La “Mención de Honor Juan Bautista Alberdi” es la más alta distinción que otorga la Cámara de Diputados de la Nación a personas físicas o jurídicas que se destacan en actividades culturales, científicas, políticas, humanísticas, o por realizar aportes que contribuyan a realzar valores democráticos y republicanos. Tal iniciativa fue impulsada por el diputado nacional José Luis Riccardo (UCR – San Luis), quien además preside la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de su recinto.

En esta ocasión, el galardonado será el doctor Juan Martín Maldacena a raíz de su larga trayectoria y de sus significativas contribuciones, tanto dentro del campo de la ciencia física, como así también al conocimiento nacional y universal.

Cabe señalar que el premio a entregarse en esta edición corresponde, en realidad, al año 2019, ya que debido a la pandemia no fue posible hacerlo en su momento.

Nacido el 10 de septiembre de 1968 en la Ciudad de Buenos Aires, Maldacena estudió en la UBA y completó la Licenciatura en Física en el Instituto Balseiro en 1991. Posteriormente, amplió sus conocimientos en la Universidad de Princeton, donde obtuvo un doctorado, para luego desempeñar un cargo postdoctoral en la Universidad de Rutgers. Ya a partir de 1997 entró como profesor asociado en la Universidad de Harvard, lo que lo convirtió en el docente vitalicio más joven de toda la historia de esa casa de altos estudios.

Continuando su recorrido, desde el año 2001 tiene su lugar de trabajo en el Instituto de Estudios Avanzados (IAS) de Princeton, en el que también trabajó Albert Einstein. Además, en 2018 la Academia Real de Artes y Ciencias de los Países Bajos le concedió la Medalla Lorentz, que se entrega cada cuatro años a investigadores destacados en física teórica. El evento se llevará a cabo el próximo lunes a partir de las 10.00 Hs. en el salón auditorio del Anexo A de la Cámara de Diputados y contará con la presencia de amistades, familiares y autoridades de la mentada institución, en tanto que el agasajado brindará unas palabras vía streaming junto al doctor Martín Mariscotti. Se podrá seguir en vivo y en directo desde el canal de YouTube de Diputados.

El actual diputado nacional y candidato a renovar su banca José Luis Riccardo (UCR – San Luis) se refirió a los resultados obtenidos en las PASO, tanto a nivel nacional como provincial, de lo cual resaltó que su espacio “fue el único que hizo una elección real” y propuso como objetivo fundamental “dejar a la Unión Cívica Radical como el modelo político diferente” en relación a “propuestas políticas, forma en que concibe a la democracia y gestión del Estado”. También, diferenció a Ricardo Alfonsín de Alberto Fernández.

En diálogo por la AM 1030, el puntano explicó la división que hubo dentro de JxC en su provincia: “En el orden nacional no se constituyó Juntos por el Cambio; en el orden provincial todos los candidatos que me acompañan en la lista en concejales y diputados provinciales sí, solo para legisladores provinciales. La lista 3 histórica de la Unión Cívica Radical es la lista que encabezo como radical y diputado”.

En relación a las PASO, destacó: “Nuestro espacio fue el único que hizo una elección PASO real. Nosotros éramos candidatos únicos, el radicalismo en la provincia estuvo abocado a resolver las PASO, que gané con amplio margen en toda la provincia, es cierto que en el porcentaje final está lejos de su piso histórico”.

En este sentido, Riccardo explicó que “la elección provincial no es una PASO obligatoria, pero va el mismo día y en cuartos oscuros distintos, es una cosa compleja de explicar muy propio de San Luis que nadie entiende, pero básicamente los candidatos nacionales y provinciales van por listas separadas en las PASO”.

“Va a haber una movilización y un crecimiento de nuestro espacio, los números van a cambiar también en la provincia porque los oficialismos en todas las elecciones reaccionan. Creo que nosotros vamos a crecer y se van a equilibrar la pelea arriba”, opinó el legislador puntano.

A su vez, señaló que “un objetivo fundamental es dejar a la Unión Cívica Radical, que es el partido histórico opositor durante 38 años de Gobierno de Rodríguez Saá y todas sus variantes, como un modelo político que se exceptúa de los demás en relación a las propuestas políticas de gobiernos que ofrece y cómo concibe a la democracia y la gestión de Estado”, y destacó: “Vamos a mejorar y va a haber una discusión de acá al 2023 donde considero que todas las fuerzas políticas deben estar presentes”.

“Lo que hay que discutir hacia futuro es que quienes hemos hecho un esfuerzo importante necesitamos un lugar, que es lo que siempre reclamó el radicalismo, un lugar en la toma de decisiones de igual a igual”, precisó el candidato.

