bajo “un preconcepto” de los grupos ecologistas y “realmente es difícil poder llegar a un diálogo” sobre el tema planteado.
El presidente de CAPIA explicó que la industria avícola “está fiscalizada por el Senasa, donde se cumple con la normativa que promueva la Organización Mundial de la Salud Animal, la cual es muy exigente y Argentina la cumple. Hoy el 85% de los huevos producidos se hacen en jaulas, y cuando se habla de hacinamiento, esto es mentira y también cuando se habla de que los animales son maltratados”.
El directivo industrial también comentó que el huevo obtenido en jaula cuenta con “mayor huella de agua y de carbono. Además, habría que contar también el daño económico que esto produciría al consumidor. En Francia, un huevo de jaula, que casi no se producen, hay pocos, tiene un costo de 4 euros la docena, mientas que el huevo libre vale de 6 a 8 euros la docena”.
Por ello, Prida se preguntó qué hacer con el consumidor si se viabiliza esta nueva normativa: “vienen las modas de Europa o Estados Unidos, de países ricos y que instalan modas para sus habitantes que tienen un poder adquisitivo más alto que en la Argentina. En Europa, pueden hacer frente a este gasto con un sueldo promedio de 2.400 euros mientras que en Latinoamérica es de 470 dólares. Promover este tipo de proyectos es tirado de los pelos”.
Los diputados del Frente de Todos y Unidad Federal para el Desarrollo expusieron en el encuentro convocado por la Secretaría de Energía. Qué dijeron.
Durante la primera audiencia pública para definir el precio de las tarifas del gas, la diputada Fernanda Vallejos (Frente de Todos) destacó la importancia de este debate “como instancia de participación popular, en un proceso tan importante para las familias argentinas, para nuestros sectores productivos, para nuestra economía, como lo es el debate en torno al precio del gas”.
“Los subsidios representan una política que significa salario indirecto para las familias -continuó-, cuyos ingresos vienen sufriendo pérdidas reales durante los últimos cinco años, marcados por el programa de ajuste y redistribución profundamente regresiva aplicado por el gobierno anterior y un 2020 de pandemia”.
Al momento de tomar la palabra, dentro de una lista de 42 oradores, la economista remarcó “el impacto favorable que tiene la política de subsidios para los hogares y el sector productivo, después de los años de ajuste y recesión macristas y a un año del inicio de la pandemia”.
“Esos subsidios también representan una política de competitividad para nuestras empresas, porque la energía es un vector crucial de competitividad. Estos dos elementos, el de ser salario indirecto y, por ende, impulso del consumo y la demanda, y factor de mejora de la competitividad, hacen de los subsidios a la energía una importante política de fortalecimiento del mercado interno, de la actividad económica y de las exportaciones argentinas”, resaltó la presidenta de la Comisión de Finanzas de Diputados.
La primera audiencia se abocó al tratamiento de la porción del precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) que tomará a su cargo el Estado nacional a través de subsidios, y también a determinar qué porcentaje de las facturas pagarán los usuarios finales.
La audiencia empezó a las 10, convocada por la Secretaría de Energía a través de la resolución 117/20. Se desarrolló de manera virtual y fue presidida por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, y moderada por la asesora legal de esa cartera, Verónica Tito.
Otro punto que abordó Vallejos es la relación entre los “tarifazos” durante la gestión de Macri y la inflación durante ese período: “Lo que estamos discutiendo aquí es parte del debate, también, sobre la inflación que es un objetivo crítico de la política económica, determinante para el crecimiento real de los ingresos, que son el combustible de la demanda efectiva, que es el verdadero tractor de la producción, de la inversión -inducida por la demanda- y, por supuesto, de la generación de puestos de trabajo que requiere del crecimiento de la actividad”.
Vallejos reforzó cómo los “tarifazos” durante el macrismo alentaron los altos niveles de inflación. “La política tarifaria de aquel entonces, que se popularizó bajo el rótulo de tarifazos, constituyó, junto con la devaluación, uno de los principales motores de la inflación del periodo que, recordemos, terminó el ciclo, a pesar de la política monetaria de ‘emisión cero’, con el nivel más alto en 3 décadas: 55% de inflación en 2019”, precisó la diputada oficialista.
Asimismo, cuestionó que durante el macrismo, además de reducirse los subsidios, los argentinos subsidiaron la rentabilidad de las empresas. “Durante esos cuatro años, el Estado redujo los subsidios a las tarifas, pero, en cambio, los ciudadanos y las ciudadanas argentinos subsidiaron la rentabilidad de las empresas, con una fenomenal transferencia de recursos hacia las arcas de las empresas del sector. Sólo durante los primeros 2 años de gobierno de Macri esa transferencia alcanzó a USD 16.000 millones”, detalló.
Por otro lado, alertó que, lejos de realizar las inversiones necesarias, las empresas de la producción, el transporte y la distribución fueron protagonistas de la fuga de capitales. “Entre las empresas del sector, la fuga, medida como formación de activos externos, registrados en el balance cambiario del BCRA, entre 2015 y 2019, fue escandalosa”, aseveró, y acto seguido detalló el listado de las mismas.
Por último, en el marco de la pandemia de coronavirus, Vallejos sostuvo que “los argentinos no se han recuperado para absorber mayores aumentos de tarifas. Por eso a esta Secretaría le toca la inmensa tarea y la inmensa responsabilidad de determinar el costo real de producción del gas y la ecuación que asegure que las empresas funcionen y garanticen el abastecimiento de la demanda energética nacional, pero dentro de una lógica de racionalidad”.
Representantes de usuarios y consumidores, asociaciones civiles, legisladores, abogados y economistas, entre otros, coincidieron en que los aumentos de las tarifas de gas no deben afectar los bolsillos de la población. También subrayaron que al informe técnico que presentó la Secretaría de Energía previo a la audiencia le faltaron detalles del costo de gas de boca de pozo.
“No podemos estar hablando de cifras que no son el resultado de un análisis previo que se llevó a cabo por las autoridades. Y esto es lo que está faltando”, planteó Héctor Polino, titular de Consumidores Libres.
En tanto Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), cargó contra los aumentos de la era Macri. “Los consumidores estábamos esperando que se hubiera hecho alguna revisión de lo que significó entre 2000% y 5.000% de aumento de los últimos años, con audiencias públicas en las que ya estaba todo resuelto”, remarcó.
En representación de las empresas habló Daniel Martini, de la Asociación de Distribuidores de Gas, que engloba a las empresas Camuzzi, Ecogas, Gasnor, MetroGas, Naturgy, Litoral Gas y Ganea. “Resulta necesario finalizar el congelamiento de tarifas y es atribución del Estado decidir la manera en que instrumenta los subsidios, sea a través de procesos de segmentación y/o de la profundización de la tarifa social”, afirmó.
A su turno, José Luis Ramón, diputado y presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, sostuvo que los subsidios del Estado en las facturas de gas es una “herramienta” para que este servicio “esté adecuado a la capacidad económica de los hogares y no a las necesidades del mercado dolarizado de las cinco empresas que tienen la concesión de este bien tan preciado”.
Además, el legislador cuestionó a las empresas por buscar incrementar sus ganancias a pesar de la delicada situación social y de haberse visto favorecidas por el gobierno anterior. “La justicia obligó al gobierno anterior a blanquear el valor del millón de BTU, y se supo que es de USD 3,51. Ahora estos cinco empresarios quieren que el promedio sea de USD 7,60″. Y remató: “Le sugiero al gobierno que no haga lo mismo que el macrismo, donde estas cinco empresas obtuvieron 6.800% del ajuste del valor trasladado a los usuarios”.
Hace varios años que los vecinos del municipio mendocino de Guaymallén esperaban el inicio de esta obra.
Se dio comienzo formal de las obras en el barrio Luz de Vida de Guaymallén para la construcción del playón deportivo Estrella Roja y equipamiento comunitario. “Para nosotros es muy importante la construcción del playón deportivo, porque quiere decir que nos consideran barrio, que no somos una villa, que no somos mugre”, explicó Sonia Díaz, una de las vecinas del barrio.
Este proyecto fue impulsado por el legislador mendocino José Luis Ramón, tras varios años de reclamos e iniciativas presentadas tanto en la municipalidad de Guaymallén como en la gobernación provincial sin tener respuesta favorable. El trabajo se enmarca en el programa Argentina Unidad por la Integración de los Barrios Populares, dentro del subprograma de obras tempranas.
El arquitecto a cargo de realizar las obras y titular de la ONG Generando Puentes, Daniel Manson, explicó que “este proyecto viene a marcar un antes y un después, porque va a hacer la primera intervención concreta del estado la cual deja ver la intención de la consolidación del barrio en este lugar teniendo que afrontar las obras que se tengan que afrontar para mejorar la calidad de vida de los vecinos”.
“Esta decisión estatal nos alienta a decir que hay un gobierno que nos apoya y nos da la confianza para decir que este es el lugar donde vivimos. Estamos muy agradecidos con todo esto, y esperamos que este sea un pasito para tener nuestra propia casa”, remarcó Sonia Díaz.
El evento contó con la presencia de varios vecinos del barrio, referentes de la ONG Generando Puentes y de Protectora Fuerza Política, principal articuladora para la gestión de estas obras con el Ministerio de Desarrollo Social a través del diputado nacional José Luis Ramón.
Además, el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo dijo que pedirán que se exima al aguinaldo, un tema que reclaman los sindicatos.
El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, ratificó el apoyo de su bancada al proyecto oficial para que los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos no paguen el impuesto a las Ganancias.
“Hoy nos hemos levantado con una muy buena noticia y es que el presidente (Alberto) Fernández dictó el decreto que resuelve que tratemos este proyecto en extraordinarias, y eso es positivo”, destacó el legislador.
Para el mendocino, “estas son las leyes que permiten discutir los temas fuertes que en el Congreso se tienen que tratar”.
Sobre la iniciativa impulsada por Sergio Massa, el diputado resaltó: “Es la primera vez que veo, al menos desde que asumió este Gobierno, que una buena parte de Juntos por el Cambio está acompañando esta idea de liberar a 1.200.000 trabajadores de pagar este tributo”.
En diálogo con radio El Destape, Ramón consideró que “el tema de la renta al trabajo es delicado, y esto de levantar el mínimo no imponible implicará una recuperación de la capacidad de ingresos” de sectores “que en los últimos tres años vienen siendo muy baqueteados”.
“Desde nuestro interbloque lo apoyamos desde un principio. Acordamos que este es un proyecto que vale la pena apoyar”, insistió.
Sin embargo, el legislador aliado subrayó que tienen “algunas objeciones” y pedirán “liberar algunos ítems del salario, como el aguinaldo, que es algo que proponen los sindicatos”.
Por José Luis Ramón. El diputado nacional advierte que, si ningún aspecto cambia, seguirá reinando la disfuncionalidad del Congreso, “mostrando esa cara de un sistema de instituciones republicanas y autónomas sólo puestas para la foto de la modernidad”.
Entre debates calientes y sesiones eternas, se dispuso la extensión de las sesiones extraordinarias durante los meses de enero y febrero en el Congreso de la Nación. En vistas de la continuidad de la pandemia y la urgencia con la que se tenían que tratar algunos temas, creímos, ilusos nosotros, que la asiduidad laboral que sostuvo el Congreso el pasado 2020 se replicaría en los meses de verano.
De más está decir que el trabajo realizado se basó en los proyectos oficiales, y que pocos, poquísimos, fueron los proyectos tratados de diferentes bloques de la oposición. Pero los auges de convergencia duraron poco, y al mismo tiempo que se profundiza la presión por realizar sesiones presenciales, también se alarga el stop general del trabajo legislativo.
Estamos pisándole los talones a febrero, y ninguna de las cámaras de honorables ha dado comienzo a las sesiones extraordinarias, ni siquiera a los debates en comisiones. Esta disfuncionalidad la resuelve el oficialismo desde el Poder Ejecutivo con Decretos de Necesidad de Urgencia, relegando el papel del palacio de leyes, y la fomenta la oposición mayoritaria no dando a lugar a nuevos consensos.
Sin ir más lejos, la presencialidad absoluta debería ser ya un debate caduco, puesto que el pueblo entero ha observado cómo con sesiones mixtas la labor parlamentaria resulta igual de fructífera. Pero además, quienes pregonan la vuelta de la presencialidad total no concuerdan con la premisa de vacunación a trabajadores/as de la HCDN – y del Congreso en general –, porque no auspician el carácter de esencial que tienen, y han tenido desde el inicio de la pandemia, los y las legisladores así como un número mínimo de trabajadores/as para garantizar el funcionamiento del Congreso.
El poder legislativo es una de las tres patas esenciales del gobierno nacional, y tiene que funcionar sin trabas. No se puede ser adalid de la constitución, y consentir tan sueltamente que uno de los tres poderes del Estado quede cerrado, como nos tuvo acostumbrado tan a menudo el gobierno anterior.
Entonces, la decisión caprichosa es no dejar trabajar. Mientras desde la oposición mayoritaria no se brindan ni apoyan pedidos para conseguir ese normal funcionamiento del Congreso que tanto reclaman, se permite al oficialismo conquistar avances a partir de DNU sin limitaciones. Pero aquí también juega el oficialismo en el Congreso, que con mayorías dadas para llamar a sesionar sin la necesidad de tener que contar con esa oposición obtusa, se queda cómodo bajo el manto de decisiones de Alberto Fernández y sus súper ministros.
Pregunto yo: ¿Cuánto tiempo más deberemos los bloques pequeños y minoritarios, sostener la avanzada de trueques entre los grandes, mientras observamos sin más como nuestros proyectos duermen en los archivos de las comisiones, y nuestras provincias entran en crisis con cada parche irresoluble del Gobierno Nacional?
¿Cuánto más deberemos esperar a que la necedad opositora deje de enceguecerlos, para que de una buena vez se sobrepase el papelón de argumentos repetidos sin sentido, llenos de cólera y trabas, para que se puedan abordar los problemas que sí impactan en las personas que representamos?
Si ningún aspecto cambia, seguirá reinando la disfuncionalidad del Congreso con acuerdos tácitos entre perros y gatos, mostrando esa cara de un sistema de instituciones republicanas y autónomas sólo puestas para la foto de la modernidad.
El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo respaldó la idea, incorporada al temario de extraordinarias. Asimismo, consideró que “con el dinero de las PASO se podría aliviar la situación de las PyMEs”.
El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, aseguró que “si se toma la decisión de discutir la suspensión de las PASO, nosotros lo vamos a acompañar sin dudarlo”.
El mendocino, titular del espacio que funciona como aliado del Frente de Todos, recordó que desde su bancada presentaron un proyecto para suspender las elecciones primarias de este año con la intención de ayudar a las PyMEs.
“En una sociedad que está sufriendo la pandemia, con la gravedad de la disminución de la actividad económica, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, nos parece que un gesto muy saludable sería eliminar las PASO por una única vez”, sostuvo este martes.
En diálogo con AM 750, el legislador indicó que “lo que cuesta poner en funcionamiento el sistema de las PASO son aproximadamente unos 13 mil millones de pesos”. “Nos parece que sería, desde los partidos políticos, tener la posibilidad de ponernos de acuerdo y darle un mensaje a la sociedad”, opinó.
“Hay cerca de 600 mil PyMEs que le están dando trabajo a siete millones de argentinos, que están muy golpeadas en todos los aspectos, en sobreendeudamiento bancario y con la AFIP. Con el dinero de las PASO se podría alivianar la situación de las PyMEs”, insistió.
Para el diputado, “estar en pandemia no es una cuestión política, es una cuestión de Estado. El cuidado de la salud de la vida de miles de argentinos es una cuestión de Estado”.
Por eso, Ramón criticó que se haga “una utilización política de la pandemia, como se viene haciendo sistemáticamente, cuestionando las vacunas y la gestión de la pandemia. Es un tema delicado y grave”. Y, en esa línea, rechazó que se analice “el tema de la suspensión de las PASO desde el punto de vista político y no desde el punto de vista del Estado”.
En la comitiva oficial que estará este martes y miércoles en el país trasandino figuran cuatro mandatarios peronistas.
El presidente Alberto Fernández emprenderá este martes su segunda visita de Estado a un país vecino, en este caso a Chile, donde se quedará cumpliendo una amplia agenda hasta el miércoles.
La comitiva estará integrada por el canciller Felipe Solá, el ministro de Salud Ginés González García, quien fue embajador en Santiago durante ocho años, y el ministro de Defensa, Agustín Rossi.
El detalle es que también viajarán gobernadores. Irán el riojano Ricardo Quintela, el salteño Gustavo Sáenz, el sanjuanino Sergio Uñac y el catamarqueño Raúl Jalil. Todos de provincias fronterizas con Chile… Y todos peronistas.
Eso generó la reacción de legisladores de la oposición. Desde Juntos por el Cambio, el radical Luis Petri tuiteó: “Mendoza nuevamente discriminada por el Gobierno. Se inicia gira en Chile y pese a ser la provincia más importante del oeste, con el paso internacional más utilizado, la castigan dejándola afuera. Deberían ir todos las provincias con vínculos fuertes con Chile, no solo sus amigos”.
Y luego agregó: “Látigo y garrote a las provincias gobernadas por opositores, sea por la distribución de los recursos, las obras como Portezuelo, las medidas adoptadas en pandemia o la agenda internacional con Chile. No era con todos como decían, era entre ustedes. Los mendocinos tenemos memoria”.
