Aunque no especificó si era contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, el jefe del interbloque Unión por la Patria, José Mayans, presentó una cuestión de privilegio este jueves contra la integración de las comisiones, al asegurar que “la proporcionalidad está siendo avasallada”.

El presidente de la bancada que posee 33 senadores, a cuatro de la mayoría del cuerpo, reclamó sobre “el funcionamiento del Senado, de las comisiones y cómo se ha decidido su conformación”. Cabe recordar que la delegación a Villarruel para conformar las comisiones se le otorgó en una sesión en diciembre -la cual para UP no fue válida- con una mayoría de 39 senadores, entre los siete oficialistas y el resto de los bloques de la oposición no K.

Salvo para las comisiones que se conformaron en el verano, en lo que respecta al resto de una veintena, UP no envió a representantes a las mismas, en disconformidad con los lugares otorgados. “Hay un tema que es central, que es la representación que da el pueblo, que es invulnerable y que para mí se debe respetar”, enfatizó el formoseño.

“El reglamento habla claramente de la proporcionalidad que en este momento está siendo avasallada en la conformación de las comisiones”, insistió y dijo: “A nosotros nos corresponde el 45% en materia proporcional y eso es lo que no se está respetando acá en el cuerpo”.

Además, apuntó que “el reglamento establece que un senador no puede tener más de seis comisiones y una presidencia”. Sin embargo, aunque dijo que no iba a dar nombre, “hay un senador que tiene 17 comisiones, hay otros que tienen 11, 10, 9 y 8. Varios senadores que han pasado la cifra de seis comisiones”, señaló.

Mayans pidió que “se respete la proporcionalidad” tanto en las comisiones unicamerales como en las bicamerales y consideró que “la estrategia esta de que no van a obtener despacho (de mayoría), me parece que es una estrategia muy burda”. “Me gustaría que revean la situación para que podamos tener un trabajo armonioso”, cerró.

Pero luego dijo que también presentaba una cuestión de privilegio contra las autoridades de la Bicameral de Trámite Legislativo. “Fue lamentable y bochornoso el espectáculo que dio la comisión de DNU ante el pueblo argentino, tratando 20 expedientes abstractos, inexistentes, una artimaña como para no tratar el problema en que estamos viviendo hoy”, se quejó.

El legislador resaltó que la Constitución y la ley que regula el trámite de los DNU “son contundentes; si se quiere tratar algún DNU especial en el recinto, simplemente hay que pedirlo”.

Para Mayans, haber tratado decretos caducos de los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández “desprestigia la actividad del Senado; mientras hay gente que no puede pagar la boleta de luz, gente que no puede comer, gente que no puede comprar medicamentos, mientras hay PyMEs que están cerrando, tenemos un comportamiento que realmente es una burla”. Y solicitó a las autoridades de la bicameral “que estén a la altura de las circunstancias y que traten los temas que tienen actualidad”.

Horas antes de la reunión de autoridades de la Confederación General del Trabajo en Casa Rosada con el ministro del Interior, Guillermo Francos, el interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria, encabezado por su presidente José Mayans, se reunió este miércoles con la conducción de la CGT, para analizar la compleja situación nacional.

En la reunión, realizada en la sede sindical de la calle Azopardo, Mayans, junto a los miembros del interbloque, marcó su respaldo al reclamo cegetista por la homologación de los acuerdos paritarios, firmados en los últimos días, y criticó las “políticas antipopulares” de la actual administración de Javier Milei.

El formoseño alertó sobre el delicado contexto político-social y señaló que “es obligación nuestra, como representantes de las provincias, y de ustedes, como representantes de los trabajadores (por los sindicalistas), luchar con convicción por el país, la patria y el mundo que queremos, con nuestras banderas que son: independencia económica, soberanía política, justicia social y la integración latinoamericana”.

“Esa es la lucha de todos nosotros y también de los gobernadores”, indicó. Y agregó que, “como bloque, nosotros no vamos a tratar ningún proyecto que vaya en contra de los trabajadores, como es el proyecto de Impuesto a las Ganancias”.

Al término del encuentro, expresó su “preocupación por las políticas públicas del Gobierno nacional que afectan a los trabajadores” de todo el país. “El plan del Gobierno es aplastar el salario del trabajador”, sentenció el formoseño.

Además de Mayans, por la bancada participaron la vicepresidenta del interbloque UP, Anabel Fernández Sagasti; la presidenta del bloque Unidad Ciudadana, Juliana di Tullio; Guillermo Andrada, Daniel Bensusán, Eduardo “Wado” de Pedro, María Eugenia Duré, Silvina García Larraburu, María Celeste Giménez Navarro, Nora Giménez, María Teresa González y Alicia Kirchner.

También fueron de la partida Sergio Leavy, Carlos Linares, Cristina López, Florencia López, Juan Manzur, Sandra Mendoza, Carolina Moisés, Gerardo Montenegro, José Neder, Oscar Parrilli, María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde, Fernando Rejal, Fernando Salino y Silvia Sapag.

Por el Consejo Directivo de la CGT, estuvieron Héctor Daer, Abel Furlán, Jorge Sola, José Luis Lingeri, Gerardo Martínez, Carlos Acuña, Hugo Moyano, Andrés Rodríguez. Cristian Jerónimo, Mario “Paco” Manrique, Julio Piumato y Noé Ruiz.

A su turno, Daer agradeció los legisladores por el “rol importantísimo” que tuvieron en el rechazo del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 y destacó  que “ese paso fue y sigue siendo fundamental, más allá de la suerte que pueda tener el DNU en la Cámara de Diputados, porque también nos da la posibilidad de construir un escenario donde se puedan frenar todas las instancias legislativas que vuelvan a aparecer y que son una amenaza no solamente contra los derechos laborales y sindicales, como fue el capítulo 4 del decreto 70/23, sino sobre muchísimos sectores de la sociedad en su conjunto, sobre el patrimonio del Estado, sobre el Estado mismo”.