Respecto a la disputa por la presidencia de la Cámara de Diputados al estar en la línea de sucesión aseguró: “No estoy de acuerdo con eso, para llegar a ser presidente por cualquiera de las circunstancias hay que hacerlo por el voto popular, ya que hay muchos ejemplos que llegaron por la línea de sucesión y el resultado fue trágico, hay que ganárselo”

Por consiguiente, remarcó que “es un momento donde todos los representantes políticos deben reflexionar acerca de la actitud a tomar, a escuchar al pueblo y al consenso, no se puede seguir gobernando con una grieta permanente cuando nos esta yendo mal como argentinos, oficialismo y oposición tendremos un nuevo rol a partir de diciembre”.

Por último, ante la pregunta del periodista sobre un hipotético ranking de presidentes afirmó: “Pongo a Alfonsín en primer lugar porque fue un presidente que tuvo una actitud generosa de emprendimiento con la economía que después en el camino la trituraron varios presidentes. Tienen valor todas esas capacidades de Alfonsín de pensar en el país, en la Argentina”, y concluyó: “En último lugar pongo a Alberto Fernández. Lo veo mal porque no se preparó para ser presidente, el poder y el Gobierno deben estar en la misma persona”.

Con un acto en el Salón Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, se realizó la entrega de la Mención de Honor Juan Bautista Alberdi a la memoria de Leandro Despouy. El reconocimiento surgió a través de una iniciativa del diputado puntano José Luis Riccardo (UCR).

Despouy nació en la provincia de San Luis y se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires, especializándose en Derechos Humanos y Derecho Humanitario. Como consecuencia del exilio producto del accionar de la Triple A, sus primeros pasos como funcionario fueron en Europa, integrando la División de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra (1980) y la Asamblea Parlamentaria de Francia (1981 a 1983).

Con el retorno de la democracia, el presidente Raúl Alfonsín lo convocó en 1983 al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, donde ocupó el cargo de Director General de Derechos Humanos con rango de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario (1984-1989). Desde allí, gestionó la presencia de personalidades extranjeras en el juicio a las juntas militares.

Además de participar en los últimos 30 años de numerosas misiones especiales y visitas a países como experto en la materia, fue distinguido con numerosos premios y se desempeñó durante 14 años al frente de la Auditoría General de la Nación (AGN).

La “Mención de Honor Diputado Juan Bautista Alberdi” constituye el máximo galardón que otorga la Cámara de Diputados de la Nación a aquellas personas físicas y/o jurídicas que se destaquen por sus acciones culturales, científicas, políticas, humanísticas, o por aportes que realcen los valores democráticos y republicanos.

En el acto estuvieron presentes el titular de la AGN, Jesús Rodríguez; el diputado Alberto Asseff (Pro); la titular de la Comisión Nacional de Monumentos y Edificios Históricos, Teresa de Anchorena; el secretario General de la Cámara de Diputados, Juan Manuel Cheppi; el director General de Cultura de la HCDN, Ángel Gras; y la subdirectora General de Cultura de la HCDN, Natalia Calcagno.

Asimismo, participaron dirigentes de la UCR como Daniel Salvador, exvicegobernador de la provincia de Buenos Aires, y los diputados mandato cumplido María Luisa Storani, Carla Pitiot y Walter Ceballos. De forma virtual, estuvieron presentes el diputado Mario Negri (UCR) y Ricardo Gil Lavedra, entre otros dirigentes.

Durante un acto que se realizará este martes, a partir de las 17, en el Salón Pasos Perdidos del Congreso, se entregará la Mención de Honor Juan Bautista Alberdi “post mortem” en homenaje a Leandro Despouy, ante la presencia de ilustres invitados que fueron parte de la vida del dirigente radical, familiares y amigos.

“Lamentablemente a nuestro entrañable amigo y correligionario Leandro ‘Chungo’ Despouy no lo tenemos físicamente entre nosotros, sin embargo, los méritos y razones para el reconocimiento de su invaluable ejemplo para la República y para las generaciones futuras siguen tan o más vigentes que antes”, sostuvo el diputado puntano José Luis Riccardo (UCR), impulsor del reconocimiento.

La Mención de Honor Diputado Juan Bautista Alberdi constituye el máximo galardón que otorga la Cámara de Diputados a aquellas personas físicas y/o jurídicas que se destaquen por sus acciones culturales, científicas, políticas, humanísticas, o por aportes que, en general, realcen los valores democráticos y republicanos.

Riccardo recordó que Despouy “desde muy joven se inició en la militancia política, en la Unión Cívica Radical y al accionar de la Triple A debió exiliarse en Francia, durante 8 años, integrando ahí la dirección del Partido Socialista. Desde Europa denunció en foros internacionales el accionar de aquella fuerza paraestatal y luego también la de la dictadura militar”.

Fue convocado por el presidente Raúl Alfonsín en 1983 al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, donde ocupó el cargo de Director General de Derechos Humanos con rango de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario.

También, se desempeñó como experto de la ONU, participando de la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja en 1986. En 1987 presidió la Primera Conferencia Internacional de Estados Parte en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. Más tarde en el extranjero fue docente de Economía Política en la Universidad de París VIII- Sorbonne y profesor de Derechos Humanos del Institut International des Droits de l’Homme de Estrasburgo. Dictó cursos en el Institut International de l’Administration Publique de París, y otros en Jamaica, Venezuela y Perú.

