Un diputado oficialista juró como senador provincial

Se trata del correntino José “Pitín” Ruiz Aragón, quien asumirá formalmente el próximo 10 de diciembre. Quién completará su mandato en la Cámara baja.

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El diputado nacional del Frente de Todos José “Pitín” Ruiz Aragón juró este martes como senador provincial en la Legislatura de Corrientes, cargo en el que resultó electo en las elecciones del pasado 14 de noviembre.

Al momento de tomar juramento, el dirigente camporista lo hizo “por la memoria del compañero Néstor Kirchner, por la revolución estratégica de Cristina (Kirchner) y por los que no aflojan ni van van a aflojar, sí juro”.

Ruiz Aragón, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, tenía mandato hasta 2023. A partir de su salida, corresponde que asuma en su lugar el secretario de Gobierno de Santo Tomé, Fabián Borda.

De acuerdo publicó el medio Radio Dos, Ruiz Aragón aclaró que es “diputado nacional hasta el 9 de diciembre y el 10 arranco como senador provincial. Siempre las dudas no son en lo personal, sí en la responsabilidad política que te asigna el espacio político; pero se definió que venga a cumplir un rol en la provincia”.

Sobre su futuro cargo, el correntino dijo que seguirá “dando testimonio que no estamos de acuerdo en una provincia donde mucha gente queda afuera, en una provincia donde hay altos niveles de pobreza y necesidades básica insatisfechas. Pensamos en eso cuando militamos, de eso no nos tenemos que olvidar”.

Respecto a su paso por el Congreso y este nuevo rol, analizó: “Me he destacado más como opositor de (Mauricio) Macri que como oficialista. Acá me va a volver a tocar ser opositor y dar testimonio que no estamos de acuerdo con ciertas situaciones que se dan en la sociedad, sabemos que es la caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad, y que los legisladores estamos obligados a hacer sonar esa caja de resonancia”.

En ese sentido, el camporista afirmó que buscará “traer las demandas de la gente de la calle, para aprobar nuevas leyes” y abogó por la sanción “con urgencia” de “la paridad y el voto joven”, dos cuestiones que el oficialismo provincial “no termina de resolver”.

Diputados dictaminó un marco regulatorio al desarrollo del cannabis medicinal y el cáñamo

Se dio con la presencia del titular de la cartera de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, en la reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja.

Tras una intensa jornada, la Comisión de Agricultura y Ganadería de Cámara de Diputados, presidida por José Ruiz Aragón (FdT), se reunió este martes por la tarde en un encuentro en el que emitió dictamen al proyecto de ley para crear un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas.

En su exposición, el funcionario explicó: “Es un proyecto que se trabajó más de un año en el marco del Ministerio de Desarrollo Productivo que pensamos y discutimos en los sectores del futuro que puedan ampliar la matriz productiva argentina, con un carácter general, para generar empleo, incorporar un conocimiento de ciencia y tecnología”.

“Nos encontramos con una riqueza de debate importante. Luego de un recorrido largo llegamos a un texto que entendemos que satisface buena parte de las necesidades de este sector. Le puede dar mucho potencial a la Argentina”, destacó Kulfas y estableció cuatro preguntas que responde el proyecto: “¿Por qué el cannabis para uso medicinal e industrial puede ser una actividad económica de alto crecimiento y porque Argentina tiene condiciones para ser productor importante en esta industria?, ¿Por qué es necesario tener una ley para regularlo y que beneficios esperamos de ese marco regulatorio?”.

En esa línea, respondió: “La primera pregunta es mostrarles que ya hay más de 50 países que han avanzado en algún tipo de legislación y utilización del cannabis sobre el uso industrial y medicinal. Estamos hablando de una actividad que aumenta exponencialmente, a principios del siglo se producía menos de una tonelada y hoy estamos cerca de 500 millones de toneladas y se incrementa año a año”.

“Se proyecta una producción global de 4 mil millones de dólares para el año 2024. Vemos algunos líderes como Israel, Canadá y Estados Unidos, y a nivel regional Uruguay y Colombia. Es una oportunidad para que Argentina se desarrolle en esta actividad que es intensiva en empleos y conocimientos. El 20% de los empleos de esta cadena productiva está destinado a investigación y desarrollo, calidad. Generar también una gran cantidad de eslabonamiento de alto valor agregado considerando toda la cadena”, precisó el titular del Ministerio de Desarrollo.

