El legislador nacional que va por su reelección tomo parte del Festival del Valle del Sol.
El diputado nacional y candidato a la reelección José Riccardo (UCR – San Luis) arrancó su campaña hacia las elecciones generales en el departamento Junín, acompañado de la representante del aparato de la Unión Cívica Radical, su vicepresidente Alejandra Lordén con quien visitó a dos de sus intendentes Radicales de la provincia puntana.
El ganador de la PASO realizada dentro del radicalismo provincial visitó en la intendencia Marta Ponce de Postiguillo acompañado también del presidente de la UCR local Jorge Lucero y la candidata a representar al Departamento del Frente Juntos por el Cambio y actual concejala Ana María Nicoletti. Mantuvieron luego un encuentro con el intendente Juan Alvarez Pinto y ediles y funcionarios, tras lo cual participaron de la segunda noche del Festival del Valle del Sol con la promesa de visitar a los vecinos de Merlo antes del 14 de noviembre.
Además, el legislador puntano acusó al Gobierno nacional de no tener “compromiso con el bolsillo del trabajador” en el marco de las nuevas restricciones por la pandemia.
El diputado nacional José Riccardo (Juntos por el Cambio-San Luis) pidió más compromiso de los gobiernos nacional y provincial “con el bolsillo del trabajador y del que da más trabajo”, en el marco de las nuevas medidas por la pandemia y en vísperas de los anuncios del gobernador de San Luis sobre las restricciones provinciales. Además, propuso que San Luis compre sus propias vacunas en el exterior.
El legislador puntano pidió además “la suspensión inmediata de impuestos a comercios, emprendimientos y demás actividades económicas en riesgo de cierre, ayudas y subsidios para que los empleados mantengan su empleo”. También convocó a oficialismo y oposición de la legislatura sanluiseña a “sancionar urgentemente una ley de compra directa de vacunas contra el Covid-19 en el exterior y a llevar a cabo un “intenso plan de vacunación provincial”.
Riccardo aconsejó, de manera urgente, “duplicar el ritmo de testeos”. Asimismo recomendó a sus comprovincianos mantener “la más cuidada prevención, manteniendo el distanciamiento social, como así también a las autoridades pidió “una intensa campaña de difusión y educación preventiva”.
El legislador nacional fue invitado a participar Panel Internacional Panorama de la Nueva Carrera Espacial Experiencias y Logros, organizado por la Cámara de Diputados de México.
El legislador nacional, y presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados, José Riccardo participó del Panel Internacional Panorama de la Nueva Carrera Espacial Experiencias y Logros, organizado por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara baja de los Estados Unidos Mexicanos en colaboración con la Agencia Espacial Mexicana y el Consejo Técnico del Conocimiento y la Innovación de México.
Este panel tiene por objeto compartir experiencias entre los principales organismos del mundo, acerca de las acciones tomadas por las naciones para impulsar el desarrollo científico y tecnológico espacial.
La videoconferencia fue transmitida a través del Canal del Congreso y redes sociales de la Agencia Espacial Mexicana, Cámara de Diputados y de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).
Diputados nacionales presentaron un proyecto para la formación de una comisión bicameral que indague las denuncias de vulneración de derechos humanos.
El diputado nacional José Riccardo (UCR-San Luis) en forma conjunta con el diputado nacional Mario Arce (UCR-Formosa) presentaron hoy un proyecto de creación de una comisión nacional bicameral para investigar violaciones de los derechos humanos de los pueblos originarios en la provincia de Formosa.
Riccardo recordó “los testimonios de mujeres embarazadas que aparecieron días pasados en medios de comunicación”. Señaló que se trata de “madres a las que una vez que dieron a luz, le sacan al recién nacido para llevarlo a un servicio de neonatología en otro hospital, padres que nunca más volvieron a ver a sus hijos, jóvenes a las que le implantaron un chip anticonceptivo sin saber lo que le hacían”.
La comisión tendrá por objetivo la elaboración de un informe que compile los datos y testimonios recibidos y así proponer medidas legislativas y administrativas para prevenir tales situaciones en el futuro.Además, deberá formular la denuncia ante la Justicia si hubieran hechos considerados delictivos.
“Creo que tenemos que asumir nuestra responsabilidad y contar con buena información al respecto, para que, si es necesario, legislemos con más severidad acciones de ese tipo o creemos nuevos instrumentos jurídicos para combatirlas, y que no vuelvan a suceder”, agregó el diputado nacional.
El legislador puntano también aclaró que el fin de la comisión bicameral no es “suplantar a la Justicia” en la investigación de los hechos de vulneración de derechos humanos denunciados, sino “tomar verdadera dimensión de lo que podemos hacer para evitarlos”.
Acompañaron con su firma este proyecto los diputados Miguel Bazze, Ximena García, Gabriela Lena, Dina Rezinovsky, Sebastián Salvador, Mónica Frade, Adriana Ruarte, Sofía Brambilla, Silvia Lospenato, José M. Cano, Estela Regidor, Claudia Najul, Dolores Martínez, Jorge Vara, Martín Grande, Rubén Manzi, María Carla Piccolomini, Paula Oliveto, Juan Carlos Nuñez, Maria Luján Rey, Lorena Matzen, José L. Patiño, Mario Pastori, Ingrid Jetter, Gerardo Cippolini, Gonzalo Del Cerro, Gustavo Menna y Lidia Ascárate.
El diputado José Riccardo salió al cruce del prelado riojano que reaccionó de la peor manera ante la sanción de la ley IVE.
Ante la justificación de los femicidios como respuesta “natural” ante la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, expresada por un sacerdote riojano, el diputado nacional puntano José Riccardo presentó un pedido de repudio en la Cámara de Diputados, acompañado por una decena de legisladores nacionales. ¿Qué había dicho el sacerdote Nicolás Vilches ante la aprobación de la ley del aborto? “No se quejen después de los femicidios”.
En efecto, el párraco Nicolás Vilches publicó en su cuenta de Facebook, a la que luego de la trascendencia que tomaron sus declaraciones decidió dar de baja, “quien siembra muerte, engendra y cosecha muerte. No se quejen después de los femicidios. La naturaleza es sabia. Felicitaciones a los que apoyan la muerte de inocentes”.
El sacerdote riojano ejerce su ministerio en la parroquia “Encarnación del Señor”, y en representación de la Iglesia Catóica tiene la misión de difundir la palabra de Dios. Ante ello, Riccardo expresó: “Quienes compartimos el culto, conocemos a un Dios misericordioso, no vengativo, que busca persuadir con buenas acciones, no castiga con la muerte”. Y continuó: “Sin embargo, ante la sanción de una ley, de acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional, que disponen para creyentes y no creyentes, no ha tenido otra idea que justificar un delito gravísimo, como es el femicidio, en un acto verdaderamente apologético. Textual expresión frente a la ley que autoriza, bajo las condiciones y en las circunstancias allí establecidas, la interrupción voluntaria del embarazo. Podría haber amenazado con el infierno, si interpretase que la sola sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es un pecado. ¿Pero decir -parabólicamente- que la respuesta de la Naturaleza es el femicidio?”.
Para Riccardo, justamente si hay un crimen deplorable, y al que afortunadamente hoy el Derecho ha calificado de manera especial, es el asesinato cometido contra una mujer -a veces niña o adolescente- donde su condición lo motivó, facilitó o hizo presumir que “había derecho” a hacerlo.