Fue distinguido con diversos premios y este reconocimiento “es merecido ya que está destinado a personas que se destaquen por sus acciones culturales, científicas, políticas, humanísticas o por las que, en general, pongan de manifiesto el respeto y la defensa de los valores democráticos y republicanos. Toda la actividad y los logos reseñados, jalonan una trayectoria de intachable honestidad, y cubren con creces las exigencias que esta Cámara se ha impuesto para premiarlo” afirmó Riccardo.

Despouy falleció en diciembre de 2019, motivo por el cual legislador puntano, acompañado por más de sesenta diputados, solicitó su reconocimiento post mortem.

La diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos levantó la polémica en las redes, cuando al responder un tuit aseguró que los legisladores argentinos tienen los sueldos “más bajos de la región” y “casi dan vergüenza”.

“Si los sueldos de los políticos se equipararan más con los de la sociedad, muchos oportunistas buscaría otro trabajo y dejarían la política a quienes tienen ideales”, criticó un usuario en la red social del pajarito.

A lo que la oficialista contestó: “Los diputados argentinos tenemos el salario más bajo (mucho más) de toda la región. Casi que da vergüenza. Los de JxC no están por esa plata. ¡Por favor! Ellos son todos ricos. Están porque capturando el Estado garantizan los verdaderos negocios del poder económico, al que responden”.

Luego, otra usuaria le preguntó si lo que le daba vergüenza era ganar “200 lucas por mes”. “Qué rara que es tu vergüenza”, remató con ironía.

“Gano menos que eso y no necesito más, siempre viví de mi salario”, se defendió Vallejos, que luego la emprendió: “Pero sí, que un CEO de cualquier empresa que no tiene más responsabilidad que satisfacer el afán de lucro de un privado, aún a costas del pueblo, gane más que un representante de la voluntad popular, como país, da vergüenza”.

La polémica en torno a las dietas de los legisladores volvió a estar en escena luego que la semana pasada Cristina Kirchner y Sergio Massa anunciaran el aumento de un 40% este año para los trabajadores del Congreso.

Lo cierto es que desde la Cámara de Diputados aseguran que todavía “no está definido” el incremento que los parlamentarios tendrán en sus salarios, ya que esa suba se cierra por acuerdo político, aunque siempre suele estar atada a la paritaria de los empleados.

Desde el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás Del Caño cruzó a Vallejos: “Vergüenza es la jubilación mínima de 23.000 pesos. Vergüenza es el salario mínimo de indigencia que firmó el gobierno. Eso hay que aumentar ya, no la dieta de diputadas y diputados”.

Vergüenza es la jubilación mínima de 23000 pesos.
Vergüenza es el salario mínimo de indigencia que firmó el gobierno.
Eso hay que aumentar ya, no la dieta de diputadas y diputados.

— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) June 9, 2021

En tanto, el radical José Luis Riccardo le pidió a “@CFKArgentina y @SergioMassa que deroguen inmediatamente el aumento obsceno y provocador de 40% a los Senadores y Diputados que decidieron solos arbitrariamente”.

Además, acusó que lo hicieron “sin tener cuenta lo que está sufriendo el pueblo y los millones de argentinos y argentinas que no tienen trabajo, ni los millones de jubilados que no llegan a fin de mes”.

“Ningún aumento ahora y en el futuro de los empleados públicos ni los cargos políticos de la Nación y las Provincias debería ser mayor al aumento de los jubilados de jubilación mínima. No todos somos Iguales!! @CFKArgentina hace esto para que los ciudadanos crean que somos todos iguales y distraer la atención sobre desastroso gobierno que están haciendo”, continuó, y agregó que esta es “la peor gestión de la pandemia que podamos imaginar, vendiendo ilusiones de distintos colores todas las semanas”.

Por último, el puntano reclamó que “de paso” se trate “alguna vez el proyecto 0979-D-2020 que presenté hace más de un año para que los jueces paguen impuesto a las Ganancias como cualquier trabajador”.

y sin tener cuenta lo que está sufriendo el pueblo y los millones de argentinos y argentinas que no tienen trabajo, ni los millones de jubilados que no llegan a fin de mes.

— Jose Riccardo (@joselriccardo) June 9, 2021

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados, presidida por José Luis Riccardo (UCR), reconoció este lunes el trabajo realizado por Alicia Dickenstein, ganadora del 23° Premio Internacional L’Oréal-Unesco “Por las Mujeres en la Ciencia”; y a investigadores de la Universidad Nacional de San Martín que llevan adelante proyectos relaciones al Covid-19.

El encuentro, realizado de manera remota, contó con la participación de los homenajeados. En primer lugar expuso Dickenstein, quien confesó: “Estoy muy feliz por los múltiples proyectos que han propuesto el beneplácito; me hace muy feliz que venga de diferentes bancadas, porque no es solamente un reconocimiento personal, sino a la ciencia y técnica que se desarrolla en Argentina, especialmente por mujeres”.