Y agregó: “¿Por qué Argentina tiene condiciones? Porque tiene un liderazgo mundial en materia de producción agropecuaria, tienen una red de investigación científica en torno al cannabis, una industria productiva, un adecuado entramado de laboratorios, mucha experiencia en organizaciones, numerosas iniciativas en 22 provincias y 80 municipios”.

“Pero necesitamos un marco regulatorio. Se ha desarrollado un denso entramado científico tecnológico en torno al cannabis”, señaló el funcionario y recordó: “Tenemos una legislación, la Ley 27.350 que surgió de este Congreso que permitió un avance en la producción de cannabis medicinal, pero en muy baja escala por estar limitado exclusivamente a fines experimentales y no productivos”.

En este contexto, detalló que se “apunta a la legalización de la producción y desarrollo de la cadena productiva del cannabis y el cáñamo con una visión productiva, sujeto a ciertas regulaciones, basado en recomendaciones internacionales y en estudios realizados sobre los países pioneros a nivel global y regional”. “Las regulaciones establecidas apuntan a evitar desvíos al mercado ilegal y garantizar la trazabilidad de procesos y productos con destino medicinal”, destacó y añadió: “Una adecuada trazabilidad permite que Argentina se posicione con una marca país asociada a la máxima calidad de producto, valorizando sus exportaciones”.

Entre los objetivos productivos, precisó: “Desarrollar integralmente la cadena del cannabis de uso medicinal y fisioterapéutico mediante la creación del marco regulatorio para que puedan realizarse inversiones públicas y privadas en todos los eslabones productivos. Regularizar los proyectos existentes y complementar la legislación actual”.

En cuanto al cáñamo industrial señaló: “es una variedad especifica con bajo THC, hay estudios que muestran que pueden ser un insumo para varios sectores productivos como fibras, textiles ropa, calzado, cosmético, material de construcción, papel, autopartes. Es una panta que genera efectos ambientales positivos en el suelo”.

Por su parte, Ana Carolina Gaillard (FdT -Entre Ríos) afirmó: “Si no hay una licencia en el país en nuestro país no hay desarrollo privado. Hay mas de 14 proyectos aprobados, pero son de investigación. Entonces nos encontramos con una ley limitada en el acceso para la salud porque no garantizaba la producción. Le faltaba una parte y este marco legal le viene a agregar el desarrollo productivo al permitir que esta agencia de autorización para cultivar, comercializar productos s de cannabis y de cáñamo.

“Es central que esto avanzada porque lo que ocurre es que las familias tienen que importar de países donde esta legalizado o a cultivadores solidarios y acceder de forma ilegal. Esto provoca que las familias no acceden a un producto seguro y de calidad, se busca que haya una industria que haga estos productos, trabajar sobre el precio justo y que no haya una o dos empresas grandes”, finalizó la diputada.

En tanto, Mara Brawer (FdT -CABA) explicó: “Tienen a la vista una ley del cáñamo industrial. El cáñamo es una variedad que produce bajos porcentajes del THC. Se puede utilizar toda la planta y se pueden producir diferentes derivados”. “Tiene combinación de omega 6 y 9, son ricas en proteínas, se pueden utilizar para reemplazar la fibra de vidrio. Tiene una enorme calidad productiva”, indicó.

¿Qué propone el proyecto?

El proyecto del Ejecutivo busca crear un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial.

La iniciativa contempla la creación de una Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), como organismo descentralizado que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, con autarquía administrativa, funcional, técnica, y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional.

Será el organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados. Entre sus múltiples funciones, podrá instalar delegaciones regionales o provinciales para agilizar el efectivo cumplimiento de la ley en todo el país.

Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la ARICCAME establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al o a la peticionante, con el fin de maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos. En ese sentido, resultará necesario y relevante un modelo de articulación conjunta entre varios organismos públicos cuyas competencias se encontrarán coordinadas.

En el otorgamiento de las licencias/autorizaciones, la ARICCAME contemplará muy especialmente el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos y medianas productoras y productores agrícolas y se atenderán asimismo las perspectivas de género y diversidad.