En el mismo sentido se pronunció el exgobernador mendocino y actual diputado nacional Alfredo Cornejo, quien señaló que “el grado de discriminación a Mendoza por parte de Alberto Fernández ya roza lo absurdo. Realizar un viaje oficial a Chile, con gobernadores de provincias limítrofes y dejar afuera al gobernador de la provincia que tiene el paso internacional más importante del país, es muy guarango”.
Pero no solo desde Juntos por el Cambio mostraron los dientes porque un gobernador propio hubiera sido raleado. También lo hizo el diputado nacional mendocino José Luis Ramón, quien advirtió que “en viajes protocolares al país vecino es importante la presencia del gobernador de Mendoza, independientemente de su color político. La histórica relación bilateral con los hermanos chilenos es lo importante, y más si queremos cimentar nuevos acuerdos y tratados”.
Por José Luis Ramón. El diputado nacional advierte la necesidad de constituir un ente independiente que controle y que ponga sanciones: “Una nueva institución que cumpla con defender a los usuarios y consumidores”.
Hemos comenzado a transitar un 2021 que continuará signado por la pandemia. En paralelo que se hace frente a la situación sanitaria, el Gobierno nacional tiene algunos frentes de batallas que no han sido más que emparchados durante el 2020, y que están resultando en bombas de tiempo sin control. Vamos con los ejemplos claros que golpean directo los bolsillos de todos.
En la tarde del jueves, el INDEC informó sobre los nuevos precios de la Canasta Básica Total, que acumuló con el aumento de casi 5 puntos en diciembre (4,7%, para ser preciso) un aumento anual de 39,1%. Leen bien 39,1% de aumento. Acá hay dos organismos representantes del estado que, sin duda, están haciendo agua: la Secretaría de Comercio Interior, que depende del Ministerio de la Producción es una de ellas.
Hay que decir, que el problema surge de la incapacidad para hacer cumplir, o controlar, a las grandes empresas de alimentos, muchas de ellas oligopólicas. No hay una política de control sobre los precios de los diferentes estamentos de la producción, y mientras a los productores se le pagan chirolas, y no se contemplan ayudas específicas a PyMes de productos alimenticios, las empresas poderosas marcan la agenda de costos.
En todo este tiempo de aumentos constantes de precios (ojo, no me olvido de los sucesivos aumentos del combustible, que impactan de lleno en las cadenas de producción), la Ley de Góndolas, (promulgada en marzo del 2020), se reglamentó recién a mitad de diciembre. Por eso seguimos esperando la puesta en marcha total y efectiva de una ley que promovería sin dudas, que haya más variedad de marcas, impulsando no sólo a las PyMes y a la economía popular, sino que además fomentaría una mejor y más equilibrada competencia.
Aquí, tampoco gestiona como es debido la Secretaría de Comercio Interior, que está poniendo parches a los problemas que suman a la crisis sanitaria y el descontento en la población.
Ahora sin más, se continuará el congelamiento de los alquileres, otro parche a explotar cuando las inmobiliarias pretendan cobrar todos los aumentos adeudados sin planes Ahora 12; y ahora también, se iniciará un procedimiento de adecuación transitoria de las tarifas de distribución y transporte de energía eléctrica en todo el país. Claro que el ENRE plantea que habilitará espacios de debate para construir entre todos y todas, un nuevo cuadro tarifario; pero quienes venimos de asociaciones de defensa al consumidor, sabemos cómo hacen las audiencias y cómo le/nos “consultan” a los usuarios.
Frente a una Secretaría de Comercio sin ideas para ejecutar su trabajo, y una Dirección de Defensa del Consumidor que no resuelve, no articula posibles soluciones a largo plazo con otros organismos, es que debemos urgentemente pensar en un nuevo espacio que cumpla con las funciones de protección de los derechos de usuarios y consumidores, sin tintes políticos que lo ahoguen.
Necesitamos constituir un ente independiente que controle y que ponga sanciones. Una nueva institución que cumpla con defender a los usuarios y consumidores, en lugar de ser un cuerpo que hace de mediador entre las quejas razonables de la población y las empresas, que nunca, llevan las perder.
Conformar un Estado garante y presente, muy a pesar de la pandemia y la crisis sanitaria, también comprende estudiar, gestionar y aplicar estrategias que concluyan en transformaciones profundas integrales para alcanzar un mejor Estado, una mejor Nación.
El diputado consideró que “en la medida en que vayan aumentando los casos”, el gobernador mendocino Rodolfo Suárez “tendrá que tomar decisiones quirúrgicas”.
El diputado y jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo José Luis Ramón sostuvo este viernes que “el toque de queda sanitario es necesario” y consideró que el gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, “tiene que ser muy cauto” respecto de las medidas a tomar por el aumento de casos de Covid.
“El sistema de salud en toda la argentina tiene una deficiencia muy grande, y lo que ha venido ocurriendo, producto del relajamiento y del hartazgo, es que muchos dirigentes tomaron decisiones con irresponsabilidad”, advirtió Ramón en diálogo con CNN Radio Mendoza.
El legislador opinó que “el toque de queda sanitario es necesario, porque hay un sector etario que está actuando de manera irresponsable”, y agregó que “hay que tomar conciencia de que las unidades de atención tienen que estar fuertes para cuidar la salud de todos”.
En tanto, subrayó que el gobernador Suárez “tiene que ser muy cauto” porque “no se sabe efectivamente qué va a ocurrir, son todos adelantos periodísticos”. “En la medida en que vayan aumentando los casos, el gobernador tendrá que tomar decisiones quirúrgicas”, dijo.
Además, Ramón criticó el posicionamiento de Junto por el Cambio y apuntó en particular contra el titular de la UCR y comprovinciano Alfredo Cornejo: “Hay un sector de la dirigencia radical que tiene un grado de irresponsabilidad tremendo, manifestado en las expresiones de Juntos por el Cambio. Han tomado una bandera política en un tema que es de Estado”.
Para el legislador mendocino, “es lo mejor que se ha podido lograr” y reivindicó los cambios aplicados en el Senado.
El diputado de Unidad y Equidad para el Desarrollo José Luis Ramón anticipó este martes el acompañamiento de su bancada al proyecto de movilidad jubilatoria, en la creencia de que “aun no siendo la mejor fórmula que se puede establecer, es una fórmula que mira en positivo. Y mirar en positivo es mirar una vida que se pueda proyectar, no una medida de caos”.
En su discurso, el diputado mendocino se plantó en el papel de las terceras fuerzas, al señalar que “vemos en el Congreso que se discuten una y otra vez los mismos temas (…) Pareciera ser que siempre el que tiene la fuerza de los votos hace que se impongan las ideas políticas, pero al no haber consenso, para adoptar una decisión que se traslade en el tiempo como una política de Estado, así es como tenemos a nuestro país”.
En ese camino, auguró que “vamos a seguir teniendo estos problemas que tienen que ver con la indefinición de los temas que se deben tratar en el Congreso. Me preocupa esta situación, porque como diputado de la minoría del sector de la Cámara que necesariamente nos toca moderar y estar a favor y en contra de un proyecto, siempre caemos en la bolsa que la toma de decisiones siempre están signadas por la duda”.
Ramón recordó cuando en los 90 se produjo el traspaso de las cajas de jubilación a las AFJP, cosa que calificó como “un negocio para las empresas y un tremendo mal negocio para quienes debíamos proteger. Y era un gobierno justicialista”. A continuación, recordó también la violencia registrada en las dos sesiones en que durante la gestión de Cambiemos, en 2017, se aprobó una nueva fórmula jubilatoria. “Veníamos de una fórmula que le había permitido estar un 26% por encima de la inflación, ¿cómo podía ser posible que fuéramos a tratar algo que disminuyera sustancialmente los haberes? Se priorizó el déficit de la caja de previsión, y no el mandato constitucional que es dar ventajas a nuestros adultos mayores”, apuntó.
Ramón señaló que “ese marco este año cambió. Dimos acuerdo para suspender la aplicación de esa fórmula porque vimos que las cuentas del Estado estaban en malas condiciones. Entonces vamos a acompañar eso, dijimos, porque en un plazo de 6 meses el que estaba gobernando dijo ‘vamos a establecer una fórmula’”.
Para Ramón, “si queremos lograr una política de Estado, todos tenemos derecho de participar y llegar a un consenso. Eso no es hacer arreglos espurios”. Así las cosas, reivindicó el rol de las terceras fuerzas, porque “nos damos cuenta de que los dos frentes en manera alternativa se disputan el poder, pero los temas fuertes que afectan los intereses de los trabajadores no se terminan de resolver”.
A continuación, consideró “muy loable discutir sobre la fórmula”. Defendió los temas “técnicos” de la misma, pero aclaró: “No nos engañemos, no digamos desde un frente que la fórmula que se está aplicando ahora es perniciosa para los jubilados; la verdad que la fórmula que se está aplicando ahora es lo mejor que se ha podido lograr. Incluso los bloques del medio fuimos los que sugirieron qué pasa que se tiene que ajustar cada 6 meses, y en el Senado lo entendieron, pusieron cada 3 meses. ¿Qué pasa con ese adelanto que dieron para el 2020, lo van a tomar a cuenta? No, echaron para atrás, y eso es correcto”.
La emprendió entonces contra “los agoreros del mal”, reclamando “que se pongan de acuerdo las fuerzas políticas, porque si hay algo que quienes están gobernando y quienes estamos en la oposición tenemos que resolver, es el mejor vivir del pueblo y aquellos que están en mala posición económica”.
En definitiva, consideró que “la fórmula que se va a resolver en la votación es la que rigió durante 8, 9 años, en un país que permitió que el haber de los jubilados se favoreciera en un 26%. Y la verdad que yo tengo el deseo de que la Argentina, rebote, porque esta Argentina que se paralizó fruto de la pandemia, y en ese rebote tengo la visión de que los ingresos de las cajas de jubilación van a mejorar. Entonces, a los agoreros del mal que quieren que (la fórmula) tenga un techo, la inflación es algo que se tiene que detener. No vamos a vivir toda la vida de inflación… No le pongamos un techo a los haberes de nuestros abuelos”.
Reconoció que este proyecto no tiene las mejores condiciones, “porque si el país continúa en las condiciones que estamos, la verdad que los jubilados la van a pasar muy mal”, pero reivindicó que esta fórmula “da previsibilidad hacia adelante”.
Y concluyó señalando que “fuere como fuere, la fórmula es una que da previsibilidad hacia adelante. Me satisface que lo estemos discutiendo; no me satisface que lo estemos haciendo a escondidas, cuando se está discutiendo la interrupción del embarazo en el Senado”. Por eso, advirtió que “picardía que esto pase livianito y que nadie se entere de que tratamos esta fórmula. Necesitamos dar un mensaje: hay que debatir los temas fuertes”.
Por José Luis Ramón. El diputado se expresa a favor de encaminarnos hacia una regulación integral de los servicios públicos, fijando los pisos de derechos y obligaciones.
El domingo 20/12 en un diario de Mendoza, apareció una nota titulada: La Argentina estrangula a uno de sus sectores más competitivos, que sin argumentos y en pocos párrafos estipula una supuesta incapacidad de seguir produciendo el servicio de telecomunicaciones, específicamente de la empresa Telecom, en los términos en los que se venía dando.
Primer punto en conflicto, si esta según Telecom, es la forma acertada de llevar un producto, o mejor dicho, de brindar un servicio público, están equivocados. La pandemia instaló la cuestión de los servicios de comunicación y sus problemas, y los impuso como derecho; para estudiar, para contener, para trabajar, para reconocer, para unirse en la distancia.
Por eso era necesario y urgente situar a estos servicios como públicos, promoviendo el acceso de ellos a todo habitante de la nación, en cualquier región. Ahora bien, el primer paso ha sido dado; ahora son servicios públicos, pero no alcanza con eso si a la gestión estatal le tiembla el pulso cada vez que debe pararse junto a la ciudadanía y defenderla de los monopolios.
Es necesario encaminarnos hacia una regulación integral de los servicios públicos, fijando los pisos de derechos y obligaciones, la participación de los consumidores en el control y en la mecánica para establecer los precios y que aseguren el acceso, permanencia y calidad de los servicios esenciales.
Instalar una tarifa mínima, pero al mismo tiempo permitir el aumento de los servicios es el juego amigo-enemigo de nunca acabar. ENACOM no enfrenta del todo a las empresas, pero permite que se quejen en diarios, instalando una posición desventajosa para la ciudadanía y en pos de seguir acrecentando sus arcas.
Ni hablar, que como servicio debería haber tenido una audiencia pública para debatir y estipular el aumento del precio. Los consumidores tienen derecho a ser oídos, y tampoco se está intentando cumplir con los recaudos que el mismo gobierno nacional planteó para defender a los usuarios.
Las tarifas y el servicio mínimo son una consecuencia directa de la esencialidad de este: nadie puede sostener que el servicio es esencial, y a la vez querer olvidarse de asegurar el acceso. El mismo que se asegura con un piso de prestaciones para los que menos tienen, y esto sí se está ajustando y entregando a beneficiarios AUH, desempleados, monotributistas sociales, jubilados y quienes ganen menos de dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Pero como dije, el juego amigo-enemigo se instaló de tal manera que la base de los precios establecida es altamente moderada. Un gran ejemplo de esto es el precio establecido por el gobierno nacional para los 10 megas ($700), mientras Fibertel el de 25 megas lo tiene en su página 1375 pesos.
Las grandes empresas, casi oligopsonios, no se pueden quejar para así imponer modelos de servicios a costa de sacarle a los que menos tienen. Debemos establecer parámetros y reglas claras que auspicien la competencia, que ayuden a las PyMes del sector que llegan donde las grandes no consideran rentables, porque hoy las telecomunicaciones son un derecho humano.
Diputado Nacional José Luis Ramón
Por José Luis Ramón. La posición personal y política del legislador mendocino, que sugiere llamar a una consulta popular y da los fundamentos en relación al debate por la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina de este año 2020.
Introducción y primer motivo
Desde que asumí el cargo de diputado de la Nación, a fines del año 2017, ahora por segunda vez; tuve la oportunidad de visualizar muy pronto, la profunda división que existe en la discusión de los temas que afectan a los mendocinos que me toca representar.
Cada grupo se adueña de lo que cree es la verdad; y el otro es el enemigo a silenciar y vencer. Si hay un tema que demuestra esta fractura en nuestra sociedad, la falta de diálogo entre las distintas posturas, y la mera presión para condicionar a los legisladores, en lugar de una discusión sincera libre y respetuosa, es el tema que tratamos hoy.
Provengo de una familia, en la que aprendí los valores de la tolerancia, la solidaridad y de reconocer al otro enfrente de mí; y creo en el debate respetuoso y tolerante. Estoy convencido de que es positivo y enriquecedor para ambas partes discutir con quienes piensan distinto, aun cuando legítimamente no lleguemos a un acuerdo.
Creo que ese ámbito. Tanto en el año 2018, como en este trámite exprés 2020; no se ha generado en el Congreso.
Cada lado se ha limitado -lamentablemente- a exponer su “verdad”, con un grado de exasperación cada vez mayor, esperando que de tanto insistir, los demás cambien de “verdad”.
La consulta popular – la nueva Constitución
Porqué marco y remarco, que no se ha dado el debate que el tema requiere, y porqué, creo también, que no podemos seguir imponiendo nuestras verdades sobre los demás. Me parece que sí había un tema que requería una consulta popular, era este (hace muy poco, en Irlanda se aprobó un referéndum de este tipo justamente).
Este Congreso no está utilizando las herramientas que la Constitución nos dio en el 94.
No podemos decidir acá por el lobby, por la cantidad de gente que esté en una marcha, o por quién hace más ruido: necesitamos llegar a un mayor consenso. Este es uno de los motivos que me lleva a rechazar el proyecto que vamos a votar hoy.
El aspecto personal
Como a mucho de mis colegas, la discusión me ha generado gran angustia.
He escuchado muchísimas exposiciones, y discutido durante muchas horas con amigas, amigos, familiares y profesionales. Algunas cosas me han quedado claras.
Nadie, absolutamente nadie, quiere practicarse un aborto. Cada vez que una persona tiene que enfrentar un embarazo no deseado, estamos ante un problema social y personal.
En la mayoría de los casos, el Estado ya llegó tarde, sea porque faltó contención, educación sexual o respuestas preventivas. Nos quedamos con una persona en una situación imposible de resolver, y angustiada. Esto solo ya es una tragedia.
La prevención para que no suceda
También sé que se ponen trabas a muchas de las medidas necesarias para prevenir que esto suceda, y que hay una enorme diferencia entre la situación de los grupos más pobres de la sociedad y los que tienen recursos. Ambos están en esta situación terrible, y recurren al aborto como respuesta, pero los pobres ponen en riesgo su vida, mientras que los ricos consiguen una atención mucho menos riesgosa. Conozco también, que la criminalización en nuestro país no ha cumplido con su objetivo (los abortos se hacen), y que es injusta porque apunta a los sectores más vulnerables que recurren a la salud pública, y no a quienes deciden abortar.
Mi obligación como diputado – La promesa de Campaña
Pero estas que son mis verdades, no pueden llevarme sin más, a pasar por encima de otras. Mucho menos cuando estamos ante temas tan sagrados para muchos y que nos tocan en nuestras fibras más íntimas. Esta ansiedad que todos sentimos hoy, y que mueve tan fuerte y tanto a millones de argentinos, no es casual. Estamos tocando las convicciones más básicas de los argentinos y no podemos pisar las opiniones de los demás. Temo que es esto lo que está pasando, y yo como diputado de la Nación, no lo voy a aceptar.