“Siento una gran responsabilidad de transmitir, por un lado a los jóvenes, y en particular a las chicas, que las matemáticas y otras carreras afines son para todos, inclusive para mujeres, que no tenemos ninguna capacidad menor que los hombres para desarrollar esta tarea, en el imaginario popular masculina”, señaló la doctora en Ciencias Matemáticas de la UBA.

Además, aseguró que “hay varios prejuicios en particular con la matemática”, cuando en realidad “la capacidad de hacer matemática es inherente al ser humano tanto como la de hablar. Todos los seres humanos tenemos la matemática en nuestro cerebro”.

“El trabajo matemático depende de la interacción con la gente, no es un trabajo individual alejado de todos como un bicho”, expresó Dickenstein, y manifestó a los legisladores su disposición para “colaborar en todo lo que podamos con el trabajo parlamentario”.

En cuanto al rol de la mujer, la cientifica indicó que “hemos avanzado mucho” y “hay muchas discriminaciones visibles que van siendo superadas”, pero hay “cosas invisibles que están en la base de la sociedad” que siguen generando desigualdad.

Finalmente, felicitó a los diputados por la sanción de la ley que apunta a incrementar progresivamente el presupuesto en ciencia y técnica. “Es un gran avance”, dijo, aunque observó que la ley invita a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a tomar normas similares, pero “hay muchas provincias aún hoy que no cuentan con ningún organismo de ciencia y técnica, ni con ninguna persona ‘sub-sub-subsecretario’ que se ocupe de la ciencia y técnica, en la Ciudad de Buenos Aires por ejemplo no hay”.

Autora de uno de los proyectos de beneplácito por el premio de Dickenstein, la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) celebró que “la Cámara de Diputados pueda estar reconociendo a una mujer en la ciencia”.

“El premio de la doctora Dickenstein está vinculado a la necesidad de que visibilicemos el trabajo de tantas cientificas mujeres en ese ámbito que es tan duro, tan difícil, que resulta a veces comprometedor para la vida privada”, sostuvo la legisladora, y afirmó que el premio de la matemática es “un motivo de enorme orgullo”.

Por otra parte, la vicepresidenta de la comisión, Claudia Bernazza (FdT), se refirió al reconocimiento a investigadores de la Universidad Nacional de San Martín, que “se mostró líder en la búsqueda de soluciones muy prácticas, muy concretas, que hoy ya se están utilizando en la lucha contra la pandemia”, resaltó.

Y enumeró: “En primer lugar, los dos kits diagnóstico, uno molecular y uno serológico, y el suero hiperinmune; el índice de movilidad ciudadana, que están utilizando tanto el Gobierno nacional como las provincias; y por supuesto el inicio de las investigaciones que tienen que ver con producir una vacuna propia”.

Al tomar la palabra, Diego Comerci, profesor de microbiología e investigador principal del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas UNSAM-CONICET, agradeció “este mimo, este halago, este reconocimiento de los diputados de la Nación, que realmente nos reconforta muchísimo”.

“Las acciones que se están llevando a cabo en la Universidad fueron muy tempranas. En marzo del año pasado ya nos estábamos moviendo para desarrollar los test rápidos que necesitábamos”, recordó Comerci, quien lideró el grupo de I+D sobre diagnóstico de Covid-19, y enumeró todas las acciones llevadas a cabo.

El profesor aseguró que seguirán trabajando en “nuevos desarrollos, porque este virus vino para quedarse y necesitamos incrementar la respuesta para poder volver en algún momento a una normalidad, que va a ser nueva, pero donde todos estemos más seguros”.

También habló ante la comisión Carlos Greco, rector de la UNSAM, quien ponderó a los investigadores que invierten “muchas horas de trabajo, un gran empeño, una gran esperanza” con “persistencia, consistencia, trabajo, preservación, esfuerzo”.

Dictamen de distintos proyectos

Durante el encuentro se aprobó el dictamen de un proyecto de ley para ratificar el Acuerdo de Cooperación Técnica y Científico-Tecnológica con el Gobierno del Estado de Kuwait, celebrado en Buenos Aires, el 27 de julio de 2010.

Riccardo explicó que es un acuerdo “muy importante para ampliar las relaciones científicas” y apunta a “la transferencia de tecnología mediante el acuerdo de programas y proyectos en distintas modalidades; y la constitución de una comisión binacional que se reunirá cada dos años a los efectos de determinar las áreas de interés y los proyectos de desarrollo conjunto”.

Además, se avalaron un conjunto de declaraciones sobre reconocimientos a personas e instituciones por su destacada labor o por el desarrollo de cuestiones que tienen que ver con la ciencia y tecnología, incluidas las que ponderan el premio de Dickenstein y el trabajo de la UNSAM.