Además, remarcó la importancia de la unidad del campo popular en el contexto actual. “Que estemos juntos es fundamental”, reconoció el dirigente, al inicio de la reunión, y sostuvo que “debemos construir una alianza fundamental” para frenar los embates contra los trabajadores y los intereses nacionales.

Alertó sobre el problema que atraviesa el sector laboral ante la negativa del gobierno nacional de homologar los convenios colectivos acordados con las patronales. “La no homologación de nuestros convenios colectivos nos genera complicaciones absolutas y nos puede llevar a la destrucción del único instrumento de equidad que existe en nuestro país que es el convenio colectivo marco, que nos da igualdad de salarios y de condiciones de trabajo a todos los trabajadores y las trabajadoras donde sea que se encuentren”.

A su turno, la presidenta del bloque Unidad Ciudadana, Juliana di Tullio, expresó “preocupación” por la “nueva versión de la ley ómnibus” del gobierno, con la que vuelve a atacar a la protesta social “con un esquema represivo y penal”.  “Nosotros venimos a acompañarlos en la defensa de las trabajadoras y trabajadores, contra el brutal ajuste que aplica el gobierno”, sostuvo la bonaerense, ante los sindicalistas.

Por su parte, Recalde explicó que la intención del interbloque es plantear una agenda propositiva para “impulsar iniciativas para el mundo laboral que favorezcan a las trabajadoras y los trabajadores”, además de mantener una política en defensa de los derechos laborales y sindicales adquiridos a lo largo de la historia.

Promediando la sesión especial de este jueves del Senado, el jefe del bloque de Unión por la Patria el formoseño José Mayans, cuestionó duramente al presidente de la Nación por el mega DNU 70/23 y por las “amenazas y ataques” hacia los senadores y gobernadores.

Además, al igual que el santacruceño José Carambia y el cordobés Luis Juez (Pro), Mayans se solidarizó con la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, quien recibió críticas de Javier Milei por haber habilitado la sesión que le valió el rechazo del decreto de necesidad y urgencia. También, recibió amenazas vía redes sociales por parte de trolls libertarios.

“Hay una sola forma de ser libres y es siendo esclavos de la ley. La democracia exige el verdadero Estado de derecho, el cumplimiento de la Constitución, de las leyes, el respeto a las libertades fundamentales. Esa es la Argentina que quiero. Se supone que esta era una etapa nueva, con una propuesta distinta”, inició su intervención.

Mayans coincidió con los senadores preopinantes del bloque UCR Pablo Blanco y Martín Lousteau en que se “perdió tiempo porque podríamos haber tratado 15 leyes que sustituyan los títulos y, a lo mejor, muchas ya estaban aprobadas”.

“El gobierno empezó con medidas económicas que es un tema para discutirlo en una sesión.  Un plan de gobierno parecido a lo que parece el plan del campesino porque pensó que tuvo éxito porque quería hacer trabajar a su mula sin comer y justo que se acostumbró se murió, ese es el plan que está en vigencia en Argentina”, comparó y apuntó: “Hay una brutal devaluación que aplasta el salario del sector público y privado, eso es inobjetable”.

El formoseño cuestionó: “Dos medidas tomó. Una el DNU que empezó el 20 de diciembre y la Ley ómnibus están inspiradas en Sturzenegger como un comisario sin tener ninguna función y él dijo que era el autor ideológico con Caputo, pero cuando pedimos que vengan no apareció ninguno”.

Así, le recordó a la oposición no K que cuando empezó el tratamiento en Diputados el presidente los calificó de coimeros porque “algunos manifestaron estar en desacuerdo con una ley que tiene más de 600 artículos. Es una cosa increíble. Después les dijo que eran un nido de ratas, es la primera vez que escucho a un presidente que dice eso de sus bloques de amigos. Cuando se cayó la ley hizo la lista de los traidores y después dijo textualmente que iba a hacer mierda a los gobernadores, de los traidores y de los coimeros”, y agregó: “Es terrible lo que pasó con ese nivel de insulto y de castigo a los pueblos de las provincias”.

En tanto, calificó de “vergonzoso” que Milei haya utilizado como burla el síndrome de Down hacia el gobernador chubutense Ignacio “Nacho” Torres que “reclamaba atención por parte de Nación”, y les preguntó a sus pares: “¿A ustedes les parece normal que un presidente les diga a los gobernadores que le piden una reunión que vayan a un psicólogo porque no los va a atender? ¿Se pude permitir esto? ¿con este nivel de irresponsabilidad vergonzosa?”.

Por otro lado, el jefe del bloque UP detalló que “el gasto social se redujo a un 30%, la transferencia a las provincias se redujo en un 83%, los subsidios por los servicios el 64% y en marzo va el 100%, gasto de capital e inversión pública el 83% reducido eso significa mucha gente sin trabajo y desocupación, jubilaciones, inversión pública, todo esto es devastador. Un jubilado gana 150 mil y la canasta está en 700 mil”.

Al hablar puntualmente del DNU, recordó que “empezó con una amenaza hacia nosotros por parte del Ejecutivo. Ahí empezó el tema del tratamiento con amenazas y ataques a los senadores. Desprestigió al Senado”.

Mayans hizo un párrafo aparte para expresarle su solidaridad a Villarruel porque “ayer la amenazaron de muerte porque eso que decían en redes que había que colgarla en Plaza de Mayo por habilitar la sesión. Eso no es para tomar en broma”, y volvió a preguntarle a sus pares muy enojado: “¿Todo eso les parece normal a los legisladores? ¿No les llama la atención, a la reflexión? De que esta persona tiene sus facultades mentales alteradas. Porque ahora seguro publica la lista de la votación que salió y está instigando al linchamiento. Es grave”.