Ya hace poco, en pos de encontrar los puntos de acuerdo para el consenso, había comenzado a pensar en cómo lograr una solución para la discusión del proyecto; pero claro, no encontramos eco ni en los que defienden las dos vidas, ni en los que pretenden la legalización: Parece que la consulta popular asusta. Analizado el proyecto y llegado a la convicción personal de que era lo mejor que podíamos hacer en esta instancia; estaba y estoy dispuesto a aceptar que haya debate. Pero un debate del que participemos todos y cada uno de los ciudadanos argentinos; porque la manera correcta de debatir y discutir este tema es sabiendo que piensan todos los argentinos, y no solo lo que personalmente y por su conciencia emitiremos el voto. Y en este sentido, es posible anteponer por encima de las verdades de los demás, la mía en este tema.
Pero ¿saben qué?, no solo no podemos cerrarnos así en algo tan importante, sino que es necesario cumplir las promesas que se proponen en la campaña.
Esto, que lamentablemente parece menor, nos pasa todos los días en la política.
Para mí no es menor.
Uno de los primeros proyectos que presenté en este Congreso es el de la penalización del incumplimiento de las promesas de campaña, y no puede pasar por alto. Y no por ventajear.
Esto es algo que debe ocurrir, les prometí a las personas algo, y lo voy a cumplir. Este es el otro motivo que me lleva a rechazar este proyecto.
Es una decisión que me pesa mucho, me ha generado un enorme conflicto interno. Tal vez me ha llevado a cometer desaciertos hasta poder encontrar la respuesta que considero más justa para los Mendocinos.
Conclusión
Sea lo que se resuelva hoy en este recinto, espero que los argentinos encontremos en el otro un par, y no un enemigo, porque si no buscamos comprendernos y dialogar, nunca podremos avanzar como país.
Por estos motivos, mi voto será por la negativa del proyecto.
José Luis Ramón
Diputado de la Nación
El proyecto del diputado mendocino fue presentado en octubre pasado y destina el dinero ahorrado, en caso de suspensión de las primarias, a las PyMEs.
Luego del reclamo de varios gobernadores oficialistas para suspender las elecciones primarias de agosto del próximo año, el diputado nacional del Frente de Todos Pablo Yedlin oficializó la presentación de un proyecto de ley para concretar tal objetivo. Lo cierto es que esa iniciativa no es la primera. Desde el bloque Unidad Federal para el Desarrollo ya se había presentado una hace dos meses.
Su autor es el diputado mendocino José Luis Ramón, quien en realidad no pedía la suspensión de las PASO, sino que habilitaba al Ejecutivo a suspenderlas si un informe elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación determinaba que el operativo de vacunación no había sido suficiente para evitar la afectación de la salud pública en las elecciones.
Y en caso de decidirse la suspensión de esos comicios, a diferencia del proyecto de Pablo Yedlin disponía un destino para el dinero presupuestado para las PASO: las PyMEs.
En efecto, el proyecto de Ramón presentado en el mes de octubre pasado disponía la suspensión de las PASO de 2021 “en caso de imposibilidad para asegurar la no afectación sanitaria en caso de su realización”.
Por tal motivo, en su artículo 1°, el proyecto establece que el PEN, previo a convocar a las PASO debería “elaborar un informe, por intermedio del Ministerio de Salud, acreditando el suficiente cumplimiento del plan de vacunación contra el virus Covid-19 o de las medidas necesarias para evitar su propagación y contagio, a los fines de asegurar la mínima afectación a la salud pública de las elecciones”.
El informe debería ser remitido a ambas cámaras del Congreso, como así tener público acceso en el portal institucional del Ministerio de Salud. En el artículo 2° se establece que en caso de que el informe no considere acreditado el plan de vacunación referido o las demás medidas referidas, el Poder Ejecutivo Nacional “no convocará a las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias”, procediendo en cambio a “convocar de forma directa a la elección general de cargos nacionales y de parlamentarios del Mercosur”. Se establece asimismo que esa suspensión es “por única vez”.
El proyecto de José Luis Ramón tiene un tercer artículo en el que establece la posibilidad de que el jefe de Gabinete pueda reasignar los fondos asignados en el Presupuesto 2021 para la realización de las PASO a “programas que beneficien a las micro, pequeñas o medianas empresas (MiPyME) en los términos del artículo 2° de la Ley 24.467, mediante la condonación de deudas impositivas y previsionales, créditos a tasa subsidiada, o cancelación directa de pasivos con bancos públicos o privados, sea por medio de un programa al efecto o la asignación de los fondos a programas existentes con estas finalidades”.
En caso de que el proyecto de Yedlin termine siendo considerado, no se descarta que el apoyo de este bloque pueda ser negociado con la introducción de algunas de las propuestas de la iniciativa del mendocino.
Recordemos que la semana pasada otro bloque opositor, el de Consenso Federal, presentó un proyecto para implementar la boleta única en papel, condicionando su apoyo a la suspensión de las PASO al apoyo oficialista a esa propuesta.
Para el diputado mendocino, un tema tan importante no puede quedar librado a “una mayoría circunstancial”.
En 2018, José Luis Ramón modificó su postura inicial respecto del aborto y el tema le valió ser excluido del interbloque que conformaba entonces con los diputados Martín Lousteau y Ana Carla Carrizo. Esa vez dijo que había reconsiderado su postura atento a lo que había expresado en campaña. Este jueves reafirmó esa postura.
A su juicio, pensar el tema desde el punto de vista “personal y desde nuestra conciencia, creo que produce una colisión que no le da legitimación a la decisión que tomemos en el Congreso”.
El mendocino recordó que en 2018 “tuvimos la oportunidad de transcurrir por meses, en donde cada una de las decisiones, por el sí o por el no, marcaba su posición. Pero créanme que no hubo debate”. A su juicio, “el debate fue con especialistas, profesionales, ocurrió y ocurre hoy con nuestras familias, amigos, profesionales, pero cada uno marca su posición, hay una colusión de derechos y hay una falta total de poder llegar al consenso en las bancas que ocupamos. Porque lo que votamos nosotros tiene que ver con una cuestión de conciencia, mientras que lo que piensa toda la comunidad en la Argentina no se va a ver reflejado en la votación que hagamos muy pronto con lo que ocurre en las grandes urbes de la Argentina”.
“Hay un mundo enorme que tiene toda una concepción filosófica de vida, y sobre todo con un tema que hace a la concepción de la vida”, enfatizó el legislador, que advirtió a continuación que “hay un tema social que hace a las comunidades que no están siendo escuchadas. Yo provengo de una familia donde la consideración por el que está enfrente es muy grande, y más allá de mi consideración personal, reconozco que enfrente existe alguien que está discutiendo por la libertad, la posibilidad de tomar decisión, la necesidad que tienen las mujeres de salir de ese retraso y la necesidades de que las mujeres recuperen sus derechos”.
“Pero este debate transversal no puede ser resuelto por aquellas mayorías circunstanciales que ocupamos hoy las bancas en el Congreso”, aclaró Ramón. Para el diputado mendocino, no se está logrando así un “debate profundo”, y “ese debate tiene derecho a hacerlo cada familia, cada persona que vive a lo largo y ancho de la Argentina”.
“Por eso creo que más allá de lo que pensemos nosotros, creo que este debate va a continuar”, auguró, sugiriendo entonces la necesidad de apelar al proyecto que presentó en su momento para someter el tema a un plebiscito. A su juicio, “muy productivo al debate hubiera sido que sometiéramos desde el Congreso de la Nación que cada argentino pudiera emitir su voto por el sí o por el no, y después de un largo debate”.
Por último, recordó el primer proyecto que presentó en 2017, tras asumir en su banca, para “penalizar a todo aquel que hace una promesa en campaña y después resuelve de cualquier manera mientras está en funciones. De manera tal que siguiendo mi promesa de campaña hecha en 2017, voy a reafirmar mi voto negativo al proyecto que estamos tratando en este momento”.
El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo aseguró que existe un sector de la sociedad que “quiere el silencio del Congreso”.
En el tramo de los cierres del debate del proyecto de aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas, el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, cargó contra la dirigencia empresaria y lanzó que “el no quiera invertir en el país, que se vaya”.
El mendocino señaló que detrás de esta propuesta hay “un tema fuerte, es la puntita de un iceberg que se esconde abajo del agua”. Y apuntó que “el verdadero poder de la dirigencia en Argentina” está en “los grandes grupos económicos, los grandes comerciantes, los grandes industriales y los grandes medios de comunicación”, a quienes “les incomoda en sobremanera la discusión de estos temas económicos”.
Anunciando su voto a favor de la iniciativa, el legislador resaltó que es este sector el que “tiene la posibilidad de poder rendir este patrimonio” de más de 200 millones de pesos, y “no lo son los trabajadores, los consumidores, las miles de familias que tienen dificultades de acceder a una vivienda digna y el ciudadano común”.
“Estos dirigentes están escondidos y son los que quieren el silencio de este Congreso”, afirmó y consideró que “son estos dirigentes, son los que tienen empresas los que tienen una gran responsabilidad con la sociedad”. “Yo quiero el empresario que quiere invertir en el país. Si quiere invertir en otro país, ¿queremos a ese empresario? Que se vaya”, lanzó.
Ramón opinó que “la verdadera Argentina se integra con todos, no solamente con los que están mirando su propio ombligo”. “Todos los que lograron hacer esta gran fortuna hicieron el patrimonio en Argentina”, expresó e insistió que “el que se quiera ir… creo que ha llegado el momento en que se vaya del país”.
Se trata de un proyecto del mendocino José Luis Ramón, que obtuvo dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y quedó en condiciones de ser tratado en el recinto. Fuerte rechazo del principal interbloque opositor.
Con el rechazo rotundo de Juntos por el Cambio, el oficialismo avanzó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda con el dictamen del proyecto de ley para crear una bicameral destinada a la redacción de un nuevo Código de Defensa del Consumidor, presentado por el mendocino José Luis Ramón, jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo.
Tras el aval de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, en octubre pasado, la iniciativa quedó en condiciones de ser tratada en el recinto. El despacho de mayoría reunió 26 firmas, de los miembros del Frente de Todos, del cordobés Carlos Cassinerio (Interbloque Federal) y del misionero Diego Sartori (Unidad Federal para el Desarrollo), mientras que Juntos por el Cambio presentó uno de rechazo, que alcanzó las 13 firmas -minoría-.
Presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, el radical Diego Mestre estalló: “Es una falta de respeto a los 31 miembros de la Comisión de Defensa del Consumidor. Es una falta de respeto que usted haya aceptado este giro, cuando usted ha dicho que esto no erogara nuevos gastos”.
El cordobés recordó que desde mayo pasado en su comisión se están trabajando iniciativas sobre el tema, con reuniones informativas, y que incluso hay proyectos del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio que tiene “en un 85% exactamente iguales los fundamentos”. “Estábamos consensuando y muy cerca de un dictamen”, resaltó.
“¿Por qué hacen esto? ¿Cuál es la decisión por la que quieren quedar bien con un proyecto del diputado Ramón?”, se preguntó Mestre, y anticipó que seguirá presentando “todas las notas y los recursos que tengamos que presentar”, al tiempo que anticipó una cuestión de privilegio “porque se están afectando los derechos y garantías que hacen a mi condición de diputado y presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, rechazó las críticas de Mestre y aclaró que el texto fue girado a su comisión por la Presidencia de la Cámara. “Pasaron una cantidad de días en los que estaba incluido y usted se calló la boca y esperó esta reunión para venir y hacer un escándalo”, lanzó el oficialista y lo cuestionó por “generar una controversia absolutamente evitable”.
A su turno, el radical Luis Pastori calificó al proyecto de “intempestivo” e “inoportuno” y que “no tiene ninguna necesidad de ser”. Apuntó que a la Comisión de Defensa del Consumidor, “se le está sacando competencia propia, específica, dada por el reglamento de nuestra Cámara”.
“Si no va a tener gasto, no sé cuál es la competencia de la Comisión de Presupuesto. Ha habido un mal giro y una omisión a la Comisión de Defensa del Consumidor”, señaló el misionero y expresó que “es absolutamente una estructura burocrática la que se crea”.
Desde el Frente de Todos, el santafesino Marcos Cleri precisó que se trata de “ordenar y sistematizar de una manera integral los más de 40 proyectos de modificación de la Ley 24.240” y los proyectos de un nuevo Código de Defensa del Consumidor que existen en ambas cámaras.
“No va a insumir ningún nuevo gasto administrativo”, insistió el oficialista, que ejemplificó que en el caso del nuevo Código Civil y Comercial las comisiones de Legislación General “siguieron trabajando”, pero “específicamente se creó una bicameral para tener un dictamen unificado”.
El autor de la iniciativa, el mendocino José Luis Ramón, dijo que “tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados hay una veintena de proyectos que se renuevan en cada período legislativo, que tienen como objetivo la idea de modificar la Ley 24.240” y “la redacción de un Código de Defensa de los Consumidores que esté aggiornado en los nuevos tiempos”.
Con la bicameral, “se pretende reunir los múltiples proyectos que existen”, defendió el diputado e indició que la nueva comisión tendrá “una asignación presupuestaria relacionada con el personal ya existente”.
Por su parte, la oficialista Lucía Corpacci afirmó que “no es quitarle potestad a nadie, sino que la necesidad de crear el Código hace a que diputados y senadores tengan que trabajar juntos”. En tanto, su par Marcelo Casaretto explicó que las bicamerales, en su mayoría, “tienen alguna relación con las comisiones permanentes” tanto de Diputados como del Senado.
“Muchos de nosotros somos miembros de comisiones especiales o bicamerales”, añadió y justificó que el trabajo de una bicameral hará “más ágil el tratamiento cuando el proyecto vaya a los recintos”.
Durante el debate, el radical Ricardo Buryaile se quejó de que “nadie ha podido responder” el por qué del giro a Presupuesto y Hacienda y mencionó que “todas las bicamerales que se crearon pasaron por las comisiones con competencia en la materia”.
“Necesitamos transparencia, objetividad y fundamentos de por qué creamos estas cosas”, enfatizó el formoseño, que disparó: “¿Es para vaciar de poder a una comisión? ¿Es para pagar favores políticos? ¿O para qué se está creando una comisión que no tiene ningún sentido cuando está trabajando una comisión permanente?”.
Otros proyectos con dictamen
La Comisión de Presupuesto y Hacienda dio dictamen por unanimidad a un proyecto de la radical Brenda Austin, sobre promoción del uso de cisternas de doble carga en todo el país para el uso eficiente de agua, el cual ya contaba con el aval de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, con lo cual quedó listo para debatirse en sesión.
También recibió el último dictamen que requería el proyecto para establecer la gratuidad y libre navegación en plataformas educativas estatales, con objetivo de garantizar la educación digital a todos los alumnos del país, tema que ya recibió despacho en las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Educación.
Se trata de la tucumana Beatriz Ávila, quien abandonó Unidad Federal para el Desarrollo y formó su monobloque, el Partido por la Justicia Social. Denunció que la bancada a la que pertenecía “se desvirtuó”.
El interbloque de diputados presidido por José Luis Ramón sufrió su segunda baja en cuatro días. Tras la partida del santacruceño Antonio Carambia, siguió sus pasos la tucumana Beatriz Ávila, quien abandonó este martes la bancada liderada por el mendocino para formar un monobloque, el Partido por la Justicia Social.
Tanto Ávila como Carambia habían abandonado Juntos por el Cambio a principios de diciembre de 2019, tras la derrota electoral de esa fuerza. La decisión provocó fuertes cuestionamientos, incluso del propio Mauricio Macri, quien reclamó entonces que ambos diputados “devolvieran sus bancas”.
Los legisladores se unieron a Ramón, pero una serie de diferencias políticas que se hicieron evidentes en los últimos días hicieron que ambos dejaran el interbloque, que queda así con seis miembros y menos poder de fuego para negociar.
Ávila, que es esposa del intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, se había abstenido en la votación del Presupuesto 2021, mientras que Carambia había votado a favor, al igual que la mayoría del interbloque al que entonces todavía pertenecía.
El último viernes, el santacruceño notificó formalmente su decisión de formar un nuevo bloque de dos, denominado Acción Federal, junto al riojano Felipe Álvarez, que hace tiempo se venía diferenciando de Juntos por el Cambio y finalmente dio el portazo.
Por su parte, Ávila hizo efectiva su renuncia a Unidad Federal para el Desarrollo este martes, a través de una nota dirigida al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, donde le notificó que conformará un monobloque y que no formará parte de ningún interbloque, lo que le da mayor libertad de maniobra.
Paralelamente, Ávila informó su decisión a Ramón, en una misiva más extensa expuso los motivos y denunció que el interbloque “se desvirtuó” y que “el rol de espacio opositor se fue diluyendo”.
“El espíritu federal y el rol de espacio opositor se fueron diluyendo”
“Una serie de consideraciones y acontecimientos me llevan a tomar la decisión que le estoy comunicando mediante la presente y que en nada afecta en mi estima hacia su persona, como tampoco en el carácter de colegas que compartimos”, arrancó Ávila en su nota.
Y siguió: “En efecto, cuestiones de índole político y el advertir que el sentido que me llevó a participar de la integración del interbloque se ha desvirtuado en este casi año de funcionamiento del mismo desencadenaron mi decisión”.
La legisladora sostuvo que “el espíritu federal y el rol de espacio opositor” del interbloque “se fue diluyendo, advirtiendo que los diputados integrantes del mismo han priorizado sus objetivos por encima de la generalidad del cuerpo que conformamos, comportándose de modo desarticulado, cuando no inorgánico”.