“La Justicia deberá decir si se cometió apología del delito (tipificado en nuestro sistema penal), y las autoridades eclesiásticas deberán revisar la forma en que se expresan sus ministros”, concluyó.
Obtuvo dictamen favorable el proyecto que aumenta progresivamente el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva dictaminó este miércoles en favor de un proyecto que incrementa progresivamente el presupuesto destinado al financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, como lo define el artículo 4° de la Ley 25.467.
La norma es un consenso de proyectos presentados por el presidente de la comisión, José Luis Riccardo (UCR), y la vicepresidenta, Claudia Bernazza (FdT). Tiene por objetivo el financiamiento federal, la generación de empleos de calidad, el desarrollo integral del sistema nacional de ciencia y tecnología, la inclusión de mujeres en la ciencia, la integración institucional y la promoción de la participación privada.
Al respecto, el diputado Riccardo destacó la “voluntad política” para llegar al dictamen y aclaró que es un “estímulo que pretende pasar del 0,28 del PBI en el año 2021 al 1% del PBI para el año 2032”. “Ha sido posible porque ha habido una voluntad colaborativa que se ha expresado con el trabajo en conjunto. Ese clima es muy importante para llegar a políticas que nos van a trascender”, dijo.
“Algunos de los aspectos consensuados, nutridos también por el aporte de muchos especialistas que expusieron en la Comisión, tienen que ver con pasar de 0,28 del PBI para 2021 al 1 % del PBI en 2031, con una curva de financiamiento progresivo. Implica también que en el tiempo se recupere un crecimiento en el PBI, potenciando aún más el financiamiento. También se contemplan objetivos como la federalización, la generación de empleos de calidad a través de la innovación tecnológica, la visibilización, la promoción de la formación de los profesionales, la cuestión de género. Son recursos para potenciar la transferencia de conocimiento al sector productivo, y fundamentalmente para que ese conocimiento sirva para resolver problemas de inclusión, igualdad y mejor calidad de trabajo, entre otros aspectos”, explicó Riccardo. El ministro del área Roberto Salvarezza envió un mensaje a los diputados de la comisión de respaldo al dictamen.
“Este mensaje de consenso que estamos dando es fundamental para el sistema científico”, aseguró el diputado radical.
Luego, Brenda Austin, destacó también el consenso arribado “en una ley tan importante. Un dictamen que es una gran síntesis, que integra el esfuerzo de garantizar un piso de inversión del Estado que nunca vaya más abajo incluso en momentos de caída del PBI. Y estimula también la inversión privada, para que haya transferencia de tecnología. Y apuesta a promover la equidad y la participación de las mujeres en la ciencia también”.
“Es una ley posible con un enfoque federal, de género, pero sobre todo hay una vocación para que este dictamen sea ley”, agregó la diputada Claudia Bernazza, que también destacó el diálogo político.
Además, la comisión eligió a los diputados Graciela Landriscini (FdT) y José Luis Riccardo como titulares de la Comisión Asesora para el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CAPLANCYT), en representación de la Cámara baja. Por otra parte, se aprobaron numerosos proyectos de declaración y resolución, en reconocimiento a científicos argentinos que lograron desarrollar test serológicos, de detección rápida y específica para el coronavirus y a diversos laboratorios argentinos, por el trabajo conjunto para desarrollar suero terapéutico para tratar pacientes infectados con Covid-19.
Con el propósito de seguir avanzando en una ley de financiamiento del sector, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva recibió a especialistas que analizaron modelos de otros países.
La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva que preside el diputado José Luis Riccardo (UCR) realizó la tercera reunión informativa con expertos sobre investigación y desarrollos internacionales con inversión privada.
En primer lugar, Graciela Ciccia, presidenta del Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Unión Industrial Argentina (UIA), expuso sobre innovación abierta -cuando una empresa establece vínculos públicos/privados de desarrollo- y ejemplificó el caso de las plantas del Laboratorio mAbxience en el país. “Cuando el Estado promueve y da incentivos fiscales a través de las leyes tracciona inversión privada”, dijo.
A su turno Alejandro Díaz, CEO de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham Argentina), se refirió a la investigación clínica. “Es el área que lidera el ranking de inversiones argentinas y representa el 27% de investigación y desarrollo e implica más de 5 mil puestos de trabajo calificados”. “El desafío es realizar un marco regulatorio que promueva las investigaciones biométricas que requieren de una política de Estado”, agregó.
Miguel Ponce, investigador del CONICET, habló sobre el proyecto para evitar muertes por monóxido de carbono que fue realizado con el apoyo de Brasil. “Uno de las principales problemas que tenemos es la discontinuidad. Tuvimos apoyo mediante una ley, pero no tuvimos la continuidad y por eso, realizamos la transferencia de tecnología”, explicó.
En tanto, Raffele Oriani, doctor en Administración (Universidad de Bologna), realizó una comparación de inversiones realizadas en ciencia entre países de Europa, Asia y América Latina. “Argentina es la que invierte más, comparada con Chile, México y Colombia”, manifestó. Asimismo, enumeró formas de generar inversiones: incentivos fiscales, financiación pública-directa de las empresas privadas, colaboración público-privada para la financiación de las empresas con capital de riesgo, transferencia de tecnología entre universidades, entre otras.
Además participaron Gustavo Lugones, director del Observatorio de Innovación y Transferencia Tecnológica (Universidad de Quilmes); Leandro Linarello, director de Investigación y Desarrollo del laboratorio Novartis para el Cluster Sur para la región de Latinoamérica y Canadá; Adrián Vojnov, director del Instituto de ciencia y tecnología “Dr. Cesar Milstein”; Augusto Salvatto, licenciado en Relaciones Internacionales e investigador (UCA y UCES); Mario Pecheny, licenciado en Ciencia Política (UBA) e investigador Principal del CONICET en Sociología y Demografía.
En una reunión informativa que tuvo como eje la mirada federal, funcionarios y expertos opinaron sobre el tema. Se debate un proyecto para incrementar progresivamente el presupuesto del sistema.
La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados, que preside José Riccardo (UCR), realizó este jueves la segunda reunión informativa en el marco del tratamiento de los proyectos de financiamiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.
Al abrir el encuentro virtual, Riccardo destacó que los testimonios de especialistas son “insumos muy importantes para enriquecer el debate”, que en esta oportunidad tuvo como eje la mirada federal del sistema.
El puntano es autor de uno de los proyectos en discusión, que busca incrementar progresivamente el presupuesto destinado a financiar el sistema, comenzando por el 0,60% del PBI en 2021 hasta llegar al 3% en el año 2035.
La iniciativa además establece “una distribución de los fondos con criterio federal, atendiendo a promover una reducción progresiva de las asimetrías presentes entre las distintas regiones del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación”.
El primero en exponer en la reunión fue Mauro Carrasco, secretario de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura de Chubut, quien coincidió en la necesidad de avanzar hacia “un incremento progresivo y sostenido en el presupuesto” para “un sector que se considera base y motor del desarrollo”.
Carrasco, doctor en Biología, propuso “pasar de un sistema nacional de ciencia y tecnología a un sistema federal”.