“Nosotros no somos ningunos delincuentes como dijo en su discurso el presidente. Dijo que el Estado es una organización criminal. Hay gente que avala esto y aplaudían sus legisladores que él derogó leyes. No lo puede hacer porque está expresamente vedado por la Constitución Nacional y él no es la excepción y tiene que cumplir”, expresó entre gritos.

Y cerró: “El presidente tiene que respetar la Constitución, tiene que respetar la división de poderes. Nosotros no somos empleados de él, estamos electos por el pueblo“, y chicaneó: “Alguien que le avise al presidente que no puede derogar leyes. Si puede modificar o derogar entonces este Congreso hay que cerrarlo, no lo puede hacer”.

En el inicio del debate del DNU 70/2023, el jefe de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Ezequiel Atauche, solicitó una moción para postergar dos semanas el tratamiento decreto presidencial, el cual fue acompañado por Juan Carlos Romero (CF – Salta), pero rechazado por 41 votos negativos contra 30 positivos.

Brevemente, el senador jujeño consideró que “este es un momento en el cual hay que unirse y empezar a tratarlo pone en riesgo la unidad nacional a la que está llamando el presidente”.

Como se mencionó, el senador salteño Romero apoyó la moción del jujeño y rápidamente fue cruzado por el presidente de bancada de Unión por la Patria, José Mayans: “Atauche se equivocó en la propuesta porque dijo ‘moción de orden’, pero dice lo que le pide su director técnico”, al ironizar contra el legislador de Cambio Federal.

Además, Mayans aclaró: “Se pide un aplazamiento por 15 días, pero modificar el temario requiere mayorías especiales”. “El sentido del voto es que quienes voten en rojo es para seguir el tratamiento de este DNU”, enfatizó de cara a su bloque y a quienes apoyan la continuación del debate.

Los 41 senadores que se opusieron a la moción del oficialismo fueron: los 33 miembros de Unión por la Patria; el radical Martín Lousteau; Edgardo Kueider y Carlos “Camau” Espínola de Unidad Federal; los santacruceños, José María Gadano y Natalia Gadano; la neuquina Lucila Crexell; la chubutense Edith Terenzi ; y la rionegrina Mónica Silva.

Así las cosas, los 30 votos que acompañaron el pedido de Atauche fueron: los 6 de La Libertad Avanza (Bartolomé Abdala se encontraba ausente por el fallecimiento de su esposa); los 6 del Pro; 12 de la Unión Cívica Radical -a excepción de Lousteau-; Andrea Cristina y Juan Carlos Romero, de Cambio Federal; Alejandra Vigo, de Unidad Federal; la tucumana Beatríz Ávila; y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

Pasadas las 13, los ánimos estaban muy caldeados en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, cuando desde el oficialismo se insistía en votar las autoridades. Pero eso no tuvo nada que ver con la situación que terminó distendiendo la situación y que se dio exactamente a las 13.04, cuando estaba haciendo uso de la palabra el senador José Mayans. Flanqueado por Germán Martínez y Juliana di Tullio, impresionó el susto reflejado en las caras de ambos cuando se escuchó el ruido de la rotura de la silla del senador Juan Carlos Romero. Inmediatamente se incorporaron Mayans y Martínez para ver si se había lastimado el senador salteño, que aclaró que estaba bien, mientras Martínez y Mayans le pasaban otra. “Si tuviera esos poderes”, le señaló el jefe del bloque de diputados de UP ante un comentario del salteño y entre risas.

“No nos eches la culpa, Romero, nosotros no fuimos”, lanzó entre risas Juliana di Tullio.

No la tiene fácil La Libertad Avanza en el Senado. Si bien había alcanzado en su momento un acuerdo con parte de la oposición “extra UP” que redujo el peso específico de la primera minoría en esa Cámara, a poco de andar verificó que las matemáticas en el Poder Legislativo no son una ciencia exacta. Lo que hoy puede sumar de una manera, mañana puede que sea de otra.

Más si se produce un cataclismo como el que sucedió el martes pasado en Diputados con la ley de Bases, y el presidente la emprende luego contra la oposición más cercana y los gobernadores más afines con las peores imprecaciones.

Antes de continuar, repasemos los números del Senado. El oficialismo con menos poder de fuego de la historia política argentina tiene apenas 7 senadores; UP canta 33; lo que alguna vez fue Juntos por el Cambio suma 24. Y por último, los senadores que representan el peso que puede desnivelar el fiel de la balanza: 3 de Unidad Federal, 2 misioneros, 1 rionegrina y los 2 santacruceños.

Los 5 últimos responden a sus gobernadores, y en tiempos en que el presidente echa fuego por la boca contra los mandatarios provinciales, cualquier cosa puede pasar con esos 5. En tanto que los 3 de Unidad Federal, se dividen en 2 peronistas y la esposa del exgobernador Schiaretti.

Los senadores del interbloque Unión por la Patria tienen como objetivo el DNU.

El oficialismo tiene como aliciente que la vicepresidenta de la Nación es la que debe convocar a sesionar; no alcanza conque lo pida un bloque, cosa que sucedió con UP para tratar el DNU de la polémica. Victoria Villarruel ha desoído el pedido del interbloque de José Mayans para reunirse la semana pasada, y piensa hacer lo mismo con el llamado para el jueves 15. El tema es que ese día necesitaría sesionar, pues es el último día de extraordinarias. Tiene qué tratar: el proyecto de ley de lavado de activos que obtuvo dictamen el miércoles pasado.

Es una semana corta, que en tiempos libertarios poco importa, pues ya se ha visto a los diputados trabajando intensamente en el generalmente inmaculado mes de enero. Pero las tradiciones tienen su peso, sobre todo en la Cámara alta, y será difícil sesionar allí este miércoles o jueves, fundamentalmente porque La Libertad Avanza no quiere correr riesgos en tiempos en que se le ha complicado el panorama en términos legislativos.