“Tengo la certeza y convicción de que los intereses de mi provincia de Tucumán, a la cual represento, y ante cuya ciudadanía respondo, será mucho mejor representada desde el bloque unipersonal del Partido de la Justicia Social, espacio al cual pertenezco y al cual me debo”.
Finalmente, Ávila le manifestó a Ramón: “Le agradezco cuanta consideración hacia mi persona tuvo, y sepa que puede contar conmigo desde la vocación democrática que compartimos, siempre movida por la auténtica vocación de servicio y la legítima representación del pueblo de mi provincia”.
“No hay una asignación seria de los subsidios para las personas que tienen que asumir el pago de los servicios públicos del año que viene”, cuestionó el diputado, aunque votará a favor del proyecto.
El jefe del bloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, advirtió en la sesión de este miércoles que el Presupuesto 2021 “no protege a usuarios de servicios públicos”, aunque adelantó su acompañamiento en la votación.
En primer lugar, Ramón consideró que los legisladores sean “sometidos a los abusos del Poder Ejecutivo”, ya que la Ley de Administración Financiera “permite que el Ejecutivo, aún teniendo Presupuesto, en cualquier momento lo pueda modificar”.
También se preguntó “cómo es posible que todavía siga existiendo la posibilidad de que se interprete el artículo 99 de la Constitución Nacional como que siempre hay una emergencia que amerita el dictado de un DNU”.
Al referirse al proyecto de Presupuesto para el año próximo, el mendocino criticó que “no se toma en cuenta el grave problema que existe con el congelamiento de la adecuación de los servicios públicos”.
“No hay una asignación seria de los subsidios para las personas que tienen que asumir el pago de los servicios públicos del año que viene. No hay una previsión que tenga como objetivo la protección de los usuarios de servicios públicos”, lamentó.
Por otra parte, cuestionó que todavía no se haya tratado en el Congreso la nueva fórmula de actualización de los haberes jubilatorios. “No podemos hablar de la protección de los jubilados, y no tener la nueva fórmula jubilatoria”, dijo.
El legislador nacional presentará un proyecto instando al Poder Judicial a cumplir con sus obligaciones en cada ley, y manifestó que “preocupa la falta de cumplimiento pleno de sus disposiciones”.
El titular del bloque Unidad y Equidad Federal, diputado José Luis Ramón, presentará un proyecto de declaración en el que manifiesta su preocupación frente al incumplimiento de las obligaciones que le impone la Ley 26.861 (ingreso democrático), y deficiente respecto de las obligaciones que le impone la Ley 27.499 (Ley Micaela) y por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El proyecto insta al Poder Judicial en su totalidad y a la CSJ como su máximo tribunal a cumplir con sus obligaciones en cada ley. Además, el texto indica que la Corte no ha reglamentado o implementado de ninguna manera la ley de ingreso democrático, sancionada en mayo del 2013, “negándose a cumplir con las obligaciones que le impone la ley, así como un funcionamiento transparente y democrático”.
El texto presentado exclama: “No se vislumbra cuáles son los motivos por los cuales la Corte Suprema de Justicia de la Nación se entiende ajena a las obligaciones que le impone la ley, o se entiende dispensada de su cumplimiento”.
Con respecto a la Ley Micaela, Ramón reconoce que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha firmado un Convenio de Colaboración con la autoridad de aplicación a efectos de asumir las capacitaciones, así como su implementación, pero que “preocupa la falta de cumplimiento pleno de sus disposiciones”. En particular, la más importante para la efectividad: “el registro público de los capacitados y de los que se hubieran negado a la capacitación”.
“Como primera cuestión, el reciente desentendido con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad (CSJN, Resolución 2143/2020) expone deficiencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de las obligaciones asumidas de remitir los informes correspondientes a la autoridad de aplicación (cláusula 3)”, sostiene el proyecto e insiste en el ejemplo que debiera dar el Poder Judicial, así como lo están realizando todos los demás poderes del Estado Nacional e incluso provinciales.
El legislador nacional José Luis Ramón impulsa la implementación de un nuevo código, con el objetivo de “hacer frente a los desafíos de la sociedad de consumos de fines de siglo”.
El diputado nacional José Luis Ramón impulsa la creación de un nuevo Código de Protección de las y los Consumidores y Usuarios de la Nación (CPCUN), que busca mejorar la atención y los derechos de usuarios y consumidores.
El proyecto del legislador mendocino busca centralizar en un código independiente las regulaciones y mecanismos protectorios necesarios para “hacer frente a los desafíos de la sociedad de consumos de fines de siglo”.
“El CPCUN será una norma con perspectiva e implementación federal que garantizará el acceso de todos los sectores de la población a los servicios públicos, y a otras actividades y bienes esenciales, que les aseguran condiciones dignas de vida, desarrollo personal y familiar”, indica la iniciativa del diputado del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo.
Además, señala que tendrá como principales objetivos: “La atención de problemáticas y vulnerabilidades en las relaciones de consumo en entornos digitales. Creará normas que contemplen y maximicen el acceso al consumo sustentable. También reglas y mecanismos para prevenir el sobreendeudamiento familiar, así como procesos judiciales y administrativos específicos para solucionarlo”.
El oficialismo firmó dictamen favorable de un proyecto de José Luis Ramón a pesar de que el tema viene siendo debatido con especialistas en la Comisión de Defensa del Consumidor, que preside Diego Mestre.
Tras una reunión con escándalo que incluyó gritos y denuncias cruzadas, el oficialismo firmó dictamen favorable de un proyecto del jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, para crear una comisión bicameral que trabaje sobre un nuevo Código de Defensa del Consumidor.
El despacho se firmó en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por Mayda Cresto (Frente de Todos), que en varias oportunidades perdió el control de la reunión y tuvo problemas para ordenar el uso de la palabra, por inconvenientes técnicos.
Dado que el proyecto de Ramón no fue girado a la propia Comisión de Defensa del Consumidor, Juntos por el Cambio imploró que la iniciativa volviera a asesores hasta tanto Presidencia se pronuncie sobre una nota que envió Diego Mestre (UCR), presidente de ese cuerpo, solicitando la ampliación del giro.
Mestre advirtió que el tema viene siendo discutido en su comisión con la participación de especialistas y asociaciones de consumidores, e informó que ya llevan tres reuniones informativas, e incluso para este jueves se espera la cuarta.
Sin embargo, el Frente de Todos decidió avanzar con el proyecto y desoyó el planteo de la oposición, aunque aceptó modificar la redacción para dejar aclarado que la nueva bicameral no implicará gastos ni mayor presupuesto, sobre todo en plena emergencia sanitaria.
Fue Liliana Schwindt -y no Ramón, autor del proyecto- quien receptó la propuesta de Juntos por el Cambio, realizada por Pablo Tonelli (Pro).
Según la redacción final, la bicameral “funcionará con el apoyo administrativo de las comisiones permanentes y no erogará nuevos gastos al presupuesto vigente del Congreso Nacional”.
La futura comisión se denominará “de Actualización y Consolidación de la Legislación en Defensa de los Consumidores” y trabajará durante 90 días, con la conducción de un presidente, un vice y dos secretarios.
“Es necesario que el Congreso dicte un Código que resuma todas las disposiciones que a lo largo de muchos años se dieron, sobre todo a partir de la Constitución de 1994 y la aplicación de su artículo 42”, explicó Ramón, conectado a la reunión desde un auto en la ruta.
Por su parte, Mestre dijo estar “sorprendido” por la poca anticipación con la que se convocó a la reunión y denunció que “es inentendible que ahora quieran crear una bicameral, una nueva estructura” en medio de la crisis por la pandemia.
“Es una falta de respeto lo que están haciendo. No sigamos avanzando en esta ilegalidad manifiesta”, pidió, al sostener que “la competencia de la Comisión de Defensa del Consumidor es casualmente lo que hace a la protección de los derechos de los consumidores”.
En el mismo sentido, Carmen Polledo (Pro) sugirió que “la motivación para crear esta bicameral no pareciera radicar en cuestiones normativas, sino presupuestarias”, y “significará, como mínimo, 12 millones de pesos”. “Los Códigos se están trabajando, y muy bien, en la comisión respectiva. No hay ninguna necesidad de crear una bicameral más allá de la de crear estructuras y gastos”, insistió.
En tono enardecido, Silvia Lospennato denunció que el proyecto “es absolutamente violatorio de nuestro propio reglamento”, justamente en la comisión que debe “interpretarlo y cuidarlo”.
“Las funciones ya existen, hay 31 diputados designados en una comisión que está trabajando con proyectos de distintos bloques, que pasaron por dos años de debate como mínimo”, enfatizó.
Y cuestionó: “¡¿Es posible que en medio de una pandemia sigamos dándole letra a los agoreros de la antipolítica, creando cargos, gastando el dinero de los contribuyentes, para formar innecesariamente una bicameral que replique las funciones que ya tiene una comisión permanente?!”.
“¡¿Qué hay detrás de este proyecto? ¿Cuál es el compromiso que no conocemos con el diputado Ramón para crear esta bicameral?!”, deslizó Lospennato, y no solo advirtió que la nueva bicameral será integrada por los mismos que actualmente integran la comisión, sino que además denunció un intento de correr a Mestre para que el debate lo encabece un oficialista.
En respuesta a las críticas, Schwindt consideró que “hacer una bicameral para tratar los Códigos que hay no es vaciar una comisión”, y recordó que trabajará solo durante 90 días, además de sostener que “no estamos violando ningún reglamento”.
Sobre los fondos, ironizó: “No le vamos a sacar el presupuesto a (Daniel) Arroyo para crear esta bicameral. Sale de nuestro presupuesto”.
“Estuvieron cuatro años gobernando para hacer el Código que querían hacer, ¿por qué no lo hicieron? Permítannos hacer al Frente de Todos el Código que nosotros queremos”, lanzó.
A su vez, el propio Ramón salió a responderle a Lospennato y a otros diputados que pusieron en duda los verdaderos motivos de la aprobación de este proyecto: “Hay que limpiarse la boca antes de hablar mal de otro colega que está haciendo su trabajo, tratando de inducir que esto trae aparejada una negociación”.
El oficialista Rodolfo Tailhade sumó pimienta a la discusión y cuestionó que Juntos por el Cambio hable de “austeridad” cuando esa gestión “permitió la fuga de 86.000 millones de dólares en cuatro años”, a la vez que “quieren reivindicar los derechos de usuarios de consumidores cuando arrasaron con ellos” con los “tarifazos”.
Lo presentó junto a Camaño, Bucca y Ramón, con el fin de proteger ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios y evitar la especulación financiera e inmobiliaria de las tierras.
Este viernes se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de protección de ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios, una iniciativa del presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y que cuenta con el apoyo de Eduardo “Bali” Bucca (bloque Justicialista), José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal), Ricardo Wellbach (Frente de la Concordia Misionero), Graciela Camaño (Consenso Federal) y Luis Di Giacomo (Juntos Somos Rio Negro).
Se trata de una modificación de la Ley N° 26.815 de Manejo del Fuego, por la que se prohíbe realizar modificaciones en el uso de las superficies afectadas por incendios. Estas modificaciones implican cambios en la actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego. Será por el término de 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, y de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales.
Además, en el caso de tratarse de bosque nativos, estas prohibiciones podrán ser extendidas por más tiempo de acuerdo a lo que indique el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de cada provincia.
El objetivo de este proyecto no solo es proteger aquellos ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios y garantizar las condiciones para la restauración de las superficies, sino también desalentar los incendios intencionales y la especulación financiera e inmobiliaria.
El proyecto lleva también las firmas de Leonardo Grosso, Daniela Vilar, Gabriela Estévez, Eduardo Fernández, Pablo Carro, Vanesa Massetani, Alejandra Obeid, Marcos Cleri y Elda Pértile, todos del Frente de Todos. Será debatido en comisiones y se espera la participación de todos los sectores involucrados y todos los espacios políticos para que sea debidamente analizado y enriquecido antes de su tratamiento en el recinto.
Proyecto_IncendiosCon la participación de dos expertos, la comisión homónima comenzó a tratar el tema en base a un proyecto de Alfredo Cornejo (UCR) y otro del oficialismo.
La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que preside Diego Mestre (UCR) avanzó este jueves en el debate sobre un nuevo Código de Defensa del Consumidor, con la participación de dos expertos en la materia.
“El Código de Defensa del Consumidor es muy importante para todos los argentinos. La Ley de Defensa del Consumidor se sancionó en 1993, fue una ley de vanguardia para ese momento, pero ya tiene 27 años, y si bien se ha ido modificando y ha tenido algunos parches, es un buen momento para resistematizar todo lo que hace a los derechos de los consumidores”, introdujo Mestre.
El legislador recordó que el año pasado se realizaron reuniones informativas sobre el tema en el Senado, pero los proyectos no prosperaron, y este año se presentaron dos iniciativas en la Cámara baja, una perteneciente a Alfredo Cornejo (UCR) y otra al bloque del Frente de Todos.
“Estamos ante una gran oportunidad para avanzar y están dadas las condiciones para eso”, garantizó el cordobés.
Destacó que el proyecto de Cornejo, que tomó como antecedente el programa Justicia 2020 de la anterior gestión, “se adecúa a los parámetros de los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos” y distintas leyes.
También resaltó que contiene “algunos aspectos que hacen a la cotidianeidad de los consumidores”, como el acceso a la información, la contratación electrónica y el problema del sobreendeudamiento.
Uno de los invitados al encuentro virtual fue Gonzalo Sozzo, especialista en Derecho de Daños, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y docente de la Universidad Nacional del Litoral.
Sozzo explicó que la Ley 24.240 fue de “primera generación”, y ahora el Código de Defensa del Consumidor “colocaría a la Argentina en la vanguardia porque se trata de una normativa de tercera generación, porque trata temas de actualidad, como los portales de venta, las técnicas de financiamiento sofisticadas, el sobreendeudamiento de los consumidores, las nuevas técnicas de marketing y la protección de consumidores hiper-vulnerables”.
Además, el doctor mencionó que en el proyecto de Cornejo el derecho de los consumidores “tiene puntos de contacto con el derecho alimentario, el derecho ambiental, los derechos humanos y la perspectiva de género”.
También señaló que “prácticamente la mitad del articulado está dedicada a la efectiva implementación de los derechos del consumidor”, y afirmó que “fue construido en base un amplísimo consenso teórico”.
La segunda expositora fue Belén Japaze, doctora en Derecho de la Universidad de Salamanca, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán y co-autora del proyecto de ley que retomó Cornejo.
“Es indudable la preocupación global por el sobreendeudamiento de los consumidores, no solo en el contexto de excepción que vivimos por la pandemia sino por la dinámica propia del mercado en tiempos de normalidad, y esto lo asumieron países con economías estables”, aseguró Japaze.
La experta remarcó la “impostergable necesidad de un abordaje de la problemática en nuestro país”, y aunque aclaró que “no se resuelve con un dispositivo legislativo, es un punto de partida necesario”.
Japaze definió al sobreendeudamiento como “la grave dificultad para afrontar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en situación de pronta exigibilidad, aunque no necesariamente deudas vencidas”.
En ese sentido, apuntó que el proyecto “no solo consagra un principio y prevé un catálogo de deberes, sino que deja establecido que todas aquellas consecuencias adversas que se deriven de créditos que se hubieran otorgado en infracción de estos deberes han de ser soportadas total o parcialmente por los dadores del crédito”.
Al finalizar las exposiciones, la vicepresidenta de la comisión, Liliana Schwindt (Frente de Todos), destacó que “tenemos un gobierno que está pensando en los usuarios y consumidores”.
“En la apertura de sesiones ordinarias el presidente habló de los consumidores y ya había pensado en llevar adelante determinadas acciones, pero vino la pandemia y fuimos viendo sobre la marcha muchas cuestiones”, dijo, y al respecto mencionó la declaración de la telefonía celular, internet y la televisión por cable como servicios públicos.
En tanto, José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) fue crítico del proyecto de Juntos por el Cambio y advirtió que no solo “no existe consenso”, sino que ya durante el debate en el Senado numerosas asociaciones de consumidores señalaron que “violenta seriamente la operatividad del artículo 42 de la Constitución”.
El diputado nacional José Luis Ramón celebró la adhesión de la Argentina al Acuerdo Escazú, sostuvo que se trata de un paso importante, pero advirtió que “no podemos sacar el pie del acelerador, hay que seguir en esta lucha”.
En su intervención en el debate respecto a la adhesión argentina al Acuerdo de Escazú – Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, el diputado nacional José Luis Ramón consideró que cuando se sanciona una ley como esta “lo que se propone es tocar el corazón de la economía moderna”.
El legislador por Unidad y Equidad Federal recordó que “lo que pasó en diciembre del año pasado es increíble, había hasta el convencimiento del gobierno de que habían unas empresas privadas que necesitaban explotar a cielo abierto la minería, y con un sistema de profesionalidad y de legitimación de tipo publicitaria, le hacían creer al pueblo de Mendoza, que se le podía echar ácido y cianuro al agua y que eso no iba a contaminar, ni iba a alterar el sistema económico”; y sostuvo que “la protección del medioambiente era un desequilibrio tremendo con estos poderosos. Por eso tenemos que ser áspero, y no dejarlo pasar, para que en el futuro se siga teniendo en cuenta que los privados no queden afuera de las obligaciones y que no sea solamente el Estado el que cargue con esta obligación”.