“Siempre hablamos de que la ciencia necesita financiamiento, y esa es solo una de las herramientas en la cuestión de la federalización. Tenemos que federalizar no solo el financiamiento, sino todos los recursos del sistema: recursos humanos, financieros e infraestructura. No todo es plata”, aseguró.
En ese sentido señaló que “muchas veces sucede que los recursos”, así como los investigadores y becarios, “quedan concentrados en cuatro provincias”.
Asimismo, sugirió “aprovechar” el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT) “porque ahí está la mirada federal”.
Marcelo Rougier, investigador principal del CONICET en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, advirtió sobre el “grave deterioro salarial en el CONICET” y consideró que “la ley debería contemplar la cuestión de la remuneración salarial”.
Rougier reveló que el sueldo básico es de entre 8.000 y 12.000 pesos -más ítems que se suman-, y un investigador inicial cobra 50.000 pesos en mano. “El Estado deber garantizar recursos humanos remunerados de manera acorde con sus objetivos estratégicos”, sostuvo.
Por eso, propuso “establecer en el presupuesto un porcentaje destinado a garantizar salarios para los recursos humanos del sistema científico”, y considerar también que “ningún agente del sistema podrá tener una retribución inferior a otro de igual formación requerida para el cargo y tareas similares en el sistema público”.
Por su parte, Erica Hynes, doctora en Química, diputada provincial de Santa Fe por el Frente Progresista Cívico y Social e investigadora independiente del CONICET llamó a que “el Estado pueda definir temas estratégicos y diseñar e implementar instrumentos para promover el trabajo en esas áreas”.
Hynes marcó como uno de los desafíos principales el de “mejorar la gobernanza”, en el sentido de “integrar a las universidades nacionales, los gobiernos provinciales, los organismos provinciales y las empresas estratégicas de cada región”.
“El Estado nacional necesita aliados en los gobiernos provinciales: tiene una participación elevada en el financiamiento, pero una capacidad de planificación baja”, analizó Hynes, que entre 2017 y 2019 fue ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la provincia.
En tanto, Luz Marina Lardone, directora de Ciencia y Tecnología de La Pampa e integrante del directorio del CONICET, coincidió en que “Argentina es un país con profundas desigualdades y asimetrías territoriales” que han impactado en el sistema de ciencia y tecnología.
Lardone sostuvo que el objetivo de la federalización “se ha instalado como uno de los ejes centrales” de la discusión en los últimos años, y que tiene como dimensiones la desconcentración, la descentralización y la democratización en el acceso al conocimiento.
Eugenia Rosales, ministra de Ciencia e Innovación Tecnológica de Catamarca, comentó que esa cartera se creó este año en la provincia -antes dependía de una subsecretaría-, y coincidió en que “hay una concentración de recursos en cuatro provincias” en detrimento de las “zonas con menor desarrollo relativo”, como el caso de Catamarca.
El último expositor fue Agustín Campero, economista especializado en ciencia, tecnología e innovación y exsecretario de Articulación Científico-Tecnológica del Ministerio a nivel nacional, destacó que “la mayor fortaleza del entramado científico-tecnológico son las universidades nacionales”.
Según Campero, las universidades nacionales son “la columna vertebral” del sistema porque “más del 60% de los investigadores realizan allí sus actividades”, y eso significa “un alto impacto en las distintas regiones”, además de la “capilaridad y llegada al semillero del conocimiento”.
Sin embargo, advirtió que el financiamiento de la ciencia y tecnología en universidades nacionales es “muy bajo”, y propuso “dar incentivos para la incorporación de doctores” en las casas de altos estudios.
El especialista también señaló que “una de las mayores debilidades del sistema es que la expansión se hizo a costa de una baja en el promedio de las remuneraciones”, y pidió hacer un “esfuerzo” para elevarlas.
Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentó un proyecto para acompañar el debate del Presupuesto nacional.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por el titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología, José Riccardo, presentaron un proyecto de resolución donde solicitan al Poder Ejecutivo Nacional que al formular el Presupuesto de gastos y recursos de la Administración Nacional para el año 2021, incorpore la suma de trescientos dieciocho mil ochocientos noventa y seis millones seiscientos noventa y nueve mil quinientos veinticinco pesos para financiar salarios, gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales.
Para la elaboración del proyecto el legislador de Juntos por el Cambio tomó en cuenta la necesaria actualización de los gastos, por la erosión sobre el poder adquisitivo de los salarios que producirá la inflación de acumulada del año 2020, y para atender la recomposición salarial, “más que merecida” por el esfuerzo realizado durante a pandemia Covid-19, no solo por realizar su tarea docente.
Riccardo asegura que los docentes mantuvieron el dictado de clases de manera virtual, tomando las evaluaciones correspondientes, produciendo nuevos materiales de estudio y debiendo adaptar sus presentaciones. Sus investigadores han aportado descubrimientos y desarrollos tecnológicos que sirvieron para transcurrir este largo período de contagios, con sus serias consecuencias. Los extensionistas han estado allí donde se los necesitó, haciendo un aporte polifacético, que generó nuevas significaciones para esta función.
También destacan los legisladores la necesidad de realizar inversiones en la conectividad del sistema, dado el extraordinario impacto de la pandemia en las actividades académicas que implican millones de alumnos conectados, por lo cual han propuesto la incorporación de un fondo de casi cuatrocientos millones de pesos. Además, en el mismo proyecto marcan la importancia de reforzar el financiamiento de las actividades de extensión de las universidades dado el rol social que demanda su participación, para mitigar los efectos de la pandemia en las regiones que cada uno está inserto.
Finalmente, en los fundamentos del proyecto brindan la explicación de la incorporación de refuerzos con la esperanza de que se vuelva a tener un presupuesto distribuido en su mayor parte por Universidad y que les posibilite ejercer plenamente su autonomía.
Acompañaron con la firma el proyecto los diputados Rubén Manzi, Adriana Ruarte, Virginia Cornejo, Gerardo Cipolini, Jorge Enriquez, Lorena Matzen, Mario Arce, Ximena García, Lidia Ascárate, Fabio Quetglas, Mario Pastori, Álvaro De Lamadrid, Miguel Bazze, Gustavo Menna, Claudia Najul, María Luján Rey, José Cano, Estela Regidor, Pablo Torello, Héctor Stefani, Gonzalo Del Cerro, Julio Sahad y Gabriela Lena.
La iniciativa del diputado nacional José Riccardo busca incorporar $319 mil millones para financiar salarios e inversión de las Universidades Nacionales.
El diputado nacional de Juntos por el Cambio José Riccardo presentó un proyecto de resolución donde solicita al Poder Ejecutivo Nacional que al formular el Presupuesto de gastos y recursos de la Administración Nacional para el año 2021, incorpore la suma de casi $319 mil millones para financiar salarios, gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las Universidades Nacionales.
Para la realización del proyecto, el legislador de Juntos por el Cambio señaló que tomó en cuenta la actualización de los gastos por la erosión sobre el poder adquisitivo de los salarios que producirá la inflación de acumulada del año 2020, y para atender la recomposición salarial, “más que merecida” por el esfuerzo realizado durante a pandemia Covid 19, no solo por realizar su tarea docente.