Fuentes libertarias consultadas por parlamentario.com dan por hecho que van a sesionar… pero sin poder precisar cuándo. Aunque le pusieron más interrogantes a esta semana, razón por la cual habría que esperar una ampliación de extraordinarias hasta fin de mes. No es seguro, pero sí muy probable. Y para tratar lavado de activos, no así Boleta Única de Papel, que tiene el boleto picado y perderá estado parlamentario a fin de mes. Hay con ese tema 36 votos de cada lado, sin que pueda desempatar Victoria Villarruel, pues los temas electorales necesitan mayoría absoluta.

Sea como fuere, lo que tiene que garantizarse el oficialismo es esquivar el tratamiento del DNU, a menos que se garantice que las huestes de Mayans no tienen el número. Pero alguien tan experimentado como el formoseño no jugará esas cartas sin saber que cuenta con un ancho de espadas. ¿Lo tiene?

Saben en Unión por la Patria que no cuentan con el resto para forzar el quórum, pero sí podrían forzar en cualquier sesión el tratamiento correspondiente.

En la semana que pasó, circuló entre tantas versiones la supuesta certeza de que la oposición dura ya tenía número para rechazar el DNU. Incluso la versión decía que ya se le había informado a la vicepresidenta de la Nación que estaba el número para liquidar (en esa cámara) el DNU. Sin dar precisiones sobre dónde encontraría los cuatro votos que le faltan a UP.

Posibilidades hay de sobra en los tiempos líquidos que corren: el entrerriano Edgardo Kueider se ha manifestado crítico con el decreto de necesidad y urgencia 70/23. Su compañera de bloque Alejandra Vigo tiene motivos para estar enojada con el Gobierno, cordobesa como es. La rionegrina Mónica Silva ya se sabe de dónde puede estar más cerca. Y ni qué decir de los misioneros, cuyo gobernador es uno de los señalados por Milei y está muy enojado con el presidente, con quien niega haber hablado alguna vez; dice que los diputados de su provincia iban a votar exactamente lo mismo que lo que habían acordado en la comisión, que ninguno de ellos cambió nada y que sabían desde la emisión del dictamen que los misioneros no iban a acompañar.

La senadora Mónica Silva ya le dio un disgusto al oficialismo con Boleta Única de Papel.

Paralelamente, la presidenta del Senado mantiene una buena relación con los senadores considerados “dialoguistas”, y mantiene en suspenso la realización de la sesión amparada en el artículo 20 del reglamento interno que señala: “El presidente, luego de recibir la petición, dispondrá la respectiva citación para el día y hora que mejor estime, si no los ha señalado el Cuerpo, según sea el asunto o las circunstancias del caso”.

“Los tiempos del Senado ya no los maneja el kirchnerismo”, se escuchó decir en cercanías de la presidenta del Cuerpo. El problema es que, mientras tanto, esa Cámara no puede sentarse a sesionar.

El presidente del interbloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans (Formosa), sostuvo que, tras la multitudinaria respuesta que tuvo el paro general en todo el país, “el tratamiento del DNU” en el Congreso debe ser “urgente”.

“El paro de ayer fue un contundente rechazo del pueblo argentino a este programa, que, me parece, nadie votó“, agregó el formoseño, al analizar la magnitud de la medida de fuerza convoca por las tres centrales sindicales nacionales.

En el mismo sentido, explicó la decisión de su bancada de solicitar a la presidencia del Senado la convocatoria a una sesión especial para el próximo 1 de febrero con el fin de dar tratamiento al referido mega decreto 70/23. “Nosotros trabajamos por el rechazo del DNU, por el pedido que hizo ayer el pueblo argentino”, abundó el senador peronista, en una entrevista radial.

También, alertó que el decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei “está vigente y tiene una potencia tremenda, porque en el artículo primero declara la emergencia general del Estado, en materia económica, en materia social, entre otros aspectos”.

Así, opinó que “el gobierno dejó correr los tiempos legales para evitar el tratamiento parlamentario del DNU”, que debe ser aprobado o rechazado por el Congreso, y así mantenerlo “en vigencia,” con sus posteriores efectos políticos, económicos y sociales.

“El Poder Ejecutivo envió el texto del DNU al Congreso a poco de que se venciera el plazo para hacerlo. Ya en el Parlamento, el oficialismo en ningún momento convocó a la comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo para que emitiera dictamen al respecto. Se vencieron los plazos legales y el decreto sigue vigente, pero también ambas Cámaras del Congreso quedaron habilitadas para aprobarlo o rechazarlo en sus respectivos recintos”, precisó.

Mayans explicó que ahora la presidencia de la Cámara alta está “obligada” a llamar en forma inmediata a la sesión especial solicitada ayer por cinco senadoras y senadores nacionales de UP para el próximo 1 de febrero.

“Nosotros queremos discutir ley por ley”, comentó el jefe de la bancada y uno de los firmantes del pedido, ante una consulta periodística. También, recordó que la mayoría de los especialistas declaró que el DNU por las atribuciones que se adjudica, la cantidad de materias que aborda y el sinnúmero de leyes y normas que deroga o modifica “es inconstitucional”.

En esa línea, remarcó: “Un DNU debe responder a una situación excepcional, a un tema especial, en circunstancias especiales, pero este DNU deroga trescientas leyes y sustituye prácticamente al Parlamento, todo eso ya lo hace inconstitucional, porque vulnera el principio republicano de gobierno establecido en artículo primero de la Constitución Nacional”.

“Le decimos al gobierno que reflexione, que empecemos de nuevo”, insistió Mayan para recordar, luego, que “en el proyecto de la ley ómnibus”, que se encuentra en debate en la Cámara de Diputados, el oficialismo puso “una trampita: colocaron al final un artículo con el que se aprobaría el DNU”, cosa que no se puede hacer con un decreto de necesidad y urgencia que tiene una ley especial que regula su tratamiento y sanción.