En este sentido, consideró que “cuando se sanciona una ley como esta, lo que se propone es tocar el corazón de la economía moderna”. Y dio como ejemplo los temas de consumo, donde “no hay manera de que exista un tribunal de defensa de la competencia para que el grupito de los grandes dejen de apoderarse de las actividades económicas, con esto pasa exactamente lo mismo”.
“Si no tenemos acciones colectivas que permitan la legitimación, sin caer en que sean más responsables las víctimas que los victimarios, vamos a seguir teniendo un sistema que no es completo. Y por eso es que creo que este paso que estamos dando hoy es importante, pero no podemos sacar el pie del acelerador, hay que seguir en esta lucha”, expresó el diputado mendocino.
Finalmente, señaló que, con este proyecto, quien principalmente carga con obligación de entregar la información es el Estado, y cuestionó: “¿Qué pasa con los privados? Porque en un sistema de libre comercio el problema ambiental no lo está provocando el Estado, lo que está haciendo es habilitar con las concesiones o con el ejercicio del poder del comercio se puede generar estos daños ambientales, y es un tema serio. Porque cada vez que se trata un tratado de libre comercio todos quieren ingresar, y tener los derechos y las responsabilidades, ahora cuando se trata de una ley como esta, acá casualmente, la obligación de dar la información, los privados no la tienen.
Lo promueve el diputado mendocino José Luis Ramón, con el fin de establecer un texto que permita resolver problemáticas del sector.
El diputado nacional por Mendoza José Luis Ramón recibirá aportes ciudadanos para la elaboración de un Código de Protección de las y los Consumidores y Usuarios de la Nación (CPCUN). Este escrito propone resolver las problemáticas que enfrentan consumidores y usuarios en la sociedad de consumo del siglo XXI.
El objetivo principal es centralizar, en un código independiente, las regulaciones y mecanismos protectorios que necesitaremos para hacer frente a los desafíos de la sociedad de consumo de fines de siglo. Una de las claves del proyecto, y estandarte de la lucha del diputado Ramón, es construir una norma con perspectiva federal, que atienda las problemáticas que enfrentan las y los consumidores y usuarios a lo largo y a lo ancho del país.
La idea es favorecer y garantizar el acceso de todos los sectores de la población, en especial de los más postergados y vulnerables, a los servicios públicos y a otras actividades y bienes esenciales que les aseguren condiciones dignas de vida y desarrollo personal y familiar.
Una de las novedades que se introducirán es la atención de las problemáticas y vulnerabilidades agravadas en el ámbito de las relaciones de consumo en entornos digitales, como también plasmar normas que den operatividad al principio de acceso al consumo sustentable, estableciendo normas concretas que comprendan las múltiples derivaciones de las exigencias ambientales relativas a la producción, comercialización y consumo sustentables.
Se establece además acoger de manera exhaustiva el sobreendeudamiento personal y familiar de las y los consumidores, estableciendo reglas y mecanismos para prevenirlo.
Lo principal es que mediante un proceso participativo se permita escuchar todas las voces interesadas, que atienda las problemáticas que enfrentan las y los consumidores y usuarios a lo largo y a lo ancho del país. Esta iniciativa viene a saldar una deuda del Estado con los usuarios con los consumidores, y pretende incorporar aportes, propuestas o reformas, para la presentación del CPCUN en un proyecto de ley en la Cámara de Diputados.
Por José Luis Ramón. El diputado nacional advierte los problemas que hoy enfrentan consumidores y usuarios que, sin conectividad, no pueden acceder a la educación, a la información, o a la salud.
Consumidores y usuarios son, por definición, personas vulnerables en el contexto de las relaciones de mercado donde es evidente la disparidad de fuerzas con relación a las empresas. Pero además de lo anterior, existen enormes sectores de la población que directamente no acceden al mercado, que no cuentan con los medios indispensables para lograr condiciones dignas de vida y de desarrollo familiar. Este último es un fenómeno que habitualmente es caracterizado como “estructural”, puesto que viene de muchos años de arrastre, pero que en el contexto actual de emergencia sanitaria y aislamiento se ha profundizado quedando al descubierto como nunca antes. Así lo ha reconocido recientemente la CorteIDH al emitir la Resolución N° 01/20 mediante la cual recomienda a los Estados de la región abordar el enfrentamiento al COVID-19 desde un enfoque de derechos humanos.
Por eso es de enorme relevancia ubicar a los vínculos que se conocen como “relaciones de consumo” en ese gran escenario social, comprensivo de las relaciones de mercado, pero no limitado a ellas, del cual nuestra Constitución Nacional se ha ocupado en los artículos 42 y 43. Partiendo de la anterior premisa, encontramos una directa vinculación de los derechos de consumidores y usuarios enunciados en esos preceptos constitucionales, con los instrumentos de derechos humanos que también se ocupan de garantizar condiciones de trato equitativo y digno y el acceso a bienes y prestaciones vitales como son la educación, la información, la salud y los servicios esenciales.
En ese escenario, el acceso a internet y a una conectividad de calidad y asequible, adquieren también naturaleza esencial, puesto que hoy más que nunca su disponibilidad es la condición necesaria para el disfrute de otros derechos relacionados con la dignidad de las personas y las familias. En la Resolución 01/02 de la CorteIDH que mencionamos antes, expresamente se reconoce el “rol crítico” del acceso universal a Internet entre otros derechos relacionados con las “necesidades básicas de la población”, recomendándole a los Estados Americanos que garanticen “el acceso más amplio e inmediato al servicio de Internet a toda la población y desarrollar medidas positivas para reducir de manera rápida la brecha digital que enfrentan los grupos vulnerables y con menores ingresos”. El acceso a internet en perspectiva de derechos humanos, es un “derecho puente” que, como el de acceso a la justicia u otros derechos instrumentales, son imprescindibles para el disfrute de derechos vinculados con el desarrollo en plenitud de las personas.
Hoy, consumidores y usuarios sin conectividad no pueden acceder a la educación, a la información, a la salud o a otras prestaciones esenciales relacionadas con su vida cotidiana, como hacer las compras en el supermercado, reunirse con familiares a través de plataformas de videoconferencia, pagar impuestos y servicios, acceder a servicios bancarios, etcétera. Ahora bien, esta realidad nos coloca frente a grandes desafíos y dificultades que enfrentamos como sociedad, y también exige del compromiso de los distintos actores institucionales, en mi caso como legislador nacional, que tengo la responsabilidad, y la posibilidad, de intervenir en pos del bienestar de la ciudadanía.
En ese sentido, se ha comenzado a debatir la regulación de determinados aspectos de las llamadas “tecnologías de la información y la comunicación” (TICs) y de los vínculos que se establecen a través de Internet. Sobre ese espacio digital, los más fundamentalistas o “románticos”, y también los más interesados, propician una especie de anarquía, o bien la existencia de mínimas autorregulaciones sobre la base de determinadas “normas éticas” sin lugar para la intromisión de las leyes. Cualquier regulación, se dice, comprometería la libertad de expresión. Existen gigantescos intereses económicos en juego y el poder de las empresas tecnológicas, en continua expansión y concentración, con activos que trascienden fronteras y desafían el poder de los estados, es enorme; su principal activo no se mide en dinero, sino en la cantidad de datos que poseen de los miles de millones de usuarios que a cada momento dejan sus rastros en el mundo digital.
A pesar de lo anterior, no hay dudas que la República Argentina en el aspecto normativo ha adoptado una clara política pública y legislativa direccionada a asegurar la función social y la accesibilidad a las TICs para toda la población, apartándose así de aquella orientación que propicia el funcionamiento anárquico o autorregulado del sector. Tanto la Ley 27.078 del año 2014, como el reciente decreto presidencial 690/2020, entre otras, van en ese sentido. No obstante, esas normas y sus reglamentaciones, o la propia Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial de la Nación, dejan muchos aspectos descubiertos que son aprovechados por los proveedores de servicios digitales y también por los intermediarios de comercio electrónico, para llevar adelante prácticas abusivas o ilegítimas que perjudican masivamente a las y los consumidores. Estas situaciones se han profundizado y han quedado a la vista en el contexto actual de aislamiento que ha acelerado, de manera impensada hasta hace poco, la digitalización de las relaciones de consumo.
Atendiendo a esa situación presentamos en el Congreso Nacional el Proyecto De Ley de “Regulación de los Servicios Digitales de Intermediación en Línea para la Defensa de la Competencia y los Consumidores” (número 4399-D-2020), a través del que se busca evitar o limitar la posibilidad de que los intermediarios impongan por sí mismos las condiciones de comercialización en detrimento de la competencia justa, direccionen el consumo, alteren la publicidad, o introduzcan productos propios (directa o indirectamente) en perjuicio de los restantes proveedores o de las y los consumidores y usuarios. Quedan muchos otros aspectos por regular, tales como la publicidad comercial a través de redes sociales y la actividad de los llamados “influencers”, el manejo de datos, la ciberdelincuencia, entre un gran número de situaciones y vínculos jurídicos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de resguardar los derechos de las y los consumidores y usuarios argentinos.
Otro de los grandes temas de los que nos tenemos que ocupar es la fuerte concentración que existe en el mercado de las TICs, y el dificultoso acceso a determinada información para posibilitar el control del sector por parte de las autoridades competentes. Y esta cuestión no es un tema a discutir como política legislativa, sino que consiste en un mandato constitucional exigible al propio Estado contenido en el segundo párrafo del artículo 42 de la CN, que coloca en cabeza de las autoridades la obligación de establecer reglas que aseguren la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y el control de los monopolios naturales y legales. Ya sea que se trate del comercio electrónico (en donde prácticamente existe un único proveedor intermediario), el de envios a domicilio (donde en poco tiempo contaremos con apenas dos opciones) o del servicio de telefonía móvil (repartido entre tres o cuatro multinacionales), o el creciente mercado de las fintechs, cuyas prácticas ya han sido motivo de advertencia por el BCRA, entre otros claros ejemplos, todas esas son situaciones que requieren imperiosamente del dictado de normas que aseguren el funcionamiento transparente de esas actividades y el respeto a los derechos de primera jerarquía que se encuentran en juego.
Está claro que queda mucho camino por recorrer en estos temas, muchos de los cuales tendremos en cuenta para la elaboración de un Código de Protección de las y los Consumidores y Usuarios de la Nación, en el que también nos encontramos trabajando por estos días.
No hay dudas que el efectivo goce de los derechos de consumidores y usuarios necesariamente debe ser atendido en el doble aspecto señalado al principio. Debemos alcanzar una verdadera universalización del acceso a la conectividad en condiciones equitativas, de forma tal que el acceso a internet se convierta efectivamente en una herramienta capaz de revertir, y no de acrecentar, las desventajas estructurales que enfrentan las personas en las relaciones de consumo; principalmente las personas de bajos recursos y las que viven en zonas geográficas alejadas de los centros urbanos. Debemos conseguir un efectivo control del mercado digital y de las prácticas que se desarrollan en ese entorno, espacio en el que la libertad de expresión (que es una de las garantías básicas de nuestra constitución y pilar de la república), no puede ser utilizada como excusa para permitir abusos o propiciar la desregulación del comercio en abuso de la parte débil de la relación: el consumidor y usuario.
La iniciativa del diputado José Luis Ramón establece una alícuota del 5% sobre la comisión que perciben los proveedores del servicio. La medida comprende a empresas como Mercado Libre, Rappi, Glovo, PedidosYa, Amazon, entre otros.
El diputado José Luis Ramón impulsa un proyecto de ley que contempla la aprobación de un impuesto a cargo de las empresas prestadoras de servicios digitales de intermediación en línea y de publicidad, y que además regula toda la intermediación en comercio electrónico: las comisiones, las retenciones, la exposición de la información, etc.
La iniciativa propone, además, la regulación de esos servicios con un esquema de protección para los proveedores que comercializan por estos espacios virtuales, y para los usuarios y consumidores, en contra de la posición dominante del proveedor del servicio de intermediación en línea, que incluye a empresas como Mercado Libre, Rappi, Glovo, PedidosYa, Amazon, entre otros.
Para el proyecto, el servicio de intermediación virtual es el puesto a disposición por la empresa a cargo del espacio digital (web), en el que se ofertan bienes y servicios, tal y como sucede en el caso de Mercado Libre. La legislación actual nacional se limita a condenar de modo genérico las conductas abusivas o que distorsionen la competencia, sumado a alguna disposición específica sobre comercio electrónico (o fuera del establecimiento), en el marco de relaciones de consumo (Ley 24.240, Código Civil y Comercial), sin tener presente que estamos ante un mercado que profundiza las asimetrías entre las partes.
“Necesitamos mirar a los que están ganando plata con esta cuarentena y las medidas que se tomaron para proteger a nuestra población”, advirtió el Diputado en la última sesión en la Cámara baja, donde ya ponía en debate la problemática de la no regulación de estas compañías.
El ejemplo concreto de la necesidad de regular estos espacios en el mercado digital es el del Congreso de los Estados Unidos, cuna de muchas de estas grandes empresas, que se encuentra trabajando a efectos de determinar si hay monopolios y/o conductas anticompetitivas, en términos similares a los que presenta nuestro proyecto (ejemplo: la competencia con productos de la propia plataforma, o la recopilación de datos de mercado, o si la capacidad de direccionar el consumo).
El proyecto de José Luis Ramón se estructura en torno a limitar la posibilidad del intermediario de imponer condiciones de mercado, direccionar el consumo, alterar la publicidad, o introducir productos propios (directa o indirectamente) en perjuicio de los restantes proveedores, y suma un impuesto “de emergencia” a las grandes empresas de intermediación virtual que han sido las ganadoras en el contexto de aislamiento.
“Las empresas de intermediación en el comercio electrónico se están haciendo con el sufrimiento y hundimiento de miles de empresas pequeñas y a su costa, fortunas inmensas en meses, tanto por morder un pedazo de cada venta o por la publicidad que una y otra vez nos muestran, y que muchas pymes han tenido que pagar para poder adaptarse a esta situación”, señala el proyecto del diputado mendocino.
Básicamente, se establece un alícuota de 5% sobre la “comisión” que perciben los proveedores del servicio y que estará a cargo de los prestadores del servicio para que no trasladen el impuesto directamente a los consumidores, y contempla demás, la obligación de AFIP y BCRA de cooperar con las provincias para lograr el cobro de los ingresos brutos correspondientes a sus jurisdicciones.
Celebró la decisión de Alberto Fernández de considerar a la telefonía celular, televisión por cable e internet como un servicio público.
Representante de las organizaciones de defensa del consumidor, el diputado nacional José Luis Ramón celebró este sábado el decreto presidencial a través del cual estableció que el cable, los servicios de internet y la telefonía celular son servicios públicos.
Para Ramón, “el presidente Alberto Fernández resolvió una lucha que hace décadas impulsamos los consumidores. La conectividad (telefonía, internet) son un servicio público. Decisión en pos del cuidado y del interés económico de las economías familiares”, tuiteó este sábado.
Agregó el legislador mendocino que “todos los trabajadores, cuando terminan la jornada, se transforman en usuarios de cada servicio público. El aislamiento aceleró los tiempos del reclamo y hoy sumamos a la lista, los servicios de comunicación e información”.
“Un avance para todos/as”, concluyó el diputado del bloque Protectora.
En el medio del debate sobre el proyecto que todavía no aprobó el Senado pero ya se palpita en Diputados, el jefe de un bloque clave puso condicionamientos.
Con los números muy ajustados en Diputados, ya se realizan cálculos sobre lo que pueda pasar allí cuando llegue el proyecto de reforma judicial que seguramente tendrá media sanción la semana entrante en el Senado. En ese marco, en la Cámara baja se espera la definición de diversos actores que serán necesarios para que el oficialismo pueda llegar a aprobar la ley.
Al respecto resultan clave los interbloques Federal, que conduce Eduardo “Bali” Bucca, y Unidad Federal para el Desarrollo, del mendocino José Luis Ramón. En el primero, los tres de Consenso Federal ya anticiparon su rechazo, y los cuatro cordobeses, a priori, estarían en la misma postura. En el caso del bloque de Ramón, ya la diputada Beatriz Avila se distanció del proyecto y no sería la única en expresar reparos desde allí
Es en este contexto que el diputado José Luis Ramón advirtió desde las redes sociales la necesidad de poder hacer modificaciones. Señaló que “el proyecto de reforma judicial no llegó a Diputados y ya estamos en pleno poroteo mediático”.
“Mi posición es clara, no quiero una reforma judicial que no podamos debatir y transformar”, expresó, para rematar luego: “El oficialismo debe entender que una reforma así, necesita consensos”.
El tema es que, conforme los usos y costumbres del kirchnerismo, difícilmente se acepten modificaciones a lo que vaya a aprobarse en el Senado. Lo cual, en ese caso, sería un inconveniente para el oficialismo si el interbloque de Ramón decidiera plantarse, como anticipa su jefe.
La decisión de los cordobeses de no votar el proyecto del Ejecutivo inclinaría la balanza para el lado del rechazo. Con números muy ajustados en la Cámara baja, el oficialismo sabe que hoy arranca de atrás.
Debe haber tenido en cuenta la decisión que estaban tomando sus comprovincianos, cuando el presidente del interbloque oficialista de Diputados, Mario Negri, le recordó al Gobierno lo que había pasado con “la 125” en 2008. El radical cordobés ya debía saber que sin los cuatro votos de los diputados que responden al gobernador Juan Schiaretti se le hará muy cuesta arriba al oficialismo sacar adelante la reforma judicial que, en cambio, será aprobada con comodidad en el Senado.