Riccardo aseguró que los docentes mantuvieron el dictado de clases de manera virtual, tomando las evaluaciones correspondientes, produciendo nuevos materiales de estudio y debiendo adaptar sus presentaciones. “Sus investigadores han aportado descubrimientos y desarrollos tecnológicos que sirvieron para transcurrir este largo período de contagios, con sus serias consecuencias. Los extensionistas han estado allí donde se los necesitó, haciendo un aporte polifacético, que generó nuevas significaciones para esta función”, indicó.
También, el diputado destacó la necesidad de realizar inversiones en la conectividad del sistema, dado el impacto de la pandemia en las actividades académicas que implican millones de alumnos conectados, por lo cual ha propuesto la incorporación de un fondo de casi cuatrocientos millones de pesos. Además, en el mismo proyecto destaca la importancia de “reforzar el financiamiento de las actividades de extensión de las universidades dado el rol social que demanda su participación, para mitigar los efectos de la pandemia en las regiones que cada uno está inserto”.
Finaliza en los fundamentos del proyecto la explicación de la incorporación de refuerzos con la esperanza de que se vuelva a tener un presupuesto distribuido en su mayor parte por Universidad y que les posibilite ejercer plenamente su autonomía.
Acompañaron con la firma el proyecto los diputados Rubén Manzi, Adriana Ruarte, Virginia Cornejo, Gerardo Cipolini, Jorge R. Enriquez, Lorena Matzen, Mario Arce, Ximena García, Lidia Ascárate, Fabio Quetglas, Mario Pastori, Álvaro De Lamadrid, Miguel Bazze, Gustavo Menna, Claudia Najul, María Luján Rey, José M. Cano, Estela M. Regidor Belledone, Pablo Torello, Héctor A. Stefani, Gonzalo Del Cerro, Julio E. Sahad y Gabriela Lena.
La iniciativa alcanza también otras enfermedades y obra como disparador los episodios repudiables que se han registrado en el transcurso de esta pandemia.
El diputado nacional José Riccardo (UCR-San Luis) presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 1° de la Ley 23.592 (Ley de Actos Discriminatorios), con el objetivo de proteger los derechos de personas que padezcan una enfermedad.
Según el pedido de Riccardo, a los motivos que ya establece la ley (raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social, caracteres físicos), se agregarán padecimiento de enfermedad o patologías físicas o psíquicas.
“A esa enumeración -raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, posición económica, condición social, caracteres físicos- agregamos el ejercicio de profesión u oficio -como pueden ser un enfermero, una médica, el chofer de un colectivo- y el padecimiento de enfermedad o patologías físicas o psíquicas -por ejemplo un Covid positivo-”, expresó el diputado.
Finalmente, el proyecto introduce actualizaciones como agregar “género”, “mención concordante con la evolución de la concepción del tema, operada entre la sanción de la ley y el presente”.
Acompañaron este proyecto los diputados Mónica E. Frade, Lidia Ascarate, Lujan Rey, Juan Carlos Nuñez, Dina Rezinovsky, Lorena Matzen, Alfredo Schiavoni. Adriana Ruarte. Hernán Berisso. Juan Aicega, María C. Picolomini, Estela Regidor, Ximena García, Gabriela Lena, Sebastián Salvador, Waldo E. Wolf, Juan Martín y Martin Grande.
Luego de los episodios en que pacientes terminales dejaron de existir sin poder ver a sus familiares por el aislamiento dispuesto desde el 20 de marzo, el diputado Riccardo pide investigar esos episodios.
El diputado nacional José Riccardo (UCR-San Luis) presentó un proyecto para instar al Poder Ejecutivo Nacional que investigue los casos de cercenamiento del derecho de libre circulación dentro de las fronteras nacionales, garantizado por la Constitución Nacional, que se hayan realizado con uso excesivo de las facultades de los estados, y que no están cubiertos por las restricciones dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional por la pandemia Covid-19.
Además, Riccardo pide que “para evitar situaciones extremas, se genere un protocolo humanitario especial que responda a las necesidades de ciudadanos y sus familias en casos de enfermos terminales o riesgo de muerte, y que faciliten su traslado dentro del país”.
“Ayer sufrimos junto a Pablo Musse, Victoria y Antonella Garay, no esperemos a que más familias tengan que pasar por esto. Exigimos al gobernador de la Provincia iniciar los protocolos humanitarios correspondientes para que Eduardo Nievas y Melanie Chaib puedan ingresar a la Provincia de San Luis rápidamente y encontrarse con sus abuelos”, reclamó Riccardo.
“Nuestra vida cambió y repactamos con los poderes del Estado sus atribuciones. Sin embargo nunca resignamos derechos fundamentales ni vivir en una República. Sentimos que la Constitución Nacional sigue cobijándonos”, dijo el diputado puntano.
“Lamentablemente, en ese ejercicio de atribuciones extraordinarias que se autoadjudicó el Gobierno, hemos asistido a excesos inadmisibles. Bajo la excusa de ‘cuidarnos’ ha habido funcionarios de variado grado de responsabilidad pública y orientación partidaria que pasaron esa línea”, agregó.
Destacó: “El derecho constitucional consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, dice que todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino”.
Riccardo aclaró: “Aludimos a ello en ocasión de limitaciones rigurosas impuestas por el Gobierno de la Provincia de San Luis, que hoy vuelve a ser noticia, así como ha ocurrido en estos días en Córdoba y otras jurisdicciones implicadas en casos resonantes, por lo doloroso de sus desenlaces y la falta de sentido común de los efectores de las normas”.
Pero por si alguien viera lo que para nosotros es obvio como una sutileza, y que no “Para que no tengamos más noticias de familias destrozadas, no ya por la pandemia sino por la falta de criterio de quienes aplican las normas, solicitamos al mismo Poder Ejecutivo que está reglando la emergencia, que genere un protocolo humanitario especial, que rija interjurisdiccionalemente, y que refiera los casos en que estén involucradas cuestiones de enfermedad grave o terminal, o riesgo de vida”, afirmó el diputado.
Acompañan esta iniciativa los diputados Estela Regidor, Alejandro Cacace, Ximena García, Lorena Matzen, Gabriela Lena, Mario Arce, Atilio Benedetti, Ezequiel Fernández, Mario Pastori, Lidia Ascárate, Miguel Bazze, Alicia Terada, Claudia Najul, Alberto Assef, Gerardo Cipolini, Aída Ayala, Federico Zamarbide, Josefina Mendoza, Carla Carrizo, Sebastián Salvador y Gonzalo Del Cerro.
El proyecto del diputado nacional José Riccardo tiene por objetivo principal establecer un incremento progresivo del presupuesto destinado a financiar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para llegar al 3% del PBI en el año 2035.
El diputado nacional José Riccardo, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, presentó un proyecto cuyo objetivo principal es establecer un incremento progresivo del presupuesto destinado a financiar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina para llegar al 3% del PBI en el año 2035.
A un mes de que Juntos por el Cambio presentara este este proyecto el oficialismo hizo público un proyecto de la vicepresidenta de la Comisión de CyT de la Cámara de Diputados, Claudia Bernazza, cuyo objeto es escalonar la inversión hasta el 1% del PBI, en 2030, desde el año próximo.
Según el proyecto de Riccardo, y acompañado por más de 30 diputados, afirma que el Estado nacional deberá aumentar progresivamente los créditos de la fuente “ciencia y técnica” del presupuesto nacional, hasta llegar a un 3% del PBI en el año 2035.