También, el proyecto prevé que la ARICCAME deberá acuñar normativa conjunta y/o generar convenios de cooperación con el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la IGJ y la UIF.

Por otra parte, se contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las disposiciones y/o a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, con sanciones que van desde el apercibimiento, la multa, la suspensión de la autorización para desarrollar la actividad, la caducidad de la autorización, y la inhabilitación para operar en los plazos previstos en la reglamentación.

Entre los cambios que incorporaron cuando se dio media sanción en el Senado, se agregó la creación de un Consejo Fedral para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, que estará constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes cumplirán funciones de manera honoraria.

Dicho Consejo Federal se reunirá mensualmente, en sesiones ordinarias. Por razones de urgencia podrá ser convocado a sesión extraordinaria por la ARICCAME o a requerimiento de, al menos, el 40% de los integrantes. Fijará su asiento en sesión plenaria con la asistencia de por lo menos dos tercios de los miembros y elaborará sus recomendaciones por mayoría simple de los miembros presentes.

A partir de las opiniones de invitados en los plenarios de la Cámara alta, se incorporó un capítulo denominado “Promoción de la Investigación, Emprendimientos y PyMEs”, donde se estima que la ARICCAME “articulará programas de investigación con las Universidades Públicas, y los organismos de Ciencia y Técnica de la Nación y de las provincias, orientados a facilitar y promover, en el ámbito de su competencia, la investigación científica vinculada al cannabis y el cáñamo”.

Además, la ARICCAME “articulará con la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores programas de financiamiento y apoyo emprendedor orientados a facilitar y promover, en el ámbito de su competencia, el desarrollo de emprendimientos y PyMEs vinculadas a las actividades reguladas en la ley”.

Ley para el fomento a la agroecología: se presentó con el aval de la Rosada

La idea es fomentar las políticas de agroecología en todas sus escalas, de cara a la protección de los desarrollos agroecológicos existentes, así como de la promoción y acompañamiento de nuevas producciones”.

El proyecto de ley de los legisladores del Frente de Todos Leonardo Grosso y José Aragón se presentó este martes en la sede de la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes , con la presencia de los ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.


El objetivo es “fomentar las políticas de agroecología en todas sus escalas, de cara a la protección de los desarrollos agroecológicos existentes, así como de la promoción y acompañamiento de nuevas producciones”.


Además participaron representantes del CONICET y el INTA, como así también organizaciones campesinas, sociales y productores de varias provincias argentinas.


De la presentación en modalidad virtual participaron los autores del proyecto, Leonardo Grosso y el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, José Ruiz Aragón; además las diputadas bonaerenses Daniela Vilar y Florencia Lampreabe, la salteña Verónica Caliva y el correntino Jorge Romero.

El ministro Salvarezza junto a la diputada Daniela Vilar.


En la apertura del encuentro el ministro Salvarezza destacó el proyecto por su “integralidad y el trabajo conjunto en la redacción del mismo”.

Además, indicó que “la agroecología cumple con dos condiciones: soberanía alimentaria y cuidado ambiental”.“
Asimismo, Salvareza valoró la cooperación entre el Poder Legislativo, la cartera a su cargo y Agricultura, la comunidad y la participación de universidades nacionales, INTA y CONICET para que fuera enriquecido el proyecto. “La agroecología es una oportunidad en ese tránsito hacia la producción que contemple la riqueza de la tierra y el cuidado ambiental”, concluyó.

A su turno, Grosso explicó que “el proyecto es un proceso interdisciplinario que nace desde el corazón de las organizaciones campesinas e indígenas que son las que construyeron una forma de resistencia a un modelo que los desvalorizaba, que los dejaba al margen”.


“Pretendemos resolver, por la positiva y en el momento adecuado, uno de los principales problemas ecológicos que tiene la Argentina, que es la producción agropecuaria con uso de agrotóxicos y con desmontes en toda la argentina”, cerró.

Insisten con la “urgente” prórroga de la Ley Ovina

El rionegrino Di Giácomo pidió tratar un proyecto suyo en las comisiones de Presupuesto y de Agricultura y Ganadería. La norma venció el 5 de abril.

El diputado Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro) insistió con el reclamo para prorrogar de forma “urgente” y también modificar la Ley Ovina 25.422, que venció el pasado 5 de abril.