Además, contó que en las últimas semanas las senadoras de UP mantuvieron reuniones con representantes de distintos sectores de la actividad económicas como pymes, economías regionales, farmacéutico y dijo que “no hay un solo sector que no haya sido perjudicado por este DNU”. “Le decimos al gobierno que reflexione y establezcamos un verdadero estado de derecho”, agregó.

Para el formoseño, estas políticas ya se vivieron con el ex presidente Mauricio Macri: “Apertura de las importaciones, devaluación, dolarización de los servicios, salarios paupérrimos. Ya vimos esta película y sabemos cómo termina; con un default”.

Gobernadores provinciales, legisladores nacionales, sindicalistas y referentes de movimientos sociales peronistas se reunieron este jueves por la tarde, en la sede de la Casa de la Provincia de Buenos Aires de esta capital, para analizar la situación económica, política y social del país y ratificar la adhesión al paro general de actividades dispuesto por la CGT para el próximo 24 de enero.

Del encuentro participaron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; sus pares Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego); el jefe del bloque de senadores y senadoras nacionales de Unión por la Patria, José Mayans, y su similar de la Cámara baja, Germán Martínez; el jefe de la CGT, Héctor Daer; el secretario general de la CTA, Hugo “Cachorro” Godoy; el dirigente camionero Pablo Mayo y referentes sociales como Juan Grabois y Emilio Pérsico.

También estuvieron presentes los senadores nacionales Florencia López y Fernando Rejal; las diputadas nacionales Victoria Tolosa Paz, Natalia Zaracho y su compañero de bancada Eduardo Valdés; el intendente del partido bonaerense de Avellaneda, Jorge Ferraresi; la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y funcionarios del gabinete provincial como Gabriel Katopodis, Carlos Bianco y Andrés Larroque, entre otros.

El gobernador Kicillof ofició de vocero de la reunión. Explicó que el encuentro fue “una convocatoria de varios sectores” del peronismo y que participaron gobernadores provinciales (algunos por zoom), legisladores nacionales de Unión por la Patria, referentes de los movimientos sociales y dirigentes de las tres centrales sindicales. “Básicamente la reunión consistió en repasar la situación nacional, la situación económica”, explicó.

“Estuvimos hablando de lo que ha producido en este tiempo la batería de medidas económicas y decisiones que ha tomado el gobierno, desde la devaluación a los aumentos de alimentos, combustibles, medicamentos, también prepagas. Bueno, y sabiendo que se vienen todavía los tarifazos y las cuestiones de transporte, energía, etcétera”, puntualizó el bonaerense.

A su turno el jefe de la bancada de UP del Senado, José Mayans, fue consultado por la prensa acerca del tratamiento del polémico decreto de necesidad y urgencia 70/23. El formoseño respondió: “Nosotros esperábamos el tratamiento del DNU, pero hasta ahora no se conformó la comisión bicameral que debe analizarlo”.

Contó que desde UP se presentaron “los nombres de nuestros representantes, tanto de Diputados como del Senado, para conformar la bicameral, pero no hubo novedades”. Y dijo que ahora se está “a la espera del cumplimiento de los tiempos establecidos por la ley 26.122”, para definir la acción a seguir. Señaló que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo todavía no emitió dictamen al respecto, por eso, indicó: “La semana que viene, si no hay despacho de la comisión bicameral, tenemos prácticamente habilitadas a ambas cámaras del Congreso para dar tratamiento al DNU”.

“Nosotros estamos dispuestos a discutir ley por ley, cada una de las leyes laborales, las que hacen al tema de las empresas del Estado”, finalizó senador peronista, al expresar la voluntad de la bancada con mayor cantidad de miembros en la Cámara alta.

El interbloque de senadores y senadoras nacionales de Unión por la Patria -encabezado por su presidente, José Mayans– recibió este miércoles a representantes sindicales y empresarios del sector farmacéutico y de pequeñas y medianas empresas del país, en sendas reuniones realizadas en las oficinas de la bancada opositora en el Palacio Legislativo.

En ambos encuentros, los referentes empresarios y sindicales expresaron su profunda preocupación por la vigencia del DNU 70/23 y por una eventual sanción de la denominada ley ómnibus. De esta manera, la primera minoría opositora del Senado continuó recibiendo a distintos sectores sociales y económicos, como ocurrió la semana pasada con productores vitivinícolas y yerbateros, que se oponen al referido decreto y al proyecto de ley en tratamiento en la Cámara baja.

La primera reunión de la tarde fue con el sector farmacéutico que tuvo la particularidad de que “estuvieron juntos propietarios de farmacias y trabajadores, a través de sus representaciones naturales”, destacó la senadora salteña Nora Giménez. En ese sentido, explicó que “la desregulación” impulsada con el DNU implica “un serio problema para la salud de la población”, ya que introduce un cambio de concepto fundamental: “el medicamento deja de ser un bien vinculado a la salud pública y pasa a ser un bien comercial más”.

En la reunión, los representantes alertaron de que el decreto afecta, además, a los profesionales farmacéuticos, ya que dispone que menos graduados de la disciplina estén abocados a atender una mayor cantidad de farmacias, y abre la puerta a la posible la falsificación de medicamentos, ya que se pierde la trazabilidad de los productos y se desdibuja el rol de la ANMAT como organismo de control.

Los senadores recibieron a representantes de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA), de la Confederación Argentina de Farmacias (COFA) y de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF), que coincidieron en el rechazo al DNU y abogaron por restablecer la obligatoriedad de que los medicamentos sean comercializados sólo en farmacias y con la presencia de un profesional farmacéutico, así como mantener la ley de genéricos.

Por la FATFA estuvieron presentes Fabián Hadad (secretario general), José López (secretario adjunto), Rodolfo Martínez y Martín Sancaro; por la COFA, Luis Alberto Salvi y Claudia Martino; y por FACAF, hicieron lo propio Sandra Prieto y Lucía Di Carlo.