Además, para los años donde no haya incremento en el PBI, en el articulado del proyecto se explicita que la función ciencia y técnica del presupuesto nacional nunca será, en términos nominales, menor a la del presupuesto del año anterior. “En los ejercicios fiscales en los que la aplicación del porcentual del PBI previsto en el artículo anterior diera por resultado un monto menor en términos nominales al del año anterior, se utilizará el índice IPC del INDEC para calcular el aumento que se disponga”.
El proyecto contempla también la participación del sector privado “el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación promoverá, mediante la mejora en los mecanismos y modalidades de participación, un aumento progresivo de la participación del sector privado en el financiamiento de la ciencia y tecnología que acompañe la inversión estatal prevista en la presente ley”.
Con criterio federal, Riccardo fundamenta el proyecto en “la consolidación y el crecimiento del Sistema de Ciencia y Técnica de manera integral”, atendiendo una distribución de recursos federal que promueva el desarrollo de centros de investigación en todo el territorio nacional, fortalezca los sistemas provinciales de ciencia y tecnología y reduzca progresivamente las asimetrías existentes entre las distintas regiones del país.
Finalmente, el legislador afirma que la ciencia y la tecnología es un elemento estratégico y fundamental para el desarrollo de la Argentina: “Los dramáticos días de pandemia global que atravesamos este 2020 demuestran, una vez más, la importancia de la ciencia para el abordaje de las problemáticas de nuestro país”.
Los diputados que acompañaron con su firma el proyecto del Diputado Jose Riccardo son Brenda Austin, Claudia Najul, Gerardo Cipolini, Lorena Matzen, Miguel Bazze, Estela Regidor, Ximena García, Aída Ayala, Mario Pastori, Jorge Rizzoti, Víctor Hugo Romero, Sebastián Salvador, Gonzalo Del Cerro, Gabriela Lena, María Gabriela Burgos, Martín Berongaray, Camila Crescimbeni, Alfredo Schiavoni, Virginia Cornejo, Mario Arce, Alberto Asseff, Gustavo Menna, Lorena Matzen, José Carlos Núñez, María Carla Piccolomini, Ingrid Jetter, Felipe Álvarez, Lidia Ascárate, Ana Carla Carrizo, Alejandra Ruarte, Rubén Manzi, Jorge Enríquez.
La iniciativa es del diputado Riccardo y contempla un beneficio de 5.000 pesos por las tareas prestadas desde el mes de abril hasta que dure la suspensión de clases presenciales.
Diputados de Juntos por el Cambio encabezados por José Riccardo (UCR) presentaron un proyecto de ley para otorgar a los docentes de todos los niveles educativos una asignación mensual extraordinaria y no remunerativa por la efectiva prestación de servicios durante la pandemia del Covid-19.
Según la iniciativa, la asignación consistiría en el pago de 5.000 pesos por las tareas prestadas desde el mes de abril y por los meses que dure la suspensión total de clases presenciales, según la jurisdicción.
Este bono se abonaría por trabajador, tenga uno o más empleadores, y sería proporcional a las horas de servicio que preste para quienes no cubran turnos completos.
Riccardo propone que el beneficio cese tan pronto se implemente un sistema de reanudación de las clases presenciales, aún en el caso en que sea combinado con otras modalidades impartidas, como la educación a distancia.
“No hay sector político que no diga que el trabajo docente debe ser jerarquizado, y nos comprometemos una y otra vez a tomarlo en cuenta en el momento de establecer prioridades. Hoy tenemos la oportunidad de ser consecuentes con eso y reconocer esta prestación de un servicio extraordinario, otorgándole un reconocimiento de carácter económico”, afirmó el radical.
El proyecto fue acompañado por las firmas de Estela Regidor, Claudia Najul, Albor Cantard, Federico Zamarbide, Alfredo Schiavoni, Julio Sahad, Hernán Berisso, Waldo Wolff, Carla Piccolomini, Camila Crescimbeni, Lorena Matzen, Javier Campos, Alejandra Ruarte, José Luis Patiño, Miguel Bazze, José Núñez, Sofía Brambilla, Ximena García, Carla Carrizo y Brenda Austin, entre otros.
A última hora, el Frente de Todos aceptó una propuesta de Juntos por el Cambio relacionada a la conectividad de los alumnos. El proyecto recibió amplia mayoría.
Por 248 votos a favor, dos en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó en la sesión virtual de este jueves un proyecto consensuado para extender la educación a distancia a los menores de 18 años, aunque solo en casos excepcionales, como la actual pandemia del Covid-19, que obligó a suspender las clases presenciales en nuestro país desde mediados de marzo.
El proyecto aprobado, fruto de un consenso entre todos los bloques, modifica la Ley de Educación Nacional 26.206 para habilitar esta modalidad “únicamente en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos”.
Actualmente, la norma permite la educación a distancia solo para mayores de 18 años y estudiantes de nivel secundario de zonas rurales, por lo que ahora se extenderá al nivel primario.
A última hora, el Frente de Todos aceptó una propuesta de Juntos por el Cambio, encabezada por el radical José Riccardo, para que además de “la provisión de recursos tecnológicos”, deba atenderse “la conectividad”, en pos de “promover la igualdad educativa con condiciones de calidad”.
Los dos votos en contra fueron de los representantes del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, mientras que la única abstención fue de Ingrid Jetter (Pro-Corrientes), quien no justificó su postura.
“Una situación excepcional supone que se brinde a los estudiantes del sistema educativo nacional canales que permitan la continuidad en este tiempo”, sostuvo Blanca Osuna, presidenta de la Comisión de Educación.
Osuna consideró que “todos coincidimos en la importancia de la institución escolar, pero estas circunstancias desnudan otro trasfondo”. “No estamos modificando un artículo; estamos planteando una cuestión de igualdad”, destacó la entrerriana del Frente de Todos.
Desde el Pro, Victoria Morales Gorleri expresó: “Estamos convencidos de que la escuela no se reemplaza. La escuela aporta herramientas adecuadas para generar una educación integral, que no es solo impartir conocimientos”.
De todos modos, Morales Gorleri opinó que “esta pandemia evidencia la necesidad de incorporar recursos de virtualidad a la educación presencial”.
“Hicimos profundos y grandes avances en materia digital en los últimos años. Lo hicimos con una mirada integral y profunda. Conectamos al 60% de los alumnos y alumnas a Internet, esto representa más de 5 millones de estudiantes”, resaltó.
En tanto, Riccardo, exrector de la Universidad Nacional de San Luis, destacó: “Apenas el Ministerio de Educación dictó la suspensión de clases, pusimos la mirada en las alternativas pedagógicas de la Ley de Educación Nacional porque sabíamos que iba a ser uno de los últimos sectores en retomar la actividad”.
“Dotamos a las jurisdicciones de un instrumento legal fundamental para que ese derecho tan sagrado a educar con igualdad, equidad y calidad, pueda llevarse a cabo”, celebró el puntano.
Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, manifestó que “esta modificación es de manera excepcional y hay que dejarlo muy en claro”, y agregó que “la escuela, nuestros docentes, niños, niñas y adolescentes son irremplazables”.
“La escuela es una tecnología. Ahí suceden los principales procesos pedagógicos de la escuela. El aula es el dispositivo principal de la tecnología escolar y es irreemplazable”, insistió.