Lo hizo a través de una nota enviada este lunes a los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura y Ganadería, Carlos Heller y José Ruiz Aragón.

Di Giácomo pidió tratar en un plenario un proyecto que presentó junto a diputados de otros bloques en octubre pasado para prorrogar la norma por 20 años, aumentar el financiamiento para el sector y fijar nuevas medidas de promoción.

El rionegrino precisó que mantuvieron reuniones con los ministros de Agricultura y Producción de toda la Patagonia, funcionarios del Ministerio de Agricultura de la Nación y la Mesa Ovina Nacional para lograr prórroga de dicha ley, “ya que no es solamente importante para la zona patagónica, sino también para todo el país”.

La Ley Ovina, sancionada en 2001, tuvo como objetivo fomentar la modernización, innovación y actualización de los sistemas productivos, y acrecentar así los puestos de trabajo en el sector, que tiene participación en el mercado externo.

El régimen establecido en la ley consiste en un sistema federal de créditos y subsidios administrados en las provincias, que financian proyectos a nivel de predio, mediante un Fondo Fiduciario llamado FRAO (Fondo para la Recuperación de la Ganadería Ovina).

En 2011 -al cumplirse diez años de vigencia de la ley- se actualizó por última vez el monto de ese fondo, que llegó a 80.000.000 de pesos, y Di Giácomo propone llevarlo a 1.500.000.000 pesos.

Un dictamen no aprobado desnudó los problemas de la virtualidad

Fue en la Comisión de Agricultura, cuando el oficialismo rechazó un proyecto por solo un voto de diferencia, con un diputado opositor sin poder sumar el suyo por teléfono.

La primera reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja celebrada bajo la modalidad remota no ofrecía a priori elementos para la discordia. Más bien lo contrario. Apenas había un proyecto que exhibía discrepancias y por eso se dejó para el final, tal cual anticipó al inicio de la reunión el titular de la comisión, el oficialista José Ruiz Aragón.

Lo cierto es que esa iniciativa y su tratamiento dio tela para cortar.

Por tener que retirarse luego por cuestiones personales habló al principio el diputado riojano Danilo Flores, autor de un proyecto que beneficia al sector olivícola. Valoró que esa área “representa materia exportable y fuentes de trabajo para muchas familias”, y en ese sentido contó que su iniciativa atiende la cuestión del riego, que tiene un “altísimo costo, sobre todo energético, con tarifas dolarizadas”. Algo que hace de esa actividad “inviable”, sino fuera por la asistencia provincial para pagar las facturas. Así las cosas, el proyecto propone la creación de un Registro Nacional de Regantes Olivícolas Electrointensivos, a fin de relevar la cantidad de productores y beneficiarlos. Una iniciativa que en la comisión de asesores fue modificada, atendiendo a que a productores de provincias vecinas les pasaba lo mismo y se terminó haciendo “más inclusiva”.

Otras dos iniciativas relacionadas con la actividad apícola fueron fusionadas. Las mismas atienden a promocionar la producción de un producto que favorece la necesidad de exportación que tiene la Argentina. Se recordó en ese sentido que nuestro país es el segundo exportador a nivel mundial y tercero en producción a nivel mundial.

Entre las iniciativas propuestas, una de la diputada Norma Abdala de Matarazzo, que pide al Ejecutivo se disponga el emplazamiento de una delegación del Instituto Nacional de Vitivinicultura en la provincia de Santiago del Estero, fue objetada por el exministro de Agroindustria Ricardo Buryaile. Conocedor del área, valoró la importancia del INV y preguntó a la autora la finalidad de ese pedido, atendiendo a los problemas presupuestarios del mismo. Como no estaba presente la diputada para defender su iniciativa, se atendió un pedido de Facundo Suárez Lastra de “ver qué opina el Instituto” y verificar si presupuestariamente es viable lo que pide la diputada santiagueña, por lo que se decidió hacer las consultas pertinentes antes de dictaminar.  

Se llegó finalmente al proyecto que presentaba diferencias, que consistía en que la Cámara de Diputados expresara su pesar por el fallecimiento de Emilio Juan Gimeno, un referente argentino de la sanidad animal, que en los 90 fue presidente de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Falleció el pasado 14 de febrero, y el homenaje es impulsado por el diputado del Pro Hernán Berisso.