Con PyMEs

En la reunión siguiente, fue el turno para referentes de distintas organizaciones de pequeñas y medianas empresas. “Las representaciones empresarias agradecieron ser recibidas por la bancada e informaron que van a pedir audiencias con el resto de los bloques para marcar su posición respecto del decreto y la ley ómnibus”, comentó Giménez.

Destacó que los visitantes coincidieron sobre “las severas consecuencias y el daño que va a producir en el tejido económico y social de las pequeñas y medianas empresas” las medidas surgidas del DNU y de la ley ómnibus. Tras destacar el importante rol de ese sector respecto a la producción local y a la actividad exportadora, alertó que la aplicación de ambas normativas puede provocar “en corto plazo la pérdida de alrededor de medio millón de puestos de trabajo”.

“En el encuentro, se hizo una proyección de que, en breve, pueden llegar a desaparecer cerca de 50 mil pymes, con la desregulación producto de la aplicación del DNU y la ley ómnibus; es decir, el de doble de la era Macri, cuando desaparecieron 25 mil pymes”, detalló la senadora por Salta.

Estuvieron presentes referentes del Frente Coordinador PYME, de la Cámara Empresaria Argentina, de la Confederación Federal PYME y del Movimiento 25 de Mayo, entre otros. Según analizaron, la puesta en marcha de ambas normas implica la desregulación de economía, la privatización de empresas estratégicas, la flexibilización laboral, la apertura economía y la pérdida de soberanía.

El interbloque de senadores de Unión por la Patria, encabezado por el formoseño José Mayans, recibió, este martes por la tarde en el Senado de la Nación, a dirigentes de las tres centrales sindicales, entre quienes se encontraban: Héctor Daer (CGT), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) y Hugo Godoy (CTA- Autónoma). Además, participó Taty Almeida, referente de las Madres de Plaza de Mayo.

Durante el encuentro, los gremialistas expresaron su “preocupación” por el mega decreto de necesidad urgencia del Gobierno nacional que deroga más trescientas leyes de distinta índole y afecta tanto históricos derechos laborales como la continuidad de empresas públicas estratégicas.

Al término de la reunión, Mayans recordó que el interbloque de UP emitió un comunicado en el que “dejamos establecido que este DNU, primeramente, es inconstitucional, viola la Constitución nacional, viola el Estado de Derecho de la República Argentina y viola la división de poderes”. “La utilización de un DNU para derogar trescientas leyes, nunca pasó en la República Argentina. Es obviar directamente al Congreso”, afirmó.

Además, sostuvo que “el Congreso está para trabajar y tratar ley por ley; porque, aparte de eso, el pueblo tiene que saber de qué se trata. En cada ley que se analice, el pueblo merece escuchar el debate del Parlamento argentino, salga como salga. Pueden obtener mayoría, pero el pueblo va a estar sabiendo cuál es la ley que se quiere derogar, por qué se está derogando y cuál es la fundamentación. En cambio, no se puede aplicar un DNU que va a traer consecuencias que son irreversibles, y por eso la preocupación tanto de la CGT como de las dos CTA”.

En relación las conversaciones con las representaciones sindicales, contó que los gremialistas plantearon inquietud por los efectos del referido decreto puede acarrear, por ejemplo, sobre “el derecho de los trabajadores y cómo puede afectar a las empresas públicas argentinas. Que esas empresas, que cumplen servicios verdaderamente importantes para el país, no sean enajenadas por chirolitas”.

“Como ya dije: Nosotros estamos dispuestos a trabajar el tiempo que sea necesario, que el Poder Ejecutivo envíe las leyes que quiere reformar o derogar y que haya un debate público de esos temas. Por eso hemos convocado al bloque, que está atento, y también estamos trabajando con otras fuerzas políticas, en el mismo sentido”, explicó el senador peronista.

De la reunión formaron parte, además de los mencionados, las senadoras nacionales Anabel Fernández Sagasti (vicepresidenta del interbloque UP) y Juliana di Tullio (presidenta del bloque Unidad Ciudadana); y sus compañeros de bancada: Guillermo Andrada, Daniel Bensusán, Lucía Corpacci, Eduardo De Pedro, María Eugenia Duré, María Cecilia Giménez Navarro, María Teresa González, Alicia Kirchner, Carlos Linares, Cristina López, Florencia López, Oscar Parrilli, Mariano Recalde, Fernando Rejal, Fernando Salino, Silvia Sapag y Sergio Uñac.

Además, a través del sistema de videoconferencia, participaron los senadores Silvina García Larraburu, Nora Giménez, Sergio Leavy, Marcelo Lewandowski, Sandra Mendoza, Gerardo Montenegro y José Neder.

Por el sector sindical, estuvieron presentes: Fabián Catanzaro (Corriente Federal), Alejandro Gramajo (Utep), Omar Plaini (Sindicato Vendedores de Diarios y Revistas), Rodolfo Aguiar (ATE), Claudio Britos (ATE-Congreso), Elena Pereyra (APL), Carlos Acuña (Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio) y Cristian Gerónimo (SEIVARA-CGT).

Los senadores nacionales de Unión por la Patria, presididos por José Mayans, se van a reunir esta tarde con los referentes de las centrales sindicales, Héctor Daer (CGT) y el diputado nacional Hugo Yasky (CTA) para debatir sobre el alcance de las reformas del Estado y el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei.

La reunión se llevará a cabo, desde las 18, en las oficinas de la bancada que encabeza el formoseño en el Senado. Al igual que la bancada de UP en Diputados la semana pasada, los legisladores recibirán a los titulares de las centrales sindicales.

El encuentro se realizará previo a la marcha que este miércoles realizarán las centrales sindicales hacia Tribunales para pedirle a la Justicia que ponga un freno al decreto de necesidad y urgencia firmado por Milei que reforma y deroga más de 300 leyes.