Ferraro además dijo que “debemos avanzar en recursos tecnológicos, conectividad y liberación de datos como complemento de la principal tecnología”.
Por su parte, Del Plá (Frente de Izquierda) advirtió que con esta ley “no se está atendiendo una necesidad, sino distrayendo sobre los verdaderos problemas que hay” en educación.
Para la representante del Partido Obrero, “no se necesita modificar el artículo 109 para que el Consejo Federal de Educación saque resoluciones sobre la continuidad pedagógica”.
Del Plá cuestionó la falta de nombramiento de “más de 100.000 docentes y suplentes” y advirtió además el proyecto “no incluye un presupuesto para garantizar la conectividad”.
Actualmente, el artículo 109 de la ley indica que “los estudios a distancia como alternativa para jóvenes y adultos sólo pueden impartirse a partir de los 18 años de edad” y que “para la modalidad rural y conforme a las decisiones jurisdiccionales, los estudios a distancia podrán ser implementados a partir del ciclo orientado del nivel secundario”.
El proyecto aprobado incorpora un agregado a ese artículo, que indica que “excepcionalmente, previa declaración fundada del Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, o con la jurisdicción según corresponda, cuando la escolaridad presencial -total o parcial- sea inviable, y únicamente en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos, solo en esos casos será permitido transitoriamente el desarrollo de trayectorias educativas a distancia para los niveles y las modalidades de la educación obligatoria para menores de 18 años de edad”.
“En tal excepcionalidad deberán adoptarse disposiciones para la reorganización: pedagógica – de acuerdo a los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios- e institucional, del régimen académico y de la capacitación docente. Del mismo modo deberá atenderse la provisión de recursos tecnológicos y conectividad que promuevan la igualdad educativa con condiciones de calidad según lo establecen los artículos 80 y 84 de la presente ley; y la adopción de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo que se requieran conforme lo establezcan las negociaciones colectivas correspondientes”, concluye el artículo reformado.
Luego de un intenso debate, oficialismo y oposición llegaron a un acuerdo para un dictamen único que amplía esta modalidad, pero de modo excepcional.
Por Carolina Ramos
Tras casi tres horas de un puntilloso debate, diputados de la Comisión de Educación firmaron un dictamen consensuado sobre un proyecto para modificar la Ley 26.206 incorporando de manera “excepcional” la educación a distancia en todos los niveles, mientras las clases presenciales continúan suspendidas por la medida del aislamiento social.
Juntos por el Cambio decidió acompañar la propuesta del oficialismo luego de que la presidenta de la comisión, Blanca Osuna, se comprometiera a convocar a un debate, próximamente, sobre la necesidad de garantizar la igualdad en la conectividad de alumnos de todo el país.
La principal bancada de la oposición pretendía que este tema quedara plasmado en el dictamen. “Todos sabemos que la legislación sobre educación debe poner especial atención en el cuidado de los más vulnerables. El 70% de los educandos de hogares vulnerables no tiene acceso al cuello de botella de la conectividad”, planteó el radical José Riccardo, quien pidió que ese aspecto “no quede en una expresión de deseo”.
Sin embargo, para llegar a un dictamen único, Osuna informó que “en la próxima reunión se trabajará en una selección de temas y se podrá tomar esto como una prioridad”. La respuesta dejó satisfechos a los representantes de Juntos por el Cambio y hubo dictamen de mayoría, mientras que Romina Del Plá, del Frente de Izquierda, suscribió otro en minoría. El dato de color fue la decisión de Gisela Marziotta (Frente de Todos) de no acompañar ningún despacho.
El dictamen mayoritario, que ahora quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión, incorpora a los menores de 18 años a la enseñanza a distancia -a partir de esa edad, el formato remoto ya está contemplado en la ley-.
No obstante, será “únicamente en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos”. Riccardo pidió incorporar como causal el aislamiento geográfico, pero el Frente de Todos rechazó la propuesta. “El aislamiento es natural en pueblos que viven aislados”, justificó Mara Brawer.
Actualmente, el artículo 109 de la ley indica que “los estudios a distancia como alternativa para jóvenes y adultos sólo pueden impartirse a partir de los 18 años de edad” y que “para la modalidad rural y conforme a las decisiones jurisdiccionales, los estudios a distancia podrán ser implementados a partir del ciclo orientado del nivel secundario”.
El proyecto que obtuvo dictamen incorpora un agregado a ese artículo, que indica que “excepcionalmente, previa declaración fundada del Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, o con la jurisdicción según corresponda, cuando la escolaridad presencial -total o parcial- sea inviable, y únicamente en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos”.
Así, se establece que “solo en esos casos será permitido transitoriamente el desarrollo de trayectorias educativas a distancia para los niveles y las modalidades de la educación obligatoria para menores de 18 años de edad”.
“En tal excepcionalidad deberán adoptarse disposiciones para la reorganización pedagógica e institucional, del régimen académico y de la capacitación docente. Del mismo modo deberá atenderse la provisión de recursos tecnológicos que promuevan la igualdad educativa con condiciones de calidad (…) y la adopción de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo que se requieran conforme lo establezcan las negociaciones colectivas correspondientes”, se agrega.
La diputada Osuna, titular de la comisión, aclaró que esta modalidad será excepcional para evitar “supuestos negocios que puede traer aparejado el uso de plataformas de educación a distancia”.
A su vez, Flavia Morales (Frente de la Concordia Misionero) aclaró que “nadie habla de reemplazar la educación presencial por la educación a distancia”. “La tecnología es un medio, lo que importa es la innovación pedagógica”, consideró.
Alicia Fregonese (Pro) explicó que la educación remota es “una opción pedagógica y didáctica aplicable a todos los niveles del sistema educativo nacional”, que “puede integrarse a la educación formal e informal”. “Este no es un intento de reemplazar la presencialidad (sic), sino de complementarla”, sostuvo.
A su turno, Brawer remarcó que debe quedar claro que la educación a distancia debe ser “excepcional” y habló de la necesidad de capacitar a docentes sobre esta modalidad en caso de que continúe el aislamiento por la pandemia del Covid-19.
Por su parte, Del Plá advirtió que actualmente “no estamos frente a educación a distancia” sino ante “un acompañamiento pedagógico”, y resaltó el trabajo de docentes, familias y alumnos para darle continuidad al ciclo lectivo de forma remota. “Hoy no hay condiciones materiales laborales ni pedagógicas para un proceso de educación a distancia”, sentenció.
El legislador nacional radical pidió al PEN que se incorporen a los profesionales de odontología, psicología, nutrición, kinesiología, fisiatría, y fonoaudiología dentro del régimen de actividades exceptuadas.
El diputado nacional radical José Riccardo pidió al Poder Ejecutivo Nacional que incorpore las profesiones de odontología, psicología, nutrición, kinesiología, fisiatría, y fonoaudiología, reconocidas de interés público y esenciales para la salud por el Ministerio de Educación de la Nación, y a todas las especialidades de la medicina, dentro del régimen de actividades exceptuadas en el marco de los Decretos de Necesidad y Urgencia, vinculados a las medidas de aislamiento social dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional para enfrentar la pandemia del Covid 19.