Tomó la palabra la diputada del Frente de Todos Florencia Lampreabe, quien compartió con sus pares “algunas omisiones en las que cae el proyecto”. Aclaró que lo hacía “sin desmedro de la persona en cuestión, sin desmedro de que sus familiares, colegas y seres queridos puedan penar su fallecimiento, o incluso sin dejar de considerar sus conocimientos y aportes científicos”, se estaba omitiendo que “fue director del Senasa en el 80, plena dictadura cívico militar, presidencia de Jorge Rafael Videla”. La diputada kirchnerista aclaró que el Senasa recién en 1996 se estableció como un organismo descentralizado, destacó que “la dictadura cívico-militar fue sostenida también por actores de la sociedad civil” y recordó además que ese organismo tiene trabajadores desaparecidos.

No me parece una omisión menor y lamento que no haya constado en el proyecto de resolución; por eso el Frente de Todos no va a acompañar este proyecto de resolución”, concluyó.

Intervino entonces el diputado radical Facundo Suárez Lastra, quien aclaró que tenía la disposición de acompañar a su bloque, “si no surge ninguna imputación directa a la acción personal (de Gimeno) que no sea su participación en un período determinado de la historia como funcionario”. De tal manera pidió conocer si había “una imputación directa. Quisiera saber si hay algo más concreto. Por lo que está planteado por Floerncia, me da para acompañar a mi bloque, pero no quisiera acompañar si hay alguna participación directa. Algún cargo específico y concreto”.

Luego de que Florencia Lampreabe aclarara que había quedado “explícito” que el cargo que se le hacía era haber sido “un funcionario designado por la dictadura” y que no estaba haciendo “una imputación directa”, se procedió a la votación.

Quince diputados adhirieron al homenaje -los de los integrantes de Juntos por el Cambio y el exCambiemos Pablo Ansaloni- y 16 negativos, sobre 31 diputados. “El expediente entonces queda en comisión”, señaló el presidente de la comisión, justo cuando el diputado Buryaile le informó que el diputado Alfredo Cornejo reportaba por teléfono su apoyo, pues tenía problemas de conectividad. Como ya había sucedido con la anterior votación, Ruiz Aragón recordó que tanto el mendocino como el resto de los que no habían podido registrar su voto “van a tener todo el día para adherir”.

Sin embargo intervino ahí el subdirector de Comisiones, para aclarar que “si el resultado es que no se dictamina, el proyecto no se va a subir para la firma”. Luego aclaró que el protocolo prevé que el voto se registra “a viva voz o por firma digital”. Y agregó: “Como el proyecto no estaría llegando con la cantidad de firmas”, quedaba archivado. Y respecto de Cornejo, recordó que “tampoco tiene firma digital. En el caso de que no pueda hacer su voto a viva voz, no será registrado”. Buryaile preguntó si no había posibilidad de postergar la firma y el funcionario le aclaró que para subir el proyecto a la plataforma tiene que haber acuerdo.

“Lo que esto está demostrando es que hay gente que quiere votar y no puede, hay que tener en cuenta eso”, apuntó entonces el diputado Pablo Torello, a lo que el subdirector de Comisiones le aclaró que “el protocolo no lo hizo la dirección”.

Ataques a silobolsas

Antes de concluir la reunión de Agricultura y Ganadería, pidió la palabra la diputada Lucila Lehmann (Coalición Cívica-ARI) para advertir que en esa comisión se estaba obviando el “contexto muy hostil con el sector agropecuario” que se está viviendo y más allá del valor de las iniciativas analizadas no se habían abordado los proyectos de repudio a hechos de vandalismo que se vienen registrando. Eso a pesar de ser casos que van “en contra del Estado”, pues “el 80% de la producción que se vandalizó era para las arcas del Estado. Es importantísimo que esta Cámara repudie lo que viene sucediendo y que el Gobierno ponga los elementos que puedan tener para proteger la vida”.

Se quejó Lehmann también de que el Gobierno había anunciado al mantener las retenciones que habría segmentaciones, pero eso no sucedió. Preguntó entonces cuándo van a reintegrar el dinero que se le está sacando a los pequeños y medianos productores, y concluyó: “Reunirnos en estos momentos y no tocar esos elementos que son de fondo, no es bueno y no es un buen mensaje para nuestros ciudadanos”.