Del encuentro participarán los senadores peronistas que se encuentren en Buenos Aires, mientras que los que no hayan viajado participarán a través de la plataforma Zoom.

En una noche sin antecedentes para la política argentina desde el retorno de la democracia, los diputados y senadores del Frente de Todos se congregaron en el Salón Illia de la Cámara alta para expresar su solidaridad con la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien sufrió un intento de asesinato en la puerta de su casa.

Minutos antes de la medianoche, los legisladores oficialistas brindaron una conferencia de prensa en la que anunciaron una serie de acciones.

La primera en hablar fue la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, quien arrancó: “Es una noche muy difícil para todos nosotros”. Y anunció que se convocará a la conformación de “una comisión investigadora bicameral sobre el atentado contra la vida de la vicepresidenta”.

Además, se realizarán sendas sesiones en ambas cámaras para repudiar el hecho, afirmó, y agregó: “Instamos a que se haga lo mismo en todas las Legislaturas locales y concejos deliberantes”.

Por su parte, el jefe del interbloque Frente de Todos en el Senado, José Mayans, expresó el “repudio a este hecho verdaderamente lamentable, penoso, que a toda la sociedad argentina consterna y nos entristece realmente”.

Tras manifestar la “solidaridad” con la titular de la Cámara alta y su familia, sostuvo que están “esperando el pronto esclarecimiento de este hecho”. “Lamentamos profundamente lo que ha pasado, nosotros queremos la paz social para la Argentina e instamos a todos para trabajar por la paz social en la República Argentina”, continuó.

Además, resaltó que “los senadores de la oposición vinieron a expresar su solidaridad, valoramos ese hecho”.

“Es un momento difícil para la Argentina y hemos visto con mucha tristeza como la vicepresidenta de la Nación recibe una agresión, prácticamente no la matan porque Dios es grande. Ella sintió que la apuntaron, en un momento se toma de la cabeza. Gracias a Dios que la tenemos sin ningún problema, estuvimos en contacto con ella, sabemos que es una persona de un gran espíritu y obviamente que no esperaba un hecho como este“, agregó.

Luego habló el diputado Sergio Palazzo, quien subrayó que CFK “viene sufriendo agresiones permanentes y sistemáticas” y “simbólicas de violencia de género”. “Repudiamos el hecho, pedimos la investigación y el esclarecimiento”, manifestó y reclamó que “los diversos actores con responsabilidad en los medios de comunicación, en la Justicia, en distintos estamentos de la sociedad a que en cierta medida traigan paz a la Argentina y no odio como están haciendo todos los días, destilando odio en la Argentina, porque las consecuencias son lo que acaban de pasar”.

Además, el secretario general del gremio de los bancarios anticipó que junto a “un grupo de secretarios generales de distintos espacios sindicales le hemos pedido al consejo directivo de la CGT que se arbitren medidas con un cese de actividades urgente y con una gran movilización en repudio a la violencia política ejercida sobre la vicepresidenta de la Nación, que no solo tiene que ver con el atentado de hoy sino con ataques sistemáticos que sufre desde hace tiempo”.

En la última sesión del año de la Cámara de Senadores donde el oficialismo logró sancionar el proyecto que sube el mínimo no imponible del impuesto sobre los Bienes Personales, el encargado de cerrar la ronda de oradores fue el presidente del bloque del Frente de Todos José Mayans (Formosa) quien en su discurso cargó fuerte contra la oposición e hizo mención a varios diputados, entre ellos el legislador libertario Javier Milei quien le contestó.

“El presidente tendría que haber hecho una cadena nacional y le tendría que haber dicho al país cómo quedó el Banco Central y la deuda”, comenzó el senador formoseño Mayans en la sesión.

Y agregó: “Escucho a Martín Lousteau hablar de inflación, a cara descubierta. Nos reclaman por qué tenemos este grado de inflación. ¿Qué creen que pasó en el Banco Central?”, y disparó: “El Javier Milei ese que habla va a durar mucho menos de lo que duró el ministro de la Alianza, Ricardo López Murphy. Disparatados totalmente, dicen cualquiera cosa, esos son los grandes analistas”.

Sin quedarse callado, Milei utilizó su cuenta de Twitter para responderle: “Pobre senador Mayans, no sólo no percibe lo inmoral, lo desigualdad ante la ley y la imposición múltiple, sino que además no sabe sumar cantidad de días”.

Los diputados y senadores nacionales del Frente de Todos (FdT) que integran la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación emitieron este lunes un comunicado en fuertes términos titulado “Macri aclaró la relación entre la deuda externa y la fuga de capitales”.

“El expresidente Mauricio Macri afirmó ayer en una entrevista periodística -en CNN- que “Trump se portó muy bien con nosotros”, entre otras cosas porque “apoyó el crédito del Fondo”, y que “la plata del FMI, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo”.

Así comienza el fuerte texto que lleva la firma del presidente de esa comisión Bicameral, senador José Mayans, y lo acompañaron los senadores María de los Ángeles Sacnun, Adolfo Rodríguez Saá, Matías Rodríguez, Maurice Closs, Oscar Parrilli y los diputados Itaí Hagman, José Luis Gioja, Carlos Heller, Fernanda Vallejos, Rodolofo Tailhade.

“Estas declaraciones resultan relevantes porque aclaran lo sucedido en años recientes con el endeudamiento externo en nuestro país, pese a los intentos de ocultarlo que hemos presenciado en el Congreso de la Nación y en esta Comisión Bicameral por parte de integrantes de Juntos por el Cambio”, agrega el documento.