El legislador puntano fundamentó su pedido en que luego de más de 50 días de aislamientos social y obligatorio en la Argentina, “y con el visible éxito en el objetivo de aplanar la curva de contagios”, es necesario dar nuevos pasos que de manera segura y con todas las medidas de prevención indicadas por el Ministerio de Salud, permitan el ejercicio de determinadas profesiones esenciales para la población. Entre ellas, se encuentran las que el Estado Nacional reconoce como de interés público, y que regula a través de diferentes disposiciones, una de las cuales es definida a partir de la regulación de las titulaciones universitarias.
Acompañan esta iniciativa los diputados Mario Arce, Álvaro de Lamadrid, Alfredo Cornejo, Miguel Bazze, Gabriela Lena, Ximena García, Dina Rezinovsky, Carla Carrizo, Lidia Ascárate, Gustavo Menna, Mónica Frade, Sofía Brambilla, Javier Campos y Alicia Terada.
Es en el marco de una convocatoria en la que se presentaron 900 propuestas. Lo informó el ministro de Ciencia y Tecnología en una reunión virtual de comisión.
Por Carolina Ramos
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, destacó este martes que se invertirán “400 millones de pesos” en proyectos de investigación, desarrollo e innovación orientados a mejorar la capacidad de respuesta de nuestro país sobre la pandemia del Covid-19.
Salvarezza, exdiputado nacional, brindó un informe ante la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara baja, en una reunión remota encabezada por el radical José Riccardo.
Allí, el ministro destacó que “se han destinado 400 millones de pesos” en una convocatoria de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación donde se presentaron “900 proyectos centrados en el coronavirus”, con el involucramiento de “casi 4.000 investigadores”.
Estas propuestas, que tienen el formato de “idea-proyecto”, están siendo analizadas por una Comisión Evaluadora, que el próximo 27 de abril realizará la selección, para luego, a fines de mayo, proceder a la aprobación de los proyectos y el desembolso de los primeros fondos, especificó Salvarezza.
“Es posible, con buenas políticas, focalizar el sistema de ciencia en torno a la resolución de un problema; no solo atender la pandemia, sino hacer un ejercicio de respuesta articulada del sistema de ciencia en pos de un objetivo que hace a la soberanía tecnológica”, explicó.
El exdiputado nacional consideró que “cada vez que vemos un avión salir a buscar insumos al exterior, nos muestra la dependencia, el hecho de que hoy en día competimos con esos insumos”. “Nadie en este mundo globalizado es independiente, pero la construcción de capacidades es muy importante”, dijo.
Ante una consulta de la diputada Lorena Matzen (UCR), quien advirtió que “alrededor de un 14%” de las personas infectadas trabaja en el sistema de salud, Salvarezza señaló que “una de las principales funciones que tenemos que tener es la protección del personal médico y de todos aquellos que hoy en día están con sus actividades en la calle y que tienen que cumplir servicio”.
Indicó que el Ministerio se hizo cargo de los elementos de protección con impresión 3D, y en el caso de los barbijos, tapabocas y camisolines, su cartera recibió “varias iniciativas de parte de la comunidad científica en relación con cooperativas”, pero se decidió canalizarlas a través del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Sobre la cantidad de reactivos, el funcionario puntualizó que “el número de testeos que hoy se está realizando está dimensionado con el número de infectados que hay”. “Por cada caso positivo necesitamos diez testeos. Hoy Argentina está en el orden de los 36.000 testeos y 3.100 casos. Estamos claramente en esa dimensión”, precisó.
“Teniendo en cuenta que los reactivos son un bien preciado en este momento y que hay una competencia internacional por ello, este Ministerio se ha dispuesto a desarrollar capacidades”, aseguró, y mencionó el trabajo desarrollado en algunas empresas y en los institutos César Milstein y Leloir, entre otros. “Algunos test ya están en la etapa previa a que la ANMAT los habilite”, agregó.
Ante la emergencia, el legislador nacional puntano José Riccardo presentó un proyecto para reformar la Ley de Educación, y dejar expresamente habilitada la educación a distancia.
El diputado nacional por San Luis José Riccardo presentó un proyecto de reforma de la Ley de Educación 26.206, que plantea dejar expresamente habilitada la educación a distancia, para todas las edades, en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional.
Riccardo, autor del proyecto, expresidente de la Comisión de Educación y actual presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara baja propone en el proyecto que “atento a las circunstancias lo permitan, el Ministerio de Educación de la Nación convoque al Consejo Federal de Educación, para que elabore en el plazo de un año, una regulación en reemplazo de las disposiciones de la norma suspendida – ‘el artículo 109 de la LEN, limita los estudios a distancia sólo’ …a partir de los dieciocho (18) años de edad, con excepción de la modalidad rural donde podrán ser implementados a partir del Ciclo Orientado del Nivel Secundario”.
Para ello se tendrá especialmente en cuenta las recomendaciones técnicas que formule cada jurisdicción, y la experiencia y los resultados recogidos durante el período en que se implemente la educación a distancia.
Asimismo, se pondrá inmediatamente en marcha un proceso colaborativo para que la modalidad pueda ser utilizada en todas las jurisdicciones, dando el apoyo necesario.
El autor del proyecto José Riccardo, fue acompañado por más de 35 diputados de distintos espacios políticos.
La medida impulsada por el diputado José Riccardo alcanzaría a aquellas personas que se encuentren en condición de vulnerabilidad.
El diputado nacional José Luis Riccardo (UCR-San Luis) presentó un proyecto de resolución donde insta al gobierno nacional, en coordinación con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), a organizar y establecer de manera urgente y excepcional, un salvoconducto sanitario para poder repatriar a los argentinos varados en el exterior en condiciones de vulnerabilidad sanitaria, alimentaria o de su seguridad de sus familiares a cargo.
“La suspensión de vuelos internacionales anunciada por el presidente de la Nación abre un nuevo capítulo en la intensa lucha que todos los argentinos venimos dando contra la expansión de la pandemia Covid-19 y el impacto de sus consecuencias, tanto en el terreno de la economía, como en el de la salud y la sociedad”, afirmó el legislador radical.
Para el diputado puntano, “uno de los aspectos más acuciantes es el de la repatriación de miles de ciudadanos de la argentina que se encuentran en el exterior por múltiples y legítimas razones: formación, capacitación, trabajo temporal o turismo recreativo. Aproximadamente 10.000 argentinos están en esa situación, sin poder regresar a sus hogares”.
Por eso es que Riccardo propone el establecimiento de un salvoconducto sanitario para repatriar argentinos varados en el exterior por causas especiales porque creemos que el Estado no debe renunciar a brindarles apoyo a las personas que se encuentran en esa situación de vulnerabilidad”.
“Hay familias enteras varadas en otra parte del mundo, cada vez con menos recursos y menos respuestas por parte del Estado nacional”, concluyó el diputado puntano.
Legisladores radicales solicitaron al Gobierno habilitar la posibilidad de utilizar mecanismos más eficientes, económicos y rápidos.
El diputado nacional José Riccardo (UCR – San Luis) presentó un proyecto de resolución por el que insta al Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y en el marco del desarrollo de la pandemia mundial del COVID-19, a ejecutar de manera urgente y excepcional los procedimientos necesarios para autorizar, el uso, procesamiento y fabricación de nuevos métodos de detección del virus Covid-19 que fueran previamente aprobadas por una autoridad de salud del ámbito internacional reconocida por ANMAT y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El desarrollo vertiginoso de la pandemia del Covid -19 sorprendió al mundo. Cada hora cuenta para enfrentar el avance del virus y así salvar más vidas, evitando el colapso de los sistemas nacionales de salud. Argentina no escapa a ello, y las medidas que tomó el Poder Ejecutivo Nacional, con el acompañamiento de los demás poderes del Estado, van en ese sentido.