Ya hubo un experimento que le sirvió al oficialismo para conocer mejor sus límites en Diputados. Fue con la intervención y expropiación de Vicentin, que obró como una suerte de “125 aggiornada”, y que volvió a poner en alerta a los legisladores de las zonas donde el voto del campo es más importante, léase el triángulo Buenos Aires-Santa Fe-Córdoba. Ahí el Gobierno se curó en salud luego de que el presidente de la Cámara baja le transmitió que no era conveniente avanzar con un proyecto que solo les traería problemas. El proyecto nunca se mandó al Congreso.
A priori, la reforma judicial no ofrecía demasiados riesgos para un oficialismo con mayoría en el Senado y números acomodados en Diputados. Pero todo lo que ha rodeado a ese proyecto en plena pandemia no hizo más que ajustar los números propios al punto tal de encender luces de alarma en el oficialismo.
Vayamos a los datos concretos. El bloque del Frente de Todos que preside Máximo Kirchner cuenta con 119 miembros, pero ello no se traduce en la misma cantidad de votos. Son en realidad 117, pues el presidente de la Cámara no vota y además José Ignacio de Mendiguren está de licencia, pues preside el BICE. Y el oficialismo decidió congelar su situación de esa manera, de modo tal que ese voto con el que no cuenta no se transforme en uno opositor, ya que en caso de renunciar De Mendiguren debería asumir Marcelo “Oso” Díaz, un hombre del GEN de Margarita Stolbizer.
Le faltan entonces al oficialismo 12 votos para llegar a 129, y en general esos diputados los consigue en el interbloque Federal (11 miembros) y el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo (8 diputados).
Es así que de esos 19 votos puede darse el lujo el oficialismo de prescindir de hasta 7 diputados. No más. El problema para el Frente de Todos es que ya 8 legisladores adelantaron que no acompañarán la reforma judicial.
En el caso del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que conduce el mendocino José Luis Ramón, el mismo se divide de la siguiente manera: por Unidad y Equidad Federal están el citado Ramón, Pablo Ansaloni y Antonio Carambia. Estos dos últimos fueron elegidos en las listas de Cambiemos en 2017 y a fines del año pasado dejaron el oficialismo saliente, junto a la tucumana Beatriz Avila, del Partido por la Justicia Social, que también está en el bloque de Ramón.
Esposa del intendente de la capital tucumana, Avila viene exhibiendo en las últimas sesiones una notoria autonomía, votando diferenciada del resto de ese interbloque por ejemplo en el artículo de la moratoria que beneficia a Cristóbal López. En esas posturas la ha acompañado el santacruceño Carambia. Y ella por lo menos ya ha adelantado que no votará la reforma judicial.
Los restantes componentes del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo son los tres del Frente de la Concordia Misionero, Flavia Morales, Diego Sartori y Ricardo Wellbach, y el rionegrino Luis Di Giácomo. De modo tal que de estos 8 diputados, uno o dos no votarían la reforma.
Y llegamos al interbloque Federal, donde están los 4 integrantes del bloque Córdoba Federal, Paulo Leonardo Cassinerio, Carlos Mario Gutiérrez, Claudia Gabriela Márquez y Alejandra María Vigo; los 3 de Consenso Federal, Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Emilio Sarghini; 2 del bloque Justicialista, Eduardo “Bali” Bucca y Andrés Zottos; y Luis Contiggiani (Frente Progresista Cívico y Social) y Enrique Estévez (Socialista). De todos estos, los 7 primeros han anticipado su rechazo a esta reforma judicial. Y hay versiones que señalan que el santafesino Luis Contiggiani tampoco acompañaría. ¿Qué ha dicho Estévez? Fue claro: “Entendemos que, tratándose de un tema tan trascendente, tiene que haber un mayor acuerdo para poder abordarse. Por el momento la construcción de ese acuerdo no existe”.
Sí se descuenta que la neuquina Alma Sapag (MPN) votará a favor, y que los de la izquierda, Nicolás del Caño y Romina del Plá se opondrán, como suelen hacer.
Con esos números, al oficialismo en Diputados le podrían llegar a faltar dos votos, en caso de llegar a confirmarse las bajas de los dudosos.
Si bien consideró mejor la norma consensuada en el Senado, en desmedro del proyecto que avanza en Diputados, criticó que no convocaran a las organizaciones en defensa de usuarios y consumidores.
Si bien consideró que el proyecto consensuado de emergencia turística aprobado la semana pasada en el Senado es “superador” al presentado y defendido por la oposición mayoritaria (Juntos por el Cambio) en Diputados, el diputado nacional José Luis Ramón estima que el mismo contiene “injusticias claras”.
El legislador mendocino reiteró su crítica en que, tal cual sucedió en la comisión donde se debatió en Diputados, dijo, “no fueron convocadas ni una vez las organizaciones en defensa de usuarios y consumidores que contienen la mayoría de los reclamos sobre viajes no efectuados”.
“Sucedió lo mismo en esta oportunidad, en la que queda claro que no es prioridad de ninguno de los bloques entender que solucionar la crisis del sector, no debe pasar por encima de derechos consumados, como lo son de los consumidores”, señaló Ramón, para quien “nuevamente se demuestra que el fin es el beneficio solamente de las empresas de turismo, que con este proyecto tiene piedra libre para no responsabilizarse de las cancelaciones de viajes, paquetes, hoteles, tours, etc. Aquí también, para que no pierdan las PyMEs y los consumidores, el Estado debía resguardar a ambas partes, pero en su lugar se desliga de efectos y pérdidas a grandes empresas más que a PyMes, y que no resguarda para nada, a los consumidores”.
Ramón considera que este es “un retroceso” en los derechos de los consumidores, porque “hoy en día en la Ley de Defensa del Consumidor, todos los que ganan en una cadena de comercialización son responsables ante el consumidor, y no pueden correrse o empezar a echarse culpas para no cumplirle”.
Ramón sostiene que este avance de proyecto es “desigual” y no se plantea la emergencia en relación con la distribución equitativa del peso de las medidas sanitarias para que ningún sector se ahogue, ni las empresas de turismo, ni los trabajadores, ni los consumidores.
“No podemos escatimar ayuda estatal”, sentenció Ramón, y agregó que “no es momento para ver como recaudar, es momento de que los que paguen sean los que más ganan, y no los sectores golpeados”. Y concluyó: “El acceso a los derechos de unos, o garantías estatales, no pueden ser en desmedro de la quita de derechos de otros, como los consumidores”.
Entre otros temas le plantearon a Federico Bernal el establecimiento de una tarifa diferenciada para la provincia de Mendoza.
El titular del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), Federico Bernal, mantuvo este martes una reunión con varios diputados nacionales, entre los que se encontraban José Luis Ramón y Marisa Uceda representando a la provincia de Mendoza, como primer paso para acordar la tarifa diferenciada de gas para esa provincia.
Durante el encuentro se planteó que el ente estaría dispuesto a presentar y acompañar la inclusión de Mendoza en lo que se conoce como “tarifa patagónica” y que, para ello, el Fondo Fiduciario que sostiene las tarifas diferenciadas, debería aportar 2.400 millones de pesos por año aproximadamente.
El diputado Ramón, destacó la importancia de que se pueda efectivizar la tarifa diferenciada, ya que hace varios años que el proyecto está cajoneado en la Cámara de Diputados de la Nación, y sostuvo que se debe volver a pensar a los servicios públicos como un derecho humano y no como un bien de mercado.
Bernal por su parte, propuso que los diputados presentes lograran consensuar un nuevo proyecto que incluya a todos los municipios y/o provincias representadas que requieren ser incorporadas a la tarifa diferenciada, teniendo en cuenta las diferencias de ingresos de los habitantes de cada lugar para lograr mayor equidad.
En ese mismo sentido, Ramón sostuvo que Mendoza requiere en su totalidad de la tarifa diferenciada, y que es necesario pensar no sólo en los sectores vulnerables sino también, “en los nuevos vulnerables, trabajadores precarizados o monotributistas que hoy necesitan también de esta tarifa”.
Participaron también de la reunión virtual, las diputadas Liliana Schwindt, vice presidenta de la Comisión de Usuarios y Consumidores de la Cámara baja, María Jimena López y el diputado Walberto Allende, quienes incluirán en la tarifa diferenciada a algunos municipios de Buenos Aires y del sur de San Juan.
Por José Luis Ramón. El diputado nacional sostiene que no es aceptable que, dentro de los proyectos para la ayuda financiera a la ciudadanía en esta crisis sanitaria y económica mundial, se pretenda quitar un insumo para las familias argentinas.
Desde el 2017, para tomar una referencia netamente política, uno de los temas que he abordado innumerable cantidad de veces, es la necesidad de generar estrategias desde los gobiernos provincial y nacional, para potenciar los tambos chicos y medianos de toda Argentina.
La leche es un alimento esencial en la canasta básica, porque se hace necesaria tanto para niños y niñas, como para adultos mayores. En 2019, nos encontramos no sólo con enormes dificultades de los tambos más chicos, que no trabajan para las grandes empresas de lácteos, para subsistir, pero además con un déficit alimentario en las escuelas de Mendoza, donde sobresalía la falta de leche.
Ese mismo año, de campaña, tras el derrumbe de la alianza gobernante (Cambiemos) en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Mauricio Macri y su gabinete, enojados con los resultados y buscando un giro de 180° para octubre, lanzó una serie de medidas “populistas” o “progresistas”.
Entre ellas, apareció el Decreto 567/2019 de IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, que en su artículo 1° fijó una alícuota de 0% en el IVA de los productos de la canasta básica, y en su artículo 2° daba inicio a la medida a partir de su publicación en el Boletín Oficial, y de finalización el 31 de diciembre del mismo año. Tomó una medida fundamental para la ciudadanía argentina, que sólo duró 4 meses.
¿Qué quiere decir esto? Que desde el 31 de diciembre toda la ciudadanía argentina debería estar pagando el 21% de IVA de la leche, pero debido a un acuerdo primero, entre el Gobierno Nacional y las alimenticias y supermercados y después, mediante el decreto 418/2020 de creación de un Régimen Especial de Compensación a supermercados y almacenes, se logró la estabilidad de la leche (entre otros alimentos básicos).
El conflicto surge porque dicho Régimen, venció el 30 de junio y ante la incapacidad estatal de sostener el 0% IVA, se propone en el proyecto de ampliación presupuestaria bajar el IVA de esos productos, como la leche, al 10,5% y no continuar cubriendo el 0%. Dicho esto, no es aceptable que, dentro de los proyectos para la ayuda financiera a la ciudadanía en esta crisis sanitaria y económica mundial, se pretenda quitar semejante insumo para las familias argentinas.
Hay dos puntos básicos de toda esta discusión, el primero es que no tomen a los consumidores por tontos. Ni Cambiemos, ni Macri han sido adalides de los derechos de usuarios y consumidores y hay sobradas pruebas de eso. El 0% IVA fue producto de la demagogia política y la desesperación, ante un derrumbe electoral, pero tampoco se puede permitir un cambio sustancial en los bolsillos de las familias argentinas, y ni hablar las mendocinas, porque el Gobierno no encuentra otra herramienta para sostener el 0% del IVA en la leche.
Se debe bregar por encontrar las formas para sostener ese decreto y en paralelo se deben gestionar las herramientas y estrategias para que no exista más una oligopolización de la industria lechera, sino una planificación de sustentabilidad de tambos medianos que aportarían a las economías provinciales y ayudarían a saldar las deudas de alimentación básica, por ejemplo, en las escuelas de Mendoza.
Los bloques minoritarios cuestionaron el diálogo por separado y llevaron sus propuestas al presidente. Hubo ánimo conciliador.
Tras la reunión virtual que mantuvo con legisladores del Pro y la UCR, el presidente Alberto Fernández dialogó con diputados y senadores de otros bloques de la oposición parlamentaria, que también llevaron sus propuestas en el marco de la pandemia, aunque con distintos matices.
De la videoconferencia participaron los diputados Eduardo “Bali” Bucca (Interbloque Federal), José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo), Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal), Ricardo Wellbach (Fte. de la Concordia misionero), Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro), Beatriz Ávila (Partido de la Justicia Social), Alma Sapag (MPN), Nicolás Del Caño (PTS) y Romina Del Plá (PO).
Asimismo, tomaron parte los senadores Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones), los únicos dos que no pertenecen al oficialismo ni a la principal bancada de la oposición.
El diputado Ramón cuestionó la actitud de Juntos por el Cambio de solicitar una reunión por separado. “Lamentamos que muchas veces se limiten las discusiones a una postura de ‘oficialismo’ y ‘oposición’, ya que tan solo una parte de la llamada ‘oposición’ y una parte del ‘oficialismo’ tienen esta visión en blanco y negro”, sostuvo.
El mendocino consideró que “no hay una sola ‘oposición’ llamada Juntos por el Cambio. No hay dos verdades en ningún problema de la vida, ni de la política de nuestro país”.
Tras detallar las propuestas del interbloque, Ramón opinó que “hay cuatro grupos que el Estado debe proteger especialmente” por los efectos de la pandemia: el turismo, las MiPymes, los monotributistas y los consumidores.
Desde el mismo interbloque, el rionegrino Di Giácomo resaltó que “fue una reunión muy positiva desde todo punto de vista, que nos permitió plantear las situaciones que nos preocupan a los diputados y senadores de las distintas provincias”.
“Tanto el oficialismo nacional como en nuestro caso, que somos el oficialismo provincial y tenemos la responsabilidad de gobernar en un momento tan crítico para la Argentina, tenemos la responsabilidad de acompañarnos mutuamente para salir adelante y dar batalla a quienes se mueven por intereses personales o minoritarios”, enfatizó.
Desde la izquierda, Del Caño también rechazó la reunión “a solas” con Juntos por el Cambio, “como si hubiera diputados de primera y de segunda”, y por otra parte denunció casos de “gatillo fácil” y “violencia policial”, tras lo cual pidió por la aparición del joven Facundo Astudillo Castro.
Además, señaló que “a casi cuatro meses de iniciada la cuarentena podemos decir que no se han tomado medidas que permitan unir salud y economía en favor de las grandes mayorías. Hoy más de cinco millones de trabajadoras y trabajadores han sufrido despidos, rebajas salariales y suspensiones, y esto ocurre al mismo tiempo que el Estado subsidia a las grandes empresas con ATP que vergonzosamente cobraron hasta los CEOs. Ni hablar del IFE, que está limitado a uno por grupo familiar y sólo se ha cobrado en dos oportunidades”.
En tanto, Del Plá habló de un “chantaje” de Juntos por el Cambio y consideró “inapropiado” que Fernández haya cedido al pedido. “Se trata de una presión de la derecha en nombre de no querer compartir una reunión ‘con los anticapitalistas del FIT’ para encubrir la agenda común con el Gobierno: la reestructuración entreguista de la deuda, el retorno al FMI, el rescate a los capitalistas a costa de los trabajadores, el saqueo de la ANSES para financiar a las patronales, el robo a los jubilados y la convalidación de despidos y rebajas salariales”, subrayó.
El titular del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo fustigó a la principal oposición y dijo que “no les importa en absoluto el aporte solidario que está haciendo cada familia argentina”. Además, ratificó que su espacio respaldará la agenda que proponga el Ejecutivo para la post-pandemia.
El titular del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, opinó que el rechazo de Juntos por el Cambio a la convocatoria presidencial tiene que ver con “la interna muy fuerte” que hay en ese espacio.
“Si ellos siguen en esa discusión de buscar un liderazgo para enfrentarse al presidente, van a seguir patinando, porque no les importa en absoluto el aporte solidario que está haciendo cada familia a lo largo y ancho de la Argentina”, sostuvo.
El legislador consideró que dentro de la principal bancada opositora existe “un grupo de diputados que están dispuestos al diálogo”, entre los que mencionó a Mario Negri y Cristian Ritondo, “pero hay otros que se hacen los duros y están terciando para ver quién es el líder de la oposición”.
Al considerar que es “un error” que no asistan a la reunión virtual, el mendocino expresó que “no es verdad” que se haya citado de un día para el otro, porque la posibilidad de ese encuentro se trató “la semana pasada en Labor Parlamentaria”.
Ramón remarcó que “un sector duro de JxC” que “representa a los dueños de las telecomunicaciones, los servicios públicos de gas y electricidad, cuatro o cinco dueños de todo el sector alimenticio y la higiene personal -que no paran de aumentar los precios-” son “la parte a la que no les importa” la crisis de las familias argentinas, manifestó.
Además de ratificar que su espacio respaldará la agenda que proponga el Poder Ejecutivo para la post-pandemia, el diputado aseguró que debería tratarse el impuesto extraordinario a las grandes riquezas: “El esfuerzo que hace cada familia argentina es enorme y el impuesto a estas personas que tienen fortunas tan importantes es una partecita muy chiquita que no tapa el agujero de la muela”.
“(La iniciativa) no está discutiendo porque no dejan que se debatan estas cosas que son grosas”, dijo en diálogo con El Destape Radio y agregó que “la sociedad argentina lo está pidiendo”.
Por José Luis Ramón. El diputado nacional advierte la necesidad de que el avance de la causa contra los exfuncionarios Juan José Aranguren y Laura Alonso sean “un ejemplo” para que cada caso presentado ante la Justicia pueda realmente seguir un camino legal.
Para sorpresa de más de uno, el juez Luis Aldo Rodríguez dio a lugar a las denuncias iniciadas contra Laura Alonso, titular de la oficina Anti Corrupción en la era Macri, y a Juan José Aranguren exministro de Energía durante la misma época por negociaciones incompatibles con los deberes de funcionarios públicos.