Y continúa: “En primer lugar, dejan en claro el carácter profundamente político del préstamo tomado por el
gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional en el año 2018. Ese préstamo no hubiera existido de no haber sido por la voluntad del entonces presidente de los Estados Unidos que Macri fuera reelecto en 2019. Es preciso recordar que se trató del préstamo más grande de la historia argentina e incluso también de la propia historia del FMI. Tal como el actual gobierno nacional manifestó reiteradas en reiteradas ocasiones, es por ese motivo que existe una
responsabilidad compartida entre las autoridades argentinas de aquel momento y los funcionarios principales de este organismo multilateral, que debe ser tenida en cuenta en las negociaciones que se están llevando adelante”.

En otra parte del texto, señalan que “el expresidente Macri también desmiente a quienes se esforzaron por negar la existencia de una relación directa entre el proceso de endeudamiento externo y la sostenida fuga de capitales que se vivió en el país entre los años 2016 y 2019. Afirma con todas las letras que el dinero proveniente del FMI se usó para financiar la salida del país de los capitales especulativos que habían ingresado para aprovechar las altísimas tasas de interés en pesos establecidas por su propio gobierno, de forma tal de realizar enormes ganancias en dólares a costa de los intereses del país”.

Para el FdT, “este hecho tiene dos consecuencias significativas. Por un lado, confirma lo planteado recientemente por el ministro de Economía Martín Guzmán, que aseguró que la decisión de privilegiar a los acreedores privados en dólares cuando en el país ya no había ese dinero ‘no fue un error sino una elección, una alianza con parte del poder económico de la Argentina e internacional’”.

“Por otro lado, pese a lo que establece el artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI de que ‘ningún país miembro podrá usar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”, el cual fue validado con fuerza de ley en nuestro país, el expresidente Macri, en flagrante delito, afirma que el dinero que llegó a la Argentina durante su gobierno tuvo como finalidad desde el primer momento “una salida considerable o continua de capital”, remarcan desde el kirchnerismo en el Parlamento.

“Las palabras de Macri reponen las pesadas responsabilidades que le caben tanto a su propio gobierno, como también a los funcionarios pertinentes del FMI, que debieron impedir la continuidad del acuerdo en esas condiciones, tal como lo exige la normativa existente”, según el comunicado.

Al finalizar, el texto señala: “Si algo tenemos que aprender de este episodio es que cada sector político debe hacerse cargo de la cuota de responsabilidad que le cabe a la hora de afrontar este problema enorme que está
atravesando la Argentina. Es tiempo de abandonar las excusas y las falsas explicaciones que pretenden tapar el sol con la mano. El país requiere la mayor unidad de la dirigencia política para salir adelante y para no recaer nunca más en los ciclos de sobreendeudamiento externo y fuga de capitales que arruinan el futuro de nuestra sociedad”.

Como suele suceder periódicamente, los sueldos de diputados y senadores volvieron a quedar los últimos días enmarcados en una polémica a partir del aumento acordado por las autoridades de la Cámara con los gremios legislativos, que se trasladará a los legisladores. Las críticas estuvieron a la orden del día, y este martes, en el marco de una reunión de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas -que integran diputados y senadores de todos los sectores-, el tema quedó expuesto. Primero en tono de broma, y luego un diputado anticipó un pedido a la Oficina de Presupuesto del Congreso para poner blanco sobre negro en esa cuestión.

Venía hablando el diputado del Pro Alvaro González, quien antes de liberar al diputado Carlos Heller y el senador Carlos Caserio valoró el trabajo hecho por ambos a lo largo del último año y medio y deslizó: “Tendrían que aumentarle el sueldo -dijo sonriendo, en referencia al primero-. Lo han hecho trabajar como nunca al presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados”.

“Hemos trabajado bien”, reconoció Heller, riendo.

“Y por ende al presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado”, acotó González, que agregó que “si estamos todos de acuerdo, avancemos” con la reunión.

Pero el presidente del bloque de senadores del oficialismo, José Mayans, siguió con el tema salarial, apuntando: “Hemos aprobado pliegos de jueces, embajadores… y ganamos menos que los pliegos que estamos aprobando”.

“Ganamos menos que un prosecretario de Diputados”, sumó el senador Mario Pais (Frente de Todos – Chubut).

Todo eso se dio en un contexto de sonrisas, y entonces Alvaro González se puso serio para anunciar que estaba mandando una nota a la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación “para que nos hagan un exhaustivo análisis de los salarios del sector público. En todas sus dimensiones: Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, empresas descentralizadas, bancos y demás yerbas, para tener una visión del contexto general, y no que estos animalitos, que son los diputados y los senadores, sean los que les quedan bien todas las pulgas… Pero cuando tenga toda la información se la voy a hacer llegar, senador”.

El cordobés Carlos Caserio dijo estar de acuerdo con el diputado del Pro, y Pais se sumó también: “Estamos de acuerdo, y es más: una de las tareas pendientes que tiene la AGN es coordinar la auditoria del Poder Judicial de la Nación, con las especificaciones que prevé la Ley de Administración Financiera y la propia Constitución que esto es un tema… El sector nacional tiene que estar controlado todo, no puede haber sectores no controlados. Hasta el propio Congreso tiene controles por parte de la misma AGN, y por supuesto el Poder Ejecutivo. Pero todos los poderes del Estado, las empresas del Estado y todos aquellos que operen con fondos públicos”.

“Coincido con usted, senador Pais, cien por ciento”, se sumó la diputada Paula Oliveto (Coalición Cívica – CABA), y contó: “Cuando yo era auditora general de la Ciudad tuvimos esa discusión y finalmente la Auditoria General de la Ciudad puede auditar al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires”.

Entonces Pais apuntó: “Yo le voy a pedir diputada que tal vez hagamos una suerte de subcomisión, usted, otro miembro que quiera y el suscripto, para ver cómo podemos avanzar para hacer una propuesta junto con las autoridades de la AGN, en un marco donde estandaricemos un marco que permita justamente la transparencia y el control de las cuentas públicas”.