El diputado Javier Campos preguntó entonces si había “alguna razón de fondo” para no hacer lo que pedía su compañera de bancada. Esto es, expresar su repudio hacia lo que son hechos delictivos.

“Usted presenta un proyecto y se trata en la comisión”, le dijo el diputado Ruiz Aragón, a lo que Lehmann volvió a intervenir para insistir en que había varios proyectos presentados a los que no se les había dado lugar para tratar en la comisión. “Bueno, los tratamos en la próxima”, cerró el presidente de la comisión.

Autoridades del SENASA y el INTA brindaron un informe ante la Comisión de Agricultura y Ganadería

Carlos Paz y Susana Mirassou, respectivos presidentes de esos organismos, expusieron por videoconferencia en la comisión que preside “Pitín” Aragón.

Los titulares del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Animal), Carlos Paz, y del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), Susana Mirassou, expusieron por videoconferencia este jueves ante la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, donde se refirieron a las medidas adoptadas por la pandemia del Covid-19.

Paz señaló que al asumir en el SENASA se encontró con un organismo “con bajo presupuesto, alrededor de 400 personas despedidas -la mayoría en 2019- y un dibujo regional achicado de 14 a 7 regiones” que obligó a hacer una “reconfiguración conversada con las provincias”, ya que “una de las principales preocupaciones del ministro (Luis Basterra) era la división regional tan grande”.

Ante la comisión presidida por José Ruiz “Pitín” Aragón (Frente de Todos), el funcionario explicó que a raíz de la pandemia se elaboraron protocolos para las distintas cadenas productivas, fundamentalmente para “los bolsones de agricultura familiar, los galpones de empaque, los mercados frutihortícolas y empresas frigoríficas”.

Paz indicó que casi todos esos protocolos fueron homologados por el Ministerio de Salud y que también hubo intervención de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

Según el titular del SENASA, se registraron “varias personas con contagios” de coronavirus y “un fallecido en un frigorífico de Quilmes”.

“Eso nos llevó a una segunda etapa, que fue qué hacer con esas cadenas productivas cuando aparecía un caso positivo, en un esquema donde gran parte de la gente queda fuera del sistema, ya sea por edad o por enfermedades preexistentes”, señaló.

Paz también se explayó, ante una pregunta del diputado Javier Campos (Coalición Cívica) sobre la decisión de Brasil de dejar de vacunar contra la aftosa en algunos estados, entre ellos Río Grande do Sul, en una resolución con implicancias para Argentina por tratarse de un estado fronterizo.

“Esta es una situación que conocemos porque tenemos una relación bilateral fuerte y una parte importantísima de comercio agropecuario. La sorpresa fue que se agregara al estado de Río Grande do Sul, algo que no estaba previsto en la comunicación del organismo brasilero”, relató.

Ante esta situación, el SENASA mantuvo una comunicación telefónica con los responsables brasileros, que aclararon que “fue una decisión política originada en un pedido del propio Estado”.

Nosotros tomamos la decisión de seguir vacunando. Dudamos al principio si nos convenía largar la vacunación en las fechas previstas cuando se introdujo la cuarentena. Pero en acuerdo con el Ministerio tomamos la decisión de no cambiar las fechas de vacunación, y fue una medida acertada en función de que la cuarentena se alargó y si hubiéramos esperado una atenuación, posiblemente hubiéramos tenido una demora muy grande en la vacunación”, detalló Paz, y precisó que gracias a esta decisión, hoy “más del 80% del rodeo vacuno está vacunado”.

Tras el contacto telefónico con Brasil, el SENASA envió una nota oficial solicitando mayor información sobre el tema, pero el pedido aun no fue respondido.

La reunión de comisión siguió con la exposición de Mirassou, que ante una pregunta de Jorge Vara (UCR-Corrientes) sostuvo que “la articulación Nación-provincias-municipios es clave para el INTA” y “es un camino que hay que seguir recorriendo, y más aun ante la situación de pandemia”.

Mirassou habló del trabajo sobre “el aprovechamiento de residuos, descartes y subproductos agropecuarios en busca de tecnologías para la obtención de alimentos y bioproductos para cadenas productivas, en el enfoque de economía circular”.