El diputado nacional José Luis Riccardo (UCR) presentó un proyecto de modificación del artículo 75 de la Ley de Presupuesto Nacional, referido al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, sobre el financiamiento de compensaciones tarifarias incorporando a la provincia de San Luis a las regiones ya existentes.

En particular, las compensaciones están dirigidas a distribuidoras o subdistribuidoras zonales de gas natural y gas licuado de petróleo de uso domiciliario, que deberán percibir por la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos residenciales y la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo, gas propano comercializado a granel y otros, en las provincias ubicadas en la Región Patagónica, Departamento de Malargüe de la provincia de Mendoza y de la Región conocida como “Puna”. El puntano busca agregar aquí a San Luis.

En los fundamentos de su proyecto, el legislador radical señaló que la provincia “comparte temperaturas medias anuales con otras zonas beneficiadas por este subsidio”. “Queremos llevar un alivio en las tarifas para el uso domiciliario del gas en uno de los peores momentos en muchos años para la economía familiar y cuando tenemos el invierno por delante”, sostuvo.

Y continuó: “San Luis tiene temperaturas invernales similares a muchas regiones que hoy tienen el beneficio de zonas desfavorables. Es justo que los beneficios del fondo fiduciario para el gas lleguen también a San Luis para que los puntanos paguen tarifas más bajas en el peor momento de la economía”.

Finalmente, Riccardo solicita la prórroga del plazo de vigencia del Fondo, por 10 años más, en el entendimiento que “las condiciones socioeconómicas de la población no han mejorado y de haber recuperación no será inmediata”.

Miembro informante del proyecto de ley de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e  Innovación, José Luis Riccardo (UCR – San Luis), señaló este jueves que se estaba saldando “esto que es una expectativa muy importante en todo el sistema científico: nada menos que establecer una política de financiamiento sustantivo progresivo para este sistema”.

El legislador puntano destacó que este proyecto es necesario porque “es imprescindible establecer previsibilidad, certezas que aseguren el crecimiento y la expansión de este sistema en toda su complejidad”.

Destacó luego que la pandemia ha hecho que “como nunca antes toda la humanidad, y todos los argentinos y argentinas estamos a la expectativa de nuestros científicos para poder derrotar a la pandemia. Los que están en la primera línea y los que están en la retaguardia. Esto nos ha puesto en la necesidad de sostener y fortalecer la ciencia”.

Riccardo destacó que el proyecto puesto a consideración fue “el resultado de muchos meses de construcción, consensos, trabajo elaborado, y creo que este es  un momento importante, podemos llamarlo histórico porque es la primera vez que vamos a hacer una ley que establezca la previsibilidad, y además creo que se le suma que ha sido el trabajo del consenso político y creo que le da una calidad especial”.

El legislador radical destacó que esa ley fue construida sobre la base de dos proyectos, uno suyo y en el que trabajaron otros diputados como Brenda Austin, Claudia Najul y Miguel Bazze, entre muchos otros más, y otro de Claudia Bernazza, Lucila Masin y Graciela Landriscini, y otros. “Pero fundamentalmente, además de nuestras iniciativas es muy importante resaltar que pudimos, en el  medio del desarrollo de la pandemia, desarrollar un proyecto de consulta muy amplio con todo el sistema científico y tecnológico argentino, exfuncionarios, tecnólogos, científicos de base… Y se hizo en una forma participativa, equilibrada, y sus aportes fueron muy importantes para el dictamen final, para que tuviéramos un mejor proyecto”.

El diputado radical aclaró que partían de la ley vigente de Ciencia y Tecnología aprobada en 2001. “Pero para avanzar en la consolidación del sistema, es necesario no solo un aumento inmediato de las fuentes de financiamiento, sino corregir los vaivenes que hemos tenido durante décadas”, señaló el legislador, admitiendo que a veces el sector ha experimentado picos de buen financiamiento, y otras no, y así durante décadas. El sistema “ha seguido los vaivenes de la economía y un sistema científico no puede funcionar así”, expresó Riccardo.

Agregó que el financiamiento que tiene la ciencia hoy en la Argentina “nos coloca muy por debajo de los países centrales. Tenemos que revertir esta imprevisibilidad y es la decisión política que hemos tomado ambos bloques  políticos”.

Señaló que el proyecto tiene metas y objetivos, y en ese sentido el primer objetivo es establecer una curva de financiamiento en términos de PBI que nos lleve del actual 0,28% del PBI al 1% en el año 2032. Esto es, más que triplicar el financiamiento actual. Así las cosas el legislador de Juntos por el Cambio señaló que si el PBI actual es de entre 420 o 430  mil millones de dólares, se estaría hablando de alcanzar un financiamiento anual de más de 4 mil millones de dólares para el año 2032.

La ley tiene otros componentes muy importantes, agregó el legislador. Uno es su voluntad federal, pues el 20% de incremento anual va a ser destinados a las provincias, “para reducir las asimetrías en el desarrollo federal de la ciencia y la tecnología.