Reconozco la necesidad de que este sea ejemplo para que cada caso presentado ante la Justicia pueda realmente seguir un camino legal, y aplaudo la decisión del juez, pero no puedo dejar de pensar que, en 2016 este diputado, ya había realizado un pedido de renuncia formal y por carta documento al ministro Aranguren.
Es que para el segundo año de Cambiemos, ya se habían anunciado varios, diferentes y sustanciales aumentos de los servicios públicos, y en el caso de la provincia de Mendoza, el gas ya se había vuelto impagable para muchísimas familias.
La renuncia incluso, había sido presentada tras infinitas acciones colectivas que incluso habíamos elaborado con Protectora ONG para se ampare a aquellas familias que estaban siendo víctimas del maltrato y de corte del suministro de gas, un servicio que es un derecho humano, porque es esencial para la vida digna.
Es así, que desde el 2016 las presentaciones y pedidos de renuncia fueron desoídas por el poder judicial cómplice muchas veces de estos manejos inadecuados y por muchos opositores que hoy llaman a aplaudir esta nueva denuncia.
No será en vano, al menos, el trabajo realizado y por eso solicitamos que se profundice la investigación y que no nos olvidemos de quienes han pasado por el piso, cual trapos sucios las necesidades de las familias argentinas. Mientras tanto, seguiremos defendiendo de los usuarios de servicios públicos, hasta que se entienda que son derechos inalienables de las personas.
El legislador mendocino fue el primero en someterse al test tras conocerse el contagio de Sahad. Este martes tuvo el resultado de parte del Hospital Lagomaggiore.
El hisopado que se realizó este lunes el diputado nacional José Luis Ramón dio negativo. El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo recibió este martes por la tarde el resultado, de parte del laboratorio del Hospital Lagomaggiore de Mendoza.
Ramón fue el primer legislador en someterse al test de Covid-19 tras conocerse el contagio del diputado riojano Julio Sahad (Pro), quien participó presencialmente de la sesión del jueves pasado en la Cámara baja.
“El resultado de mi test de Covid-19 dio negativo. Gracias a los trabajadores del Hospital Luis Lagomaggiore y a quienes se preocuparon por mi salud”, anunció Ramón en su cuenta de Twitter.
Por otra parte, el riojano Sahad informó, también por las redes sociales, que este lunes, “por precaución y siguiendo los protocolos”, su familia se realizó el hisopado y “los resultados, gracias a Dios, fueron negativos”.
Sahad regresó a La Rioja el sábado y permanece en un hotel de la provincia, cumpliendo el aislamiento social de 14 días, tras enterarse el domingo que había contraído el coronavirus.
A raíz de su contagio, algunos diputados con los que convivió en el recinto también se hicieron o se harán, en las próximas horas, el test: entre ellos, Fernando Iglesias, Silvia Lospennato, Cristian Ritondo, Facundo Suárez Lastra y Romina Del Plá.
Por José Luis Ramón. El diputado nacional sostiene que la ley original, así como la reforma que recientemente se votó, otorga ventajas enormes a las empresas más grandes del país.
Hace apenas un año aprobamos la ley de economía del conocimiento en la Cámara de Diputados, y hace pocos días la modificamos en muchísimos aspectos. Algo anda mal.
Si bien la reforma que aprobamos mejora la ley, todo lo que rondó su aprobación original y la modificación que votamos, es negativo para nuestra República.
El texto original fue acompañado por todos los diputados de los distintos bloques. Pasamos por un trámite en comisiones y en el recinto express. Únicamente este diputado se opuso a muchos de los puntos flojos que tenía el texto original, impulsando modificaciones en la Comisión y en la Cámara en la votación. No porque no apoyáramos la ley, sino porque era notorio que no se habían realizado los análisis necesarios y porque bajo el paraguas de apoyar a los chicos, se escondían los grandes.
Ni la bancada oficialista actual (opositora entonces), ni la bancada opositora actual (oficialista entonces), tuvieron ningún problema con el texto que se aprobó.
Sin embargo, poco más de 6 meses luego de aprobar la ley, cambio de gobierno mediante, el Ejecutivo suspendió la aplicación de la ley por una simple resolución, y no digo un DNU, ni digo un decreto, digo una simple resolución (la 30/2020 del Ministerio de Producción). Se suspendió el ingreso al registro de la ley. Unilateralmente el Ejecutivo, del partido que votó sin problema una ley, la suspendió.
Raro nuestro sistema de partidos, que, en tan pocos meses, tiene tantos reparos a lo que aprobaron por unanimidad hace tan poco tiempo.
Las ventajas de la ley, y quienes se las llevan
Cuando se aprobó la ley el año pasado (y ahora cuando se modificó) no se hizo un impacto económico de esta ley. Y no hablo únicamente del enorme costo fiscal que estas excepciones van a tener (por el simple hecho de que grandes sectores de nuestra economía van a entrar en estos incentivos), si no que ni se intentó medir efectivamente quienes se llevarían mayormente la porción de estos beneficios y quienes no.
Esto no es un tema menor: esta ley viene a otorgar una flexibilización del trabajo y una reforma impositiva profunda en la Argentina.
Recién en el Senado se realizó un informe que estimó que, de máxima, los beneficios para las empresas podían implicar el 3% del PBI del país.
Las ventajas impositivas para las empresas son enormes en este régimen, que incluye desde el software (que ya contaba con el estímulo desde hace más de una década), hasta las empresas de telecomunicaciones, pasando por laboratorios médicos, empresas de servicios y tantos otros sectores más.
Se otorga estabilidad fiscal para todos los tributos nacionales, un bono anual de crédito fiscal por hasta un 1.6 veces de las contribuciones patronales efectivamente pagadas (bastante mayo al de la ley del software que era del 70%), se desgrava el 60% en el monto total del Impuesto a las Ganancias determinado en cada ejercicio y se disminuyen los aportes patronales fuertemente. Una contundente reforma impositiva general (porque alcanza a enormes sectores de la economía), encubierta en un estímulo fiscal sectorial.
Entre los pocos argumentos aportados por el Gobierno actual, estuvo el del enorme costo que tiene para el erario el texto aprobado el año pasado. Pero me pregunto ¿Dónde está el informe económico del Gobierno actual?
Nuestro interbloque Unidad Federal para el Desarrollo apoyó esta reforma, a pesar de los reparos y de todas las propuestas que hicimos que no fueron escuchadas, porque creemos que es mejor que la ley aprobada el año pasado y porque el sector del software no puede estar de rehén.
Simplemente voy a marcar lo que sigue faltando, y la falta de discusión de esto, es grave para nuestro país. Es grave porque no podemos aprobar las leyes vendiéndolas como una cosa, cuando son otra.
Yo recuerdo a las PyME que pasaron por la comisión cuando se aprobó la ley, los emprendedores, las pequeñas industrias. El problema es que esta ley va a beneficiar muchísimos más a las grandes empresas que a las pequeñas, ya que todos los beneficios carecen de segmentación. Aun cuando ahora se generaron algunos beneficios extras para los pequeños, no es lo mismo el costo presupuestario de bajar en más de la mitad el impuesto a las ganancias a un pequeño estudio que hace páginas web, que a un laboratorio médico multinacional o a una empresa de explotación petrolera o de telecomunicaciones (que no vinieron a defender el proyecto, aun cuando se beneficiarán enormemente a futuro). Los primeros invierten en el país, los segundos se llevan las ventajas. El primero le costará al fisco miles de pesos anuales, mientras que los segundos, cientos de miles de millones de pesos. Al tratar a todos como iguales, se acrecientan las desventajas. Darles estabilidad a los pequeños es una medida comprensible y que ayuda a su crecimiento, dársela a los segundos, es atar al estado nacional de manos: congela la política impositiva, en un país con índices de pobreza y desigualdad que van en aumento hace tiempo.
El proyecto que presentamos propuso excluir de los beneficios a las empresas con facturaciones brutas de aproximadamente, más de 20.000 millones de pesos anuales. Empresas gigantescas. Increíblemente, si bien nunca se las defendió públicamente, sí se rechazó esta posibilidad de plano una y otra vez. Parece que a pesar de la emergencia que declaramos en diciembre, y de la que estamos viviendo hoy en día, tenemos que darles a las empresas más grandes de la argentina estabilidad fiscal, excepciones en ganancias, disminución de aportes patronales, bonos fiscales.
Esto que estoy planteando es básico y tiene enorme implicancia en la economía nacional. Yo me pregunto, cuando escuchamos quejas por la enorme carga presupuestaria de las jubilaciones, cuando se piden nuevas fórmulas, cuándo se habla de la necesidad de bajar los costos laborales: si las empresas más grandes de la argentina no van a pagar estos sistemas, ¿quién lo va a pagar?
Esta ley, la original y la que quedará luego de esta reforma, otorga ventajas enormes a las empresas más grandes del país. No nos hagamos los tontos.
Como diputado, no vine a este Congreso a beneficiar a las grandes empresas, yo vine a controlar a las grandes, proteger a las medias e impulsar fuerte a las PyMEs, los consumidores y los trabajadores.
Esta ley, es injusta, si aporta a aumentar la concentración en la argentina. Y la reforma que votamos hace unos días, no viene a arreglar esto. No podemos seguir bancando más concentración, ni más beneficios para arriba.
El camino es al revés.
Es por la noticia del contagio de Julio Sahad, que el jueves estuvo en el recinto. También se harán hisopados en las próximas horas los diputados Ritondo, Iglesias, Suárez Lastra y Del Plá.
El diputado nacional José Luis Ramón fue el primero en realizarse un hisopado este lunes tras conocerse el contagio de Julio Sahad (Pro-La Rioja), quien la semana pasada viajó a Buenos Aires para estar presente en el recinto durante la última sesión.
Ramón dio a conocer en las redes sociales que ya se realizó el test e informó que el resultado se conocerá este martes por la tarde.
“Tras la confirmación positiva del diputado @SahadJulio, acabo de realizarme el hisopado correspondiente, que tendrá su resultado mañana por la tarde. Aunque no he tenido síntomas, decidí comenzar un aislamiento social preventivo, incluso de mi familia”, dijo minutos después de las 4 de la tarde.
Y agregó: “Gracias a quienes se han preocupado por mi estado de salud y gracias al diputado en cuestión, quién rápidamente dio aviso de su situación para poder llevar adelante los protocolos necesarios”.
También se hará el hisopado Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro. “Por recomendación de Marcelo Halac, director médico de @DiputadosAR, ante el positivo de @SahadJulio, de nuestro bloque, me realizaré un hisopado preventivo. No tengo síntomas, estoy cumpliendo con el aislamiento. Gracias por sus mensajes, les comunicaré apenas tenga el resultado”, anunció.
Otra legisladora del Pro, Silvia Lospennato, se realizará el test de coronavirus este lunes a última hora, mientras que Romina Del Plá (PO-FIT), otra que estuvo en el recinto el jueves pasado, se someterá al estudio este martes, al igual que Fernando Iglesias (Pro). Facundo Suárez Lastra (UCR) hará lo mismo, pero aun no tiene fecha definida.
Jorge Sarghini, de Consenso Federal, cuestionó haberse enterado un día antes de que iba a haber sesión. El mendocino José Luis Ramón dijo que las dos bancadas mayoritarias acordaron los temas, y Nicolás Del Caño criticó que se opongan a debatir el impuesto a las grandes fortunas.
En el arranque de la sesión de este jueves, durante la etapa de cuestiones de privilegio, diputados de distintos bloques fustigaron al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio por el funcionamiento de la Cámara baja.
Por Consenso Federal, Jorge Sarghini enfatizó: “Pareciera ser que las fuerzas políticas que tensan, que irrumpen la posibilidad de unidad nacional tan necesaria en estos tiempos, son las que se ponen de acuerdo en el recinto para funcionar de una manera absolutamente inadecuada”.
“En el día de ayer nos hemos enterado que teníamos sesión. Ni tiempo para ver lo que hay que ver. No es esta la manera de funcionar”, advirtió.
El bonaerense recordó que desde el Interbloque Federal acompañaron “con mucho énfasis y con mucha laboriosidad” la posibilidad de que la Cámara sesione de forma mixta, pero se quejó que “no es óbice para que funcionemos de esta manera; de ninguna manera eso justifica que un día antes se pongan de acuerdo los bloques mayoritarios”.
Por su parte, José Luis Ramón, titular del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, adelantó que acompañarían en general todos los proyectos, pero remarcó que los temas se acordaron entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. “Nosotros tenemos algunas diferencias sobre los proyectos que se van a votar, y al que llegaron por consenso los dos bloques mayoritarios”, expresó.
En ese sentido, el mendocino consideró que las iniciativas sobre teletrabajo y economía del conocimiento tienen como “mayores beneficiados” a “aquellos que pretenden la flexibilización laboral y la reforma tributaria de un pequeño grupo de grandes empresas”.
En tanto, el diputado del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño criticó que “los dos grandes bloques rechazaron poner en discusión el impuesto a las grandes riquezas”, proyecto presentado, hasta ahora, únicamente por su bloque.
“Llevamos casi 100 días de aislamiento, y se va a prorrogar aún más, y sin embargo no se han tomado medidas que beneficien a los sectores propulares”, manifestó el legislador y se preguntó si no sería “una medida más que necesaria” para el presupuesto que necesita el sector de salud en este momento.
La misma fue promovida por Federico Bernal, interventor del ENRGAS por posible “incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública”.
El diputado nacional José Luis Ramón celebró este jueves la denuncia penal presentada contra el exministro de Energía Juan José Aranguren y otros exfuncionarios del área y del Enargas, remarcando lo que consideró “atropellos” promovidos por el ex CEO de Shell.
En efecto, el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), Federico Bernal, denunció penalmente a Aranguren y otros ex funcionarios por los posibles delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, con un perjuicio contra el Estado y los usuarios de gas de 561 millones de dólares.
Bernal sostiene que ante la finalización de la Ley de Emergencia Económica y la plena vigencia de la 24.076 (Ley del Gas) y normas reglamentarias y complementarias, en 2018 se debía volver a la desregulación del precio del gas, es decir, la libre negociación del precio entre las empresas productoras y distribuidoras. Pese a ello, el ENARGAS “en lugar de proteger a los usuarios y rechazar ese acuerdo lo avaló y efectuó el traslado de los precios a tarifas en abril del 2018”.
El diputado mendocino sostuvo que la denuncia penal “sirve para la memoria sobre los atropellos de este señor”.
“Se lo denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública”, señaló Ramón, y agregó en su cuenta de Twitter: “Recuerden el rostro de quien, como ministro de Energía, trasladó a dólar las tarifas de gas, sacó subsidios necesarios para la población, aumentó más de un 40% las tarifas y todo en beneficio de la empresa que hasta 2015 él presidía en Argentina”.
El diputado de Protectora se preguntó: “¿Saben la cantidad de dinero que le hizo ganar a las empresas distribuidoras? Le pedimos la renuncia en 2016, justamente porque su gestión fue perversa y contra todos los derechos de la ciudadanía”.
“¡El gas es un derecho humano!”, concluyó Ramón.
Si bien la expropiación tiene los números asegurados en el Senado, en la otra cámara el panorama es, a priori, muy ajustado. Un repaso de las posturas que ya han exhibido o se presume adoptaría cada sector.
Comparar la expropiación de Vicentin con la 125 es en principio erróneo y por lo menos exagerado. Situaciones distintas en épocas diferentes. Pero hay muchos elementos comunes y un desenlace que pasará por el Congreso: he ahí ciertas similitudes.
Con el dato no menor, además, de que el oficialismo que entonces resultó derrotado, debe haber aprendido de esa experiencia y tomará los recaudos pertinentes si los números están ajustados. Cosa que en principio así se presenta en el Congreso.
Sin que se conozca todavía el proyecto -inmediatamente después del anuncio oficial comenzó a circular uno que deberá pasar por muchos tamices antes de llegar a Mesa de Entradas del Senado, por donde ingresará en los próximos días. Esa es otra diferencia con relación a lo sucedido hace doce años. Por tratarse de un impuesto, esa vez el proyecto entró por Diputados, donde fue aprobado tras un maratónico debate de 19 horas por 129 votos a favor y 122 en contra, el 5 de julio de 2008. Luego, como se sabe, el proyecto registró un empate en el Senado y definió Julio Cobos con su voto “no positivo”.
Ahora será al revés, y el Frente de Todos tiene todas las de ganar en la Cámara alta, donde goza de mayoría. El problema, en todo caso, lo tiene en Diputados, donde Sergio Massa ya está trabajando en el poroteo correspondiente para conseguir los votos que necesitará el oficialismo para aprobar la ley.
Y en principio los números están tan cerrados como aparecían hace más de una década con la 125. Tiene que llegar a 129 votos en una cámara en la que al Frente de Todos no le sobra nada, como se verificó allá por febrero, cuando tuvieron que apelar a la presencia del ya designado embajador en Brasil Daniel Scioli para llegar al quórum.
El bloque oficialista que lidera Máximo Kirchner tiene 119 miembros, pero el presidente de la Cámara no vota, así que le falta reunir 11 voluntades fuera del oficialismo para llegar al número clave. Descartado por supuesto Juntos por el Cambio, los ojos estarán puestos -como siempre, al menos hasta que las elecciones de 2021 alumbren otro mapa legislativo- en los dos interbloques que ofician como una suerte de “rueda de auxilio” para el oficialismo: el Federal (11 miembros), que preside Eduardo “Bali” Bucca, y Unidad Federal para el Desarrollo (8 miembros), que encabeza el mendocino José Luis Ramón. Este último ya mostró las cartas cuando días pasados, si bien aclaró que estaban “en expectativa” respecto del proyecto de expropiación, deslizó que “quien está gobernando está marcando el camino hacia dónde quiere ir, y hay otro grupo que ha resuelto defender intereses económicos de una empresa que tiene abandonados a más de 7.000 trabajadores y a no menos de 2.600 productores con cheques que no han podido cobrar”.