Además, informó que “se ha constituido un comité de contingencia del INTA para apoyar todas las actividades del programa Argentina contra el Hambre”.

Preocupación por despidos

Al inicio de la reunión informativa tuvo lugar el testimonio de Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, quien reclamó por “la restitución de puestos de trabajo de compañeros despedidos por el gobierno anterior”.

Catalano denunció que el Ministerio de Agricultura y Ganadería “fue uno de los más desguazados de los últimos años” y que además sufrió “un nivel de persecución muy alto” durante la gestión de Cambiemos.

El dirigente gremial responsabilizó a Ricardo Buryaile de ejecutar una “política de desguace a nivel federal para debilitar el trabajo que se venía llevando adelante con los pequeños productores”.

Según Catalano, hubo “más de 1.200 despidos en todo el Ministerio, y esa situación de injusticia hasta el día de hoy no la pudimos resolver”.

El titular de ATE Capital consideró que la cartera “necesita de estos puestos de trabajo para poder reactivarse”. “Sabemos que la crisis es cruda, pero la alimentación de nuestro pueblo también está en una situación crítica”, dijo.

Asimismo, propuso que una parte de la recaudación generada con el futuro impuesto a la riqueza sea destinada a pequeños productores.

“Hemos ido avanzando para que ninguna actividad se interrumpa”, destacó Basterra

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca habló del trabajo realizado para evitar contagios de Covid-19 y garantizar la provisión de alimentos.

“Hemos ido avanzando para que ninguna actividad se interrumpa”, destacó este lunes el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, quien encabezó una reunión virtual de la comisión homónima en la Cámara de Diputados y habló de los distintos protocolos para evitar contagios de Covid-19.

En una reunión remota de la comisión presidida por el diputado José Ruiz Aragón -que se cortó en varias oportunidades por problemas técnicos-, Basterra explicó que el objetivo es “garantizar la provisión de alimentos” y “el flujo de las mercaderías”, aunque advirtió que las medidas preventivas tomadas están sujetas a modificaciones permanentemente según el avance de la pandemia.

“Con gremios y patronales estamos trabajando en la segunda etapa, que es la de la mitigación -es decir, cuando el virus comienza a difundirse y empiezan a aparecer casos directamente relacionados a la actividad-, para ver cuáles van a ser los protocolos para que la actividad no pare”, informó.

El funcionario celebró que solo se detectaron dos casos de coronavirus, uno en la industria láctea y otro en el sector de la carne.

En tanto, negó que el trabajo de los productores sea un “privilegio”. “Nuestro sector tiene un profundo compromiso con la sostenibilidad de nuestra sociedad”, sostuvo, y explicó que en este contexto se busca “garantizar provisión de alimentos, antes que las exportaciones”, lo cual se hizo “con un sentido epidemiológico”.

“Hemos interactuado con los sectores productivos, tanto patronales como gremiales, para definir lineamientos que garanticen la realización de actividades con un riesgo atenuado, para preservar la salud de los trabajadores”, señaló.

En ese sentido, puso como ejemplo “la situación compleja de la pesca” ya que “una vez que un barco se hace a la mar no puede regresar a los 15 minutos y ser atendido por una ambulancia”, por lo cual se elaboraron protocolos “que se han ido ajustando” para evitar que la actividad se frene.

El ministro también mencionó que existen dificultades en la floricultura, una actividad que está dentro de las excepciones pero “cuyos canales comerciales están afectados”.

Basterra destacó el trabajo conjunto con la UATRE, el gremio de los peones rurales, y ponderó la labor conjunta entre la Secretaría de Agricultura Familiar y el SENASA para atenuar los riesgos de contagio.

Por otra parte, dijo que se busca “garantizar el flujo de las mercaderías” y reconoció que “en algunos casos puede haber demoras porque algunos protocolos exigen distanciamientos”. A su vez, elogió el trabajo de los gobiernos provinciales “para que los pueblos habiliten el tránsito”.

“Nuestro presidente fue muy claro y dijo que prefiere la vida a que se incremente el porcentaje de situaciones no deseadas como la pobreza. Antes que nada es preferible tener que recuperar la economía y no tener que llorar a cientos de muertos”, coincidió Basterra.