“Con el mismo espíritu de acompañamiento, y entendiendo que esta crisis es necesario enfrentarla todos juntos, partidos políticos, instituciones gubernamentales y sociedad civil, es que presentamos esta propuesta para promover, autorizar y facilitar el uso de nuevos métodos de detección del Covid-19. Métodos más eficientes, económicos y rápidos”, afirma en sus fundamentos el diputado radical.
El proyecto lleva también las firmas de los diputados de Juntos por el Cambio Gabriela Lena, Albor Cantard, Claudia Najul, Gustavo Menna, Juan Martín, José Cano, Karina Banfi, Luis Petri y Roxana Reyes, Mónica Frade, Pablo Torello y Jorge Enriíquez.
La iniciativa apunta a satisfacer las necesidades en esos sentidos a través de una actividad coordinada entre los estados nacional, provinciales y municipales.
El diputado nacional José Riccardo propuso que el Poder Ejecutivo ponga en marcha un Plan de Alimentación y Salud en contexto de Aislamiento Social (PAAS) y aportó lineamientos para su organización en base a otras experiencias ante pandemias mundiales.
El proyecto, que lleva la firma también de Jorge Enríquez, tiene por objeto atender las necesidades de alimentación y salud básica de los grupos sociales vulnerables, desarrollando un proceso de relevamiento, organización, coordinación con las cadenas de producción alimentaria y de medicamentos, locales y nacionales, acopio y distribución eficaz. Ese fin debería implementarse a través de los municipios, en coordinación con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en acción cooperativa con las instituciones no gubernamentales e instituciones de la sociedad civil en general.
El proyecto prevé establecer una red de comunicación inmediata entre el Poder Ejecutivo Nacional, los gobiernos provinciales y las autoridades de los ejecutivos municipales. Estos últimos designarán un agente responsable de ejecutar y coordinar las acciones del PAAS en el territorio.
Según la iniciativa, debe generarse una guía para que cada municipio de la Argentina, en articulación con los registros nacionales y provinciales, y como complementa de los planes alimentarios y de salud vigentes, realice un relevamiento urgente de sus habitantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad y exposición por las consecuencias de la pandemia, tanto social, como alimentaria, sanitaria o laboral.
Los municipios deberán establecer acuerdos de compra con fabricantes y proveedores locales de alimentos y medicinas, facilitando las condiciones para el sostenimiento de la cadena de producción, promoviendo la producción local y favoreciendo el sostenimiento de los empleos en dichos rubros. Contarán con beneficios impositivos aquellos que hagan donaciones de alguno de los insumos necesarios para llevar adelante el PAAS.
Con relación a la distribución, se deberá diseñar y ejecutar un sistema rápido y eficiente de distribución de alimentos y medicamentos a domicilio para aquella población identificada como vulnerable y expuesta en los relevamientos realizados, con el objetivo de atender sus necesidades y garantizar el aislamiento estricto durante el aislamiento social obligatorio establecido por el PEN. Para ello se promoverá la constitución de centros provisionales de distribución de alimentos en cada localidad.
El Poder Ejecutivo Nacional dispondrá de partidas presupuestarias específicas y de emergencia que serán transferidas de manera directa y con criterio equitativo a cada uno de los municipios para la implementación y el desarrollo del PAAS.
El legislador nacional radical presentó un proyecto reclamando la constitución de Comité de asesoramiento ante el avance de la pandemia.
El diputado nacional José Riccardo presentó un proyecto de resolución para constituir un “Comité Científico Nacional” de atención a la emergencia por la pandemia del Coronavirus, bajo la órbita Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, acompañado por diez diputados y diputadas.
El proyecto habla de instar al Poder Ejecutivo Nacional a constituir a la brevedad el Comité, que deberá estar integrado por reconocidos expertos provenientes de las universidades nacionales, institutos nacionales, centros científicos e institutos del Conicet, y de otras instituciones de Salud de reconocida excelencia.
Según el proyecto su función será asesorar al Gobierno nacional en cada medida tomada en el marco del desarrollo de la emergencia y proponer acciones que atiendan las distintas contingencias. Así como también asesorar a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Comité tendrá la responsabilidad, además, de interactuar con el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de Salud, y otros organismos similares de países afectados, para coordinar procedimientos y compartir las experiencias recogidas frente al desarrollo y contención de la pandemia y su actividad tendrá alcance nacional, para lo cual tendrá la responsabilidad de coordinar con los sistemas de salud provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El proyecto ha sido acompañado por los diputados Claudia Najul, Ximena García, Dolores Martínez, Fabio Qetglas, Carlos Fernández, Carla Carrizo, Gabriela Lena, Aida Ayala, Estela Regidor, Lorena Matzen y Federico Zamarbide.
El diputado nacional de Juntos por el Cambio José Riccardo presentó un proyecto de declaración advirtiendo “profunda preocupación” por la situación presupuestaria que atraviesan las Universidades nacionales.
El diputado nacional José Riccardo presentó un proyecto de declaración advirtiendo su “profunda preocupación” por la situación presupuestaria que atraviesan las Universidades nacionales, ante la falta de actualización de las partidas presupuestarias previstas para el año 2020 y la demora existente en el giro de fondos asignados, e insto al Poder Ejecutivo Nacional a que proponga una solución.
El legislador nacional, quien además fuera rector de la Universidad Nacional de San Luis en dos oportunidades, señaló la “compleja situación prespuestaria” que que atraviesan las Universidades Nacionales de la República Argentina que en lo que va del año 2020: “Se se verifica un grave atraso en los giros presupuestarios a las Universidades Nacionales, los que además no cuentan con la actualización de los montos asignados a las partidas, específicamente en aquellas destinadas a los gastos de funcionamiento, desconociendo el compromiso asumido el 2019 respecto a la aplicación de la cláusula gatillo”, indicó Riccardo.
Asimismo, el diputado radical sostuvo que los trascendidos del Ministerio de Educación de la Nación respecto a que durante todo el año 2020 las universidades dispondrán de las mismas sumas presupuestarias que las del año 2019 “no hace más que profundizar la preocupación de legisladores, rectores, y la comunidad universitaria en general, ya que teniendo en cuenta los índices inflacionarios actuales, el presupuesto real se vería ajustado de manera dramática poniendo en riesgo el funcionamiento mismo del sistema”.
Acompañaron este proyecto los diputados Mario Negri, Lorena Matzen, Miguel Bazze, Gabriela Lena, Brenda Austin, Karina Banfi, José Manuel Cano, Fabio Qetglas, Emiliano Jacobitti, Atilio Benedetti, Gustavo Mena, Carlos Fernández, Alejandro Cacace, Carla Carrizo, Gonzalo del Cerro, Gabriela Burgos, Diego Mestre, Estele Regidor, Gerardo Cipolini, Hugo Romero, Josefina Mendoza, Claudia Najul, Aida Ayala, Virgina Cornejo, Héctor Stefani, Francisco Sánchez, Lidia Azcarate, Juan Martin, y Ximena García.