Ya ese bloque se alineó con el oficialismo cuando Juntos por el Cambio pidió una sesión especial para derogar los superpoderes y el único que se sentó en su banca para dar quórum fue el mencionado José Luis Ramón, porque ya había pedido individualmente derogarlos.
Si el Frente de Todos cuenta entonces con los 8 votos de ese interbloque, le faltarán solo tres para el piso necesario de 129 votos. Que deberá buscarlos en el seno del interbloque Federal, donde se descuenta que los tres diputados de Consenso Federal –Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Sarghini– votarán en consonancia con lo expresado la semana pasada por el referente de ese sector, Roberto Lavagna, que cuestionó la expropiación. Los santafesinos Luis Contigiani y Enrique Estévez también estarían contrarios a una expropiación, con lo cual el oficialismo necesitaría la mitad de los 6 diputados restantes. Los cuatro cordobeses responden al gobernador Juan Schiaretti, que ha dado señales de sintonía con Alberto Fernández, pero en este tema se ha mostrado callado, señal de que no está de acuerdo con lo en principio anunciado. Si los cuatro cordobeses no se alinean con el oficialismo, a estos solo les quedarían los dos del bloque Justicialista: Eduardo Bucca y el salteño Andrés Zottos. Le estaría faltando al Gobierno un voto más para sacar la ley.
Hay dos diputados más en la Cámara, que son los de la izquierda: Nicolás del Caño y Romina del Plá, partidarios de la expropiación lisa y llana, que presentaron su propio proyecto donde impulsan esa medida sin indemnización alguna al grupo empresario, y con la explotación de los activos a manos del Estado bajo la gestión de sus trabajadores. ¿Podrá arrastrar el oficialismo a los diputados de izquierda a votar a favor de la expropiación? Se verá.
Como sea, el Gobierno se tomará su tiempo seguramente para enviar el proyecto al Congreso, a sabiendas de que lo que entre por el Senado no debe sufrir modificaciones en Diputados. Esto es, que las concesiones que vayan a tener que hacer se concreten antes de que el proyecto llegue al recinto de la Cámara alta. Esas concesiones serán las que necesite el oficialismo para garantizar los votos necesarios para la aprobación de la ley y evitar un traspié que es lo que debe evitar a como dé lugar.
“Han resuelto defender intereses económicos de una empresa que tiene abandonados a sus trabajadores y a productores”, cuestionó el diputado.
El titular del bloque de diputados de Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, salió al cruce de Juntos por el Cambio por el caso Vicentin, y si bien dijo que el interbloque “está en expectativa”, sugirió entre líneas que podría acompañar al oficialismo en la votación de la expropiación de la empresa.
“Han aparecido férreos defensores de una empresa como Vicentin, que venía con algunos disgustos bastante fuertes, como haber tenido el favor por parte de algunas entidades financieras que son del Estado nacional”, cuestionó el mendocino, y agregó que la firma agroexportadora “tiene una deuda del 80% de su patrimonio con el Estado”.
“La defensa de Vicentin no es el tema. Quien está gobernando está marcando el camino hacia donde quiere ir, y hay otro grupo que ha resuelto defender intereses económicos de una empresa que tiene abandonados a más de 7.000 trabajadores y a no menos de 2.600 productores con cheques que no han podido cobrar”, dijo Ramón.
Por último, insistió en que se trata de “un grupo económico que no ha estado a la altura de defender los intereses de sus trabajadores”.
Para eso, el legislador mendocino prevé la creación de un Régimen del crédito y la financiación para consumo de proveedores no financieros.
El diputado nacional José Luis Ramón presentó un proyecto que busca sancionar un marco regulatorio para el crédito y la financiación para consumo emitida por proveedores ajenos al sistema financiero (aquella que no corresponde a bancos o tarjetas de crédito por ser regulada por leyes específicas y las reglamentaciones del BCRA), que proteja a los usuarios y consumidores frente a la usura, las prácticas abusivas de los proveedores y a posibles situaciones de sobreendeudamiento.
Al referirse a su propuesta, Ramón recuerda que durante los últimos dos años del gobierno de Mauricio Macri se observó con preocupación la creciente inauguración de casa de créditos personales e incluso, la emisión de este tipo de créditos por parte de instituciones nacionales como ANSeS. Ese crecimiento fue dado por varias razones económicas, pero dos impulsaron a muchas personas, incluso muchos jubilados y pensionados a contraer créditos personales; esas razones fueron la creciente y sostenida inflación que dejó los salarios por el piso, y la reforma de la fórmula de jubilaciones que determinó bajos aumentos.
Ramón recuerda que el impulso a que se tomen ese tipo de créditos, con tasas altísimas aun siendo muy poco el dinero prestado, generó que miles de argentinos y argentinas entraran en un sistema usurario, donde terminaban adeudando mucho más de lo prestado, y lo que es peor, muchas veces ese dinero solicitado era utilizado para compras alimenticias, frente a la imposibilidad de que un salario o jubilación mínimos alcanzara para la misma compra.
Las fuentes del proyecto del legislador mendocino son distintas iniciativas presentadas por sus pares en su paso por el Congreso de la Nación, así como sentencias del Poder Judicial y los aportes de nuestra doctrina nacional, las cuales se recuperan a efectos de lograr un régimen de protección integral, ahora complementado con el aporte de la ciudadanía a través del presente mecanismo de participación.
Ramón prevé crear un Registro Nacional de Proveedores de Crédito y Financiación para Consumo, el cual resultaría de inscripción obligatoria para la emisión de crédito y/o financiación destinada a usuarios y consumidores, el cual se encuentra bajo la órbita de la autoridad nacional de aplicación de la Ley 24.240 (de Defensa del Consumidor).
Asimismo establece la determinación de tasas máximas para los intereses que estos créditos o financiaciones pueden tener (costo del servicio crediticio o de la mora), así como la represión de las cláusulas o prácticas constituyan el fraude a estos límites legales.
El líder del partido Protectora impulsa el reconocimiento de nuevos derechos a los usuarios y consumidores, de mecanismos de prevención del sobreendeudamiento o saneamiento de la mora, y del régimen de la prescripción de las deudas que originan estos servicios. Sugiere además la implementación de mecanismos que prevengan y disuadan a los proveedores de desarrollar prácticas abusivas e ilícitas, en los cuales se contempla la reparación del usuario o consumidor perjudicado en la misma sanción.
En caso de transformarse en ley, el proyecto incorporará nuevos delitos penales “de consumo” propiamente, en los cuales se reprime estar particulares modalidades de usura o coacción; y la incorporación de mecanismos judiciales para la prevención y reparación de estas prácticas mediante un proceso colectivo o el control judicial en cada causa en particular.
La finalidad del presente régimen es el cumplimiento del mandato constitucional de proteger la libertad, seguridad, dignidad e intereses económicos de los usuarios y consumidores, motivo por el cual estamos orgullosos de presentar a su consideración y aporte el fruto de nuestro trabajo e ideas.
El diputado nacional por Unidad Federal para el Desarrollo advirtió la necesidad de que el Congreso trate un proyecto de Prespuesto, y que el Jefe de Gabinete asista a brindar explicaciones.
El diputado nacional, y presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo José Luis Ramón señaló la necesidad de que el Congreso “recupere las facultades que la Republica nos da como legisladores”, y reclamó que el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero asista a dar explicaciones.
En su participación del debate en minoría del pasado jueves, luego de que la oposición no alcanzara el número necesario para debatir la derogación del artículo 4 del decreto que facultó a Santiago Cafiero para reasignar partidas presupuestarias sin control del Congreso; Ramón manifestó sus reparos ante la falta de un Presupuesto: “No se puede administrar las cuentas de la Nación sin un presupuesto, porque si no el presidente puede abusar utilizando el anterior”, indicó.
Asimismo, señaló que el problema no es la reasignación de partidas, que “las vienen haciendo todos, las hizo el Jefe de Gabinete de Macri, y lo está haciendo este”, si no la falta de control: “Por qué decía ‘señor Cafiero, ¿qué fieros sus poderes’? Lo digo, porque él tiene que venir a darnos explicaciones acá”, ironizó.
Además, consideró que desde la oposición “estamos tratando de tener una oposición que sea proactiva y adecuada a la emergencia que estamos viviendo, en el mes de diciembre, y con este coronavirus”.
Finalmente, indicó que “el Senado la Cámara de Diputados tenemos que recuperar las facultades que la República en nuestra Constitución como país nos da como legisladores; yo no quiero estar pintado acá”.
La fuerte réplica del diputado José Luis Ramón a las críticas del bloque más grande de la oposición que cuestionó su postura en la última sesión al fallar el intento tratar el DNU que dio facultades especiales al jefe de Gabinete.
Por José Luis Ramón
Considerando la catarata de mentiras publicadas en los medios afines a Juntos por el Cambio (JxC) me siento en la necesidad imperiosa de dar a conocer mi posición y desenmascarar a los supuestos defensores de la República.
El número de mi proyecto es el 1956-D-2020, bajo el título: “Derogación de delegación de facultades al Jefe de Gabinete de Ministros”, y específicamente propone, valga la redundancia, la derogación del artículo 4 del DNU 457/2020.
El jueves en la Honorable Cámara de Diputados, no voté en contra de mi proyecto sino que voté a favor de que pueda ser tratado como corresponde. ¿Por qué planteo esto? El jueves, se me acusó de traidor. Si, leyeron bien, JxC salió en las redes (porque de frente no te critica nadie) a decir que había votado en contra de un proyecto que yo mismo presenté.
Vale destacar que no hubo proyecto unificado con JxC, porque a diferencia de lo que aparentan ninguno de sus legisladores está dispuesto a sentarse a debatir con otros opositores, esto a pesar de la circulación de una foto trucha con firmas de ese bloque apoyando mi proyecto. ¡Por favor! Busquen en mesa de entrada de la Cámara, o en la misma web quienes firmaron adhesiones a mi proyecto y cuándo, ahí verán la verdad.
El hecho puntual, es que tal proyecto no sería tratado en la sesión ordinaria del 21 de mayo, y que para ser tratado sobre tablas (por fuera de lo ya establecido en el orden del día), se debía contar con 2/3 de los votos de la Cámara. El frente que hasta hace 5 meses era oficialismo, sabía perfectamente que no se lograría conseguir esa cantidad de votos positivos e igual quiso imponer su tratamiento.
Acá viene la parte numérica de la situación. Somos 257 diputados, lo que corresponde es que para que ese proyecto se trate sobre tablas requiero la votación afirmativa de 172 legisladores. JxC tiene 116, Unidad Federal para el Desarrollo (interbloque que presido) tiene 8, el Interbloque Federal a cargo de Bucca tiene 11, los interbloques del Frente de Izquierda tienen uno cada uno, y el Movimiento Popular Neuquino tiene otra legisladora.
El Frente de Todos tiene 119, y ante el pedido de JxC de tratar mi proyecto, el Presidente de la Cámara dijo que su bloque no votaría a favor, por lo que no había forma de que nos dieran los números para votar en ese momento mi proyecto de Ley. En cambio, si logro que mi proyecto, pase por comisión y tenga dictamen (que es el recorrido normal de un proyecto), sólo necesito la mitad más uno de los votos afirmativos (129) para poder hacer Ley el proyecto.
¿Qué pasó entonces? Sucedió la tramoya más aberrante por la que después usted ciudadano/a, descree de toda la política y de todos los políticos en general. Armaron un show mediático para instalar que yo había votado en contra de un proyecto propio que no se trató y que era imposible de tratarse bajo las condiciones del marco regulatorio de la Cámara de Diputados, todo porque tuve el detalle de propiciarle a Alfredo Cornejo, titular de la Unión Cívica Radical, algunas palabras certeras sobre su persona política y sus modos de hacer política en Mendoza.
Mientras Cornejo, que es también Diputado Nacional, se quedaba callado frente a las verdades que puse sobre la mesa, respecto de su persecución al Senador Marcelo Romano y sus manejos por lo menos dudosos en obras como Portezuelo del Viento, orquestó por atrás un armado para obligarme a perder mi proyecto, o poder hacer este bleff del Diputado Traicionero.
Pues bien, Señoras y Señores, este ciudadano, abogado y Diputado Nacional no traicionó ni su proyecto, ni sus ideas, ni a sus votantes. En defensa de un compañero de militancia como lo es Marcelo Romano, armaron un acting para defenestrarme porque no soportan que se les diga la verdad sobre Alfredo Cornejo en la cara.
Mi interbloque no se va a dejar ni chicanear, ni ningunear, ni apurar por ninguno de los grandes frentes porque ya hemos dejado más que en claro que nuestra posición es ser una oposición constructiva. No vamos a permitir que nos quieran apurar y menos por defender a alguien que bien puede defenderse solo, y que está con sus prácticas echando por suelo toda relación político-partidaria con los valores republicanos, democráticos y de respeto que supo tener su partido.
Mi proyecto sigue en pie, y será tratado como y cuando corresponde a ser tratado un proyecto de semejante importancia, porque no caduco en mis ideas pero al contrario de otros, soy respetuoso y hago política constructiva, ni persecutoria, ni dictatorial ni destructiva.
Ellos, Junto por el Cambio, quieren seguir aparentando diálogo y cordialidad, pero solo llaman a la chicana y la pelea berreta y orquestada. No propician ninguna charla, con nadie que no sea ellos mismos, y están dispuesto a enterrar las bases democráticas y las formas leales de hacer y construir política en pos de quedarse con un poder que los habilitará a llenar sus arcas en desmedro de la ciudadanía argentina.
El mendocino, que había criticado el decreto de los “superpoderes”, votó en contra de tratarlo sobre tablas este jueves. La discusión terminó con un final inesperado.
El diputado José Luis Ramón, titular de Unidad Federal para el Desarrollo, se convirtió en protagonista de la sesión de este jueves cuando aportó, junto a otros bloques, los votos para bloquear el tratamiento del polémico DNU 457/20, después de haberlo criticado en duros términos la semana pasada.
Sucedió cuando el diputado Gustavo Menna (UCR) pidió un apartamiento del reglamento para darle tratamiento sobre tablas al DNU que le otorgó mayores facultades al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para reasignar partidas presupuestarias sin el aval del Congreso.
A la hora de la votación, el Frente de Todos contó con ayuda de la bancada de Ramón y del Interbloque Federal de Eduardo “Bali” Bucca -con la excepción de Graciela Camaño-, y de esa forma el oficialismo impidió que se reuniera la mayoría especial necesaria para aprobar la moción.
Tras la derrota, el jefe de Juntos por el Cambio, Mario Negri, escrachó por Twitter a los diputados de la oposición que acompañaron al oficialismo, y en particular cargó contra Ramón, al demostrar que el propio mendocino había presentado un proyecto para derogar el DNU.
Rápidamente, los diputados de Juntos por el Cambio imitaron a Negri e inundaron sus redes sociales con mensajes contra Ramón, y tras la aprobación del proyecto de ley de educación a distancia, la discusión por el DNU se reanudó en la sesión.
El primero en advertir sobre la actitud de Negri no fue Ramón, sino Jorge Sarghini, de Consenso Federal. “Nunca imaginé tener que hacer esto a esta altura, pero no puedo dejar pasar que un miembro de este cuerpo tenga la reprochable actitud de escrachar a diputados a través de esa forma”, denunció el bonaerense.
Conectado en forma remota, Sarghini advirtió que desde Juntos por el Cambio “se faltó a la verdad” diciendo que el Interbloque Federal y Unidad Federal para el Desarrollo “han votado a favor del DNU”.
“Eso es absolutamente falso. Hemos votado en contra del apartamiento del reglamento porque entendíamos que no era la forma de tratar el tema, aunque estuviéramos de acuerdo en la cuestión de fondo”, aclaró el diputado, e insistió: “El escrache que ha hecho por Twitter un diputado nos ha agraviado”.
Sarghini le dio el pie a Ramón, que también pidió la palabra y nombró con nombre y apellido a Negri y Fernando Iglesias (Pro), “quienes gentilmente a través de las redes sociales han manifestado cuál es la idea del voto de Unidad Federal para el Desarrollo”.
“Desde el bloque no vamos de la nariz de ninguna decisión de otro partido, bloque e interbloque”, se defendió Ramón, y desató gritos de ironía de los diputados de Juntos por el Cambio que estaban en el recinto, a algunas bancas de distancia.
Ramón prosiguió: “Lo que se estaba votando tiene que ver con si se iba a tratar un proyecto o no, y votamos en contra. Pareciera que hay veces que las cosas se tienen que hacer vía Twitter, pero las cosas se dicen en la cara y como corresponde, en este recinto”.
En ese clima tenso intervino Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro, quien le contestó a Ramón: “Me parece muy bien. Esperemos que nos acompañe en la sesión especial. No queremos llevarlo de las narices: solo queremos que lo que dijo acá, lo que dijo en Labor Parlamentaria, lo que dijo en su proyecto, lo cumpla”.
“No lo vamos a llevar de las narices, pero vengan con nosotros a la sesión especial así derogamos el DNU”, desafió Ritondo, para dar por terminada la discusión.