Hay además “un mandato claro para la inversión privada”. En países como Alemania, señaló Riccardo, la inversión privada supera a la  pública, en una relación de 70 a 30. En Argentina estamos al revés: la inversión privada es del orden del 23% y el Estado pone el resto.

“Nos va a quedar la tarea de diseñar los instrumentos de ley para apalancar el esfuerzo público”, apuntó Riccardo, que luego habló de ejes transversales tales como la cuestión de género, un claro mensaje en las políticas de inclusión y no discriminación, y trabajar en la mejora de los salarios de los científicos, como así también la jerarquización de los investigadores.

Sobre el final destacó el diputado que el Congreso tendrá una participación decisiva, porque el Poder Ejecutivo deberá informar anualmente a las comisiones del Parlamento, porque “creemos que una política así debe ser revisada permanentemente”.

El presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados, José Luis Riccardo (UCR), destacó que el próximo jueves el pleno debatirá en sesión el proyecto de ley que prevé un incremento presupuestario para el área de ciencia y tecnología.

El radical recordó que el año pasado se arribó a un dictamen de consenso, luego del trabajo “sobre un proyecto que presentamos una gran cantidad de diputados de Juntos por el Cambio y otro posterior presentado por el Frente de Todos”.

“Pudimos trabajar con una serie de consultas a todo el sistema científico, durante prácticamente dos meses, con varios expositores, algo que fue muy virtuoso y terminó con un consenso muy importante para arribar a un dictamen unánime”, señaló.

El legislador puntano explicó que “la ley establece un aumento del financiamiento de prácticamente 0,28% del PBI actual a 1% del PBI nacional en el término de 11 años, triplicando así los recursos del área. Eso acumulado en una década van a ser prácticamente unos 15 a 20 mil millones de dólares, a valores del PBI actual, que se sumarán al financiamiento que actualmente tiene el sistema de Ciencia y Tecnología e Innovación, las universidades e institutos, y todo el esquema que trabaja sobre la investigación y desarrollo”.

“Más allá de que Juntos por el Cambio proponía una inversión mayor, se llegó a un aumento extraordinariamente importante para el sector; y tiene otros componentes como la federalización, donde el 20% del incremento anual va a ir a reforzar el desarrollo de los sistemas de ciencia y tecnología provinciales”, continuó.

Además, Riccardo precisó que “el Congreso va a tener una participación en el seguimiento de la inversión, ya que el Poder Ejecutivo tendrá la obligación de elevar un informe anual de cómo se invirtió, de manera de poder hacer un seguimiento de este esfuerzo público, que es un esfuerzo de todo el pueblo argentino”.

“En una Argentina con tantas necesidades, tener la decisión política de invertir un 1% del presupuesto en apostar a que el conocimiento argentino se transforme en mejores puestos de trabajo, desarrollo, y en una economía tecnológica y competitiva, debe tener un seguimiento del Congreso para asegurar que esa inversión se haga bien”, aseguró.

El diputado ponderó, además, que “hay una parte de la ley dedicada al mejoramiento de las condiciones de funcionamiento, infraestructura, salarios del sector. Y también hay un fuerte énfasis en la paridad y equidad de género en el acceso al sistema científico tecnológico”.

“Es un paso institucional y político muy importante, porque desde la sanción de la Ley de Ciencia y Tecnología (N°25.467), en agosto de 2001, a casi 20 años, no hemos tenido una ley que establezca un claro financiamiento de ese sistema. Quedan como pendientes las leyes complementarias de estímulo a la inversión privada en el sector de ciencia y tecnología que complemente al sector público”, finalizó.

El diputado nacional José Luis Riccardo (UCR) envió a las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Salud y Mujeres y Diversidad una nota solicitando la incorporación del proyecto de Educación Sexual Integral (ESI), en el marco del debate del aborto legal y el “Programa de los Mil Días”.

En la nota, el legislador puntano recordó que la iniciativa “en su presentación del año 2018 contó con dictamen de mayoría en plenario de las comisiones de Educación y de Familia, por su relevancia e importancia en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y su vinculación con los debates en curso, en vistas a garantizar un abordaje integral de la problemática de salud pública y educación”.

El radical destacó que “todos los participantes de este debate y los autores de los proyectos que sí están en tratamiento, hacen hincapié en la importancia de la educación sexual integral, como complemento imprescindible para proteger la salud sexual de todos, pero sobre todo de nuestros jóvenes”.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio José Luis Riccardo presentó un proyecto de resolución, instando al PEN a que asegure la libre circulación interprovincial, y que genere un protocolo especial para el acceso de los ciudadanos a sus viviendas y bienes productivos. 

La resolución reclama que, atendiendo al marco normativo que se viene sancionando en atención de la pandemia, se asegure la libre circulación interprovincial, “en resguardo de los derechos consagrados por la Constitución nacional”, y genere un protocolo especial para el acceso de los ciudadanos a sus viviendas y bienes productivos, y para atención de menores, adultos mayores, discapacitados y enfermos a su cargo, ubicados en una provincia distinta a aquella en la que se encuentren.

En los fundamentos del proyecto, el legislador advierte que, “la lógica cercanía” hace que quienes habitan en esos lugares tengan parte de su vida desarrollada ‘del otro lado’. “Comercio, actividades agropecuarias, inversiones y, obvio, familia están allá; pero un ‘allá’ de un par de cuadras”, indica. 

Para el legislador, a pesar de la situación de emergencia, “los excesos en el ejercicio del poder están a la orden del día”, y recuerda que “hay garantías constitucionales que amparan la libre circulación por el territorio argentino”.

Por esto, indicó que presentará un proyecto de ley donde se reafirmen estos derechos constitucionales, y que “sirva de reaseguro de su respeto por parte de los gobernantes y demás funcionarios”. 

Sin embargo, Ricardo propone que, como se dan una gran cantidad de situación acuciantes de urgencia, el Gobierno “debe hacer uso de las facultades extraordinarias que está ejerciendo para garantizar la libre circulación y establecer un protocolo acorde a los casos relacionados con la producción, la propiedad privada y las responsabilidades familiares”. 

El diputado nacional José Luis Riccardo (UCR) realizó un pedido al Poder Ejecutivo para que se tomen las medidas necesarias para que el CONICET pueda prorrogar el plazo de vencimiento de sus becas, “no ya mirando las limitaciones del presupuesto, sino teniendo en cuenta el tiempo en el que se encuentren suspendidas actividades propias del plan aprobado para otorgar la beca”, señaló.

En su proyecto de resolución, el puntano explicó que “la extensión de los plazos, en todas sus categorías, que se encuentran vigentes, incluyen los planes de trabajo que involucren experiencias de laboratorio, trabajos de campo, apoyo de infraestructura, de cálculo o de informática, o cualquier otra actividad afectada por las medidas dispuestas con motivo de la pandemia de Covid-19, por un plazo igual a aquel por el cual estuvieron y vayan a estar vigentes esas medidas”.

“La actividad docente en las universidades logró un nivel de funcionamiento destacable, gracias al esfuerzo de sus docentes. Pero la investigación científica, que ha sido protagonista del momento -porque todos hemos puesto ahí las miradas, y los resultados que va logrando merecen todo nuestro reconocimiento-, ha quedado circunscripta a atender las demandas de la crisis”, remarcó el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

El legislador radical indicó que “los planes de trabajo de las becas que, por ejemplo conducen a la finalización y obtención de Doctorados, se han visto seriamente afectados porque requieren de la infraestructura de investigación, laboratorios, trabajos de campo o con pacientes que están prácticamente inaccesibles durante la pandemia”.

“Es necesario prorrogar el vencimiento para cuidar la inversión de los años anteriores en la formación de los becarios y que lleguen a buen puerto”, concluyó.

Ante la falta del Presupuesto 2020, el diputado nacional José Luis Riccardo (UCR) presentó un proyecto de ley que propone establecer un financiamiento extraordinario a 57 Universidades Nacionales, por el monto de 216 mil millones de pesos.

La iniciativa, acompañada por 40 legisladores del interbloque Juntos por el Cambio, indica que la suma se distribuirá “de forma excepcional y sobre la base de los recursos necesarios previstos por el sistema universitario” para “financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales” de las instituciones.

El puntano resaltó que, a partir de declaraciones recientes de los funcionarios del Gobierno, “el Poder Ejecutivo Nacional no enviaría al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto para este año”.

“La llamada ‘madre de todas las leyes’ no existiría para el año 2020, y tampoco las proyecciones de gastos ni diseño presupuestario del Estado argentino del nuevo Gobierno del Frente de Todos”, agregó.

Por eso, el legislador solicitó junto a sus pares que “se fije un crédito que permita el funcionamiento del sistema universitario y resuelva la preocupante sub-ejecución que se está produciendo en las Universidades por la falta de actualización de su presupuesto”.

En los argumentos de la iniciativa, se remarcó que “las Universidades hoy disponen de las mismas partidas presupuestarias del año 2019. Si se mantuvieran las cifras de entonces -lo que representó un 41,69% más que en 2018-, la pérdida real promedio sería abismal. Equivaldría a un ajuste que volvería insostenible el ejercicio de las tareas fundamentales de cualquier universidad, que en la presente coyuntura han encontrado la manera de mantenerse activas”.

“Esto se ve agravado porque las sumas que se transfiere para pagar salarios son calculadas sobre la planta de 2018, lo que deja sin considerar el incremento producido por las nuevas ofertas académicas, ya comprometidas, y que debieron implementarse”, se añadió.

El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados, José Luis Riccardo, presentó un proyecto de resolución para expresar el beneplácito y reconocimiento a la labor del equipo de investigación del Instituto de Ciencia y Tecnología “Dr. César Milstein” y de la Fundación Pablo Cassará, por el desarrollo de la Plataforma Tecnológica de Amplificación Molecular Isotérmica “AMI” y de kit basado en esa tecnología para detectar el genoma viral de Covid-19.

El radical explicó en la iniciativa que “científicos y científicas argentinas están trabajando en el desarrollo de kits rápidos para identificar el virus en un cuerpo humano”. Recordó que estos profesionales “hace muchos años se dedican a la investigación y el desarrollo de test de detección de enfermedades infecciosas” y “comenzaron formalmente con el Proyecto FITS Chagas 2- 2011, en su laboratorio del ICT Milstein-CONICET, CABA, y es dicho kit el primer test molecular argentino con registro en ANMAT (2017)”.

“Con esa experiencia acumulada, se lanzaron al desarrollo de la Plataforma Tecnológica de Amplificación Molecular Isotérmica ‘AMI’ y de kits con esta tecnología. Ante la aparición de la pandemia mundial, se abocaron a conseguir, en un corto plazo, un kit simplificado para detección del Covid-19, que consiste en amplificar una zona específica del genoma viral, mediante una técnica conocida como ‘amplificación isotérmica mediada por bucle'”, detalló.

Se trata de los investigadores doctora Carolina Carrillo, co-directora de la plataforma AMI e investigadora independiente del CONICET; doctor Adrián Vojnov, investigador principal del CONICET y director del ICT Milstein; doctor Santiago Werbajh, investigador de la Fundación Cessará; doctora Luciana Larocca, investigadora asistente CONICET; y doctora Fabiana Stolowicz, investigadora asistente CONICET.

Acompañaron con su firma el proyecto los diputados de Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo, Gustavo Menna, Mónica Frade, Lorena Matzen, Mario Arce, Rubén Manzi, Carla Carrizo, Diego Mestre, Atilio Benedetti, Lidia Ascarate, Gonzalo del Cerro, Miguel Bazze, Alejandro Cacace, Claudia Najul, Silvia Lospennato, Alfredo Schiavoni, Omar Monaldi, Roxana Reyes, Héctor Stefani, Virgina Cornejo, Carmen Polledo, Gabriela Lena, Estela Regidor, Natalia Villa, Jorge Rizzotti, Jose Nuñez, Laura Castets, Felipe Alvarez, Martín Grande, Aída Ayala y Gerardo Cipolini.

El diputado nacional José Luis Riccardo (UCR) presentó un proyecto para modificar la Ley de Educación (26.206), de modo que quede expresamente habilitada la educación a distancia, para todas las edades, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional.

La iniciativa propone que, atento a las circunstancias lo permitan, el Ministerio de Educación de la Nación convoque al Consejo Federal de Educación, para que elabore en el plazo de un año una regulación al respecto.

El radical señaló que actualmente la norma limita los estudios a distancia solo “a partir de los 18 años de edad, con excepción de la modalidad rural donde podrán ser implementados a partir del ciclo orientado del nivel secundario”.

“Para ello se tendrá especialmente en cuenta las recomendaciones técnicas que formule cada jurisdicción, y la experiencia y los resultados recogidos durante el período en que se implemente la educación a distancia”, sostuvo el puntano en su proyecto.

Asimismo, Riccardo planteó que “se pondrá inmediatamente en marcha un proceso colaborativo para que la modalidad pueda ser utilizada en todas las jurisdicciones, dando el apoyo necesario”.

El proyecto fue acompañado por más de 35 diputados de los tres bloques que conforman Juntos por el Cambio: el Pro, la UCR y la CC-ARI.

El diputado nacional José Luis Riccardo (UCR-San Luis) solicitó al Poder Ejecutivo que formule la propuesta de candidatos a magistrados para la Corte Penal Internacional (CPI), ante la Asamblea de los Estados Parte (AEP) del Estatuto de Roma, antes del 30 de marzo.

El pedido se refiere a que, días atrás, la organización Parlamentarios para la Acción Global (PGA, por el nombre en inglés) -de la cual el legislador es miembro- pidió colaboración para que se concrete la nominación de postulantes argentinos.

En los fundamentos del proyecto de resolución, Riccardo mencionó una nota que recibió por parte de PGA, en la que se hace referencia que este año “es de gran importancia” para la CPI ya que se elegirán seis nuevos magistrados.

La competencia de la CPI es complementaria de los tribunales nacionales, lo que significa que actúa solamente cuando los países no pueden o no están dispuestos a hacer las investigaciones o juicios correspondientes. Además de las salvaguardas de procedimiento para evitar abusos, la CPI garantiza el debido proceso, el respeto de los derechos de las víctimas y de la justicia de género de conformidad con el derecho internacional.

“Todos los países que forman parte del Estatuto de Roma (Argentina lo es desde 1999) tienen derecho a nominar candidatos para ejercer un mandato de nueve años como magistrado”, indició el diputado y resaltó que los candidatos deberán ser “del más alto nivel”, de acuerdo a los requisitos que se solicitan.